Para Gallardo, la actual cúpula militar que maneja la estructura del Ejército mexicano es una “especie de cofradía” de militares egresados de las Escuela de Guerra que son llamados Diplomados del Estado Mayor.
Por Juan Manuel Ramírez G.
México, 21 de febrero (EFE).- El caso de la exoneración por la Fiscalía General de la República (FGR) del General Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado por la DEA de lavado de activos y narcotráfico, y el exceso de funciones acumuladas por los militares constituyen un riesgo por “la sobreposición del poder militar al poder civil del Estado”, aseguró el General retirado José Francisco Gallardo Rodríguez.
“La activa participación del Ejército en los asuntos que no son de su competencia y exclusivos de la autoridad civil trastocan el orden constitucional y afrentan el orden del Estado de Derecho en México“, afirmó el General Gallardo en una entrevista con EFE en la que reclama que Cienfuegos sea investigado de los cargos que se le imputan.
“Espero que en un futuro este asunto de Cienfuegos no quede en la impunidad y a través de los tratados internacionales y convenios que tiene México con Estados Unidos incluyendo los de carácter jurídico se llegue a la resolución del caso, es decir, a una investigación”, indicó.
“Yo no digo que sea culpable o inocente, pero debe ser investigado para que se aclare lo que pasó y quiénes están involucrados porque este asunto tiene que ver con la impunidad”, agregó.
El extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda. Foto: Cuartoscuro.
Cienfuegos, Secretario de Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles acusado de narcotráfico por la DEA y fue exonerado por la Fiscalía mexicana el 14 de enero tras una revisión del expediente entregado por Estados Unidos que duró menos de dos meses.
Para Gallardo, “es vergonzosa una situación tan grave como en la que estuvo implicado el exsecretario de la Defensa porque pone en riesgo la estructura de la Seguridad Nacional, de la Defensa Nacional y la estructura misma de la Fuerza Militar en México”.
Agregó que la forma en que se resolvió el asunto muestra el poder de “la Fuerza Militar en México que se sobrepone al poder civil del Estado. Tiene tanto poder, tanta fuerza que quebró al sistema de justicia de Estados Unidos”.
Según Gallardo, si bien se retiraron las acusaciones sobre Cienfuegos “no se retiraron los cargos, ahí están, ahí está la investigación, que duró 10 años, están las responsabilidades”.
MILITAR ATÍPICO
Gallardo es “un militar atípico” que llegó a general brigadier, mientras en el terreno civil es, entre otras cosas, maestro y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en Derechos Humanos.
Fotografía del 20 de diciembre de 2018, del general retirado Francisco Gallardo Rodríguez, durante un acto protocolario en Ciudad de México. Foto: EFE.
En 1997 fue adoptado como Preso de Conciencia por Amnistía Internacional tras ser encarcelado el 9 de noviembre de 1993 por haber propuesto un ombudsman militar, es decir, un defensor de los Derechos Humanos tanto para civiles como para militares por la supuesta actuación indebida del Ejército. Fue liberado el 7 de febrero de 2002.
Gallardo ya alertó en el pasado que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen y el narcotráfico, que comenzó el Presidente Felipe Calderón (2006-2012), era una especie de militarización del país.
Recordó que al Ejército en los últimos tiempos se le han asignado funciones de inteligencia, de seguridad pública, de repartir libros, de construir grandes obras, hospitales y repartir las vacunas contra la COVID-19.
Gallardo consideró que con los militares en las calles ha habido “una sistemática violación de derechos humanos” y uno de los factores del por qué hay “más de 80 mil desaparecidos en México” desde 2006. Foto: Archivo, Cuartoscuro.
Explicó que al llegar el actual Gobierno encontró “una crisis institucional y la institución más sólida que existe es el Ejército y por eso el Presidente López Obrador recurrió a ella”.
“Pero la actuación del Ejército fuera de sus cuarteles o en otras condiciones es responsabilidad del poder público, pero además la apunta como única fuerza que puede salvar al país, que son únicos e incorruptibles”, añadió.
MILITARIZACIÓN DE MÉXICO
“Estamos viviendo una militarización de las estructuras políticas en México” que se remonta a la presencia militar en las calles que se inició en 2007 con la Iniciativa Mérida, un acuerdo entre México y EU para fortalecer la seguridad y combatir en el narcotráfico en el país.
Agregó que la actuación militar en las estructuras de seguridad pública siempre fue señalada por expertos, académicos y periodistas como “un riesgo” porque las estructuras económicas del crimen organizado y del narcotráfico podían infiltrase en el Ejército.
“Y ahora vemos que está infiltrado el Ejército y está infiltrado el Gobierno y las instituciones y aquí la pregunta es: ¿quién está gobernando en México”, cuestionó.
Sobre la actuación del Ejército en materia de derechos humanos, Gallardo consideró que con los militares en las calles ha habido “una sistemática violación de derechos humanos” y uno de los factores del por qué hay “más de 80 mil desaparecidos en México” desde 2006.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado estrategias en diversas materias en las que involucró al Ejército Nacional. Foto: Cuartoscuro.
También dijo que existen violaciones “porque el Ejército no está preparado para desempeñar funciones de Policía” y para ello debe haber una estructura jurídica donde se límite la actuación de las tropas en el tema derechos humanos.
Para el militar retirado, López Obrador “está gobernando a través de la Fuerza Militar”.
Sobre si hubo un apoyo entre el actual Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, enfermo de COVID-19, y Cienfuegos, el militar retirado recordó que el primero “era parte de la estructura del anterior administración y se desempeñó en cargos importantes propuestos por Cienfuegos y por eso “es lógico que lo defienda”.
Para Gallardo, la actual cúpula militar que maneja la estructura del Ejército mexicano es una “especie de cofradía” de militares egresados de las Escuela de Guerra que son llamados Diplomados del Estado Mayor.
Ese protagonismo y ese poder, dijo, han hecho que los militares “sin dar un Golpe de Estado tal cual, estén gobernando a México”. “Yo no creo que López Obrador pueda tomar decisiones autónomas, ni tampoco decidir porque está siendo cuestionado por el poder militar en México”, concluyó.
Cienfuegos no es inocente aunque le hayan retirado los cargos, dijo el General Gallardo, quien asegura que la no acción penal en el caso “Padrino” prueba que el poder civil en México está sometido al poder militar, y que el Gobierno federal está infiltrado por el crimen organizado. Una situación que además de poner en vilo el desarrollo democrático del país, abre la puerta a un posible proceso en contra del Presidente López Obrador por parte de autoridades estadounidenses, explicó.
Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Salvador Cienfuegos Zepeda “está bajo dos jurisdicciones, y de las dos jurisdicciones se escabulló”, dijo en entrevista el General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez. En su opinión, ni las autoridades civiles ni las autoridades militares actuaron con apego al Estado de derecho, ya que el exsecretario de la Defensa Nacional del peñanietismo (2012-2018) fue exonerado sin un proceso de investigación, sin comisiones de la verdad y con el consentimiento y encubrimiento del Ejecutivo federal y de integrantes de una élite castrense, entre ellos el actual jefe de las Fuerzas Armadas, el General Luis Cresencio Sandoval González.
El 14 de agosto de 2019, un jurado federal estadounidense en el Distrito Este de Nueva York acusó al General Cienfuegos “de participar en un plan de importación y tráfico de drogas” orquestado por Juan Francisco Patrón Sánchez, mejor conocido como el “H2”, uno de los líderes del Cártel de Los Beltrán Leyva, se lee en una misiva fechada al 29 de octubre de 2020 que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) le envío a la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón.
El 15 de octubre del año pasado, Cienfuegos fue arrestado en el país vecino; y un mes y tres días después, en medio de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, el General de División fue entregado por las autoridades estadounidenses a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que en dos meses determinó –con base en las pruebas documentales aportadas por la DEA– que el General “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva” y “tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.
El General Gallardo es un defensor de los derechos humanos que ha estudiado a fondo la relación entre el poder político y el poder militar. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
De acuerdo con el General Gallardo, la jurisdicción civil –a través de la FGR– debió de utilizar como base las acusaciones de la DEA para iniciar una investigación propia y entonces lindar o deslindar responsabilidades. En cambio –dijo– hubo una decisión unilateral y exprés desde la Presidencia de la República para dejarlo ir en libertad sin aparentes consecuencias para Cienfuegos, pero con evidentes secuelas en materia de credibilidad institucional relacionada con la impartición de justicia en México.
Para Gallardo, los altos mandos militares tampoco están exentos de responsabilidades en el caso Cienfuegos. Pero explicó que en mayor medida, la responsabilidad recae en el Presidente López Obrador porque él es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de acuerdo con lo que establece el Artículo 89 (fracciones VI y VII) de la Constitución Mexicana.
“Yo no creo que el Secretario de la Defensa Nacional [Luis Cresencio Sandoval González] no le haya pedido su autorización [al Presidente Andrés Manuel López Obrador] para liberar a Cienfuegos. Tampoco creo que [Sandoval] haya tenido el valor civil para haberle dicho [a AMLO] que no se puede [liberar a Cienfuegos] porque va en contra del Fuero de Guerra”, dijo Gallardo en entrevista con SinEmbargo.
Pese a lo anterior, el también activista en materia de derechos humanos refirió que las probables violaciones del General Salvador Cienfuegos a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tienen implicaciones de índole militar.
“El Código de Justicia Militar previene en los artículos 275 Bis y Ter que cualquier individuo militar que se coluda con el narcotráfico o se sume a las filas del narcotráfico será sancionado con 15 a 60 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas. Eso le aplica a Cienfuegos, pero tiene varios supuestos, y uno de ellos también dice que cualquier militar que permita la fuga o libere a cualquier delincuente del crimen organizado igualmente le aplica la sanción que dije. Lo digo por lo de Ovidio [Guzmán Loera] a quien liberaron por una orden presidencial. Aquí el asunto es que también le cae esta responsabilidad a Andrés Manuel”, recordó Gallardo.
La falta de ejercicio de la acción penal en contra de Cienfuegos es uno de los grandes errores del actual sexenio, no sólo porque demuestra la debilidad del control civil-democrático que existe en México sobre las Fuerzas Armadas, sino también por las tensiones que genera y que generará con el Gobierno de Estados Unidos, ya que es un asunto que involucra temas de seguridad nacional y de relaciones bilaterales internacionales, frente al cual el Gobierno de México se muestra como el “alcahuete” del crimen organizado, lamentó el también académico universitario.
***
–La no acción penal en el caso Cienfuegos pone en duda al Estado de derecho y a la llamada “cuarta transformación”. Pero en realidad, como caso de alto perfil con consecuencias diplomáticas era un escenario previsto. ¿Qué hay que hacer para limpiar al Ejército? Porque si no es Cienfuegos el que hace acuerdos con criminales, es y serán otros. Además hay acuerdos tácitos entre Dios y el Diablo, entre el Estado y el crimen organizado. Siempre han existido e incluso son necesarios o inevitables en la práctica política para contener violencias y controlar poderes fácticos. ¿Qué puede decir de esto último?
