La entonces Procuraduría General de la República investigó a tres mujeres activistas y periodista en el marco de las diligencias por la masacre de San Fernando: a la defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– El proyecto periodístico “A Dónde Van los Desaparecidos”, así como múltiples ONGs, reprobó las acciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien entre 2015 y 2016 abrió una investigación en contra de la defensora de los derechos de personas migrantes Ana Lorena Delgadillo, la antropóloga forense Mercedes Doretti, y la periodista Marcela Turati.
Este martes, el periódico The Washington Post dio a conocer que la autoridad judicial realizó diligencias en contra de las tres mujeres, relacionadas con su trabajo para esclarecer los hechos de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que sucedió en agosto de 2010.
En respuesta, el proyecto emitió un comunicado reprobando el actuar y exhortó a la actual Fiscalía General de la República (FGR) desistir de esta investigación, en caso de que siga en curso, y “deslindar responsabilidades dentro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada”.
El proyecto periodístico se posicionó en contra de las acciones de la entonces PGR. Foto: A Dónde Van Los Desaparecidos.
“El asedio y posible espionaje so pretexto de investigaciones contra periodistas y defensoras de derechos humanos tienen que parar”, declaró el medio.
Ana Lorena Delgadillo es la directora de Fundación para la Justicia, a través de la cual defienden a las víctimas de la masacre, donde al menos 196 personas fueron asesinadas. Marcela Turati es una reconocida periodista que ha sido galardonada por sus trabajos de investigación sobre personas migrantes desaparecidas y ejecutadas, incluido el caso de la masacre de San Fernando. Finalmente, la antropóloga Mercedes Doretti es una de las peritas fundadoras del Equipo Argentino de Antropologia Forense,
conocida por haber encontrado pruebas de crímenes de lesa humanidad en fosas de Irak, Bosnia y otros países.
De acuerdo con el medio estadounidense, las autoridades mexicanas abrieron de manera secreta una investigación por crimen organizado a estas tres mujeres, haciendo uso de herramientas jurídicas para obtener los registros de sus llamadas y mensajes telefónicos, así como rastrear sus comunicaciones.
La matanza de San Fernando ha sido uno de los episodios más violentos en el país; 58 hombres y 14 mujeres migrantes fueron asesinados en su sueño de llegar a Estados Unidos. Aún hay nueve restos sin identificar, siete cuerpos pendientes de exhumación y sólo 15 personas consignadas por los asesinatos.
Ciudad de México, 24 ago (EFE).- Organizaciones civiles denunciaron este martes que persiste la impunidad en México 11 años después de la masacre de San Fernando, en la que murieron 72 migrantes en el estadodeTamaulipas asesinados por cárteles del narcotráfico.
“En poco más de una década, los avances son mínimos”, se afirmó en un comunicado firmado por decenas de organizaciones, como Fundación para la Justicia, Artículo 19, Asylum Access México y Bloque Latinoamérica sobre Migración, además de albergues para migrantes y asociaciones de Centroamérica.
México vivió uno de los episodios más violentos de su historia reciente el 24 de agosto de 2010, cuando asesinaron en el municipio de San Fernando a 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de Ecuador y Brasil, que iban a Estados Unidos.
Aunque la matanza se atribuye al cártel de los Zetas, uno de los grupos del narcotráfico más violentos que operaban en el noreste de México, el episodio no ha sido resuelto con claridad.
4,015 días han pasado desde que el 24 de agosto de 2010, 72 personas migrantes fueron encontradas asesinadas en #SanFernando, Tamaulipas. Son 4,015 días sin justicia, de dolor, de promesas rotas. Te invitamos a leer el siguiente comunicado y compartirlo #72NadaNuevopic.twitter.com/GZnFtFufnw
De hecho, las asociaciones agrupadas en el movimiento #72NadaNuevo denunciaron que aún hay nueve restos sin identificar, siete cuerpos pendientes de exhumación y sólo 15 personas consignadas por los hechos delictivos.
Además, lamentaron que no hay ninguna sentencia, reparación del daño, garantía de no repetición ni respuestas del Gobierno para “la justicia y la verdad”.
“La falta de justicia es una herida que ha desgastado física y emocionalmente a las familias. Sin embargo, este desgaste no significa renuncia. Ninguna de ellas está dispuesta a bajar la guardia, a dejar de buscar justicia”, manifestó el comunicado.
El actual Gobierno de México, del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha prometido proteger a los migrantes.
Pero apenas el 22 de enero pasado aparecieron 19 cuerpos calcinados, en su mayoría migrantes de Guatemala, en Camargo, también en Tamaulipas, en un crimen que también se le atribuye al crimen organizado.
Incluso, la ONU comparó ese hecho con la masacre de San Fernando aunque el Gobierno rechazó los señalamientos.
