Bolivia y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde que Morales expulsó al representante estadounidenses en 2008 por sospechas de espionaje. Después sacó a la agencia antidrogas DEA y al Programa de Cooperación USAID.
Por Carlos Valdez
LA PAZ (AP) — Estados Unidos felicitó el miércoles “al Presidente electo de Bolivia” Luis Arce antes de que se conozca el resultado final de las elecciones del domingo, a las que calificó como un “proceso creíble”, y dijo estar dispuesto a trabajar con el nuevo Gobierno.
La declaración del Secretario de Estado, Michael Pompeo se conoció un día después de que Arce anunciara que el suyo será un Gobierno “abierto a todos” los países, en contraste con su mentor político Evo Morales, que se distanció de Washington y se acercó a Cuba y Venezuela.
Bolivia y Estados Unidos no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde que Morales expulsó al representante estadounidenses en 2008 por sospechas de espionaje. Después sacó a la agencia antidrogas DEA y al Programa de Cooperación USAID.
Con el 88.5 por ciento de los votos oficialmente escrutados, Arce se perfilaba como ganador en primera vuelta con un 54 por ciento frente a su rival de centroderecha Carlos Mesa, que sumaba 29 por ciento.
Los votos que faltan contabilizar provienen principalmente del área rural, bastión del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Arce y de Morales.
Ninguna encuesta había anticipado que el MAS obtendría una victoria en primera vuelta, lo que desencadenó algunas protestas -sobre todo de jóvenes adversarios a ese partido- que denunciaron un supuesto fraude. La policía dijo que las protestas eran aisladas y de pequeños grupos.
El Viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santa María, dijo que el Gobierno no permitirá manifestaciones y “garantizará la paz”.
Tres días después de los comicios, políticos de todos los bandos y analistas coincidieron en que los indecisos -que estaban en torno al 20 por ciento- dieron una victoria holgada a quien fuera por 12 años el Ministro de Economía del Gobierno de Morales (2006-2019).
Arce pudo captar a ese electorado con un mensaje simple, “reconstruiremos la economía”, mientras sus rivales se disputaban el voto del centro y de la derecha, según analistas.
Aunque las encuestas anticipaban que Arce no obtendría un triunfo en primera vuelta, la crisis económica desatada por la pandemia del nuevo coronavirus habría jugado a favor del economista antiliberal de 57 años, considerado el cerebro del éxito económico de Morales.
“Los indicadores han empeorado mucho en 11 meses. Las reservas internacionales han caído, estamos en menos 11 por ciento de tasa de recesión, la tasa de desempleo ha triplicado al 12 por ciento. Realmente los indicadores me asustan”, dijo el político a la televisora Gigavisión.
El mandatario electo asumirá cuando la nueva Asamblea Legislativa elija a su directiva. La Presidenta interina Jeanine Áñez prepara la transición, pero todavía no hay reuniones a la espera del cómputo final. Las autoridades prevén que entre la primera y segunda semana de noviembre puedan jurar las nuevas autoridades.
Alberto Fernández, el Presidente de Argentina -donde Morales se refugió tras renunciar luego de las elecciones del año pasado en las que buscaba su cuarto mandato consecutivo y que fueron anuladas por presunto fraude- dijo a El Destape Radio que “me gustaría ir a la asunción de Lucho Arce. Mi mayor deseo es acompañar a Evo en el regreso a su patria”.
Fernández también abogó por la reconstrucción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Hay que “reconstituir UNASUR, donde cada pueblo de América Latina esté representado más allá de lo ideológico” sostuvo Fernández y consideró que “el Grupo de Lima fue la bala que dispararon” los dirigentes conservadores contra ese bloque regional a medida que llegaron al poder en la región.
“El Grupo de Lima sólo se preocupa por Venezuela. Argentina nunca participó y, desde que llegamos (al poder en diciembre de 2019), lo único que hicimos fue tomar distancia de él”, agregó.
En abril de 2019 el entonces Gobierno del conservador Presidente Mauricio Macri (2015-2019) anunció el retiro de Argentina de UNASUR -creado por iniciativa de mandatarios izquierdistas como el fallecido Hugo Chávez de Venezuela- sumándose a otros de la región que criticaban la crisis que aquejaba a ese organismo y su “agenda con alto contenido ideológico”.
De acuerdo con la calificadora estadounidense la región fronteriza enfrenta una serie de desafíos que incluyen economías diversas. El reporte expuso que el TLCAN aumentó la actividad económica transfronteriza y fortaleció los perfiles crediticios de los gobiernos locales de Texas a lo largo de la frontera con México.
Ciudad de México, 27 de marzo (Economía Hoy/SinEmbargo).- De acuerdo con la agencia calificadora Moody’s las ciudades fronterizas de México-Texas enfrentarán desafíos económicos y fiscales, derivado de la incertidumbre ante la ratificación del T-MEC y por las políticas económicas y fiscales del nuevo gobierno, pero no todas están preparadas.
A través de un reporte, la calificadora destacó los municipios fronterizos de México-Texas cuentan con economías grandes y diversas estarán mejor equipados para enfrentar los desafíos económicos, mientas que las ciudades más pequeñas con poca o ninguna presencia institucional enfrentarán un panorama más complicado, advirtió.
