La iniciativa privada lanzó hoy un «ya basta» a los gobiernos federal y estatales, debido a las protestas realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las cuales, han llegado a un punto inaceptable de disrupción de la legalidad, el orden y la paz pública. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) estimó, por su parte, que el impacto económico podría ser de cuatro mil 200 millones de pesos, sin considerar la afectación en la actividad productividad de diversos sectores y en los hogares.
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó hoy un «ya basta» a los gobiernos federal y estatales, debido a las protestas realizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que, afirman, han llegado a un punto inaceptable de disrupción de la legalidad, el orden y la paz pública.
En un mensaje extraordinario, el sector empresarial reclamo a la CNTE: que deponga sus acciones y métodos irresponsables, violentos y delictivos, que recurren a la violación sistemática de derechos a terceros como forma de extorsión para sus demandas y preservar sus propios intereses.
Para las instituciones del Estado mexicano y sus responsables, en los tres órdenes de gobierno, la demanda es igualmente concreta: honrar su razón de ser y mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley.
“Quiero ser muy claro: Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población”, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
Dijo que el diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad pública, y menos aún si quien paga los costos y las pérdidas es la sociedad, son los ciudadanos.
De acuerdo con el CCE, las protestas de la CNTE además de frenar cambios para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor educación, están generando afectaciones muy serias y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población y la sociedad.
A los problemas de desabasto de productos básicos en las zonas donde se concentran las movilizaciones, aseguraron, se agregan los que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras, puertos y ferrocarriles.
“Hay una disrupción aguda, con efectos en cadena, de ciclos de negocio y procesos productivos que son esenciales para las comunidades y para la subsistencia no sólo de las empresas, sino de sus propios empleados y trabajadores: miles de personas que dependen de su trabajo cotidiano”, denunció el CCE.
Los empresarios estimaron que en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán se hay una disminución en la llegada de contenedores de cerca de 17 por ciento, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos.
A ello se le suma, dijeron, las filas de camiones varados de hasta 15 kilómetros que se han registrado en algunas carreteras o en casos como el sector siderúrgico, que denuncia pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos por falta de materiales.
“Tolerar la infracción de la ley no va a resolver la problemática; muy por el contrario la perpetúa. Eso es lo que ha hecho que este conflicto se vuelva permanente y resurja año con año, con mayor o menor intensidad, al tiempo que se incuba la polarización dentro de la sociedad”, destacó el CCE.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó, por su parte, que los bloqueos por parte de integrantes de la CNTE en varios estados, así como actos vandálicos como la quema de vehículos y la destrucción de equipo, tiene ya costos importantes y pone en riesgo los procesos productivos de varias empresas, así como sus plantillas laborales.
El impacto económico, dijeron, se estima en cuatro mil 200 millones de pesos, sin considerar la afectación en la actividad productividad de diversos sectores y en los hogares.
“Hasta el momento no hay una cuantificación exacta del impacto económico que han tenido las acciones emprendidas por la CNTE, aunque se habla de una cifra aproximada de cuatro mil 200 millones de pesos”, precisó el CEESP en su mensaje semanal.
Además de las pérdidas monetarias que esto ha generado, el CEESP detalló que está la afectación en la actividad productiva de diversos sectores, como el ferroviario, agroalimentario, de alimentos y bebidas, de turismo, el automotriz y el de la construcción, entre otros.
“De mantenerse por más tiempo es casi seguro que tendrá una incidencia negativa en el ritmo de crecimiento de la zona sureste del país, así como en la generación de empleos”, advirtió en su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”.
De acuerdo con los datos del CEESP, en Oaxaca ya se reportan cerca de dos mil 600 negocios cerrados, lo que representa una pérdida monetaria de aproximadamente 197 millones de pesos.
En Huatulco, agregó, información proveniente de empresarios hoteleros indica que se han cancelado más de tres mil habitaciones, mientras que en Chiapas se reporta una caída de 17 por ciento en la ocupación hotelera.