–Este tema pone sobre la mesa de discusión muchas cosas. Una de ellas es que desde que los militares empezaron a participar en la lucha contra el narcotráfico todo mundo –académicos, políticos, periodistas, investigadores, etcétera– dijimos que había riesgo de infiltración del crimen organizado y del narcotráfico en las cúpulas del Ejército. De 2007 a la fecha […] eso se está viendo y se está confirmando esa hipótesis que muchos teníamos, que era difícil. Incluso yo siempre he dicho que el Ejército está infiltrado por el narcotráfico. Está corrompido el Estado y el Ejército y la Marina y la Policía. Aquí el tema es que esas reglas no escritas no tienen que ver nada con el Estado de derecho; no tienen que ver nada con el sistema de justicia.
Lo que sucede es lo siguiente: si hubiera un control civil-democrático, no hubiera estos problemas. El control civil-democrático tiene que ver con los controles institucionales del Ejecutivo sobre la rama militar, así como con los controles del Legislativo sobre los controles del Ejecutivo sobre la rama militar. Aquí también entra la intervención de la Suprema Corte de Justicia para definir los temas de Justicia Militar.
–¿Por qué no hubo una comisión de la verdad en el caso Cienfuegos? No está mal decir “no tenemos pruebas, pero te voy a investigar”.
–En este punto concreto hay una situación grave: cuando Andrés Manuel permite al Ejército involucrarse en todos los temas que sabemos que le ha adjudicado… Las construcciones de bancos, de hospitales, del aeropuerto Felipe Ángeles, de Dos Bocas, del Tren Maya, entre otros, Andrés Manuel termina dependiendo del Ejército y está gobernando a través de un Ejército que está infiltrado por el crimen organizado. Entonces aquí, lo que a mí me queda claro en lo particular es que tenemos un Gobierno infiltrado por el crimen organizado. Por eso tantas matanzas y por eso no se puede resolver el asunto de la inseguridad. Todos los días hay [matanzas] y ahora el foco está en Guanajuato. Todos los días hay 10, 15, 20 muertos y ay la llevamos. Andrés Manuel ahorita trae un récord de 80 asesinatos diarios por los 23 meses que trae, son 56 mil muertos.
Tampoco no extrañe. Al ratito vas a ver como el asunto de Cienfuegos lo van a reservar no sé por cuánto tiempo. Incluso ya fue reservado desde el punto de vista económico. Hubo un comunicado en el Ejército que decía que estaba prohibido estrictamente hacer comentarios sobre el tema.
El general Sandoval (izq.) y el General Cienfuegos (der.) durante la ceremonia de cambio de mando en 2018. Foto: Maria Jasso, Cuartoscuro.
–Entonces parece claro que la extradición de Cienfuegos y su liberación es imposible de explicar sin las conexiones políticas del General. Ese es un verdadero ejemplo de ejercicio de poder. ¿Hubo presión del Ejército para que ello sucediera? ¿Qué tan amplio es el poder de Cienfuegos dentro del Ejército?
–Hay una cofradía dentro del Ejército. La cofradía del Ejército que hace su aparición después de la masacre del 68 toma una gran relevancia porque el Ejército antes estaba a cargo de los militares revolucionarios. A partir de allí empiezan a egresar los de la Escuela de Guerra que se conocen como Diplomados de Estado Mayor. Entonces este grupo que es muy pequeño, no pasan de mil gentes en todo el Ejército, son los que manejan toda la información del Ejército. Manipulan, tienen los mejores cargos, los mejores premios, los mejores sueldos, etcétera. Es una élite que está corrompida por el crimen organizado.
Todo el asunto de Tlatlaya, el General que estuvo allí fue un General Diplomado de Estado Mayor; el Comandante que estaba en Ayotzinapa, igual; los comandantes que han estado en todas las masacres últimas, desde 1994, Acteal y todas las que conocemos, todos los mandos son Diplomados de Estado Mayor y están impunes. Tan es así, que ahora Andrés Manuel ascendió en bloque a todas estas personas que estaban señaladas por violaciones a los derechos humanos. Te digo porque esa fue una discusión y un dictamen que hubo y que está disponible en la página del Senado. Entonces sí, efectivamente, hay una presión muy fuerte por parte de estos grupos militares que podrían ser controlados por el Ejecutivo y el Congreso, pero no lo hacen.
Hay diferentes artículos de la Constitución que dicen cómo el Congreso debe controlar la rama militar del Poder Ejecutivo; y aparte de ello hay una situación grave que yo veo: con la reforma que se hizo para crear la Guardia Nacional… Con esa reforma lo que hizo Andrés Manuel es desaparecer los controles para manejar a las Fuerzas Armadas. Entonces por eso está la situación así. ¿Y quienes son los beneficiados? Pues el mismo Ejército. Cualquier cosa que sale, luego luego la declaran como de seguridad nacional. Cuando estaban pidiendo cuentas del asunto del Aeropuerto Felipe Ángeles, se reservó porque fue un asunto se seguridad nacional. Y así te puedo contar un montón: el asunto de Ayotzinapa, ya lo quieren cerrar; el asunto de Tlatlaya, ya lo quiere cerrar… Pero aunque lo cierren o exoneren, el delito allí está. Y si no lo sancionan conforme a derecho, no se va a resolver. Por ejemplo, a mí me decían que Cienfuegos es inocente. ¡No! Cienfuegos no es inocente; le retiraron los cargos. No ha demostrado su inocencia y no ha habido un proceso [que linde o deslinde responsabilidades].
–Porque es un miembro de la élite militar.
–¿Y quién articula dentro del Ejército el Sistema de Justicia Militar? El Secretario de la Defensa. Y el Secretario de la Defensa es parte de lo mismo.
–O sea que, para que todo esto de Cienfuegos pasara, ¿Sandoval tuvo que haber metido las manos?
–Por supuesto, claro que sí, el principal. Él no tiene el valor civil para decirle abiertamente al Presidente que inicie un proceso en contra de Cienfuegos. Por eso hizo lo que hizo cuando mandó al General [Carlos] Gaytán [Ochoa]: para que hiciera la carta [de 2019 en la que cuestiona las decisiones del Ejecutivo federal para pacificar al país] y se hiciera el debate. Incluso se manejo ahí la cuestión de un Golpe de Estado, pero el Golpe de Estado lo dio el mismo Gobierno. Se dio un autogolpe con esa reforma [de la Guardia Nacional].
–Como sea, el caso Cienfuegos lastimó al Ejército. Una acusación de la DEA, aunque no hubo consecuencias legales, es un antecedente serio, más en un contexto de militarización de las acciones de seguridad pública y en que el Ejército mexicano es un pilar de la gobernabilidad del actual sexenio. Es decir, ni la infraestructura ni las vacunas se mueven sin los castrenses. ¿Cuál es y será la consecuencia del caso Cienfuegos en las estructuras de poder del Ejército y cómo impactará la relación Ejército-poder político?
–En este tema en concreto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esa relación [Ejército-poder político] va a demostrar que el poder militar está por encima del poder civil, y esto trastoca el desarrollo democrático del país. Esto lo vamos a ver reflejado en las elecciones que vienen.
Por otra parte está lastimada la relación de poder dentro del Ejército, porque el actual Secretario de la Defensa está encubierto por Cienfuegos. Fue encubierto por Cienfuegos porque él siendo Comandante de la Zona de Piedras Negras en el año 2011-2012 fue responsable de una ejecución que hubo de 300 personas en Allende, Coahuila. Sandoval era el Comandante de allí y lo encubrió Cienfuegos. Hay tres o cuatro investigaciones sobre ese tema. Está una del Colegio de México, una de la Universidad de Austin en Texas y una de una revista que se llama Express o algo así, además de una que hizo la revista Proceso. ¡Y este señor es el Secretario de la Defensa! Entonces si procesan a Cienfuegos, él también se va.
–Hablamos de un pago de favores.
–De lealtades entre comillas. Pero son lealtades mal entendidas. Eso no es lealtad, eso es complicidad. Entonces esa relación que dices está desgastada y hay mucha desconfianza de un lado y otro, pero como Andrés Manuel le ha metido la mano al Ejército, pues él depende de las decisiones de los altos mandos militares y eso está muy mal.
–Más si añadimos las reformas y el uso del Ejército como servicio de paquetería, constructora, policía, guardia electoral, entre otros, en que además del Ejército, el beneficiario es el Ejecutivo. ¿Quien nos asegura que la eliminación de controles del Ejecutivo para manejar a las Fuerzas Armadas no puede terminar en la configuración de camisas negras o pardas? Porque hoy en día también están disfrazados de civiles.
–Aquí veo un asunto bien delicado: si esta situación sigue así, con la aquiescencia y la alta alcahuetería del Gobierno hacia el Ejército, en un momento dado pueden acusar a Andrés Manuel [López Obrador] y a [Marcelo] Ebrard [Casaubón] por conspirar en contra de Estados Unidos. Ve lo que está pasando con el Presidente de Honduras. Ahorita [a Juan Orlando Hernández] lo están acusando de eso más o menos; de lo mismo que está pasando ahorita aquí en México. Él cuando fue Presidente conspiró con el narcotráfico en contra de Estados Unidos. Ahora que viene Joe Biden, pues va a chocar Andrés Manuel porque trae una agenda totalmente diferente con el tema de derechos humanos, tráfico de armas, combate a narcotráfico, el asunto climático, de sindicatos y de migración. Todo es diferente y nos van a presionar más. Esta situación debilita la confiabilidad sobre la estructura del Estado.
Todavía no se hacen las consultas ni se aprueban las reformas legales para la creación de la guardiamlo, y ya se anunció por parte de Presidencia que se inició el reclutamiento. Foto: Cuartoscuro
El documento aquí replicado tal cual, fue el cuerpo de la Conferencia que se llevó a cabo por nuestra organización “Mexicanos Unidos”, en el “Club de Periodistas de México”. En él denunciamos la intención del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” para militarizar abiertamente los espacios públicos que son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles, lo que encamina a instituir un estado policiaco militar de corte faccioso.
Todavía no se hacen las consultas ni se aprueban las reformas legales para la creación de la guardiamlo, y ya se anunció por parte de Presidencia que se inició el reclutamiento de 50 mil efectivos para la formación de otra fuerza militar paralela a las fuerzas armadas permanentes. “Cartucheras al cañón, quepan o no quepan”.
El ciudadano Presidente de la República envió al Congreso de la Unión la iniciativa para infligir cambios a la Constitución de la República y crear una nueva fuerza militar integrada con elementos de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal y con la denominación de Guardia Nacional, con un mando militar.
Esta iniciativa es a todas luces contraria a la letra y al espíritu que contienen en los artículos 31 fracción II y III; 35 fracción IV; 36 fracción II y 129, en concordancia con los artículos 21 y 39 de la ley suprema de la Nación.