Las economías de las ciudades fronterizas son vulnerables a las incertidumbres sobre el Acuerdo entre EU, México y Canadá (USMCA).
La región fronteriza enfrenta una serie de desafíos, que incluyen incertidumbres sobre la ratificación del T-MEC, en este sentido, las regiones grandes y económicamente diversas, o aquellas con una presencia institucional estabilizadora, estarán mejor equipadas para enfrentar los desafíos económicos y políticos.
“Los cambios en las políticas fiscales y económicas del nuevo gobierno de México, un peso más débil, falta de infraestructura y las recientes tensiones sobre la política de inmigración de los Estados Unidos, hacen que las ciudades de la región sean vulnerables a las tensiones políticas y los cambios en las políticas económicas y fiscales”, destacó.
El reporte hace referencia a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el cual aumentó la actividad económica transfronteriza y que fortaleció los perfiles crediticios de los gobiernos locales de Texas a lo largo de la frontera con México, con la ampliación de las bases de empleo y el tráfico transfronterizo que genera mayores ingresos, inversiones en infraestructura y nuevos desarrollos.
La calificadora destaca el caso de ciudades como El Paso y Del Río, que albergan importantes instalaciones militares, mientras que El Paso y Brownsville albergan campus universitarios públicos como la Universidad de Texas y Texas A&M. Estas grandes instituciones proporcionan estabilidad económica que puede moderar la dependencia del comercio. Algunas ciudades también disfrutan de la diversidad económica proporcionada por el creciente sector sanitario y las escuelas de medicina de la región.
“Una mayor dependencia de los impuestos sobre las ventas y los peajes de puentes aumentará la vulnerabilidad. Ciertas ciudades fronterizas de Texas, incluidas McAllen y varias ciudades fronterizas más pequeñas, dependen en gran medida de una combinación de impuestos sobre las ventas y peajes de puentes internacionales para cubrir los gastos del fondo general, estos ingresos son económicamente sensibles y vulnerables a los cambios en la economía mexicana y los acuerdos comerciales”, destacó.
Moody’s asegura que la ciudad de El Paso es la ciudad fronteriza de Texas más resistente a las tensiones políticas y los cambios en las políticas económicas, fiscales y políticas.
Cuando el próximo 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador, líder de Movimiento Regeneración Nacional, se convierta en Presidente de México, será la primera vez en 89 años que una fuerza política de izquierda gobierne el país, y encontrará un país devastado en materia de seguridad, plantea el más reciente informe del International Crisis Group.
La ONG, cuyas principales sedes están en Bruselas, Washington DC, Nueva York y Londres, plantea que la confianza en las instituciones estatales mexicanas se ha erosionado a mínimos históricos después de una campaña militarizada de 13 años contra el crimen organizado, que los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto defendieron, y que originó al menos 150 mil personas asesinadas y desaparecidas, en un escenario donde el Estado ha hecho poco para abordar varios casos de corrupción de alto perfil.
Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, enfrenta un escenario complicado para combatir la corrupción o para construir la paz en el país y, con poder absoluto en el Congreso, la tentación de aplicar reformas sin un análisis profundo de la situación podría generar “reacciones adversas e incluso violentas, especialmente de las fuerzas armadas, la elite económica y Washington”, dice el más reciente informe del International Crisis Group (ICG).
En el documento “Construyendo la paz en México: dilemas que enfrenta el gobierno de López Obrador”, se establece que si el nuevo Presidente de México adopta la opción de negociar un cambio sin el apoyo, por ejemplo de las víctimas, su progreso se desacelerará, “posponiendo las aspiraciones de justicia por las atrocidades, así como las perspectivas de un gobierno responsable, un sistema judicial más efectivo y una economía más equitativa”.
Podría surgir una reacción violenta en la forma de una mayor erosión de la confianza en el Estado y el Estado de derecho, “y los ciudadanos podrían recurrir a alternativas, como el creciente fenómeno de autodefensas o las demandas de mano dura, más draconianas, políticas contra la delincuencia familiares en otras partes de América Latina”, plantea el documento de fecha 11 de octubre de 2018 y firmado en Ciudad de México, Bogotá y Bruselas.
En este sentido, expone el Crisis Group, López Obrador debe atenuar los pronunciamientos de que sólo su liderazgo personal y pionero inducirá los cambios para lograr la paz y comprometerse a reconstruir instituciones lo suficientemente fuertes como para superar su mandato de seis años.
Sin embargo, la pregunta que bordea en todo el análisis es, ¿cómo hará y qué pasos seguirá el equipo de AMLO para lograr cambios concretos en la política de seguridad?
“Yo reconozco de manera sincera y comprendo su dolor”, ha dicho Andrés Manuel López Obrador a familiares y víctimas de la violencia en México, y también ha basado su discurso de reconciliación en una frase que ha generado polémica en todo el país: “olvido no, perdón sí”. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.
EL RIESGO DEL DESENCANTO
En su informe, la Organización No Gubernamental (ONG) que tiene sus principales sedes en Bruselas, Washington DC, Nueva York y Londres, plantea que la aplastante victoria de AMLO en las urnas, el pasado 1 de julio, se centró en sus propuestas de cambios radicales y, uno de ellos –quizá el más importante– fue menguar la ola de violencia en la que está inmersa el país desde hace 12 años, y que ha dejado, según cifras conservadoras, al menos 120 mil muertos y 37 mil desaparecidos.
