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En una carta entregada este miércoles al presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, los ciudadanos integrados en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva exigieron al Senado frenar la aprobación de la ley de la Fiscalía General que activaría el pase automático de Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR.

Pero el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción fue más allá, propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida de Raúl Cervantes y el nombramiento de un Procurador de transición.

Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo). – Representantes de más de 200 organizaciones, integradas en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, exigieron al Senado frenar la aprobación de la ley de la Fiscalía General que activaría el pase automático de Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, quien exhortó a los senadores para que el cambio de la PGR a Fiscalía General de la Nación sea “independiente, autónoma y eficaz”.

Pero el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue más allá, propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida de Raúl Cervantes y el nombramiento de un Procurador de transición.

En una carta entregada este miércoles al presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero Arroyo, las más de 200 organizaciones demandaron a los legisladores que no se realice ninguna designación mientras no se concrete la reforma integral al artículo 102 de la Constitución.

“Estamos quizá ante la más importante oportunidad en muchas décadas para fortalecer el Estado de derecho y para frenar la corrupción y la impunidad en México”, expusieron en la misiva de entrega del dictamen ciudadano al Senado.

Los activistas señalaron que privilegian la construcción de una Fiscalía General autónoma, independiente y con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones, pues deben asegurar que el texto constitucional otorgue a la Fiscalía las facultades y los recursos para su eficaz funcionamiento, así como los controles democráticos adecuados.

Además, precisaron que coinciden con la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto para suprimir el llamado “pase automático”, aunque la considera insuficiente.

Así que, el modelo constitucional que los representantes de las organizaciones proponen “cuenta con un mecanismo de designación de su titular basado en la evaluación profesional mediante un procedimiento público en el que participan el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, acompañados por la observación y la opinión de una comisión ciudadana”.

También aseguraron que su propuestas no es un pronunciamiento a favor o en contra de alguna persona, ni están proponiendo candidatos. “El dictamen ciudadano solo se pronuncia por un proceso abierto, competitivo y meritocrático”, precisaron.

Para los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, la credibilidad de la nueva Fiscalía depende de la legítima designación de su titular, “por eso el ‘pase automático’ es, a todas luces, inaceptable”.

Con el ánimo de contribuir, los activistas entregaron la propuesta ciudadana que también contiene las bases para la profesionalización de la institución y pidieron “una Fiscalía fuerte pero con mecanismos de control interno y de rendición de cuentas”.

“Estamos listos para, junto con el Senado de la República y bajo el formato de parlamento abierto, construir en consenso la Fiscalía autónoma, independiente y eficaz que México requiere con urgencia”, finalizaron.

FISCALÍA AUTÓNOMA Y EFICAZ: CNDH

Durante su participación en la presentación del informe de Actividades 2017 de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) en el Senado de la República, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, invitó a los senadores a que consideren que el cambio de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la Nación, sea “independiente, autónoma y eficaz”.

“Deberemos tratar los temas [de seguridad y justicia] en un esquema amplio para tratar de manera conjunta y estructurada las partes trascendentales de la justicia penal, junto con el esquema y estructura de impartición y justicia para completar el cambio de la actual Procuraduría General a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz, así como determinar el tipo de autoridad que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, así como los modelos bajo los cuales se daría su operación”, dijo.

Además, el ómbudsman afirmó que “la atención a los problemas de seguridad y falta de acceso a la justicia no pueden subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas, se requieren soluciones integrales”.

COMITÉ DEL SNA PIDE SALIDA DE CERVANTES 

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, y el nombramiento de un Procurador de transición.

“De manera respetuosa nos permitimos someter a la consideración de ustedes, lo siguiente: Primero. Evaluar la pertinencia de nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General de la República”, expusieron los cinco integrantes del Comité en una misiva.

Mientras dure el periodo de transición, sugirieron, se podría redefinir el marco constitucional de la Fiscalía General de la República, considerando las propuestas de los diversos actores y grupos sociales.

“Nuestra propuesta es que con apertura y enfoque plural, se diseñe el perfil del Fiscal General de la República, sobre todo en un momento en que su designación se encadenará y servirá de modelo para los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, magistrados anticorrupción y Auditor Superior de la Federación, así como de los funcionarios de las entidades federativas que sean equivalentes”, afirmó.

EL Comité recordó que México necesita de entendimientos viables que fortalezcan el Estado de Derecho y protejan las instituciones públicas. “Es nuestro interés que las anteriores propuestas cumplan con esa finalidad”, expuso.