Después de dos años y ochos meses, así como tres citaciones aplazadas, Wendy Arrieta Camacho, exdirectora en la Secretaría de Desarrollo Social, fue finalmente imputada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una imputación en contra de Wendy Gabriela Arrieta Camacho, excolaboradora de Emilio Zebadúa, anterior Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por la presunta contratación ilícita de servicios informáticos por casi 23 millones de pesos, los cuales están vinculados con la “Estafa Maestra”.
De acuerdo con información del periodista Abel Barajas del diario Reforma, tuvieron que transcurrir dos años y ocho meses para que la Fiscalía formalmente imputara a la cercana de Zebadúa, quien figuró como exdirectora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, ahora Secretaría de Bienestar) bajo el cargo de “uso indebido de atribuciones y facultades”.
Durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, los fiscales Mónica Martell Olguín, Adriana Hernández García y Mario Fonseca Barrera imputaron a Wendy “N” y posteriormente solicitaron su vinculación a proceso. Ante esta cuestión, la exfuncionaria solicitó la duplicación del plazo legal para que se defina su situación legal.
La audiencia se efectuó este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.
Por su parte, el Juez de control, José Rivas González, solicitó a los fiscales federales que, bajo el argumento de la presunción de inocencia de la imputada, no se refirieran la “Estafa Maestra” como parte de la imputación.
“Pido atenta y respetuosamente, para no contaminar la audiencia, concretarnos al hecho específico, a la formulación de imputación y la vinculación a proceso. Les pido concretarse al hecho específico, sin hacer alusión a circunstancias relevantes, además de que rige el principio de presunción de inocencia y hasta el momento es de dominio público que no hay una sentencia de lo que usted denomina ‘Estafa Maestra”, dijo Rivas González acorde a la información de Barajas.
¿QUIÉN ES LA EXFUNCIONARIA IMPUTADA POR LA FGR?
Wendy Gabriela Arrieta Camacho es la exdirectora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En marzo de 2019, Arrieta Camacho obtuvo un amparo para no comparecer ante un Juez de control del Reclusorio Norte. El Juez sólo vinculó a Gerardo Ávila García, exsecretario de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
El exrector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos estuvo implicado por el desvió de casi 240 millones de pesos a través del esquema de la “Estafa Maestra”. Foto: Facebook, UAEM Morelos
El pasado 31 de julio de 2019, tramitó un amparo para conocer si existía alguna investigación, solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en su contra por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Fue citada hasta el 1 de septiembre de 2020, pero la diligencia se aplazó aplazada porque se alegó que la imputada no fue notificada del citatorio en tiempo y forma.
El 11 de octubre de este año, nuevamente se difirió la comparecencia, porque el Juez se encontraba de incapacidad médica. Finalmente fue hasta este miércoles en la noche cuando pudo ser imputada por la FGR.
EMILIO ZEBADÚA: UNA DE LAS CABEZAS DE LA “ESTAFA MAESTRA”
Emilio Zebadúa fue el Oficial Mayor de Rosario Robles Berlanga cuando ella dirigió la Secretaría de Desarrollo Social y luego la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y será un testigo colaborador en el caso del desvío de millones de pesos en esas dos dependencias.
Emilio Zebadúa González, excolaborador de Rosario Robles, es acusado de lavado de dinero y otros delitos vinculados a la llamada Estafa Maestra. Foto: Rodolfo Angulo
Tanto en la Sedesol como en la Sedatu, Emilio Zebadúa fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales.
Por segunda ocasión, el abogado Epigmenio Mendieta buscó la protección federal para Rosario Robles contra la decisión de mantenerla en prisión preventiva.
Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El abogado de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, solicitó un amparo contra el fallo del Juez federal que le negó la prisióndomiciliaria y la mantiene presa en el penal de Santa Martha Acatitla.
Su defensor, EpigmenioMendieta, buscó la protecciónfederal contra la decisión del Juez Ganther Villar por determinar que debía seguir presa por el caso de la Estafa Maestra y considerar que existe el riesgo de que pueda darse a la fuga.
Mendieta confirmó que interpuso la demanda el martes alegando nuevas violaciones a sus derechos humanos y constitucionales, entre otros recursos similares de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El caso será turnado a un Juez federal especializado en amparo penal para su análisis.
Esta sería la segunda vez que Mendieta se ampara en busca de protección federal para que Rosario Robles lleve su proceso bajo prisión domiciliaria. La primera vez, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado le dieron la razón a Robles, argumentando que el Juez Ganther Villar no había ponderado de manera suficiente otro tipo de medidas cautelares como una prisión domiciliaria.
Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, en la primera Audiencia en el Juzgado de Distrito de procesos Penales Federales, en el Reclusorio Sur el 20 de octubre de 2021. Foto: Cuartoscuro
Aún así, el Juez determinó la medida cautelar de la prisión preventiva en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla el pasado 20 de octubre, al estimar que la exsecretaria carece de arraigo en la Ciudad de México y cuenta con familiares que podrían apoyarla en una eventual huida.
Rosario Robles ya rebasó el periodo de dos años en prisión preventiva, el tiempo máximo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que debería permanecer una persona sin que se le haya probado que cometió un delito.
Su proceso penal abierto está prácticamente paralizado y aunque venció el plazo de investigación complementaria, las pruebas presentadas fueron impugnadas por las partes y no de ha podido autorizar que el caso avance a la fase de juicio oral.
La Fiscalía General de la República acusa a Robles de haber cometido omisiones durante el sexenio pasado en las dependencias que encabezó, situación que provocó un desvío de más de cinco mil millones de pesos a través de la firma de convenios con universidades públicas.
“Que le pregunten de la Estafa Maestra, ahí está la Estafa Maestra, incluso fueron sus propios aliados quienes lo denunciaron entonces ella fue parte de eso”, dijo Claudia Sheinbaum sobre la presunta participación de Rosario Robles en el caso que implicó desvío de recursos federales.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La hija de Rosario Robles,Mariana Moguel, defendió a su madre y respondió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, quien ligó a la exfuncionaria con el fraude conocido como Estafa Maestra.
“Me sorprende que se despoje de su investidura como Jefa de Gobierno al opinar sobre un proceso del que estoy completamente segura que desconoce, el de mi madre. Usted no es Juez, y violenta el principio de presunción de inocencia por el que lucharon las fuerzas democráticas. Usted de facto sentencia a una mujer que está injustamente privada de su libertad”, escribió Moguel en Twitter.
Usted no es juez, y violenta el principio de presunción de inocencia por el que lucharon las fuerzas democráticas. Usted de facto sentencia a una mujer que está injustamente privada de su libertad.
“¿Conoce usted acaso la carpeta de investigación? Me parece que no, ya que en ella no existe una sola palabra que haga referencia a la estafa maestra. ¿Sabe que a mi madre no se le ha comprobado ningún delito? ¿Conoce usted el Sistema de Justicia Penal? Si usted tiene pruebas contra mi madre preséntelas y no emita sentencias previas ni juicios de valor de asuntos que no son de su competencia. Usted está obligada a respetar la separación de poderes, el Estado de Derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia”, agregó.
Si usted tiene pruebas contra mi madre preséntelas y no emita sentencias previas ni juicios de valor de asuntos que no son de su competencia. Usted está obligada a respetar la separación de poderes, el Estado de Derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Durante esta tarde, Claudia Sheinbaum consideró que Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no es una víctima en el caso de la denominada Estafa Maestra.
Las declaraciones de la mandataria capitalina fueron en respuesta a las afirmaciones de la exfuncionaria, quien se dijo víctima de una venganza política, por lo que, incluso, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de una persecución política en su contra.
“No estoy de acuerdo [en las afirmaciones de Robles, quien se dice víctima de venganza política], ahí está la Estafa Maestra”, sostuvo la Jefa de Gobierno capitalino, durante la entrega de tarjetas del bienestar a adultos mayores.
