En el editorial “PGR, la decepcionante historia”, el semanario católico Desde la fe afirmó que quizá no hay una historia tan oscura como la de la PGR, actualmente la institución con “la mas baja tasa de confianza de la ciudadanía”.
México, 22 oct (EFE).- La Arquidiócesis de México criticó hoy la “historia oscura” de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y atribuyó a “infortunadas componendas” la renuncia de su titular, presentada el pasado lunes.
En el editorial “PGR, la decepcionante historia”, el semanario católico Desde la fe afirmó que quizá no hay una historia tan oscura como la de la PGR, actualmente la institución con “la mas baja tasa de confianza de la ciudadanía”.
El pasado 16 de octubre, Raúl Cervantes presentó su renuncia a la titularidad de la PGR, después de un año en el cargo, para facilitar el avance de la nueva Fiscalía General de la República (FGR), creada por la reforma constitucional de febrero de 2014.
La Iglesia recordó que el Procurador era el principal ejecutor de la ley y de los asuntos de la Federación pero que en la medida en que la vida política del país se fue ampliando y se hacía más compleja, la institución cayó en el descrédito.
Ya en 2015, se reconocía que la PGR debía “recomponer su rostro” mediante una justicia eficaz, respeto a los derechos humanos y la capacitación a sus integrantes, pero en “dos años la tarea no se consolidó, quizá ni existió”, apuntó.
Cuatro titulares ha tenido la PGR en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (en el poder desde 2012), la cifra más alta desde el mandato del Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien en un año tuvo cuatro responsables de esta dependencia.
“Entre las ruinas de la PGR están sepultados los procuradores que se valieron del miedo y la intimidación, de los fraudes y mentiras, del fastidio y cansancio, de fugas y simulación, de incapacidad y prepotencia” resaltó.
La Fiscalía General nace en un momento en el que la ciudadanía requiere de justicia expedita, una equidad incontrovertible y de un titular “intocable por la corrupción”, aseguró el editorial del semanario católico.
El nuevo fiscal tendrá encima una pesada losa que no será fácil sacudirse” porque sobre él pesará la historia más oscura y decepcionante” que haya tenido alguna institución gubernamental, concluyó. EFE
México amanece sin Fiscal General –una figura clave del Sistema Nacional Anticorrupción- y sin Procurador General de la República. Mientras, se mantiene como el país más corrupto de América Latina, según el indicador Latinobarómetro. Raúl Cervantes Andrade decidió renunciar a la Procuraduría General de la República después de un año de gestión durante el cual, cinco Gobernadores de su partido, el PRI, emprendieron la huida, mientras que se iniciaron averiguaciones en contra de miembros del Gabinete federal.
Su trayectoria fue marcada por la opacidad tanto de su fortuna como de su desempeño, así como un embrollo político por esa aspiración suya que no pudo cumplir de convertirse en Fiscal General. En los 12 meses en la PGR, ganó casi dos millones y medio de pesos; pero en su declaración patrimonial dejó claro que no deseaba hacer públicos sus bienes como tampoco sus posibles conflictos de intereses. Él, quien en su semblanza en el Senado escribió que era miembro del Consejo de Administración de varias empresas que ha asesorado.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– Hace un año, pese a todo, Raúl Cervantes Andrade tenía más que ganar que perder. Frente a sí estaba la oportunidad para despejar la nube de desconfianza que cubría a la Procuraduría General de la República después de la endeble “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
Pero un año después, prefirió dimitir. Y esos 12 meses, en los que fue Procurador, bastaron para dejar una trayectoria en la que se impuso la opacidad tanto de su gestión como de su fortuna, así como un embrollo político por esa aspiración suya de convertirse en Fiscal General que desembocó en un Sistema Nacional Anticorrupción incompleto, sin el pilar fundamental.
Hoy, México, que en días recientes apareció hundido en el Índice de Transparencia Internacional como el más corrupto de América Latina, amanece sin Fiscal porque los partidos políticos no aceptaron a Cervantes Andrade; pero también sin Procurador.
En las manos de quien ayer renunció cayó la crisis detonada por la corrupción de los ex Gobernadores y otras figuras de alto cargo de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Y él, como fumarolas, los dejó escapar.
Durante cuatro años, varias Organizaciones no Gubernamentales pugnaron por la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción, un edificio legal que tenía como pilares a siete instituciones –entre ellas la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República- destinado a combatir una lacra que le cuesta a México casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Consejo Coordinador Empresarial.
Cervantes Andrade, Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana –la misma donde estudió Enrique Peña Nieto– y quien fungió como abogado nacional del PRI con cinco de sus dirigentes, fue propuesto para el principal cargo de la Procuraduría por el Presidente de la República. El 26 de octubre, el pleno del Senado ratificó su nombramiento, así como su licencia para dejar la curul en esa cámara, con 81 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Llegó para sustituir a Arely Gómez, quien siempre mostró un perfil más técnico que político. Gómez se fue a la Secretaría de la Función Pública, un cargo que permaneció vacante desde que Virgilio Andrade Martínez lo dejara el 18 de julio de 2016. El encargo que había tenido Andrade Martínez fue investigar si el Presidente y el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, habían incurrido en conflicto de intereses al adquirir mansiones con un crédito otorgado por el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario del Gobierno. Su resolución, muy cuestionada, fue que no hubo práctica anómala.
En el movimiento de fichas, a Andrade Cervantes le tocó el trabajo más arduo: la PGR, el eje por el que han pasado todos los conflictos de justicia ocurridos desde que en diciembre de 2012 arrancó el peñanietismo. Las tragedias de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Nochixtlán se encuentran en gruesos expedientes en esta instancia. La fuga del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte –ya detenido- también es una carpeta ahí. Los presuntos sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex Director de Petróleos Mexicanos por la empresa brasileña Oderbrecht, integran una averiguación previa. El socavón de diez metros que se abrió en el paso exprés de Morelos y que implicó a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, también.
De la posición ya había caído Jesús Murillo Karam, al presentar una “verdad histórica” endeble sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, un episodio que convirtió a la PGR en una de las instituciones con menor credibilidad, según todas las encuestas de percepción, en casi un sepulcro político, mientras que el grito de “Nos faltan 43” reventaba en las calles.
Ahí llegó Raúl Cervantes, el hombre que había sido diputado en dos ocasiones y hasta el día de su nombramiento fue Senador. El que había contendido para integrarse como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero que tuvo que declinar luego de que ciudadanos recabaran firmas para evitar que personas ligadas a partidos políticos ocuparan una silla en la Corte.
Y, como en otros nombramientos, en la propuesta del Presidente no pesó que Cervantes Andrade fuera primo de Humberto Castillejos, ex asesor jurídico de la Presidencia y quien también asesoró al ex Procurador Eduardo Medina Mora, quien desde 2014 es Ministro de la SCJN. Tampoco su lazo parental con Alfredo Castillo Cervantes, quien fue comisionado para la paz en Michoacán después de haber ocupado varios cargos, y ahora es Director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Raúl Cervantes en una imagen de julio de 2012, cuando fungía como defensor jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto. En esa ocasión asistió a la PGR para presentar una demanda contra las imputaciones del PAN y PRD sobre un presunto lavado de dinero utilizado en esa campaña presidencial del PRI. Foto: Cuartoscuro
¿QUÉ GANÓ CERVANTES ANDRADE?
En su año de gestión, el ex Procurador asentó en su declaración patrimonial que no estaba de acuerdo en hacer públicos sus bienes patrimoniales ni sus posibles conflictos de intereses. La publicidad de la declaración patrimonial era una de las propuestas para cimentar al Sistema Nacional Anticorrupción, pero el Presidente Enrique Peña Nieto vetó la Ley respectiva.
Después de una campaña de difusión de meses, organizaciones de la sociedad civil recabaron 634 mil firmas para que la bautizada “Ley 3de3” fuera aprobada. Pero no pasó. La madrugada del 15 de junio de 2016, la discusión en el Senado se centró en si las tres declaraciones debían ser públicas. Luego, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimonial y de intereses debían ser públicas sólo cuando no afectaran “la vida privada”.
Y al final, sólo se le hizo una adenda al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no sólo quedó a voluntad de los funcionarios si publican o no sus fortunas, la de impuestos quedó fuera.
De modo que, en este escenario, Raúl Cervantes puede irse sin decirle a los ciudadanos si su fortuna creció o se achicó mientras fue servidor público. El Portal de Obligaciones y Transparencia informa que el Procurador mexicano tiene al mes como salario bruto, 205 mil 122 pesos. Así que este año, Cervantes Andrade percibió dos millones 461 mil 464 pesos.
En cuanto a sus posibles conflictos de interés, por la semblanza que aceptó publicar en la página institucional del Senado de la República, es posible saber que fue abogado de empresas en los sectores de autotransporte, aviación, telecomunicaciones, energía, satélites, ferrocarriles y medio ambiente. Él mismo lo dice en dicho documento. En algunas empresas de esos sectores es miembro del Consejo de Administración.
El 18 de julio, el Presidente promulgó el marco normativo del SNA. La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la PGR adquirieron mayores atribuciones para desmantelar redes de cómplices y castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados “moches” y la colusión de intereses, entre otros delitos de daño a la Nación.
Si bien estaba llamado a esclarecer escándalos de corrupción, él mismo protagonizó uno. Una investigación periodística de Claudio González Caraza, de Mexicanos contra la Corrupción reveló que adueñaba un auto Ferrari 458 Coupé de 8 cilindros, modelo 2011, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos en Morelos, entidad donde no se paga el impuesto de la tenencia.
Juan Silva Meza, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ricardo Anaya, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Raúl Cervantes Andrade, Senador del PRI en funciones, y Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en el Primer Informe de Gobierno de EPN. Foto: Cuartoscuro
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Cuando asumió como Procurador tenía 53 años de edad y el peso de la acusación de su ex esposa, Angélica Fuentes Téllez quien en un programa de radio había declarado: “Duré un año de casada. Me divorcié porque me golpeó. Por ahí alguien me dijo un día: “Te pegó”. Y le dije: “No, no me pegó, me golpeó”. Los golpes se quedan marcados en el físico” –reveló la empresaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Pero nada parecía perturbarlo con gravedad.
Aquel día de su nombramiento, en el Senado, Cervantes Ahumada escuchó de la Senadora por el Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña: “¿El nombramiento suyo es como Procurador General de la República o ya camina usted hacia ser el nuevo Fiscal General de la República?”
No negó su pretensión. “Sí, vengo, y lo dice ese comunicado, y se los digo abiertamente, y lo he verbalizado todo el tiempo: en breve generar una ley que tenga la potencia, la credibilidad y funcionalidad de lo que necesita México para ejercer la acción penal, y que el transitorio habilitaría que fuera yo Procurador que pasaría a la Fiscalía”.
Luego, quien duraría sólo un año en el cargo, señaló la urgencia de aprobar las leyes faltantes para convertir a la PGR en la Fiscalía General, así como el artículo transitorio que lo convertiría a él en titular de la Fiscalía.