“Falta la reparación del daño y las garantías de no repetición, mientras tanto, las masacres contra personas migrantes continuaron”, sostuvo el movimiento #72NadaNuevo.
Las organizaciones civiles reiteraron su reclamo de voluntad política para que una comisión especial con el apoyo de organismos internacionales investigue la masacre de San Fernando y el resto.
También pidieron una comisión independiente que “pueda atender todas las deudas con estas familias en materia de verdad, justicia y reparación”.
“Exigir justicia desde otro país realmente ha colocado a las familias de las víctimas en un desgaste absoluto y en una situación de frustración que merece ser atendida por México y los países de la región”, concluyeron.
A 11 años de la masacre de #SanFernando, dónde fueron asesinados 72 #migrantes, #Tamaulipas es de los pasos más peligrosos p/el tránsito de personas. Este año fueron hallados 19 cuerpos calcinados en #Camargo, y hace 2 años se encontraron una treintena de cadáveres en esta zona. pic.twitter.com/3xjOo2QANW
El pasado 23 de enero, autoridades mexicanas localizaron 19 cuerpos calcinados en varias camionetas ubicadas en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Hasta el momento se conoce que las muertes fueron a causa de proyectiles de arma de fuego y que después se incendiaron los vehículos.
México, 27 ene (EFE).- El Gobierno de México aseguró este miércoles que no habrá impunidad en el caso de los 19 cuerpos calcinados hallados en el estado mexicano de Tamaulipas, por lo que “por ningún motivo” es igual a la masacre de 72 migrantes ocurrida en 2010 en la misma región.
“Por ningún motivo es lo mismo que lo que sucedió en San Fernando“, aseguró la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Esto en respuesta a lo señalado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que comparó lo ocurrido el fin de semana en Tamaulipas con la masacre en la localidad de San Fernando del 2010.
La funcionaria señaló que, a diferencia de lo ocurrido en 2010, ahora “todos los días, a partir de que sucedió este evento”, han “estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances sobre esta situación”, dijo.
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Sánchez Cordero indicó también que se han dado avances en la investigación. “Te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y se ha avanzado muchísimo, tenemos mucha información”, puntualizó.
Sin embargo, dijo que no podía dar más detalles ya que este tipo de investigaciones deben darse “en la mayor de las secrecías”. “Desde luego no va a haber impunidad” en el caso, reiteró.
El pasado fin de semana aparecieron 19 cuerpos calcinados – 16 hombres, una mujer y dos por determinar- en varios vehículos en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo, en la fronteriza Reynosa, Tamaulipas.
Por el momento no se conoce la identidad de las víctimas, aunque varios testimonios apuntan a que son migrantes centroamericanos víctimas del tráfico de personas, mientras que otros reportes indican un choque entre dos bandas criminales.
Tras los hechos, el representante de la ONU-DH México, Guillermo Fernández-Maldonado, expresó la preocupación del organismo por lo ocurrido el fin de semana y recalcó que “estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, alertó.
En agosto de 2010 ocurrió uno de los sucesos más escabrosos de la historia reciente de México con el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas.
➡️Ayer, el representante de la @ONUDHmexico, comparó el hallazgo de los 19 cadáveres en Tamaulipas con la masacre de San Fernando.
Hoy, la secretaria de Gobernación dice que "por ningún motivo se parece a lo que sucedió en San Fernando". pic.twitter.com/6y59eMi8GC
Hace justo una década ocurrió uno de los sucesos más escabrosos de la historia migratoria en México con el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas.
Por Abraham Pineda Jácome
Matamoros (México), 25 ago (EFE).- Cuando se cumplen 10 años de la masacre de San Fernbando, los migrantes varados en la ciudad de Matamoros recuerdan con pavor esta tragedia en la que fueron asesinadas 72 personas de diversos países. Y en el campamento donde pernoctan desde hace meses esperando ser llamados por Estados Unidos, temen ser víctimas de una agresión.
Hace justo una década ocurrió uno de los sucesos más escabrosos de la historia migratoria en México con el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas.
Las víctimas eran en su mayoría de países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de Ecuador y Brasil. Todas tenían como objetivo llegar a Estados Unidos.
La matanza fue atribuida al Cártel de los Zetas, uno de los grupos del narcotráfico más violentos que operaban en el noroeste de México, si bien el episodio no ha sido hasta la fecha resuelto con claridad.
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SIN CONCILIAR EL SUEÑO
Una década después, los migrantes que aguardan la respuesta del Gobierno estadounidense sobre su petición de asilo mezclan la memoria de aquella matanza con la realidad que enfrentan en la frontera norte de Tamaulipas, donde han sido enviados mediante el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
“No se puede dormir tranquilo (en el campamento), uno siente el temor de que algo pase. Miras una persona extraña y lo primero es preguntar qué anda haciendo aquí. Es una vivencia que jamás vamos a olvidar, estemos donde estemos”, declara a Efe Alejandra Pérez.
