La imparcialidad de Raúl Cervantes Andrade, priista desde 1997, se ha puesto en duda en varias ocasiones, de cara a los escándalos de corrupción encabezados por ex gobernadores de su partido y altos funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto, quienes también forman parte del tricolor.
Cervantes Andrade, quien aspira a ser Fiscal General de la República, un cargo que se crea a partir de la reforma constitucional y que tiene una duración de nueve años, tiene hoy, en la administración peñista, una extensa red de amigos e incluso familiares –todos emanados del PRI, particularmente del Estado de México–, que hacen dudar de la correcta aplicación de la justicia desde la PGR, debido al presunto conflicto de interés.
Así se ha mostrado al menos en casos de alto impacto, como los de los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y, más recientemente, en el escándalo que involucra supuestos sobornos de la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), el abogado Raúl Cervantes Andrade tiene ahora la responsabilidad de procesar penalmente a políticos, como los ex Gobernadores César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, otrora elogiados como el rostro de una “nueva generación” de mandatarios, además de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Años antes, sin embargo, los cinco compartieron filas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en cuyo Comité Ejecutivo Nacional el hoy Procurador fungió como Secretario Jurídico.
Fue con ese carácter que, en plena campaña electoral de la que Enrique Peña Nieto resultó electo Presidente, acudió a la PGR que hoy encabeza para entregar la documentación con la que trató de defender a su partido ante las acusaciones de compra de votos con recursos de procedencia ilícita y a través de tarjetas del grupo financiero Monex.
“Con fecha del 1 de marzo de 2012, el PRI celebró contrato con la empresa Alkino a través del cual se obligó a prestar servicios de desarrollo, diseño e implementación de solución y negocios, basados en mecanismos de disponibilidad inmediata, de recursos monetarios, consistentes en la entrega de tarjetas de prepago con recursos disponibles para ser utilizados por personas autorizadas por el partido”, expuso entonces el documento presentado por Cervantes Andrade.
Fue durante esa misma campaña electoral en la que Emilio Lozoya Austin fungió como coordinador de Asuntos Internacionales y cuando, de acuerdo con la denuncia de ex funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht, habría recibido hasta 10 millones de dólares en sobornos.
“Lozoya se había vuelto uno de los líderes del comité de campaña, razón por la cual probablemente sería una persona influyente en la administración pública del país”, dijo a las autoridades brasileñas el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, de acuerdo con diversos medios.
Y es por esta relación, de acuerdo con críticas, que está en duda la imparcialidad del hoy Procurador ante las acusaciones contra su antiguo compañero de campaña.
“Hay un conflicto de interés porque era coordinador jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto y ellos empezaron a recibir dinero desde la campaña”, dijo el pasado 15 de agosto la Diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rocío Nahle.
No es el único caso. La misma falta de imparcialidad advirtió desde noviembre de 2016 el activista chihuahuense Jaime García Chávez, autor de la demanda penal interpuesta en 2014 ante la PGR contra el entonces todavía Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, a quien pidió investigar por su participación como accionista de un banco en aquella entidad.
“Creo que uno de los días más felices que ha tenido Duarte este año es cuando nombran a su amigo”, dijo García Chávez en noviembre de 2016, luego de que Cervantes Andrade asumiera como Procurador General de la República y en alusión a la bancada parlamentaria que compartieron los dos priistas en la LX Legislatura, entre 2006 y 2009.
“Es un nombramiento impertinente, en general, para el combate a la corrupción; si Arely Gómez no tenía esas características, mucho menos las tiene este funcionario que, por otro lado, tiene gran cercanía con otro alto funcionario de la Presidencia de la República, y esto nos habla de que está a merced de lo que diga el poder”, agregó García Chávez entonces.
Raúl Cervantes Andrade, de acuerdo con su perfil en la página del Senado de la República, es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1997.
FAMILIA, AMIGOS Y EL FUTURO
Senador de la República desde 2012, fue nombrado el 26 de octubre de 2016 como Procurador General de la República en sustitución de Arely Gómez González, quien fue enviada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), acéfala desde la salida de Virgilio Andrade Martínez.
Cervantes Andrade es además primo de quien hasta junio pasado fungiera como Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, y del ex comisionado en Michoacán y hoy Comisionado Nacional del Deporte, Alfredo Castillo Cervantes.
En 2015, su solicitud de licencia al Senado de la República con el tiempo suficiente para poder aspirar a la posición de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) motivó también expresiones de preocupación entre quienes recordaron las denuncias públicas de maltrato físico que hizo su ex esposa, la empresaria juarense Angélica Fuentes Téllez.
“Es un puesto de 15 años sumamente importante en el orden jurídico”, dijo Samuel Kenny, entonces coordinador de Incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho.
“Y nuestra preocupación, con base en la elección pasada, cuando fue electo [el ex Procurador General de la República] Eduardo Medina Mora, es que ni siquiera van a estar evaluados según estos criterios. Entonces no hubo debate, no hubo tiempos, no hubo participación de la sociedad civil, ni de los académicos y hasta podemos decir que fue una simulación de transparencia y de consulta”, agregó Kenny.
Desde 2012, luego del triunfo de Peña Nieto, Cervantes formó parte del Consejo Rector del Pacto por México, acuerdo político signado entre los principales partidos para impulsar el paquete de reformas estructurales que, como la Educativa y la Energética, han sido proyectos clave del actual sexenio. Una vez en el Senado de la República, presidió la Mesa Directiva que condujo la aprobación de las mismas.
A la fecha, y por su carácter de Procurador General, Cervantes Andrade es mencionado como probable futuro Fiscal General de la República, cargo que es parte de la Reforma Constitucional que crea la nueva entidad encargada del ministerio público federal y que tiene una duración de nueve años.
Por tanto, y de cara al próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional acordaron detener el denominado “pase autómatico” de Raúl Cervantes a la Fiscalía General.
“Los integrantes de la Comisión Permanente afirmaron que existe el riesgo de que en el periodo ordinario que inicia en septiembre, con mayoría simple, el PRI haga efectivo el transitorio del artículo 102 constitucional, que activa el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General”, advirtió el PAN en un comunicado del pasado 22 de agosto.
Antes, al final del año pasado y principios de este 2017, decenas de organizaciones de la sociedad civil y académicos han exigido la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR para evitar que se convierta en el nuevo Fiscal General de la República por nueve años.
A través de una carta en la que también firmaron periodistas y politólogos pidieron al Senado que el ex Senador priista dejara el cargo para competir como el resto de los ciudadanos.
En la misiva se ratificó la exigencia de un proceso abierto y transparente en la elección de quien se pueda convertir como el primer Fiscal General de la República a la cabeza de una institución que requiere actuar autónoma e independientemente en la procuración de justicia.
“El Senado, que hoy en día tiene la capacidad de ratificar a altos funcionarios, tiene también la obligación de ser transparente en sus procesos y explicar a la sociedad el porqué de sus decisiones. Es por eso que la carta, firmada por 46 organizaciones y ciudadanos, exige saber los motivos detrás del voto de cada senador ante la designación del Procurador General de la República y así habilitarlo como el posible primer Fiscal General de la República, ya fuera un voto a favor, en contra o por la abstinencia del mismo”, expresaron en esa ocasión los firmantes.
