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Al menos seis dependencias a nivel federal y 14 gobiernos estatales han tenido vínculos con empresas que comercializan softwares de espionaje, de acuerdo con lo documentado por organizaciones nacionales e internacionales.
Un nuevo reporte de Citizen Lab detalla que compañeros del periodista Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Sinaloa, fueron atacados con el malware Pegasus en los días posteriores al homicidio. Uno de ellos fue el director de Río Doce quien dos días después del crimen comenzó a recibir intentos de infección a través de mensaje que decían dar información sobre el asesinato.
El software comercializado por de la firma israelí NSO Group es instalado en teléfonos móviles con el objetivo de monitorear al usuario a través de un mensaje en el que debe convencer al usuario para que haga clic en un enlace que instala Pegasus en el equipo sin el permiso dl usuario.
En los casos surgidos en el país, la impunidad es la marca distintiva. En tanto que, el Gobierno federal fue más efectivo en intervenir comunicaciones de ciudadanos.
Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República aceptar las 70 pruebas que presentaron las víctimas de espionaje a través del programa Pegasus y que la dependencia se había negado a admitir, informaron las organizaciones que impugnaron la negativa.
El Poder del Consumidor, la Red Contrapeso, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC acusaron que la dependencia federal no ha investigado, ya que es el principal sospechoso de haber utilizado el malware Pegasus para espiar a los activistas Alejandro Calvillo Unna, de EPC y Luis Manuel Encarnación, de ContraPESO, además del investigador Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), quienes han impulsado el aumento del impuesto en las bebidas azucaradas.
Organizaciones civiles lamentaron que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya progresado en la investigación por el espionaje ilegal emprendido por el Gobierno federal contra activistas, periodistas y políticos.
A ocho meses de que el diario New York Times reveló la campaña de espionaje del Gobierno de México contra activistas, políticos y periodistas, no se ha iniciado una investigación, y Estados Unidos se niega a ser partícipe en esta trama.
El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó este día que Ricardo Anaya Cortés estaba al tanto del seguimiento que le haría el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Ricardo Anaya denunció a través de sus redes sociales que en los últimos días, «desde que salgo de mi casa, me siguen».
El Inai ordenó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) proporcionar documentos que permitirán conocer «las condiciones, los proveedores y los costos de adquisición» de los programas espía.
Legisladores de oposición ven un pacto de impunidad si continúa Raúl Cervantes al frente de la Fiscalía General.
Las redes sociales jugarán un papel fundamental en el proceso electoral del 2018, advirtió Alberto Escorcia.
«La posible implicación en la compra y el uso de ‘Pegasus’ de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación», indicaron los expertos de la ONU.
Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación e indignación por el espionaje a miembros de la sociedad civil mexicana, periodistas, partidos políticos de oposición funcionario de organismos internacionales que han criticado el actual gobierno.
Las organizaciones internacionales como R3D, SocialTic y Artículo 19 demandaron una investigación a fondo para investigar el espionaje del cual fueron objeto los miembros del GIEI, el cual tendría graves implicaciones en términos de derecho internacional. En un comunicado destacaron que el caso es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa. A su vez, el Secretario Ejecutivo de la CID, Paulo Abrāo, reaccionó en Twitter con la leyenda «Denuncia extremamente grave que debe ser investigada con independencia e imparcialidad».
La prensa extranjera también hizo eco del informe del Citizen Lab destacando que la posición crítica de los expertos del GIEI pronto incomodaron a la administración actual del Presidente Enrique Peña Nieto.