El colectivo pidió que se reformule el proceso y se incluya a la sociedad civil y a los medios de comunicación en el seguimiento.
También consideró que el proceso de comparecencia “no debiera ser una mera formalidad. pues se trata de uno de los instrumentos más útiles para identificar el mérito y profundizar en las propuestas de quienes aspiran a la titularidad de la Fiscalía General de la República ahondar en aspectos preocupantes sobre sus antecedentes o posibles conflictos de interés”.
Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El colectivo #FiscalíaQueSirva declinó a asistir a la comparecencia de los aspirantes a la Fiscalía General de la República en el Senado, pues consideró que ese está llevando un proceso de “fast track”, que no ofrece “certidumbre de seriedad”.
Pidió que se reformule el proceso y se incluya a la sociedad civil y a los medios de comunicación en el seguimiento. Este lunes, los aspirantes an Fiscal comparecen ante los legisladores de la Comisión de Justicia del Senado.
? En Vivo, Comparecencias de aspirantes a la Fiscalía General de la República https://t.co/MHyxzS7X4z
“El colectivo #FiscalíaQueSirva, considera que el fast track, la vía rápida, para la designación de la persona que ejercerá el encargo de Fiscal General de la República, adoptado por Senado no responde a los estándares internacionales que vinculan al Estado mexicano, pues no garantiza, entre otros aspectos, una participación ciudadana efectiva y suficientemente informada para auditar el proceso de designación”, dijo en un pronunciamiento difundido este lunes.
“Insistimos: los procedimientos acelerados no llevan a ninguna buena auscultación”, dijo.
Precisó que por ello “considera inadecuado” asistir a la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Justicia que se realizará este lunes en el Senado, donde comparecerán ante los legisladores los aspirantes a Fiscal General.
“Declinamos la atenta invitación de los legisladores en virtud de que el procedimiento no ofrece certidumbre de seriedad”, dijo el colectivo que agrupa a más de 300 organizaciones y activistas.
Criticó que mientras en otros países las comparecencias duran 45 minutos, en México sólo 15.
El colectivo también consideró que el proceso de comparecencia “no debiera ser una mera formalidad. pues se trata de uno de los instrumentos más útiles para identificar el mérito y profundizar en las propuestas de quienes aspiran a la titularidad de la Fiscalía General de la República ahondar en aspectos preocupantes sobre sus antecedentes o posibles conflictos de interés”.
“Este proceso debe tener objetivos claros, ser planificado, y llevado a cabo con participación real de la sociedad civil”, recalcó.
“¿Quisieras un México más justo? Respalda la construcción de una Fiscalía general de la República independiente, autónoma y eficaz, sumándote a los esfuerzos de la iniciativa #FiscalíaQueSirva”, pide Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano.
Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Por qué México necesita una Fiscalía que sirva? Alejandro González Iñárritu, cineasta mexicano, lo explicó en un video que hoy circula en redes sociales.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó hoy el corto titulado Arriba el telón, narrado por Alejandro González Iñárritu, ganador de premios Óscar.
“La noche del 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías e integrantes de la delincuencia organizada. La Policía Federal y el Ejército tuvieron conocimiento del crimen y estuvieron presentes en eventos relacionados con esta desaparición, sin embargo, la Procuraduría General de la República no ha investigado a dichas instituciones”, contó González Iñárritu.
“Esto se llama impunidad. Y tiene una explicación: los ministerios públicos, los militares y los policías federales dependen del Presidente de la República. Lo mismo sucede cuando una fiscalía local no investiga a un Gobernador que desvía millones de pesos a empresas fantasma o cuando éste recibe dinero para que la delincuencia organizada opera sin castigo en su Estado.
“Las procuradurías y fiscalías son instituciones encargadas de investigar los delitos y llevar a juicio a los responsables. En el país dejamos de confiar en ellas al grado que solamente el 6 por ciento de los delitos son denunciados y en muy pocos casos se lleva a la cárcel a los culpables”, destacó.
Añadió: “Para que los delitos se castiguen, es necesario contar con fiscalías independientes del Presidente, independientes de gobernados, de partidos políticos, de la delincuencia y de intereses económicos; las cuales tienen que estar encabezadas por personas íntegras y especializadas en la investigación de los crímenes que más aquejan a la sociedad.
Y cuestionó: “¿Quisieras un México más justo? Respalda la construcción de una Fiscalía general de la República independiente, autónoma y eficaz, sumándote a los esfuerzos de la iniciativa #FiscalíaQueSirva”.
Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que la Fiscalía contará con un Consejo Técnico Ciudadano, cuyos integrantes tendrán una duración de cinco años; comisiones especiales para casos graves y cuatro causales de remoción del Fiscal.
Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado presentó este día su propuesta de Ley Orgánica para la Fiscalía General de la República realizada en conjunto con los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás.
El proyecto fue realizado en más de 15 mesas de diálogo con los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El proyecto podría presentarse el día de mañana ante la Tribuna del Senado. En caso de aprobarse, la ley pondría en marcha la autonomía de la Fiscalía General de la República e iniciaría un nuevo proceso para elegir a su titular.
En conferencia de prensa, Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que la Fiscalía contará con un Consejo Técnico Ciudadano, cuyos integrantes tendrán una duración de cinco años en el cargo; comisiones especiales para casos graves y cuatro causales de remoción del Fiscal.
El ex titular de la Fepade indicó que habrá Unidades de investigación y litigación, integradas por peritos, analistas y policías; equipos mixtos de investigación y Servicio Profesional de Carrera.
Santiago Nieto dijo que habrá un Plan de Persecución Penal, cuyo cumplimiento deberá informarse al Senado, además de cuatro fiscalías especializadas: delitos electorales, corrupción, derechos humanos y asuntos internos.
A través de un comunicado, #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás recordaron que trabajan en conjunto con el equipo del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para presentar la propuesta.
Desde hace más de dos años, los colectivos señalamos la urgente necesidad de transformar el modelo actual de procuración de justicia en México, para acabar con la impunidad y para que todas y todos podamos confiar en la justicia y vivir sin miedo.
Los colectivos indicaron que a pesar de que la propuesta fue elaborada en conjunto, no contiene todo lo que los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás propusieron. Sin embargo, resaltaron que el respeto a los derechos humanos y el mandato de evitar que los delitos queden impunes fueron elementos centrales del trabajo de las mesas.
Durante las mesas se acordó la creación de un Consejo Técnico de la Fiscalía General conformado por cinco ciudadanas y ciudadanos que cuenten con trayectoria y especialización en el tema para poder hacer recomendaciones al Fiscal.
“Una de las prioridades fue construir una estructura operativa con capacidad real para investigar casos de crimen organizado, corrupción y violaciones graves a derechos humanos. Asimismo, se plantea la creación de dos fiscalías nuevas: una Fiscalía de Derechos Humanos, que podrá hacer un abordaje integral de las investigaciones en esta materia, y una Fiscalía de Asuntos Internos, para la investigación de posibles casos de corrupción al interior de la propia institución”, dijeron.
Las y los integrantes de #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás reconocemos la apertura de las y los legisladores y las autoridades electas para el diálogo técnico y la elaboración de esta Ley Orgánicay del informe sobre reformas constitucionales!necesarias para que el diseño propuesto en la Ley funcione a cabalidad.
El pasado 1 de agosto, la Coparmex presentó una iniciativa de reforma al Articulo 102 que buscaría la designación de un Fiscal de transición, cambios en los requisitos de los aspirantes al puesto y en el proceso de selección, así como el establecimiento de fiscalías especializadas independientes.