Asimismo, Sheinbaum opinó que es clara la participación en el desvío de recursos federales de la extitular de la Sedesol durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ya que, dijo, fue denunciada por sus propios aliados.
“Que le pregunten de la Estafa Maestra, ahí está la Estafa Maestra, incluso fueron sus propios aliados quienes lo denunciaron entonces ella fue parte de eso”, agregó, aunque después expresó que no opinaría más. “Ya no voy a opinar más”, dijo.
Respecto a la denuncia de Robles de que en el penal de Santa Martha falta atención médica, la mandataria de la capital mexicana aseguró que tras un año siete meses de pandemia se ha llevado un trabajo “importante” para evitar contagios de COVID-19 al interior de estos centros penitenciarios con el apoyo del personal médico.
Este fin de semana la exfuncionaria aseveró que le pidieron incriminar al expresidente Enrique Peña Nieto y al excanciller Luis Videgaray en la Estafa Maestra a cambio de obtener beneficios, a lo que ella se negó, por lo que, sostuvo, es una presa política, y la mantienen en la cárcel desde el 13 de agosto de 2019 por una venganza política.
Rosario Robles regresó a Santa Martha Acatitla. El Juez de control decidió que el riesgo de fuga permanece a pesar de lo expuesto por más de dos años por su defensa. Pero en medio de todo, ¿qué pasa con el resto de los implicados en el desvío de millones de pesos? La auditora Muna Dora Buchahin insiste en que hace falta fincar responsabilidades en toda la estructura que participó en la conocida “Estafa Maestra”.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).- Para la doctora Muna Dora Buchahin, el caso de Rosario Robles Berlanga está incompleto. El trabajo que se hizo desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para exhibir los malos manejos del dinero público en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) incluye toda una estructura que participó en los desvíos, que incluye a quienes ahora colaboran con la Fiscalía General de la República (FGR).
En entrevista en el programa Café y Noticias, que se transmite en SinEmbargo Al Aire, la doctora Buchain insistió en este punto: “se tiene que ir a la estructura”.
“Es importante la exhaustividad de las investigaciones que pueda realizar la Fiscalía para poder darnos mayor información y mayores elementos y se pueda conocer toda la estructura de poder que operó este modelo de desvío de recursos. Hay mucho trabajo qué realizar y sobre todo ver el tema de los que estaban implicados, todos los presuntos implicados desde los proveedores, las personas, funcionarios públicos y no nada más focalizarnos en ella [Robles]. Es ir más allá para tener un escenario holístico y lo importante es realmente conocer el fondo y la trama de este asunto”, comentó.
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La exsecretaria de Estado, Rosario Robles, compareciendo ante legisladores. Foto: Cuartoscuro.
En esta estructura que operó los desvíos de dinero, indicó, no debe excluirse a los funcionarios que ahora colaboran con la FGR, en específico a Emilio Zebadúa, Oficial Mayor en las dos dependencias en Sedesol y Sedatu, y mano derecha de Robles.
“Aparte de que (estos colaboradores) aportaron su testimonio y aceptaron su participación, tienen una responsabilidad en estas cuestiones y la Fiscalía tiene toda esta información, por eso es importante no tener toda la atención en Robles, sino entender que esta estructura no sólo debe visibilizarse, sino que es un acto de justicia y se debe seguir hasta las últimas consecuencias”.
Sobre esto mencionó que es justo una de las causas por las que los ciudadanos sienten molestia, ya que perciben un caso en el que hay privilegios y ven a una Fiscalía que no concluye investigaciones ni explica qué fue lo que ocurrió en este tipo de casos de corrupción.
El expresidente Enrique Peña y Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro.
La estructura de la que habló Buchain está en los reportes de la ASF y en investigaciones periodísticas, más allá de los testigos colaboradores. Y esa ruta puede llevar al dinero. Sin embargo, dijo, ya pasó un lapso más que suficiente para haber tenido mayores resultados, por lo que hablar de reparación de daño aún suena lejano.
También consideró que dentro de la discusión del caso Robles no se tiene que hablar de injusticia o justicia, sino de las tareas de las instituciones y cómo se cumplen:
“Hay tres esquemas: la ASF como parte acusadora, cumplimos la parte que nos correspondía. La Fiscalía que integra la carpeta de investigación y los que determinan son los jueces, ni siquiera tendría ello algún elemento para decir si es justo o injusto; lo que es justo es que todos los involucrados se vayan ya conociendo y se vayan haciendo las imputaciones en un ámbito legal. Eso sería importante […] No acabo de entender en ciertos casos emblemáticos como este u otros más que están sobre la mesa nacional, pero esa fluidez requerida por alguna razón no existe”.
Finalmente, al cuestionarle sobre qué pasa con la Auditoría y su papel en estos casos tan documentados de mal ejercicio del servicio público, aseguró que este organismo “se corrompió con la llegada del nuevo grupo en el poder, que fue autorizado y colocado por todos los que participaron en el modus operandi del sexenio pasado, entonces no podemos esperar de ellos nada”.
Y añadió que más bien la ASF debería ser investigada por corrupción.
José Antonio Meade también fue mencionado en el juicio de agosto de 2009. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
El día de ayer, el Juez Ganther Alejandro Villar Ceballo determinó que persiste un “elevado” riesgo de fuga en el caso de Rosario Robles, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva en el Penal de Santa Martha Acatitla, en donde está desde agosto de 2019 bajo ese mismo argumento.
El Juez dijo que el resguardo domiciliario, que es la alternativa que ofrece la defensa, le facilitaría a Rosario “los medios para abandonar el territorio”.
Agregó que las cuestiones de salud no son obstáculo para que la exfuncionaria permanezca en prisión, pero que cada que ella necesite alguna atención médica, puede acudir al Juez de Ejecución para solicitar medidas que ella y su defensa consideren pertinentes
La FGR va por Ramón Sosamontes, exjefe de la Oficina de la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, por contratación ilegal en la “Estafa Maestra”.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) llevará ante la justicia a Ramón Sosamontes, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría de Bienestar.
Ramón Sosamontes, exjefe de la Oficina de Rosario Robles, está acusado de una contratación presuntamente ilegal de 203 millones de pesos en el caso de la “Estafa Maestra“, de acuerdo con una publicación del periodista Abel Barajas en el diario Reforma.
Sosamontes habría sido citado por un Juez, a petición de la FGR, a una audiencia inicial en la que será imputado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por lo que acudirá al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para una diligencia a través del sistema de videoconferencia.
Las acusaciones a Sosamontes no implican prisión preventiva de oficio y en principio, podría llevar su proceso en libertad, aunque la FGR estaría considerando solicitar la prisión justificada, en caso de considerar que exista un riesgo de fuga.
Ramón Sosamontes, exjefe de la oficina de la Sedesol. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
De acuerdo con fuentes federales, citadas por el medio, la acusación es por el convenio del 20 de enero de 2015 entre la Sedesol con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), para los spots de la campaña publicitaria “Dos años cumpliendo”, de la Cruzada contra el Hambre.
La Fiscalía citaría al exfuncionario para aclarar una contratación presuntamente ilegal de más de 203.7 millones de pesos que corresponden al diseño, edición de audio, video y gráfico para piezas de comunicación, así como la evaluación de hábitos de consumo de medios y aplicación de sondeos de opinión para medir el alcance de la campaña.
Los recursos de dicho contrato fueron dispersados por seis factureras; incluso, con transferencias electrónicas a siete países, según reporta Reforma.
Según las autoridades, al menos 40.6 millones de pesos pagados por la Sedesol terminaron en cuentas bancarias de China, Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur, Estados Unidos y Paquistán.
La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acompañada de Ramón Sosamontes. Foto: Cuartoscuro
La llamada “Estafa Maestra” fue un esquema que permitió el desvío de cinco mil millones de pesos (unos 250 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma cuando Rosario Robles fue titular de Sedesol (2012-2015) y Sedatu (2015-2018) en el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Aunque vincula a muchos exfuncionarios, Robles se encuentra desde el 13 de agosto de 2019 en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido del servicio público en Sedesol.
