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Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

domingo, febrero 27th, 2022

Don Roberto, el único habitante de Salaverna, Zacatecas, que se resiste a dejar su hogar y entregar el pueblo a una minera del magnate Carlos Slim, fue vinculado a proceso y este lunes enfrenta su audiencia en la cual podría ser encarcelado.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Don Roberto de la Rosa Dávila, el último habitante de Salaverna, Zacatecas, que se niega a desplazarse de su hogar para que una mina del magnate Carlos Slim Helú expanda su operación a cielo abierto, tendrá una audiencia este lunes 28 de febrero a las 11 de la mañana, por lo que exige no ser encarcelado por defender a su pueblo de la extracción de cobre en una zona semidesértica con estrés hídrico.

SinEmbargo informó previamente que este chivero fue vinculado a proceso por presunta amenaza a tres trabajadores de la empresa filial Ocampo Mining (Grupo Frisco), por lo que podría ser condenado hasta a cinco años de prisión. En abril de 2020, a inicios de la pandemia, don Beto, como se le conoce, tuvo un altercado con empleados de la minera, quienes se encontraban cercando la comunidad y electrificando el perímetro. El 3 de diciembre, la Jueza Blanca Aguilar le dictó como medida cautelar no acercarse a ellos, lo que le imposibilita acceder a su casa ya agrietada por las obras de desplazamiento de las otras familias.

En vísperas de la audiencia ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Concepción del Oro, fue a recargar su celular a un poblado y desde ahí llamó a este medio para mandar un mensaje.

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”, dijo. “No sé nada sobre la audiencia, nunca había estado en estos líos, pero mi abogado pretende sacar una salida alterna”.

Don Roberto. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

La alternativa, según su defensa legal, es ofrecer una indemnización a los empleados que supuestamente amenazó, pero el campesino no cuenta con el dinero para pagar sus terapias psicológicas.

“Que las pague el Estado, yo soy insolvente, no tengo dinero. [Grupo Frisco] tiene el mayor capital en América Latina y nosotros no tenemos nada, traigo –ríe– ropa regalada”.

Mientras cientos de familias han sido desplazadas por el crimen organizado en Fresnillo y poblados aledaños, Roberto resiste a la presión de la minera de la personas más adinerada del país.

Desde agosto, está exiliado en un cabaña a sólo dos kilómetros abajo de Salaverna porque la entrada está bloqueada con una cerca y dos casetas de vigilancia, y a su hijo –también llamado a la audiencia– las autoridades municipales le advirtieron que “algo le iba a pasar” si intentaba volver al poblado, según denunció. Vive con sus chivas y unos perros. Dice que su hijo “ahí anda, agüitado”, pero lo anima diciendo que deben defender a su pueblo.

“Si nos encierran, es una injusticia, pero nosotros hicimos lo debido”, afirmó.

Cañaba donde se refugia el chivero.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

En Mazapil, el municipio minero donde está Salaverna con 44 por ciento en pobreza (Coneval, 2020), operan desde hace una década dos grandes proyectos mineros: Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más importante de América Latina de la compañía canadiense Goldcorp —que ya secó pozos de agricultores y afectó el cultivo de miel— y Tayahua, la mina subterránea de cobre que opera desde 1972 y que adquirió Slim en 1998, cuyos planes de convertirla en una de cielo abierto “implica la destrucción” de la comunidad de Salaverna, evaluó el artículo académico “Dos conflictos mineros en Mazapil”.

“No es justo que el invasor a nuestras tierras, que fue a derrumbar nuestro pueblo, ande suelto y ahora nos esté acusando de delincuentes a nosotros, cuando los daños que nos han causado son más graves”, afirmó Don Roberto.

EL DESALOJO CON VIOLACIONES

En la víspera navideña de 2016, sin orden judicial la policía estatal y ministerial de Zacatecas, gobernado entonces por Alejandro Tello, desalojó a habitantes de Salaverna. Trabajadores con dos maquinarias tipo bulldozer destruyeron la iglesia, escuela y la casa de la señora Teresa y su hija Leticia aún con muebles dentro, “vulnerando con ello la legalidad y seguridad jurídica”, expuso la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEZ/746/2016).

La población de Salaverna registraba 303 habitantes en 2010, año en que comenzó el conflicto. La mayoría era campesino o ganadero, y los otros laboraban en la mina. Pero tras el desalojo permanecían aproximadamente sólo 50 habitantes de cinco familias, entre ellas Don Roberto y su hijo Roberto Cuauhtémoc.

El resto fue orillado a abandonar la comunidad y por 15 mil pesos aceptaron ser reubicados en un fraccionamiento vecino a la cabecera municipal denominado “Nuevo Salaverna”, sin escuela, iglesia ni áreas verdes, el cual fue ofrecido en comodato por la minera Tayahua (Grupo Frisco), “hecho que se constituye como un evidente desplazamiento forzado”, determinó la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Pero Don Beto no aceptó y, aunque su pueblo está en ruinas y con grietas por las detonaciones de la mina, no planea hacerlo. No por él, dijo, sino para evitar daños ambientales para la generación futura por la minería de cielo abierto que deja profundos tajos en el suelo y absorbe grandes cantidades de agua.

Entrada a Salaverna clausurada. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

Desde hace una década la empresa de Carlos Slim planea convertir la mina en tajo abierto, pero el yacimiento está debajo de las casas de Salaverna. En esas mismas fechas, y en el marco de detonaciones internas, la compañía alegó que el lugar donde está asentado el poblado le pertenece legalmente y advirtió que existe un riesgo de hundimiento de suelo debido a “una falla geológica natural”, por lo cual solicitó al gobierno local las medidas de desalojo.

Pero los habitantes de Salaverna argumentaron que son posesionarios desde “tiempos inmemorables”, pues nacieron ahí y atribuyen los hundimientos, como el de 2012 en el Cerro “El Farito”, a diversas detonaciones y operación minera subterránea. Así consta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal.

Con apoyo del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los inconformes llevaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano (SEDATU) para la regularización de 4 mil 650 hectáreas. Ya en la reunión en las oficinas en la Ciudad de México, comenzó a temblar. Era el 19 de septiembre de 2017.

Entre el terremoto, las elecciones de 2018 y la pandemia, a más de diez años de haber estallado el conflicto, no avanza el cambio de uso de suelo de mina subterránea a cielo abierto, por lo que el proyecto de expansión se mantiene frenado y Don Beto podría ser encarcelado.

 

85 trabajadores de la compañía minera Autlán dieron positivo a COVID-19; presumen contagio en fiesta

martes, julio 21st, 2020

El presidente municipal de Tezuitlán, Puebla, localidad donde se localiza la minera, expresó que Autlán detectó una muerte entre sus empleados por “neumonía”.

Los contagios se detectaron hace casi dos semanas y la empresa aseguró a Reuters que “avisó de manera inmediata a las autoridades y se retiraron todos estos colaboradores”.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Más de 80 trabajadores de la minera mexicana Autlán, ubicada en el estado de Puebla, dieron positivo a la prueba del nuevo coronavirus, además, la empresa registró un deceso por “neumonía” entre sus empleados. En la entidad se han registrado más de 2 mil 200 muertes por la COVID-19, de ellas, menos de 100 se dieron en la compañía que, aseguró, tomó medidas inmediatas.

La agencia de noticias Reuters dio a conocer la confirmación de los contagios, uno de los peores que se habría reportado en el país en una misma planta de trabajo por parte del alcalde del municipio Teziutlán en Puebla,  Carlos Peredo, quien aseguró que ejecutivos de la minera le informaron sobre los sucesos.

El funcionario expresó que Autlán detectó 85 contagios entre sus colaboradores, además de la muerte de una persona por “neumonía”. Aunque aseguró desconocer la forma en qué se dio la propagación, el Gobierno a su cargo presume que ocurrió en una reunión entre los trabajadores que se dio afuera de las instalaciones de la minera.

El municipio de Teziutlán contaba con siete defunciones y 160 casos confirmados de contagio por el nuevo coronavirus, hasta el corte del 19 de julio. En Puebla, se han registrado 17 mil 093 contagios y 2 mil 206 defunciones por la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

Los contagios se detectaron hace casi dos semanas entre el personal de la minera, debido a que se les realizan examenes periódicos con base en un laboratorio privado, aseguró Autlán. “Se avisó de manera inmediata a las autoridades y se retiraron todos estos colaboradores”, aseguró a Reuters y confirmó que las plantas continúan en operación.

La empresa de la industria de la transformación es la primera productora de aleaciones en la industria siderúrgica mexicana, emplea a 325 personas de la comunidad ubicada en la sierra norte de Puebla, en la que residen 130 mil habitantes.

El 30 de marzo Autlán  informó a sus proveedores que tomaría medidas para garantizar la seguridad de empleados, clientes y sus abasatecedores. Continuó con el abasto y recepción de materias primas y materiales, pero requirió que la entrega de materiales contará con la documentación necesaria, como facturas y orden de compra con el fin de agilizar el recibimiento de paquetes.

