La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) indicó que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 permite confirmar las directrices fundamentales que desea ejecutar el Presidente Andrés Manuel López Obrador: bienestar, energía y seguridad.
Ciudad de México, 25 de noviembre (EconomíaHoy).- La estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado para el 2020, limita los recursos destinados a actividades productivas fundamentales para el crecimiento, con lo que la inversión física tendría una caída de entre 5 por ciento y 6 por ciento en términos reales, señaló el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
El gasto aprobado por el ejecutivo prioriza a los programas sociales con el fin de reducir la pobreza, pero “es difícil ignorar el elevado contenido político electoral de este presupuesto, debido a las transferencias directas mediante las que operan los programas sociales prioritarios” agregó la institución.
Mientras los proyectos de inversión emblemáticos, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, no cuenten con estudios de rentabilidad social como lo manda la ley de presupuesto “no hay nada que indique que estimularán el crecimiento”.
Ante la baja esperada en inversión física, el sector privado confía en que se complemente con el Plan Nacional de Infraestructura que está por presentarse, sinergia que será “muy relevante garantizar a un mayor ritmo de crecimiento y desarrollo”.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) indicó que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 permite confirmar las directrices fundamentales que desea ejecutar el Presidente Andrés Manuel López Obrador: bienestar, energía y seguridad.
Si se busca acelerar el desarrollo del sector energético durante el segundo año de la actual administración, “será fundamental que las obras se ejecuten con el mayor contenido nacional posible y garantizando el pago oportuno a sus proveedores”, advirtió el organismo que dirige Francisco Cervantes. Para ello, es indispensable que se profundice la alianza con la inversión privada en el sector energético.
En su Análisis Económico Ejecutivo, el CEESP explicó que aunque los niveles de ocupación han ido en aumento -un alza 1,151,462 ocupados respecto al mismo trimestre del año pasado-, hay señales significativas que apuntan a un deterioro de la calidad del empleo.
Aseguró que la aspiración de la población a mejores niveles de vida es legítima y clara. Sin embargo, los incentivos para invertir en proyectos productivos y rentables, que es la única forma de generar empleos, han sido limitados. “La actividad económica se estanca, la debilidad del estado de derecho prevalece, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, el exceso de regulación, entre otros factores negativos siguen ganando terreno y limitan la posibilidad de un entorno más propicio para los negocios”.
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La única manera de reducir la pobreza en forma duradera es la creación de empleos, pero también es importante que éstos sean de la mayor calidad posible, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su Análisis Económico Ejecutivo explicó que aunque los niveles de ocupación han ido en aumento -un alza 1,151,462 ocupados respecto al mismo trimestre del año pasado-, hay señales significativas que apuntan a un deterioro de la calidad del empleo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al segundo trimestre del año las personas ocupadas en el país sumó un total de 54 millones 936 mil 719 personas, lo que contribuyó para que la gente desocupada representara sólo 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).
El CEESP indicó que para asegurar la calidad en los empleos se debe tener jornadas laborales e ingreso suficiente que permita satisfacer las necesidades familiares y que cuente con servicios de salud. “Ésas son señales claras de la reducción de la pobreza. Sin embargo, en este último frente, los indicadores de ocupación apuntan a la necesidad de mejorar la calidad de los puestos de trabajo que se generan en la economía, además de que concentran en los niveles salariales más bajos, agudizando la precariedad del mercado laboral y con bajo impacto en la dinámica del consumo”, apuntó.
Añadió que el país requiere empleo de calidad para 6,262,263 personas (suma de desocupación y subocupación registrada en el segundo trimestre del año), cifra mayor en 576,043 a la del mismo periodo del año pasado.
Ante esto, señaló que la precariedad del mercado laboral es congruente con el estancamiento o menor dinamismo de la actividad económica y puede incluso limitar un mayor ritmo de crecimiento del país, debido en parte a la restricción que dicha precariedad puede implicar el consumo y a la limitada productividad de esa mano de obra en un eventual repunte de la demanda agregada.
Otro signo de debilidad el mercado laboral, consideró, es el número de trabajadores registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que refleja el empleo del sector formal. “En julio el total de afiliados aumentó en 16,713, la menor cifra mensual desde julio de 2005. El total de nuevos registros se dio en el segmento de trabajadores eventuales, ya que el de permanentes se redujo en 4,037. En los primeros siete meses del año se registraron 306 mil nuevos trabajadores, 225 mil menos que en el mismo lapso del año pasado”.
Aseguró que la aspiración de la población a mejores niveles de vida es legítima y clara. Sin embargo, los incentivos para invertir en proyectos productivos y rentables, que es la única forma de generar empleos, han sido limitados. “La actividad económica se estanca, la debilidad del estado de derecho prevalece, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, el exceso de regulación, entre otros factores negativos siguen ganando terreno y limitan la posibilidad de un entorno más propicio para los negocios”.
REDUCCIÓN DE TASAS SE VERÁN HASTA EL 2020
Finalmente, el centro de estudios económicos dijo que si bien el objetivo de reducir la tasa de referencia, por parte del Banco de México, es darle un impulso a la actividad productiva, es muy probable que este no se perciba este año. “La transmisión completa de la política monetaria para las diferentes modalidades de crédito se de después de aproximadamente 8 meses”.
La Junta de Gobierno del Banco de México decidió, por primera vez desde diciembre del 2018, bajar en 25 puntos base su tasa objetivo el pasado 15 de agosto, para ubicarla en 8 por ciento. Para el CEESP es claro que el mercado ya lo tenía descontado, toda vez que no hubo movimientos bruscos en las variables financieras que reflejaran una percepción de riesgo, pues se pronosticaba este hecho luego que la Reserva Federal de Estados Unidos hiciera lo mismo y en la misma proporción días antes.
El organismo del CEE previó que los afectados por el desabasto serán todos los ciudadanos, y sobre todo los que menos tienen. Dijo que la preocupación es mayor ante la imposibilidad de mover las flotillas de transporte y que ello comprometa la distribución de víveres.
Dijo que aún es prematura considerar los costos del desbasto pues aún no hay datos duros de las actividades afectadas; pero previó que el costo podría ascender a poco más de 6 mil millones de pesos, lo que representa el 0.03 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) llamó a los consumidores a no participar en la venta de huachicol y a denunciarlo. Aunque celebró el combate contra este delito, alertó que la estrategia de cerrar los ductos fue rebasada por la demanda de combustible de finales de año.
“Nadie puede estar en contra del combate al robo de combustible. De hecho, la mejor opción para erradicarlo es la colaboración de todos los sectores. Unos a través de la denuncia y otros dejando de participar en la venta de combustible ilegal”, dijo el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en su reporte semanal.
El CEESP recordó que las pérdidas por el robo de combustible fueron de 60 mil millones de pesos en 2017, un 13.5 por ciento del valor total de las ventas internas de las gasolineras, según datos de las autoridades.
Y destacó que “evidentemente, el costo de 2018 habrá sido mucho mayor dado el constante crecimiento de este delito”.
El CEES consideró que la estrategia del Gobierno federal de cerrar los ductos para así evitar el robo de combustible y hacer la distribución por una flotilla limitada de pipas fue rebasada por la demanda estacional de finales de año.
También alertó que hasta el momento los estados más afectados son: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, México, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y la Ciudad de México.