Rosario Robles es señalada por la FGR de permitir el desvío de recursos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma, acusación que ella ha negado desde el día de su detención, cuando desistió de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión.
Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– Rosario Robles Berlanga, quien este día cumple dos años presa en el penal de Santa Martha Acatitla, siempre quiso colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), pero nadie se le acercó, dijo su abogado Epigmenio Mendieta al asegurar que la exfuncionaria no mentirá para construir “una narrativa política” sin bases sólidas.
“La Fiscalía no ha tenido acercamiento, incluso ha sido una de las causas de reclamo de la propia Robles, que nadie de primer nivel se acercó a ella para que, en su caso, diera información respecto a los hechos. En el momento en que se planteó que ella colaborara no hubo la disponibilidad y ante eso la propia Rosario retiró la posibilidad de colaborar como colaboradora de la Fiscalía”, explicó en entrevista telefónica.
Mendieta indicó que “hay una narrativa política que gustaría que Rosario Robles dijera e involucrara a funcionarios, sin embargo ella ha sido enfática en que no se va a prestar a construir una narrativa que no esté construida sobre bases sólidas y que no se puedan probar”.
En agosto de 2019 el Juez Felipe de Jesús Delgadillo determinó que Rosario Robles continuara su procesos en prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. En la imagen se observa a su hija Mariana Moguel. Foto: Cuartoscuro.
Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol 2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu 2015-2018), es acusada de permitir el desvío de recursos por 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma, acusación que ella ha negado desde el día de su detención (13 de agosto de 2019), cuando desistió de declararse culpable por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión.
“Aquí hay un único hecho y eso es que la información con que se cuenta ahorita en contra de Rosario Robles es únicamente por omisión, de tal manera que los comportamientos específicos de haber tomado decisiones o en su caso encontrado recursos, no están en la persona de Rosario Robles”, precisó su abogado, quien denunció que el delito por el que se le acusa no es grave y por lo tanto tendría que llevar su proceso en libertad conforme al Artículo 19 de la Constitución.
Robles Berlanga, de 65 años, publicó el pasado miércoles una carta abierta en su cuenta de Twitter, en donde insistió en que la decisión para mandarla a prisión preventiva justificada la dictó un Juez que tenía un conflicto de intereses, en virtud de que tiene un parentesco con su enemiga política, Dolores Padierna.
Cumplo 2 años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos 4 muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. He aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor. México está en deuda con la justicia pic.twitter.com/90MyJTciIS
El 13 de agosto de 2019, horas antes de que el Juez Jesús Delgadillo Padierna le dictara prisión preventiva y vinculación a proceso, le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
Tanto ella como la defensa dijeron que no. Posteriormente se le acusó del uso indebido del servicio público y parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos. Su propia defensa, horas antes, dijo ante el Juez que tanto en giras como a través de la línea roja, Rosario le informó a Peña Nieto sobre las observaciones de la Auditoría.
Muna Dora Buchahin Abulhosn, exauditora que detectó los malos manejos en la administración pasada, dijo en una entrevista con SinEmbargo publicada en febrero, que Rosario Robles no actuó sola, que todos los desvíos detectados en las secretarías de Desarrollo Social y Sedatu fueron estructurados desde el alto poder. Advirtió que hubo complicidad en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Función Pública, desde donde decían que todo estaba solventado.
En esta imagen del 12 de agosto de 2019 se observa a Rosario Robles a su llegada a los juzgados del Reclusorio Sur para presentarse a la audiencia por las acusaciones por el supuesto desvío de recursos. Foto: Cuartoscuro.
“Por supuesto que ella (Rosario) no pudo realizar estas acciones sola, todas estas acciones son intencionadas, planeadas con el fin del desvío. Hubo una red estructurada desde el alto poder. Es uno de los más altos actos de corrupción en el país”, señaló la exauditora en una entrevista. “Estaban los que fabricaban los contratos, los que buscaban los contactos, los que hacían las empresas fachada, los que en la parte del SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera encubrían, los que recibían el dinero, los bancos que permitían este tipo de acciones”.
Parte de los elementos que mantienen a Robles en prisión provienen de las declaraciones de Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad. Sus señalamientos los empleó el Ministerio Público para atribuirle cargos a Robles por el desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.
Los argumentos que la defensa de Rosario no ha logrado combatir fue que ella, como titular de estas dependencias, sabía de los desvíos y permitió que estos mecanismos fueran continuados al conservar a los funcionarios que los realizaron tanto en la Sedesol como en la Sedatu.
En esta imagen de 2018 se observa una manta con la leyenda de “Hijos de la estafa maestra” con fotografías de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, Rosario Robles, extitular de la Sedatu, y José Antonio Meade. Foto: Cuartoscuro.
“A lo largo de todo este proceso hemos logrado desmontar la existencia de una licencia falsa y eso tuvo que ser a partir de pruebas periciales, recabar escrituras públicas de distintos inmuebles, entrevistas y demostrar que esa licencia es falsa”, dijo su abogado Epigmenio Mendieta. “Hemos podido demostrar que a Rosario no se le puede criminalizar por sus cargos públicos o por su capacidad económica. Todo esto ya lo dijeron los jueces”.
El pasado 23 de junio, el Juez Tercero de Distrito resolvió conceder un amparo y protección de la justicia federal a Rosario Robles, pidiéndole al Juez de Control que resuelva el por qué la exfuncionaria no se puede ir a su casa mediante un arraigo domiciliario, por lo que la defensa está a la espera de ese resolutivo.
“Tanto Rosario Robles como su defensa confiamos en que sean los tribunales, a partir de las pruebas, los que van a decidir su inocencia o culpabilidad, consideramos que tenemos la información para demostrar que Rosario Robles es inocente de esos hechos que se le pretende imputar”, aseguró el abogado Epigmenio Mendieta.
EL CÍRCULO DE ROBLES
–Enrique Peña Nieto
El expresidente de México fue una de las personas cercanas a Rosario Robles y cuando ella ocupó la titularidad de Sedesol recibió su apoyo a pesar de los señalamientos de irregularidades en el manejo de recursos, ya que se le acusó, junto con el entonces Gobernador Javier Duarte, de desvío de recursos públicos para beneficiar electoralmente al PRI.
“Rosario, no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política […] Que sigan aquellos criticando las acciones, porque a otros los ocupan las elecciones; a nosotros nos ocupa y nos compromete acabar con el hambre de México […] “hay que aguantar”, le dijo Peña Nieto a Rosario en un mitin en Chiapas en 2013.
Rosario Robles recibió, así, el respaldo del Jefe del Ejecutivo federal, a quien ha desvinculado del esquema de corrupción del que se le acusa.
El expresidente Enrique Peña y Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro.
–Luis Videgaray
De acuerdo con la declaración de Zebadúa, la Sedatu, junto con la Segob y la Conagua, con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, encabezada en ese entonces por Luis Videgaray Caso, habrían entregado 400 millones de pesos en pagos de 300 mil pesos, 400 mil pesos y hasta 10 millones de pesos para comprar terrenos aledaños al aeropuerto a personas que no acreditaron ser los propietarios de dichas tierras y aun cuando la Sedatu era justo la encargada de verificar la validez de la posesión de tierras porque tiene los archivos y expedientes agrarios de todo el país.
Luis Videgaray y Rosario Robles. Foto: Cuartoscuro.
–Ramón Sosamontes
Ramón Sosamontes Herreramoro, exjefe de la Oficina de la Sedesol y asesor y Vocero en la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, afirmó que las acusaciones sobre su persona emitidas por Emilio Zebadúa González, extitular de la Oficialía Mayor en ambas dependencias federales, son “una novela mal contada y una gran mentira”, pues era él quien tenía la atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mover el dinero público.