Tatiana Clouthier destacó que actualmente se encuentra trabajando en el diseño de la Ley Orgánica de la Fiscalía, junto con integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y representantes de de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás.
Ciudad de México, 23 de agosto, (SinEmbargo).- Tatiana Clouthier, Diputada electa por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que la ruta para la construcción de la nueva Fiscalía General de la República pasa por la confección de la Ley Orgánica, antes de la designación del encargado.
Entrevistada al salir de una reunión con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexican (Coparmex), la propuesta por Andrés Manuel López Obrador como Subsecretaria de Gobernación celebró y dio la bienvenida a las iniciativas de reforma al Artículo 102, aunque señaló que la ruta legislativa que los diputados de Morena presentarán es otra.
“Ellos traen un camino; yo creo que ellos desde hace tiempo plantearon una ruta, la ruta de ellos es una, que es súper bienvenida, que tiene que ver con el camino propio de lo que están haciendo ellos para la iniciativa ciudadana“, destacó.
El pasado 1 de agosto, la Coparmex presentó una iniciativa de reforma al Articulo 102 que buscaría la designación de un Fiscal de transición, cambios en los requisitos de los aspirantes al puesto y en el proceso de selección, así como el establecimiento de fiscalías especializadas independientes.
Para ello, iniciaron y han impulsado una campaña de recolección de 117 mil firmas con lo que buscan que su iniciativa sea discutida en el Congreso de la Unión con el carácter de ciudadano.
Al respecto, Clouthier destacó que las propuestas de la Coparmex y del Gobierno de López Obrador no son contratantes sino distintos caminos para llegar a un objetivo en común.
“Hay caminos distintos, uno más empedrado que otro, uno más liso que otro, y cada quien tomará el que crea conveniente para llegar al Congreso y el Congreso tomará su decisión como forma colectiva”, apuntó.
En este sentido, puntualizó que actualmente se encuentra trabajando en el diseño de la Ley Orgánica de la Fiscalía, junto con integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y representantes de de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás.
En @Coparmex desayunando y platicando c sus miembros!
Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, anunció que continuarán con su campaña de recolección de firmas para lograr que su propuesta de reforma al Artículo 102 se discuta en el Congreso, y, con ello, dejar atrás las “incompetencias” en casos como los de Elba Esther Gordillo y Javier Duarte.
“Tenemos el propósito de lograr que la hoy Procuraduría General de la República se transforme, cuanto antes, en una Fiscalía General”, dijo ante medios.
Añadió que el Presidente electo les hizo el “compromiso personal“ de permitir que la Fiscalía trabaje de manera independiente. Sin embargo, destacó la importancia de que “quede plasmado para largo plazo en la ley”.
LA FISCALÍA DE TRANSICIÓN
Según la propuesta de la Coparmex, la figura de un Fiscal de transición permitiría cumplir con la elaboración de un diagnóstico y garantizar la transición efectiva de la actual PGR a la Fiscalía General.
Su elección podría hacerse del modo “tradicional”, es decir que el Presidente en turno envíe una terna al Senado, éste lo apruebe y entre en funciones de diciembre de 2018 a septiembre de 2021.
En este punto, la confederación patronal propone “elevar” los perfiles de los aspirantes para garantizar su experiencia en el ramo y su compromiso en el combate a la corrupción sin fines partidistas.
Si la reforma al Artículo 102 se aprueba, señala la Coparmex, en agosto de 2021, pasadas las elecciones federales intermedias, se daría inicio al proceso de selección del Fiscal General para un periodo de seis años en el cargo; la temporalidad, dijo la confederación, permitiría que el funcionario sea transexenal.
La Coparmex espera que antes de septiembre junte las 117 mil firmas necesarias, es decir el 0.13 por ciento de la lista nominal electoral, para que la iniciativa adquiera el carácter ciudadano y pueda ser discutida en el Congreso.
Para la recolección de las firmas emplearán la aplicación que el Instituto Nacional Electoral (INE) utilizó para que los aspirantes a candidatos independientes sumaran apoyos a sus plataformas.
“Como resultado de la reunión se acordó establecer una mesa de trabajo para intercambiar puntos de vista acerca del modelo de procuración de justicia en el que se inscribe la nueva Fiscalía General”, indicaron integrantes del movimiento #FiscalíaQueSirva.
En las próximas semanas se instalará la mesa y se informará puntualmente a la opinión pública sobre sus resultados. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Para tratar el tema de la nueva Fiscalía General de la República, organizaciones civiles que integran el movimiento #FiscalíaQueSirva se reunieron con integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo.
“Esta mañana representantes de los colectivos Fiscalía Que Sirva y Vamos PorMás se reunieron con Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, entre otros integrantes de los grupos de trabajo establecidos por el virtual Presidente electo”, se informó en comunicado.
Por parte de los colectivos, estuvieron presentes Eduardo Bohórquez, Ana Lorena Delgadillo, María Elena Morera, Haydeé Pérez y Alberto Solís.
“Como resultado de la reunión se acordó establecer una mesa de trabajo para intercambiar puntos de vista acerca del modelo de procuración de justicia en el que se inscribe la nueva Fiscalía General”, de acuerdo con la información.
En las próximas semanas se instalará la mesa y se informará puntualmente a la opinión pública sobre sus resultados.
“Un Fiscal general designado de manera exprés no puede operar dentro de una Procuraduría General de la República en ruinas y plagada de vicios”, afirmó el colectivo #FiscalíaQueSirva, por ello exigen contar con una institución de justicia independiente del poder económico y político, capaz de investigar los delitos y sancionar “con eficiencia” a los responsables.
El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, rechaza esta propuesta.Las organizaciones, explicó ayer el tabasqueño, piden el cambio constitucional antes de nombrar a los fiscales, y aunque dijo que tienen derecho a disentir, reiteró que el nombramiento lo hará con el procedimiento vigente.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– Más de 300 organizaciones civiles, personas defensoras de los derechos humanos y académicas llamaron al Senado a que, ante el cambio de gobierno que se avecina, no nombre a un Fiscal General sin antes contar con una fiscalía independiente. También pidieron al nuevo Gobierno, que encabezará el virtual Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dialogar con ellos “para transformar de fondo el sistema de procuración de justicia”.
Sólo al hacerlo México tendrá un sistema de justicia confiable y capaz de acabar con la corrupción y la impunidad, resaltaron en un comunicado las organizaciones y ciudadanos que se agrupan en el colectivo #FiscalíaQueSirva.
El colectivo exigió concluir la reforma al Artículo 102 de la Constitución, porque consideran que el procedimiento actual, donde el Presidente envía al Senado una terna de posibles fiscales que éste elige, no le garantiza a la instancia de justicia un ejercicio autónomo.
“Un Fiscal general designado de manera exprés no puede operar dentro de una Procuraduría General de la República (PGR) en ruinas y plagada de vicios”, afirmaron, por ello enfatizaron la necesidad de contar con una institución de justicia independiente del poder económico y político, capaz de investigar los delitos y sancionar “con eficiencia” a los responsables.
El grupo ciudadano pidió al próximo gobierno del morenista consultar a la ciudadanía para acabar con la impunidad. “La transformación del país demanda asegurar el Estado de Derecho, reformar y sanear nuestras instituciones e iniciar un proceso de reconciliación y diálogo. Queremos un sistema de justicia en el que podamos confiar”, resaltaron.