Ella funge como líder de los migrantes guatemaltecos en el campamento instalado a orillas del río Bravo en la ciudad de Matamoros.
La mujer, de 25 años y quien llegó a esta frontera con su hijo, afirma que durante la travesía el miedo fue constante porque en el pensamiento estaba presente aquella infamia cometida en contra de migrantes en San Fernando, municipio que se encuentra a 140 kilómetros de Matamoros.
“El temor es de todos los que estamos aquí, sentimos miedos de estar acá, no estamos seguros. (…) Estados Unidos no nos quiere dar esa oportunidad, esperan que pase otra tragedia para ver si se soluciona algo”, lamenta la guatemalteca.
Alejandra fue elegida como líder tras la muerte del migrante Rodrigo Castro de la Parra, quien murió ahogado a mediados de agosto en el río cuando intentaba llegar a territorio estadounidense.
HUIR DEL MIEDO
“Eran personas de distintos países que solo buscaban una vida mejor”, dijo el pasado domingo el Papa Francisco en referencia a este cruento episodio y recordando a estas víctimas mortales “caídas en el viaje de la esperanza”.
Hoy, los migrantes siguen acechados por grupos delictivos sin importar en la zona del territorio mexicano en la que se encuentran, y es por eso que a veces prefieren intentar cruzar a su manera que esperar a que Estados Unidos les permita ingresar de manera legal.
“Es desesperante, uno tiene que sacar a su familia adelante, no puedes salir a trabajar por miedo a que te secuestren. Aquí no hay nada de seguridad. Me quisieron secuestrar, tengo pruebas, pero no puse denuncia por el mismo temor”, expresa vía telefónica Carlos Luna.
Carlos estaba en pleno proceso de apelación ante una corte estadounidense pero ante la tardanza decidió “rodear” y llegar a Estados Unidos, donde ya trabaja.
Menciona que su esposa se ha quedado con su hijo en el campamento a aguardar la fecha para presentarse de nuevo ante las autoridades que determinarán si se les otorgará el asilo.
Vista general el 24 de agosto de 2020 de uno de los campamentos de migrantes asentados en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas (México). Foto: Abraham Pineda, EFE
Pero él no pudo aguantar la presión de estar desempleado y tomó la dolorosa decisión de dejar a su familia para que continúe con el proceso de asilo, mientras él gana dinero para sostenerlos.
“Con familia, y perder tanto tiempo, no es muy rentable. Gracias a Dios, no me quejo, estoy viviendo bien”, señala el hondureño, quien por seguridad no revela ni su ubicación ni su trabajo.
OPACIDAD Y FALTA DE SEGURIDAD
La ONU instó este lunes a las autoridades de El Salvador, Honduras y México “a intensificar los esfuerzos para la investigación” de la desaparición y asesinato de los 72 migrantes de San Fernando, a fin de garantizar “acceso a la verdad y la justicia”.
De no ser por los activistas y organizaciones civiles que defienden los derechos humanos, la matanza de los migrantes hubiera sido relegada a una fecha trágica sin justicia.
“Lo que hay es todavía mucha opacidad por parte del Gobierno mexicano. No sabemos a detalle qué fue lo que sucedió y no sabemos cuál fue el entramado de todos estos hechos más allá de caer en el cliché de acusar a integrantes de un grupo criminal”, explica a Efe el doctor en Antropología Social Oscar Misael Hernández, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
El experto destaca que cuando se cumple una década del suceso hay nueve migrantes que todavía no han sido identificados, y menciona que nada ha cambiado en la peligrosa ruta, pues las vejaciones siguen al orden del día perpetradas tanto por grupos criminales como por las propias autoridades.
En referencia al campamento de Matamoros, el experto opina que si bien es un “acto de protección”, se ha descuidado la parte “emocional” y la “espiritual”.
Además, continúa, “eso no quita que sigan expuestos a riesgos por parte de grupos criminales que puedan extorsionarlos y amenazarlos”, concluye.
A 10 años de la llamada masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que fueron asesinados 72 migrantes, el actual mandatario señaló que las investigaciones deben estar abiertas hasta que se esclarezca qué fue lo que ocurrió.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviará al Senado de la República una iniciativa para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda intervenir en casos de desaparición forzada y de violación de derechos humanos.
“Estamos por enviar al Senado, hoy mismo, una ‘aprobación del Ejecutivo’, es decir, nuestra aceptación para que en los temas de desaparición forzada o forzosa, en todo lo que es violación de derechos humanos pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU. Esto no se había aceptado por parte de México que pudiera intervenir la ONU en estos casos”, detalló.