En efecto, el artículo 31 establece como obligaciones de los mexicanos.
Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.
III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior.
El artículo 35, dispone que son derechos del ciudadano.
Tomar las armas en el ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes.
El artículo 36 establece como obligación de los ciudadanos de la República.
Alistarse en la Guardia Nacional.
Por su parte, el artículo 129 dispone.
En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.
En concordancia con lo arriba citado, El artículo 21 dispone.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación, la persecución para hacerla efectiva, así como la sanación de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional…
Por su parte el artículo 39 dispone.
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
El sentido ontológico de estos preceptos Constitucionales no es producto de ocurrencias o alucinaciones, es producto de la cultura ancestral de nuestros pueblos originarios, de la experiencia social de pueblos y naciones que alcanzaron un gran desarrollo en todos los ámbitos, en la ciencia, en el arte, las matemáticas, la medicina, la botánica, la astronomía, la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. Y esos pueblos alcanzaron tal avance gracias a que tuvieron el cuidado de atender y cuidar la disciplina social, así como la seguridad de sus territorios, contando para ello con un ejército de voluntarios, de ciudadanos, no profesional, que se identifica con el macehualtin o gente del pueblo y con el Calpulli, gente que vive en una localidad ligadas por el parentesco.
De aprobarse la modificación propuesta, se violaría el principio de Civilidad del Estado, que contiene el artículo 129 arriba citado, con una ley de naturaleza distinta y contraria a la de la fuerza armada integrada por ciudadanos civiles, que, como pueblo en armas tiene la misión Constitucional de asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior.
Esta misión la Constitución, se la confiere de manera exclusiva al pueblo, en el que reside esencial y originariamente la Soberanía Nacional, a nadie más que al propio pueblo, el único soberano de esta Patria.
También es importante destacar que la naturaleza jurídica y táctica y estratégica de las fuerzas armadas y de las corporaciones policiales es totalmente distinta; las corporaciones policiales se forman y se preparan para procurar la seguridad de la población, para intervenir y someter a quienes ataquen o agredan a otras personas y para perseguir, someter y poner a disposición del ministerio público o de los jueces a los infractores de la ley; así como para investigar y perseguir a presuntos delincuentes, para someterlos y presentarlos ante los órganos de procuración de justicia. En cambio las fuerzas armadas están entrenadas y preparadas para enfrentar al enemigo de la Patria y aniquilarlo. La policía es fuerza disuasiva y la militar es fuerza de aniquilación.
Así las cosas las reformas a los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 de la Constitución, con lo que el nuevo gobierno trata de resolver el asunto de la inseguridad, tiene un trasfondo mucho más grave que el que describimos: niega a los mexicanos el derecho a su seguridad y legítima defensa 10; trastoca los principios de seguridad y certeza jurídica 14, 16; traslada al depositario de la soberanía (pueblo) a otro ente del Estado, como lo es el Ejército 39; viola el pacto federal y la forma de gobierno 40, 115; irrumpe en la división de poderes 49, rompe la civilidad del Estado 129 y socava la inviolabilidad constitucional 136.
NO IMPORTA QUE LAS REFORMAS SE HAGAN EN CONSENSO DE LOS PODERES Y DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE.
Éticamente es una traición al legado en las urnas, de facto es un golpe de Estado, jurídicamente es un fraude a la Ley: la realización de una estafa por medio de un acto jurídico amparándose en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos, que, no siendo los propios de esa norma, sean además contrarios a otra ley existente del ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y eso es que fue protestada POR EL ACTUAL GOBIERNO, vehementemente.
Por tanto, todo acto de autoridad, jurisprudencia, disposición legal, tratado internacional o pretensión del poder, por acuerdos políticos o mayorías legislativas que contravenga a la Constitución de la República, SON NULOS DE PLENO DERECHO.
Los diputados y senadores deben tomar en cuenta estas y otras opiniones y consideraciones legales, técnicas y de derechos humanos, como las que han externado en varias ocasiones el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos y organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los Derechos Humanos.
Al asumir los cargos, el Presidente de la República y los Diputados y Senadores protestaron solemnemente, en términos del artículo 87 de la Constitución “…guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen,…”, pero no protestaron cambiar su contenido esencial. Están obligados a cumplir con la citada protesta, para no incurrir, como lo hicieron los gobernantes anteriores, sobre todo desde 1982, en la violación al artículo 135 Constitucional que solo admite que la Ley Suprema sea reformada, es decir que se modifique su forma, no su contenido esencial, el que recobrará su vigencia, una vez que el pueblo recupere su libertad 136. La transformación más profunda del nuevo gobierno y del nuevo Congreso General es que cumplan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no la sigan desnaturalizando.
Precisamente para cumplir con el mandato Constitucional, los legisladores deben elaborar y apruebar la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, que por temor al pueblo los gobiernos han omitido su expedición. Pero ya es tiempo; la Patria no aguanta más.
“Si el gobierno no respeta la Constitución, la que protestó guardar y hacer guardar, el pueblo tiene el derecho de desconocer al Gobierno”.
El General Brigadier Francisco Gallardo, estudioso y crítico de temas de seguridad, afirma que el sexenio de Enrique Peña Nieto marcó un retroceso para el país pues no se tuvo ni un acierto; en cambio, comenta, sí dejó una severa crisis de seguridad, derechos humanos manos y un sistema de justicia colapsado.
El también defensor de derechos humanos considera que el nuevo Gobierno debe iniciar una investigación para determinar responsabilidades contra todo aquel que resulte responsable por esta herencia. Además, Enrique Peña Nieto debe responder por qué deja al país en crisis y por qué se colapsaron el Estado de Derecho y el sistema de justicia. “Nos debe de explicar eso”, exige.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto deja sólo sinsabores a México porque jamás respondió a los intereses de la ciudadanía, sino sólo a los fines de la oligarquía, de Estados Unidos y otros países. Así lo hizo, por ejemplo, a través del Pacto por México, afirma el General Brigadier, JoséFrancisco GallardoRodríguez.
“El primer error de Peña Nieto es que compró la Presidencia y el que compra la Presidencia puede vender al país”, asegura el también defensor de derechos humanos en entrevista con SinEmbargo, a unos días de que concluya la administración del priista mexiquense.
Gallardo Rodríguez reitera lo que ha sostenido desde hace varios meses: que la violencia tiene su origen en una clase política que entrega “nuestro país a los intereses del gran capital internacional” .
Para el General Gallardo, quien inició su carrera militar a la edad de 15 años de edad y escaló al interior de la institución hasta llegar a ese puesto castrense de alto rango, la actual administración federal significó un retroceso para el país en materia de seguridad, pues considera que no se tuvo ni un acierto. En cambio, dice, sí deja da una severa crisis de seguridad, derechos humanos manos y un sistema de justicia colapsado.
El colapso, destaca, es incluso mucho peor a lo que se advirtió a inicio del sexenio, cuando se decidió continuar con la estrategia de combate frontal al crimen organizado.
El especialista explica que el fracaso en el tema de seguridad es porque históricamente se le ha visto desde una visión política militar. “Entonces, lo único que hizo Enrique Peña Nieto fue fortalecer y retomar el plan del sexenio anterior… ahora vemos que es un colapso mucho más grave que se refleja en una crisis humanitaria con miles de muertos”, explica.
La falta de una estrategia y de seriedad por parte del aún Jefe del Ejecutivo federal para tomar el tema de seguridad pública como un derecho humano y como una función del Estado mexicano, “nos llevó a estos resultados de violencia tan graves”, expone.
Francisco Gallardo coincide con analistas y expertos en que el próximo Gobierno debe investigar y fincar responsabilidades a los responsables de la actual crisis en México. “Creo que Enrique Peña Nieto debe responder por qué deja al país así, por qué se hicieron las reformas y por qué se colapsó el Estado mexicano y el sistema de justicia. Nos debe explicar eso”, exige.
El General también plantea que la siguiente administración deber poner como prioridad la seguridad pública porque, de lo contrario, “si no se hace una revisión profunda la violencia crecerá aún más y esto puede desembocar no en una crisis humanitaria sino en un movimiento civil que repudie esta situación y que pueda tomar las armas”.
Gallardo Rodríguez comenta que la nueva administración federal da indicios de continuar con la política de mantener al Ejército en las calles y advierte que es un error.
“Pienso que [Andrés Manuel López Obrador] debe retomar el rumbo. Yo los alerto: ¡Cuidado! Y les vuelvo a decir: ‘El Ejército debe de regresar a los cuarteles’”. El licenciado Andrés Manuel tiene todo el poder para declarar el regreso del Ejército a los cuarteles y entregarle al poder civil la responsabilidad de la seguridad pública; ahí no se debe de meter el Ejército”, considera.
Para el estudioso del tema de la seguridad, la Guardia Nacional que plantea el nuevo Gobierno viola la Constitución,
“La Guardia Nacional está en la Constitución y el mando lo tienen los gobernadores de las entidades federativas, si la Guardia se hace a través de ese plan [el ya publicado por AMLO] va a violar el pacto federal. A ese aparato que van hacer deberían ponerle otro nombre, porque están confundiendo lo que es la Guardia constitucionalmente”, explica.
“Pienso que [Andrés Manuel López Obrador] debe retomar el rumbo. Yo los alerto: ¡Cuidado! Y les vuelvo a decir: ‘El Ejército debe de regresar a los cuarteles’”. El licenciado Andrés Manuel tiene todo el poder para declarar el regreso del Ejército a los cuarteles y entregarle al poder civil la responsabilidad de la seguridad pública”, plantea el General Gallardo. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
***
–¿ Cómo evalúa el sexenio de la actual administración federal ?, ¿Cómo deja Enrique Peña Nieto al país en materia de seguridad?
–El sexenio de Enrique Peña Nieto nos deja sinsabor. Lo anunciamos desde un inicio: que carecía de un plan estratégico de seguridad y lo único que hizo fue fortalecer y retomar el plan del sexenio anterior, que tenía que ver con la militarización en México y resolver los asuntos de carácter social a través de una vía punitiva. Entonces, los resultados los advertimos y dijimos que iba haber un colapso de los sistemas de derechos humanos y de justicia; pero no logramos [en ese entonces] captar la dimensión de esto. Ahora vemos que es un colapso mucho más grave que se refleja en una crisis humanitaria de miles muertos, que se reconocen oficialmente de 38 mil muertos y muchos otros cuerpos que están en los Semefos [Servicio Médicos Forense] que no saben quiénes son, que no tienen identificación; está el caso de los tráileres de Guadalajara y las fosas que se han hallado. El asunto concreto por el cual es un fracaso este tema de seguridad es que históricamente se le ha tocado con una visión política y militar que tiene por objeto sostener un sistema de poder político y a un sistema de partidos, que en la elección pasada demostró que ya colapsó, o sea que se rompió esa estructura. Aquí lo que vemos es que la falta de estrategia y la no seriedad de tomar el tema de seguridad pública como un derecho humano, como una función del Estado, pues nos llevó a estos resultados graves.