López Obrador ha prometido reemplazar la lucha contra el crimen dirigida por los militares con mano dura por reformas dirigidas a la paz civil; también un crecimiento equitativo, junto con amnistías para los delincuentes no violentos, para llegar a las raíces del reclutamiento del crimen organizado, además de la reparación para las víctimas y acabar con la corrupción dando un ejemplo de austeridad desde la cima del poder.
Sin embargo, advierte el ICG, aunque las promesas del Presidente electo son loables “debe actuar con cautela para evitar que su ambiciosa agenda provoque una reacción violenta”.
“López Obrador ha creado tantas esperanzas para los resultados rápidos que la confianza del público en las instituciones estatales podría caer en picado si no cumple. Sin embargo, ni él ni su equipo han desarrollado sus propuestas. No hay una salida fácil de la crisis de seguridad de México. En 2017, la tasa de homicidios en México alcanzó un máximo de veinte años; 2018 está en camino de ser incluso más mortal, mientras que nadie es responsable de al menos el 95 por ciento de los asesinatos. Detrás de las sombrías estadísticas se encuentra un conjunto de conflictos criminales fragmentados que desafían a las autoridades estatales con sus características locales y su resistencia frente a las represiones”, alerta el análisis de Crisis Group.
El ICG –que tiene un amplio reconocimiento internacional y es una fuente de información para gobiernos e instituciones que trabajan por la paz y la resolución de conflictos– insiste en que AMLO hereda del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto un escenario donde el crimen organizado mexicano ya no se basa en el tráfico de drogas como su única fuente de ingresos, y además está disperso en nuevos territorios, por lo que enfrentará una gran cantidad de conflictos regionales.
“Pero el desafío más grave se refiere al propio Estado. Los informes generalizados de corrupción y criminalidad sugieren que esto explica, al menos en parte, la ineficacia de las fuerzas armadas y la policía. A nivel municipal, donde los esfuerzos para calmar la violencia relacionada con el crimen organizado son más necesarios, las fuerzas de seguridad se encuentran en su punto más débil. Por su parte, las fuerzas federales están acusadas por grupos de derechos humanos de estar implicadas en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que en algunos lugares han alcanzado una escala que equivale a crímenes de lesa humanidad”, destaca.
La reforma de las fuerzas de seguridad federales requerirá un delicado acto de equilibrio pues, de acuerdo con los especialistas de esta organización civil, “moverse demasiado rápido, por ejemplo, tratar de castigar a los funcionarios responsables de delitos graves, podría provocar resistencia, mientras que la abrupta retirada de las fuerzas armadas de la policía de los estados más afectados por la violencia podría provocar una inestabilidad aún mayor”.
Si bien el Estado debe cumplir con las demandas de justicia de las víctimas por las desapariciones y asesinatos que involucran a las fuerzas de seguridad, las debilidades crónicas en la investigación criminal y el enjuiciamiento dificultarán los esfuerzos para perseguir todos los casos pendientes, afirma.
¿CÓMO ALLANAR EL CAMINO?
Para ICG, López Obrador debe contener cualquier posible desencanto popular y su equipo deben abstenerse de soluciones precipitadas y de arriba hacia abajo; en cambio debe permitir que las comisiones de la verdad sirvan como espacios para la discusión pública con el fin de identificar las fuentes de conflicto de cada región y sugerir respuestas políticas adecuadas.
Su administración, asistida por agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debe proporcionar fondos y apoyo operacional para estas comisiones, y buscar minimizar los riesgos planteados a este proceso por los jefes del crimen, añade.
Sobre este tema, recomienda Crisis Group, podría reconsiderar su negativa a permitir que tales figuras se beneficien de amnistías parciales si existe un apoyo genuino en las comisiones de la verdad para tal movimiento, y los delincuentes están dispuestos a proporcionar reparación y reparación a las víctimas.
El Presidente electo, añade el informe, ha atraído un notable apoyo público con su condena a la corrupción estatal y al abuso de poder, además de sus ideas para abordar la inseguridad desenfrenada del país están diseñadas para desmantelar la lógica y el aparato institucional de la “guerra” de México contra las drogas y el crimen de los últimos 12 años.
“Pero el éxito de este cambio radical dependerá sobre todo de cómo se desarrolle en los microconflictos dispersos en todo el país y las medidas que tome su gobierno contra la complicidad del Estado con el crimen en los distritos devastados por la violencia”, establece el texto que analiza los dilemas que enfrentará el próximo Gobierno de izquierda.
Es el caso de la Ciudad de México y los estados de México, Michoacán y Guanajuato –además de Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y Colima– donde la violencia ha repuntado a niveles inéditos.
En este escenario, el International Crisis Group, que desde julio de 2009 preside la canadiense Louise Arbour –jurista canadiense y quien fungió como Alta Comisionada de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos– recomienda a AMLO una serie de objetivos, en donde destacan los siguientes.
–Establecer comisiones de la verdad, dirigidas y definidas por los ciudadanos y apoyadas por expertos en seguridad pública, para proporcionar una plataforma para una mayor comprensión de la inseguridad local y una conversación abierta sobre los recursos pertinentes.