A 10 años de la llamada masacre de San Fernando, Tamaulipas, en la que fueron asesinados 72 migrantes, el actual mandatario señaló que las investigaciones deben estar abiertas hasta que se esclarezca qué fue lo que ocurrió.
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Reafirmó que las violaciones a los derechos humanos deben ser sancionadas y no permitir que sigan ocurriendo. Además, señaló que las medidas migratorias implemendas durante su administración han permitido que se cuiden a los migrantes, quienes no son abandonados por el Gobierno mexicano.
Aseguró que durante su Gobierno no habrá impunidad ni se protegerá a nadie por lo que las investigaciones sobre la masacre que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa seguirán en pie.
10 AÑOS DE IMPUNIDAD
Este 24 de agosto se cumplen 10 años del hallazgo de la primera masacre de migrantes que se tuvo conocimiento en el país. Las fotografías de los cuerpos apilados de hombres y mujeres maniatados, con los ojos encintados y con disparos en la cabeza le dieron la vuelta al mundo. Las víctimas eran, en su mayoría, originarios de países de Centro y Sudamérica.
Al paso de una década de los hechos que conmocionaron a México, a Latinoamérica y al mundo,la matanza sigue impune.
Fabienne Joelle Marie Cabaret, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización que da acompañamiento a siete familias de las víctimas, expuso a SinEmbargo que 15 personas fueron consignadas por el homicidio múltiple, pero hasta la fecha no hay ninguna sentencia.
Además, detalló la defensora, aún faltan por identificar a nueve de las víctimas, además de que entre las 63 identificaciones hay familias que aún dudan haber recibido los restos correctos.
La abogada también destacó que tampoco se ha establecido de rutas de búsqueda que permitan el esclarecimiento del caso. “Las circunstancias del hallazgo, tiempo de muerte de las víctimas y número de sobrevivientes siguen generando dudas y aún hoy no se tiene certeza sobre el número de sobrevivientes”, expuso la también abogada en entrevista con este diario digital.
La responsabilidad del Estado Mexicano en la prevención y comisión de los hechos, a pesar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había advertido en un informe sobre la grave situación de secuestro de migrantes, es otro aspecto que tampoco se ha investigado, destaca la organización Fundación Justicia.
Los familiares de las víctimas continúan en la lucha por justicia y, al cumplirse el décimo aniversario de la tragedia, vuelven a elevar el clamor y la exigencia de verdad y reparación del daño.
En la matanza cometida por “Los Zetas”, uno de los grupos del narcotráfico más violentos que operaban en el noroeste de México, fueron secuestrados y asesinados 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría de países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de Ecuador y Brasil, en una casa de San Fernando.
Ciudad del Vaticano, 23 ago (EFE).- El Papa Francisco tuvo un recuerdo hoy para los 72 migrantes asesinados hace diez años en la masacre de San Fernando, en el estado mexicano de Tamaulipas y que cayeron “en el viaje de la esperanza”.
“Eran personas de distintos países que sólo buscaban una vida mejor”, dijo el Papa, después del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.
“El Señor nos pedirá cuentas de todos los migrantes que han caído en el viaje de la esperanza” y que “han sido víctimas de la cultura del descarte”, señaló Francisco.
Recordó que este 24 de agosto se celebra el décimo aniversario de esta masacre mientras los familiares de las víctimas “todavía hoy siguen pidiendo justicia y la verdad sobre lo que ocurrió”.
En la matanza cometida por “Los Zetas”, uno de los grupos del narcotráfico más violentos que operaban en el noroeste de México, fueron secuestrados y asesinados 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría de países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también de Ecuador y Brasil, en una casa de San Fernando.
Desde entonces tanto los familiares de los fallecidos como defensores de derechos humanos y organizaciones han reclamado justicia a las autoridades pero la información todavía es muy escasa y, a pesar de la presión nacional e internacional no se han esclarecido los hechos totalmente.
En 2010, los Zetas y el Cártel del Golfo protagonizaron una cruenta batalla por dominar el estado fronterizo de Tamaulipas. El 22 de agosto, en un bodegón fueron asesinados a sangre fría 72 migrantes; uno de los tres sobrevivientes a la masacre logró huir y caminó 18 kilómetros con una herida de bala, hasta encontrar una base de la Marina.
Ciudad de México, 21 de agosto (SinEmbargo).- Activistas integrantes del movimiento #MásDe72 colocaron un antimonumento frente a la Embajada de Estados Unidos en México, para recordar a los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas.
Los activistas señalaron que el antimonumento fue colocado sobre una de las banquetas de Paseo de la Reforma con el fin de que funcionarios, políticos y ciudadanos no olviden la tragedia ocurrida en 2010.
“En la avenida más importante; para que los políticos lo vena. En la acera: para que lo vena también ciudadanos de a pie. Frente a la embajada de EU: porque tienen responsabilidad”, señalaron en su cuenta de Twitter.