“Todas las visitas de proveedores estarán suspendidas hasta nuevo aviso. Y las visitas técnicas están limitadas a casos de extrema urgencia y con previa cita e informadas por nuestro personal en nuestros controles de acceso. Les pedimos coordinarse con su ejecutivo de compras correspondiente para coordinarlo”, puntualizó la empresa.

Además, aseguró que se realizaría un chequeo de salud básico a todas las personas que ingresaran a las áreas operativas, con el fin de determinar el acceso a las Unidades. Además aseguró que estarían disponibles productos de higiene básicos desde el acceso y en diferentes áreas de la planta.

“Para protección de nuestro personal, hemos decidido que no se presenten a trabajar personas de 65 o mas años, o mujeres embarazadas o personas con enfermedades que aumenten el riesgo de salud ante un contagio por COVID-19. Igualmente, a aquellos que presenten síntomas gripales o de dolor de garganta, deben permanecer en su casa y consultar al médico”, aseguró Autlán.

La industria de la transformación y minería detuvo a finales de marzo sus operaciones, al no ser considerada una actividad económica esencial, y fue hasta a principios del mes de junio cuando inició las modificaciones requeridas para poder reiniciar labores y garantizar la sana distancia y salud de sus empleados.

Campesinos alertan que una mina canadiense afectará agricultura en Samalayuca; Gobierno la apoya, dicen

lunes, julio 6th, 2020

Productores de Samalayuca denunciaron que el presidente seccional, Javier Meléndez, es uno de los principales promotores del proyecto de la minera. Aseguraron que con la venta de productos engañó a los consumidores.

Explicaron que mientras en la plaza Meléndez vendió chile jalapeño, pero la cosecha de esta temporada aún no está lista; o que las cajas de calabazas vendidas a 70 pesos, en realidad cuestan 20 pesos.

Por Adriana Esquivel

Chihuahua, 6 de julio (Raíchali).- A través de redes sociales, productores de Samalayuca denunciaron que la mina canadiense que pretende instalarse en la comunidad pone en riesgo la vida agrícola, el suelo y el agua de la región.

Pese a ello, lamentaron que el actual presidente seccional, Javier Meléndez, es uno de los principales promotores del proyecto y, este viernes, utilizó la venta de cosechas para engañar a los consumidores.

A raíz de la visita de un grupo de campesinos a la capital para la venta de hortalizas en la Plaza del Ángel, se difundió en la página de Salvemos los Cerros de Chihuahua el posicionamiento de productores en contra del megaproyecto en el que aseguran lo siguiente:

“Con el apoyo del que ha sido señalado como traidor, el presidente seccional J. Meléndez, la minera sigue intentando apoderarse de las tierras que hace unos años era área natural protegida, por medio de engaños y todo tipo de trucos, esta vez disfrazó a un grupo de personas como campesinos y se puso a vender calabazas en la ciudad de Chihuahua”

En su posicionamiento, mencionaron que las cajas de calabazas que fueron vendidas este viernes a 70 pesos, en realidad cuestan 20 pesos por ser “de segunda” ya que presentan algún golpe.

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Los campesinos dijeron que las cajas de calabazas vendidas en 70 pesos cuestan 20 pesos. Foto: Raíchali.

Añadieron que, mientras en la plaza se vendió chile jalapeño, la cosecha de esta temporada aún no está lista.

Consideraron que el presidente seccional presentó “su reventa como una maniobra para hacer creer a las personas que él representa a los verdaderos agricultores y que busca apoyar la alimentación de las familias chihuahuenses. Sin embargo, de aprobar la Mina, la producción de alimentos en Samalayuca se pondría en un grave riesgo, por lo que está ‘jugada’ resulta del todo oportunista e hipócrita”.

En ese sentido, hicieron un llamado a la población para que apoyen a las familias productoras en su rechazo a la mina y a “no dejarse engañar por Javier Meléndez”.

“Eso que hace (Javier Meléndez) es una burla para nosotros, pues por un lado nos quiere fregar con la mina y por el otro lado engaña a la gente. Está bien que haga negocio pero que no diga que son los agricultores en general”, agregaron.

Medios de comunicación de la frontera han documentado que la empresa canadiense VVC Exploration Corporation perpara una inversión de de 4 mil millones de dólares para el proyecto de una mina a cielo abierto para extraer cobre.

La noticia que ha sido documentada por medios de comunicación de la frontera ha desatado el descontento de la sociedad civil, ejidatarios y académicos, quienes han advertido sobre los daños que el yacimiento puede provocar en el medioambiente.

Pese a ello y a que los Médanos de Samalayuca son considerados Área Natural Protegida con el carácter de Área de Protección de Flora y Fauna desde el 5 de junio de 2009, fecha en la que se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el megaproyecto continúa en puerta.

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Minera de Guerrero que ocultó casos de COVID-19 a sus empleados reporta 51 contagios

martes, mayo 26th, 2020

Equinox Gold dice que los positivos ya fueron aislados y que la empresa está cumpliendo los protocolos para iniciar labores el 1 de junio, como lo estableció el gobierno federal.

Chilpancingo, Guerrero, 26 de mayo, (ElSur).- La minera Equinox Gold, dueña del complejo Los Filos, ubicado cerca de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, confirmó que 51 personas resultaron positivas a COVID-19, de 605 pruebas realizadas entre su personal.

Aseguró que ya fueron aisladas y que la empresa está cumpliendo con los protocolos, para iniciar labores el 1 de junio, como lo estableció el gobierno federal.

La semana pasada, trabajadores de la empresa canadiense declararon a El Sur que 44 contratistas resultaron positivos a COVID-19 y que estaban en espera de los resultados de más pruebas, por lo que decidieron parar labores hasta que se defina la situación.

En un boletín fechado el 23 de mayo, Equinox Gold informó que “aunque ninguna persona presentaba síntomas, se detectó a 51 portadoras de COVID-19 entre 605 resultados obtenidos. Todos los casos asintomáticos detectados fueron inmediatamente retornados a sus hogares, para mantener el aislamiento individual”, aseguró.

Derivado de ello, informó que con fecha 23 de mayo proporcionó “una actualización sobre su plan de respuesta ante la pandemia de COVID-19, en sus campamentos y complejo minero”.

Aseguró que tomó medidas tempranas de prevención, para proteger la salud y bienestar económico de su plantilla laboral y comunidades locales.

“Los Filos sigue manteniendo rigurosos procesos operativos y de seguridad, para limitar la exposición y transmisión de COVID-19, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y de la Secretaría de Salud, IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunado a las recomendaciones de profesionales de la salud, autoridades locales y federales para la operación minera”, sostuvo.

Según la minera, las operaciones en Los Filos fueron detenidas a principios de abril, en cumplimiento con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud, que requerían la suspensión de la industria no esencial.

Recordó que el 14 de mayo, el gobierno federal declaró a la minería una actividad esencial, por lo que autorizó los preparativos para un reingreso seguro a partir del 18 de mayo y el reinicio de operaciones el próximo 1 de junio, siguiendo los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral emitidos por las secretarías de Salud, Trabajo y Economía; así como por parte del IMSS, implementados por Los Filos.

“La mina Los Filos implementó medidas de seguridad adicionales, en preparación para el retorno seguro a las operaciones, incluyendo una cuarentena de 14 días en aislamiento para todo el personal que regresaría al sitio, provenientes de zonas externas a la localidad, y prácticamente decidió tomar el paso adicional de realizar pruebas PCR de detección de COVID-19 a todo el personal”.

Todos los trabajadores que se encuentran actualmente en el sitio, han sido examinados para detectar COVID-19, incluyendo aquellos individuos que habían estado aislados desde su regreso a la mina, a principios de mayo. Fue en este proceso que se detectaron los 51 casos positivos.

Añadió que el resto de los trabajadores serán examinados antes de reiniciar operaciones “y la mina mantendrá su política de aislamiento obligatorio y pruebas para todas las personas que regresen al sitio, dependiendo de su rotación laboral”.

De acuerdo con su comunicado, la empresa está siguiendo muy de cerca los constantes cambios en la situación del Covid-19 y se mantiene en comunicación cercana con el sindicato, comunidades locales, autoridades y expertos en salud, para que la mina pueda ajustar su respuesta conforme sea necesario para ayudar a proteger la salud y bienestar económico de sus trabajadores, proveedores y comunidades locales.

“Hemos tomado la amenaza del COVID-19 muy en serio”, refirió el comunicando citando como fuente a Rodolfo Balderrama, gerente general del complejo Los Filos.

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Una empresa minera derrama “por accidente” 40 mil litros de combustible en el mar de la Patagonia

domingo, julio 28th, 2019

En las islas de la Patagonia chilena la minera CAP derramó por accidente 40 mil litros de combustible. La Tercera Zona Naval ha enviado unidades para controlar y mitigar los daños causados en la zona.