El organismo del CEE previó que los afectados por el desabasto serán todos los ciudadanos, y sobre todo los que menos tienen. Dijo que la preocupación es mayor ante la imposibilidad de mover las flotillas de transporte y que ello comprometa la distribución de víveres.
También alertó que las compras de pánico podrían tener un impacto en los precios al consumidor.
Por otra lado, dijo que aún es prematura considerar los costos del desbasto pues aún no hay datos duros de las actividades afectadas.
Pero previó que el costo podría ascender a poco más de 6 mil millones de pesos, lo que representa el 0.03 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Recordó que los primeros afectados ya son los distribuidores de gasolinas.
“Aunque podría parecer mínimo, no obstante, a esto habría que incluir el costo de diversas actividades productivas, aunque es probable que en conjunto el impacto no sea mayor a una décima del Producto”, detalló el CEESP.
PEMEX Y CCE BUSCAN SOLUCIÓN
El viernes Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) iniciaron reuniones para hallar soluciones al desabasto en algunas regiones de México.
“Reiteramos que apoyamos la decisión de combatir la ilegalidad y el robo de combustible, sin embargo es fundamental tomar medidas para que no haya desabasto que afecte a las personas y la economía del país”, escribió Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, en Twitter.
“Desde el sector privado, hemos iniciado una serie de reuniones con Pemex, para buscar formas en las que podamos colaborar para solucionar el problema de desabasto de gasolinas en el corto plazo, en las regiones más afectadas”, expuso.
“Expresamos a Pemex la disposición de los empresarios para ayudar tanto en la distribución como el almacenamiento, desde las posibilidades del sector privado”, dijo.
Ese mismo día, Pemex anunció que acordó con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) llevar a cabo un plan conjunto para agilizar el abasto de combustible.
El plan se implementará en las próximas 48 horas y contará con apoyo del Gobierno de México a través de 8 mil 300 policías y mil 400 vehículos que garantizarán la seguridad.
El combate a la pobreza en México ha sido poco exitoso y la desigualdad sigue en aumento por lo que se requieren políticas para generar empleo y una inflación baja, que son los factores que de forma efectiva reducen la pobreza, señaló un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Los niveles de pobreza y desigualdad en México crecerán lo que resta de 2017 y en 2018 si el Gobierno no genera empleos y la inflación continúa disparándose. Además, los programas sociales del gobierno podrían ser unos de los detonadores del crecimiento de la pobreza.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Los niveles de pobreza y desigualdad en México crecerán lo que resta de 2017 y en 2018 si el Gobierno no genera empleos y la inflación continúa disparándose, destacó el análisis semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“El combate a la pobreza en México ha sido poco exitoso y la desigualdad sigue en aumento por lo que se requieren políticas para generar empleo y una inflación baja, que son los factores que de forma efectiva reducen la pobreza”, señaló el reporte.
De acuerdo con el CEESP, la inflación del mes de agosto, que fue la más alta en 16 años, y el poco impacto de los programas sociales del gobierno podrían ser los detonadores del crecimiento de la pobreza.
El análisis económico destacó la necesidad de hacer eficiente el gasto público en el Presupuesto de Egresos 2018 para reducir la pobreza.
“A pesar de que prácticamente todos los indicadores de pobreza en el modelo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tuvieron mejoras en la última encuesta, los niveles de desigualdad siguen elevados, por lo que es fundamental hacer esfuerzos adicionales, principalmente en materia de la eficiencia del gasto público, que es lo que se espera que contenga el Presupuesto de Egresos 2018”, expuso el CEESP.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), levantada entre agosto y noviembre de 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el ingreso promedio por hogar fue de 46.521 pesos trimestrales, con una diferencia entre deciles: Mientras que en el primer decil el ingreso promedio fue de 8.166 pesos por hogar en el trimestre, en el decil X el ingreso fue de 168.855 pesos trimestrales, es decir, 21 veces más que el nivel más bajo.
Los datos oficiales indicaron que en ese año el porcentaje de la población en situación de pobreza fue de 43.6 por ciento, nivel inferior al 46.2 por ciento del 2014 y el más bajo desde 2010. Esto significó que en términos absolutos, la población en situación de pobreza disminuyera en 1.9 millones de personas.
Sin embargo, refirió el análisis, preocupa que los niveles de pobreza hayan vuelto a aumentar en este año y posiblemente en el siguiente, respondiendo al efecto que sobre el poder adquisitivo de las familias tendrá el repunte de la inflación.
El pasado 4 de septiembre, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a más de 60 organizaciones, destacó que las cifras del Coneval y el Inegi “únicamente” contabilizar a 9.4 millones de personas en pobreza cuando en realidad hay más de 21 millones de mexicanos a quienes no les alcanza para comer.
Estos 21 millones de mexicanos, son el 17.5 por ciento de la población que, de acuerdo a parámetros internacionales, se ubican en condición de pobreza extrema por carecer el ingreso suficiente para una canasta mínima de alimentos.
Para la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, las cifras de la medición de la pobreza dadas a conocer por Coneval obligan a una revisión a fondo del modelo económico y social que impulsan tanto el Gobierno federal como los gobiernos locales.
“Todavía hay millones de personas que no ejercen sus derechos básicos y que no cuentan con ingreso suficiente para la sobrevivencia”, expusieron las organizaciones en un comunicado. Agregaron que hay “reducciones” que no mejoran las condiciones de vida de las personas, sino sólo reflejan un cambio en la forma de responder o de medir las carencias.
“En algunos casos se trata de cifras maquilladas o al menos, no comparables y que no reflejan cambios recientes. Se requiere un nuevo rumbo con acciones urgentes y de mediano plazo para enfrentar la pobreza y la desigualdad de manera efectiva”, detallaron.
En México, 2 millones de personas (50.4 por ciento de la población) carece de ingreso suficiente para adquirir los productos básico para sobrevivir.
Casi 3 de cada 4 indígenas viven en pobreza (72 por ciento); 4 de cada 10 no tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria (42 por ciento). Solo el 6 por ciento no presentan carencias sociales o de ingreso.
De acuerdo con Acción Ciudadana, en algunos estados del sur del país, una gran parte de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria.
En Chiapas es la mitad de la población (49.9 por ciento); en Oaxaca son 4 de cada 10 (40.2 por ciento); en Guerrero es más de la tercera parte (35.2 por ciento); en Veracruz es casi la tercera parte de la población (30.6 por ciento), que se ubican en “pobreza extrema por ingresos”.
En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”, el CEESP destacó que la reducción al gasto público para 2017 se concentra en el programable, en especial en los ramos administrativos, para los que se tiene previsto una disminución de 16.9 por ciento en sus recursos.
El CEESP consideró que el Congreso tiene la responsabilidad de lograr el mejor paquete económico para el próximo año, que sea realista y viable. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– El Congreso, copartícipe importante del incremento de la deuda en el país, debe realizar un análisis exhaustivo sobre los rubros en los que se puede hacer mayores ajustes al gasto para evitar que ésta siga a la alza, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”, el CEESP destacó que la reducción al gasto público para 2017 se concentra en el programable, en especial en los ramos administrativos, para los que se tiene previsto una disminución de 16.9 por ciento en sus recursos.
Sin embargo, mencionó, para los ramos autónomos se propone un aumento de 9.6 por ciento, principalmente por un alza de 14.8 por ciento en el gasto del Poder Judicial, y los esfuerzos deben ser mayores en estos rubros, pues es la parte en la que mayor margen de maniobra se tiene para realizar ajustes.