El llamado lo hicieron luego de que López Obrador se reuniera ayer con sus colaboradores del gabinete de seguridad y de que propusiera ternas para la Fiscalía general, la de anticorrupción y la electoral. Las organizaciones, explicó López Obrador, piden el cambio constitucional antes de nombrar a los fiscales, y aunque dijo que tienen derecho a disentir, el nombramiento lo hará con el procedimiento vigente.
“Yo lo único que les puedo decir es que el nuevo Fiscal general, como los fiscales anticorrupción y el fiscal electoral, van a ser gentes íntegras, de inobjetable honestidad; lo mejor de lo mejor. […] El Fiscal anticorrupción, hombre o mujer, va a ser una gente íntegra, sin ningún tipo de vinculación con grupos de intereses creados. Va a actuar con rectitud con la máxima, con el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, aseguró el tabasqueño.
“Les pido nos den oportunidad de que iniciemos con este proceso, porque en México se va a acabar la corrupción, vamos a limpiar de corrupción el país, es el compromiso que hicimos en la campaña y vamos a cumplir”, aseveró.
La organización internacional Artículo 19 lanzó la animación #GolesXlaJusticia donde, en el marco del arranque de la Copa Mundial de Fútbol y del próximo encuentro México contra Alemania, revela la situación de violencia e impunidad que se vive en el país y plantea la necesidad de una Fiscalía General independiente. Otras organizaciones le han hecho segunda.
“¿Cuántas veces le ganó México a Alemania en fútbol? Solo una vez ¿Y en impunidad? Siempre. Aquí 1 de cada 5 personas es víctima de algún delito y el 98% no se castiga. Urge una #FiscalíaQueSirva para que podamos confiar en la justicia. ¡Ayúdanos con tu RT! #GolesXlaJusticia”, plantea la Organización No Gubernamental.
Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).– La organización internacional Artículo 19, con apoyo de activistas y de otros colectivos, lanzó la mañana de este jueves, justo el día en que se inauguró la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, una campaña en redes sociales para exigir justicia para víctimas del crimen en México, el cese de la violencia y además la urgencia de que se aprueba una Fiscalía que sirva realmente a los intereses de los mexicanos y no de la cúpula del poder político.
“¿Cuántas veces le ganó México a Alemania en fútbol? Solo una vez ¿Y en impunidad? Siempre. Aquí 1 de cada 5 personas es víctima de algún delito y el 98% no se castiga. Urge una #FiscalíaQueSirva para que podamos confiar en la justicia. ¡Ayúdanos con tu RT! #GolesXlaJusticia”, plantea la Organización No Gubernamental (ONG) en su cuenta de Twitter.
¿Cuántas veces le ganó Méx ?? a Alem ?? en fútbol? Solo una vez ¿Y en impunidad? Siempre. Aquí 1 de cada 5 personas es víctima de algún delito y el 98% no se castiga. Urge una #FiscalíaQueSirva para que podamos confiar en la justicia. ¡Ayúdanos con tu RT! #GolesXlaJusticiapic.twitter.com/J5r5e721xN
Y luego, en un mensaje animado que comienza con el símbolo de la Copa Mundial de Fútbol, envía un poderoso mensaje, en alusión al primer partido que sostendrá la Selección Mexicana en Rusia 2018 contra la escuadra de Alemania.
“¡México golea a Alemania! 4 a 1. En México 4 de cada 23 fueron víctimas de un delito en 2017. En Alemania 1 de cada 23”, destaca.
También agrega: “Queremos confiar en la justicia #FiscalíaQueSirva”.
¿Sabes cuál es la mayor goliza de México a Dinamarca?
⚽ 20 –1 ?
…pero en asesinatos ?
Aquí se cometen 20 por cada 100,000 personas, en Dinamarca solo 1. Para vivir sin miedo necesitamos #SeguridadSinGuerra
Hace dos días, Artículo 19 informó que, de cara a la grave crisis de impunidad que se vive en México, más de 300 organizaciones civiles que integran los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, iniciarán luego de la elección federal del 1 de julio la recolección de firmas para presentar una iniciativa ciudadana que reforme el Artículo 102 constitucional e iniciar la construcción de una Fiscalía General autónoma e independiente del poder político.
“Nuestra intención al esperar que las campañas concluyan para iniciar la recolección de firmas es evitar el uso político de un tema que deberá ser prioritario para la siguiente legislatura”, plantearon las organizaciones que impulsan esta iniciativa.
Para estos grupos civiles, la creación de un Fiscalía Independiente es una acción urgente de Estado y no debe ser utilizada como bandera política de quienes están actualmente en la contienda electoral, por ello consideran que la discusión sobre una nueva Fiscalía tampoco puede reducirse al tema de quién la encabezaría o su proceso de designación.
Foto: Twitter
“Una discusión pública profunda sobre el tema [debe darse] para evitar que se mantenga el pase automático del Procurador, ya que la reforma constitucional que lo elimina no ha concluido en las legislaturas de los estados.
Los escándalos de corrupción como Odebrecht y la llamada “Estafa maestra”, así como el diagnóstico que un Tribunal Colegiado hizo sobre la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al caso Ayotzinapa reafirman que construir una Fiscalía General de la República debe trascender cualquier interés político y atender exclusivamente al interés público, plantearon los colectivos.
“Lo que se haga en los siguientes meses, tendrá consecuencias en la vida de las personas y sus derechos por muchos años”, plantearon.
La PGR se encuentra en estos momento sin un titular e inmiscuida en las acusaciones contra Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero. Sin embargo, tiene una serie de pendientes con víctimas de desaparición forzada y violación a derechos humanos. Desde hace tiempo, reclaman familiares y ONGs, no procura justicia y, por el contrario, está manchada de la crisis de impunidad y corrupción que ha marcado este sexenio.
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).- Víctimas y organizaciones de la sociedad civil lamentaron que la crisis por la que atraviesa la Procuraduría General de la República (PGR)– sin titular– perjudique directamente la búsqueda de miles de víctimas de desaparición forzada y viole los derechos humanos de los migrantes.
En un posicionamiento emitido este día, decenas de organizaciones civiles y activistas señalaron que la PGR se encuentra sumergida en una crisis que se ha agravado tras la falta de un titular– desde octubre de 2017–, así como por sus múltiples fallas en las investigaciones y “acuerdos publicados al vapor”, sin consultar a las víctimas. El caso más claro, señalaron, es la ley General en materia de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Forzada por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Vivimos una institución que no sólo vulnera los derechos humanos de víctimas y personas imputadas”, sino que es deficiente, lamentaron las ONGs.
Resaltaron que será difícil revertir la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos, por lo que urgieron al Senado de la República y al Presidente Enrique Peña Nieto a reformar de manera integral la PGR en una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz que investigue delitos y sancione a las personas responsables, en términos del Dictamen Ciudadano presentado ante el Congreso de la Unión y los partidos políticos.
“Se requiere una institución que dé respuesta a miles de víctimas y ciudadanos/as frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos”, subrayaron.
Entre las fallas de la PGR que destacan las organizaciones es la falta de acceso a expedientes, cierre de averiguaciones previas relacionadas con violaciones graves a derechos humanos, la desacreditación de pruebas independientes, la falta de espacios de diálogo, el incumplimiento con las sentencias de amparo y la emisión de acuerdos sobre investigación de casos de desaparición forzada sin que se tomara en cuenta familias y organizaciones.