También proporcionar a las comisiones financiamiento adecuado, respaldo logístico, seguridad y acceso sin trabas a funcionarios y documentos estatales, según se solicite, y comenzar por establecer estas en un número limitado de regiones afectadas por conflictos, como partes de Guerrero, Michoacán y Veracruz; posteriormente, ajustar y repetir la práctica en otras áreas llenas de altos niveles de violencia.
–Revisar la exclusión categórica de los delincuentes violentos, incluidos los miembros del crimen organizado de rango medio y alto, de las políticas de consolidación de la paz, como las amnistías parciales. Además, considerar penas reducidas y otros beneficios judiciales para estos delincuentes, pero sólo si así lo aconsejan las comisiones de la verdad ya cambio de una colaboración total con el sistema judicial y la reparación para las víctimas, como un medio para mitigar las posibles interferencias violentas.
–Combinar los esfuerzos de consolidación de la paz de las comisiones de la verdad con los programas de empleo y educación que ofrecen alternativas al crimen organizado y un camino para que los miembros de las pandillas se desmovilicen.
–Financiar y apoyar a los colectivos de víctimas para buscar personas desaparecidas e identificar cuerpos, además de garantizar el acceso de los colectivos como demandantes en investigaciones judiciales a documentos internos del Estado.
–Proponer al Congreso la derogación de la Ley de Seguridad Interior.
–Investigar y llevar a la justicia a las fuerzas estatales involucradas en casos emblemáticos de asesinato y desaparición de civiles, como la desaparición en 2014 de estudiantes universitarios de enseñanza de Ayotzinapa, para demostrar el compromiso de brindar justicia a las víctimas y restablecer la fe en las instituciones de seguridad.
–Introducir paulatinamente mecanismos de supervisión independientes y sólidos, como defensores del pueblo civiles con poderes disciplinarios, para frenar cualquier violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, al tiempo que garantiza que cualquier participación de las fuerzas armadas en futuros abusos estará sujeta a la justicia civil.
–Comprometerse a restaurar gradualmente las fuerzas de la policía civil como únicos proveedores de seguridad pública y desmantelar cualquier estructura de comando policial que esté involucrada en la coerción de sus subordinados o la criminalidad mediante la introducción de órganos de supervisión externos independientes con poderes disciplinarios y de investigación, y acceso a documentos internos destinados a salvaguardar el bienestar de los oficiales y los derechos básicos contra los abusos cometidos por sus comandantes. También proporcionar, cuando sea necesario, protección de testigos y apoyo financiero para los oficiales dispuestos a hablar en contra de los abusos y la corrupción.
–Comprometerse con la independencia de la Fiscalía absteniéndose de influir en el nombramiento del próximo Fiscal General. En su lugar, invitar a la sociedad civil y expertos judiciales a preparar una lista de candidatos para que el Congreso elija, y también fortalecer la capacidad de las oficinas de los fiscales estatales para resolver las desapariciones invirtiendo en servicios forenses políticamente independientes.
La nueva mayoría en el Congreso de la Unión no será abusiva y buscará el consenso con las fuerzas opositoras, afirma en entrevista Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en entrevista con SinEmbargo.
Instalado en la oficina de la Mesa Directiva ubicada en la planta baja del Senado de la República, Batres Guadarrama, el hombre que encabezó en 2013 los cercos al Senado de la República y en la Cámara de Diputados en protesta de la Reforma Energética que se aprobó con el voto en contra de la izquierda representada en ese entonces en el Congreso de la Unión por los perredistas y sin escuchar al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, habla de que la correlación de fuerzas cambió el 1 de julio y que Morena se ajusta a las normas que ya están escritas; a las reglas del juego que fueron pensadas para la correlación de fuerzas que había antes: PRI-PAN-PRD.
“Queremos tender puentes de entendimiento con el PRI [Partido Revolucionario Institucional], con el PAN [Partido Acción Nacional], con el PRD [Partido de la Revolución Democrática], con Movimiento Ciudadano [MC], obviamente también con nuestros aliados el PES [Encuentro Social] y con el PT [Partido del Trabajo]”, dice.
Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– Los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) buscarán “tender puentes de entendimiento” con todos los partidos, no sólo con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dice Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República en entrevista con SinEmbargo.
Cuestionado sobre la polémica votación, primero en contra y después a favor de la bancada de Morena, que le otorgó licencia como legislador a Manuel Velasco Coello para regresar a la gubernatura de Chiapas, Batres Guadarrama afirmó que su fracción parlamentaria no modificó el sentido de su voto a cambio de los cinco diputados del PVEM en San Lázaro que le dieron la mayoría absoluta para presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
“Queremos tender puentes de entendimiento con el PRI [Partido Revolucionario Institucional], con el PAN [Partido Acción Nacional], con el PRD [Partido de la Revolución Democrática], con Movimiento Ciudadano [MC], obviamente también con nuestros aliados el PES [Encuentro Social] y con el PT [Partido del Trabajo]”, dice.
Batres Guadarrama, uno de los principales fundadores de Morena como partido, aseguró que como mayoría en ambas cámaras escucharán a la oposición y privilegiarán el consenso.
Pero reconoció que en caso de no darse el consenso, cada una de las bancadas, incluyendo la de Morena, tiene derecho a decidir el sentido de su voto.