Santiago de Chile, 28 de julio (EuropaPress).- La Armada de Chile ha informado de que la empresa minera y siderúrgica CAP comunicó el sábado un derrame accidental de 40 mil litros de combustible diésel de una terminal en una alejada isla de la Patagonia chilena, donde se han desplegado varias embarcaciones para tratar de limitar los posibles daños.

El vertido del combustible ha ocurrido en la Isla Guarello, a unos 800 kilómetros desde la ciudad de Punta Arenas y a 250 kilómetros en línea recta noroeste desde Puerto Natales, en el extremo sur de Chile, según han confirmado las autoridades marítimas, citadas por Reuters.

“La Tercera Zona Naval dispuso el inmediato despliegue de unidades para que se constituyeran en el lugar de los hechos, con el fin de controlar y mitigar los posibles daños causados por la emergencia en la zona”, ha señalado un comunicado de la Armada chilena.

En uno de las barcos viaja “un equipo de respuesta y control de contaminación que utilizarán elementos especializados para mitigar los efectos del petróleo vertido en el mar”, añade este documento. Las embarcaciones llegarán a la isla a partir del mediodía. En la isla, CAP tiene faenas de explotación de piedra caliza.

La minera Grupo México informa a la BMV que sus utilidades netas se desploman un 24.5% en 2018

martes, febrero 12th, 2019

El informe señala que dicho resultado se debe a la minusvalía de las acciones en tesorería por 629 millones de dólares: “sin el efecto de la minusvalía la utilidad neta hubiera si de de mil 633 millones de dólares, 43 por ciento más que en 2017”.

Ciudad de México, 12 de febrero (EconomíaHoy/SinEmbargo).- Grupo México reportó una utilidad neta de mil 149 millones de dólares al cierre de 2018, cifra que resulta 24.5 por ciento menor a la obtenida durante 2017. Al cuarto trimestre, las ganancias ascendieron a 78 mil 177 millones de dólares, 69.1 por ciento menor a la registrada durante el cuarto trimestre de 2017.

El informe entregado por la minera a la Bolsa Mexicana de Valores el lunes, señala que dicho resultado se debe a la minusvalía de las acciones en tesorería por 629 millones de dólares: “sin el efecto de la minusvalía la utilidad neta hubiera si de de mil 633 millones de dólares, 43 por ciento más que en 2017”.

Las ventas consolidadas acumuladas en el 2018 alcanzaron 10 mil 495 millones de dólares, cifra récord desde 2011 y fueron 7 por ciento mayores a las de 2017, de acuerdo con el reporte.

Las ventas de la empresa que dirige Germán Larrea, tuvieron un incremento del 4 por ciento con respecto al año anterior llegando a 7 mil 884 millones de dólares, debido a mayores precios de metales para cobre (+4.6 por ciento), zinc (+1.5) y Molybdeno (+46).

En lo que se refiere al cuarto trimestre, los resultados en cuanto a utilidad neta decepcionan a los analistas, que anticipaban una recuperación, que en el caso de Grupo Financiero Monex, se estimaba en 271.7 por ciento. Grupo Financiero Banorte calculaba un repunte de 283.6 por ciento, ante la ausencia de un cargo registrado en el cuarto trimestre de 2017 relacionado con la actualización de los impuestos diferidos derivados de la reforma fiscal en Estados Unidos.

El EBIDTA en 2018 fue de 4 mil 892 millones, 8 por ciento mayor al de 2017 pero que, no obstante se queda a la mitad de 16 por ciento que estimaba Grupo Financiero Banorte.

No obstante, se anticipaban los débiles resultados en cuanto a ingresos y EBIDTA por precios del cobre desfavorables.

Grupo México Transportes, la división de Grupo México que forma parte del S&P BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, tuvo cifras más alentadoras. su utilidad neta registró una utilidad neta de 13.5 por ciento durante 2018 y de 7.5 por ciento durante el cuarto trimestre de 2018.

De acuerdo con su reporte, los ingresos totales de la División Transporte en 2018 fueron de 2 mil 360 millones de dólares, 15 por ciento por arriba del 2017. “Consolidando la integración de Florida East Coast Rail Corp con mejores resultados en las operaciones en México, los volúmenes transportados fueron 10% mayores en toneladas kilómetro, el número de carros movidos alcanzó 1.9 millones con mayor actividad en los segmentos de Agrícolas, Minerales e Intermodal”, señala el documento.

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El pueblo la echó por el miedo a una desgracia nuclear. La minera canadiense ya perfora, otra vez…

miércoles, julio 25th, 2018

Por más riesgos demostrados, los proyectos mineros en México parecen imbatibles. Es un lugar común su resurgimiento, después de haber sido detenidos por la presión de la sociedad. Reaparecen con ligeras modificaciones, pero con el mismo impacto potencial en los pueblos. Eso ocurrió con La Paila, de la minera Caballo Blanco, en Alto Lucero, Veracruz. En 2017, la Semarnat resolvió no darle permiso para extraer oro después de una evaluación de riesgo ambiental. Y se fue. Pero ahora ha vuelto, acaso con más fuerza.

En mayo, el consultor de la minera, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp., reveló que los planes siguen firmes. La compañía quiere renovar los trabajos y en unos ocho años, obtener hasta 20 toneladas del metal. Dijo que el proyecto está avalado por nuevos estudios que indican que los trabajos no dañarán el medio ambiente y en cambio, harán brillar a Veracruz.

Pero en Alto Lucero no hay quien hable bien de este tajo por construirse a cielo abierto. Señalan que es capaz de dañar los suelos, el agua y la biodiversidad. Hay algo más. Estará ubicado apenas a tres kilómetros de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo que hace que todos los pueblos estén a expensas de una emergencia radiológica.

DÉCIMA Y ÚLTIMA ENTREGA DE UNA SERIE 

Por Flavia Morales y José Antonio Villagrán

Alto Lucero, Veracruz, 25 de julio (SinEmbargo).- Era la década de los 80, del siglo pasado, cuando en Palma Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.

Aunque los habitantes bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, su voz no hizo eco y fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en operaciones.

Han pasado 28 años desde entonces, y Mario Landa Viveros, comisario ejidal de la comunidad de Mesa de veinticuatro en Alto Lucero, dice que nunca imaginó una nueva amenaza para su pueblo.

A unos kilómetros de su comunidad ubicada en lo alto de los cerros frente al mar, el proyecto minero a cielo abierto para la explotación de oro en el cerro La Paila, interrumpe su tranquilidad.

“No queremos el proyecto, no queremos dinero, hemos vivido sin ninguna minera, tranquilos con nuestra vida, si llegan todo se va a secar”, exclama.

La preocupación no es menor. A poco más de tres kilómetros de la planta nuclear y a cuatro del reactor principal, se planea el tajo a cielo abierto, ahora en manos de la Minera Caballo Blanco, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp.

Mario Landa Viveros, comisariado ejidal en Alto Lucero, rechaza los proyectos mineros en la comunidad. Foto: Óscar Martínez López, AVC

La presencia de los “mineros” no es desconocida en la región, desde hace más de 20 años los han visto ir y venir, haciendo exploraciones, pero desde 2012 su actividad se ha intensificado. En dos ocasiones han intentado obtener el permiso para explotar oro, plata y cobre de su territorio.

El proyecto ha estado en manos de tres mineras canadienses desde 1995, cuando fue descubierta la veta de oro. Se trata de Gold Group, Timmins Gold Corp y Candelaria Mining. La Paila tiene 12 concesiones por 50 años cada una, en 19 mil hectáreas de terrenos de Actopan y Alto Lucero.

A lo largo de estos años han adquirido terrenos en propiedad y otros los han rentado.

En 2011, cuando obtuvieron el permiso para los primeros seis socavones, el entonces Alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo, les rentó su terreno para el paso principal y aceptó un cheque por 300 mil pesos y la promesa de mejorar los caminos de la región.

Divididos por la carretera costera 180 Veracruz- Poza Rica, los pueblos de la montaña y el mar, viven del campo, la ganadería, la pesca y pequeños comercios al pie de carretera, la idea de una mina en su territorio los tiene atemorizados.

Alto Lucero, recursos naturales en riesgo por las mineras canadienses. Foto: Óscar Martínez López, AVC

“ESTE CAMINO ES DE AVES”

Los cerros que rodean Alto Lucero- Actopan a unos 70 kilómetros del Puerto de Veracruz, son únicos en el Golfo de México, son los mejor conservados.

Si hubiera un lugar prohibido para instalar minería, sería justamente el Cerro La Paila, por su gran diversidad biológica, advierte Javier Laborde Dovalí, investigador del Instituto de Ecología AC (Inecol).

La minera quiere construir en 361 mil 85 hectáreas, un tajo, la tepetatera, patio de lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR en 11 polígonos entre los cerros.

Pero más de 265 hectáreas son terrenos forestales de bosque de encinos tropicales, selva baja caducifolia, que son parte del corredor de aves migratorias más grande del mundo.