El organismo de análisis e investigación del sector privado estimó que los resultados que se logren en este aspecto serán la base para hacer frente al rápido aumento en el gasto no programable.
El CEESP resaltó el aumento en el costo financiero del sector público, es decir, el pago de intereses de la deuda, que se ha incrementado significativamente a la par del aumento en el nivel de la deuda pública.
Indicó que para este se propone un presupuesto de 568.2 mil millones de pesos para 2017, lo que representa una cifra 90.5 mil millones de pesos mayor a la aprobada para 2016.
“Otro rubro que muestra un aumento importante es el relacionado con las participaciones a entidades federativas, para el cual se propone un aumento de 37.3 mil millones de pesos para 2017, respecto a lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de 2016”, señaló el CEESP.
De acuerdo con el análisis, lo preocupante es que la mayor asignación de recursos propuesta para estos rubros representa poco más de la mitad del aumento previsto en los ingresos tributarios del sector público.
El hecho es que a pesar de los esfuerzos que se plantean y las favorables señales que esto significa, se debe insistir sobre la necesidad de ser más agresivos en la corrección al gasto, argumentó.
Según el CEESP, aprobar el paquete económico como se envió al Congreso es un avance importante, pero insuficiente para corregir rápidamente la situación de desbalance de las cuentas del sector público.
De ser así, agregó, la deuda seguirá aumentando en términos absolutos y como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), “sobre todo cuando el entorno anticipa un bajo ritmo de crecimiento, lo que hará que el porcentaje del total de compromisos del sector público siga al alza como proporción del producto”.
Aunado a esto, puntualizó, las autoridades hacendarias no anticipan una corrección importante del déficit público en los siguientes años, lo que implica la necesidad de buscar recursos para financiar esta diferencia.
El organismo refirió que de acuerdo con el escenario 2017-2022, no hay un solo año en el que el balance del sector público muestre un resultado superavitario, e incluso los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se mantienen estables como proporción del PIB a partir de 2018, en un 2.5 por ciento.
Sin embargo, el Saldo Histórico de los RFSP muestran una modesta tendencia a la baja en ese lapso, lo cual no es consistente con un aumento constante en el flujo anual de deuda, lo que lleva a intuir que esto se debe a una estimación de crecimiento del PIB elevada, que sería la única manera de que se pudiera dar este escenario.
El CEESP consideró que el Congreso tiene la responsabilidad de lograr el mejor paquete económico para el próximo año, que sea realista y viable.
“Esperamos no ver modificaciones optimistas en el precio del petróleo con el objetivo de mejorar la expectativa de ingresos petroleros o un tipo de cambio que minimice los efectos del aumento de la deuda externa”, apuntó.
Pese a que la infraestructura es uno de los sectores de mayor importancia para el impulso de la economía mexicana, la inversión gubernamental en este sector se encuentra en su menor nivel histórico. En los últimos días, diversos analistas y calificadoras alertaron que si el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto sigue invirtiendo en Pemex, será difícil disminuir la deuda del país, que al cierre del segundo trimestre de 2016, se ubica en 6 billones 519 mil 981.7 millones de pesos. Como porcentaje del PIB, representó el 34.5 por ciento.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Si el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto continúa invirtiendo en Petróleos Mexicanos (Pemex) sin que esta muestre los rendimientos esperados, la economía mexicana no alcanzará un repunte, advirtió Francisco Lelo de Larrea Padilla, integrante del panel de expertos de la organización México ¿Cómo vamos? y subdirector de análisis económico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Pemex, que es la empresa productiva del Estado, como agente del Gobierno para explotar las riquezas petroleras de los mexicanos recibe montos importantes para invertir y con esa inversión ir reponiendo todo el petróleo que se consume, es decir, reponer las reservas probadas de petróleo y eso es lo que no está funcionando”, dijo el analista en entrevista con SinEmbargo.
De acuerdo con Lelo de Larrea, una de los rubros a los que se están destinando recursos es la exploración. “Pemex decide dónde explorar y en toda esta exploración resulta que no hay petróleo o es muy difícil de sacar. No hay yacimientos ricos. Entonces, se está invirtiendo en exploración y no se están sustituyendo las reservas a la velocidad a la que se saca el petróleo”.
“Pemex no está mostrando rendimientos. Nadie puede seguir invirtiendo en algo que no da frutos”, añadió.
Ayer, Jaime Reushe, vicepresidente analista senior de riesgo soberano de Moody’s, dijo que aunque México asegura que hay disciplina financiera y la deuda del país se estabilizará en los próximos años, ésta seguirá creciendo y llegaría a 39 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 si el Gobierno mexicano continúa con los apoyos fiscales que entrega a Petróleos Mexicanos.
“En un escenario en el que Pemex no tuviera deuda, el Gobierno mexicano podría estabilizarse entre el 2017 y el 2018”, dijo Reushe durante la 17 Conferencia Anual de Moody’s.
Lelo de Larrea señaló que las reformas estructurales lo que buscan es hacer más dinámica la economía, pero es muy pronto para ver los resultados. Sin embargo, la inversión al sector energético que se realiza a través de Pemex, no ha tenido los resultados esperados ya que “se le están destinando grandes montos de recursos y las reservas siguen disminuyendo”.
El Gobierno de Peña Nieto entregó a Pemex una aportación patrimonial de 26 mil 500 millones de pesos, según el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2016 publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En una proyección a futuro, seguir invirtiendo en Petróleos Mexicanos a cambio de nada es una “situación preocupante”, mencionó.
Por otro lado Lelo de Larrea señaló que uno de los sectores de mayor importancia para el impulso de la economía mexicana es la infraestructura y la inversión gubernamental en este sector se encuentra en su menor nivel histórico. El expertos de la organización México ¿Cómo vamos?, mencionó que durante el primer trimestre de 2016 la inversión del Gobierno mexicano en el área de infraestructura fue de sólo el 3 por ciento en relación con el PIB, es el dato más bajo del que se tiene registro.
“En México faltan proyectos a largo plazo que independientemente los cambios de Gobierno tengan los recursos asegurados y planeación”.
La caída en la inversión en la construcción de carretas, autopistas e incluso infraestructura ferroviaria, la cual en los últimos 10 años no ha aumentado ni un kilómetro, no se debe a la falta de recursos federales es al revés, dijo, ya que la Reforma Fiscal le dio recursos adicionales a los que ya tenía.
Esta situación de nula inversión se ha convertido en un tema preocupante pues “si el Gobierno no invierte en infraestructura para el futuro, se van a generar cuellos de botella que van a frenar el crecimiento del país”.
Respecto a la perspectiva negativa que dio la calificadora Standard & Poor’s, lo cual deja una posibilidad de tres de que rebaje la nota crediticia en los próximos 24 meses si el nivel de deuda o la carga de intereses presenta un deterioro mayor a lo esperado. Y al cambio de perspectiva de “estable” a “negativa” que la calificadora Moody’s dio a la perspectiva para el sistema bancario ante expectativas de que el riesgo de activos aumente con la expansión de su cartera de crédito, aun cuando el crecimiento económico se mantiene deprimido.