Pero pronto, lo bautizaron “Fiscal carnal” por su cercanía con el Presidente. Y ya no pudo deshacerse del epíteto. El PRD, PAN y el mismo PRI votaron en contra del pase automático para que el Procurador se convirtiera en Fiscal general y permaneciera nueve años más en el cargo.
El tiempo corría en contra. El Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas leyes había promulgado un año antes el Jefe del Ejecutivo, debía estar listo el 19 de julio. Y su avance se entrampaba por el pendiente del Fiscal. No iba a ser Cervantes Andrade, pero entonces, ¿quién? La fecha llegó y el sistema tuvo que nacer sin fiscal.
El cáncer avanzó, se reprodujo y sus metástasis brotaron en los tres niveles de Gobierno; pero también en los empresarios y los ciudadanos. En 2016, a la pregunta si respecto a hace un sexenio, el país era menos, más o igual de corrupto, las respuestas de más pasaron de 36 a 50 por ciento entre diciembre y marzo, según la encuesta GEA-ISA. Por su parte, la segunda edición del estudio México: Anatomía de la Corrupción, presentado en octubre 2016 por el Instituto Mexicano de la Competitividad y la organización Mexicanos contra la Corrupción, indicó que la mexicana era en su conjunto una sociedad que estaba dispuesta a incurrir en corrupción “si de ella obtiene un beneficio personal”.
En octubre de este año, México se convirtió en el país más corrupto de América Latina según encuestas ordenadas por Transparencia Internacional.
El diseño del SNA tomó cuatro años. En un proceso sin precedentes, Gobierno y organizaciones civiles debatieron para agrupar y alinear a siete instancias gubernamentales en el combate a la corrupción bajo una sola política. Pero se entramparon en el nombramiento del Fiscal.
La figura es tan fuerte que está dotada de facultades para no sólo ir en contra de personajes; sino para desarticular redes. ¿Quién y cuándo se decidirá? No hay fecha para ello. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo ayer en el Foro “Impulsando a México”, organizado por el diario El Financiero que la dimisión de Cervantes Andrade dificultará que el Senado nombre Fiscal General. Planteó que quizá, “el tema se tenga que dejar hasta pasada la elección de 2018”.
“Creo que la definición de un Fiscal o un Procurador idóneo, con credenciales para desempeñar esa responsabilidad no puede estar secuestrada por la efervescencia política. Creo que difícilmente estaríamos en condiciones, creo yo que el Senado, a quien le corresponde el nombramiento, no tendrá condiciones para definir a un Fiscal y a lo mejor tendríamos que esperar a que ocurra la elección de julio del próximo año para que entonces se decante un poco la efervescencia”, dijo Peña Nieto.
Será entonces, quizá, cuando se pueda ver a los ojos al monstruo de la corrupción. Por lo pronto, México amanece sin Procurador ni Fiscal que procure justicia.
Octubre de 2016. Entre abrazos, Raúl Cervantes se despide de su coordinador Emilio Gamboa Patrón tras solicitar licencia para para poder ser candidato a Procurador General de la República. Foto: Cuartoscuro
El polémico Procurador asumió el cargo el 26 de octubre del años pasado, sustituyendo a Arely Gómez González. Su aspiración más reciente era ser el Fiscal General de la República y quedarse 9 años más en el cargo, pero la sociedad civil se lo impidió.
En medio de la violencia y de la falta de justicia, Cervantes dejó ir al menos a cinco ex gobernadores de su partido: Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge escaparon de la justicia en México durante el mandato de Cervantes como Procurador.
Borge fue detenido en Panamá; Duarte de Ochoa, en Guatemala; César Duarte sigue prófugo mientras que Tomás Yárrington cayó en Italia. Eugenio Hernández fue arrestado por las autoridades de Tamaulipas.
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Raúl Cervantes Andrade presentó este día su renuncia como Procurador General de la República, informó la dependencia en su cuenta de Twitter.
Raúl Cervantes se reunió este día con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República, donde presentó su renuncia.
El polémico Procurador asumió el cargo el 26 de octubre del años pasado, sustituyendo a Arely Gómez González. Ahora, su suplente provisional será el subprocurador Alberto Elías Beltrán.
Controvertido desde su nombramiento por ser un hombre cercano al Presidente Enrique Peña Nieto, durante un año al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), Cervantes Andrade percibió dos millones 461 mil 464 pesos de salario bruto.
Al presentar su renuncia ante el Senado de la República, quien hasta hoy fue el pilar del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que la investidura de Procurador “fue un máximo honor”.
“El Constituyente no se equivocó al crear una fiscalía autónoma”, expresó Cervantes, cuya presencia en la procuración de justicia fue cuestionado por partidos políticos opositores al PRI -su partido-, organizaciones no gubernamentales y activistas. Temían que el ex Procurador se convirtiera en Fiscal durante nueve años más si el Congreso aprobaba un pase automático. Y el temor era porque una vez fuera Enrique Peña Nieto de la casa oficial de Los Pinos, lo exonerara de cualquier juicio.
Así, lo bautizaron como el “Fiscal carnal”. “No se trata de personas, se trata de instituciones”, expresó. Y recalcó que no tiene ningún interés diferente a servir “a su país”.
“Hace un año, gracias al nombramiento del Presidente de la República y ratificación del Senado, me convertí en el 43º titular de PGR”, escribió Cervantes en su cuenta de Twitter.
“Las instituciones deben dar 3 grandes resultados: 1. Ser más eficientes en la procuración de justicia; 2. Un compromiso indeclinable en combate a delitos electorales y corrupción; 3. Implementar un nuevo servicio profesional de carrera”, refirió Cervantes.
“Sólo así se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”, dijo.
Cervantes presumió que en los 12 meses que estuvo al frente de la PGR “no sólo hemos elaborado el nuevo diseño institucional para mejorar nuestra procuración de justicia, también hemos armado varias investigaciones y vinculado a proceso a funcionarios que se sentían intocables”.
El ex Presidente del Senado también condenó que algunos legisladores y políticos hayan usado su nombre y sus “supuestas aspiraciones como excusa para NO avanzar en aprobación de las leyes, que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México”.
“Yo NO tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”, expresó en el Senado.
Raúl Cervantes, un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aspiró a ser el Fiscal General de la República y quedarse 9 años más en el cargo, gracias a una nueva reforma. Pero no pudo. La sociedad civil se movilizó intensamente, y luego los partidos polítcos.
La jugada de Cervantes y de Presidencia de la República era aprovechar un “pase automático” hacia la Fiscalía, de tal forma que el también ex representante legal del PRI se quedara todo el siguiente sexenio, ganara quien ganara.Ni Cervantes ni Presidencia pudieron.
De hecho, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y puntero en las encuestas, ha pedido detener ese y otros nombramientos de fiscales y ministros hasta después de la elección, para evitar que el PRI o el Presidente Enrique Peña Nieto quieran dejar colocados a sus incondicionales en puestos clave.
Cervantes estuvo al frente de una de las peores procuradurías que se tenga memoria.
Los niveles de impunidad en México se elevaron a techos nunca antes vistos, a la par de la violencia. El número de ciudadanos asesinados en este sexenio se elevó, pero también se disparó la impunidad.
En medio de la violencia y de la falta de justicia, Cervantes dejó ir al menos a cinco ex gobernadores de su partido: Tomás Yarrington, Eugenio Hernández flores, Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge escaparon de la justicia en México durante el mandato de Cervantes como Procurador.
Borge fue detenido en Panamá; Duarte de Ochoa, en Guatemala; César Duarte sigue prófugo, mientras que Tomás Yárrington cayó en Italia. Eugenio Hernández fue arrestado por las autoridades de Tamaulipas.
Hernández Flores tenía Ficha Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) desde 2015, y así se lo notificó a la PGR a la Procuraduría de Tamaulipas. Sin embargo, la dependencia a cargo de Cervantes no hizo nada. Mantuvo al ex mandatario estatal en total impunidad.
Una fuente del Gobierno de Tamaulipas exclamó a SinEmbargo su sorpresa al saber las autoridades federales estuvieron al tanto de la Ficha Roja de Interpol desde 2015, apenas dos años después de que Peña Nieto asumiera la Presidencia.
Cervantes, quien hoy habló de dejar atrás la impunidad en el país, protagonizó en septiembre pasado otro escándalo tras darse a conocer que es propietario de un Ferrari, con un valor cercano a los 4 millones de pesos, en un domicilio fantasma en Morelos.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Ferrari 458 Coupé, modelo 2011 de 8 cilindros, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos, fue registrado en Morelos el 14 de septiembre de 2012, nueve meses después de que ese estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como Senador por el PRI.
MCCI consultó con la Procuraduría sobre el auto deportivo registrado a nombre de Cervantes Andrade. Se confirmó que el priista sí tiene un domicilio en Morelos, “y en ese estado ha emplacado vehículos que utiliza, lo ha hecho durante varios años”, les dijo.
Cervantes cargó con una PGR a la que diversas organizaciones e incluso la Auditoria Superior de la Federación (ASF) le han documentado su ineficacia en la impartición de justicia.
Hoy, la parcialidad de Cervantes como Procurador está bajo escrutinio por los escándalos de espionaje en contra de periodistas y activistas a través del software “Pegasus”, así como por la acusación en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien supuestamente recibió sobornos de la constructora Odebrecht.
Más de 300 organizaciones y activistas conforman #VamosPorUnafiscalíaQueSirva, iniciativa que busca reducir la impunidad en México a partir de una “cirugía” total de la PGR, y no sólo “usar maquillaje”. Los miembros de la iniciativa urgieron al Congreso construir una #FiscalíaQueSirva, apegada a los derechos humanos, capaz de encarar la corrupción y reducir la impunidad para los delitos de alto impacto social.
Pidieron a los legisladores no centrase sólo en la discusión por el pase automático del llamado #FiscalCarnal, sino profundizar en la reforma al Artículo 102 constitucional.
Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- Los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva entregaron hoy a los dirigentes de los partidos que integran el Frente Ciudadano por México un dictamen ciudadano para el proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía General de la República.
La propuesta incluye cinco puntos principales entre los que destaca el planteamiento del método de elección del nuevo Fiscal.
Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que no es suficiente detener el pase automático del Procurador General de la República a la Fiscalía General, pues debe realizarse un parlamento abierto en donde se discutan las propuestas de los ciudadanos.
“Lo que presentamos hoy es un dictamen ciudadano que incluye una propuesta de reforma de fondo al artículo 102; es cerca de un año de trabajo, esta propuesta es en base a nueve dictámenes que ya están en el Senado, hicimos un trabajo técnico que recuperara estas propuestas en el Senado de la República. Queremos contribuir a una discusión que no debe ser de Gobierno ni de partidos, sino que tiene que ser de Estado porque estamos construyendo el cuarto poder que va a tener la mayor facultad que puede tener una autoridad sobre los ciudadanos, que es perseguirlos penalmente”, dijo.