Creo que es muy conveniente que el nuevo Gobierno haga un recuento de todas estas situaciones que son graves, como Ayoztinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y todas las masacres que se cometieron por esa política que se basó en la militarización de la seguridad pública, en donde las fuerzas armadas no tuvieron ningún control institucional ni civil, y todavía se jactan de la letalidad de sus acciones. También impulsaron una Ley de Seguridad Interior que tenía por objeto legalizar las actuaciones arbitrarias del poder político a través de la actuación militar. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la presión de organismos internacionales, sociedad civil y organismos de derechos humanos que llegaron a demostrar que esa Ley es inconstitucional, invalidó la Ley. Y esto [la invalidación de la Ley de Seguridad Interior] tiene una trascendencia muy importante en la situación en la que se anunció el Nuevo Plan de Seguridad Pública en México, porque a las 24 horas sucede ese hecho [la presentación del Plan de Seguridad] y viene algo muy importante [el fallo de la SCJN]. En lo particular no me congratulo por lo que hicieron [los Ministros de la SCJN], tampoco los puedo felicitar porque esa es una obligación de ellos. Me congratularía si ellos anulan la tesis que emitieron en 1990, en la época de Zedillo [Ernesto Zedillo Ponce de León], con la permitieron la actuación de las fuerzas armadas en los temas de seguridad pública. Entonces, en la pregunta inicial que me haces para mí los responsables de esta situación grave de derechos humanos, de esta crisis de Estado, son los tres últimos presidentes de la República [Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto], además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los congresos de cada una de estas administraciones.
–Entonces, ¿considera que no hubo avance?
–Avances no, más bien retrocesos.
–Habla de una falta de estrategia ¿A que le atribuiría la falta de estrategia de seguridad en EPN?
–El asunto es que tenemos que retomar la historia, nosotros tenemos perfectamente bien identificado que durante 70 años los temas de seguridad fueron resueltos a través de los temas militares, cada vez que el PRI o los partidos del estado tuvieron un problema, recurrieron a la Fuerza Armada y se regresaban a sus cuarteles; pero la situación fue cambiando, ahora entrado el siglo 21, más moderno, más democrático, se abren los espacios para la activa participación del Ejército en los temas de seguridad. Ahora, respondiendo a la pregunta muy concreta que tú me haces. Porque es mucho más fácil recurrir a la fuerza civil para resolver un asunto que es responsabilidad exclusiva del poder civil del Estado. Desde la Constitución de 1812, pasando por las de 1824, 1836, 1847, 1857 y 1917, el poder civil no ha tenido esa obligación, esa responsabilidad de crear un sistema de seguridad pública basado en un sistema federal que tiene por objeto repartir las responsabilidades, las funciones de los tres niveles de Gobierno, pero también debería de incluirse la función de cerca de 20 millones de mexicanos que se declaran como comunidades indígenas y tienen un tratamiento de seguridad y justicia diferente a la tradicional.
–¿Por qué es un desacato a la Constitución?
–Por que no ha sido responsable el poder civil y porque hay desencanto y desgano de enterarse de estos temas que ya hicieron crisis. En esta administración, que aún no comienza, ya el asunto de seguridad será “El tema”. Entonces aquí mando un mensaje a todos los actores políticos, a la sociedad civil a todas organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, principalmente a los poderes públicos, y a la Suprema Corte que deben de hacer una revisión profunda sobre este tema de seguridad porque si no lo hacen habrá una espiral de violencia mucho más grave de lo que hoy vivimos y esto puede desembocar no en una crisis humanitaria sino en un movimiento civil que repudie esta situación y que pueda tomar las armas.
–¿Cuáles considera que fueron los principales errores de Peña Nieto?
–El primer error que tuvo Enrique Peña fue que compró la Presidencia y quien compra una Presidencia puede vender al país. Además, no puede tener una estrategia de seguridad porque él no responde a los intereses de la ciudadanía; él respondió a los intereses de la oligarquía, a los intereses de Estados Unidos y de otros países, y por eso las reformas que hizo a través del Pacto por México, en donde en una organización de carácter cupular partidista violó la Constitución. Por otro lado, no puede tener una estrategia de seguridad porque él no puede tener esa visión, porque él llegó por otras vías. Nunca vi que hiciera una campaña como la hizo el licenciado Andrés Manuel, quien visitó palmo a palmo toda la República Mexicana. Además porque él siempre estuvo apartado de la sociedad. La visión en todas las platicas que tiene Peña Nieto es de un México que no existe, es una burbuja que él creí desde su cabeza y que fue impulsada por los medios de comunicación más importantes en el país.
–El Plan Mérida, ¿qué tanto influyó?
–Los Estados Unidos han tenido mecanismos de carácter pacifico para la intromisión de los territorios internos de los estados, de los aspectos de soberanía a través de tratados bilaterales, trilaterales multilaterales de carácter económico y de energía. Así es cómo ellos se han metido. Durante un tiempo, hasta finales del siglo pasado, eso les funcionó. Pero estamos corriendo paralelamente a la política de ellos, y llegó un momento en que los países empezaron a delegar sus derechos para no meterse por esa vía a través de los temas de la soberanía [el recurso, energético]. Entonces ellos saben perfectamente bien que a través de los tratados de seguridad e internacionales de ayuda y asistencia militar, ellos –a través de esa maniobra de pinza, economía y tratados– lograron penetrar en los asuntos internos de los países.
Es el caso de Iniciativa Mérida –que firmó Calderón en 2007 y que tenía por objeto coparticipar en los asuntos de seguridad interna de Estados Unidos–, el Gobierno mexicano abdica en su función de defensa nacional y en su función de titular de la integrad territorial, y mete a las fuerzas armadas mexicanas a los intereses del Pentágono y la política exterior de Estados Unidos. Ahorita que hay un cambio de Gobierno, de régimen, apoyado de una participación social no vista hace mucho tiempo, el futuro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene la oportunidad histórica para que México rechace ese tratado internacional y a través de ese tratado emita una declaratoria para que todas las instituciones de seguridad nacional e interior de Estados Unidos que están trabajando en territorio nacional se regresen a su país. Nosotros no los necesitamos: bueno, yo no los necesito y creo que mi país no los necesita, porque te estoy hablando de los principios de política exterior en los que el Presidente de la República y los mexicanos debemos asentar la no intromisión a los asuntos políticos internos, la igualdad jurídica a los estados y la autodeterminación de los pueblos. Entonces ese tratado internacional [Iniciativa Mérida] agrava nuestra soberanía y ha cambiado la estructura de los esquemas de seguridad pública y nacional de México y, además, ellos impulsaron una reforma a la justicia desde 2008 que no se ha podido concretar, porque esos sistemas de justicia no van a ad-hoc con nuestra idiosincrasia y la tradición comunitaria que tiene la cultura mexicana. Nosotros –todas las agrupaciones, organizaciones– con los poderes públicos tenemos que revertir y dar un golpe de timón para que México recobre íntegramente su soberanía y su integridad territorial, y reoriente su rumbo. México es un país poderoso y rico.
La Guardia Nacional que se anunció a través del Plan de Seguridad no tiene nada qué ver con la que está en la Constitución. Por ejemplo: se anunció que el mando lo iba a tener iba a tener la Defensa Nacional, pero en la Constitución el mando lo tienen los gobernadores de los estados, si la Guardia se hace a través de ese plan [el de AMLO] va a violar el pacto federal, dice el General. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
–En relación al juicio contra Joaquín “Elk Chapo” Guzmán y las acusaciones contra los ex presidentes, ¿qué tendría que hacer el próximo Gobierno con esos señalamientos.
–Creo que de todos es sabido que la impunidad, la corrupción y el narcotráfico no puede existir y coexistir sin la tolerancia y la ayuda de los poderes públicos. Es decir, sabemos que en el asunto de la corrupción hay un vínculo entre los aspectos sociales, la corrupción, el crimen organizado y los espacios de carácter público, todos sin excepción. ¿Qué es lo que debe de hacer el nuevo Gobierno? Debe de terminar con todos los vínculos que tienen que ver con el rompimiento del Estado de Derecho, se tiene que hacer una revisión especifica y concreta de cada uno de estos casos y las denuncias que están haciendo a través de este juicio [contra “El Chapo”] allá en Estados Unidos, donde están brincado nombres. La corrupción se debe de atacar no únicamente barriendo las escaleras de arriba abajo, sino que se ataca de arriba a abajo, de abajo hacía arriba, de derecha izquierda, de izquierda derecha, por abajo de las escaleras, donde esté. Porque para nosotros la corrupción no es un asunto de carácter específico, digamos de entradas y salidas, sino que la corrupción se da así como se da el cáncer en un contexto que tiene diferentes mutaciones y éstas se tienen que atacar en un contexto que está bien enriquecido en México, y esa estructura de contexto se rompió con las elecciones de julio pasado.
–¿Cómo atacar el contexto?
–La política de Calderón fue combatir el narcotráfico con el Ejército, on el Ejército a las calles. Peña Nieto hizo lo mismo. Eso da un contexto. Si esta administración, como lo estamos viendo, va por ahí, pienso que debe retomar el rumbo. Yo los alerto: ¡Cuidado! Hace 25 años escribí un articulo que titulé el “Ombudsman militar”, en donde yo le dije a Secretario de la Defensa y a altos mandos militares: “Cuidado con que el Ejército salga a las calles. El Ejército no debe de participar, porque puede colapsar el esquema de justicia y derechos humanos”. Eso fue hace 25 años, ahorita les vuelvo a decir: El Ejército se debe de regresar a los cuarteles”. El licenciado Andrés Manuel tiene todo el poder para declarar el regreso del Ejército a los cuarteles y entregarle al poder civil la responsabilidad de la seguridad pública y ahí no se debe de meter el Ejército; el Ejército debe estar apoyando, estar pendiente, pero no debe de aplicar la Ley, no debe de perseguir el delito, no debe de encarcelar a nadie, no es Ministerio Público. Todo eso es el contexto a lo que yo me refiero.
–¿Entonces no está de acuerdo con la propuesta de la Guardia Nacional en el Plan de Seguridad? ¿Cómo ve el plan de seguridad?
–Cada quien ve las cosas desde su punto de vista, pero la Guardia Nacional que se anunció a través del Plan de Seguridad no tiene nada qué ver con la Guardia Nacional que está en la Constitución. Por ejemplo: se anunció que el mando de esa guardialo iba a tener iba a tener la Defensa Nacional. En la Guardia Nacional que está en la Constitución el mando lo tienen los gobernadores de las entidades federativas, si la Guardia se hace a través de ese plan [el que publicó AMLO] va a violar el pacto federal, porque uno de los problemas del contexto actual es que no se respeta el pacto federal. La Federación no tiene que meterse con los estados, es responsabilidad de cada estado el tema de seguridad publica, eso sí apoyado de una política general de Estado. Por ejemplo, que la policía diga que un mando institucional no puede violar derechos humanos esa es una política de estado. En ninguna fuerza institucional a nivel nacional debe de entrometerse el Ejército, esa es otra política de Estado. Entonces esa Guardia Nacional, que no estoy en contra sólo soy dando mi opinión y mi opinión es que ese aparato que van hacer pues deberían de ponerle otro nombre porque están confundiendo lo que qué es la Guardia constitucionalmente.