Sosamontes fue señalado por Zebadúa González de ser el encargado de contactar a los rectores de universidades públicas, a través de las cuales se realizaban las subcontrataciones para desviar recursos en la llamada “Estafa Maestra”.
Pero además, Sosamontes tiene una acusación en la Fiscalía junto con Zebadúa González por firmar siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones de pesos en la dos dependencias en cuestión.
Sosamontes ha mantenido un perfil bajo y en noviembre del 2020 logró una suspensión provisional de un Juez para evitar ser aprehendido a menos que sea por un delito grave que requiera prisión preventiva.
Desde el 8 de agosto de 2019, el mismo día en que se realizó la primera audiencia contra Robles, pidió el amparo 621/2019. Aunque también solicitó proteger su dinero. Ese mes sus cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El exfuncionario público también está denunciado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) por beneficiarse con el otorgamiento de contratos a través de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual.
–Emilio Zebadúa
Como en el caso de Sosamontes, Zebadúa es uno de los funcionarios que Robles conservó cuando se le asignaron las secretarías federales.
El equipo liderado por Zebadúa dejó en la Sedesol seis mil 558 millones 420 mil 667 pesos en duda, y así en 2015, el mismo equipo se mudó a las oficinas de la Sedatu. En su primer año de funciones la ASF encontró un posible daño al erario por cuatro mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
Emilio Zebadúa en una reunión con Rosario Robles el 3 de enero de 2017. Foto: Twitter @Rosario_Robles_
Sobre los cuestionamientos por el mal manejo de recursos públicos, Robles declaró en diversas ocasiones que aunque fue la titular de ambas secretarías de Estado, hay órganos ejecutores del gasto “responsables con nombre y apellido”.El principal funcionario es el ahora aliado de la Fiscalía, Emilio Zebadúa.
De acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia, las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuesto y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.
Desde el penal Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida por presuntamente incurrir en el delito de ejercicio indebido del servicio público, la exfuncionaria Rosario Robles escribió una carta donde asegura que “México está en deuda con la justicia”. Argumentó que su encarcelamiento se debe a que es mujer.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– La exsecretaria de Desarrollo Social del sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, aseguró que “México está en deuda con la justicia” a casi dos años de que fue privada de la libertad en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En una carta publicada en sus redes sociales, la exfuncionaria consideró que su encarcelamiento –que comenzó el 13 de agosto de 2019- es injusto.
Cumplo 2 años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos 4 muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. He aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor. México está en deuda con la justicia pic.twitter.com/90MyJTciIS
“Se dice que no quiero cooperar con la autoridad. Eso es falso. Fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos. Lo que no estoy dispuesta a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia”, señaló.
Robles fue detenida en agosto de 2019 por ejercicio indebido de la función pública, y en marzo del 2020 se declaró inocente del fraude de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos relacionado con la llamada “Estafa Maestra”.
En su carta, señaló que las autoridades fabricaron pruebas para “tener un pretexto” y dictarle prisión preventiva en vez de arresto domiciliario.
“Se me castiga por actos que supuestamente cometieron otros, pero en ningún caso han podido demostrarle a esos terceros alguna responsabilidad. ¿No tendrían que haber acreditado primero esos hechos antes de acusarme de omisión?”, cuestionó.
Incluso, cuestionó si los funcionarios responsables de las miles de muertes de mexicanos durante la pandemia de COVID-19 también serán juzgados “por sus omisiones”.
Recalcó que ella fue encarcelada por no reportar dos mil pesos en su declaración patrimonial, pero funcionarios y exfuncionarios que no han declarado propiedades multimillonarias no han sido juzgados.
Rosario Robles está en prisión preventiva desde agosto de 2019. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
“Desde luego que no soy la única víctima de la injusticia. En estos dos años he aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor”, declaró, toda vez que denunció que no se juzga con perspectiva de género, por lo cual hay mujeres que han sido recluidas en prisión por delitos menores, torturadas y violadas durante su detención.
“México está en deuda con el debido proceso y la presunción de inocencia. México está en deuda con los derechos humanos de muchas mujeres que aquí se encuentran. México está en deuda con una visión libertaria y progresista. En síntesis, México está en deuda con la justicia”, criticó.
La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación impugnaron el amparo otorgado a Rosario Robles que abría la posibilidad de que enfrentara su proceso en arraigo domiciliario. La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social fue imputada de ejercicio indebido de la función pública.
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnaron el amparo que obtuvo Rosario Robles, con el cual buscaba la posibilidad de enfrentar su proceso en prisión domiciliaria.
Las dependencias interpusieron un recurso de revisión frente al tribunal colegiado de la sentencia emitida por Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual dicta que el Juez de control no hizo una evaluación correcta de la medida cautelar de prisión preventiva emitida para la exsecretaria de Desarrollo Social del sexenio de Enrique Peña Nieto
Robles fue detenida en agosto de 2019 por ejercicio indebido de la función pública, y en marzo del 2020 se declaró inocente del fraude de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos relacionado con la llamada “Estafa Maestra”.
Mejía Ojeda señaló en su resolución del pasado 24 de junio que los derechos de Robles fueron violentados al no valorarse otras medidas, como el arresto domiciliario, motivo por el cual la imputada se encuentra actualmente en el penal de Santa Martha Acatitla.
“Aun cuando el Juez de control responsable sustenta una falta de arraigo de la quejosa en esta ciudad… omitió expresar porqué si la existencia de un diverso domicilio de la persona sujeta a proceso no significa que alguno de ellos sea falso, sino es legalmente posible que se tenga uno o más”, estableció el fallo citado por Milenio.
El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva y trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido de la función pública cuando fue Secretaria de Desarrollo Social.
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- El abogado de Rosario Robles Berlanga,Sergio Arturo Ramírez, renunció a la defensa de quien fuera la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa, Arturo Ramírez informó que su decisión fue debido a que la extitular de Sedesol se niega a entregar información a la Fiscalía General de la República (FGR).
Asimismo, el abogado dijo que ya ha notificado a la Fiscalía de su renuncia y señaló que más tarde presentará un escrito ante los juzgados para hacer su revocación al cargo.
“El tema fue exclusivo como me dijo ella de notificar a la Fiscalía de acciones que llevó a cabo Luis Videgaray y otros actores del Gobierno de Enrique Peña Nieto y a lo cual, al no haber una respuesta positiva por parte de ella de acceder a brindar esta información para que la Fiscalía pueda conocer realmente cuáles fueron los sucesos que ocurrieron en ese sexenio, pues yo el día de hoy tomo la decisión propia y personal de no participar más como abogado defensor de la maestra Rosario Robles, cuestión que ya notifiqué a la Fiscalía el día de hoy y presentaré más tarde mi escrito ante los juzgados para hacer mi revocación al cargo”, declaró Arturo Ramírez a medios de comunicación.
Además, el abogado comentó que no tiene conocimiento de por qué la extitular de Sedesol no accede a brindar la información necesaria a la Fiscalía.
Sergio Arturo Ramírez, ahora exabogado de Rosario Robles, habla con medios de comunicación. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
“No tengo conocimiento pleno de por qué ella no accede a dar la información que es necesaria para encontrar la realidad histórica de los hechos de lo que ocurrió en el sexenio anterior”, dio a conocer Arturo Ramírez.
Por otro lado, explicó que actualmente hay una orden de aprehensión por delincuencia organizada, la cual se llevará a acabo en un proceso distinto al que se encuentra actualmente Rosario Robles por desvío de fondos públicos. También subrayó que él ya no contará más con dicha información.
“Hay una orden de aprehensión por delincuencia organizada, la cual yo a partir de hoy ya no tendré conocimiento de si la Fiscalía la va a notificar y en qué momento lo hará, y será un proceso totalmente diverso el que llevará a cabo que no tiene nada que ver con el tema primario, el de desvío de fondos”, agregó.