Edgar Cortéz Morales, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, explicó que para el dictamen planta que para la selección del Fiscal se debe integrar un Comité de Designación compuesto por nueve ciudadanos de trayectoria probada, quienes presentarán una lista de personas calificadas como primera propuesta al Senado de la República.
Los senadores deberán elegir a seis candidatos para enviárselos al Presidente de la República, quien deberá regresar una terna para su votación.
“Un segundo aspecto importante es la creación de un Consejo Administrativo, un cuerpo colectivos donde esté el Fiscal y seis ciudadanas que también son electos y especialistas en administración pública que acompañen al Fiscal”, dijo Cortez.
El proyecto ciudadano incluye la creación de una Fiscalía para investigar violaciones graves a los derechos humanos y casos de corrupción al interior de la Fiscalía General, así como dar seguimiento al servicio profesional de carrera para profesionalizar a ministerios públicos y personal de la dependencia.
EL FRENTE APOYARÁ PROPUESTA
Foto: Shaila Rosagel, SinEmbargo
El Frente Ciudadano por México se comprometió hoy con los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva a impulsar la discusión de una propuesta ciudadana para el nombramiento del titular de la Fiscalía General de la República.
Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Anaya Cortés, dirigente de Acción Nacional (PAN) y Alejandro Chanona, en representación de la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) dijeron que buscarán que la discusión del dictamen ciudadano se discuta en el actual periodo de sesiones, como lo solicitaron las organizaciones.
“Tomamos este dictamen ciudadano como lo están entregando, nos queda claro cuál es el alcance; lo más importante es esta posibilidad de trabajar ciudadanos y partidos políticos de oposición en aras de ir alcanzando objetivos concretos, tenemos la fuerza para materializar estos planteamientos”, dijo Barrales Magdaleno.
La dirigente coincidió con los colectivos en el planteamientos de que el nuevo Fiscal debe ser profesional, contar con una trayectoria limpia para garantizar justicia y combate a la impunidad.
“Nosotros nos comprometemos a tocar las puertas de otros partidos, tratarlos de convencer, si no lo logramos vamos a seguir avanzando, ojalá haya sensibilidad de los otros partidos, particularmente del PRI [Partido Revolucionario Institucional]”, indicó.
Los colectivos pidieron a los representantes de los partidos instalar un parlamento abierto para discutir una reforma integral al artículo 102 de la constitución en este periodo de sesiones, debido a que los tiempos electorales podrían opacar y politizar la discusión.
“Es importante decir que hemos logrado evitar el pase automático del actual Procurador de pasar por nueve años automáticamente a la Fiscalía. Vamos asumir un compromiso claro, de respaldar en todos sus términos el planteamiento de la reforma que hacen. Lo hemos revisado y coincidimos en que el objetivo que perseguimos es que México cuente con una Fiscalía que sirva”, dijo Ricardo Anaya Cortés.
Mientras que Alejandro Chanona agregó que el dictamen realizado por los colectivos ciudadanos es “serio y científico”, por lo que debe ser impulsado por los partidos que integran el Frente.
Actores, comunicadores y activistas exigieron al Gobierno de México una reforma integral a la Procurador General de la República (PGR) y la creación de una Fiscalía “eficaz y con arraigo social”.
Los actores Diego Luna, Ilse Salas, Daniel Giménez Cacho, Andrea Portal y Claudia Álvarez, así como la politóloga Denise Dresser y el comunicador Víctor Trujillo, se sumaron a la iniciativa #VamosPorUnafiscalíaQueSirva, la cual exhorta al Congreso de la Unión a no limitar la discusión de la reforma al Artículo 102 constitucional al llamado pase automático, sino atender las demandas de organizaciones civiles, académicas, empresariales y defensoras de los derechos humanos para construir una legislación integral.
“La grave crisis de derechos humanos; la corrupción que cobra vidas y golpea la economía de nuestro país. Ayotzinapa; la Guardería ABC; la masacre de los 72 migrantes en San Fernando [Tamaulipas]; los miles de desaparecidos. La ‘casa blanca’, Odebrecht, OHL, el socavón [en el Paso Exprés de Cuernavaca], ‘la estafa maestra'”, fueron algunos de los casos más polémicos enlistados en el video, la mayoría cometidos en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
En la grabación, el cineasta Sebastián Silva enfatiza que el factor común en los casos mencionados es la impunidad. “Esa impunidad que es mantenida y alimentada por la PGR”, menciona Ixchel Cisneros, directora ejecutiva de la organización Cencos.
Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que la labor de la PGR debería ser procurar justicia, sin embargo, dice, sólo sirve como una herramienta política de los gobiernos en turno.
Los participantes de la iniciativa coincidieron en la urgencia de que la PGR se extinga sólo para que surja una Fiscalía “autónoma, capaz e independiente”, y “que sirva”.
Lamentaron que aunque el Congreso evalúa la reforma al Artículo 102, esta sólo se centra en el llamado #FiscalCarnal: el pase automático del Procurador Raúl Cervantes, que surgió a iniciativa de Peña Nieto.
Raúl Cervantes “no puede ser el primer Fiscal General de la República”, enfatizó el conductor Víctor Trujillo. “Su carrera está ligada al PRI. Ha sido su abogado, Diputado y Senador”, explicó.
Yolanda Morán , de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, refirió que eliminar el pase automático sí es necesario, pero insuficiente, pues se necesita una “Fiscalía que no herede los vicios de la PGR”.
Más de 300 organizaciones y activistas conforman #VamosPorUnafiscalíaQueSirva, con la que presentaron una propuesta en el Congreso de la Unión con la finalidad de reducir la impunidad en México a partir de una transformación total de la PGR, y no sólo “usar maquillaje”.
Los miembros de la iniciativa urgieron a la Cámara de Diputados y la de Senadores tomar en serio el dictamen ciudadano antes de aprobar una reforma incompleta.
“La tentación por avanzar en el compromiso del pase automático sin lograr el diseño de una Fiscalía que logre un cambio sustantivo de la PGR, amenaza con sepultar definitivamente la discusión.
“Construir una #FiscalíaQueSirva requiere un método de designación de un nuevo Fiscal, peor también mecanismos que aseguren […] apego a los derechos humanos, sea capaz de encarar la corrupción y reducir la impunidad para los delitos de alto impacto social”, reiteraron los integrantes de la iniciativa ciudadana en un comunicado conjunto.
A través de su cuenta de Twitter, el fundador de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, solicitó que el Fiscal General atienda las demandas de los integrantes de dicho movimiento que aún permanecen en presión.
Agregó que una de sus tareas fundamentales será “sanar todas las heridas que tenemos los mexicanos, debido a los más de 32 mil desaparecidos y los más de 130 mil muertos”.
El próximo Fiscal General de la Nación debe ser el gran pacificador del país. ¡Constitución y Justicia!
Dr. José Manuel Mireles Valverde pic.twitter.com/ykwM5eSTPk
Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- El doctor José Manuel Mireles conminó a que el nuevo Fiscal General resuelva la situación jurídica de los integrantes de las autodefensas que aún se encuentran en prisión por “defender nuestras vidas, la de nuestras familias, defender nuestra propiedad y nuestra productividad”.
La declaración fue emitida por el fundador de las autodefensas a través de un video compartido en su cuenta de Twitter, en el que aprovechó para “felicitar” al Congreso de la Unión por evitar el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía General.
Mireles enlistó una serie de características que el aspirante a fiscal debe cumplir para garantizar su labor. Desde su perspectiva, la persona aspirante al cargo debe ser autónoma e independiente de cualquier partido político y de cualquier interés de grupos.
Mencionó que el Fiscal General tendrá una labor esencial: ayudar al país a “sanar todas las heridas que tenemos los mexicanos, debido a los más de 32 mil desaparecidos y los más de 130 mil muertos”.
Sus declaraciones fueron acompañadas de tres tuits en los que recalcó su petición.
El día de ayer, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron aplazar la discusión de la reforma que busca cancelar el “pase automático” del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, a Fiscal, luego de que organizaciones civiles les exigieran una amplia y detallada discusión.
Las 300 ONGs congregadas en las iniciativas #VamosPorMás y #PorUnaFiscalíaQueSirva, expusieron al presidente de la Cámara, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, que no era suficiente la propuesta presentada por su partido, por lo que solicitó postergar la discusión hasta presenta un mejor producto legislativo.
De igual forma, las organizaciones se pronunciaron porque dichas propuestas efectivamente enriquezcan el debate y no sólo se analice el “pase automático”.
Organizaciones civiles se pronunciaron para que las propuestas de los legisladores, especialmente del PRI, PVEM, PES y Panal, efectivamente enriquezcan el debate por el llamado #FiscalCarnal y no sólo se analice el “pase automático” de Raúl Cervantes.
La iniciativa del PRI busca que el Procrador en funciones no sea considerado para participar en el proceso de designación, mientras que la de Morena es para excluir al titular del Ejecutivo federal del nombramiento y remoción.
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron este martes aplazar la discusión de la reforma que busca cancelar el “pase automático” del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, a Fiscal, luego de que organizaciones civiles les exigieran una amplia y detallada discusión.
Las 300 ONGs congregadas en las inciativas #VamosPorMás y #PorUnaFiscalíaQueSirva, expusieron al presidente de la Cámara, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, que no era suficiente la propuesta presentada por su partido, por lo que solicitó postergar la discusión hasta presenta un mejor producto legislativo.
De igual forma, las organizaciones se pronunciaron porque dichas propuestas efectivamente enriquezcan el debate y no sólo se analice el “pase automático”.
Antes de tomar esta decisión, Ramírez Marín turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales cinco iniciativas que buscan eliminar el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía General, para su dictaminación en un sólo documento.
En algunas de las iniciativas, de acuerdo con la Cámara de Diputados, se contempla que el Procurador en funciones no sea considerado para participar en el proceso de designación del nuevo Fiscal General, y en otras, incluso, se plantea modificar artículos constitucionales.
La iniciativa fue presentada por las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal).
Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República, también recibió a integrantes del movimiento #VamosPorMás, quienes le entregaron una propuesta ciudadana sobre la aprobación de la Ley de la Fiscalía General.
Por su parte, los senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron su iniciativa de reforma constitucional para excluir al titular del Ejecutivo federal del nombramiento y remoción del Fiscal General.
En conferencia, el Senador Miguel Barbosa Huerta explicó que es la Cámara alta quien debe tomar realizar estas designaciones consultando a la sociedad civil.
“Será solo por mayoría calificada del Senado, con la participación amplia de la sociedad mediante un procedimiento transparente que el Fiscal General podrá ser nombrado”, y lo mismo ocurrirá con el proceso de remoción del Fiscal, expuso.
Académicos, investigadores y activistas demandaron una reforma integral al Artículo 102 de la Constitución que elimine el “pase automático” del titular de la PGR a la Fiscalía y garantice la plena autonomía de independencia de la institución que será la encargada de la procuración de justicia.