“Si no hay consenso cada bancada tiene derecho a votar como decida, pero hay que hacer un esfuerzo primero. De todas maneras yo creo que en todas las votaciones vamos hacer alianzas, en todas”, argumenta el legislador.
Instalado en la oficina de la Mesa Directiva ubicada en la planta baja del Senado de la República, Batres Guadarrama, el hombre que encabezó en 2013 los cercos al Senado de la República y en la Cámara de Diputados en protesta de la Reforma Energética que se aprobó con el voto en contra de la izquierda representada en ese entonces en el Congreso de la Unión por los perredistas y sin escuchar al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, habla de que la correlación de fuerzas cambió el 1 de julio y que Morena se ajusta a las normas que ya están escritas; a las reglas del juego que fueron pensadas para la correlación de fuerzas que había antes: PRI-PAN-PRD.
“Si no hay consenso cada bancada tiene derecho a votar como decida, pero hay que hacer un esfuerzo primero. De todas maneras yo creo que en todas las votaciones vamos hacer alianzas, en todas”, dice Martí Batres, actual presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Foto: Especial, SinEmbargo
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–Este asunto de la votación: que se votó primero a favor y luego en contra de la licencia de Manuel Velasco y que generó una serie de críticas, ¿qué pasó ese día?
–Fue un día complicado porque se estaba celebrando una reunión y luego una conferencia de prensa sobre el tema de la austeridad en el Senado, y los coordinadores estaban ahí, incluido el solicitante de la licencia. En el momento en que esto se va a discusión, hay muchos senadores que no están o no tienen claro el sentido de lo que se está discutiendo; eso sucedió primero. Finalmente, como estaba la discusión se tomó un acuerdo. Luego se da la discusión y había una opinión nuestra en el sentido de que se fuera al jueves este tema, pero finamente el solicitante tenía derecho de que se votara de una vez y se votó el punto como él lo pedía.
–Muchos críticos y seguidores de Morena en las redes sociales y en los medios de comunicación hablan de que empezó mal Morena. Que se vio muy mal con esta doble votación: ver a un Manuel Velasco cabildeando con ustedes, con diferentes senadores y que al final se le diera revés a la primera votación. ¿Empezó mal Morena?
–A veces hay cosas que no se pueden prever. Hay que poner atención a las observaciones críticas que se hacen en la opinión pública para mejorar nuestro trabajo.
–Un dirigente del Partido Verde dice que Morena se acercó a ellos para pedirle estos cinco legisladores para tener la mayoría absoluta en San Lázaro para presidir la Jucopo. ¿Qué sabes de esto?
–En absoluto, nada de eso se planteó aquí. Nunca se nos dijo aquí en el grupo parlamentario que si se aprobaba la licencia íbamos a tener algún beneficio. No, se votó solamente lo de la licencia.
–El Partido Verde, cuando ustedes eran oposición, siempre fue de los partidos satélites del PRI, la “mafia del poder”, y ahora está con ustedes. ¿Esto no va en contra de Morena?, ¿de sus ideales?, ¿de lo que han defendido?
–Bueno cada fuerza política decide en qué va a coincidir y con quién quiere coincidir. En este caso el Partido Verde, o cualquier partido, es el que va a definir en qué sentido va a coincidir con nosotros o con cualquier fuerza política, eso ya se verá en la práctica en las votaciones que se den en el Congreso. Nosotros no vamos a variar nuestro programa. Si hay otras fuerzas políticas que coincidan con nuestro programa, pues perfecto; de hecho, queremos hablar con todos, no sólo con el Verde. Queremos tender puentes de entendimiento con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, obviamente también con nuestros aliados el PES y con el PT. Incluso si ves, hemos hablado mucho de aprobar por consenso. Quisiéramos que todo se aprobara por todos.
–Le quiero preguntar de esto. ¿Cómo va a trabajar Morena en las cámaras con esta mayoría tan grande que tiene?, ¿van abrirse a la oposición? En esta cuestión de la austeridad ha sido muy claro que ustedes echaron andar el proyecto aunque hubiera gente de la oposición que no le gustara. ¿Cómo será la dinámica en las cámaras?
–Este proyecto de austeridad lo echamos andar nosotros, ¿te acuerdas que empezamos a hablar de él desde el día siguiente de la elección? Y poco a poco se fue construyendo un consenso y ya se presentó cuando se había acordado con todas las bancadas. El martes pasado.
–¿Así serán todos los temas?, ¿buscarán el acuerdo con todas las bancadas?
–Sí, claro que sí. Vamos a buscar el acuerdo en todas las bancadas en todos los temas. Vamos a priorizar los que tengan más consenso. Ojalá en todo haya consenso.
–¿Y si no hay consenso?
–Si no hay consenso cada bancada tiene derecho a votar como decida, pero hay que hacer un esfuerzo primero. De todas maneras yo creo que en todas las votaciones vamos hacer alianzas, en todas.
–¿Cómo tiene que ser la relación entre los legisladores de Morena y el Gobierno federal? Pareciera en la opinión pública, lo que vemos, que no hay una distancia ahorita entre ambos. ¿Cómo será esto ya en el futuro?
–Cada quien va a tomar sus decisiones. Nosotros tomamos nuestras decisiones aquí. No estamos consultando con el futuro Gobierno [encabezado por Andrés Manuel López Obrador] sobre cómo votar, en qué sentido, qué hacer, qué proponer, sino que aquí en el Legislativo, eso se está haciendo.