Las organizaciones solicitaron que en tanto se realicen las reformas estructurales que son necesarias para combatir, a fondo y de raíz, la impunidad en México, y urgieron la pronta designación un Procurador independiente –bajo procedimientos acordes a estándares internacionales y con amplia participación ciudadana– que sea la persona más capaz para enfrentar en estos momentos la crisis de la PGR.
Por último, pidieron que se reformen los acuerdos publicados el 16 de febrero a partir de un diálogo con colectivos de familiares, organizaciones y agencias de Naciones Unidas que sirva como primer paso para atender todas las fallas que han generado la debacle de la PGR.
Los colectivos, que aglutinan más de 300 organizaciones, hicieron un llamado al los aspirantes presidenciales para que convenzan a sus partidos para que avalen una Fiscalía General independiente, y no una designada por el Presidente de la República.
Meade puede convencer a los senadores y diputados del PRI, Ricardo Anaya, a los del PAN, y López Obrador, a los de Morena, para que esta iniciativa sea discutida y votada en este proceso legislativo”, dijo Juan Pardinas, de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ciudad de México,31 de enero (SinEmbargo).- Los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva urgieron este día a los candidatos presidenciales a buscar convencer a los legisladores a crear una Fiscalía General autónoma y eficaz.
“El primer paso para cambiar esta dolorosa realidad es que en México deje de importar quién seas, y de dónde vengas; queremos que la justicia sea la misma para todos”, dijo Antonia Meda Cadena, representante de los colectivos.
Como parte de esta iniciativa, los colectivos lanzaran el sitio web reforma102.mx, en el que se pretende ofrecer un medidor para la ciudadanía sobre si los candidatos presidenciales urgen a sus propias bancadas a realizar el cambio antes de los comicios del 1 de julio.
“En las campañas presidenciales los compromisos toman forma de atole con el dedo cuando traen un notario y firman un compromiso. No queremos eso, queremos liderazgo manifestado en que Meade puede convencer a los senadores y diputados del PRI, Ricardo Anaya a los del PAN, y López Obrador a los de Morena para que esta iniciativa sea discutida y votada en este proceso legislativo”, dijo Juan Pardinas, de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) no cuenta con las herramientas para cumplir con los problemas que aquejan del país, insistieron.
La importancia de reformar el 102 constitucional radica en que el Fiscal General no sea designado por el Presidente de la República, explicó Cardinas.
Los colectivos, que aglutinan más de 300 organizaciones, hicieron pública su petición durante un evento en el Ángel de la Independencia, en la capital del país.
El pasado 15 de diciembre, representantes de #FiscalíaQueSirva acudieron al Senado de la República para manifestar su rechazo a la Ley de Seguridad Interior e insistir en que los legisladores dejaron olvidado el tema de la Fiscalía General, dejando al país con iniciativas reactivas sobre seguridad pero no de justicia.
“Hay otras formas, otros temas, otras acciones legislativas relevantes. Sabemos que hay nombramientos por hacer, pero ninguno tiene la relevancia de crear una fiscalía”, dijo hoy Eduardo Bohórquez, representante de Transparencia Mexicana.
La renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la PGR y la intención de postergar el nombramiento del nuevo Fiscal General de la República, tal y como mencionó Enrique Peña Nieto, tienen por objeto facilitar el proceso electoral al PRI, sostiene el Senador Ernesto Ruffo Appel.
Organizaciones de la sociedad civil también criticaron la propuesta del Presidente Peña Nieto de aplazar el cambio institucional y constitucional.
“Estamos viviendo uno de los años con mayores niveles de violencia, y homicidios, y considera que los familiares de esas víctimas pueden esperar al siguiente sexenio para tener una Fiscalía [General de la República] con capacidad de investigación sí se me hace una negligencia”, afirmó Juan Pardinas, director General del IMCO.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- El Senador del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Ruffo Appel consideró que el Presidente Enrique Peña Nieto pretende retrasar la discusión sobre la nueva Fiscalía General de la República después de los comicios para evitar una factura electoral. Mientras, organizaciones de la sociedad civil urgieron que a la discusión y nombramientos del nuevo ministerio público nacional se le dé celeridad ante la crisis de inseguridad e institucional que atraviesa el país.
El legislador explicó que después del 1 de julio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantendría aún por dos meses la mayoría en la actual legislatura del Congreso de la Unión, por lo que se podría convocar a una Comisión Permanente para dictaminar sobre la procuración de justicia.
“Entonces, ya con conocimiento del resultado electoral y de cual irá a ser la composición del nuevo Poder Legislativo, el PRI tomaría algunas estrategias. […] No hay que olvidar que el resultado electoral del 2018 va ser en julio y todavía va estar presente la actual legislatura”, dijo.
El panista sostuvo que con la postergación para discutir este tema también se evitará hablar de cómo combatir la corrupción, lo que le “costaría” votos al PRI conforme se llevan a cabo las discusiones de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Nacional.
“Lamentablemente una serie de averiguaciones de corrupción han sido minimizadas por el actual Gobierno a través de la Secretaría de la Función Pública, y la incorporación del nuevo sistema de justicia penal, que todavía ocupa que se hagan las reformas legales para la operación misma de varias de las dependencias incorporadas al Sistema Nacional Anticorrupción”, expuso Ruffo.
Ayer, Raúl Cervantes Andrade decidió dejar la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR) y argumentó que se utilizaron sus supuestas aspiraciones políticas como una excusa para no terminar de aprobar las leyes que den vida a la Fiscalía General de la República.
Enrique Peña Nieto, Presidente de México, durante su participación en un foro habló sobre designar al próximo Fiscal General hasta después de las elecciones 2018. Foto: Moises Pablo, Cuartoscuro
Horas después, el Presidente Enrique Peña Nieto -quien debe elegir a tres de los candidatos que el Senado le ofrezca para ser titular de la PGR- aseguró que la designación se haría después de las elecciones, una vez se haya apagado “la efervescencia” política.
“Es muy desafortunada la coincidencia de puntos de vista entre Andrés Manuel López Obrador y el Presidente Peña Nieto de que esto es algo postergable […]. Estamos viviendo uno de los años con mayores niveles de violencia, y homicidios, y considera que los familiares de esas víctimas pueden esperar al siguiente sexenio para tener una Fiscalía con capacidad de investigación sí se me hace una negligencia”, señaló Juan Pardinas, director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Ocho días antes de la renuncia de Cervantes, Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), propuso nombrar a los fiscales después de las elecciones.
Otros partidos de oposición no están de acuerdo con la postergación del nombramiento del nuevo Fiscal de la nación.
“El tema electoral, seguramente, afectará en muchas decisiones que se tengan que tomar por consenso político. Pero, por encima de eso, tiene que estar la obligación de quienes tratamos en el Poder Legislativo y Ejecutivo de hacer lo que nos toca para que las instituciones funcionen”, dijo apuntó la presidente de la Comisión de Justicia del Senado Pilar Ortega Martínez.
Ortega Martínez, Senadora por el PAN, priorizó entre las próximas tareas a emprender la aprobación de las leyes orgánicas y constitucionales de tal forma que se garantice la autonomía de la Fiscalía General.
Trabajos que, estimó, podrían realizarse de haber voluntad política antes del 15 de diciembre.
Raúl Andrade Cervantes renunció al cargo del Procurador General de la República el 16 de octubre pasado. Foto: Móises Pablo, Cuartoscuro
Aunque consideró que “nombrar ahorita un titular de la PGR no sirve de nada. Al contrario volveríamos a la discusión de que ese titular de la PGR puede ser que tenga el pase automático”.