Las bancadas de los partidos PAN y PRD en el Senado, por su parte, anunciaron la conformación de un frente legislativo para impedir que el Procurador Raúl Cervantes se convierta en Fiscal General y retaron al PRI a pasar a firmas este jueves el dictamen de la iniciativa del Presidente Peña Nieto.
El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, ofreció presentar una iniciativa que elimina el pase automático del Procurador General de la República, siempre y cuando se instale la Mesa Directiva, la cual quedó quedó conformada esta tarde con Carlos Marín como presidente.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– El Pleno de la Cámara de Diputados instaló este jueves la Mesa Directiva que está encabezada por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín. El acuerdo fue aprobado con 388 votos favor, cero en contra y 40 abstenciones.
La Mesa Directiva también quedó conformada por Martha Hilda González Calderón, del PRI, Edmundo Javier Bolaños, del PAN, Arturo Santana, del PRD, y María Ávila Serna, del PVEM, como vicepresidentes.
Como secretarios quedaron Marco Antonio Aguilar Yunes, del PRI; Alejandra Noemí Reynoso, del PAN; Isaura Ivanova Pool Pech, del PRD; Andrés Fernández, del PVEM; Ernestina Godoy, de Morena; Verónica Delgadillo, de MC; María Eugenia Ocampo, del Panal, y Ana Guadalupe Perea, del PES.
Por la mañana, las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado conformaron un frente legislativo para impedir que el Procurador Raúl Cervantes se convierta en Fiscal General y retaron al PRI a pasar a firmas este jueves el dictamen de la iniciativa del Presidente Peña Nieto que elimina el “pase automático”.
Al llamado se unieron además Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que exigieron un Fiscal con autoridad moral y ética, que no responda a intereses del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
El PRI, a su vez, la cedió. Renegó en las formas y atacó a Ricardo Anaya por “usar a las instituciones” para favorecer sus causas, pero ofreció una salida: si San Lázaro sale de la crisis política, aceptará que el Procurador Cervantes no tenga pase automático.
“El PRI y el Gobierno es lo mismo, deben definir qué es lo que quieren sobre la Fiscalía General, sin ambigüedades. No a un fiscal de consignas, no a un guardaespaldas transexenal. Los legisladores del PAN y del PRD que forman las comisiones dictaminadoras estamos dispuestos en este mismo momento, si es necesario, a levantar las firmas del dictamen”, dijo el coordinador panista Fernando Herrera.
La Senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno exigió que la iniciativa presidencial sea aprobada como un primer paso para destrabar el conflicto en la Cámara de Diputados y responder a la exigencia de la sociedad civil que está en contra de que el Procurador se convierta en el Fiscal General de la República.
“Para nosotros debe ser, por la posición que ocupa el Senador Gamboa, sujeto de crédito pensamos que está actuando de buena fe y que su compromiso no debe ser con los partidos que estamos aquí presentes, su compromiso debe ser con la ciudadanía y nosotros esperamos que se actúe en consecuencia.
“Vamos a hacer contacto con nuestros coordinadores en la Cámara de Diputados, platicaremos con ellos y si los diputados confirman, respaldan este señalamiento que ha hecho el Senador Gamboa valoraremos la reactivación de los trabajos legislativos el mismo día de hoy”, dijo Barrales.
El PRD ha perdido su fuerza en el Senado de la República en los últimos meses, a la misma velocidad con la que la fracción PT-Morena se ha fortalecido. Los senadores perredistas suman 8, lo que deja a la bancada como cuarta fuerza. A su vez, PT-Morena tiene un segundo lugar con 15 y queda debajo del PAN (38) y PRI (55).
El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho durante la conferencia de prensa de esta mañana. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
Hoy mismo, el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, ofreció presentar una iniciativa que elimina el pase automático del Procurador General de la República, siempre y cuando se instale la Mesa Directiva.
“Para seguir en la misma línea de acreditación de que es nuestra posición que no haya pase automático. Tengo elaborada un a iniciativa de reforma a la Constitución, en el mismo sentido que la que el Presidente aprobó”, dijo en conferencia de prensa.
Detalló que tiene las firmas de los legisladores que llevaron a la confirmación de la Mesa Directiva en el Senado y aseguró que una vez que el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín tome posesión de la Mesa Directiva en San Lázaro, la van a presentar.
Agregó que el líder panista Ricardo Anaya usa a las instituciones en beneficio propio.
“La ambición desmesurada de Ricardo Anaya lo llevó a impulsar un franco chantaje a la Cámara y a las instituciones, es peor que un plantón en Reforma”, mencionó.
“No hay pretexto para no instalar la Mesa Directiva hoy mismo. Hemos desarmado argumentos, hemos evidenciado mentiras, hemos puesto de manifiesto que se han construido, a partir de verdades a medias, mentiras completas”, dijo el priista.
Tras el anuncio, el coordinador de los diputados panistas, Marko Antonio Cortés Mendoza aceptó destrabar el conflicto en la Cámara Baja y a nombre de su partido dio luz verde a la llegada de Ramirez Marín al frente de la Cámara baja.
“Hoy es un día histórico, tan importante como cuando se probó al reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Hoy logramos juntos, con el respaldo de la sociedad, decir ’no al fiscal carnal’”, celebró.
Cortés detalló que Camacho Quiroz le marcó la mañana de este día para comunicarle que en acuerdo con el Presidente Enrique Peña Nieto se decidió eliminar el “pase automático” transexenal del Procurador a la nueva Fiscalía.
El PRD dijo que era un día histórico y un triunfo de las organizaciones.
“Quiero a nombre de mi bancada, el PRD, manifestar que hemos actuado con responsabilidad, conforme a lo que las organizaciones reclamaron: que no hubiera un “Fiscal a modo”, dijo el Diputado perredista Francisco Martínez Neri.
En la misma conferencia del PAN y PRD, académicos, investigadores y activistas demandaron una reforma integral al Artículo 102 de la Constitución que elimine el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía y garantice la plena autonomía de independencia de la institución que será la encargada de la procuración de justicia.
“No a la impunidad transexenal. Nos oponemos al pase automático. Ni Cervantes ni nadie ligado al poder puede ser Fiscal, sería como poner guardaespaldas a los funcionarios de este régimen. En suma, alguien a quien no le tiemble la mano”, expresó Emilio Álvarez Icaza, quien encabeza la iniciativa Ahora.
Ayer, representantes de más de 200 organizaciones, integradas en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, exigieron al Senado frenar la aprobación de la ley de la Fiscalía General que activaría el pase automático de Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, quien exhortó a los senadores para que el cambio de la PGR a Fiscalía General de la Nación sea “independiente, autónoma y eficaz”.
Pero el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue más allá, propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida de Raúl Cervantes y el nombramiento de un Procurador de transición.
En una carta, los cinco integrantes del Comité escribieron: “De manera respetuosa nos permitimos someter a la consideración de ustedes, lo siguiente: Primero. Evaluar la pertinencia de nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General de la República”.
Además, el Comité recordó que México necesita de entendimientos viables que fortalezcan el Estado de Derecho y protejan las instituciones públicas. “Es nuestro interés que las anteriores propuestas cumplan con esa finalidad”, señaló.
En una carta entregada este miércoles al presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, los ciudadanos integrados en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva exigieron al Senado frenar la aprobación de la ley de la Fiscalía General que activaría el pase automático de Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR.
Pero el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción fue más allá, propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida de Raúl Cervantes y el nombramiento de un Procurador de transición.
Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo). – Representantes de más de 200 organizaciones, integradas en los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, exigieron al Senado frenar la aprobación de la ley de la Fiscalía General que activaría el pase automático de Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez, quien exhortó a los senadores para que el cambio de la PGR a Fiscalía General de la Nación sea “independiente, autónoma y eficaz”.
Pero el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue más allá, propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida de Raúl Cervantes y el nombramiento de un Procurador de transición.
En una carta entregada este miércoles al presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero Arroyo, las más de 200 organizaciones demandaron a los legisladores que no se realice ninguna designación mientras no se concrete la reforma integral al artículo 102 de la Constitución.
“Estamos quizá ante la más importante oportunidad en muchas décadas para fortalecer el Estado de derecho y para frenar la corrupción y la impunidad en México”, expusieron en la misiva de entrega del dictamen ciudadano al Senado.
Los activistas señalaron que privilegian la construcción de una Fiscalía General autónoma, independiente y con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con sus funciones, pues deben asegurar que el texto constitucional otorgue a la Fiscalía las facultades y los recursos para su eficaz funcionamiento, así como los controles democráticos adecuados.
Además, precisaron que coinciden con la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto para suprimir el llamado “pase automático”, aunque la considera insuficiente.
Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República, recibió a integrantes del movimiento #VamosPorMás, quienes le entregaron una propuesta ciudadana sobre la aprobación de la Ley de la Fiscalía General. Foto: Diego Simón, Cuartoscuro.
Así que, el modelo constitucional que los representantes de las organizaciones proponen “cuenta con un mecanismo de designación de su titular basado en la evaluación profesional mediante un procedimiento público en el que participan el Ejecutivo Federal y el Senado de la República, acompañados por la observación y la opinión de una comisión ciudadana”.
También aseguraron que su propuestas no es un pronunciamiento a favor o en contra de alguna persona, ni están proponiendo candidatos. “El dictamen ciudadano solo se pronuncia por un proceso abierto, competitivo y meritocrático”, precisaron.
Para los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva, la credibilidad de la nueva Fiscalía depende de la legítima designación de su titular, “por eso el ‘pase automático’ es, a todas luces, inaceptable”.
Con el ánimo de contribuir, los activistas entregaron la propuesta ciudadana que también contiene las bases para la profesionalización de la institución y pidieron “una Fiscalía fuerte pero con mecanismos de control interno y de rendición de cuentas”.
“Estamos listos para, junto con el Senado de la República y bajo el formato de parlamento abierto, construir en consenso la Fiscalía autónoma, independiente y eficaz que México requiere con urgencia”, finalizaron.
FISCALÍA AUTÓNOMA Y EFICAZ: CNDH
Durante su participación en la presentación del informe de Actividades 2017 de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) en el Senado de la República, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, invitó a los senadores a que consideren que el cambio de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la Nación, sea “independiente, autónoma y eficaz”.
“Deberemos tratar los temas [de seguridad y justicia] en un esquema amplio para tratar de manera conjunta y estructurada las partes trascendentales de la justicia penal, junto con el esquema y estructura de impartición y justicia para completar el cambio de la actual Procuraduría General a una Fiscalía General autónoma, independiente y eficaz, así como determinar el tipo de autoridad que asumirá sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, así como los modelos bajo los cuales se daría su operación”, dijo.