En la avenida más importante: para que los políticos lo vean. En la acera: para que lo vean también ciudadanos de a pie. Frente a la embajada de EU: porque tienen responsabilidad. #antimonumento+72 pic.twitter.com/lFSQfInpH8
A la par, compartieron fotografías y videos sobre la colocación del antimonumento. En las imágenes se aprecia a alrededor de 50 personas colocar la estructura de metal con el número 72 y el símbolo de suma.
Señalaron que el antimonumento también es un recordatorio por todos los migrantes que han fallecido o se encuentran desaparecidos y porque “no queremos se muro”.
“Hoy instalamos un antimonumento por los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. Por 58 hombres y 14 mujeres que fueron ejecutados y después abandonados sus restos a la intemperie. Pero no sólo por ellos. La escultura lleva un signo ‘+’ porque son miles, tal vez cientos de miles, las y los desaparecidos y asesinados en su paso por México”, se lee en la placa de la estructura.
Los activistas recordaron que pese a que la migración es un derecho humano, en México es una actividad de alto riesgo.
El antimonumento fue colocado frente a la Embajada de Estados Unidos en México. Foto: Twitter, @AntiMasde72
“Y aunque la migración es un derecho humano, aunque muchas leyes, tratados internacionales y elegantes foros así lo dicen, lo cierto es que atravesar el territorio mexicano se ha convertido en un viaje peligroso. Pasar por nuestros estados, sea en autobús, tren o caminando, resulta una empresa tan arriesgada que puede costar la salud, la integridad, la vida”, añadió.
Una vez que el antimonumento fue instalado, Ana Enamorado, madre de Óscar Antonio López Enamorado, migrante desaparecido a su paso por México, leyó los nombres de las 72 personas que fueron ultimadas a manos del Cártel de Los Zetas.
Sus nombres, porque no son números sino personas, vidas, historias y proyectos. Migrar es un derecho humano. Nadie es ilegal. ////// Lee Ana Enamorado, mamá de Óscar Antonio López Enamorado, migrante hondureño desaparecido a su paso por México. #Antimonumento+72 pic.twitter.com/htKAplWMsC
En 2010, los Zetas y el Cártel del Golfo protagonizaron una cruenta batalla por dominar el estado fronterizo de Tamaulipas.
El 22 de agosto, en un bodegón fueron asesinados a sangre fría 72 migrantes; uno de los tres sobrevivientes a la masacre logró huir y caminó 18 kilómetros con una herida de bala, hasta encontrar una base de la Marina. El migrante herido Fredy Lala relató lo que había pasado y dio la ubicación del lugar.
Las fotografías sobre lo sucedido le dieron la vuelta al mundo: decenas de hombres y mujeres maniatados con los ojos encintados y con tiro de gracia. Nueve años después, los zetas han sido eliminados de San Fernando, pero los cárteles siguen teniendo el control de la región.
La inseguridad que vive Tamaulipas provocó que diversas organizaciones no pudieran conmemorar el noveno aniversario de la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando. Ninguna autoridad pudo garantizar la vista de diversas organizaciones al sitio donde se cometieron las ejecuciones. El memorial, puesto el año pasado, permaneció en el peligroso paraje.
Hace siete años, en agosto de 2010, fueron secuestrados y asesinados 72 migrantes centroamericanos en un rancho de San Fernando, Tamaulipas. Familiares de Glenda (El Salvador), y de Nancy, Richard y su padre Efraín (Guatemala) viajaron a México para reunirse con la PGR y exigirles que les muestren la investigación. A la fecha ninguno de los deudos de las dos familias tiene la certeza plena de que los restos que les fueron entregados sean los de sus familiares.
En entrevista con SinEmbargo, la familia Medrano Solórzano contó cómo les ha afectado la ausencia de su hija Glenda. Mirna, la madre, se ha enfermado de diabetes e hipertensión. Miguel Ángel, el padre, siente culpa al comer frente a las fotos de ella.
Madre y padre de Glenda Medrano Solórzano, de El Salvador, una de las 72 víctimas de San Fernando, Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, agosto (SinEmbargo).– La familia Medrano Solórzano, procedentes de La Libertad, El Salvador, perdió a una integrante hace siete años. En agosto de 2010, Glenda decidió migrar rumbo a Estados Unidos, pero junto con 71 migrantes centroamericanos fue masacrada en San Fernando, Tamaulipas. “Mami, estoy en México. Cuídense y saludos a todos”, fueron las últimas palabras que viven recordando sus padres porque días después “seguimos esperando que ella volviera a llamar, pero ya no volvió a llamar”, dijo su madre Mirna del Carmen.