Derivado de las reformas electorales del 2014, se aprobó la transformación de la PGR en Fiscalía General, donde los legisladores estipularon que el Procurador General se convierta automáticamente en Fiscal General, una vez cumplida la transformación de la institución -cargo que ocuparía por nueve años-.
Pese a que Peña Nieto propuso revertir el pase automático a través de una iniciativa de ley enviada al Senado el 29 de noviembre del 2016, la propuesta presidencial aún duerme el sueño de los justos.
“Y aquí estamos hablando de reformar la constitución, no sólo en el transitorio [relacionado al pase automático], sino que tiene que modificarse el [Articulo] 102 constitucional para eliminar la facultad del Presidente de la República de proponer al Fiscal y de decidir si lo quita”, dijo el Senador Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
PROPUESTAS CIUDADANAS
Más de 100 organizaciones ciudadanas y de la iniciativa privada exigieron al Congreso aprobar reformas para crear una Fiscalía General autónoma, capaz e independiente. Foto: Juan Luis García, SinEmbargo.
El pasado 29 de agosto, 299 organizaciones de la sociedad civil, redes civiles y grupos empresariales, conglomeradas en las iniciativas #VamosPorMas y #FiscalíaQueSirva, firmaron una demanda ciudadana para exigir cambios a la reforma del 2014. Hoy, las organizaciones como el IMCO, o el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD), señalaron que la sociedad civil está lista para participar en cualquier mesa de coadyuvancia para redactar leyes.
“Al 2017 todavía le quedan 10 semanas para por lo menos sacar el diseño constitucional, un periodo extraordinario el año que entra para sacar el diseño legal, y después nos concentramos en quién la va a encabezar”, aseveró Pardinas.
De acuerdo con la propuesta ciudadana, los aspirantes al cargo de Procurador no podrán haber ocupado de forma previa un puesto de elección popular en los últimos cuatro años. El planteamiento civil dejaría fuera una vez más a Cervantes, quien fue Senador del PRI hasta el 25 de octubre del año pasado.
“La decisión de renunciar está más en función de esa relación con el Ejecutivo federal y no tanto con el proyecto institucional”, explicó Édgar Cortez Morales, investigador IMDHD.
La propuesta ciudadana también pretende la creación de un Consejo del Ministerio Público, que haga contrapeso al interior de la Fiscalía a las decisiones del titular de la dependencia. El Consejo estaría compuesto por seis consejeros, encargados de evaluar el desempeño de la próxima institución.
Cortez señaló que la división de poderes debería de verse reflejada en la decisión de iniciar los trabajos legislativos para modificar la ley orgánica de la Fiscalía, y más tarde elegir un titular.
“Se reitera la posibilidad de tener una PGR que dé resultados. No sólo pasa por la persona que la encabeza, sino en el rediseño de la institución. Para que sea capaz de ofrecer resultados en pendientes, atrapados por la corrupción o la impunidad”, dijo Cortez.
En una carta entregada este miércoles al presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, los ciudadanos integrados en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva exigieron al Senado frenar la aprobación de la ley de la Fiscalía General que activaría el pase automático de Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR.
Pero el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción fue más allá, propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida de Raúl Cervantes y el nombramiento de un Procurador de transición.
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo). – Representantes de más de 200 organizaciones, integradas en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, exigieron al Senado frenar la aprobación de la ley de la Fiscalía General que activaría el pase automático de Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, quien exhortó a los senadores para que el cambio de la PGR a Fiscalía General de la Nación sea “independiente, autónoma y eficaz”.
Pero el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue más allá, propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida de Raúl Cervantes y el nombramiento de un Procurador de transición.
En una carta entregada este miércoles al presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero Arroyo, las más de 200 organizaciones demandaron a los legisladores que no se realice ninguna designación mientras no se concrete la reforma integral al artículo 102 de la Constitución.
“Estamos quizá ante la más importante oportunidad en muchas décadas para fortalecer el Estado de derecho y para frenar la corrupción y la impunidad en México”, expusieron en la misiva de entrega del dictamen ciudadano al Senado.
Los activistas señalaron que privilegian la construcción de una Fiscalía General autónoma, independiente y con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones, pues deben asegurar que el texto constitucional otorgue a la Fiscalía las facultades y los recursos para su eficaz funcionamiento, así como los controles democráticos adecuados.
Además, precisaron que coinciden con la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto para suprimir el llamado “pase automático”, aunque la considera insuficiente.
Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República, recibió a integrantes del movimiento #VamosPorMás, quienes le entregaron una propuesta ciudadana sobre la aprobación de la Ley de la Fiscalía General. Foto: Diego Simón, Cuartoscuro.
Así que, el modelo constitucional que los representantes de las organizaciones proponen “cuenta con un mecanismo de designación de su titular basado en la evaluación profesional mediante un procedimiento público en el que participan el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, acompañados por la observación y la opinión de una comisión ciudadana”.
También aseguraron que su propuestas no es un pronunciamiento a favor o en contra de alguna persona, ni están proponiendo candidatos. “El dictamen ciudadano solo se pronuncia por un proceso abierto, competitivo y meritocrático”, precisaron.
Para los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, la credibilidad de la nueva Fiscalía depende de la legítima designación de su titular, “por eso el ‘pase automático’ es, a todas luces, inaceptable”.
Con el ánimo de contribuir, los activistas entregaron la propuesta ciudadana que también contiene las bases para la profesionalización de la institución y pidieron “una Fiscalía fuerte pero con mecanismos de control interno y de rendición de cuentas”.
“Estamos listos para, junto con el Senado de la República y bajo el formato de parlamento abierto, construir en consenso la Fiscalía autónoma, independiente y eficaz que México requiere con urgencia”, finalizaron.
FISCALÍA AUTÓNOMA Y EFICAZ: CNDH
Durante su participación en la presentación del informe de Actividades 2017 de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) en el Senado de la República, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, invitó a los senadores a que consideren que el cambio de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la Nación, sea “independiente, autónoma y eficaz”.
“Deberemos tratar los temas [de seguridad y justicia] en un esquema amplio para tratar de manera conjunta y estructurada las partes trascendentales de la justicia penal, junto con el esquema y estructura de impartición y justicia para completar el cambio de la actual Procuraduría General a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz, así como determinar el tipo de autoridad que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, así como los modelos bajo los cuales se daría su operación”, dijo.
Además, el ómbudsman afirmó que “la atención a los problemas de seguridad y falta de acceso a la justicia no pueden subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas, se requieren soluciones integrales”.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, y el nombramiento de un Procurador de transición.
“De manera respetuosa nos permitimos someter a la consideración de ustedes, lo siguiente: Primero. Evaluar la pertinencia de nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General de la República”, expusieron los cinco integrantes del Comité en una misiva.
Mientras dure el periodo de transición, sugirieron, se podría redefinir el marco constitucional de la Fiscalía General de la República, considerando las propuestas de los diversos actores y grupos sociales.
“Nuestra propuesta es que con apertura y enfoque plural, se diseñe el perfil del Fiscal General de la República, sobre todo en un momento en que su designación se encadenará y servirá de modelo para los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, magistrados anticorrupción y Auditor Superior de la Federación, así como de los funcionarios de las entidades federativas que sean equivalentes”, afirmó.
EL Comité recordó que México necesita de entendimientos viables que fortalezcan el Estado de Derecho y protejan las instituciones públicas. “Es nuestro interés que las anteriores propuestas cumplan con esa finalidad”, expuso.