Además, el ómbudsman afirmó que “la atención a los problemas de seguridad y falta de acceso a la justicia no pueden subordinarse a intereses particulares o coyunturas políticas, se requieren soluciones integrales”.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción propuso al Presidente Enrique Peña y al Senado, la salida del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, y el nombramiento de un Procurador de transición.
“De manera respetuosa nos permitimos someter a la consideración de ustedes, lo siguiente: Primero. Evaluar la pertinencia de nombrar un Procurador General de la República de transición y de consenso, que con el mismo carácter se convierta en Fiscal General de la República”, expusieron los cinco integrantes del Comité en una misiva.
Mientras dure el periodo de transición, sugirieron, se podría redefinir el marco constitucional de la Fiscalía General de la República, considerando las propuestas de los diversos actores y grupos sociales.
“Nuestra propuesta es que con apertura y enfoque plural, se diseñe el perfil del Fiscal General de la República, sobre todo en un momento en que su designación se encadenará y servirá de modelo para los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, magistrados anticorrupción y Auditor Superior de la Federación, así como de los funcionarios de las entidades federativas que sean equivalentes”, afirmó.
EL Comité recordó que México necesita de entendimientos viables que fortalezcan el Estado de Derecho y protejan las instituciones públicas. “Es nuestro interés que las anteriores propuestas cumplan con esa finalidad”, expuso.
Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, tiene registrado un Ferrari en una vivienda deshabitada ubicada en la privada de Paseo de la Lealtad número 46 en Xochitepec, a 20 kilómetros de Cuernavaca, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Datos del Registro Público Vehicular, consultados por MCCI, el Ferrari del Procurador fue inscrito en Morelos el 14 de septiembre de 2012, nueve meses después de que ese estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como Senador por el PRI.
El PRI pretende que Raúl Cervantes se mantenga a la cabeza de esta institución una vez que se convierta en Fiscalía General de la República, lo que a los ojos de la oposición sería un intento de blindaje del Presidente Enrique Peña Nieto para esta gestión y las siguientes.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, quien es promovido por PRI y sus aliados para ser Fiscal General de la Nación hasta 2026, tiene registrado un Ferrari con un valor cercano a los 4 millones de pesos en un domicilio fantasma en Morelos, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El auto del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) es un Ferrari 458 Coupé, modelo 2011 de 8 cilindros, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos.
La investigación de MCCI reveló que el Ferrari del Procurador fue registrado en una vivienda deshabitada ubicada en la privada de Paseo de la Lealtad número 46 en Xochitepec, a 20 kilómetros de Cuernavaca.
De acuerdo con datos del Registro Público Vehicular (Repuve), consultados por MCCI, el Ferrari del Procurador fue inscrito en Morelos el 14 de septiembre de 2012, nueve meses después de que ese estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como Senador por el PRI.
MCCI consultó con la Procuraduría sobre el auto deportivo registrado a nombre de Raúl Cervantes Andrade, la cual confirmó que Cervantes sí tiene un domicilio en Morelos. “Lo que podemos decir es que el doctor Cervantes tiene también domicilio en Morelos, y en ese estado ha emplacado vehículos que utiliza, lo ha hecho durante varios años”, les dijo.
Sin embargo, la dependencia no pudo corroborar el domicilio del Procurador en Morelos.
“En la misma casa en la que se registró el auto del Procurador, hay registro de otros tres autos a nombre de otras personas: un Audi RS5, un Alfa Romeo 8C Competizione y un auto marca Ford”, detalló la investigación.
En la vivienda con el número 38 de la misma privada de Paseo de la Lealtad están registrados otros ocho autos: siete Ferraris y un Fiat 500 Hatchback Dualogic.
Por su parte, añadió, en la casa número 40 fueron dados de alta tres autos con un valor total de 14 millones 300 mil pesos: un Ferrari California Convertible, un Ferrari 458 Coupé y un Ferrari 599 Coupé; en la casa número 44 se registró un Audi A4 versión RS.
En la privada también aparecen coches registrados a nombre del empresario Luis Alfredo Rayet Díaz, dueño de una compañía de aviación con oficinas en Saltillo y Monterrey.
Rayet registró dos autos en la misma casa que el Procurador; además de un Ferrari en el número 38.
MCCI también reveló que otro empresario con autos registrados en esta calle es Anuar Fayad Hassan, quien de acuerdo con notas periodísticas compró terrenos a precio de ganga al gobierno de Roberto Borge Angulo, el ex Gobernador de Quintana Roo, detenido en Panamá.
Ricardo Alberto Orrantía Cantú, es otro empresario con autos registrados en esa calle. Se identifica en LinkedIn como dueño de Grupo Altavista, y tiene un Ferrari F430 y un Ferrari 458 Convertible registrados con domicilio en Paseo de la Lealtad.
Joseph Woldenberg Russell, quien según Bloomberg es Vicepresidente de la empresa regiomontana Tubacero, registró un Ferrari 599 Coupé modelo 2011 en el número 40.
También hay autos registrados a nombre de la empresa Asesores Administrativos Esparza, S.A. de C.V y de un fideicomiso del Banco Interacciones.
El PRI pretende que Raúl Cervantes Andrade, actual titular de la PGR, se mantenga a la cabeza de esta institución una vez que se convierta en Fiscalía General de la República, lo que a los ojos de la oposición sería un intento de blindaje del Presidente Enrique Peña Nieto para esta gestión y la siguientes.
Cervantes carga con una PGR a la que diversas organizaciones e incluso la Auditoria Superior de la Federación le han documentado su ineficacia en la impartición de justicia y hoy su parcialidad está bajo escrutinio por los escándalos de espionaje en contra de periodistas y activistas y la acusación en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien supuestamente recibió sobornos de la constructora Odebrecht.
Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil y Salvador Vega Casillas, quienes han apoyado públicamente la candidatura del Procurador Raúl Cervantes como Fiscal General, fueron los únicos senadores panistas que formaron parte de la votación para la presidencia de la Mesa Directiva durante el último año de la Legislatura.
Hoy, el PAN se deslindó de las acciones de Cordero, quien fue, dijo, una propuesta del PRI actuando contra la opinión mayoritaria del grupo parlamentario.
Ciudad de México1 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) lamentó este viernes la elección a modo de Ernesto Cordero como presidente de la Mesa directiva del Senado y que legisladores de esa fracción coincidan con intereses del Revolucionario Institucional (PRI).
Ayer, el Pleno del Senado de la República eligió a Cordero como presidente de la Mesa Directiva para el periodo 2017-2018, pese a que no había mayoría de panistas durante la votación.
La elección del ex Secretario de Hacienda se concretó con el respaldo de las bancadas del PRI, Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la Revolución Democrática (PRD).
Cordero, Javier Lozano, Roberto Gil y Salvador Vega Casillas, quienes han apoyado públicamente la candidatura del Procurador Raúl Cervantes como Fiscal General, fueron los únicos senadores panistas que formaron parte de la votación.
Acción Nacional calificó esta tarde, a través de un comunicado, como “penosos” los acontecimientos de ayer, pues, señaló, se inscriben en el marco del interés del Gobierno federal de imponer un Fiscal General a modo que les cuide las espaldas por los próximos nueve años.
El partido se deslindó de las acciones de Cordero, que fue, dijo, una propuesta del PRI y contra la opinión mayoritaria del grupo parlamentario.
Asimismo, lamentó que el PRI vetara a las también panistas Adriana Dávila y Laura Rojas, quienes fueron electas por sus compañeros del grupo parlamentario como la propuesta del PAN para presidir la mesa directiva durante el último año de la Legislatura.
Sobre las exigencias para que se sancione tanto a Cordero como a los senadores que actuaron “en contra de los militantes del partido”, el PAN explicó que serán los órganos directivos del partido los que determinarán las sanciones correspondientes.
Finalmente, el Blanquiazul indicó que “censuramos la intromisión del PRI en asuntos que corresponden al grupo parlamentario del PAN, como lo es la propuesta para presidir la mesa directiva del Senado y le manifestamos que bajo ninguna circunstancia será tolerado”.
El líder panista, Ricardo Anaya Cortés, se ha opuesto públicamente al paso automático de Cervantes como Fiscal General, incluso, hace unos días denunció que por este motivo ha recibido amenazas sobre un supuesto escándalo de enriquecimiento de su familia, información que fue difundida en el diario El Universal.
El pasado 25 de agosto, senadores del PAN reiteraron que no aprobarán pase automático de Procurador a Fiscal, pues eso sería dar carta de impunidad al Revolucionario Institucional.
Tras su Reunión Plenaria, integrantes del partido blanquiazul se comprometieron con su posición respecto al tema citado y aseguraron que para el cargo estarán personas que carezcan de militancia política.
Este día, colectivos, organizaciones y la iniciativa privada señalaron que le nombramiento del Fiscal deber ser una decisión que “genere confianza y arraigo en nuestra sociedad” ya que, detallan, como abogado de la Nación “requerirá un amplio respaldo social.
“Construir una Fiscalía General autónoma, capaz, independiente requiere de la activa participación de todos los sectores de nuestra sociedad. Confiamos en que abrirán el espacio para escuchar y deliberar sobre el contenido de nuestra propuesta, para tener una Fiscalía General que sirva a nuestra sociedad”, refirieron.
Más de 299 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron el pasado 29 de agosto en el Ángel de la Independencia para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) que se transforme en una Fiscalía Autónoma, capaz e independiente.
A casi un año de su toma de protesta al frente de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade enfrenta una férrea oposición para mantenerse en el cargo una vez que la dependencia se transforme en Fiscalía General: Cientos de grupos civiles, organizaciones patronales y ciudadanos alzaron hoy la voz en contra del pase automático de Cervantes ante el impulso que el PRI ha manifestado para imponerlo por nueve años más al frente del nuevo Ministerio Público del país.
Dentro de los conglomerados #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva ha surgido un proyecto de dictamen ciudadano que buscaría romper el pase automático del actual Procurador y a la vez plantea una serie de mecanismos que impedirían a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto blindarse, como acortar el plazo de gestión del nuevo Fiscal y un Consejo interno que avalúe a la naciente institución.
¿Podrán los opositores frenar el nombramiento con el antecedente de que Raúl Cervantes Andrade fue nombrado titular de la PGR también sin su consentimiento?
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Este martes, durante el acto realizado en el Ángel de la Independencia, organizaciones sociales y empresariales rechazaron el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como Fiscal General de la República. Y no fueron pocos. Se trata de 299 grupos civiles y organizaciones patronales, además de ciudadanos que exigieron que el titular del nuevo Misterio Público del país sea autónomo del Presidente Enrique Peña Nieto.
Se trata de un coro pocas veces visto, de voces que vienen desde distintas partes de la sociedad civil.
“Podemos decir que este Procurador no ha hecho su trabajo. Es alguien que es parte del problema, por eso se ha organizado este colectivo”, sostuvo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMPDHD) durante el mitin.