Su padre Miguel Ángel también está afectado. “En la sala donde nosotros ponemos la mesa para comer hay muchas fotos de ella y hay momentos en que yo no puedo comer. Cuando veo la foto no puedo comer. Me acuerdo mucho de ella. Yo voy a comer y ¿mi hija? No estamos seguros de que sea ella [el cuerpo que les entregaron y enterraron]. ¿Estará comiendo, estará aguantando frío, estará aguantando hambre? Todo esto afecta de gran manera. Nos afecta demasiado la ausencia de ella”, aseguró en entrevista.
Entre el 22 y 23 de agosto de 2010, luego de ser secuestrados, fueron asesinados 58 hombres y 14 mujeres provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador y Brasil. El 24 la Secretaría de Marina informó sobre su hallazgo en el rancho “Huizachal” al norte del país. Hasta la fecha 10 restos no han sido identificados y, aunque a esta familia salvadoreña se les entregó un cuerpo en un ataúd, siguen dudando que sea quien partió el 10 de agosto de 2010 “buscando un futuro mejor”, como recordó Mirna.
Familiares de dos víctimas, una de El Salvador y otra de Guatemala, viajaron hasta México con apoyo de organizaciones para reunirse este miércoles con la Procuraduría General de Justicia (PGR) y exigirles el acceso a la información sobre de las investigaciones. Cargan rostros tristes y fotos de sus ausentes.
El 26 de agosto de hace siete años, la Cancillería le informó a Mirna Solórzano que habían encontrado la credencial de su hija Glenda, pero que aún no podían asegurarle que fuera ella una de las víctimas. “Fue un impacto muy duro y doloroso”, evocó. Luego de las pruebas de ADN, escuchó: “Señora, lo siento pero es su hija”. Aunque no le entregaron una constancia.
El cinco de septiembre de 2010 fue repatriado “el cadáver número 46”. Mirna vio adentro del ataúd, pero no pudo reconocer a su hija en el cadáver. No le entregaron su ropa. Con el paso del tiempo pidieron la exhumación en El Salvador para dejar de vivir con esa incertidumbre.
“Ya teniendo las tres pruebas al menos estaría sabiendo la verdad y seguiría con la vida”, dijo Mirna este miércoles en México.
En entrevista con SinEmbargo, Mirna afirmó que desde 2010 su vida ha sido muy dura y se ha enfermado. Antes se sentía “una persona muy saludable, pero a raíz del problema que hemos vivido soy diabética, hipertensa y hemos pasado muchas dificultades tanto mis hijos, mi esposo y yo. No hemos recibido ayuda de nadie para poder con lo de la salud. Hemos vivido como hemos podido”.
Trasladarse a México para el proceso de investigación también ha sido difícil. Aunque la Fundación para la Justicia los apoyó para obtener una visa y viajar al país, tuvieroncomplicaciones con las autoridades migratorias. Ante ello, reflexionó sobre cómo los migrantes que viajan sin papeles “los tratan como animalitos” porque no reconocen sus derechos.
“A mis otros dos hijos que están en casa les ha afectado mucho, a mi esposo y a toda la familia. Nos ha afectado mucho no saber la verdad de lo que ha pasado y no saber si es ella. Pero seguimos adelante… luchando”, aseguró Mirna.
Su esposo Miguel Ángel Medrano contó en charla con este diario digital que la vida de todas las familias que pierden seres queridos, como la suya, cambia, “pero no queda de otra”. Su esposa, resaltó, no padecía de tantas enfermedades como ahora y sus hijos “están muy afectados moralmente; se ponen histéricos”.
El más pequeño era cuidado por su hija Glenda y ahora culpa a su esposa Mirna de que no esté. El mayor, de 25 años, viaja a Guatemala con traileros “y dice que espera localizarla”.
A diferencia de su esposa, Miguel no ha querido recibir terapia psicológica aunque le “afecta de gran manera”. Afirmó que les pediría a las autoridades mexicanas encargadas de velar por la salud de estas familias de Centroamérica y de México “que se pongan la mano en la conciencia y que traten de reparar el daño que han hecho”.
“TE ENCARGO A MI MAMI. REGRESO EN UN AÑO”
Glenda García, guatemalteca que perdió a su padre y dos hermanos en masacre de San Fernando. Foto: Cuartoscuro.
En representación de Guatemala, habló “sobre esta pesadilla” Glenda García, quien perdió a su papá Efraín y a dos hermanos, Nancy y Richard, en aquella masacre de hace siete años luego de que intentaron migrar de Sipacate a Estados Unidos pasando por México, donde “lamentablemente, sus sueños fueron cortados”.
“Solo le pido a Dios que el dolor no le sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte”, citó una canción con la voz entrecortada, “este dolor es un monstruo que me está pisando fuerte y al Estado no le conmueve nada”.