–Y a Peña Nieto, ¿es inadmisible que no se le investigue?
–Creo que este régimen debe, con mucho cuidado, hacer una puntualización y fincar responsabilidades a quien debe responder y creo que Enrique Peña Nieto debe responder por qué deja al país así, por qué se hicieron las reformas, por qué se colapsó el Estado mexicano y también el sistema de justicia. Nos debe explicar eso.
Organizaciones civiles y partidos de oposición sostuvieron que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada con fallas inconstitucionales, que afectan los derechos humanos de los mexicanos.
La minuta será mañana discutida por el Senado de la República en medio de peticiones de desechar la propuesta que incluyen las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Jan Jarab, así como de decenas de organizaciones civiles mexicanos y del extranjero.
Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y diputados de oposición acusaron que la Ley de Seguridad Interior contiene fallas constitucionales que contravienen a los derechos humanos, por lo que pidieron no aprobarla.
El pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones la Ley de Seguridad Interior, y los último llamados a no aprobar la minuta se dan a tan sólo horas de que el Senado de la República la discuta y eventualmente la apruebe.
El Diputado Víctor Sánchez Orozco expuso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aplicó la “aplanadora”, sin discutir a fondo la iniciativa, presentada por el jefe de la bancada del PRI César Camacho Quiroz en noviembre del año pasado.
“El PRI se aferró a sacar una ley que de origen es inconstitucional, porque el artículo 73 de la Constitución no da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior”, señaló Orozco, quien fue coordinador de delegados regionales en la Procuraduría General de Jalisco.
El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó la Ley de seguridad Interior. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro
En entrevista, el General Francisco Gallardo Rodríguez explicó que la minuta que está por aprobarse “no obstante que es de carácter ilegal, es inconstitucional porque contraviene los artículos 129 que tiene que ver con la civilidad del Estado, y que dice que en tiempos de paz, el Ejército no podrá realizar funciones”.
Sin embargo, la lista de inconstitucionalidades es más amplia. La organización Mexicanos Unidos enlistó entre otros artículos que se violentaron el número 21, que asigna las tareas de seguridad pública a las policías del país; y el 29, que dispone en qué casos se pueden suspender las garantías individuales.
“Creo que de origen es inconstitucional y en consecuencia, si en el Poder Legislativo alcanzamos el 33 por ciento de los diputados podemos ir a una controversia constitucional. Creo que la Suprema Corte de Justicia va echar para atrás esa ley”, sostuvo el Diputado Orozco.
La Organización de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por esta ley y advirtió de posibles violaciones a la Constitución Política de México, así como inconvencionalidad “a los criterios que han planteado tanto organismos de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos”.
En una misiva enviada al Senado de la República, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que una reforma así “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.
Y criticó que “la ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como ‘seguridad interior’, ‘acciones de seguridad interior’, ‘amenazas a la seguridad interior’, ‘riesgo a la seguridad interior’, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.
La ONU y la CIDH se pronunciaorn sus preocupaciones respecto a la Ley de Seguridad Interior. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó en un comunicado su preocupación debido a que normalizaría la actividad de las Fuerzas Armadas en las calles. “En México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.
En su visita a México en 2015, la Comisión recordó haber constatado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad aumentó los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.
En el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas, de acuerdo con datos recolectados por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. En tanto que en 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas.
La CIDH reiteró la recomendación hecha antes en el informe sobre los derechos humanos del país de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, “las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.
Esta mañana organizaciones de la sociedad civil como Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C. y Mexicanos Unidos advirtieron de los riegos que podría conllevar la ley de Seguridad Interior a la libre protesta.
El próximo julio México elegirá 3 mil 400 cargos a nivel local y federal, incluida la Presidencia de la República.
“Esta ley de seguridad interior es parte de una estrategia para atemorizar al pueblo de México, y hay coyuntura electoral. Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema y están pensando desde ahora cómo van a reprimir la protestas, porque ya se prevé el fraude”, sostuvo Enrique González Ruíz, miembro de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.
Una óptica con la que concuerda el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso. “Se coarta el derecho a la libre manifestación. El Presidente quiere que nos manifestemos sin decir nada. ¿Cómo vamos a expresar nuestro malestar, si se supone que cuando alguien se manifiesta es porque hay una afectación de derechos?”, dijo el Diputado federal Alfredo Basurto Román, quien es miembro de la Comisión de Defensa.
Al preguntársele por qué no hubo participación dicha Comisión, como sí la hubo de la de Gobernación, explicó que “Se pidió más bien la opinión de la Comisión de Seguridad Pública, y se le dio otro tinte y jerarquización porque en la de Gobernación están todos los coordinadores”.
La ONU en su anexo a la carta enviada a la Cámara alta se pronunció en el mismo sentido: No obstante que la ley regula tanto las ‘amenazas a la seguridad interior’ como el ‘riesgo a la seguridad interior’, “la norma prevista en el artículo 8 sí incluye a la protesta dentro del ámbito material de la norma pues solamente impide que la misma sea considerada ‘amenaza’, más no ‘riesgo’.
Además, el hecho de condicionar las movilizaciones a su realización pacífica a efecto de excluirlas –parcialmente- del objeto material de la ley trastoca el principio de racionalidad y necesidad, pues permitiría que aquellas que no se realicen de manera pacífica puedan estar sujetas al alcance de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo anterior, al arbitrio de la autoridad”.
Diputados protestaron contra la Ley de Seguridad Interior, pero el PRI, sus aliados y una fracción del PAN avalaron la modificación constitucional el pasado jueves. Foto: Saúl López, Cuartoscuro
Para el Diputado federal, la discusión en el Senado mantendrá las posturas ya planteadas por las bancadas en la Cámara baja, y en donde el Partido Acción Nacional (PAN) se presentó dividido a la hora de votar con 48 abstenciones, 14 a favor y 17 en contra.
El Diputado panista Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, expuso que su bancada lamentó que la aprobación de la ley de Seguridad Interior no fuese acompañada con la aprobación de una Ley de Mando Mixto, que pondría a ciertas policías municipales bajo el mando estatal.
“[Los del PRI] se quieren congraciar con las Fuerzas Armadas aún cuando no represente una solución de fondo al país. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas, fuimos el primer grupo político que presentó una iniciativa en noviembre del 2015 al respecto. Por eso la postura generalizada de abstención”, indicó.
La minuta ahora deberá ser discutida por el Senado de la República este martes en las comisiones de Defensa Nacional, Gobernación, Marina y Estudios Legislativos.
En redes sociales, doscientas organizaciones civiles que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra iniciaron una recolección de firmas (AQUÍ) para que los senadores no den luz verde a la iniciativa presentada por el PRI, además de una campaña de correo electrónicos a los 128 legisladores que conforman el órgano legislativo para que voten en contra.
Grupos civiles alertaron que la Ley de Seguridad Interior que está por discutir el Senado de la República abre la puerta para reprimir las manifestaciones.
El General Francisco Gallardo dijo este día en conferencia de prensa que la modificación constitucional “tiene por objeto criminalizar la protesta social, pero el fondo es la entrega de los recursos de la nación”.
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- La ley de Seguridad Interior representa un riesgo a la protesta social previo a los comicios electorales que se realizarán en julio del próximo año, alertaron organizaciones, por lo que hicieron un llamado a los senadores a frenar esta minuta y a la sociedad civil a manifestar su rechazo.
“Esta ley de seguridad interior es parte de una estrategia para atemorizar al pueblo de México, y hay coyuntura electoral. Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema y están pensando desde ahora cómo van a reprimir la protestas, porque ya se prevé el fraude”, sostuvo Enrique González Ruíz, miembro de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.
Porfirio Martínez, miembro de Mexicanos Unidos, expuso que la legislación aprobada deja en indefensión a las manifestaciones: “Esta ley es la de Porfirio Díaz, mátenlos en caliente. Esa es la naturaleza. Primero repriman y después veremos”.
El pasado 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que da facultades al Ejército para realizar tareas de seguridad pública. Ahora la minuta deberá ser discutida por el Senado de la República.
Hoy, la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Senado que no apruebe la Ley de Seguridad Interior.
En una carta firmada por Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se expone que la minuta que deberá resolver la Cámara alta ese jueves “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.
Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación “que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”.
“Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, dijo en un comunicado. “En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. En su visita a México en 2015, la Comisión constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad. La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión”.
“¿Cuáles son las consecuencias de aprobar esta ley? Pues una violación sistemática de los derechos humanos”, dijo el General Francisco Gallardo. “Tienen por objeto criminalizar la protesta social, pero el fondo es la entrega de los recursos de la nación”.
En el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas. En tanto que en 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas.
El doctor González Ruíz, ex Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, apuntaló que el Ejército presionó para dar trámite a esta ley, lo que ha desembocado en la aprobación de la Cámara de Diputados.
“Como no se puede ligar a la seguridad pública, entonces tiene que inventarlo y decir que está ligado a la seguridad nacional[…] Lo que están haciendo es un arreglo malhecho, para ‘justificar’ porque el Ejército ha actuado tanto tiempo como policías en este país”, agregó.
El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto atraviesa por un periodo de crisis en materia de seguridad. Con 2 mil 371 carpetas por homicidios dolosos, octubre fue el mes más violento del año y en la historia reciente de México, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Al Gobierno no le interesa la seguridad pública, y como consecuencia tenemos el aumento de los delitos de los homicidios, las desapariciones, y en general el crimen organizado”, señaló Porfirio Martínez.
Las organizaciones expusieron que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior en el Senado apelarían a las instancias nacionales e internacionales, como acudir a la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que “en reiteradas ocasiones, la Comisión ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”.
“La Comisión reitera que las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.
La CIDH reiteró la recomendación hecha a México en el informe sobre la situación de derechos humanos en el país de “Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidades de la policía para realizar tareas de seguridad pública.
El General Francisco Gallardo Rodríguez considera que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto será incapaz de cambiar el rumbo de la seguridad del país en el último año de su gestión, “debido a que colapsaron [el sistema de seguridad], al igual que el sistema de justicia”, por lo que hoy México atraviesa “una crisis humanitaria”.
El crítico militar advierte del peligro de la militarización de los cuerpo de seguridad civil y sostiene que ya es evidente el mismo: “Tienen una capacitación en dónde ven al infractor como un delincuente que hay que aniquilar. Ese es un pensamiento militar: ‘A mí me contrataron para aniquilar un enemigos que han de pisar nuestra Patria’, pero si con ese pensamiento y doctrina te sacan a las calles pues van a ver a cualquier persona que se pase un alto, como delincuente, y lo ejecutan, como ha pasado”.