El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva y trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido de la función pública cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
El 26 de marzo, Rosario Robles Berlanga se declaró inocente de las acusaciones que se le imputan por el fraude de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos relacionado con la llamada “Estafa Maestra”. Hoy sigue detenida.
La audiencia de Rosario Robles, extitular de la Sedesol. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.
El Juez de Control impuso como medidas cautelares la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual. También fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria en contra del exfuncionario y el exrector.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), obtuvo vinculación a proceso en contra de un exservidor público y un exrector de una universidad pública, por el presunto pago de un contrato por más de 319 millones de pesos, el cual estaría vinculado a la llamada Estafa Maestra.
El Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, vinculó a Juan Manuel “L”, quien era servidor público en Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y Noé “M”, funcionario de una Universidad en el Estado de México.
De acuerdo con la FGR, la vinculación a proceso de ambos hombres será por su probable “responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades”.
#FGR a través de la #FECOC, obtuvo vinculación a proceso en contra Juan Manuel “L”, exservidor público, y Noé “M”, funcionario de una Universidad en el EdoMex.; por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
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Asimismo, el Juez impuso como medidas cautelares la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual. Además, fijó cuatro meses como plazo de investigación complementaria.
La llamada “maestra” es un esquema que permitió el desvío de cinco mil millones de pesos (unos 250 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma cuando Rosario Robles Berlanga fue la Secretaria de Desarrollo Social y después de Desarrollo Urbano en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Estafa Maestra vincula a muchos exfuncionarios, entre ellos a Rosario Robles, quien el 13 de agosto de 2019 fue puesta en prisión preventiva y trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido del servicio público cuando fue Secretaria de Desarrollo Social.
El 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy Robles Berlanga sigue en prisión preventiva por las acusaciones de la FGR.
En su última investigación, la organización informó que el esquema de la Estafa Maestra emitió en 2014 más de mil 550 facturas por 60 millones de pesos (tres millones de dólares) al Gobierno de Chiapas por material didáctico y de laboratorio, contratación de cantantes y alimentos. “Una auditoría del SAT determinó que las operaciones realizadas ese año por la compañía habían sido una simulación”, aseveró el reporte.
Ciudad de México, 16 jun (EFE).– Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) vinculó este miércoles a Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado y aliado del actual Gobierno, al caso de la Estafa Maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
MCCI reveló que Velasco, como Gobernador de Chiapas (2012-2018), pagó 60 millones de pesos (tres millones de dólares) en 2014 a Factibilidad Empresarial de México, que ese año recibió 146 millones de pesos (7.3 millones de dólares) de Rosario Robles, entonces Secretaria de Desarrollo Social y ahora presa.
“La ‘estafa verde’, del Gobierno de Manuel Velasco Coello, y la Estafa Maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto están vinculadas”, indicó la organización dedicada a investigar actos de corrupción.
La llamada “maestra” es un esquema que permitió el desvío de cinco mil millones de pesos (unos 250 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma cuando Robles fue Secretaria de Desarrollo Social y después de Desarrollo Urbano en el Gobierno de Peña Nieto.
¿Qué tienen en común la Estafa Maestra y la Estafa Verde? 🤔 Comparten una empresa fantasma. Factibilidad Empresarial recibió del gobierno de @VelascoM_ 60 mdp, mientras que el gobierno de @EPN le asignó en contratos 146 mdp https://t.co/CZfBNW5hgh
— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) June 16, 2021
El vínculo con Velasco, aliado del exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta 2018, se revela tras difundirse esta semana que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) indaga el origen de más de 500 millones de pesos (25 millones de dólares) al exgobernador de Chiapas.
Las revelaciones han sacudido la política tras las elecciones del 6 de junio porque el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y necesita los votos del Partido Verde, con el que formó una coalición electoral.
La investigación del SAT se desveló después de que Velasco, luego de los comicios, declaró a medios que su partido “buscaría acuerdos con todos” y que se planteaba “valorar” la alianza con Morena.
Sin desmentir los señalamientos, el grupo parlamentario del Partido Verde se pronunció el lunes “por evitar que las instituciones de Gobierno se utilicen como brazos políticos”.
“El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está siendo utilizado como herramienta de presión política”, denunciaron tras respaldar a su coordinador en el Senado.
El SAT, de acuerdo con la investigación MCCI, detectó desde auditorías en 2019 y 2020 “operaciones irregulares” en el Gobierno de Velasco en Chiapas con seis empresas enlistadas como “simuladoras de operaciones”.
El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles ingresó al Penal de Santa Martha Acatitla por el delito de uso indebido del servicio público. Parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos de la dependencia con instituciones de educación superior, en el mecanismo conocido como “La Estafa Maestra”.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– Rosario Robles Berlanga solicitó que sea llamado a declarar en su juicio Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor cuando dirigió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y luego la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que explique qué responsabilidad tuvo al firmar convenios con universidades que ayudaron a desviar millones de pesos.
De acuerdo con el diario Reforma, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, aceptó que Zebadúa declare. La audiencia que se le sigue a Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público se reanudará mañana con la presencia de la exfuncionaria.
De acuerdo con la información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Juez encargado citó a las partes para el día de mañana 30 de marzo a fin de dictar auto de apertura al juicio oral con la presencia física de Robles, quien desde el viernes pidió no estar presente.
La audiencia inicial, en la que Rosario Robles se desistió de someterse a un juicio abreviado, inició el pasado viernes 26 de marzo en donde se presentaron 55 testigos, un perito y 225 pruebas documentales en contra de quien fuera titular de las secretarías de Desarrollo Social y Sedatu en el sexenio de Peña Nieto.
Estas evidencias fueron presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como autoridad coadyuvante, como parte del proceso conocido como “La Estafa Maestra”, que involucra el supuesto desvío de más de 5 mil millones de pesos.
El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles ingresó al Penal de Santa Martha Acatitla por el delito de uso indebido del servicio público. Parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos de la dependencia con instituciones de educación superior, en el mecanismo conocido como “La Estafa Maestra”.
En noviembre de 2020 se informó que Zebadúa sería testigo colaborador en el caso del desvío de millones de pesos en esas dos dependencias.
El principal funcionario es el ahora aliado de la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Zebadúa, pero no es el único. Junto con él Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio conformaron el equipo que la acompañó.
La ASF, durante la gestión de Robles y su equipo en la Sedesol, lanzó 19 observaciones al Oficial Mayor, Emilio Zebadúa González, mientras que Mauricio Razo Sánchez, Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC), fue llamado 171 veces a investigar a los servidores públicos responsables de las observaciones señaladas.
Como ejemplo, en una auditoría de 2014 realizada al programa de Comedores Comunitarios, se encontró que en ninguno de los expedientes técnicos se incluyó la solicitud de pago a la Oficialía Mayor para transferir recursos al proveedor, a fin de cubrir los costos del equipo de estos comedores. Por esa razón no se pudo comprobar que todos estuvieran en operación.
Para la exauditora Muna Dora Buchahin, quien formó parte del equipo que detectó los desvíos de recursos en las dependencias a cargo de Robles Berlanga, el hecho de que Zebadúa colabore como testigo protegido puede ayudar en la reparación del daño al erario, más que en describir quiénes participaron en los actos de corrupción, ya que ese es un campo que ya fue descubierto.
Emilio Zebadúa. Foto: Cuartoscuro.
EL PAPEL DE LA OFICIALÍA MAYOR
De acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia (Robles), las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.
También revisa el desempeño de los servicios administrativos que se proporcionan; suscribe convenios, contratos y todos los documentos que impliquen actos de administración; propone a la Secretaria la designación y sustitución de servidores públicos; autoriza las adquisiciones y la documentación para los pagos con cargo al presupuesto; autoriza el ejercicio de los recursos de la secretaría y es el único conducto para gestionar las partidas Presupuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Oficialía Mayor trabaja en conjunto con el Órgano Interno de Control en la resolución de asuntos internos. Mauricio Razo Sánchez era el titular del OIC tanto en Sedesol como en Sedatu hasta ser sancionado en abril de 2018 por la Secretaría de la Función Pública (SFP). La suspensión de 630 días fue por archivar, sin ninguna razón o justificación, los señalamientos de la ASF de los años 2013 y 2014.