“En el camino de las aves migratorias, este cerro es de los pocos remanentes donde pueden descansar antes de viajar, y ahora estará durante seis días en explotación, con luces las 24 horas, con explosiones, con tráfico de camiones en tres turnos, eso es una fuente de ruido y de disturbio”, cuestiona.

Dentro del proyecto hay 51 especies de flora y fauna en peligro de extinción, entre ellas una comunidad de 1 mil 231 cicadas, las cuales tienen una antigüedad estimada de dos a tres mil años, son consideradas la vegetación viviente más antigua de México.

La minera Gold Group intentó en 2012 un primer permiso de explotación que fue negado, entonces la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó para el cambio de uso de suelo fue analizada por expertos de diez instituciones académicas, se obligó a ir a la consulta pública y en febrero del 2012, el entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa decidió negar permisos y vetar el proyecto.

Pero la minera fue hábil y retiró el proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para evitar su cancelación definitiva. Seis años después, apenas en agosto del 2017, ahora la minera Candelaria Mining volvió a presentar la MIA.

Naturaleza, la víctima de la ambición por el oro en Veracruz. Foto: Óscar Martínez López, AVC

Un grupo de expertos investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología AC, analizaron el documento. Dovalí, uno de los expertos, advierte que el estudio de la minera tiene fallas importantes, que implica amenazas significativas, e irreductibles al sistema ambiental.

La más grave es su cercanía con la planta nuclear Laguna Verde.

–¿Cuántas minas de tajo abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de cinco kilómetros de una nucleoeléctrica? – se cuestiona.

–Parte de los polígonos de la minera están dentro de la zona vía pluma de 15 kilómetros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), lo cual es muy riesgoso – responde.

Para obtener 240 kilos de oro mensualmente, la minera plantea el uso de al menos 28 sustancias químicas, entre ellas cianuro, además de toneladas de explosivos para socavar los cerros.

Laborde señala que la minera en un documento de más de 2 mil 702 páginas no incluyó los impactos que tendría en lugares cercanos como La Mancha, sitio ramsar con dos lagunas costeras y manglares, además subestimó el riesgo de huracanes.  “Promete remediaciones, que es complicado que pueda cumplir, como la reforestación de encinares en tres años”, exclama.

Cuestiona que la minera explica que explotará seis años el tajo (a cielo abierto) y luego destinará tres años para remediación, lo cual es prácticamente imposible, pues se necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales como venados cola blanca que no podrían vivir en un bosque joven.

El investigador considera que la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar a la comunidad a través de apoyos, para ir ganando su confianza.

“No han dicho a la Semarnat, ni a la gente que vive ahí, que tienen planeados otros polígonos, llevan muchos años trabajando con ellos, hablando con el cura, el presidente municipal, han pavimentado caminos, les han pintado la escuela, les han puesto pozos, les dan beneficios para ganar confianza y decir que la mina es buena; es como un gobierno aparte: llegan a un lugar pobre y aprovechan”, lamenta.

Laborde sentencia que aunque la minera dice que el proyecto solo durará seis años podría ser mucho más tiempo y el impacto sería más grave.

Además, existen otros peligros. El tajo a cielo abierto está a dos kilómetros de los gasoductos de Petróleos Mexicanos que alimentan la industria del norte del país, y cerca de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad.

El PERE NO FUNCIONARÁ 

El Plan de Emergencia Radiológica Externo, insuficiente. Foto: Óscar Martínez López, AVC

Caminar por los cerros y caminos donde se planea la instalación de la piletas de lixiviados, y la estructura central  de la minera es toparse con los letreros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) de la nucleoeléctrica Laguna Verde.

La minera alineó su plan de emergencia al PERE, por encontrarse en el radio de influencia, sus rutas de evacuación en caso de un accidente son las mismas, pero también son las rutas que la empresa utilizará para la circulación de material químico.

El Plan de Emergencia de Laguna Verde, está diseñado para enfrentar cualquier clase de emergencia radiológica, y tiene dos radios, el primero de 16 kilómetros a la redonda conocido como zona vía pluma por ser las comunidades de principal exposición al material radiactivo y otra zona conocida como vía ingestión con un radio de 80 kilómetros, donde podía haber contaminación de aguas superficiales, alimentos contaminados y por el material radiactivo depositado en el suelo.

En diversas ocasiones, los habitantes han denunciado las malas condiciones de los caminos, apenas en septiembre del 2017 en el Congreso Local se presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a otorgar recursos para el mejoramiento de las rutas de evacuación.

En un recorrido por el radio del PERE, se observó que los caminos de salida y continuación de algunas rutas de evacuación están destruidos, los puentes colapsados y las comunidades no saben que harían en caso de una emergencia.

Es el caso de los caminos de comunidades como Topiltepec, Soyacuatla, La Reforma, Pastorías, Llano de Zárate, La Esperanza y Llano de Luna, entre Actopan y Alto Lucero.

El Diputado por el distrito de Misantla, Ernesto Cuevas, advirtió que desde hace más de ocho años no hay una inversión real para todos estos caminos y se necesitarían 600 millones de pesos para una rehabilitación completa de las rutas de evacuación del PERE.

LOS PROYECTOS EN EL SILENCIO

La minera Caballo Blanco oculta otros proyectos que no ha dado a conocer a la Semarnat ni a los pobladores de la comunidad, se trata de Bandera sur, Las Cuevas, La Cruz y Red Valley donde hay indicios de mineral.

La estrategia de la minera es hablar solo de La Paila, pero a sus inversionistas en su página Internet les revelan que la zona es de gran valía por su alta cantidad de concentración de oro. Los planes a largo plazo son extenderse al menos 9 kilómetros más.

La investigadora del Instituto de Ecología AC, Patricia Moreno Cassaola advierte que la empresa debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero impacto ambiental a esta región, y no sólo una parte del proyecto.

Si el proyecto se extiende, entonces llegaría hasta el corredor La Mancha donde cada año más de 13 millones de aves cruzan las montañas desde las tundras árticas hasta la Patagonia.

Por esas montañas atraviesan también hasta cuatro millones de 22 especies de aves rapaces entre agosto y noviembre de cada año, por eso la región está catalogada como el corredor de aves rapaces más grande del mundo.

Una extensión de mil 414 hectáreas de La Mancha y El Llano también están considerados sitios Ramsar (lista de humedales del mundo por la Convención sobre los Humedales), conformados por dos lagunas costeras rodeadas de manglares y humedales de agua dulce.

Ahí, un grupo de ejidatarios trata de hacer conciencia de la conservación de la biodiversidad, y para ello crearon el proyecto La Mancha en movimiento.

El ecoturismo es una de principales actividades, junto a la pesca, por lo que ven a la minería como un grave peligro para la conservación del medio ambiente y la vida de las personas de las comunidades.

Adán Vez Lira, agente municipal de La Mancha, advierte que el proyecto está a pocos kilómetros, y podrían resultar afectados fácilmente al recibir agua de montaña arriba. “Cualquier contaminación que se de en la parte de la explotación minera vendría hacia nosotros y afectaría en la pesca, la ganadería, ecoturismo”.

Los habitantes de La Mancha viven de la pesca y el ecoturismo, y si algo les queda claro es que no van a permitir que la minería llegue.

Alto Lucero protege su salud y sus recursos, dice NO a las mineras canadienses. Foto: Óscar Martínez López, AVC

UNA NUEVA ESTRATEGIA MINERA

Ante el segundo rechazo del proyecto, la minera usó la misma estrategia que 2012, retiró el documento de la Semarnat para evitar ir a consulta pública, y en un comunicado, en octubre del 2017, anunció a sus inversores que no había condiciones idóneas para el proyecto.

Para entonces la minera había enviado a la Semarnat, dos permisos más de exploración: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.

Siete meses después, en mayo de 2018, Julio Portales, consultor minero, informó que después del proceso electoral volverían a presentar el permiso de explotación.

Esta vez, su estrategia no era simple, la acompañaron de visitas a las comunidades y escuelas, censos, encuestas, cine móviles y reuniones entre sectores de influencia.

Para conseguir el apoyo, la minera ha entrado a las escuelas de comunidades como Palma Sola, la más grande dentro del radio del proyecto con más de tres mil habitantes, donde, sin la supervisión de los padres, da pláticas a los estudiantes.

También regala pintura y flores a las parroquias y a través del grupo Mexicominero.org ofrece cine móvil.

La recién administración de la minera asegura que en el pasado no hubo información suficiente del proyecto, por eso ha distribuido folletos sobre el cianuro, los explosivos, la flora, la fauna y los fenómenos meteorológicos, en todos promete la generación de 400 empleos.

Julio Portales, uno de los consultores de la mina, dice que Veracruz podría ser el nuevo Dorado, y convertirse en los siguientes 30 años, en uno de los principales estados productores de oro del país.

No habla a tientas. En Veracruz se han otorgado 45 concesiones mineras en 11 municipios en los últimos años.

La minera sabe de la situación complicada de Veracruz y afirma tener el apoyo de las comunidades. “Nos han dicho, si vamos a hacer minería responsable, ya tráiganla, necesitamos el trabajo”.