El experto dijo que el Gobierno se está endeudando y no está invirtiendo en activos, situación que complicará que se realice el pago de la deuda de manera eficiente. Pero dijo que es importante señalar que las calificadoras no han disminuido las calificaciones, sólo la perspectivas, sin embargo, estas bajas “son un foco amarillo que preocupa”.
La Reforma Energética dio la capacidad de importar gases LP, como propano, a empresas distintas a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que pone en riesgo el dominio de la petrolera en el mercado del combustible más utilizado en el país, informó hoy la agencia Bloomberg.
De acuerdo con especialistas del sector energético, es probable que la demanda de gas LP en México crezca un 7 por ciento este año a 300 mil barriles por día.
Pero Pemex, por su parte, no está en condiciones de aprovechar las circunstancias después de reportar insuficiencias en su flujo de caja por tres años consecutivos, y este año el déficit aumentó a un monto récord de 22 mil millones de dólares, de acuerdo con datos y cálculos compilados por Bloomberg.
La deuda total de la Empresa Productiva del Estado se disparó a casi 100 mil millones de pesos, y ha resistido recortes de 162 mil millones de pesos en su presupuesto en los últimos dos años.
La iniciativa privada lanzó hoy un “ya basta” a los gobiernos federal y estatales, debido a las protestas realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las cuales, han llegado a un punto inaceptable de disrupción de la legalidad, el orden y la paz pública. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estimó, por su parte, que el impacto económico podría ser de cuatro mil 200 millones de pesos, sin considerar la afectación en la actividad productividad de diversos sectores y en los hogares.
El organismo presidido por Juan Pablo Castañón lanzó hoy un “ya basta” a los gobiernos federal y estatales, debido a las protestas realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Foto: CCE
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó hoy un “ya basta” a los gobiernos federal y estatales, debido a las protestas realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que, afirman, han llegado a un punto inaceptable de disrupción de la legalidad, el orden y la paz pública.
En un mensaje extraordinario, el sector empresarial reclamo a la CNTE: que deponga sus acciones y métodos irresponsables, violentos y delictivos, que recurren a la violación sistemática de derechos a terceros como forma de extorsión para sus demandas y preservar sus propios intereses.
Para las instituciones del Estado mexicano y sus responsables, en los tres órdenes de gobierno, la demanda es igualmente concreta: honrar su razón de ser y mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley.
“Quiero ser muy claro: Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población”, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
Dijo que el diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad pública, y menos aún si quien paga los costos y las pérdidas es la sociedad, son los ciudadanos.
De acuerdo con el CCE, las protestas de la CNTE además de frenar cambios para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor educación, están generando afectaciones muy serias y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población y la sociedad.
A los problemas de desabasto de productos básicos en las zonas donde se concentran las movilizaciones, aseguraron, se agregan los que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras, puertos y ferrocarriles.
“Hay una disrupción aguda, con efectos en cadena, de ciclos de negocio y procesos productivos que son esenciales para las comunidades y para la subsistencia no sólo de las empresas, sino de sus propios empleados y trabajadores: miles de personas que dependen de su trabajo cotidiano”, denunció el CCE.
Los empresarios estimaron que en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán se hay una disminución en la llegada de contenedores de cerca de 17 por ciento, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos.
A ello se le suma, dijeron, las filas de camiones varados de hasta 15 kilómetros que se han registrado en algunas carreteras o en casos como el sector siderúrgico, que denuncia pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos por falta de materiales.
“Tolerar la infracción de la ley no va a resolver la problemática; muy por el contrario la perpetúa. Eso es lo que ha hecho que este conflicto se vuelva permanente y resurja año con año, con mayor o menor intensidad, al tiempo que se incuba la polarización dentro de la sociedad”, destacó el CCE.
Marcha de maestros de la CNTE en la Ciudad de México. Foto: Valentina López, SinEmbargo.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó, por su parte, que los bloqueos por parte de integrantes de la CNTE en varios estados, así como actos vandálicos como la quema de vehículos y la destrucción de equipo, tiene ya costos importantes y pone en riesgo los procesos productivos de varias empresas, así como sus plantillas laborales.
El impacto económico, dijeron, se estima en cuatro mil 200 millones de pesos, sin considerar la afectación en la actividad productividad de diversos sectores y en los hogares.
“Hasta el momento no hay una cuantificación exacta del impacto económico que han tenido las acciones emprendidas por la CNTE, aunque se habla de una cifra aproximada de cuatro mil 200 millones de pesos”, precisó el CEESP en su mensaje semanal.
Además de las pérdidas monetarias que esto ha generado, el CEESP detalló que está la afectación en la actividad productiva de diversos sectores, como el ferroviario, agroalimentario, de alimentos y bebidas, de turismo, el automotriz y el de la construcción, entre otros.
“De mantenerse por más tiempo es casi seguro que tendrá una incidencia negativa en el ritmo de crecimiento de la zona sureste del país, así como en la generación de empleos”, advirtió en su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”.
De acuerdo con los datos del CEESP, en Oaxaca ya se reportan cerca de dos mil 600 negocios cerrados, lo que representa una pérdida monetaria de aproximadamente 197 millones de pesos.
En Huatulco, agregó, información proveniente de empresarios hoteleros indica que se han cancelado más de tres mil habitaciones, mientras que en Chiapas se reporta una caída de 17 por ciento en la ocupación hotelera.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que los recortes al gasto público anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no serán efectivos si la dependencia continúa aplicando ajustes sin un análisis de costos que permitan gastar eficientemente y destinar los recursos a aquellos programas que incidan en el crecimiento. Hasta junio del presente año, el Gobierno federal ha anunciado, en suma, un recorte de 164 mil 77.7 millones de pesos, lo que equivale al 3.4 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.
El titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, en conferencia de prensa anunciando el segundo recorte al gasto público. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– Los recortes al gasto público anunciados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no serán efectivos si la dependencia continúa aplicando ajustes sin un análisis de costos que permitan gastar eficientemente y destinar los recursos a aquellos programas que incidan en el crecimiento, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“De continuar aplicando recortes sin un análisis de costos se continuará fortaleciendo una asignación de recursos ineficientes y con poca incidencia en el crecimiento y el bienestar”, expuso el organismo en su comentario semanal.
El CEESP destacó que el recorte al gasto tampoco será efectivo si no se evita la asignación discrecional de recursos por parte de los funcionarios públicos.
“A pesar de los esfuerzos por corregir y fortalecer las finanzas públicas, en algunas dependencias existe un enorme desconocimiento de los programas que instrumentan y de sus reglas de operación, llevando evidentemente, a una inefectiva asignación de los recursos. Es un hecho que si las dependencias no tienen un conocimiento estricto del gasto que realiza, es casi imposible tener una visión de en donde poder generar ahorros o recortes efectivos”, señaló.
El organismo detalló que actualmente y a pesar de los recortes anunciados por la SHCP, el gasto público continúa concentrándose en buena medida en subsidios, mientras que los recursos canalizados a inversión física son menores, situación que indica que existen amplias áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia.
“Se requiere de un verdadero análisis, pero ahora no sólo de los programas presupuestales, sino de la capacidad administrativa de las unidades encargadas de ejercer los recursos. Esto implica revisar los procesos, sus costos administrativos, sistemas de tecnología, así como sus estructuras organizacionales, todo con el objetivo principal de beneficiar a la población”, indicó el CEESP.