Los otros tres funcionarios que Robles decidió conservar en su equipo a pesar de las irregularidades planteadas por el órgano fiscalizador son Juan Carlos Lastiri Quirós, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Social y Humano en la Sedesol y luego Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Sedatu hasta enero de 2018 cuando contendió por la gubernatura de Puebla; Enrique González Tiburcio, coordinador de asesores en Sedesol y ahora subsecretario de Ordenamiento Territorial, y su abogada María Evangélica Villalpando Rodríguez, cabeza de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedatu.
Ese equipo, tan solo en su primer año de funciones, ya acumulaba 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos de posible daño al erario público. Pero continuó.
Tanto en la Sedesol como en la Sedatu, Emilio Zebadúa fue el responsable de, entre otras, la Dirección General de Planeación y Presupuesto, y la Dirección de Recursos Materiales, que son las áreas con el mayor número de menciones en los informes de la ASF.
La Dirección General de Programación y Presupuesto, que es mencionada en las auditorías en 51 ocasiones, está conformada por 45 personas y cuenta con una Dirección de Contabilidad, un departamento de Sistema Integral de Información y una Subdirección de Rendición de Cuentas.
El nombre del titular de esta Dirección no es público.
Esa unidad está conformada por la dirección de Ejercicio Presupuestal; un Departamento de Control y Seguimiento de Gasto de Inversión; Departamento de Gestión y Seguimiento Presupuestal; Departamento de Control y Seguimiento; dos Departamentos de Fiscalización; un Departamento de Análisis y Pagos de Servicios Generales; una Dirección de Información y Análisis Presupuestal y la Dirección de Normatividad Presupuestaria.
Luego de que el Juez Delgadillo Padierna dictó prisión preventiva a Rosario Robles el 13 de agosto de 2019, las actas de entrega-recepción fueron un tema importante, ya que se trataba del documento que podía implicar a más funcionarios con los desvíos de recursos cometidos en la Sedesol. Ahora, esos documentos desaparecieron.
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- Dos meses después de que Rosario Robles Berlanga fuera enviada al Penal de Santa Martha Acatitla, las actas entrega-recepción que ella entregó a su sucesor en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade, fueron declaradas como extraviadas. Y no sólo esas: también las que Meade entregó a su sucesor, Luis Miranda Nava.
De acuerdo con la solicitud de información con folio 0002000233819 enviada a la Secretaría del Bienestar — antes Sedesol—, se pidieron ambos documentos en sus versiones públicas. El 1 de octubre de 2019, la dependencia respondió que la información no estaba en los archivos, es decir, no se encontró el acta que Rosario dejó a Meade cuando salió de la dependencia en 2015 ni tampoco la que Meade dejó a Miranda Nava, cuando salió en 2016.
El Comité de Transparencia de la Secretaría del Bienestar declaró la inexistencia de los dos documentos, sin embargo también se solicitó dar aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) por el incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que las actas entrega-recepción no son un documento como cualquier otro y menos, cuando una de las implicadas estaba presa en un penal de máxima seguridad.
Cuando Rosario Robles dejó la Sedesol, el 27 de agosto de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en el manejo de recursos por seis mil 558 millones 420 mil 667 pesos, por lo que quedaban como pendientes de aclarar. Y eso debió quedar asentado en el acta de entrega recepción que dio a su sucesor —José Antonio Meade— frente al titular del Órgano Interno de Control (OIC), dos testigos y con revisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en ese entonces dirigida por Virgilio Andrade Martínez.
Cuatro años después, ya fuera del poder, el 13 de agosto de 2019, a horas de que le dictaran prisión preventiva y vinculación a proceso, el Juez Jesús Delgadillo Padierna le cuestionó a ella y a su defensa si no querían ahondar en la participación de dos políticos que fueron mencionados como posibles implicados en los delitos que se le imputaron: José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto.
Tanto ella como la defensa dijeron que no y a Rosario se le acusó de uso indebido del servicio público; parte de la acusación reposó en que ella dejó que ocurrieran los desvíos millonarios a través de contratos.
Este viernes, de hecho, se prevé que reanude el proceso penal iniciado en su contra desde hace más de año y medio con la presentación de las pruebas de la FGR y de la defensa de Robles.
Horas antes, la defensa de la exsecretaria de Estado dijo que contaba con pruebas de que Rosario Robles le avisó a José Antonio Meade Kuribreña de los pendientes por solventar en la Auditoría y que eso quedó constatado en las actas de entrega-recepción de la Sedesol. Ese documento era la prueba de que ella advirtió de las cuentas pendientes por solventar.
El Juez Delgadillo Padierna consideró que era evidente que “José Antonio Meade sabía de los hechos”, pero que no informó a Peña Nieto. “Se le puede imputar esa omisión”, dijo el juzgador. Agregó que solicitaría el acta de entrega-recepción de la Sedesol donde se encuentra el dato de que avisó a Meade.
La Estafa Maestra permitió a Sedesol, Sagarpa, Economía, SCT, ISSSTE, Pemex y otras dependencias del Gobierno desviar recursos a las campañas políticas. Foto: Cuartoscuro.
“Ese dato de prueba es una joya y no lo trajeron aquí por casualidad”, dijo y dio de plazo para que este documento fuera entregado el viernes 16 de agosto de 2019. Pero lo que pasó después fue que a Rosario se le otorgó el 30 de agosto de ese año un amparo para no tener que presentar dicho documento. Luego, el 3 de septiembre el Juez anunció que ya no lo solicitará y el 1 de octubre, la Secretaría del Bienestar anunció que los documentos no estaban en su archivo.
El otro documento que está en esa situación es el que Meade realizó el 6 de septiembre de 2016 cuando dejó la Sedesol y entró Luis Miranda Nava, político priista, cuñado de Peña Nieto y quien se autodenominó “operador político” del Presidente, cuando tomó protesta al frente de la dependencia que buscaba acabar con la pobreza en el sexenio pasado.
¿QUÉ ES EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN?
De acuerdo con el decreto aplicable para la administración de Rosario en la Sedesol, el acta entrega-recepción es un documento obligatorio que fue creado para abonar en la transparencia de la administración pública, evitar posibles actos de corrupción de funcionarios salientes y que los entrantes cuenten con los elementos necesarios que les permitan cumplir con las tareas y compromisos.
Todo funcionario debe elaborar ese informe al separarse de su empleo o comisión. Ahí informa sobre los asuntos a su cargo, del estado que guardan y da cuenta de los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados.
Se entrega por escrito mediante acta administrativa que describa el estado que guarda la dependencia. No hay motivo por la cual el funcionario que se va pueda no lo presente a su sucesor; de no hacerse tiene que ser requerido por la misma dependencia para cumplir con la obligación.
Una vez que se tiene el acta, se procede a la verificación del contenido. Esto lo hace el servidor que entra, en este caso José Antonio Meade, quien tuvo un plazo de 30 días. En la verificación incluso se prevé que si se detecta alguna anomalía, el funcionario saliente tiene que estar disponible para presentarse y realizar las aclaraciones o dar información adicional que se le solicite.
También se contempla que en todo este proceso, la SFP deberá intervenir y revisar las actas.
Este documento debe contener elementos como la situación programática, presupuestaria, los estados financieros, cheques, fideicomisos y de los recursos materiales. Pero hay un apartado único para ingresar la información de las “OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN” en donde se debe informar lo que está pendiente de solventar.
El cierre del acta se da al rendir protesta bajo juramento de “decir la verdad, de haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente acta”.