En el 2010 encontraron a su padre entre los asesinados en San Fernando, Tamaulipas. “Mi papá es mi héroe, por quien estoy acá ahora”.
Sobre su hermano Richard, contó que era futbolista, muy trabajador, y sus trofeos siguen en la casa a manera de recuerdo. “Es la persona que hoy me da la fuerza para defender su derecho porque él lo merece. Sus derechos fueron violados por [buscar] un futuro mejor [en Estados Unidos]”, afirmó.
–Te encargo a mi mami. Dentro de un año, posiblemente, yo tengo lo que quiero y regreso dentro de un año –dijo Richard en agosto de 2010 al salir de Sipacate, Guatemala.
Su cuerpo fue repatriado el dos de noviembre de 2010 junto con su padre. No se hicieron las pruebas de ADN para asegurar su identidad.
Nancy, su otra hermana, dejó a sus dos hijos. Justo por ellos buscó migrar a Estados Unidos. Quería que tuvieran educación, recibieran atención médica y contaran con un techo para ellos. Ella fue repatriada el 21 de marzo de 2011.
“Cuando entregan sus ataúd yo quería abrirlos. No me dejaron. Quería confirmar que mi hermano estaba ahí. No lo permitieron. No pude ver a mi papá. Tengo en mi mente una foto que me enseñaron por ahí y me dijeron ‘él es su papá’. Me enseñaron una bolsa de pedacitos”, aseguró Glenda.
En 2016 también vino de Guatemala a México. Tenía esperanza de recibir respuestas de las autoridades, pero lo único que les dijeron –durante una reunión de siete minutos– es información que “hasta en internet se encuentra”.
“Seguimos esperando justicia y verdad. Pedimos al Estado la exhumación”, exigió. “Queremos que las autoridades se pongan en nuestro lugar, nos comprendan y agilicen los trámites. Que toque su corazón”.
Sin embargo, de ninguno de los dos gobiernos, el mexicano y el guatemalteco, han recibido apoyo.
Ante las dudas, la madre y viuda Ángela Lacán se encuentra enferma al imaginar que su hija podría estar pasando “quién sabe qué cosas”. Su madre, dice Glenda, perdió todo: su casa, su salud, a sus hijos, a su esposo y hasta la fecha sigue sin verdad, ni justicia.
La resolución emitida ahora por la CNDH es trascendental porque anteriormente, incluso en su recomendación, la institución nunca había dicho que la masacre “se tratara de un caso de violaciones graves”, aseveró Sergio Méndez, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
México, 28 jun (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México reconoció que la masacre de 72 migrantes ocurrida en San Fernando (Tamaulipas) en 2010 debe ser calificada como una “grave violación de derechos humanos”, informó hoy una organización civil.
Este pronunciamiento de la CNDH responde a un juicio de amparo llevado a cabo en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se obligó a la institución a determinar si con la tragedia, atribuida al cártel de Los Zetas, se había producido o no una violación grave.
Sergio Méndez, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo a Efe que la asociación presentó una demanda ante un juez de distrito en 2014 para que la CNDH les permitiera acceder a la versión pública del expediente de queja sobre San Fernando.
Este expediente, que integra constancias sobre las investigaciones remitidas por instancias como la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), estaba considerado como “reservado” por parte de la Comisión, aún después de haber emitido una recomendación sobre el asunto.
El juez de distrito dio la razón a la Fundación, pero la CNDH interpuso una revisión y el asunto llegó a la SCJN en 2016.
El máximo órgano de justicia del país finalmente estableció el pasado mayo que la Comisión debía establecer si la masacre de estos 72 migrantes, que atravesaban México rumbo a Estados Unidos, constituyó una violación grave de derechos humanos.
De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aquellas averiguaciones que traten sobre violaciones graves de DDHH no pueden tener el carácter de “reservado”.
La resolución emitida ahora por la CNDH como respuesta al mandato de la Suprema Corte es trascendental porque anteriormente, incluso en su recomendación, la institución nunca había dicho que la masacre “se tratara de un caso de violaciones graves”, aseveró Méndez.
La organización ya tiene en sus manos la resolución emitida por la Comisión y espera que en los próximos días puedan tener al acceso al expediente.
Asimismo, este hecho “histórico” abre “nuevas rutas” para otros casos, señaló el abogado, quien menciona que están a la espera de que la SCJN resuelva otros amparos de características similares.
Después de más de dos años de disputas con la organización Fundar, la CNDH deberá permitirle conocer el expediente que tiene sobre la masacre de San Fernando, ocurrida hace siete años. Si le vuelve a negar el acceso, tendrá que explicar por qué considera que estos hechos no califican como grave violación a derechos humanos.
Ciudad de México, 31 de mayo (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este día que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está facultada para decidir si, de acuerdo con su expediente, se cometió “grave violación de derechos humanos” en la masacre de San Fernando, Tamaulipas.