El documento del organismo también precisó que la base del crecimiento es la acumulación de capital, y para ello se requiere invertir.
“La inversión es la mejor receta para crecer de forma sostenida y de esta manera será posible que las personas se beneficien de más empleos mejor remunerados”, puntualizó.
El primer ajuste preventivo al gasto público de 2016 fue anunciado el 17 de febrero, por un equivalente a 132 mil 300 millones de pesos en el marco del deterioro económico global. El segundo recorte fue el pasado 24 de junio, por un monto de 31 mil 715 millones de pesos adicionales, como una medida emergente para enfrentar la volatilidad provocada en los mercados por la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea.
Hasta junio del presente año, el Gobierno federal ha anunciado, en suma, un recorte de 164 mil 77.7 millones de pesos, lo que equivale al 3.4 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016.
Según las estimaciones sobre la evolución de las finanzas públicas, para 2017 se requerirá otro ajuste de 175 mil 100 millones de pesos.
La semana pasada, un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), reveló que en las dos reducciones al gasto público anunciadas este año por Hacienda se hizo un recorte a rubros que no tenían un presupuesto asignado y a unidades que ni siquiera existían en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
“Aunque la SHCP tiene la atribución de hacer modificaciones al presupuesto, cuando así se requiera, se hicieron ajustes a objetos de gasto que no aparecen en el PEF aprobado o a unidades administrativas no correspondientes y a programas que, además de tener reglas de operación, pudieron considerarse prioritarios en los últimos años”, se expone en el documento “Ajustes preventivos al presupuesto 2016”.
De acuerdo con el CIEP, Hacienda anunció una reducción de 178 millones de pesos en la Unidad de Coordinación General de Delegaciones de ese programa, pero en su revisión, esta área ni siquiera existe.
En un primer acercamiento hacia los sectores afectados por los recortes, el CIEP observó que sumando los ajustes publicados en febrero y en junio las entidades más afectadas son las no sectorizadas con una disminución del 27.7 por ciento; Petróleos Mexicanos (Pemex), 18.3 por ciento; Comunicaciones y Transportes, 13.7 por ciento y Turismo, 13.5 por ciento.
Además, Hacienda recortó 5 millones de pesos al Programa de Estancias Infantiles en el rubro de servicios profesionales pese a que ese concepto no estaba aprobado ni tenía recursos asignados.
“Llama la atención los recortes a los programas sujetos a reglas de operación, cabe mencionar que éstos son los que tienen objetivos bien definidos, reglas bien claras de dónde se distribuyen los recurso, quiénes son los beneficiarios, quiénes pueden acceder al beneficio, estos están sufriendo un recorte importante, de alrededor del siete por ciento en conjunto”, destacó en entrevista para SinEmbargo, Sunny Arely Villa Juárez, investigadora del CIEP.
La investigadora del CIEP detalló que el recorte afecta a distintos sectores de la población, especialmente a la población más vulnerable. “Vamos a encontrar recortes tanto para el campo, la protección ambiental y otros más como el Programa de Apoyo a la Vivienda de las Mujeres, escuela de tiempo completo”, explicó.
El Presidente Enrique Peña Nieto ha destacado en varias ocasiones que el modelo escolar de las primarias de tiempo completo son un avance de la Reforma Educativa implementada en 2013, sin embargo, en el último recorte de Hacienda éste fue uno de los rubros con mayores afectaciones.
En su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”, el CEESP destacó que si el tipo de cambio se mantiene por varios meses más en los niveles actuales, es factible que el Banco de México (Banxico) tome algunas medidas de política monetaria, incluso una posible alza en las tasas de interés.
El pasado martes, el dólar se alejó del piso de los 18 y cerró en 19.30. Foto: EFE
Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– Las presiones sobre el tipo de cambio pueden mantenerse hasta finales del año y su posible efecto sobre los precios puede extenderse hasta principios de 2017, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”, destacó que si el tipo de cambio se mantiene por varios meses más en los niveles actuales, es factible que el Banco de México (Banxico) tome algunas medidas de política monetaria, incluso una posible alza en las tasas de interés.
El pasado martes, el dólar se alejó del piso de los 18 y cerró en 19.30 pesos en banco, cayendo a un mínimo de cuatro meses en medio de la incertidumbre que genera la posibilidad de que Gran Bretaña decida en un referendo abandonar la Unión Europea. El jueves estuvo a a nueve centavos de llegar al máximo histórico reportado en febrero que es de 19.50.
El CEESP mencionó que en las semanas recientes el tipo de cambio al mayoreo ha tenido presiones que lo llevaron a tocar la barrera de los 19 pesos por dólar, lo que se explica por diversas razones.
Una de ellas, dijo, era la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) aumentara la tasa de interés en su reunión de junio, y aunque no la incrementó, por la reducida creación de empleos en mayo pasado, la incertidumbre continuará.
indicó que la moneda mexicana se enfrenta también al nerviosismo que se vive ante los resultados que tendrá el “Brexit”, así como por los efectos que sigue teniendo el precio del petróleo.
El organismo de investigación y análisis del sector privado refirió que hay quienes consideran que gracias a la estabilidad macroeconómica existen elementos para que el tipo de cambio se corrija en el corto plazo, aunque hay otras opiniones oficiales que señalan que pese a la estabilidad de las variables fundamentales, la volatilidad de la moneda se mantendrá por algunos meses más.
El CEESP precisó que hasta ahora el debilitamiento de la moneda no ha tenido un impacto importante sobre el indicador general de precios al consumidor, gracias en buena medida a que existen condiciones de holgura en la economía.
No obstante, advirtió que las empresas que requieren de insumos del exterior pueden no tener la capacidad de seguir absorbiendo los costos que implica un tipo de cambio como el que se observa actualmente.
Ante ello, indicó, “en algún momento podrían comenzar a reflejarse en los precios finales y propiciar que la inflación al consumidor volviera a repuntar para ubicarse nuevamente en niveles superiores al 3.0 por ciento, aunque de hecho ya se perciben algunas señales de un posible impacto en los precios”.
El organismo subrayó que proteger el poder adquisitivo del salario es uno de los principales objetivos, por lo que es fundamental tomar las medidas necesarias para evitar que la moneda se debilite significativamente.
El CEESP detalló que aunque los pronósticos de inflación se mantienen dentro del rango establecido por el Banxico de 3.0 por ciento, también están por arriba del nivel inflacionario actual, lo que podría llevar a una moderación en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.
No obstante, adviertió, que si los precios al consumidor retoman una tendencia ascendente y cierran el año en niveles cercanos al 3.3 por ciento, la ganancia real del poder adquisitivo se podría reducir en casi tres puntos porcentuales en los siete meses que faltan para concluir el año.
“Las opiniones en general apuntan a que la volatilidad del tipo de cambio se reducirá una vez que se defina la situación del “Brexit”, haya más claridad en cuanto a la política monetaria de la reserva Federal y concluyan las elecciones presidenciales en Estados Unidos”, puntualizó.
Esto implica, dijo, que las presiones pueden mantenerse hasta finales del año y el posible efecto sobre los precios pueda extenderse hasta principios del 2017, lo que de concretarse, podría revertir el dinamismo del consumo en los últimos meses, incidiendo negativamente en el ritmo de crecimiento de la economía.