Cuando Rosario dejó la Sedesol, ya contaba una larga lista de llamados del órgano fiscalizador en 2013, 2014 y 2015 sobre anomalías como la contratación con recursos públicos a instancias sin capacidad para cumplir con los servicios y un posible desvío de tres mil 433 millones 683 mil 969 pesos.
Esto debió constar en su acta de entrega-recepción, la cual está desaparecida.
Investigaciones periodísticas han revelado que políticos mexicanos utilizaron la banca de Andorra para lavar o desviar dinero. El pasado 15 de marzo, el diario El País consignó que la Banca Privada d’ Andorra (BPA) se convirtió en un refugio para ocultar fortunas de políticos priistas y empresarios mexicanos, pese a los embates que sufrió desde su llegada y posterior salida de México.
Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el Cártel de Sinaloa, y en especial Joaquín “El Chapo” Guzmán, lavan dinero en Andorra. “La organización criminal más poderosa del país aprovechó las ventajas fiscales del principado europeo para blanquear al menos 108 millones de pesos mediante una compleja red de empresas fachada que han servido para todo tipo de actividad ilícita, desde la venta de facturas fraudulentas hasta dispersar fondos para esquemas de corrupción vinculados a Odebrecht y la Estafa Maestra”, dice esta mañana un reportaje de Milenio.
La periodista Jannet López Ponce tuvo acceso a un reporte de inteligencia que dice que la estrategia de la que el cártel sinaloense se valió para mover sus ganancias “se basó en el uso de compañías cascarón que, a su vez, transfirieron fondos a Europa con miras a evitar que fueran rastreados por los servicios de inteligencia financiera”.
“Todo, a lo largo de la última década, periodo que coincide con los últimos años del reinado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Aunque el esquema funcionó debajo del radar durante casi 10 años, las primeras pistas concretas del lavado sinaloense en Andorra ya están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera, que detectó al menos a 22 empresas mexicanas que registraron transacciones en el principado y que, en un segundo nivel, tienen nexos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa para mover capitales producto de la venta de droga hacia paraísos fiscales”, dice la periodista.
Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, fue recapturado el pasado 8 de enero de 2016. Foto: Issac Esquivel, Cuartoscuro.
“Milenio tuvo acceso al reporte de inteligencia presentado a principios de marzo ante el gabinete de seguridad federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Las indagatorias de la UIF detectaron en el sistema financiero una serie de transacciones vinculadas directamente con el cártel de Sinaloa, controlado en esa época por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, con destino a distintos bancos andorranos.
Según el informe citado por López Ponce, la UIF ya comprobó transferencias por al menos 108 millones de pesos originadas desde estas 22 empresas cascarón. “Se tiene la sospecha fundada de que eso es sólo una fracción minúscula de lo movido por el cártel hacia el sistema financiero andorrano. […] Son corporaciones falsas en las que ya se detectaron vínculos con otras investigaciones como las del abogado Juan Collado, la red de Odebrecht e incluso la Estafa Maestra. Lo que las autoridades mexicanas estiman es que, como muchos otros actores políticos y empresariales de México, el Cártel de Sinaloa se benefició de la laxitud del sistema financiero de Andorra, que hasta 2018 fungió como uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo”.
POLÍTICOS MEXICANOS Y LA BANCA DE ANDORRA
Investigaciones periodísticas han revelado que políticos mexicanos utilizaron la banca de Andorra para lavar o desviar dinero. El pasado 15 de marzo, el diario El País consignó que la Banca Privada d’ Andorra (BPA) se convirtió en un refugio para ocultar fortunas de políticos priistas y empresarios mexicanos, pese a los embates que sufrió desde su llegada y posterior salida de México.
El reportaje Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI, publicado esta tarde, indica que hasta el año 2015, cuando fue intervenida la institución financiera por lavado de dinero, 80 fortunas de mexicanos estaban en manos de ese banco, pero no fueron las únicas que pasaron por su cartera en casi una década.
“Un relato que entremezcla turbias fortunas, altos funcionarios de Hacienda, narcotraficantes con maletines y prohombres del Partido Revolucionario Institucional (PRI). O, lo que es lo mismo, una corporación que unió bajo el manto protector del secreto bancario a personajes del crimen organizado con priistas como el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; y la Senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones“, señala el texto firmado por Joaquín Gil y José María Irujo.
Tanto Del Mazo, Collado y Sylvana Beltrones han negado irregularidades en el origen de los recursos en diferentes momentos, incluso que ellos mismos hayan abierto las cuentas a su nombre.
Luego de la difusión del reportaje, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo de la Secretaría de Hacienda de México, informó que solicitó a las autoridades andorranas información sobre 23 personas “mencionadas en medios de comunicación”.
“Se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra por las 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados, para obtener la información correspondiente”, dijo el titular de la UIF durante una conferencia de prensa que impartió por la presentación de la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el proceso Electoral.
Los periodistas de El País relataron que la BPA llegó a México en el año 2006. “Transcurre solo un año. Y 71 familias y 10 empresas engrosan la cartera inicial de clientes de esta institución (…) Altos funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados cercanos al poder… Todos, refugian su dinero inconfesable en la flamante y reservada BPA mexicana”.
Explican que entre ellos estaba Giovanni Zenteno, en ese entonces coordinador en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2006. “Y no tuvo problemas en desembarcar en la entidad de la familia Cierco, pese a que la institución financiera se lo debió impedir por su condición de alto funcionario”.
También Juan Sigfrido Millán Lizárraga, Gobernador del PRI por Sinaloa entre 1993 y 2004, además de “una exsubdirectora de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de la Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad de Guanajuato, un empresario sinaloense que murió acribillado a tiros en Guadalajara en 2007…”.
Pero el éxito de la institución estuvo apunto de desplomarse ese mismo año, pues un informe de la dirección de la BPA en México enviado a la dirección general en Andorra relacionaba a algunos de sus clientes vinculados con un político venezolano con lavado de dinero del narcotráfico.
La BPA superó el episodio a la par de la crisis financiera de 2008 y suma, entre 2010 y 20212, 122 clientes con 192.6 millones de dólares, en una cartera que incluye a 174 “enigmáticos mexicanos que mueven en la entidad 243 millones”.
El 27 de febrero de 2012, los directivos informaron que “se iniciarán los trámites para poner fin a la presencia en México”, según un acta de su comité de control consultada por el prestigioso rotativo español, lo que no ocurrió ese año.
Pero Ees en 2013 cuando la BPA finalmente cierra su “embajada” en México, aunque “desde su tentáculo del país centroamericano, fabrica una larga lista de sociedades off shore para refugiar las vidriosas fortunas”, a la par que empieza a captar a más Personas Políticamente Expuestas (PEP), personajes con cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos provenientes de actos de corrupción.
La defensa de Rosario Robles Berlanga aseguró que la extitular de la Sedesol no puede reparar el daño por el que se le acusa, ya que las autoridades no han hallado que “un solo peso en sus cuentas”.
Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- La defensa de Rosario Robles Berlanga aseguró que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, buscará acogerse a la figura de criterio de oportunidad ante la Fiscalía General de la República, con el fin de evitar el juicio por delincuencia organizada.
De acuerdo con el equipo legal de la extitular de la Sedesol, esta semana comenzaron las pláticas con la FGR con el fin de que Robles Berlanga se pueda acoger tanto a la figura de criterio de oportunidad como de testigo colaborador.
“En el caso del delito de delincuencia organizada, en este caso ya empieza a haber una interacción entre los ministerios públicos y la maestra Rosario para empezar a tener las pláticas mediante la que ella se va a acoger a esta figura de testigo colaborador, y que va a funcionar en una especie de híbrido jurídico, entre el criterio de oportunidad y el testigo colaborar, y que pueda aplicarse a mas instancias legales”, dijo el abogado Sergio Arturo Ramírez.