No es la primera vez que un nombramiento de Cervantes causa controversia, el pasado 26 de octubre, su designación como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) conmocionó a grupos críticos y de oposición que lo bautizaron en redes sociales como el #FiscalCarnal, en alusión a la cercanía que mantiene con el Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo.
Sin embargo, el Presidente se sostuvo y lo convirtió en el sucesor de Arely Gómez González y en su tercer encargado de la PGR.
Hoy, los grupos civiles y empresariales que se oponen al pase automático levantaron la voz nuevamente y no solo ello, tienen una propuesta. En los próximos días las organizaciones firmantes enviarán un proyecto de dictamen al Congreso de la Unión para que sean modificados transitorios de la reforma político electoral hecha a la Constitución en el 2014, el centro de la iniciativa de los cientos de organizaciones civiles es la “independencia política”. Que dejaría virtualmente fuera a Raúl Cervantes Andrade.
Raúl Cervantes Andrade, cuenta con el apoyo de la bancada del PRI, y a la vez con el rechazo ciudadano. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
En el proyecto ciudadano, ningún aspirante podría ocupar el cargo, si ha tenido un puesto de elección popular en los últimos cuatro años y Cervantes fue Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el 25 de octubre del año pasado.
Las organizaciones parecen tener claro la necesidad de acotar los poderes del Fiscal. Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), detalló que también se proponen cambios que harían contrapeso al próximo Fiscal dentro de la misma dependencia, al incluir un Consejo del Ministerio Público de la Federación, compuesto por seis consejeros, que se encargaría de evaluar el desempeño de la futura institución.
La propuesta plantea además sustituir el plazo de este cargo de nueve años, como se estableció en el 2014, a cuatro para el primer Fiscal, y que a partir del segundo, este encargo se alargue a seis años.
“Esto es interesante porque va a romper la lógica sexenal. Y en cuanto a la reducción de años, […] pues si tú ves es un cargo que conlleva mucha presión”, señaló Corona.
EL DESGASTE DE CERVANTES
El ex Gobernador del PRI César Duarte Jáquez, acusado desviar 79 millones de pesos, continúa prófugo, sin que se hayan iniciado un proceso junto con los Estados Unidos, para extraditarlo. A esto se suma, el caso de espionaje a activistas y defensores de derechos humanos del que hasta la fecha no hay responsables.
En tanto que recientes escándalos por sobornos de Odebrecht entregados al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, han terminado en la apertura de una carpeta de investigación sin repercusiones para el ex funcionario, pese a que tres directivos de la constructora brasileña lo acusan de recibir 10 millones de dólares, cuatro de ellos cuando Peña Nieto era candidato presidencial.
El ex director de Pemex Emiliio Lozoya Austin, el más reciente caso de gran impacto mediático que tiene la PGR. Foto: Cuartoscuro
Todos estos casos recientes y de impacto mediático más los que arrastra la dependencia desde los primeros años -caso Ayotzinapa, Tlatlaya y el asesinato de perioistas, entre otros- han minado la gestión de Cervantes, a decir de sus críticos:
“Lo que yo te puedo decir es que en materia de los delitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, el trabajo del Procurador ha sido sumamente deficiente”, consideró Guevara.
No sólo es a nivel interno que la PGR de Cervantes no actúa, incluso ante ordenamientos de instituciones internacionales, reclaman los opositores. Uno de ellos es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 por el Ejército, un caso que no ha sido atendido a pesar de haber una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Otro caso que no ha sido atendido, enlistó el director ejecutivo de la CMPDHD, es el de cuatro civiles de Rosarito, que de acuerdo con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas fueron torturados por el Ejército, “entonces este Procurador no tienen ningún mérito para poder pasar a ser Fiscal General y menos aún por nueve años”, agregó José Antonio Guevara.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) adelantó que Raúl Cervantes tendrá, si es que los partidos lo promueven como candidato, que pasar por los mismos filtros de idoneidad que el resto de candidatos.
“Cualquier persona que tenga un interés y la calificación deberá de seguir un procesos formal para que pueda analizarse la vialidad de ser electo. Eso incluye al actual Fiscal, y cualquier otro funcionario”, dijo Gustavo De Hoyos Walther, Presidente de la Coparmex.
El mensaje podría estar directamente dirigido a las bancadas del PRI, que hoy mismo anunció públicamente su respaldo para que sea Raúl Cervantes el próximo Fiscal General, pese a que el Presidente Enrique Peña Nieto envío una iniciativa en noviembre del año pasado para reformar el Artículo 102 de la Constitución para cancelar el pase automático.
Sin embargo, previendo una designación a dedazo, las organizaciones han pedido desde ya ser parte de las discusiones de los diferentes dictámenes de ley que darán origen a las leyes secundarias de la futura Fiscalía General.
“Se está buscando tener un proceso de análisis con una apertura, que pueda sensibilizar a la gente del proceso que están tomando sus representantes, y generar consciencia”, dijo Corona, sobre el interés de las organizaciones de que las discusiones se lleven bajo el formato de “Parlamento Abierto”, el cual incluye la divulgación de las propuestas de cada partido a través de plataformas digitales.
Los empresarios aseguraron que no impulsaran el fracaso del Sistema Nacional Anticorrupción. De Hoyos dijo que la Coparmex estará apoyando la presente proyecto de dictamen, así como una nueva ola de leyes.
“La primera es una nueva Fiscalía General, vamos por más, por una nueva Ley de Obra Pública, de Adquisiciones, del régimen de financiamiento de partidos políticos y, desde luego, por un nuevo régimen en materia del fuero constitucional”, advirtió el presidente de la Coparmex.
Organizaciones ciudadanas y de la iniciativa privada exigieron al Congreso aprobar reformas para crear una Fiscalía General autónoma, capaz e independiente. Desde el Ángel de la Independencia, agrupados en el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, pidieron que el titular de ese órgano no sea producto de un “pase automático”, sino de un proceso de selección transparente, basado en méritos y alejado de las cuotas de partidos.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- Más de 299 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en el Ángel de la Independencia para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) se transforme en una Fiscalía Autónoma, capaz e independiente.
En los próximos días las organizaciones prevén presentar un proyecto ciudadano de dictamen al Congreso con el fin de reformar los transitorios constitucionales del 2014. Con el fin de romper con la opacidad de las discusiones, los colectivos #VamosPorMas y #FiscalíaQueSirva pretenden una discusión en un formato de parlamento abierto.
La sociedad civil espera ser tomada en cuenta en este proceso, y desde ya ven la necesidad de que el plazo previsto en la Constitución para el próximo Fiscal se reduzca de nueve a seis años sin posibilidad de reelección, y una revisión de los servicios técnico forenses.
“El asunto del pase directo del actual Procurador, no es un asunto de votos, sino se tiene que medir con el desempeño que ha llevado a cabo. Lo que yo te puedo decir es que en materia de dleitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos el trabajo del Procurador ha sido sumamente deficiente.”, dijo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
Un caso ha sido el de Rosendo Radilla Pacheco desparecido por el Ejército, un caso que cuenta con una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Ni siquiera en esos casos el Procurador actual se ha comprometido en la lucha contra la impunidad”, dijo Guevara.
Más de 100 organizaciones ciudadanas y de la iniciativa privada exigieron al Congreso aprobar reformas para crear una Fiscalía General autónoma, capaz e independiente. Foto: Juan Luis García, SinEmbargo.
Los ciudadanos también solicitaron que se garantice la autonomía de las fiscalías especializadas en anticorrupción, de delitos electorales y, una de nueva creación, de los derechos humanos. Foto: Juan Luis García, SinEmbargo.
También los empresarios dejaron claro su punto de vista.
“Lo digo categóricamente bajo ninguna circunstancias vamos a optar por un pase automático, debe de analizarse a fondo. Y cualquier persona que tenga interés y la calificación deberá seguir un proceso formal para analizarse su viabilidad de ser electo, eso incluye al actual Fiscal y cualquier otro funcionario”, dijo Gustavo De Hoyos, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Derivado de la reforma-político electoral del 2014 se mandó el cambio de Procuraduría a Fiscalía.
Sin embargo, la transición quedó estancada y tres años después las organizaciones civiles ven el riesgo de que la nueva Fiscalía sea sólo un cambio de estatus jurídico, sin nuevos procedimientos ni rendición de cuentas.
“Capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, incapaz de cumplir cabalmente su mandato, la PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la impartición de justicia en México”, apuntaron las oenegés en un comunicado.
La Fiscalía General debería incorporar facultades para atraer casos del fuero común que sean de importancia para el ámbito nacional, dada la gran cantidad de víctimas que la violencia ha dejado en el país.
“El ex Procurador Murillo Karam dijo en el 2012, públicamente, que recibía una institución desmantelada. Una institución desmantelada no se maquilla, se transforma”, dijo Alexandra Zapata, representante del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que integra parte de las iniciativas hoy expuestas.
La propuesta que se presentará al Congreso de la Unión incorporará criterios de designación que la proteja de los velos partidistas, apuntaron los activistas.
El PRI pretende que Raúl Cervantes Andrade, actual PGR, se mantenga a la cabeza de esta institución una vez que se convierta en Fiscalía General de la República, lo que a los ojos de la oposición sería un intento de blindaje del Presidente Enrique Peña Nieto para esta gestión y la siguientes.
Cervantes carga con una PGR a la que diversas organizaciones e incluso la Auditoria Superior de la Federación le han documentado su ineficacia en la impartición de justicia y hoy su parcialidad está bajo escrutinio por los escándalos de espionaje en contra de periodistas y activistas y la acusación en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien supuestamente recibió sobornos de la constructora Odebrecht.
“Lo que estamos viendo es que no solo hay una incapacidad, sino también una posible complicidad de parte del Procurador para no investigar, ni perseguir con la acción de la justicia a ex gobernadores como [César] Duarte Jáquez, [Humberto] Moreira, o en Nayarit, donde empiezan a surgir irregularidades. A eso agreguémosle el caso Odebrecht, donde no hay ninguna investigación seria por parte de la PRG, que sepamos. Somos el único país donde no se haya hecho nada al respecto”, sostiene Víctor Sánchez Orozco, legislador federal por el partido Movimiento Ciudadano y parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La promoción de Raúl Cervantes Andrade para ser el eventual Fiscal General de la República es un intento por blindar la corrupción y la impunidad que se ha cometido durante este sexenio, acusaron legisladores de oposición.
La falta de procuración de justicia en México ha sido resaltado por diferentes instituciones y organizaciones. La última alerta se dio a conocer este día por parte de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) en su Índice Global de Impunidad (IGI) 2017.
A grandes rasgos el documento expone que México ocupa el primer lugar de impunidad en el continente Americano y el cuarto de un total de 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El próximo viernes iniciará el penúltimo periodo ordinario de sesiones de la LXIII Legislatura en el Congreso de la Unión y se tiene previsto que se nombre al Fiscal Anticorrupción y el marco legal sobre el paso de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República.