El organismo de investigación y análisis del sector privado insistió en que la mejor opción para fortalecer las variables que han sido determinantes de la estabilidad macroeconómica del país, es reducir el gasto público en 300 mil millones de pesos, lo cual debe llevarse a cabo a pesar de los tiempos políticos ante la cercanía del inicio de la campaña presidencial para 2018.
Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, compareció sobre el ajuste preventivo al gasto público para este año por 132.3 mil millones de pesos, equivalente a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- La disminución del gasto público y la inversión productiva son la mejor fuente de generación de empleos y fortalecimiento del consumo y del bienestar de las familias mexicanas, sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su publicación mensual “Análisis económico ejecutivo”, el CEESP dijo que el dinamismo que mantiene el consumo y la favorable evolución de algunas variables han comenzado a generar la percepción en algunos analistas y organismos de que la actividad económica del país mejorará en los próximos meses, como se desprende de la corrección al alza de los pronósticos de crecimiento para el presente año.
De acuerdo con el Banco de México (Banxico), la estimación de los especialistas para 2016 mejoró por segunda vez consecutiva en el sondeo de mayo, mientras que hace algunos días BBVA Bancomer corrigió su pronóstico al alza de un avance de 2.2 a 2.6 por ciento.
Sin embargo, dice el CEESP, esta visión no es compartida por organismos del exterior, que continuaron a la baja con sus expectativas para México, como lo hicieron recientemente el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El organismo de investigación y análisis del sector privado detalló que el consumo interno ha estado explicado por diversas variables, de las cuales algunas son temporales, lo que podría reducir su crecimiento en algún momento.
El CEESP resaltó que hay indicios de desequilibrios en temas que podrían poner en riesgo la estabilidad macroeconómica que se ha ganado durante los últimos 15 año. Uno de ellos es la inflación subyacente, que lleva tres meses consecutivos por arriba de la inflación general, lo que puede ser una señal de que la depreciación del tipo de cambio comienza a impactar diversos precios.
Un tema fundamental en lo que el CEESP llama salud de las finanzas públicas, es revertir el déficit primario y reducir rápidamente los elevados niveles de deuda.
Para ello, sostuvo que es necesaria una reducción adicional del gasto público en aproximadamente 300 mil millones de pesos, lo cual debe llevarse a cabo a pesar de los tiempos políticos ante la cercanía del inicio de la campaña presidencial para 2018.
El organismo refiere que este y el próximo año habrá que hacer un esfuerzo especial para que no crezca ni la deuda ni haya un aumento de su costo financiero, que tienen un efecto negativo tanto en las finanzas públicas como en la balanza de pagos.
Otro tema que no hay que perder de vista, dice el análisis, es el desbalance de las cuentas externas, que muestra un constante aumento del déficit de la cuenta corriente como porcentaje del PIB, el cual ascendió a 2.9 por ciento en 2015, el más alto desde 1998.
El CEESP indica que reducir el déficit externo también es una prioridad y la mejor forma de hacerlo es disminuir la demanda agregada de la economía mediante una baja del gasto público, de tal manera que no impacte el consumo de los hogares, argumenta.
Explica que algunas opciones para hacer frente a esta situación es corregir vía el tipo de cambio o mediante la tasa de interés, pero la primera tiene un efecto negativo en el poder adquisitivo y la segunda en el consumo.
En los últimos tres años, los empleos con salarios bajos se han incrementado, mientras que los superiores a tres salarios mínimos tuvieron una pérdida de 2 millones 9 mil 509 personas. Un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, alertó que el Gobierno federal se basa en el número de registros del Instituto Mexicano del Seguro Social para afirmar que las condiciones del mercado laboral han mejorado, sin embargo, esta variable no es un buen indicador porque no demuestra la evolución real de la ocupación ni de las necesidades que tiene el país en materia de empleo.
Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– El aumento de empleos en México que reportan cifras oficiales sólo se concentran en los niveles salariales más bajos, agudizando la precariedad del mercado laboral y poniendo en riesgo la permanencia de la dinámica del consumo, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis: “Más ocupación con menores ingresos”, el CEESP señaló que basarse en la evolución del número de registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para afirmar que las condiciones del mercado laboral han mejorado, no es suficiente puesto que esta variable no es un buen indicador ni de la evolución real de la ocupación ni de las necesidades que tiene el país en materia de empleo.
“Es cierto que el aumento de la población ocupada ha venido incidiendo positivamente en el dinamismo que mantiene el consumo desde el año pasado. Sin embargo, no sólo es indispensable ampliar la ocupación, sino mejorar las condiciones laborales de tal manera que haya más puestos de trabajo mejor remunerados”, destacó el análisis.
En los últimos tres años, las cifras indican que el número de registro al IMSS ha mantenido un ritmo de crecimiento superior al de la economía, cuando en años anteriores la evolución de estas dos variables era muy parecida.
De acuerdo con datos oficiales, durante el periodo 2000-2012, tanto la tasa promedio de crecimiento de los registros de trabajadores afiliados al IMSS como del Producto Interno Bruto (PIB), fue de 2.4 por ciento, mientras que de 2013 al primer trimestre de 2016, las tasas de crecimiento promedio fueron de 3.7 por ciento y 2.1 por ciento, respectivamente.
El organismo de investigación y análisis del sector privado, mencionó que este atípico comportamiento responde al efecto del Programa de Formalización del Empleo que inciso en 2013, “por lo que se puede intuir que no todos estos registros corresponden a nuevos puestos de trabajo , ya que buena parte de ellos integra a trabajadores que ya estaban ocupados y que simplemente se incluyeron en los registros de seguridad social”.
Las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que del primer trimestre de 2015 al mismo periodo de 2016, el total de ocupados en el país que cuentan con acceso a seguridad social aumentó en 361 mil personas, mientras que las cifras del IMSS reportan en el mismo periodo un aumento de 617 mil registros.
De acuerdo con el CEESP, este contraste en las cifras indica que buena parte de los empleos reportados por el IMSS ya estaban ocupados y sólo se registraron en seguridad social.
El Centro detalló que las necesidades del país van más allá de reducir al máximo el número de desempleados, que al cierre del primer trimestre de 2016 sumaron 2 millones 140 mil 20 personas, 61 mil 758 menos que el año pasado.
Añadió que se debe considerar que dentro de la ocupación también hace afta la necesidad de más empleos de jornadas completas. “Esto se refleja en los 4 millones 36 mil 186 de personas subocupadas, que además de ser un buen indicador de la precariedad del mercado laboral, es una segunda medida de los puestos de trabajo que requiere la población”.
El CEESP puntualizó que si ya los 6 millones 176 mil 206 personas que suman la desocupación y la subocupación es una cifra elevada de los requerimientos que se tienen en materia de empleo, el bajo crecimiento de la economía ha agudizado la imposibilidad de conseguir un empleo, independientemente si es formal o no.
“Esto ha llevado a un número considerable de personas a desistir de la búsqueda de un trabajo por considerar que no tenían la oportunidad para ello”, destacó el documento.
Las cifras del Inegi revelan que en esta condición se encuentra un total de 6 millones 36 mil 176 personas.
“Al sumar todas estas cifras se tiene que la brecha laboral fue de 12 millones 185 mil 704 en el primer trimestre de 2016”, explicó el CEESP.
En el primer trimestre de este año, la población ocupada total del país sumó 50 millones 778 mil 629 personas, un aumento de 972 mil 565 ocupados respecto al mismo periodo del año pasado.