Los delitos contra la libertad de expresión son la punta de lanza de la ineficiencia de la Procuraduría General de la República. En tanto que la impunidad en México alcanza al 98 por ciento en la mayor parte de delitos, los cometidos contra periodistas rondan en el 99.7 por ciento.
Un panorama que no cambió con la toma de protesta de Raúl Cervantes Andrade al frente de esa dependencia, ni lo hizo con las promesas del Presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo, dos días después del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del medio Río Doce y colaborador de La Jornada en Sinaloa.
Los periodistas en México siguen siendo blanco de agresiones. Apenas el 23 de agosto fue acribillado a balazos Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan, en Veracruz. Las organizaciones Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras ven en la inacción de la procuración de justicia un mensaje de tolerancia ante estos hechos atroces.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- Hoy la principal carta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para ocupar el cargo de Fiscal General es Raúl Cervantes Andrade, a quien las organizaciones de la sociedad civil tachan de no haber reducido la impunidad que impera sobre los delitos contra la prensa.
El 10 de mayo pasado, Ricardo Sánchez fue elegido como el nuevo titular de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Un personaje que recibiría las principales críticas, pese a la corresponsabilidad de procurar justicia que recae sobre el titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Esta Fiscalía Especial se crea con el ánimo de contener políticamente las deficiencias de la PGR, para que el mal actuar de esta Procuraduría no le afecte al Procurador, sino al Fiscal que es Ricardo Sánchez”, expone Diego Martínez, integrante del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19.
México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, según esa organización internacional.
En seis años, la Feadle ha resuelto tres casos de 800 carpetas de investigación abiertas, dejando una tasa de impunidad del 99.7 por ciento del total de casos, destacó en su último informe Artículo 19.
En el transcurso de este año, nueve periodistas han sido asesinados. El último fue asesinado Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan, en Veracruz, junto a un ex jefe policial y otra sujeto no identificado.
El actual Procurador Raúl Cervantes arrastra señalamientos por la falta de aplicación de la justicia en los delitos contra periodistas. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
Circunstancia que le valió al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián afirmar que el ataque no estaba dirigido al periodista.
“Hay una negación al trabajo periodístico. Los casos no se investigan con una perspectiva que resalte la importancia del periodismo, y las primeras diligencias son cuestionar la calidad de periodista que fueron las víctimas”, dijo Martínez.
De acuerdo con el informe “Libertades en resistencia” de artículo 19, el 53 por ciento de las 426 agresiones registradas contra periodistas entre el 2015 y el 2016 fueron perpetradas por autoridades.
Una de los factores que contribuye a la impunidad de los delitos, han coincidido organizaciones civiles.
“Con estos datos se quita el mito que quien agrede a los periodistas es sólo la delincuencia organizada. Segundo, si tienes por un lado a una autoridad involucrada y al mismo tiempo una institución con poca capacidad de investigación se acentúa la problemática”, dijo Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.
Del año 2000 a mayo del 2017 fueron asesinados al menos 126 periodistas, dijo en su momento la Comisión Nacional de los Derechos humanos.
La organización Reporteros Sin Fronteras expuso que la PGR debe asumir las deficiencias a nivel federal, como también las fiscalías estatales son parte del problema de la impunidad.
“Las sentencias de homicidios por periodistas han llegado con una serie de irregularidades, después de muchísimos años, como es la de ‘El Choco’, que fue una consignación que llegó después de ocho a nueve años”, dijo Balbina Flores, representante para México de Reporteros Sin Fronteras.
“Podemos decir que la justicia en este país no existe, o es muy lenta y hay autoridades bastante omisas en las investigaciones. Y el caso más dramático es el de los periodistas desaparecidos”, dijo Flores.
En un país con más de 30 mil desaparecidos, los periodistas no han quedado ajenos a ser desaparecidos por autoridades.
Reporteros Sin Fronteras en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas ha vuelto llamar la atención de la PGR sobre los casos que hay en México.
“Hay dos periodistas que han cumplido 11 años de haber desaparecido y no hay resultado de esas investigaciones. Es el caso de Alfredo Jiménez Mota, reportero de ElImparcial de Hermosillo, Sonora, y José Antonio García Apac del diario Ecos de Tepalcatepec, Michoacán”, detalló Flores.
RESISTENCIA EN EL GOBIERNO
Diferentes exigencias de justicia por el asesinato de Javier Valdez se han realizado ante las autoridades federales. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro
El 15 de mayo fue asesinado afuera del medio Río Doce, el fundador de ese diario Javier Valdez. El crimen sobre el veterano reportero en temas de crimen organizado atrajo la atención internacional.
Y el Presidente aseguró, dos días más tarde, anunció medidas presupuestales para fortalecer el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, que este año inició con cero recursos.
Esto pese a que necesita 40 millones de pesos para funcionar de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, cuyo titular Miguel Ángel Osorio Chong garantizó en junio una bolsa suficiente para operar el resto del año.
Martínez recordó que la asignación presupuestal no es sinónimo de efectividad para poner a la orden de la justicia a los responsables de los asesinatos a periodistas.
“Este anuncio se hizo cinco días después de la toma de protesta de Ricardo Sánchez. Es un nuevo Fiscal, pero no se designan nuevos agentes del Ministerio Público. Éstos son los mismos que estaban con su predecesor Ricardo Nájera”, dijo Martínez.
De tal suerte que cambiando la cabeza pero no los mandos medios es difícil encontrar un nuevo aire de eficiencia.
En tanto el clima de violencia fomenta un mensaje de impunidad para futuros crímenes, dijo Flores.
FISCAL GENERAL
Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, no ha roto con la impunidad en la investigación de los asesinatos contra periodistas. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
El pasado martes 29 de agosto, casi 300 organizaciones de la sociedad civil, junto con sectores organizados de la Industria Privada, exigieron al unísono una Fiscalía autónoma.
Una de las principales peticiones ha sido la prohibición de un pase directo del actual procurador Raúl Cervantes Andrade al puesto de Fiscal General, una vez se expidan las leyes secundarias de la futura Fiscalía General.
Pese a que el PRI ha respaldado abiertamente al funcionario. Las organizaciones no lo ven con los mismos ojos, y los crímenes sobre periodistas son uno de los alicientes para condenar la actual gestión de Cervantes, antes Senador por el PRI.
“Todo depende de cuál sea el parámetro. Si medimos su actuación en la lucha contra la impunidad, la disminución de la delincuencia organizada, la efectividad en delitos de alto impacto –como Ayotzinapa u Odebrecht–, no me parece que tenga buenas cuentas que presentar”, dijo Cortez, quien pertenece a una de las organizaciones firmantes antes mencionadas.
En los próximos días un proyecto de dictamen ciudadano será enviado por los ciudadanos al Congreso. En el mismo, se espera que el próximo fiscal haya estado libre de cargo de elección popular alguno en os últimos cuatro años.
Un punto que de ser tomado en cuenta dejaría fuera a Cervantes, quien hasta el 2016 pidió licencia al cargo de Senador, a quien se le debe evaluar con base a resultados concretos, han dicho las organizaciones civiles.
“Si la PGR no tiene prioridades quedaremos en el gran dilema de que todo termina siendo un asunto político y no de resultados verificables. Sin parámetros, nos vamos a quedar con que el PRI dice que Cervantes tiene méritos porque lo conocen, porque ha cuidado los intereses de ese partido, pero no por sus resultados en materia de aplicación de la justicia”, dijo Cortez.