“Evidentemente, aparte de que no tiene la capacidad sería permitir blindar al Presidente Peña Nieto y a todo su Gobierno ante una posible acción de la justicia una vez que termine su Gobierno”, dijo Víctor Sánchez Orozco, Diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) y quien es parte de la Comisión de Justicia.
Recientemente el Senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Presidente de Mesa Directiva de la Cámara Alta, Pablo Escudero Morales, manifestó su interés de impulsar la designación de Cervantes al frente de la Fiscalía.
Una designación que contradice una iniciativa mandada por el Presidente Peña Nieto, en noviembre del 2016, para modificar el transitorio constitucional que dará vida a la Fiscalía y prohibir que un funcionario titular pase en automático de Procurador a Fiscal.
“No hay todavía un acuerdo en el grupo parlamentario sobre el artículo 102, que es el pase automático.[…]. Lo someteré a votación, par ver cuál es la decisión final sobre si vamos a ir a aprobar este artículo 102”, dijo Manlio Fabio Beltrones, jefe de la bancada priista, apenas el pasado 24 de agosto.
El PRI presiona al PAN, en donde Escudero ha buscado encontrar eco para que apoyen la candidatura de Cervantes. Y lo ha encontrado en figuras como la del Gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres, quien apoya a Cervantes.
Sin embargo, al menos para la dirigencia panista, la elección de Raúl Cervantes como nuevo Fiscal sería un grave retroceso.
“No vamos a permitir que el actual Procurador, con militancia priista, coordinador jurídico de campaña Presidencial de Enrique Peña Nieto sea el Fiscal durante lo que está de este sexenio, todo el siguiente y una tercera parte del que seguirá”, dijo Ricardo Anaya, presidente del PAN .
En esta misma línea lo han seguido el coordinador de la bancada en el Senado, Fernando Herrera Ávila, quien sostuvo después de la plenaria blanquiazul del fin de semana que buscarán dictaminar la iniciativa presidencial que prohíbe el pase automático.
La modificación del artículo 102 requiere dos terceras partes en el Senado, por lo que de negarse el blanquiazul, el PRI y el Verde quedarían casi imposibilitados para que convertir a Raul Cervantes en el primer Fiscal General de la República.
El Senador del PRI Miguel Ángel Chico Herrera, expuso en La Jornada: ‘‘Vamos a ver en la negociación quién tiene mayoría; vamos a convencer a los senadores que no son del PRI o del Partido Verde que pueden estar con nosotros’’.
Fernando Herrera Ávila ha señalado que su bancada se opondrá a el pase automático. Foto: Cuartoscuro
CERVANTES, SIN CREDENCIALES
Los legisladores de oposición sostienen que Raúl Cervantes no puede ocupar el cargo ante la falta de persecución de los delitos en su gestión, que inició en octubre del 2016 cuando relevó a Arely Gómez González, quien hoy ocupa la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Ese podría ser el caso de los bienes del Joaquín “El Chapo” Guzmán, deportado en enero a los Estados Unidos. Una solicitud de información de SinEmbargo dio cuenta de que al capo sólo le han sido asegurado un inmueble desde 1994.
“Cervantes ha demostrado una gran incapacidad para llevar adelante la PGR. Como un claro ejemplo se sigue combatiendo al narcotráfico, y hay serias debilidades en establecer mecanismos para combatir el lavado de dinero. Ahí hay cero resultados”, dijo Orozco.
Sin embargo, también está en tela de juicio el peso de los colores durante la gestión de Raúl Cervantes. La PGR se ha visto incapaz de iniciar procesos bilaterales con Estados Unidos para pedir la extradición del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
El 19 de junio, un Juez ordenó la captura de Duarte con base a una acusación de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) por el desvío de 79 millones de pesos.
Asimismo, el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, junto a su hermano Rubén Moreira Valdez, carecen de investigaciones que hayan derivado en órdenes de captura.Pese a que el primero fue temporalmente detenido en España, el 15 de enero, por presunto lavado de dinero, y el segundo ha sido denunciado en la PGR por crear empresas fantasmas, acusación presentada por el Senador panista Luis Fernando Salazar Fernández.
“[Cervantes], aunque es un hombre reconocido por su honestidad, siempre va a generar en el ciudadano la duda de que va estar condicionado o alineado a los designios del Presidente, y cuando ya no sea Presidente [Peña], pues del ex Presidente”, dijo Waldo Fernández González, Diputado federal del partido de la Revolución Democrática (PRD).
Raúl Cervantes no ha sido capaz de acreditar pruebas en casos emblemáticos.
Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” sólo ha perdido un inmueble desde 1994, de acuerdo con datos de la Oficialía Mayor de la PGR. Foto: Saúl López, Cuartoscuro
Dos semanas atrás, Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés, quedo en libertad después de que la PGR considerase la falta de pruebas para sostener la acusación de lavado de dinero.
El caso de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos y denunciado por tres directivos de la constructora Oderbrecht de recibir sobornos que sumarían 10 millones de dólares, avanza apenas tras la presión de la prensa nacional e internacional.
Lozoya fue citado a declarar el 17 de agosto, y se abrió una carpeta de investigación de la que el ex director de Pemex dijo contiene pruebas en su contra.
“Lo que estamos viendo es que no solo hay una incapacidad, sino también una posible complicidad de parte del Procurador para no investigar, ni perseguir con la acción de la justicia a ex gobernadores como Duarte Jáquez, Moreira, o en Nayarit, donde empiezan a surgir irregularidades. A eso agreguémosle el caso Oderbrecht, donde no hay ninguna investigación seria por parte de la PRG, que sepamos. Somos el único país donde no se haya hecho nada al respecto”, dijo Víctor Sánchez Orozco.
Representantes de la oposición exigen que se investigue si el dinero que supuestamente recibió Lozoya ingresó a la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, los diputados de Morena, incluso, han exigido que Cervantes se excuse del cargo debido a que fue coordinador jurídico de la campaña del mexiquense.
A este caso se suma que el caso de espionaje en contra de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas tampoco ha sido resuelto, pese a que las denuncias publicas datan desde el año pasado.
Una vez que se declare la autonomía de la Fiscalía General de la República, el Senado de la República deberá iniciar el procedimiento para nombrar al nuevo Fiscal General.
El 10 de febrero del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma político-electoral que detallaba la constitución de la PGR en una Fiscalía, cuyo titular saldrá de una terna propuesta por el Senado y enviada para la selección al Ejecutivo.
Pese a que el primer Fiscal pasará nueve años en su cargo. La designación no comenzará sino hasta que se expida la Ley de la Fiscalía General de la República, que se congeló en el Senado. La oposición lejos de retardar la designación del próximo Fiscal, asegura, se encuentra dispuesta a entrar al debate.
“Peña quiere negociar la impunidad. Pero nosotros no caemos en ese juego. Urge que se elija al nuevo Fiscal, pero que sea un académico, no al dedazo. Debe surgir de la sociedad, que no tenga relación con ningún partido político”, dijo Alfredo Basurto Román, Diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Basurto, quien también es miembro de la Comisión de Justicia, sostuvo que aunque su partido no tiene mayoría en las Cámaras, el acercamiento de las elecciones hará que los partidos oficiales se inhiban de proponer a Cervantes.
Sin embargo, la participación ciudadana en el proceso queda bajo reserva. El perredista Fernández Gonzáles señaló que es tarde para incluir a las organizaciones civiles en un proceso de designación.
“Hubiera sido muy buena esa posibilidad anterior al proceso, me parece que podrían hacerse algunos foros, pero la verdad es que es una facultad exclusiva del poder legislativo, en este caso de la Cámara Alta del Senado, hay que recordar que en teoría los Senadores y los diputados somos representantes populares”, señaló Fernández.
Este martes, organizaciones sociales presentarán sus propuestas para una Fiscalía General de la República “verdaderamente autónoma y eficaz”.
Decenas de grupos civiles y de académicos llamaron a ser incluidos en la discusión para conformación de esta institución y el proceso de los nombramientos.
El Órgano de Gobierno del SNA escuchó las exposiciones de Max Kaiser, Alejandra Rascón y Ricardo Salgado, aspirantes a ocupar el puesto. Tras deliberar 15 minutos, de manera unánime, designaron que Salgado.
Ricardo Salgado rindió protesta com Secretario Ejecutivo del SNA. Foto: @SFP_mx
Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).- Ricardo Salgado Perrilliat fue electo como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cabeza administrativa del organismo.
El Órgano de Gobierno del SNA escuchó las exposiciones de Max Kaiser, Alejandra Rascón y Ricardo Salgado, aspirantes a ocupar el puesto. Tras deliberar 15 minutos, de manera unánime, designaron que Salgado Perrilliat.
Como parte de sus labores, el Secretario debe brindar el apoyo necesario para que el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y el Órgano de Gobierno realicen su trabajo.
Salgado fue titular de la Autoridad Investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y fue director jurídico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Hasta el Senado no ha designado al Fiscal Anticorrupción, quien es insustituible. Ante la falta, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade ha encabezado las reuniones concernientes al SNA, aunque él no puede ser electo como tal.
¿Es bueno o es malo que el Gobierno de México sea el que hoy tenga la mayor interacción con la administración de Donald Trump? El diario Norwalk Reflector dice que aún es difícil saberlo, pero el intenso ir y venir de funcionarios de México a Washington DC han aminorado el discurso amenazante de Trump, e incluso han convertido a los secretarios de Estado mexicanos en “expertos” en dicha administración, tanto que son consultados por otros gobiernos sobre cómo tratarla.
Aun así, afirma, “esto puede ser la calma antes de la tormenta”, pues las problemáticas de comercio e inmigración no desaparecen.
Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– En sus primeros dos meses al frente de la Casa Blanca, la administración de Donald Trump probablemente ha pasado más tiempo en con el Gobierno mexicano que con cualquier otro. Pero los expertos están divididos sobre si eso es un buen augurio un mal para las relaciones de Estados Unidos con una nación que ha sido receptora de los ataques retóricos más duros y humillantes del mandatario estadounidense, plantea un reportaje del periódico Norwalk Reflector.
El diario de Ohio, fundado en 1830, cita a Gerónimo Gutiérrez, el Embajador de México en Estados Unidos, quien estuvo presente en un seminario en Washington DC la semana pasada: “Es mejor si cooperamos, hablamos entre nosotros, en vez de apuntarnos el uno al otro”. Sin embargo, el reporte realizado por el periodista Franco Ordonez destaca que el funcionario mexicano se quedó corto al decir que la relación entre ambos países pasa por una crisis, cuando en realidad está en una etapa “crítica”..
Trump y el Presidente mexicano, Enrique Pena Nieto, cancelaron su primera reunión sobre el plan del mandatario de EU para construir un muro en la frontera, pero en las semanas siguientes hubo por lo menos media docena de reuniones a nivel ministerial –casi una por semana– y más llamadas telefónicas entre diplomáticos estadounidenses y mexicanos, explica el diario.