No obstante, recalcó el CEESP, “el aumento en la demande de empleo ha propiciado una disminución de los salarios que se ofrecen, por lo que la necesidad de la población la lleva a aceptar empleos mal pagados”.
El CEESP señaló que basarse en la evolución del número de registros del IMSS para afirmar que las condiciones del mercado laboral han mejorado, no es suficiente. Foto: Cuartoscuro
El análisis describió que el total de ocupados reportados en el último año (2015), 1 millón 237 mil 127 personas se ocuparon con ingresos de hasta un salario mínimo y 1 millón 222 mil 635 lograron ingresos de más de uno y hasta dos salarios mínimos.
Quienes consiguieron colocarse con ingresos de más de dos y hasta tres salarios mínimos sólo fueron 308 mil 189 personas, mientras que el universo de personas que perciben ingresos superiores a tres salarios mínimos se redujo en 1 millón 405 mil 436.
“Este proceso de prevaricación no es nuevo, pero se agudizó en los últimos tres años”, dijo el CEESP.
De acuerdo con cifras de la ENOE, de 2008 a 2012, el número de ocupados con ingresos de hasta tres salarios mínimos aumentó en 3 millones 904 mil 60 personas, mientras que los ocupados con ingresos superiores a los tres salarios mínimos se redujeron en 2 millones 344 mil 840.
Sin embargo, de 2013 al primer trimestre de 2016, el primer grupo mencionado tuvo un aumento adicional de 3 millones 811 mil 485 ocupados, en tanto, el segundo segmento tuvo una pérdida de 2 millones 9 mil 509 personas.
De mantenerse esa tendencia en el mercado laboral, alertó el CEESP, es probable que en el mediano plazo disminuya el dinamismo del consumo, reduciendo la posibilidad de un mayor ritmo de avance de la economía en los próximos años.
El organismo de investigación y análisis del sector privado destacó que el bajo crecimiento económico, la ausencia de Estado de Derecho, corrupción, impunidad, inseguridad y exceso de regulación, limitan la posibilidad de un entorno más amigable para los negocios, lo que dificulta la generación de empleos de calidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha alertado con insistencia sobre el peligro que conlleva la incapacidad de los gobiernos mexicanos para generar empleos suficientes y de calidad, ya que el no hacerlo refuerza la cadena de pobreza y marginalidad que orilla a buscar en la informalidad el empleo que el Estado no puede garantizar.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado destacó que los empleos creados se encuentra en el nivel más bajo en cuanto a salarios lo que podría repercutir en el crecimiento de la economía del país.
Jóvenes buscan empleo en la feria del empleo organizada por la delegación Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– La creación de empleos con niveles salariales bajos precariza el mercado laboral y pone en riesgo el avance de la economía en los próximos años, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“De mantenerse esta tendencia en el mercado laboral, es probable que en el mediano plazo disminuya el dinamismo del consumo, reduciendo la posibilidad de un mayor ritmo de avance de la economía en los próximos años”, dice el “Análisis económico ejecutivo” del CEESP.
Los factores que limitan la posibilidad de un entorno amigable para los negocios en el país son el bajo crecimiento económico, ausencia de estado de derecho, corrupción, impunidad, inseguridad, exceso de regulación y otros factores más que siguen ganando terreno, CEESP.
El Centro señaló que pese a que el aumento de la población ocupada ha impactado positivamente el dinamismo que mantiene el consumo desde el año pasado, no es suficiente sino mejorar las condiciones laborales a fin de que haya puestos mejor remunerados, y para ello, señaló, es importante incrementar la inversión y la productividad.
El Centro de investigación privada señaló que el aumento en los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no significa que las condiciones del mercado laboral han mejorado significativamente.
Refirió además que el crecimiento de estos registros no significan la creación de plazas nuevas, pues muchos son resultado del Programa de Formalización del Empleo, iniciado en 2013.
Según el INEGI, en el primer trimestre de 2015 al mismo lapso de este año, 361 mil personas más tuvieron acceso a la seguridad social. Mientras que el IMSS reportó en el mismo lapso un aumento de 617 mil registros, lo que podría dar cuenta de cuántos trabajados ya existían y de los recién creados.
El CEESP cita cifras oficiales, que indican que entre los años 2000 y 2012, la tasa promedio de crecimiento de trabajadores afiliados al IMSS como del PIB fue de 2.4 por ciento, mientras que entre 2013 y el primer trimestre de 2016, las tasas de crecimiento promedio fueron de 3.7 y 2.1 por ciento.
Según el CEESP, del reporte de las personas ocupadas en el último año, el ingreso de un millón 237 mil personas era solo de un salario mínimo; un millón 222 mil 635 lograron ingresos de más de uno y hasta dos salarios mínimos, mientras que solo un millón 405 min 436 personas percibieron más de tres salarios mínimos.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) dijo que si bien la mayoría de las opiniones coincidieron en que la caída de los precios del petróleo fue la principal causa de la crisis financiera de Pemex, también fue el detonador de un problema que proviene desde años antes y que la coyuntura simplemente hizo más evidente.
El CEESP dice que desde 2008 ya se mencionaba que la productividad de Pemex era una de las más bajas entre las empresas petroleras del mundo no resultaba en una mayor producción.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– La estrategia que proponga el Gobierno federal para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex) debe fortalecer la capacidad financiera y reestructurar a la petrolera, así como erradicar la corrupción en su interior, planteó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su reporte semanal, el CEESP refirió que si bien la mayoría de las opiniones coincidieron en que la caída de los precios del petróleo fue la principal causa de la crisis financiera de la petrolera, también fue el detonador de un problema que proviene desde años antes y que la coyuntura simplemente hizo más evidente.
El organismo de investigación y análisis del sector privado menciona que los precios del crudo, que se elevaron a partir de 2002 y que llegaron a un máximo de 102 dólares promedio por barril en 2012, solo escondieron el desequilibro estructural que la empresa petrolera mexicana había iniciado tiempo atrás.
Dice que desde 2008 ya se mencionaba que la productividad de Pemex era una de las más bajas entre las empresas petroleras del mundo no resultaba en una mayor producción.
El análisis destaca que en los últimos años la producción de la empresa petrolera se redujo de 3.38 millones de barriles por día a 2.27 millones diarios, lo cual contrasta con la plantilla laboral que en los últimos años se incrementó 4.2 por ciento.
Asegura que evidentemente esto llevó a Pemex a una “situación financiera compleja”, tanto por la caída del precio en el mercado mundial de crudo, como por el constante deterioro de los niveles de producción, y con ello los ingresos propios de la empresa se vieron afectados.
El reporte del CEESP dice que esta coyuntura ocasionó que a partir de 2014 México se convirtiera en importador de petrolíferos. Dice que Pemex se debió beneficiar al importar barato y vender mucho más caro en el mercado nacional.
Expuso que durante 2015 Pemex adquirió en el exterior la gasolina y el diésel que vende en el país con un diferencial ligeramente mayor a seis pesos por litro, lo que habría representado ingresos adicionales por aproximadamente 275 mil millones de pesos.
Sin embargo, refiere que a este beneficio hay que restarle el equivalente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que recauda el Gobierno federal mediante la Secretaria de Hacienda, de tal manera que Pemex sólo pudo haberse beneficiado de la tercera parte del total, mientras que el resto se integró al presupuesto federal.