–Ahora que ustedes son mayoría y que ya no son oposición, ¿cómo debe de ser el trabajo que ustedes hagan en las cámaras?
–Tenemos por un lado que formular muchas propuestas en todos nuestros temas y luego articular con todos. Buscar los puntos de contacto con todas las fracciones parlamentarias.
–Hay quien dice que ‘bienvenida la dictadura de Morena’, porque van a tener la presidencia de la Jucopo, la Mesa Directiva, la presidencia aquí en el Senado, ¿Qué mensaje le mandarías a la nueva oposición
–Es que cambió la correlación. Vamos a ver en los años siguientes qué se va hacer, en las normas. Pero finalmente estamos trabajando con las normas que no hicimos nosotros, sino que hicieron otras fuerzas políticas. Y esas fuerzas políticas hicieron esas normas pensando en el equilibrio que había entre esas fuerzas políticas. Sobre todo y parcialmente con una tercera. Entonces había una disputa como primera fuerza entre el PRI y el PAN, y había una tercera fuerza con el PRD más abajo. Entonces los esquemas se hicieron para ese equilibrio, pero ese equilibrio cambió totalmente, ya no es así. Volvió una fuerza mayoritaria como no se había dado en mucho tiempo; por lo menos en unos 30 años no habíamos tenido una correlación como esta, si quieren por lo menos en unos 21 años se perdió la mayoría que tenía mayoría absoluta en 1997.
Cada quien va a tomar sus decisiones, dice Martí Batres. “Nosotros tomamos nuestras decisiones aquí. No estamos consultando con el futuro Gobierno cómo votar, en qué sentido, qué hacer, qué proponer, sino que aquí en el Legislativo, eso se está haciendo”. Foto: Especial, SinEmbargo.
–A ustedes les tocó aguantar cuando les pasaban todas las iniciativas y ustedes estaban en contra, ¿no?
–Sí, pero no vamos actuar de manera abusiva. De hecho si te has fijado yo he buscado ser flexible con la oposición.
–Recuerdo cuando ustedes andaban haciendo los cercos al Senado y en la Cámara de Diputados en contra de la Reforma Energética y la pasaron.
–Todo lo aprobaron. Ósea aquí aprobaron todo lo que propuso el Gobierno. En realidad es paradójico, porque luego hemos oído estas observaciones de que no apoyemos en todo al Gobierno, aunque son observaciones que nos hacen algunos que apoyaron en todo a su Gobierno. Pero mira, yo te voy a decir que es lógico que una mayoría parlamentaria apoye a su Gobierno. Es muy lógico, eso no quiere decir que coincidan exactamente en todo, mayoría y Gobierno del mismo partido, pero sí va haber grandes tendencias de convergencia y el rol de oposición lo hacen las demás fuerzas políticas. Son las que tienen el papel del contrapeso. El contrapeso no es la mayoría, el contrapeso lo hacen las fuerzas opositoras.
–¿Qué debe de hacer Morena en estos años de aquí al 2021 para conservar esta mayoría, esta votación que recibieron el 1 de julio, ante un PRI que no está muerto, aunque perdieron muchísimo, pero tienen un colmillote y años gobernando, y un PAN que es la segunda fuerza política y que también está ahí?
–Cumplir, cumplir con lo que prometió en la campaña. Trabajar muy fuerte con la gente, hacer mucho trabajo territorial. Hacer muchas transformaciones en el país y en la vida de la sociedad mexicana. Tener buenos resultados en las cuestiones sociales, económicas, de seguridad. Generar nuevos espacios, nuevas libertades. Eso es lo que tiene que hacer Morena.
Tener buenos resultados en las cuestiones sociales, económicas, de seguridad; generar nuevos espacios, nuevas libertades. Eso es lo que tiene que hacer Morena, dice el Senador Batres Guadarrama. Foto: Especial, SinEmbargo.
AHORROS, ¿A DÓNDE IRÁN?
–Hablando un poco sobre el plan de austeridad, ya se dio a conocer lo del Senado, creo que en una entrevista tu dijiste que eran como 2 mil millones de pesos el ahorro.
–No, yo planteé que podría hacerse un ahorro de 2 mil millones, pero el ahorro que se va hacer es un poco menos, es de mil 500 millones. Pero mil 500 millones es muy bueno. El presupuesto del Senado no había bajado, el presupuesto baja en lugar de subir.
–¿Cuánto ahorrarán entre las dos cámaras?
–Cinco mil millones entre la dos cámaras. Mil 500 millones aquí, 3 mil 500 en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados el presupuesto total es de casi 10 mil millones. Aquí es de casi 5 mil millones. Ahora, eso quiere decir que el presupuesto del Congreso es como de 15 mil millones y vamos hacer un ahorro de una tercera parte.
–Hay miembros de la oposición que dicen que este plan de austeridad está bien en esto de quitar los seguros de gastos médicos mayores, bajar las dietas, pero que no se llegue al exceso de paralizar el trabajo legislativo. ¿Esto no va a ocurrir?, ¿cómo está pensado este plan de austeridad?