También promete la rehabilitación del centro de salud de Palma Sola, la reconstrucción de escuelas, así como 20 millones de pesos para el municipio de Alto Lucero. “ Su presupuesto es de 78 millones de pesos. Imagínense. Podríamos darle un tercio. ¿Qué Gobernador podría hacer eso? Sería de gran impacto”, dejó en la mesa.

En una conferencia de prensa improvisada en Xalapa, confirmó que aunque el proyecto minero, se quiere hacer en 10 años, podría seguir por lo menos 24 años más.

Sin embargo, el discurso positivo de Portales dista mucho de la realidad que hay en las comunidades de la región.

115 MDD, ¿ESO VALEN LAS CONCIENCIAS?

Guillermo Rodríguez Curiel, de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), afirma que ahora, a diferencia de 2012, la minera da la cara, y dice que trae 115 millones de dólares para invertir. “ Yo lo leo así, 115 millones de dólares para comprar conciencias, para justificar la destrucción de la naturaleza”.

Para el activista, los mineros traen dinero para sustituir al estado, para construir carreteras, hospitales, y escuelas que son obligación de los gobiernos local y federal: “Lo que ellos traen son despojo, destrucción y muerte, la minería no es el nuevo Dorado , nuestro Dorado para Veracruz es la defensa del territorio, porque el agua vale más que el oro”.

Por eso, a lo largo de la costa comunidades se han informado y organizado para resistir al proyecto que les promete empleo y desarrollo a cambio de la destrucción de sus tierras.

El pasado 25 de mayo, en el municipio de Actopan y en asamblea popular, niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores de los pueblos Mesa de 24, Los Baños, Villa Rica, Tinajitas, Cerro Gordo y Totolapa definieron la estrategia para resistir y defenderse de las empresas mineras en la zona. Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro

“USTEDES CONTAMINAN MÁS QUE LA MINA”

Armando Alexandri, director de operación de la minera Candelaria, reconoce que de entrar en operación, la mina podría alcanzar una producción diaria de hasta 20 mil toneladas de roca, utilizaría ocho toneladas de explosivos y 2.8 toneladas de cianuro, pero asegura en esto no es más peligroso que un potrero de ganado.

Rosario Aguilar, de la comunidad Mesa de veinticuatro, se ofende cuando recuerda la última reunión con los mineros. Ahí les dijeron que el cianuro no era riesgoso, que estaba en todo, hasta en los árboles. “Nos dijeron que de qué nos espantábamos. Si contaminábamos más con el ganado que con la mina”. Entonces la mitad del auditorio se salió de la reunión.

Hasta la comunidad, los mineros han llegado con folletos, promesas de empleo y mejor vida.

“Nosotros vivimos con temor, para qué queremos agarrar su trabajo, eso no nos va a servir de nada después si esto se acaba y contaminan todo”.

Rosario es parte vital de la resistencia contra la minera, lo primordial para ella es la defensa del agua.

“Mesa de veinticuatro” administra su agua, y ha dividido al pueblo en tres secciones. Se turnan la distribución para que alcance para todos a través del bombeo, de sus dos nacimientos de agua, sólo uno funciona al ciento por ciento. Por eso, el proyecto es una amenaza para ellos.

La minera ha informado que para su operación diaria necesitan 15 mil litros de agua en su laguna de lixiviación y 2 mil 500 metros cúbicos para la operación diaria. Para obtener este líquido se planea explotar una parte del acuífero Actopan.

Rosario Aguilar, indignación convertida en resistencia. Foto: Óscar Martínez López, AVC

“¿QUÉ MEJOR VIDA NOS PUEDEN PROMETER?”

Villa Rica es una zona de mar azul y playas de arena café que la hacen preferida de turistas locales.

Ahí ha vivido toda su vida Gilberto Martínez Castellanos, junto a su familia se mantienen de un pequeño local de comida, donde se cocina lo que los hombres pescan por la mañana.

Su actividad la combinan con su labor para la conservación de la tortuga lora.

Ubicados a poco más de 5 kilómetros de Laguna Verde, Gilberto dice que la gente teme que su modo de vida acabe con la llegada de la mina.

“No queremos que vengan a contaminar, nos prometen una vida mejor, pero qué mejor vida que la que estamos viviendo aquí, que nos pueden dar que no tengamos”, se pregunta.

Gilberto Martínez Castellanos, vecino de Laguna Verde: “Qué nos pueden dar las mineras que no tengamos”. Foto: Óscar Martínez López, AVC

“EL CERRO VA A DESAPARECER”

Arroyo Agrio es la comunidad más cercana al cerro La Paila. Ahí la minera se ha instalado en un terreno de renta donde almacena las cajas de muestra de las exploraciones, también utilizó las instalaciones de la escuela abandonada como centro de trabajo.

Rogelio, agente municipal de la comunidad, reconoce que la llegada de la minera los puso en un entredicho.

En 2011, la primera vez que inició el proyecto dio empleo, pagaba hasta mil 800 pesos a la semana. Para la comunidad de apenas un centenar de personas fue ayuda para paliar su pobre economía.

La minera abrió la posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en zonas mineras como Durango y Coahuila.

Así, algunos habitantes como Rogelio conocen de cerca las afectaciones de la minería. “La gente tiene miedo por el cianuro, pero la minera dice que todo estará controlado, pero tememos por el agua que viene de los cerros”.

La mina La Paila en Veracruz abrió la posibilidad de que los hombres de la comunidad contactaran con otros empleos en zonas mineras como Durango y Coahuila. Foto:

Rogelio quien fue trabajador eventual de la mina realizando pruebas de biofísica y bioquímica y luego recorriendo los cerros para mapear la cicadas (plantas únicas, antiquísimas) sabe que los impactos de los proyectos serán graves. “Tómale muchas fotos a ese cerro, porque si llega la mina va a desaparecer”, le dijo el geólogo en unos de los recorridos para recoger pruebas físicas y bioquímicas en busca de oro.

En ese entonces, la minera iniciaba la construcción de caminos hacia el Cerro La Paila.

Cuando la mina regresó en 2016, el trabajo escaseó y los salarios se cayeron, ahora pagan 200 pesos el día, mil 200 pesos a la semana “La gente quiere empleo, y nosotros pensamos también en pedirle otros beneficios, como escuela, un parque, una cancha,  no pedimos mucho, estamos abandonados aquí”.

Arroyo Agrio tiene sólo una calle principal. A los lados, las casas se reparten hasta llegar otra vez al cerro donde el camino se pierde.

Rogelio quien ahora trabaja como contratista eventual en la central nuclear Laguna Verde reconoce que el pueblo está en una balanza, donde los empleos que se ofrecen pueden ser a costa de su árboles y agua.

“DICEN QUE VA A HABER DINERO, NUNCA DESTRUCCIÓN”

La minera ha concentrado su fuerza de convencimiento en Palma Sola. Lo intentó en septiembre de 2017, cuando llegó un cine móvil, y  con palomitas, refresco y una botarga del “Minerito”, quiso convencer a la población de las bondades de la minería.

Ha pactado reuniones en escuelas primarias, secundarias y bachillerato para hablar con estudiantes. Ha repartido cientos de trípticos para explicar temas fundamentales como los explosivos, el cianuro, la flora y la familia y los fenómenos meteorológicos.

Pero algunos habitantes se quejan de que las reuniones son esporádicas, y la mayor parte con sectores de poder como ganaderos y propietarios de terrenos.

Isabel Báez, tiene más de 30 años de vivir en Palma Sola, se queja de que la minera no da información completa, sólo lo que a ellos les conviene. “Dicen que va a haber dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a haber muerte, destrucción, pueblos fantasma”.

Acusó que la minera “engaña” a la gente y usa a las escuelas como escudo para dar informaciones falsas.

“Hace reuniones informativas pero sólo con unos cuantos, porque al pueblo no lo convocan. Al pueblo lo estamos informando la propia gente. Es un peligro para todos”.

Daniela Isabel cuenta que en las reuniones, los mineros le dicen que tener celular y estar en contra de la instalación de las minas es una contradicción.

“Pero yo les respondo que mi celular no se compara a la contaminación de la mina. Si llegan, será devastador. Si nos dan a elegir, preferimos el paisaje, lo verde”.

Cuenta que tiene varios folletos de la minera, y refuta los 400 empleos que se presume, se generarán, “eso no alcanza para Palma Sola y todas sus comunidades, plantean cosas ilógicas, como que van mover los animales y las plantas. Uno no necesita tener estudios para saber que eso no es posible”.

UNA CONSULTA LIBRE E INFORMADA

Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambietal (Cemda), advierte que la consulta a los pueblos de manera libre e informada se debe dar antes de la evaluación de impacto, y antes de que la empresa tenga permisos para explotación o exploración.