“Construir una Fiscalía General autónoma, capaz, independiente requiere de la activa participación de todos los sectores de nuestra sociedad. Confiamos en que abrirán el espacio para escuchar y deliberar sobre el contenido de nuestra propuesta, para tener una Fiscalía General que sirva a nuestra sociedad”, dicen diversas organizaciones que buscan que el nombramiento del nuevo Fiscal General de la República no sea a través de una decisión con fines políticos y sin pensar en el Estado de Derecho.
Pero ayer, en ausencia de la mayoría de la bancada del Partido Acción Nacional, el Pleno del Senado de la República eligió la noche de ayer a Ernesto Cordero Arroyo como presidente de la Mesa Directiva para el periodo 2017-2018, con respaldo de las bancadas del PRI, PVEM y PRD. En la votación los únicos panistas que participaron fueron los identificados como parte del grupo político del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa: el propio Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil y Salvador Vega Casillas. Todos ellos apoyan la candidatura del Procurador Raúl Cervantes como Fiscal General.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– Colectivos, organizaciones y la iniciativa privada se unieron en una nueva proyecto que busca suprimir el llamado “pase automático” en el nombramiento del Fiscal General de la República y propone una iniciativa que permita abrir el diálogo para su elección.
Los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva reaccionó este día, en un carta abierta al Senado de la República, ante el posible nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como Fiscal General.
Los colectivos señalaron que le nombramiento del Fiscal deber ser una decisión que “genere confianza y arraigo en nuestra sociedad” ya que, detallan, como abogado de la Nación “requerirá un amplio respaldo social.
Afirman que esta decisión ha dejado de ser un asunto de Gobierno para convertirse en un tema de Estado por lo que llamaron al Senado a considerar la necesidad de una discusión abierta sobre alternativas para construir la nueva opción, lo que incluye al método de designación de Fiscal.
Las organizaciones pidieron suprimir el llamado “pase automático” de los artículos transitorios del artículo 102 Constitucional y proponen un proyecto ciudadano de dictamen a este artículo el cual considera nueve iniciativas.
Este proyecto se busca presentar al inicio de las sesiones ordinarias, el próximo 4 de septiembre previo a la primera sesión del año.
“Construir una Fiscalía General autónoma, capaz, independiente requiere de la activa participación de todos los sectores de nuestra sociedad. Confiamos en que abrirán el espacio para escuchar y deliberar sobre el contenido de nuestra propuesta, para tener una Fiscalía General que sirva a nuestra sociedad”, señalan los colectivos.
El paso 29 de agosto, más de 299 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en el Ángel de la Independencia para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) se transforme en una Fiscalía Autónoma, capaz e independiente.
“El asunto del pase directo del actual Procurador, no es un asunto de votos, sino se tiene que medir con el desempeño que ha llevado a cabo. Lo que yo te puedo decir es que en materia de delitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos el trabajo del Procurador ha sido sumamente deficiente.”, dijo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
También los empresarios dejaron claro su punto de vista.
“Lo digo categóricamente bajo ninguna circunstancias vamos a optar por un pase automático, debe de analizarse a fondo. Y cualquier persona que tenga interés y la calificación deberá seguir un proceso formal para analizarse su viabilidad de ser electo, eso incluye al actual Fiscal y cualquier otro funcionario”, dijo Gustavo De Hoyos, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Derivado de la reforma-político electoral del 2014 se mandó el cambio de Procuraduría a Fiscalía.
Sin embargo, la transición quedó estancada y tres años después las organizaciones civiles ven el riesgo de que la nueva Fiscalía sea sólo un cambio de estatus jurídico, sin nuevos procedimientos ni rendición de cuentas.
“Capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, incapaz de cumplir cabalmente su mandato, la PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la impartición de justicia en México”, apuntaron las oenegés en un comunicado.
EL PRI IMPONE A CORDERO EN EL SENADO
En ausencia del Partido Acción Nacional (PAN), el Pleno del Senado de la República eligió la noche de ayer a Ernesto Cordero como presidente de la Mesa Directiva para el periodo 2017-2018.
La elección del ex Secretario de Hacienda se concretó con el respaldo de las bancadas del PRI, PVEM, Morena y PRD.
En la votación los únicos panistas que participaron fueron el mismo Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil y Salvador Vega Casillas. Todos ellos han apoyado públicamente la candidatura del Procurador Raúl Cervantes como Fiscal General.
La resolución se tomó luego de que las también panistas Adriana Dávila y Angélica Rijas fueran vetadas por PRI para que pudieran ocupar la presidencia de la Mesa Directiva.
A casi un año de su toma de protesta al frente de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade enfrenta una férrea oposición para mantenerse en el cargo una vez que la dependencia se transforme en Fiscalía General: Cientos de grupos civiles, organizaciones patronales y ciudadanos alzaron hoy la voz en contra del pase automático de Cervantes ante el impulso que el PRI ha manifestado para imponerlo por nueve años más al frente del nuevo Ministerio Público del país.
Dentro de los conglomerados #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva ha surgido un proyecto de dictamen ciudadano que buscaría romper el pase automático del actual Procurador y a la vez plantea una serie de mecanismos que impedirían a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto blindarse, como acortar el plazo de gestión del nuevo Fiscal y un Consejo interno que avalúe a la naciente institución.
¿Podrán los opositores frenar el nombramiento con el antecedente de que Raúl Cervantes Andrade fue nombrado titular de la PGR también sin su consentimiento?
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Este martes, durante el acto realizado en el Ángel de la Independencia, organizaciones sociales y empresariales rechazaron el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como Fiscal General de la República. Y no fueron pocos. Se trata de 299 grupos civiles y organizaciones patronales, además de ciudadanos que exigieron que el titular del nuevo Misterio Público del país sea autónomo del Presidente Enrique Peña Nieto.
Se trata de un coro pocas veces visto, de voces que vienen desde distintas partes de la sociedad civil.
“Podemos decir que este Procurador no ha hecho su trabajo. Es alguien que es parte del problema, por eso se ha organizado este colectivo”, sostuvo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMPDHD) durante el mitin.
No es la primera vez que un nombramiento de Cervantes causa controversia, el pasado 26 de octubre, su designación como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) conmocionó a grupos críticos y de oposición que lo bautizaron en redes sociales como el #FiscalCarnal, en alusión a la cercanía que mantiene con el Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo.
Sin embargo, el Presidente se sostuvo y lo convirtió en el sucesor de Arely Gómez González y en su tercer encargado de la PGR.
Hoy, los grupos civiles y empresariales que se oponen al pase automático levantaron la voz nuevamente y no solo ello, tienen una propuesta. En los próximos días las organizaciones firmantes enviarán un proyecto de dictamen al Congreso de la Unión para que sean modificados transitorios de la reforma político electoral hecha a la Constitución en el 2014, el centro de la iniciativa de los cientos de organizaciones civiles es la “independencia política”. Que dejaría virtualmente fuera a Raúl Cervantes Andrade.
Raúl Cervantes Andrade, cuenta con el apoyo de la bancada del PRI, y a la vez con el rechazo ciudadano. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
En el proyecto ciudadano, ningún aspirante podría ocupar el cargo, si ha tenido un puesto de elección popular en los últimos cuatro años y Cervantes fue Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el 25 de octubre del año pasado.
Las organizaciones parecen tener claro la necesidad de acotar los poderes del Fiscal. Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), detalló que también se proponen cambios que harían contrapeso al próximo Fiscal dentro de la misma dependencia, al incluir un Consejo del Ministerio Público de la Federación, compuesto por seis consejeros, que se encargaría de evaluar el desempeño de la futura institución.