Tanto en la Casa Blanca como en las cenas italianas en el Café Milano, en el distrito de Georgetown en Washington, diplomáticos como Gutiérrez y el canciller mexicano Luis Videgaray Caso han pasado horas con Jared Kushner, el yerno de Trump y su mayor consejero, el Secretario de Estado, Rex Tillerson; el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, agrega.
Gutiérrez dijo que nunca antes México había sido un foco tan importante de una nueva administración. Eso es algo bueno y malo, dijo, al destacar que México se ha sentido descuidado en el pasado. También comentó que su país debía ser cauteloso, pero destacó que las primeras reuniones habían sido “fructíferas”. Además, comentó, es importante mantener abiertas las líneas de comunicación y advirtió sobre el sentimiento antiamericano anti-estadounidense en México y el sentimiento anti-mexicano en EU.
Expertos de México como Andrew Selee, vicepresidente ejecutivo del Wilson Center, un centro de investigación con sede en Washington, ven un esfuerzo deliberado para evitar que una relación crucial se deslice de sus rieles, plantea Norwalk Reflector.
“Realmente es un nivel sorprendente de compromiso”, dijo Selee en una entrevista. “El único otro país en el que puedo pensar con el que se observa este compromiso tan visible es probablemente Israel. No veo ninguna otra relación que se esté viendo tanto”.
México, dice el periódico, es posiblemente la relación bilateral más importante de Estados Unidos. Es un socio comercial y un aliado en cuestiones de seguridad y migración.
La semana pasada, por ejemplo, el Procurador Raúl Cervantes Andrade pasó dos días en Washington, reunido con su homólogo estadounidense Jeff Sessions, luego de que México ayudó a recuperar la camiseta del Super Bowl de Tom Brady, quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra; luego también se reunió con Kelly para revisar la colaboración entre ambos países para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero.
Esto siguió a por lo menos dos visitas anteriores: la de Luis Videgaray, quien llegó a Washington a principios de marzo para objetar una propuesta de Estados Unidos para separar a los niños de sus padres cuando las familias son detenidas tratando de cruzar la frontera; y luego la del Secretario de Comercio [Ross], quien se reunió con el ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. Los dos funcionarios mexicanos tuvieron una cena con Ross y Tillerson, Secretario de Estado.
Además, en febrero pasado, Tillerson y Kelly visitaron la Ciudad de México para explicar el plan estadounidense para exigir a los migrantes que esperaran audiencias en México, sin importar de dónde vinieran.
“Los dos países han tenido tantas reuniones que otros gobiernos buscan a México para que les dé consejo sobre el trato con el Gobierno de Trump. Ésa es a menudo una pregunta que surge cuando los diplomáticos latinoamericanos y europeos viajan a México para reunirse con funcionarios de ese gobierno.
“Están diciendo: ‘Hey, dime qué está pasando en el gobierno de Trump. ¿Cuál es su experiencia?’, dijo Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, una organización con sede en Washington y centrada en América Latina. “Ellos [los funcionarios mexicanos] son una especie de especialistas en el gobierno de Trump porque han tenido más exposición con éste”.
Sin embargo, el periódico destaca que “no está claro cuán productivas son las reuniones en realidad. Cada lado está midiendo al otro”.
“Lo que está claro, sin embargo, es que México es el único país que combina los dos temas que fueron pilares en la campaña de Trump: el comercio y la inmigración. Mientras ocupan sus puestos de trabajo, los funcionarios discuten quién podría ser el mejor para tratar con quién en el gobierno mexicano”, dice el reportaje de Ordonez.
También afirma: “Trump ha apostado por una posición políticamente cáustica en México. No puede retroceder en su promesa de construir el muro sin perder apoyo entre su base. Y Peña Nieto está bajo una gran presión para distanciarse de los Estados Unidos”.
“Esto puede ser la calma antes de la tormenta”, dijo Shifter, quien frecuentemente conversa con funcionarios de todo el hemisferio. “Estas cuestiones de comercio e inmigración no desaparecen”, comentó al periódico de Ohio.
Sobre el muro, este martes el sitio digital WJLA, de la cadena abc, expuso que la Senadora Claire McCaskill dio a conocer nuevas cifras –que obtuvo de la administración Trump–, donde se revela el costo total de la pared en la frontera entre México y Estados Unidos podría llegar a un costo de 66 mil 900 millones de dólares.
En su campaña, Donald Trump dijo que el muro fronterizo costaría entre 8 y 10 mil millones de dólares y sería pagado por el Gobierno mexicano. Las autoridades mexicanas han rechazado repetidamente la idea de pagar por ese muro y, de acuerdo con WJLA, en las últimas solicitudes de presupuesto de la administración Trump, “parece que los contribuyentes estadounidenses pueden ser los que al final paguen la cuenta”.
Mientras que la administración Obama también tenía mucha relación con el Gobierno mexicano, esa cercanía era más de continuidad después de la administración Bush, plantea. Fueron el ex presidente George W. Bush y el ex presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa quienes, en 2007, firmaron un acuerdo de seguridad bilateral –la Iniciativa Mérida– para combatir el narcotráfico. Dicho acuerdo estableció canales directos para que funcionarios estadounidenses y mexicanos compartieran inteligencia y EU acordó proporcionar ayuda a las autoridades mexicanas.
Con el Presidente Barack Obama, las cosas ya estaban en su lugar. Los dos gobiernos no necesitaban hablar tanto, dijo Shifter al Norwalk.
“Ahora están diciendo: ‘¿Merida va a continuar?’’, se preguntó Shifter. “Una relación de trabajo que tardó tres décadas en desarrollarse está ahora en peligro porque la política se ha vuelto muy venenosa”, añadió el experto.
Pero después de semanas de ida y vuelta, la temperatura de la retórica se ha reducido y la diplomacia parece haber tomado fuerza, destaca el diario.
Los altos funcionarios de ambas administraciones, añade, ven demasiado en juego para dejar que las relaciones se reduzcan en espiral, y eso significa intentar asegurar que la cooperación continúe mientras se encuentra una manera de permitir que ambos presidentes se vean la cara.
México, destaca, es el tercer socio comercial de Estados Unidos. Los dos países colaboran en todo, desde el combate al narcotráfico hasta la trata de personas. Estados Unidos ha invertido más de 2 mil millones de dólares a través de la iniciativa de Mérida, y el Gobierno mexicano, después de décadas de hostilidad, ahora permite la inversión de Estados Unidos en su industria petrolera.
El alcance de los intereses compartidos se puso en exhibición, dijo el ex Embajador de México en EU, Arturo Sarukhán, cuando Videgaray y Villarreal cenaron a principios de marzo con Ross y Tillerson en el Café Milano, un lugar donde se da cita la clase política de EU y del mundo. Dicho restaurante fue elegido como el sitio para asesinar al Embajador saudita en Estados Unidos por la Fuerza Al Quds, una rama del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, cuenta el periódico.
El complot fue descubierto por las autoridades estadounidenses con la ayuda de funcionarios mexicanos que habían descubierto que los iraníes habían contactado a un cártel mexicano de la droga para arreglar el asesinato, añade.
El Embajador Gutiérrez, agrega el diario, ve oportunidades: él piensa que la relación de los dos países será más fuerte una vez que consigan remendar asperezas. Recientemente, cita, se burló de los antiguos embajadores y líderes empresariales sobre su extraña posición al ser el centro de atención de un nuevo Gobierno, cuando en el pasado los funcionarios mexicanos han criticado a Estados Unidos por descuidarlos.
“Como dice el proverbio chino: ‘Ten cuidado con lo que deseas’, porque estamos muy al frente y desde el principio”, dijo Gutiérrez. “Y eso es malo y bueno”, concluye Norwalk Reflector.
Durante su reunión con Osorio Chong y Raúl Cervantes, los padres de los 43 normalistas fueron notificados del proceso administrativo que se inició en contra de Tomás Zerón y otras seis personas implicadas en las irregularidades cometidas en el basurero de Cocula, donde se presumía que fueron incinerados los jóvenes. Los familiares de las víctimas denunciaron que no hay avances sustanciales sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos por lo que advirtieron que continuarán con su movilizaciones y protestas.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una investigación en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y otras seis personas, por irregularidades en el caso Ayotzinapa.
Lo anterior les fue notificado este día a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes después de seis meses de haber levantado la mesa de diálogo volvieron a reunirse con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Procurador General, Raúl Cervantes.
“En esta reunión en términos generales y en conclusión los únicos resultados que nos dan son en relación a la investigación interna que realizó la Visitaduría general de la PGR [a Zerón] y es un acuerdo de conclusión que dista mucho del proyecto que fue filtrado a los medios de comunicación en días pasados”, declaró Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos hace dos años y cuatro en Iguala, Guerrero.
“Habían 18 responsabilidades contra funcionarios, irregularidades cometidas en la investigación interna, en la resolución que hoy nos presentan sólo tienen siete responsabilidades”, indicó Rosales.
La titular de instancia encargada de definir las eventuales responsabilidades y sanciones a Zerón, señalado por los padres por presuntamente “sembrar” pruebas durante las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes, es Arely Gómez, quien en su momento fue titular de la PGR y tenía a Zerón como subordinado.
Al cabo del encuentro de más de tres horas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, informó sobre los principales acuerdos alcanzados.
De acuerdo con Campa, el primer acuerdo es que se volverá a instaurar la interlocución y la comunicación, y habrá reuniones mensuales.
Se pactó asimismo que la Secretaría de Gobernación aporte equipo técnico para apoyar las tareas policiales, así como dar seguimiento a todas las líneas de investigación propuestas en su momento por los expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar en las pesquisas del caso.
Igualmente, se coordinará este trabajo con el mecanismo de seguimiento puesto en marcha por la CIDH.
El procurador Cervantes se comprometió a aplicar todos los recursos que se requieran para financiar las investigaciones con tecnología de punta.
Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, expresó que “vemos cómo de manera tendenciosa y mañosa este Gobierno pretende dejar en el olvido este caso; dentro de los compromisos que adquirieron, porque no negociamos.
“Uno de los compromisos principales fue que se va a incrementar el número de agentes para llevar a cabo la investigación y más tecnología, que es un compromiso ya viejo, lo que queremos son respuestas prontas”, indicó De la Cruz.
Los padres exigieron a las autoridades la localización de los 43 normalistas y el castigo a funcionarios de la PGR, Ejército y Policía Federal, pues, de acuerdo a los expedientes, enviciaron la investigación.
La PGR le informó este día a los padres de los 43 normalistas que el proceso en contar de Zerón de Lucio y otras seis personas es por su actuación el 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del Río San Juan, en Cocula, donde un día después fue encontrada una bolsa con restos óseos presuntamente de las víctimas.
Detalló que también se investigan los número telefónicos hallados en una libreta del líder de Guerreros Unidos, cártel al que se le adjudica el ataque a los normalistas, pues corresponden a los mismos números que utilizaba Omar García Harfuch, actual titular de la AIC, cuando aún estaba en la Policía Federal.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