–Aún con plan de austeridad tenemos mucho margen para que no se afecte ninguna función sustantiva del Senado, como la función legislativa. Los legisladores va a contar con asesores propios, individuales. Habrá asesores en las comisiones. Los grupos parlamentarios va a tener asesores y además tenemos el personal de carrera. Hay cuatro niveles de asesoría parlamentaria, hay instituciones, hay un Instituto Belisario Domínguez, hay un centro de capacitación, hay área de consultoría, hay un conjunto de estructuras para ayudar en esas materias. Nada de eso se verá afectado.
–Los cacahuatitos y las galletitas sí, ¿verdad? Digo lo han trivializado mucho con eso de que ya no habrá cacahuates.
–Lo importante es que no se den derroches, que no haya excesos. Se está eliminando mucho. No es menor cosa. El Senador tenía un sueldo base de 118 mil pesos, a eso se agregaban tres seguros, seguro médico, de retiro y no se qué más. Bonos llamados como estímulos por evaluación. Complemento de aguinaldo, todo eso se va a quitar. Entonces ya con el ajuste correspondiente vamos a tener un 42 por ciento de disminución en el ingreso real.
–¿A dónde se irá el dinero ahorrado?
–El dinero ahorrado se va a la Tesorería de la Nación y la idea es que de ahí se destine a los proyectos proyectados, básicamente a los de infraestructura y los de gasto social. De infraestructura están los trenes del sureste, las refinerías para poner dos ejemplos, y en los sociales está el programa de jóvenes y la creación de 100 nuevas universidades.
–¿Cómo se va a fiscalizar este dinero?
–Se entrega a la Tesorería y en los años consecutivos es un dinero que se deja de recibir. El recorte ocurre una vez, simplemente no se recibirá.
–Martí, ya para finalizar, aparte de la agenda que trae Morena, ¿cuáles son los temas que a ti te interesan en la legislatura?
–Desde el punto de vista personal el derecho a la educación superior. La reforma constitucional al Artículo Tercero para establecer la obligación del Estado de impartir educación superior, que no haya tantos jóvenes rechazados. Y no sólo eso, sino la obligación del Estado que se entendía que estaba tácita en la reforma al Artículo Tercero en el año de 1946, pero ya en la reforma en el 93 se separa y entonces ya no queda clara.
Uno de los datos que sobresalió del dictamen que presentó el equipo de Andrés Manuel López Obrador sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México fue el del costo proyectado de la obra, que se sitúa ya cerca de los 300 mil millones de pesos, 77.5 por ciento más de lo que se había anunciado en 2014.
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, salió en defensa del proyecto. Escribió en su cuenta de Twitter que el precio se elevó debido a un aumento en la demanda presentada en el actual aeropuerto, la depreciación del peso ante el dólar y un encarecimiento de los materiales.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México dijo al equipo de transición de AMLO que todo está bajo control y sólo falta fondear 88 mil millones de pesos. Para ello, planteó diversas alternativas que incluyen el cobro de la Tarifa de Uso Aeroportuario a pasajeros en interconexión, la concesión de estacionamiento y la monetización de la zona comercial.
Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).- De acuerdo con la información que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) entregó al próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, el NAIM elevó su precio original 77.5 por ciento, pero sólo hacen falta 88 mil millones de pesos.
Desde un inicio, la SCT explicó que el financiamiento de la obra se haría bajo un esquema mixto: público y privado. De los 169 mil millones de pesos, 98 mil millones serían financiados por los “Recursos fiscales multianuales” y 71 mil millones provendrían de “Créditos Bancarios” y “Emisiones de Bonos”.
De acuerdo con el Monto Estimado de Inversión y el Plan Financiero del GACM, el proyecto fue redimensionado en su capacidad y por la demanda prevista que no se contempló en el Pre Plan Maestro elaborado en 2014 por Norman Foster, que se realizó con un tipo de cambio de 12.7 pesos por dólar, un precio de barril de petróleo ubicado en 81 pesos –en 2018 pasó a 46 dólares– y sin retroalimentación de aerolíneas, agencias de gobierno y “otros grupos de interés”.
En el Plan Maestro de 2018, ya se contemplan todas esas condiciones y ubica un precio de 285 mil millones de pesos, con recursos comprometidos por 197 mil millones de pesos fondeados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Fibra E, la línea de Crédito de Banobras y la Deuda TUA. Eso es el 70 por ciento de los recursos fondeados.
El 30 por ciento de los recursos sin fondear, 88 mil millones de pesos, se obtendrían del cobro de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) a pasajeros en interconexión, una nueva colocación de Fibra E, la concesión del Centro Intermodal de Transporte Terrestre (el estacionamiento) y la monetización de terrenos de Ciudad Aeropuerto. Así se obtendrían esos 88 mil millones de pesos.
Estas alternativas las presentó el GACM como fórmulas para no utilizar recursos fiscales. Así, el cobro de TUA daría 10 mil 750 millones de pesos; Fibra E, 32 mil millones 250 pesos; la concesión del Centro de Transporte Terrestre, la monetización de los terrenos de Ciudad Aeropuerto y Modificar el contrato Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), darían 55 mil millones de pesos.
Estas medidas contemplan que el dinero salga de cobros hechos a quienes usen los servicios del NAIM, tanto vuelos como instalaciones de un proyecto que se vendió como un detonador de desarrollo para las comunidades aledañas.