La propuesta plantea además sustituir el plazo de este cargo de nueve años, como se estableció en el 2014, a cuatro para el primer Fiscal, y que a partir del segundo, este encargo se alargue a seis años.
“Esto es interesante porque va a romper la lógica sexenal. Y en cuanto a la reducción de años, […] pues si tú ves es un cargo que conlleva mucha presión”, señaló Corona.
EL DESGASTE DE CERVANTES
El ex Gobernador del PRI César Duarte Jáquez, acusado desviar 79 millones de pesos, continúa prófugo, sin que se hayan iniciado un proceso junto con los Estados Unidos, para extraditarlo. A esto se suma, el caso de espionaje a activistas y defensores de derechos humanos del que hasta la fecha no hay responsables.
En tanto que recientes escándalos por sobornos de Odebrecht entregados al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, han terminado en la apertura de una carpeta de investigación sin repercusiones para el ex funcionario, pese a que tres directivos de la constructora brasileña lo acusan de recibir 10 millones de dólares, cuatro de ellos cuando Peña Nieto era candidato presidencial.
El ex director de Pemex Emiliio Lozoya Austin, el más reciente caso de gran impacto mediático que tiene la PGR. Foto: Cuartoscuro
Todos estos casos recientes y de impacto mediático más los que arrastra la dependencia desde los primeros años -caso Ayotzinapa, Tlatlaya y el asesinato de perioistas, entre otros- han minado la gestión de Cervantes, a decir de sus críticos:
“Lo que yo te puedo decir es que en materia de los delitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, el trabajo del Procurador ha sido sumamente deficiente”, consideró Guevara.
No sólo es a nivel interno que la PGR de Cervantes no actúa, incluso ante ordenamientos de instituciones internacionales, reclaman los opositores. Uno de ellos es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 por el Ejército, un caso que no ha sido atendido a pesar de haber una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Otro caso que no ha sido atendido, enlistó el director ejecutivo de la CMPDHD, es el de cuatro civiles de Rosarito, que de acuerdo con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas fueron torturados por el Ejército, “entonces este Procurador no tienen ningún mérito para poder pasar a ser Fiscal General y menos aún por nueve años”, agregó José Antonio Guevara.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) adelantó que Raúl Cervantes tendrá, si es que los partidos lo promueven como candidato, que pasar por los mismos filtros de idoneidad que el resto de candidatos.
“Cualquier persona que tenga un interés y la calificación deberá de seguir un procesos formal para que pueda analizarse la vialidad de ser electo. Eso incluye al actual Fiscal, y cualquier otro funcionario”, dijo Gustavo De Hoyos Walther, Presidente de la Coparmex.
El mensaje podría estar directamente dirigido a las bancadas del PRI, que hoy mismo anunció públicamente su respaldo para que sea Raúl Cervantes el próximo Fiscal General, pese a que el Presidente Enrique Peña Nieto envío una iniciativa en noviembre del año pasado para reformar el Artículo 102 de la Constitución para cancelar el pase automático.
Sin embargo, previendo una designación a dedazo, las organizaciones han pedido desde ya ser parte de las discusiones de los diferentes dictámenes de ley que darán origen a las leyes secundarias de la futura Fiscalía General.
“Se está buscando tener un proceso de análisis con una apertura, que pueda sensibilizar a la gente del proceso que están tomando sus representantes, y generar consciencia”, dijo Corona, sobre el interés de las organizaciones de que las discusiones se lleven bajo el formato de “Parlamento Abierto”, el cual incluye la divulgación de las propuestas de cada partido a través de plataformas digitales.
Los empresarios aseguraron que no impulsaran el fracaso del Sistema Nacional Anticorrupción. De Hoyos dijo que la Coparmex estará apoyando la presente proyecto de dictamen, así como una nueva ola de leyes.
“La primera es una nueva Fiscalía General, vamos por más, por una nueva Ley de Obra Pública, de Adquisiciones, del régimen de financiamiento de partidos políticos y, desde luego, por un nuevo régimen en materia del fuero constitucional”, advirtió el presidente de la Coparmex.
Organizaciones ciudadanas y de la iniciativa privada exigieron al Congreso aprobar reformas para crear una Fiscalía General autónoma, capaz e independiente. Desde el Ángel de la Independencia, agrupados en el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, pidieron que el titular de ese órgano no sea producto de un “pase automático”, sino de un proceso de selección transparente, basado en méritos y alejado de las cuotas de partidos.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Más de 299 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en el Ángel de la Independencia para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) se transforme en una Fiscalía Autónoma, capaz e independiente.
En los próximos días las organizaciones prevén presentar un proyecto ciudadano de dictamen al Congreso con el fin de reformar los transitorios constitucionales del 2014. Con el fin de romper con la opacidad de las discusiones, los colectivos #VamosPorMas y #FiscalíaQueSirva pretenden una discusión en un formato de parlamento abierto.
La sociedad civil espera ser tomada en cuenta en este proceso, y desde ya ven la necesidad de que el plazo previsto en la Constitución para el próximo Fiscal se reduzca de nueve a seis años sin posibilidad de reelección, y una revisión de los servicios técnico forenses.
“El asunto del pase directo del actual Procurador, no es un asunto de votos, sino se tiene que medir con el desempeño que ha llevado a cabo. Lo que yo te puedo decir es que en materia de dleitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos el trabajo del Procurador ha sido sumamente deficiente.”, dijo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Un caso ha sido el de Rosendo Radilla Pacheco desparecido por el Ejército, un caso que cuenta con una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Ni siquiera en esos casos el Procurador actual se ha comprometido en la lucha contra la impunidad”, dijo Guevara.
Más de 100 organizaciones ciudadanas y de la iniciativa privada exigieron al Congreso aprobar reformas para crear una Fiscalía General autónoma, capaz e independiente. Foto: Juan Luis García, SinEmbargo.
Los ciudadanos también solicitaron que se garantice la autonomía de las fiscalías especializadas en anticorrupción, de delitos electorales y, una de nueva creación, de los derechos humanos. Foto: Juan Luis García, SinEmbargo.
También los empresarios dejaron claro su punto de vista.
“Lo digo categóricamente bajo ninguna circunstancias vamos a optar por un pase automático, debe de analizarse a fondo. Y cualquier persona que tenga interés y la calificación deberá seguir un proceso formal para analizarse su viabilidad de ser electo, eso incluye al actual Fiscal y cualquier otro funcionario”, dijo Gustavo De Hoyos, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Derivado de la reforma-político electoral del 2014 se mandó el cambio de Procuraduría a Fiscalía.
Sin embargo, la transición quedó estancada y tres años después las organizaciones civiles ven el riesgo de que la nueva Fiscalía sea sólo un cambio de estatus jurídico, sin nuevos procedimientos ni rendición de cuentas.
“Capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, incapaz de cumplir cabalmente su mandato, la PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la impartición de justicia en México”, apuntaron las oenegés en un comunicado.
La Fiscalía General debería incorporar facultades para atraer casos del fuero común que sean de importancia para el ámbito nacional, dada la gran cantidad de víctimas que la violencia ha dejado en el país.
“El ex Procurador Murillo Karam dijo en el 2012, públicamente, que recibía una institución desmantelada. Una institución desmantelada no se maquilla, se transforma”, dijo Alexandra Zapata, representante del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que integra parte de las iniciativas hoy expuestas.
La propuesta que se presentará al Congreso de la Unión incorporará criterios de designación que la proteja de los velos partidistas, apuntaron los activistas.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