El CEESP dice que pese a lo anterior, esto no fue suficiente para compensar la caída de 420 mil millones de pesos en los ingresos totales, que en buena parte se atribuye a la baja de los precios de la mezcla de exportación.
Dice que aunado a esto Pemex tiene que hacer frente a un elevado pasivo laboral que representa poco más de 7.0 por ciento del PIB, lo que significa una constante transferencia de recursos, al menos durante los próximos 40 años, que es el tiempo que se llevaría amortizarlo por completo.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dijo que consolidar un ambiente de confianza en México para erradicar la corrupción requiere resultados palpables de las políticas económicas instrumentadas, pues cuando hay confianza aumenta la inversión, mejoran los negocios y el consumo.
Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– El recorte al gasto y el alza en las tasas de interés, anunciados hace unas semanas por el Gobierno Federal, deberán ser factores que incidan positivamente en los niveles de confianza, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”, el organismo del sector privado explicó que es importante insistir en mayores esfuerzos para erradicar la corrupción e impunidad que prevalecen en el país, pues provocan efectos negativos en la actividad económica y bienestar de los hogares.
Valoró que la confianza de los inversionistas y de la sociedad en general es la base de una economía, pues son la fuente de impulso de la inversión y el empleo.
“Sólo con más inversión será posible crear empleos productivos y bien remunerados. Para lograrlo es claro que se requiere de un entorno en el que en primer lugar haya confianza y luego certeza”.
El CEESP dijo que consolidar un ambiente de confianza requiere resultados palpables de las políticas económicas instrumentadas y de cambios radicales, así como los compromisos reales con respecto a la impunidad y a la corrupción, pues cuando hay confianza aumenta la inversión, mejoran los negocios y el consumo.
Consideró que México puede hacer frente al adverso entorno global si se ejecutan las medidas anunciadas y se toman aquellas que se requieran adicionalmente.
Algunos indicadores, detalló, muestran un comportamiento favorable, que puede permitir que la economía mexicana se mantenga como uno de los países con mejor desempeño en medio de la volatilidad mundial.
Sin embargo, la percepción de los directores de empresas y de los consumidores parece no coincidir con dicha previsión, pues permanece en terreno negativo, ante lo cual uno de los principales objetivos debe ser preservar el poder adquisitivo.
Dijo que es necesaria una reducción ordenada del gasto público en el mismo sentido, pues la política monetaria es relevante en el sentido de aumentar las tasas de interés para propiciar que el tipo de cambio vuelva a niveles de equilibrio y no de una subvaluación excesiva, que pudiera poner en peligro la evolución de los precios.
“Estas medidas, aprovechando la coyuntura en la que los precios al consumidor no se han visto severamente afectados pese a las presiones del tipo de cambio, y que el consumo sigue al alza, deberán ser factores que incidan positivamente en los niveles de confianza”, concluyó.
En su publicación semanal, el CEESP subraya que la coyuntura debe llevar al Gobierno a ser más proactivo en materia de saneamiento de las finanzas públicas, luego de que se anunciaran los ajustes preventivos al gasto público.
Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, anunció un recorte al gasto público por 132.3 mil millones de pesos para 2016, equivalentes a 0.7 por ciento del PIB. Foto: Cuartoscuro/Archivo
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que si bien es relevante reducir el gasto público, debe ser más importante revisar su composición total.
En su publicación semanal “Análisis Económico Ejecutivo”, el CEESP sostuvo que “eliminar todos aquellos programas que no tienen rentabilidad social es fundamental en el proceso de hacer más eficiente la asignación de los recursos”, luego de que el Gobierno federal anunciara los ajustes preventivos al gasto público.
El organismo expone que actualmente el país no tiene precios del petróleo elevados ni tasas de interés a la baja, que en su momento dieron una amplia holgura al gasto público, que propiciara que las autoridades no se preocuparan por realizar ajustes preventivos.
Plantea que la dirección del gasto y la estructura de los ingresos tributarios debe hacerse pensando en el mediano y largo plazos, y con base en ello planear el gasto, pero evitar que de haber un excedente de ingresos se transfieran de inmediato al gasto.
Con esto se pretende que el presupuesto de egresos cumpla con el objetivo de generar un entorno en el que la población pueda desarrollarse eficientemente, mejorar la distribución del ingreso y el nivel de vida de las familias y estimular el crecimiento de la economía de manera permanente.
El pasado 17 de febrero, Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda, anunció un recorte al gasto público por 132.3 mil millones de pesos para 2016, equivalentes a 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con Videgaray, esta decisión evitaría que el Gobierno federal recurra a un mayor endeudamiento público. Sin embargo, según el Bank of America Merril Lynch (BofA), el recorte efectuado no será suficiente debido a que los ingresos totales del sector público se reducirán en 1 por ciento del PIB durante este año, en comparación con 2015.
El organismo de investigación y análisis del sector privado aseguró que las medidas de Hacienda y Banxico pueden tener un costo en materia de crecimiento, pero no necesariamente reduciéndolo, “sino limitando un mayor dinamismo al menos este año”.
Luis Foncerrada Pascal, titular del CEESP. Foto: CEESP.
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó que son necesarios más ajustes al gasto público en 2016 para lograr la estabilidad de las finanzas públicas, de la balanza de pagos y del poder adquisitivo de las familias.
En su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”, expuso que “el reto es consolidar el camino hacia un déficit y niveles de deuda menores para lo que sin duda son necesarios más ajustes que contribuyan a lograr la estabilidad de las finanzas públicas, de la balanza de pagos y del poder adquisitivo de las familias. No hay que olvidar que el objetivo es precisamente el bienestar de las familias”.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que “hay que mantener el seguimiento puntual y la disposición para hacer otros ajustes cuando sea necesario”. El crecimiento se dará si hay eficiencia en el gasto público, particularmente en la inversión y en los rubros sociales prioritarios, dijo.
El Consejo documentó que poco más de 20 por ciento del total de la población ocupada en el país tiene ingresos superiores a tres salarios mínimos. “Hay una inscripción histórica a la seguridad social, pero la precariedad laboral ha crecido”, destacó.
El miércoles pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico) “sorprendieron” al dar a conocer el ajuste preventivo por 132 mil 300 millones de pesos al gasto público de 2016, el alza en tasa de interés a 3.75 por ciento y la suspensión de venta de dólares para realizar intervenciones discrecionales.
El CEESP aseguró que estas medidas pueden tener un costo en materia de crecimiento, pero no necesariamente reduciéndolo, “sino limitando un mayor dinamismo al menos este año”. Además “son las idóneas” para enfrentar la volatilidad del mercado cambiario y la presión sobre las finanzas públicas ocasionada por la significativa caída de los precios del petróleo, destacó.
El gobierno federal tendrá una reducción “efectiva de inmediato” de 32 mil 301.6 millones, sobre todo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y esta semana el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, hará la propuesta al Consejo de Administración de un ajuste por 100 mil millones de pesos.
El CEESP reconoció que el gobierno no recurrió a un aumento de impuestos o mayor endeudamiento para ampliar los ingresos y estima que en las próximas semanas se comiencen a ver resultados favorables en los mercados.
Sin duda, concluyó, las medidas tendrán un efecto favorable en la percepción de los mercados internacionales, fortaleciendo la imagen de México como un país solvente, seguro y atractivo para la inversión.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