Peña Nieto, quien incluyó concepto México en Paz” en el Plan Nacional de Desarrollo publicado el 20 de mayo del 2013, que entonces rezaba en su primera línea: “A pesar de la transformación que ha vivido México durante las últimas décadas, la seguridad pública es una asignatura pendiente”. Hoy a cinco años de su Gobierno, el país presenta las cifras más altas de homicidio doloso, de acuerdo con datos oficiales y las propuestas del Ejecutivo no abandonaron la vía castrense.
Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto continuó el uso del Ejército en las calles violentando la Constitución, pese a que las tropas están entrenadas para “aniquilar” al enemigo y no para hacer funciones de seguridad pública, reclama el General Francisco Gallardo Rodríguez.
Un timonazo en el último año del sexenio en materia de seguridad será inviable debido a la falta de capacidad del Estado, sostiene el desencantado el General: “Ellos mismos lo colapsaron [el sistema de seguridad], al igual que el sistema de justicia”.
El pasado miércoles, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong expuso en su comparecencia en el Senado de la República que la Ley de Seguridad es para la seguridad de los ciudadanos, para “regular la actuación de las fuerzas armadas, no es para darles protección”.
La afirmación de Osorio Chong, critica el también doctor en administración por la UNAM, es un intento de evadir su responsabilidad en el tema. “Él es el Secretario de Seguridad Interior, aquí todo el mundo se avienta la pelotita, sin un diagnóstico sólido y claro”.
Los esfuerzos de militarización no han aminorado los problemas de los cárteles de drogas, ni la violencia que sacude al país. En el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas. En 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña se presentaron más de 10 mil 751.
La violencia se agrava. El último mes de octubre continuó la tendencia al alza de homicidios dolosos en el país. Con 2 mil 371 carpetas por homicidio doloso en el fuero común- estados-, el último mes se colocó como el más violento desde que inició el conteo oficial en 1997 y coloca al año más cerca de ser el más violento de las últimas dos décadas.
En una entrevista a este medio, el General Gallardo expone que el Presidente Enrique Peña Nieto abandonó la tarea de dar seguridad a los mexicanos en el último sexenio y critica el manejo de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad interna.
El General Francisco Gallardo expuso que el Ejército está entrenado para aniquilar, no para la seguridad pública. Foto: Cuartoscuro
***
—¿Piensa que esta administración ya tiró la toalla en el tema de seguridad?
—Por supuesto. Porque está colapsado el sistema de seguridad en México, ellos mismos lo colapsaron, al igual que el sistema de justicia. No puede ser que haya una impunidad del 99 por ciento en los delitos, no puede haber tantas masacres, muertos, todos los días vemos muertos asesinados, fosas que encuentran en todos lados.
—¿Hay base legal para que el Ejército realice tareas de seguridad pública en las calles?
—En primer lugar, si estamos hablando de seguridad, quien debe respetar primero la Ley es la autoridad. Y me refiero a lo que dice la Constitución en su Artículo 129, que el personal militar no puede realizar otras funciones que tengan conexión con la disciplina militar. Entonces, la autoridad inventó una jurisprudencia en colusión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCKN), es lo grave, y llegan a la conclusión de que cuando la autoridad solicita la intervención militar es legal. Pero, sigue siendo inconstitucional. El otro punto que tiene que ver es el artículo 21 que indica que la seguridad pública es una función exclusiva de la autoridad civil.
—Sin embargo, el Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos impulsa una Ley de Seguridad Interior…
—El Secretario de la Defensa dice que urge que se hagan los marcos normativos para que el Ejército mexicano tenga límites. Y yo le diría a Cienfuegos, ‘a ver los límites ya están en la Constitución’. Lo que ellos quieren es legalizar su actuación que es un actuación inconstitucional.
—De reglamentarse las operaciones del Ejército. ¿Se perpetuarían su presencia en estos operativos?
—La función presidencial tiene la facultad para utilizar la máxima fuerza del Estado, que es el Ejército en los asuntos del orden interno, lo debe hacer cómo lo marca la Constitución. El artículo 29 previene un estado de excepción, y ahí dice ese artículo que cuando la sociedad está en grave peligro o en una crisis, el Presidente de la República tiene que dictar un estado de excepción. Y en ese estado, a través de la participación de todos los actores sociales de los poderes públicos, llegan a la conclusión de que la única forma es utilizar a las Fuerzas Armadas. Y hay una temporalidad, cuánto tiempo va a durar las Fuerzas Armadas haciendo esa función, y en dónde van a actuar, cuánto se va ejercer del presupuesto y a eso le toca entrometerse a la Cámara de Diputados, porque es una facultad exclusiva. Ya en el asunto de operación, manejo de tropas, etcétera, ahí interviene el Senado.
—¿Hubo este consenso cuando inició la guerra contra las drogas?
—Absolutamente nada, fue una decisión unilateral de Felipe Calderón Hinojosa, en donde el dijo que le declaraba la guerra al narcotráfico. Y ya con esa orden todo mundo salió. Ese es uno de los puntos por los cuales estamos como estamos. La violación a la Constitución.
—¿Está sobredimensionada la violencia que provocan los cárteles en México?
—Aquí el asunto es el siguiente, estamos hablando de una función del Estado, el tema de seguridad. Por eso se creó el Estado. Pero, si hay una matanza, si hay una ejecución de 72 migrantes en Tamaulipas, el caso de Ayotzinapa, la autoridad muy cínicamente sale y dice que son ajuste de cuenta entre cárteles.
—Aquí te van unas preguntas: ¿Qué hace el Estado?, ¿por qué hay una disputa de cárteles? y, ¿por qué hay cárteles? ¿Por qué hay territorios exclusivos de esos grupos delincuenciales? Pues yo te contesto: Hay vacíos de poder porque la autoridad no tiene la capacidad de respuesta para tutelar a la población civil, y todas las autoridades de procuración de justicia y espacios carcelarios no tienen capacidad. Entonces, lo que sucede es que la activa participación del Ejército hace un rompimiento del tejido institucional del Estado.
—¿En qué lugar queda la responsabilidad de los estados por la seguridad de sus entidades?
—¿Qué es lo que pasa con esta intromisión federal? Tienen todos los recursos del mundo y lo único que pueden es actuar en delitos que están catalogados como federales. De 100 delitos que se cometen a nivel nacional dos o tres son federales, pero le ponen toda la estructura y los recursos a lo federal. Y a lo local lo tienen desprotegido. Están violando el federalismo porque el sistema federal trata sobre una delegación de funciones de lo administrativo como el tema de la seguridad.
—En ese sentido, ¿ve en la propuesta de Mando Único una imposición federal?
—El Mando Único tiene por objeto romper el orden federal del Estado y sacarle a sus municipios la función exclusiva de seguridad. La seguridad debe venir desde la base hacia arriba, no desde la cúpula hacia abajo.
—Además de la salida del Ejército a las calles hay casos en los que las policías están recibiendo una capacitación militarizada.
—Por ejemplo, estuvo el asunto de Ayotzinapa. Dicen que actuó el Ejército, la policía estatal y la municipal. Y yo les digo: a ver, las fuerzas del estado de Guerrero son militares o tienen entrenamiento militar, o tienen los mandos militares. Por lo tanto, tienen una capacitación en dónde ven al infractor como un delincuente que hay que aniquilar. Ese es un pensamiento militar: ‘A mí me contrataron para aniquilar un enemigos que han de pisar nuestra Patria’, pero si con ese pensamiento y doctrina te sacan a las calles pues van a ver a cualquier persona que se pase un alto, como delincuente, y lo ejecutan, como ha pasado.
Miguel Ángel Osorio, Secretario de Gobernación, durante su reciente comparecencia en el Senado de la República. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
—¿Esto ha provocado una crisis?
Ha provocado una crisis humanitaria. Ahora bien un policía debe tener una preparación, física y de conocimiento de manejo de armas. Yo estoy de acuerdo. Hace como 30 años se retiró el Servicio Militar Nacional. Anteriormente cuando funcionaba el Servicio, todos los jóvenes de 18 años sabían manejar armas, tenían conocimiento de meter las manos y defenderse, hacer trampas, manejos de explosivos, orientación. Temas de carácter castrense.
—Qué disparó que Felipe Calderón lanzará una guerra contra el narco…
—Desde que Felipe Calderón firma la iniciativa Mérida, que trata sobre la ayuda y asistencia militar, lo hacen con la intromisión de las fuerzas armadas en los asuntos internos de los países.
—Es una injerencia de Estados Unidos lo que no permite cambiar la estrategia…
—Aquí esa percepción nosotros la tenemos que cambiar, pero no la podemos cambiar cuando estamos recibiendo adoctrinamiento a través de esas personas en donde se responde a otros intereses. Y los intereses que están subsumidos, debajo de todos estos tratados, son los intereses de Estados Unidos.
—¿Qué se puede hacer ante eso?
—En una reunión antier con un grupo de compañeros de Estados Unidos, que están haciendo un tribunal internacional para revisar este tema de la asistencia militar. Es decir, la política exterior de Estados Unidos en el tema militar. Hay una Ley llamada “Leahy”, que explica cómo una organización civil en cualquier parte del mundo puede increpar hasta el Congreso de Estados Unidos la ayuda y asistencia militar que está dando en México. Nosotros hemos hecho ese pronunciamiento pero les vale. Es vergonzoso que el Congreso mexicano teniendo en cuenta la violaciones de Derechos Humanos que vive México siga ayudando.
En 1993, al General Brigadier, José Francisco Gallardo, la propuesta de un ombudsman militar le valió nueve años de prisión. La defensa que emprendió para superar los barrotes militares lo convirtió en emblema de la lucha por los derechos humanos en México y el mundo.
Han pasado 23 años y al General en retiro no se le ha olvidado esa causa. En esta entrevista ratifica la conveniencia de una oficina de asuntos militares para “desmilitarizar” a los poderes públicos de México y entablar una relación más sana. Sostiene que la mexicana es una sociedad militarizada, un factor que permitió los crímenes de Estado escritos en Tlatlaya y Ayotzinapa en los que -dice- está involucrado el Ejército. El General se guarda una hipótesis de la desaparición de los 43. Una que no ha sido parte de ninguna investigación. “Los estudiantes fueron arrojados al pozo Meléndez, un socavón entre Iguala y Taxco que no tiene fondo”.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- En el pueblo de Puente Campuzano, entre Iguala y Taxco, se encuentra un socavón de diez metros de diámetro, pero cuyo fondo es indeterminado. Es el pozo Meléndez, un punto del estado de Guerrero que por reunir terroríficas historias durante la Guerra Sucia, también es conocido como “la trompa del diablo”. A esa oquedad se le piensa como destino de muchos perseguidos, de cientos y cientos de desaparecidos.
Este siniestro punto del planeta está muy cerca de donde, la maldita noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron.