La Segunda Sala de la Corte resolvió que la CNDH “está plenamente facultada para decidir si la información que le es requerida se relaciona con violaciones graves a los derechos humanos y, por ende, si debe hacerse pública”, esto luego de que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundar) le solicitara, a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, tener acceso al expediente del organismo sobre la matanza de 72 migrantes, cometida en San Fernando en 2010.
Los ministros establecieron que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que era aplicable cuando Fundar hizo su solicitud, “no podrá invocarse el carácter de reservado de las averiguaciones previas y otras indagaciones de carácter oficial cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos humanos”.
Otras instancias que llevan la investigación, como la Procuraduría General de la República (PGR), clasificaron la información como reservada.
“Atendiendo al cúmulo de facultades que le fueron otorgadas tanto a nivel constitucional como en la ley que la rige, la CNDH cuenta con plena aptitud técnica y jurídica para que, en los casos en que se proceda a clasificar la información que sea requerida por algún particular, pueda determinar si tal información se relaciona o no con la investigación de violaciones graves a los derechos humanos y, en esa medida, si debe prevalecer el principio de máxima publicidad en tales asuntos”.
En 2015, un Juez federal otorgó un amparo a Fundar, luego de que la CNDH le negara el acceso a la copia de la averiguación previa del caso que integró la PGR.
Si la CNDH vuelve a negar el acceso, tendrá que explicar por qué considera que estos hechos no califican como grave violación a derechos humanos.
Desde marzo de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte aprobó un proyecto de dictamen que obliga a las instituciones mexicanas a que abran el expediente de la matanza de los migrantes de Centro y Sudamérica en San Fernando.
Un Juez federal concedió un amparo a Francisco Chacach Coroy, padre de una de las víctimas en San Fernando Tamaulipas en 2010 a quien le había sido designado un apoyo como reembolso por los gastos funerarios de su hijo por parte de la CEAV, pero al que no podía tener acceso por no contar con una credencial emitida por el Gobierno mexicano, al ser de nacionalidad guatemalteco.
El rancho donde se encontraron los cuerpos de 72 personas en 2010. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió a Francisco Cachach Coroy, padre de una de las víctimas de la Masacre de San Fernando, Tamaulipas, que le permitirá recibir el apoyo económico que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le otorgó como reembolso por los gastos funerarios de la muerte de su hijo y al cual no podía acceder por ser guatemalteco y no contar con una identificación mexicana.
En el amparo 1794/2016 se considera que Cachach Coroy fue reconocido como víctima indirecta del homicidio de su hijo, cuyo cuerpo fue hallado en 2011, en una fosa clandestina en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas.
La CEAV le otorgó a dicha persona una ayuda como reembolso de los gastos funerarios de su hijo; sin embargo, puso a su disposición un cheque que se le entregaría en la Ciudad de México pero, para acceder a él, debía identificarse con credenciales emitidas por el Gobierno mexicano.
Por su parte, el quejoso pidió que se le hiciera el reembolso mediante una transferencia bancaria a la asociación civil que lo representa ante la CEAV, pero le fue negado.
El Juez federal le otorgó la razón a Cachach Coroy; estimó que las exigencias para entregar el recurso eran contrarios a los principios de “debida diligencia” y de “victimización secundaria”, previstos en la Ley General de Víctimas, toda vez que se impedía el acceso real, efectivo, ágil y eficaz al reembolso que le había sido concedido.
Entre el 22 y 23 de agosto del 2010, 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueron asesinados en San Fernando,Tamaulipas, por integrantes del crimen organizado con, la colusión de varios policías.
La crisis de derechos humanos en México va desde la represión, hasta los ataques a la libertad de expresión, el quebranto a los derechos de diversas comunidades y pueblos originarios, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Muchas son las tragedias que, arropadas por la impunidad y la corrupción, no han logrado esclarecerse ni han llevado a los responsables ante los jueces. Por el contrario, México es visto hoy como uno de los “campeones” a nivel mundial en el quebranto a la Ley. En este VIDEO te mostramos seis casos que conmocionaron al país, que alcanzaron repercusión mundial y que permanecen impunes.
Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- México vive una grave crisis que atenta contra los derechos humanos, la igualdad y la justicia. A pesar del amplio consenso internacional sobre la gravedad de ésta, existen muchos casos que han permanecido en la injusticia y sin ser resueltos.
Tal es el caso de Nochixtlán, Oaxaca, donde un grupo de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y ciudadanos de ese poblado realizaron bloqueos carreteros en protesta por la Reforma Educativa.
La Policía Federal realizó un operativo para desbloquear la carretera y disparó con armas largas en contra de los manifestantes que ahí se encontraban, lo que dejó un saldo de al 8 muertos y 108 heridos.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