Señala que en la región, las comunidades campesinas y pesqueras, son equiparables con comunidades indígenas y tiene el derecho a solicitar una consulta sobre los proyectos invasivos a su territorio. “Dependen de su relación con el ambiente para el desarrollo de sus actividades. Si llegan las mineras, esto va a contaminar su agua y cambiar sus caminos, lo que vendrá en detrimento del derecho a un ambiente sano de las comunidades”.

Asegura que estos proyectos violentan los derechos de las comunidades que están plasmados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, como el derecho a un ambiente sano, el derecho al trabajo, a la alimentación y al agua.

Junto con varias comunidades, y organizaciones, Cemda solicitó a la Semarnat la consulta pública, y advirtió ahí que la minera presentó el proyecto fragmentado, pues mientras en 2011-2012 el proyecto comprendía Alto Lucero y Actopan en 55 mi hectáreas, ahora sólo lo presentaban La Paila con 19 mil hectáreas.

A su consideración es necesario revisar la Ley ambiental, pues aunque hay un rechazo general al proyecto, la empresa tiene la opción de presentarlo las veces que quiera ante la autoridad, sólo modificando parcialmente el documento, lo que significa una amenaza permanente para las comunidades.

La activista considera que el proyecto prende un foco de alerta porque pone en riesgo los derechos de las comunidades y la realidad es que la autoridad ambiental como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), está rebasada y no podría vigilar la operación correcta de una mina.

“No entiendo por qué creen que si el daño ya pasó en otras mineras, ¿cuáles son las circunstancias de que aquí no pase? ¿Por qué creen que será diferente?, se pregunta Ximena.

OTRA MINERA, UN RIESGO PARA ACTOPAN

Pero al riesgo del proyecto Caballo blanco, se suma otro: el proyecto el Cobre en Actopan donde la Minera Gavilán y Minera Alondra, filiales de la canadiense Almaden Minerals, ha perforado más de 100 barrenos en busca de oro, plata y cobre.

La minera tiene ocho concesiones por 50 años en la región, el proyecto se ha vendido entre varias empresas y comparte territorio y concesiones con Caballo Blanco.

Ximena Ramos advierte que la conjunción de ambos proyectos generará un daño mayor a biodiversidad de la región que ni las empresas mineras ni la autoridad ambiental han tomado en consideración.

En el caso de Actopan, han presentado una denuncia por la contaminación en manantiales ante Profepa.

Vedo Leal Vázquez, comisario ejidal de El Porvenir en Actopan, asegura que antes de la llegada de la minera, los aguajes nunca se habían secado.

Denunció que la minera perforó barrenos a menos de 500 metros del nacimiento de agua de las comunidades. Las exploraciones las realizó en el cerro el Timbrillo, lo que –dijo- podría afectar el abastecimiento de agua de varias comunidades.

Además, la minera ha dividido al pueblo, incluso a su familia, pues una parte ha dado permisos de servidumbre en caminos a los mineros y otros se han organizado para taparle el paso en 200 hectáreas.

EL PUEBLO ESTÁ DIVIDIDO, COMO SUELE OCURRIR

Antes de que la minera llegara, Ascensión Sánchez y su familia cuidaban de la pequeña estancia con aguas termales que es su patrimonio en Los Baños municipio de Actopan.

Pero hace dos años, la minera Gavilán instaló un barreno apenas a unos metros de su vivienda y una decena más en terrenos aledaños.

Organizados los ejidatarios, iniciaron la lucha para defender su territorio, así han logrado la firma de 28 actas de asamblea para decir no a la minera.

“Son empresas que llegan con palabras de prosperidad y beneficio, de desarrollo económico, pero en la realidad tienen más de 20 años haciendo trabajos y no hay los empleos prometidos”, refuta Ascensión.

La minera se ha valido de mentiras para entrar a los terrenos, y convencer la gente, advierte Ascensión quien ahora tiene una agenda repleta de reuniones, asambleas y cabildeo para fortalecer la lucha.

“Nosotros no necesitamos que vengan a romper la tranquilidad y la riqueza que la región tiene. Llegaron como sorpresa y maldición, traen muchos conflictos y división”, dice.

Alto Lucero formaliza su oposición a la minería. Foto: Óscar Martínez López, AVC

En la comunidad de Tinajitas, la minera rentó el salón social como sede de sus instalaciones, una marcha de habitantes y la clausura simbólica de las oficinas. Ha sido una de las acciones más fuertes en contra de la empresa.

Luego, los habitantes consiguieron que el alcalde José Paulino Domínguez prometiera que no daría permisos de construcción ni cambio de uso de suelo a la minera, y que pediría a Semarnat información de los proyectos y buscaría la consulta pública al pueblo.

Ubicados a unos cinco kilómetros en colindancia con Alto Lucero y el proyecto Caballo Blanco, Ascensión advierte que se organizan para encabezar juntos la lucha.

Apenas el 25 de mayo, realizaron una megamanifestación conjunta para presionar al cabildo de Actopan.

“Varias comunidades no quieren a la minería. La minería sólo trae muerte, despojo, saqueo y males, por eso nos organizamos para defendernos porque la minería no trae beneficio a nuestros pueblos”, señala.

HE AQUÍ EL ROSTRO OPACO DE LAS CONCESIONES

Ante el entreguismo de las autoridades, la resistencia de los ciudadanos. Foto: Óscar Martínez López, AVC

Durante ocho años la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) ha informado y organizado a las comunidades para evitar la llegada de la minera.

Emilio Rodríguez Almazán dice que cuando iniciaron la lucha, la minera ya tenía  más de 100 barrenos perforados,  y lo primero que hallaron en las comunidades fue un temor al proyecto, pero también un sentimiento de cariño y arraigo a su tierra.

Aunque la lucha ha tenido logros como el posicionamiento en contra del proyecto del Congreso Local, de expertos científicos, del gobierno estatal actual, y recientemente del cabildo de Alto Lucero que se declaró libre de minería tóxica, los mineros no se dan por vencidos.

“Es preocupante que la empresa siga ahí pese al nivel de contundencia que hay de la opinión pública. También es grave que los pobladores vivan en una incertidumbre porque saben que de un día para otro se puede autorizar el proyecto”, advierte.

Emilio afirma que la autorización de concesiones mineras es una arbitrariedad del Estado mexicano que violenta el derecho de las personas y se buscarán los instrumentos jurídicos para evitar que las mineras lleguen a la región.

Mina canadiense anuncia que reducirá operaciones en Chihuahua hasta que los caminos sean seguros

lunes, mayo 28th, 2018

El presidente de la compañía, Michael Steinmann, dijo que sus empleados habían tenido percances peligrosos en los caminos de acceso a la mina, en una zona remota del estado de Chihuahua, una región plagada por bandas de narcotraficantes.

Por María Verza

CIUDAD DE MÉXICO (AP) – Pan American Silver Corp., de Canadá, anunció el lunes que reducirá las operaciones en una mina en el norte de México por razones de seguridad, y luego se relacionará con otras partes importantes por las condiciones de inseguridad en el país.

El presidente de la compañía, Michael Steinmann, dijo que sus empleados habían tenido percances peligrosos en los caminos de acceso a la mina, en una zona remota del estado de Chihuahua, una región plagada por bandas de narcotraficantes.

“Dados los recientes incidentes que han pasado a lo largo de los caminos de acceso, hemos decidido que lo prudente son los movimientos de personal desde y hacia la mina hasta que los caminos son seguros para nuestros empleados”, dijo Steinmann en un comunicado.

La compañía afirmó que las operaciones de apilamiento de mineral y procesamiento continúan en la mina a cielo abierto.

El Consejo Coordinador Empresarial de México dijo el lunes en un comunicado que la delincuencia y los actos de violencia han causado el cierre de las plantas de Pan American Silver y otras dos grandes compañías.

“Los altos niveles de violencia se han convertido en los mayores obstáculos para la actividad productiva”, señaló el consejo.

El CCE afirmó que el robo en el transporte de carga en las carreteras se duplicó en el primer trimestre de 2018. Y el lunes, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) dijo que los ladrones bloquean o retiran las partes de las vías para transportar los trenes carga.

“La inseguridad se traduce en pérdida de empleos en las comunidades mexicanas y una menor perspectiva de inversión por parte de los mercados globales hacia México”, escribió el consejo.

La Semana pasada, una de las compañías de productos alimenticios más grandes de México, Lala, quelamientos por seguridad de las habitaciones desde Ciudad de México, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos.

La violencia en Ciudad Mante es atribuida a una disputa entre las facciones de los Zetas conocidas como el cártel del Noreste y los Zetas Vieja Escuela.

El procurador general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo que su despacho investigaba las denuncias de Lala y otra compañía, Sello Rojo, que se ha intentado extorsionarlas.

En abril, la mayor embotelladora de Coca-Cola en México anunció que suspendía indefinidamente labores en Ciudad Altamirano, en el estado sureño de Guerrero, debido a hechos de violencia.

Coca-Cola FEMSA señaló que cerraría su planta distribuidora en Guerrero porque sus empleados estaban “comenzando a recibir constantes amenazas y agresiones por una parte del crimen organizado”, una frase que generalmente se refiere a los cárteles de narcotraficantes. También mencionó la reciente “agresión injustificada” contra uno de sus empleados, sin precisar qué fue lo sucedido.