El ex General brigadier Francisco Gallardo tiene una hipótesis: los 43 fueron arrojados al pozo Meléndez. “… Creo que estos jóvenes fueron tirados ahí. Con todo y vehículos. Y desaparecieron. Es más, ahí cabe lo que quieras. Si hacen un peritaje en las paredes puede haber cabellos, pedazos de tela, piel … Pero no lo han hecho”, sostiene el hombre emblema de la defensa de los derechos humanos después de permanecer nueve años en prisión, la negra historia que se inició cuando en 1993 -el penúltimo de Carlos Salinas de Gortari- propuso la creación de un ombudsman militar.
Con un americano en la mano, en las oficinas de esta casa editorial, el ex General Brigadier describe en entrevista a la legendaria oquedad. “Ese pozo ha sido utilizado desde la Revolución. Ahí tiraban carretas, caballos, vehículos completos, lo que tú quieras. No tiene fondo. No le han llegado al fondo. Hay una excursión que hicieron médicos militares y bajaron 60 metros, pero no pueden llegar a más porque no tienen equipo”.
– ¿Le mencionó usted su hipótesis a los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes?
– Les dije, pero no me tocaron ese punto.
-¿Le ha dicho a la PGR?
– No. Al socavón lo tapan y lo destapan. Pero ahí está. La gente que vive por ahí sabe de eso. Dicen que en la noche se ven cosas raras.
– ¿Puede decirse que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, manipuló también la información para que las investigaciones no llegaran al socavón?
– Yo no tengo conocimiento que haya ido ahí ni que haya investigación. El socavón está libre. La gente de la región sabe perfectamente qué hay ahí. Esa región está muy socorrida por esos socavones. Si en mí estuviera, se hacía una investigación y ahí se iban a aclarar muchas cosas.
– Usted sostiene que el Ejército tiene crematorios clandestinos y si ello es así, ¿algún día habrá luces sobre la verdad de los 43?
– El Ejército tiene crematorios. Yo los conozco. A mí me amenazaron que me iban a meter ahí. Son clandestinos. Es una cosa inaudita que estos jóvenes hayan desparecido de la nada. Así, absolutamente. Hay prisiones clandestinas. Hay hornos en el Ejército. Los barcos de la Armada se utilizan como cárceles clandestinas. En Ayotzinapa lo que vemos es la actuación militar, el poder público en poder de los militares. A mí me llamó mucho la atención cuando le piden al Secretario de la Defensa que abra los cuarteles, y él dice, no voy a permitir por ningún motivo que investiguen a mis militares. Sus militares. Qué cosas, ¿no? Si es una investigación criminal, pero la Ley Militar así lo conviene. Porque es un asunto de carácter público no militar. Si esos temas no se aclaran, los vamos a seguir cargando.
Ejército, responsable en el caso Ayotzinapa y Tlatlaya. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
EL GENERAL EN SUS CAUSAS
El martes 9 de noviembre de 1993, el General Gallardo ingresó al campo militar número uno. Iba preso. Las acusaciones en su contra eran un bufete de delitos. Enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y destrucción de archivos del Ejército. Un mes antes, el General había publicado el texto “La necesidad de un Ombudsman Militar en México” en la revista Fórum. El tema era el corazón de su tesis y sugería la creación de esta figura con el propósito de que regulara los abusos dentro de la vida castrense.
En 1998, fue sentenciado por un consejo de guerra a catorce años de prisión. Le cargaban haber vendido las 300 toneladas de avena en paca y las ocho mil pacas de avena en greña que estaban destinadas a 228 caballos que tenía bajo su custodia, así como la quema de documentos que demostraban el hecho. Después, otro consejo de guerra lo condenó por enriquecimiento ilícito y le dio otra pena de catorce años que no fueron acumulables a la primera sentencia debido a un amparo.
– Si la desgracia se inició así, ¿usted cree que aún es conveniente la figura del ombudsman militar?
– La idea de uno, como el que yo propuse hace 21 años, tiene que ver directamente con el tema de la defensa de los derechos de los soldados. Pero la idea yo la quiero actualizar. En México no existen relaciones civiles de carácter democrático; entonces, lo que yo quiero hacer es una oficina de asuntos militares.
Quiero hacer una oficina de asuntos militares que va a establecer una relación de la Defensa Nacional con los poderes públicos. Es decir, el Poder Ejecutivo en su rama militar será a través de una oficina. Esta oficina haría un vínculo con el Congreso, con las otras instituciones del Estado. Dependería de la Cámara de Diputados. Aquí hay algunas peculiaridades. Esta institución tendría la facultad, entre otras cosas, de proponer reformas a la legislación militar para que el Ejército Mexicano se convierta en una institución de Estado al servicio de la Nación. (El Ejército quedaría) apartado de los vaivenes políticos en el tema, por ejemplo, de las elecciones. En cada elección presidencial al Ejército Mexicano se le encomienda la transportación del paquete electoral, la logística de la distribución de esa paquetería y luego la intromisión en la supervisión y la seguridad. Lo más grave del asunto es que después de las elecciones se le encomienda cuidar la paquetería electoral. Ya vimos que eso tiene muchas decisiones graves. Lo vimos en la elección de Calderón-AMLO en donde el Ejército permitió que esa paquetería electoral fuera manipulada por los partidos políticos.
Llega la paquetería electoral a instalaciones que maneja directamente el INE. El Ejército está resguardando la paquetería electoral y por detrás están entrando los partidos políticos y los manipulan. El Ejército ha permitido esas condiciones. Lo que tenemos que hacer en las próximas elecciones es que el Ejército no se entrometa en esos asuntos.
– ¿Ha ocurrido así históricamente?
– Históricamente ha sido siempre. Yo era Capitán del Ejército, en la elección donde por primera ocasión, el PAN gana una elección local en Chihuahua. A mí me mandan a cuidar la paquetería electoral y entonces trata de entrar la gente del PRI a manipular esa paquetería porque en esa ocasión sí ganó el senador Barrio (Francisco Barrio) pero se la dieron a otra persona. Por lo menos en el tiempo en que yo estuve de servicio, que dura 12 horas, no se pudieron meter. Pero se metieron después.
– ¿Cómo funcionaría la oficina del ombudsman?
– El Ejército debe estar apartado totalmente de eso. No debe entrometerse. Esta oficina del ombudsman militar iba a impedir estas situaciones. Así, el Ejército Mexicano no se metería en asuntos de carácter político. Si esa institución estuviera como en aquella ocasión que yo la propuse ahorita el Ejército no estaría señalado por violaciones graves a los derechos humanos. En aquella ocasión yo puse como ejemplo la matanza que hizo el Ejército en 1990 en la que se ejecutan a 10 jóvenes egresados de las escuelas judiciales y que estaban trabajando en la PGR. Se pierden dos toneladas de droga se extravían dos millones de dólares y se fugan los narcotraficantes. Son encarcelados los militares, pero no hay ningún responsable.
Incluso manifesté el asunto de aguas Blancas, en donde hubo un asesinato de 17 campesinos que lo único que querían era hacer una manifestación en el Gobierno de Guerrero. Pero a mí me acusan de difamación. Y yo no estaba difamando nada. Yo estaba poniendo el ejemplo de una institución que debe funcionar para evitar esas situaciones. A partir de ese asunto que ocurrió en 1990 cuántas cosas hemos visto. El Charco, El Bosque, Acteal, las ejecuciones de Ocosingo cuando el levantamiento zapatista, Tanhuato, Tlatlaya, la desaparición de los 43. Si hacemos una revisión, el Ejército tiene metida la mano ahí. El asunto de Tlatlaya y Ayotzinapa son crímenes de Estado que están apoyados por El Ejército.
Vivimos una sociedad militarizada. ¿Por qué se da esto? Después de la Revolución sucede un hecho que se conoce como la lucha de facciones en donde hay una disputa entre el poder civil y el poder militar porque los comandantes militares tienen cotos de poder, no hay un control, y entonces los caudillos revolucionarios invocan a hacer un partido político que no tienen que ver con los partidos políticos tradicionales europeos.
La creación de un partido político de Estado tiene por objeto confrontar al poder militar no la participación social, no la participación ciudadana. Ha habido coyunturas que nos han permitido hacer esos cambios, pero el mismo poder político no lo ha permitido.
– ¿Una figura de ombdusman militar sería la clave?
– Esa institución que yo propongo debe ser de Estado, que trascienda a cualquier periodo electoral o cualquier figura o nombre de ciudadano político. Yo juré como militar tutelar de la institución presidencial. No a Peña Nieto, no a Calderón, no a Salinas. Un sistema presidencialista se ha desbordado en contra de la sociedad. Vivimos una crisis gravísima. Estamos ante un colapso del Estado. (El ombudsman) sí abonaría a ello. Ahora, ¿quién sería el obdusman? ¿Quién tendría esa calidad moral para ser esa institución y ser el mediador entre el poder civil del Estado y el poder de los ciudadanos? Sí hay hombres que pueden serlo.
Cuando tomó la vida castrense, tenía 15 años de edad. Era 1963 y cuenta que empeñó la honra y el honor al Ejército como institución. LLegó a ser General Brigadier. En 2015, su nombre volvió a la escena pública. Fue el candidato a la Gubernatura de Colima por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la única plataforma en la que, dice, puede confiar.
– ¿Usted cree en la democracia, pero no en los partidos políticos?
– Los partidos políticos mexicanos son instituciones de Estado que están apoyados en la Constitución. En lo que yo no creo es en las personas que están en los partidos políticos. Cuando estuvimos con el debate con el asunto de las resoluciones que emitió la Suprema Corte 37 a mi favor, nos fuimos a las Naciones Unidas y a mi favor. Entonces yo tengo una reunión con un General del Ejército. (Me dijo): tú debes proteger al Ejército porque eres General. Tú debes defender el honor porque el Ejército te hizo hombre.
A ver, espérenme tantito, respondí. Yo no estoy increpando al Ejército como institución los estoy increpando a ustedes que están violando la Ley, que están violando la Constitución, que están violando la Ley de Disciplina militar y el Código de Justicia militar. Lo que tenemos que hacer es sacar a todas estas personas simuladoras, mentirosas traidoras que lo que han hecho durante toda esta carrera es lucrar con los puestos políticos. “La política es sucia. Por decir lo menos es corrupción”, me decían. Espérenme, la política es una ciencia que nos permite a los ciudadanos una partida social, una convivencia social para ponernos de acuerdo y desarrollarnos.
– Entonces, ¿qué le está pasando a este país? ¿Se entrampó en una inercia de traumas irresueltos y se enfermó de corrupción?
– Tenemos un problema muy grave y yo daré mi opinión. Lo que hemos vivido en México es que no hemos sabido procesar las situaciones coyunturales. Un ejemplo: el año que entra cumplimos 50 años de la tragedia de 1968.
No hemos sabido procesar esos puntos de quiebre. Uno de ellos es por qué no hay ningún militar procesado por el movimiento del 68. Seguimos avanzando. Y viene la coyuntura de 1988.