Luis Videgaray, uno de los funcionarios que supuestamente acusaría Rosario Robles. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
El integrante del equipo legal aseguró que la FGR ha actuado de manera “congruente”, con el fin de que la exfuncionaria pueda dar toda la información que las autoridades judiciales requieren para tratar el caso de delincuencia organizada.
“La FGR ha reaccionado en una forma muy congruente, siendo que ellos conocen que el primer tipo primario del delito no corresponde; en la parte secundaria sí hay fórmula para la figura de testigo colaborador; ella [Rosario Robles Berlanga] esta de acuerdo y conforme de platicar con la FGR y dar toda la información que la FGR requiera para legar a los lugares que está previendo llegar la Fiscalía”, añadió.
Ramírez reiteró que Robles Berlanga no llevará un juicio abreviado ni se declarará culpable por el caso de la llamada “Estafa Maestra”, porque dicha acusación “no tiene una vertiente lógica mediante la cual ella pueda ser juzgada”.
“Tenemos que ser muy claros, la maestra no va a llevar un juicio abreviado, como lo manifesté yo a algunos de ustedes hace unos días, no va a llevar un juicio abreviado porque no se va a declarar culpable de la comisión del delito primario, siendo que el delito primario no tiene una vertiente lógica mediante la cual ella pueda ser juzgada, es simplemente un proceso de detención que la está llevando ahí”, reiteró.
Dijo que su cliente no puede reparar el daño porque no se ha descubierto que se haya quedado con el dinero los más de cinco mil millones de pesos que se acusa fueron desviados por sus supuestas omisiones cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Ella no va a reparar el daño, porque no es un delito material, ella no se quedó con esos recursos que supuestamente fueron objeto de este delito de orden penal. A ella no se le ha encontrado un solo peso en sus cuentas. A ella no se le ha encontrado que haya obtenido recursos de firma impropia, y por lo mismo, ella no puede ser objeta de reparación del daño, el delito por el que se le está queriendo acusar en este delito primario es por omisión, esa omisión como bien está explicado, no se puede dar porque el tipo penal mediante el cual está formulado el delito, no esta compouetso de forma correcta”, aseguró.
Por su parte, la abogada Olivia Rubio Rodríguez detalló que hasta que no se resuelva un juicio de sobreseimiento, Robles Berlanga no puede ser llevada a juicio; agregó que mientras no se solucione este aspecto, la exfuncionaria aún puede acogerse a los criterios de oportunidad de la FGR.
“Son básicamente dos procesos. Uno del tipo de penal del ejercicio indebido del servicio público, en ese proceso me gustaría comentar que el día de hoy salió una notica de que la maestra se va a presentar a juicio, ante de eso, antes que la maestra pueda presentarse a juicio tiene que llevarse a cabo la audiencia intermedia, en esa audiencia intermedia, básicamente se depuran hechos y derecho, y me gustaría comentarles que esa audiencia intermedia termina con un auto apertura de juicio oral, tendría que terminas ese juicio; sin embargo, ese juicio está suspendido hasta en tanto no se resuelva el sobreseimiento que tiene interpuesto, entonces, mientras no se resuelva este amparo no podrá haber un auto de apertura de juicio oral, y hasta en tanto no haya un auto de apertura, la defensa y la maestra pueden negociar con la FGR, ya sea un decreto de oportunidad, un juicio abreviado o acogerse a la figura de testigo protegido.
La exsecretaria Rosario Robles durante una visita a Oaxaca en septiembre de 2018. Foto: Arturo Pérez Alfonso, Cuartoscuro
Por la mañana se dio a conoce que Robles Berlanga había decidido enfrentar el juicio por el proceso que pesa en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público al no alcanzar un acuerdo con la FGR para ir a un juicio abreviado.
“Derivado de la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso (…) las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia, negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”, dice el documento de los abogados de Rosario Robles difundido por El Universal.
El escrito señala que será el próximo 26 de marzo, a las 10 horas, cuando se desahogue la audiencia intermedia que está programada y pidió un proceso “justo”.
“La justiciable exige bajo esta perspectiva que ante las actuales circunstancias tenga un trato procesal justo y no basado en rencillas personales o por su condición de mujer, porque de lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos venganza y violencia política”, apunta el documento presentado por su defensa la noche de ayer.
Fuentes explicaron a ElUniversal que la decisión de la exjefa de Gobierno derivó de que las autoridades, incluido el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han insistido en que debe de pagar el daño a las arcas públicas generado a lo largo de su paso por el Gobierno federal en el sexenio peñista.
Robles Berlanga ha asegurado en diferentes ocasiones que no cuenta con recursos, que ha gastado sus ahorros e incluso sus familiares organizaron una rifa para pagar los gastos del proceso.
La exfuncionaria peñista Rosario Robles irá a juicio luego de no alcanzar un acuerdo con la Fiscalía General de la República y de proponer pagar con cinco mil pesos y seis años de cárcel para declararse culpable del cargo de ejercicio indebido del servicio público. Su próxima audiencia será el próximo 26 de marzo.
Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– Rosario Robles ha decidido enfrentar el juicio por el proceso que pesa en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público al no alcanzar un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para ir a un juicio abreviado tras negarse pagar el daño por los más de cinco mil millones de pesos que se acusa fueron desviados por sus supuestas omisiones cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La exsecretaria acusa a las autoridades de impedir un acuerdo para que enfrente un proceso penal abreviado; ella proponía pagar cinco mil pesos y seis años de cárcel para declararse culpable.
“Derivado de la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso (…) las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia, negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”, dice el documento de los abogados de Rosario Robles difundido por El Universal.
El escrito señala que será el próximo 26 de marzo, a las 10 horas, cuando se desahogue la audiencia intermedia que está programada y pidió un proceso “justo”.
“La justiciable exige bajo esta perspectiva que ante las actuales circunstancias tenga un trato procesal justo y no basado en rencillas personales o por su condición de mujer, porque de lo que se trata es buscar la verdad y la justicia y no un proceso fundado en ánimos venganza y violencia política”, apunta el documento presentado por su defensa la noche de ayer.
Fuentes explicaron al Universal que la decisión de la exjefa de Gobierno derivó de que las autoridades, incluido el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han insistido en que debe de pagar el daño a las arcas públicas generado a lo largo de su paso por el Gobierno federal en el sexenio peñista.
Robles Berlanga ha asegurado en diferentes ocasiones que no cuenta con recursos, que ha gastado sus ahorros e incluso sus familiares organizaron una rifa para pagar los gastos del proceso.
Rosario Robles pasó ya año y medio presa en el Penal femenil de Santa Martha Acatitla; durante ese tiempo y a pesar de que hay otros cómplices en el esquema conocido como la “Estafa Maestra”, ella ha decidido no hablar, aunque sus abogados aseguraron que lo haría, la exfuncionaria posteriormente lo negó.
Rosario Robles asistió a la ceremonia del 171 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec y la explanada del altar a la patria. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
Durante este tiempo, su equipo ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitaron negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado, lo que finalmente no ocurrirá.
Parte de los elementos que mantienen a Rosario Robles en prisión provienen de las declaraciones de Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad. Sus señalamientos los empleó el Ministerio Público para atribuirle cargos a Robles por el desvío de recursos públicos en la llamada “Estafa Maestra”.
Los argumentos que la defensa de Rosario no ha logrado combatir fue que ella, como titular de estas dependencias, sabía de los desvíos y permitió que estos mecanismos fueran continuados, al conservar a los funcionarios que los realizaron tanto en la Sedesol como en la Sedatu.
Desde el año pasado, el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, dijo en una conferencia, en relación al criterio de oportunidad, que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin—extitular de Petróleos Mexicanos, actualmente con prisión domiciliaria por caso Odebrecht y Fertinal— es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la “Estafa Maestra”.
Estas personas involucradas no serían los integrantes de su equipo en las dependencias, que están claramente detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sino a quienes se ha identificado como sus superiores: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.
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