La TUA es lo que paga un usuario a una aerolínea y ésta a su vez lo paga al aeropuerto; representa cerca del 30 por ciento del costo de un boleto de avión. Actualmente, este cobro es de 23.20 dólares para vuelos nacionales y de 44.07 dólares para vuelos internacionales. El dinero obtenido de ese cobro impuesto a quien use el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, según lo explicó Federico Patiño, director general del GACM, ha permitido gestionar con la banca comercial una línea de crédito por mil millones de dólares.
El pasado 14 de marzo, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, y Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario, realizaron un recorrido por la obra en construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro.
En la imagen se observan los avances en las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuyo futuro está a la deriva: se decidirá en una consulta ciudadana que promueve el equipo de Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro.
En lo que respecta al Fibra E (Fideicomiso de Inversión en Infraestructura y Energía), se presentó como Certificados Bursátiles Fiduciarios de Infraestructura y Energía en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta acción monetiza activos y busca un retorno del 10 por ciento en pesos, aunque no siempre están del todo garantizados.
Es aquí donde están las afores, con una participación de 13 mil 500 millones de pesos y que representa el 45 por ciento de la emisión. El Fibra E salió con una oferta total de 300 millones de certificados equivalentes a 30 mil millones de pesos.
Además, no se sabe qué empresarios serán los que estarán monetizando esos activos.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), informó en un comunicado de prensa el 27 de marzo pasado, que los recursos del Fibra E estarían “destinados a que GACM los utilice para fondear de forma parcial la construcción del nuevo aeropuerto”.
Las afores que ahí intervienen son Inbursa, Penisionissste, Profuturo y Banorte Ixe.
También se prevé la monetización de los terrenos de Ciudad Aeropuerto. Sobre la Ciudad Aeropuerto, la solicitud de información 0945000006218 hecha por SinEmbargo, en la que se pidió la lista de los proyectos que se contemplan construir en los alrededores del NAIM, el GACM explicó que se destinarían 49 mil 971 metros cuadrados del Edificio Terminal de Pasajeros.
La Ciudad Aeropuerto, que tendría una extensión de 337 hectáreas de suelo edificable y 629 hectáreas de suelo no edificable. De acuerdo con lo que está en el dictamen, en esa área se generarían 70 mil empleos; tendría un Distrito de negocios metropolitanos, un Distrito de Ocio y Recreación, el Distrito Aeroportuario y el Distrito de logística y e-commerce. Además de hoteles, oficinas, parques logísticos, centros comerciales-outlet, una universidad, un centro de convenciones y un recinto cultural.
Obras de la construcción del NAIM, que se construye en terrenos de la zona del Lago de Texcoco, lo que para algunos analistas podría generar inundaciones y desabasto de agua en la zona oriente del Valle de México. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro.
Además, en lo que respecta a la conectividad de la obra, sólo una es inversión pública, el resto es privada.
La pública es la ampliación Periférico Oriente. Las privadas son la ampliación de la autopista Naucalpan-Ecatepec y la de Peñón Texcoco; la construcción de las autopistas Siervo de la Nación y la Pirámides Texcoco. También es privada la modernización del CEM Suroriente.
Finalmente está la concesión del Centro de Transporte Terrestre, que sería el cobro por estacionamiento.
El costo total de construcción asciende ya a los 285 mil millones de pesos y al 30 de junio de 2018, se tiene un avance global del proyecto del 31 por ciento. Hay 21 obras en ejecución en las que participan 217 empresas.
“Esperamos que pudiera haber un cambio de Gobierno (Presidente) y quien llegue tenga la voluntad de avanzar en la investigación”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
México, 26 de junio (EFE).- Los padres de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 expresaron hoy su confianza de que el cambio de Gobierno en México haga avanzar la investigación y el caso.
En una marcha celebrada con motivo de los 45 meses del fatídico hecho, señalaron haber visto voluntad en el candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador, primero en intención del voto para los comicios de este 1 de julio, y en menor medida del conservador Ricardo Anaya.
“Esperamos que pudiera haber un cambio de Gobierno (Presidente) y quien llegue tenga la voluntad de avanzar en la investigación”, declaró a Efe Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.
“No ha habido voluntad de este régimen (que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto) para resolver este conflicto, han pasado tres años con investigaciones irregulares e inconsistentes que han impedido llegar a la verdad”, sostuvo.
Rosales recordó que López Obrador fue el único que se pronunció por la creación de una comisión de la verdad, mientras que Anaya manifestó su compromiso para resolver el caso.
“La llegada de uno o de otro puede representar la oportunidad para sentar las bases y trazar nuevas líneas de investigación que nos permitan saber que pasó aquella noche”, apuntó.
Rosales dijo que los padres consideran “necesario reunirse y platicar con el equipo de transición” del Gobierno que llegue y un punto de partida puede ser la resolución del tribunal que ordenó reponer el proceso y crear la Comisión de la verdad.
Una semana más tarde, un juez federal ordenó la liberación de cuatro implicados en la desaparición de los estudiantes por falta de elementos probatorios en su contra.
Según la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos arrestaron a los estudiantes en Iguala, sureño estado de Guerrero, y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un basurero.
Los padres de las víctimas y organismos internacionales denunciaron irregularidades en las pesquisas y pidieron que se abran nuevas líneas de investigación, y expertos demostraron científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en este vertedero.
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