Yo he platicado con el senador Bartlett. (Le he dicho que) yo entiendo esa parte de la historia, que yo entiendo la situación, de por qué se cayó el sistema. Aquí lo que no entiendo y yo yo se lo dije al Ingeniero Cárdenas es por qué el Ingeniero Cárdenas cedió.
– ¿Y qué quería que hiciera, General?
– (Que dijera): No acepto la negociación. No acepto la negociación y punto. Él negoció con el poder. El día que me fue a visitar a mi celda en 2001 o 2002, que me llevó discos y libros, le hice dos preguntas. Le dije: Ingeniero, ¿por qué usted no defendió su elección en 1988 si tenía el apoyo del Ejército además?¿Por qué usted se va como candidato a la Presidencia siendo Jefe de Gobierno? La gente votó por usted para que fuera Jefe de Gobierno no para que fuera candidato a la Presidencia. Usted debe terminar su gestión.
– ¿Qué le contestó?
– Nada. Se quedó mudo. No me dijo nada.
Y así seguimos.
– ¿Le aceptó que había negociado?
– Lógico. Y así nos podemos ir viendo las coyunturas y no las hemos sabido aprovechar. Las firmas que hizo Salinas, del TLCAN; la de Fox del ASPA; luego la de Calderón con la iniciativa Mérida y Peña Nieto con el TPP nos han ido quebrando. Y ahí seguimos. Hasta llegar a Ayotzinapa.
– ¿Por qué se incrementó la violencia en este país?
– Porque hay un rompimiento del tejido social y del orden constitucional del Estado. En México no existe un sistema de inteligencia. Tenemos que hacer un sistema de inteligencia de Estado, no de Gobierno de Estado, sea civil no militar, los militares tienen una función importante, pero no civil, ellos tienen encomendada la defensa nacional del estado. La política la debe emitir el Congreso. Pero son traidores todos. Una vez que se haga esto se debe restituir la Constitución en donde los poderes públicos respeten la ley.
Peña Nieto llega por un fraude electoral. La Auditoría Superior de la Federación detecta que rebasó los topes de campaña con 13 millones de pesos y ahí estuvieron metidos Cervantes y Lozoya. ¿Cómo es posible que quieran tener autoridad cuando la autoridad es ilegítima?
LA DEFENSA DEL GENERAL
En Ayotzinapa lo que vemos es la actuación militar, el poder público en poder de los militares: Gallardo Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Tiene el premio “Preso de Conciencia” que le dio Amnistía Internacional y el de “El Ombudsman Militar en Prisión” brindado por el Consejo Nacional de Ong`s en el 52 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 2001. Los galardones los recibió en prisión. Estaba en el camino de esa defensa cuyo proceso lo convirtió en ejemplo de la defensa de los derechos humanos en México y el mundo. Fue un preso. Hoy, para todos, es el General Gallardo.
– Usted, ¿cómo logró defenderse?
– Lo que no pudo hacer el Ejército aunque hubiera querido es violar la Constitución. Ellos lo pueden juzgar en lo interno. Si se agota el recurso interno militar yo me puedo ir a amparo ante las autoridades civiles, y tuve 37 amparos a favor.
– ¿Sintió miedo?
– ¿Miedo? (exclama y se estremece). Pues sí. Afuera de mi celda se pusieron a hacer una revoltura con cemento y con tambos. ¿Qué piensa usted que van a hacer? Me matan, me meten a los tambos y me tiran al mar. Y rumm se desertó, se suicidó.
Cuando yo tenía las amenazas que me iban a detener yo hice varias cartas y le dije a mi familia, si un día no me reporto a tal hora, esas cartas las ponen en el correo, sin decir nada. Nomás van al buzón. Entonces a mí me encarcelan y a los tres días sale a la luz pública (el caso) en la revista Proceso.
Primero hicimos una estrategia de defensa, de logística. Primero, ¿con quién me estoy enfrentando? Con el Ejército y con el Estado Mexicano. Y con Salinas. Empezamos a hacer una estrategia. Empezamos a meternos a los medios. Hubo una cosa que a mí me benefició. Yo tengo muchos amigos de la Universidad, me conoce mucha gente. Y dijeron, ¿el profesor dónde está? Lo metieron al bote. ¿Pues qué hizo? En ese entonces estaban apenas en pañales las ONG. El que primero toma mi caso fue don Emilio Krieguer que hizo un libro en defensa de la Constitución. Le dijo a Marie Claire (Acosta), ve el caso de ese militar de qué se trata. Y todas las ONG creían que era una maniobra para infiltrar al Ejército en las ONG. Conforme fuimos avanzando se dieron cuenta que no era eso. Y dijeron, ¿oye, en dónde está soportada tu tesis? En una tesis de maestría y aquí está.
– Se dice que usted era muy ordenado …
– Guardé todo. Mi abogado me decía oye, necesito este papelito. … Y me decía, no puede ser que tengas eso. Tengo la credencial de cuando fui a hacer el examen de ingreso. Todos los trámites de la Universidad. Tengo todo.
–¿Por qué contra usted?
– ¿Por qué hay ese encono conmigo? Primero porque yo traía pleitos con el secretario de la Defensa (Rivielo Bazán) desde que era cadete. Él nos robó nuestros anuarios, nuestros años de graduación, nos cobró por los exámenes. Seguimos caminando y tuvimos confrontaciones cuando él era general y yo era teniente coronel. Una vez me llamó a su oficina y me leyó la cartilla. Me dijo (al referirse a su tesis) no es tuyo. Y le dije: no mi General. Esa tesis es un trabajo de muchos años. Yo tengo años buscando cómo podemos reformar al Ejército. Me dijo: ¿Entonces no la retira? Respondí: No la retiro. De ahí me fui a la cárcel.
Y dije, se le va a pasar el coraje. Fue un berrinche que luego se hizo grande. Me decían, no te pelees con el Secretario, dile que te perdone y ahorita te deja ir. Mira, mándale una carta. No. No firmo nada. A mí no me tiene que perdonar de nada.
El ex General Gallardo participó hoy en una mesa de debate en el Colmex, junto a familiares del normalista Julio César Mondragón. Foto: Twitter @secolmex
Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El ex General Brigadier del Ejército mexicano, Francisco Gallardo Rodríguez, sostuvo que el ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014, “se trató de una maniobra militar que responde a una política de represión”.
Además sostuvo que “hay cárceles clandestinas que el Ejército dice que no hay”, y que ha habido casos de personas encarceladas hasta por 30 años. En este contexto, sostuvo que él ve la posibilidad de que los normalistas estén vivos.
Gallardo Rodríguez participó hoy en la tercera mesa sobre la tortura y la ejecución extrajudicial, “A un año de los hechos de Iguala”, organizada por el Colegio de México (Colmex), acompañado por Lorenzo Meyer, así como familiares y la abogada del normalista Julio César Mondragón, quien fue desollado y asesinado durante el ataque a los estudiantes en Iguala.
El General Gallardo sostuvo que toda la Policía de Guerrero está militarizada y opera junto con un cuerpo de espionaje, en este sentido, indicó que lo sucedió en Iguala “se trató de una maniobra militar que responde a una política de represión”.
Señaló que el Presidente Enrique Peña Nieto supo en tiempo real lo que estaba sucediendo en Iguala. “Lo que pasó en Ayotzinapa fue un crimen de Estado”, dijo.
“El Ejército mexicano sabe perfectamente dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, agregó.
El General Gallardo sostuvo que hay cárceles y crematorios del Ejército que son clandestinos. Por ello, instó a que la búsqueda de los normalistas se haga en las “oquedades” de Guerrero.
Comentó que hay casos de personas que han sido encarceladas hasta por 20 o 30 años, por lo que él ve una posibilidad de que los normalistas estén vivos.
Contextualizó que de acuerdo a documentos de inteligencia del Pentágono, que él mismo revisó, encontró el siguiente texto: “la amenaza más grande que detectamos son los movimientos sociales”.
En el Colmex, Gallardo conminó a los familiares de los normalistas a no quitar el dedo del renglón y que continúen apoyándose en las instancias internacionales, pues dijo “sí yo no tengo pruebas de que mi hijo está muerto, para mí está vivo”.
FAMILIA DE JULIO CÉSAR RECLAMA JUSTICIA
Por su parte, Lenin Mondragón Fontes, hermano del normalista Julio César, recriminó que a casi un año de los hechos, “no ha habido justicia para nosotros”.
“No se han abierto líneas de investigación sobre la muerte y tortura de mi hermano […] le arrancaron la cara y los ojos con vida”, denunció.
Sostuvo que su tristeza y su rencor es ante la ausencia de justicia y debido a que los hechos no se han esclarecido.
Lenin recordó que su hermano dejó a una niña de dos meses huérfana. “Y ahora [ella] ya empieza a preguntar por su papá y por lo que le pasó”.
Cuauhtémoc Mondragón, tío de Julio César, denunció además, que “el expediente de Julio dice muerte por agente contundente, nunca se menciona tortura ni nada”.
Por ello, sostuvo que se tiene que levantar la voz para que casos como éste no se repitan, además invitó a todos los presentes en la mesa del Colmex a que se unan a la lucha para tratar de que lo sucedido en Iguala se sepa y en contra de la impunidad.
Por su parte, Sauri Herrera, representante legal de la familia de Julio César Mondragón, sostuvo que pese a que hay una fotografía del cuerpo destrozado de Julio, “a la fecha no sabemos quién la tomó, quién la puso a circular”.
“La Procuraduría General de la República no ha sabido dar respuestas a las preguntas en torno a la fotografía del cuerpo torturado de Julio César Mondragón”, precisó.
Sostuvo que el caso de Julio es un ejemplo de ejecución extrajudicial, porque participaron miembros del Estado. Sin embargo, dijo, en el país no está regulado este delito.
“El tío de Julio y Marissa, su viuda, reclamaron desde que recibieron el cuerpo de Julio que se asentara que estaba torturado, [sin embargo] firmaron un acta de defunción que no asentaba la tortura por miedo a que se los robaran”, denunció.
Destacó que la familia de Julio César tomó fotografías del cuerpo torturado y fueron entregadas al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), las cuales ayudaron a cuestionar la versión oficial.
Dijo que Vicente Diaz Román, el forense del municipio de Iguala ocultó la tortura que era evidente en el cuerpo de Julio, incluso sólo integró 5 de 20 fotografías que fueron tomadas al cuerpo, argumentando que no se imprimieron las demás por falta de presupuesto.
Las fotografías que fueron entregadas al GIEI, fueron analizadas por el perito independiente Francisco Echeverría, quien pidió que se realice otra necropsia al cadáver.
“Le exigimos a las autoridades de Iguala las 20 fotografías tomadas al cuerpo de Julio para entregarlas al cuerpo de peritos argentinos”, agregó.
Además exigió que se realice la exhumación del cuerpo de Julio por parte de los peritos argentinos, y sostuvo que temen que se lleve a cabo por parte de la PGR, pues “no hay condiciones de su imparcialidad”.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