FEMSA lamentó la “ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad” en los alrededores de Ciudad Altamirano.

La zona, próxima a la frontera de Guerrero con el estado de Michoacán, ha estado dominada desde hace mucho tiempo por grupos narcotraficantes, más recientemente por los cárteles de los Caballeros Templarios y La Familia. Las organizaciones delictivas extorsionan con frecuencia a las empresas pequeñas o familiares, aunque las multinacionales a veces han sido su blanco.

En 2012, el cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán incendió cinco almacenes y decenas de vehículos propiedad de la empresa de bocadillos Sabritas, subsidiaria mexicana de PepsiCo.

Pueblo de ancianos gana amparo, otro, a la minera canadiense que les quitó tierras con oro y plata

lunes, abril 2nd, 2018

En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan en el municipio Ocampo, Coahuila, 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio.

Tres año más tarde, en 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.

La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada”, en un litigio que suma más de 13 años. Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.

Coahuila/Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).– El Primer Juzgado de Distrito de la Décima Región Auxiliar negó un amparo a la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic y ordenó al Sexto Tribunal Unitario Agrario que revise las pruebas presentadas por ejidatarios de la tercera edad de la comunidad de Tenochtitlan, en Ocampo, Coahuila, quienes desde hace 13 años reclaman la usurpación de mil 300 hectáreas de su territorio por parte de la minera.

Juan Francisco Flores Gándara, abogado defensor de los ejidatarios, explicó que el Juez sobreseyó el amparo que había interpuesto la empresa pues advirtió una causal de improcedencia.

Es la segunda resolución a favor de los ejidatarios, pues anteriormente, en 2016, el Tribunal Colegiado desechó una demanda de amparo directo de la Reforma Agraria.

El ejido Tenochtitlan está invadido desde hace más de 38 años y desde 2004 mantiene el litigio con la empresa canadiende First Majestic.

“Hemos tardado pero vamos paso a paso. Creo que tenemos la razón y que finalmente el Tribunal Agrario deberá dictar sentencia a favor de nosotros. La consecuencia directa es que el Tribunal Agrario pueda cumplir lo que le ordenaron de México”, añadió el abogado.

Aunque la empresa puede interponer un recurso de revisión y alargarse tres meses más hasta que se revise la sentencia del Juez de Distrito, de lo contrario, el Tribunal Agrario tendría que recabar información que le faltó para valorar pruebas, particularmente documentos de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Reforma Agraria Nacional.

Flores Gándara mencionó que entre los documentos que en primera instancia no valoró el Tribunal Agrario, está un documento donde que se expidió en 2011 al ejido donde se hacen nulas las ventas porque el encargado entonces estaba imposibilitado a vender. Otro es la resolución presidencial de dotación que no fue ejecutada conforme a los términos y planos y el peritaje que aportaron los ejidatarios.

En el invierno del 2013, representantes de la minera canadiense First Majestic ofrecieron a las autoridades del ejido Tenochtitlan en el municipio Ocampo, Coahuila, 10 millones de pesos para cesar el reclamo que la comunidad hace de la usurpación de mil 300 hectáreas dentro de su territorio.

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“La compañía ofreció 10 millones por todo, a través de su abogado y su contador. Se lo he contado a la gente para evitar malos entendidos”, detalló Mario Valdés Lomas, ex presidente del Comisariado Ejidal de Tenochtitlan en aquella ocasión.

La comunidad de 36 ejidatarios, la mayoría de la tercera edad, esperan que les indemnice por las consecuencias que ha dejado la minería en la zona. Al menos dos de sus integrantes han muerto antes de ver la justicia.

Casi todos los lugareños han servido durante décadas a la minera. Sin embargo saben que ésta funciona sobre sus tierras, extrae alrededor de 400 mil onzas de plata al mes y ha contaminado sus aguas.

“Además, de devolver el terreno. Ellos deberían de pagar por usar nuestros terrenos para entrar. Hicieron un camino sin pagar un cinco y no conformes de ahí sacan las onzas de plata, llega un avión los martes y miércoles y se las lleva”, dice Valdés.

Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense. El litigio lleva cuatro años.

“En general, es común que haya grandes asimetrías durante los litigios por minería. En especial, por la falta de información de las comunidades, pero también por lo onerosos que pueden resultar los juicios”, relató Francisco Cravioto Lagos, investigador de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

La empresa canadiense en el 2013 extrajo 4 millones 162 mil onzas de plata de tierras que aseguran les pertenecen desde el 2006. Éstas fueron en primera instancia compradas por el Grupo Peñoles a un particular de nombre Armando de Hoyos Galicia, quien las explotó durante cuatro décadas.

En el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.

La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de más de una década.

Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.

Los ejidatarios demandaron que se cumpliera un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense.

First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.

LA MINERA QUE OPERA CON IRREGULARIDADES

El 21 de febrero de este año se dio a conocer que First Majestic anunció su nuevo y más importante proyecto: San Dimas, en el estado de Durango.

Keith Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo que planea trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining.

First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

Las minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.

La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.

De acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.

La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.

En julio de 2017 habitantes del ejido Tenochtitlán denunciaron que una filtración de cianuro hacia los afluentes naturales, proveniente de la minera First Majestic, mataba a la fauna de la región.

Mario Valdés, poblador de esta localidad, señaló que varios animales –como caballos y vacas- muurieron debido a la contaminación del agua.

Asimismo sostuvo que parte del ejido se inundó porque la presa que usa la compañía canadiense First Majestic, se desbordó luego de las lluvias, por lo que el agua que llegó a la comunidad esta combinada con cianuro, además las personas también corren peligro, ya que tuvieron contacto con el afluente.

El ejidatario aseveró que la gente está preocupada, ya que algunos tienen como sustento la cría de animales, por lo que temen que más ejemplares empiecen a morir, además de que la escasa flora también corre peligro.

Ante ello, los pobladores de la zona interpusieron una queja en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Esta querella se suma a la denuncia que interpusieron en 2013 ante la afectación de especies de animales y plantas en peligro de extinción, la cual –según Valdés- no ha avanzado, pues les dicen que es un proceso largo.

-Con información de Vanguardia

El derrame de cianuro al río fue descuido de minera canadiense: Profepa. Y ya. Ni sanción, ni nada

lunes, marzo 26th, 2018

La Profepa confirmó que la causa del accidente, ocurrido el pasado 11 de marzo en los límites de Sinaloa con Durango, a la altura del municipio de San Ignacio, fue un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba remanentes de dicha solución.

Además, la Procuraduría comentó que esta sería una inspección del suelo y que los estudios en el río correspondían a la Comisión Nacional del Agua (CNA).

Mazatlán/Ciudad de México, 26 de marzo (Noroeste/SinEmbargo).- Luego del derrame de una solución cianurada al Río Piaxtla, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) visitó a la mina de Primero Empresa Minera en la localidad de Tayoltita del municipio de San Dimas, Durango, y avaló la información proporcionada por la compañía: por la baja concentración del cianuro se vertieron únicamente entre 20 y 36 gramos de esta sustancia.

En el comunicado 331-18, la Profepa confirmó que la causa del accidente, ocurrido el pasado 11 de marzo en los límites de Sinaloa con Durango, a la altura del municipio de San Ignacio, fue un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba remanentes de dicha solución.

A lo largo del cauce del río se observó la presencia de peces, en su mayoría especies juveniles no mayores a 10 centímetros de talla, determinó la autoridad ambiental después de la visita de inspección el 22 de marzo, 11 días después del hecho.

“A fin de evaluar los daños ambientales ocasionados por el derrame, se llevó a cabo un recorrido al sitio del evento, desde el punto del derrame hasta aproximadamente 250 metros aguas abajo sobre el cauce del río Piaxtla”, informó la Procuraduría.

De igual forma, aseguró la Profepa que durante el recorrido no se detectó ningún cambio físico adverso a lo largo del cuerpo de agua, observándose la presencia de peces; tampoco se observaron daños a la flora ribereña.

En días pasados, la Profepa comentó que esta sería una inspección del suelo y que los estudios en el río correspondían a la Comisión Nacional del Agua (CNA). En ese sentido, la titular de esta dependencia en el estado de Durango, Yadira Narváez, dijo a El Sol de Durango que las comunidades aledañas están seguras debido a que se implementaron los protocolos de emergencia y un monitoreo de aguas.

“El lecho del río contaba con poca agua el día del percance, lo que evitó el avance de la sustancia, fue mínima la pérdida, sólo se registraron algunos peces muertos hasta de tres centímetros”, declaró la funcionaria.

Este tipo de accidentes han despertado la preocupación de los activistas en la defensa del agua, debido a los efectos acumulativos de la contaminación de sustancias como cianuro, cadmio, arsénico y otras utilizadas por la industria minera en sus procesos de lixiviación.

Así como al espacio que comparten las cuencas hidrológicas en los estados de Durango y Chihuahua, donde se realiza una intensa actividad minera, con Sinaloa.

El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, sucedió el pasado 11 de marzo la empresa Primero Empresa Minera S.A. de C.V., perteneciente al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertiera 200 litros de solución cianurada en el río.

La situación ocurrió por un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente; al quedarse sin combustible en una pendiente, la solución fue vertida hacia el río, informó el boletín 298-18 de la Profepa.

Activistas en defensa del agua como Conselva y Voces Unidas por el Agua exigieron un análisis y la valoración real del impacto ambiental.

“Son hechos que nos preocupan debido a que la mayoría de nuestros ríos tienen su origen en la zona serrana de Durango y Chihuahua, estados con alta actividad minera y donde los accidentes son frecuentes y difíciles de monitorear”, advirtió Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva.

El río Piaxtla nace en la sierra de Durango y atraviesa el municipio de San Ignacio, Sinaloa, durante su camino al Océano Pacífico abastece de agua a diversas tierras de riego que son usadas para la agricultura.

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Minera canadiense con historial de despojo y muertos en el país derrama cianuro al río Piaxtla

lunes, marzo 19th, 2018

La minera canadiense en San Dimas, Durango, vertió 200 litros de solución cianurada en el río Piaxtla a causa de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente. Organizaciones exigieron una valoración real de los impactos ambientales que la minera ocasionó en territorio sinaloense y urgieron a tomar medidas, ya que, señalan, la Profepa se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.

En octubre pasado, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono. Pero la minera es acusada de más. Por ejemplo, de haber despojado de sus tierras a ancianos de Coahuila.

– Con información de Sibely Cañedo

Sinaloa/Ciudad de México, 19 de marzo (Noroeste/SinEmbargo).- El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, mantiene en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada por la minería en esta zona repercuta en las actividades económicas en territorio sinaloense.

Luego de que el pasado 11 de marzo, Primero Empresa Minera S.A. de C.V., que pertenece al grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada a este cuerpo de agua, Conselva y Voces Unidas por el Agua exigieron una valoración real de los impactos ambientales, ya que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limitó a informar de la “muerte de un número indeterminado de peces”.

“Se tiene que evaluar el daño al ecosistema; y si hubo filtraciones al subsuelo, también del manto freático, del que se abastecen comunidades. No son sólo unos pececitos”, reclamó Sandra Guido, directora ejecutiva de Conselva.

Explicó que el río Piaxtla nace en la sierra de Durango, pero en su recorrido hacia el Oceáno Pacífico atraviesa el municipio de San Ignacio, Sinaloa, donde abastece de agua a tierras de riego para la agricultura; desemboca a la altura del campo pesquero Barras de Piaxtla, además de colindar con el área natural protegida de la Meseta de Cacaxtla.

“Son hechos que nos preocupan debido a que la mayoría de nuestros ríos tienen su origen en la zona serrana de Durango y Chihuahua, estados con alta actividad minera y donde los accidentes son frecuentes y difíciles de monitorear”, advirtió.

Sandra Guido urgió a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a intervenir debido a que el cianuro, así sea en pequeñas cantidades, es altamente tóxico y no es degradable.

CRITICAN LEYES “LAXAS”

Para Esperanza Kazuga, representante del colectivo Voces Unidas por el Agua, gran parte del problema radica en que las leyes son muy “laxas” con estas empresas. Esto se agrava con la dificultad de vigilar sus operaciones, que normalmente se llevan a cabo en áreas montañosas.

“Reporta la Profepa que no tiene personal suficiente para cubrir todo el territorio, y generalmente las minas están en la sierra, entonces también por la violencia vemos difícil que puedan subir a inspeccionar”, consideró.

La activista y empresaria insistió en que las mineras hacen ganar “a unos cuantos”, mientras los impactos negativos son para pueblos enteros. Además, dijo, los costos de reparación son muy altos en caso de un derrame, cuando no, los perjuicios son irreversibles.

“Hay que revisar cómo se están otorgando las concesiones, ¿por qué resulta atractivo para las compañías, sobre todo extranjeras, instalarse en México? Porque en sus países las leyes son estrictas”, cuestionó.

Señaló que es necesario revisar la legislación para obligar a estas empresas a reparar los daños que provocan o inclusive limitar su autorización.

¿QUÉ FUE LO QUE OCURRIÓ?

La compañía Primero Empresa Minera S.A. de C.V. derramó 200 litros de una solución con cianuro al río Piaxtla en el municipio de San Dimas, Durango, colindante con el municipio de San Ignacio, ocasionando la mortandad de peces.

El accidente ocurrió el 11 de marzo a causa de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente de una solución cianurada. Al quedarse sin combustible en una pendiente, la solución fue vertida hacia el río, informó el boletín 298-18 de la Profepa. Hasta el momento, no se ha informado de ninguna sanción.

FIRST MAJESTIC: DE ABUSO EN ABUSO

En octubre pasado, cuatro trabajadores de First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, de acuerdo con la información que la minera proporcionó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Heriberto Fuentes Canales, delegado de la dependencia en Coahuila, señaló que la versión de la empresa indicó que se originó un incendio, del cual se desconocen las causas, mismo que provocó que los trabajadores inhalaran dióxido de carbono.

El delegado dijo que la última inspección que se hizo a First Majestic fue en mayo de 2017 y se encontraron irregularidades, para las cuales se hicieron observaciones que la compañía tenía que subsanar a más tardar el 20 de octubre de ese año.

En el año 2016, pobladores de la tercera edad en el ejido Tenochtitlán, situado en Ocampo, Coahuila, exigieron ante un tribunal agrario la indemnización por el uso de sus tierras explotadas por First Majestic.

La sentencia del Sexto Tribunal Unitario Agrario de Torreón había resuelto a favor de la mina canadiense “La Encantada” de First Majestic, en un litigio que suma más de 13 años.

Sin embargo, el año pasado el Tribunal Superior Agrario revocó la sentencia y el caso regresó al Tribunal Unitario Agrario para revalorar pruebas de los campesinos.

Los ejidatarios demandan que se haga cumplir un decreto presidencial otorgado en 1973, que les hace propietarios de 10 mil 100 hectáreas, de las cuales mil 300 son ocupadas por la minera canadiense.

First Majestic utiliza una planta de cianurización con capacidad de 4 mil toneladas diarias, un proceso que contamina el ambiente.

MINAS: ABUSO TRAS ABUSO

El 21 de febrero pasado se dio a conocer que First Majestic, la minera canadiense acusada de operar bajo irregularidades en sus seis minas que tiene en México, iba a San Dimas, en el estado de Durango.

Keith Neumeyer, presidente ejecutivo de First Majestic Silver, dijo entonces que planeaba trabajar en la mina mexicana de plata y oro San Dimas “para devolverle su antiguo esplendor luego de adquirir Primero Mining”.

La noticia fue confirmada por Ramón Dávila Flores, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, quien a principios de febrero declaró que a finales del mes de marzo habrá una reunión en Toronto, Canadá, para pactar una nueva inversión en el sector minero por parte de First Majestic en el municipio de Tayoltita.

First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en todo el país, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

Las minas que operan en México deben pagar el 7.5 por ciento de sus utilidades, de acuerdo con lo convenido en la Reforma Fiscal, en vigor desde 2013. Sin embargo, los reportes de sus ganancias son poco fidedignos, lo que hace de este esquema poco fiable.

La Alianza Mexicana contra el Fracking estima que el país recibe alrededor de 2 mil millones de pesos al año por el concepto de estas utilidades, cantidad que no alcanza para cubrir los daños ambientales y de salud que dejan las mineras, han señalado activistas en diversas ocasiones.

De acuerdo con una investigación del periodista J. Jesús Lemus consignada en su libro “México a Cielo Abierto”, entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la Colonia.

La operación de esas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México, bajo el amparo del Estado mexicano.

Soldados y policías toman el control de la minera Media Luna; trabajadores mantenían paro desde noviembre

sábado, enero 27th, 2018

El pasado 20 de noviembre dos hermanos que mantenían el paro laboral contra la minera canadiense, Media Luna ,fueron asesinados por un grupo armado.

En el lugar se vio a militares vigilar la carretera en Mezcala, a pocos metros de la entrada al entronque a Atzcala, por donde se llega a la mina de Media Luna. Ahí había un bloqueo con un montículo de tierra, y, según un policía que estaba en el lugar, más adelante, a 300 metros, había otro.

Por Lenin Ocampo Torres

Guerrero/Ciudad de México, 27 de enero (Noroeste/SinEmbargo).- Las fuerzas del estado entraron por aire y por otra entrada, informa un agente encargado de la vigilancia. Soldados del Ejército apoyaron sin participar directamente en la toma, informan.

Policías estatales, con apoyo “a distancia” de soldados del Ejército tomaron ayer las instalaciones de la minera Media Luna, ubicada en Nuevo Balsas, Cocula, donde trabajadores mantenían un paro que iniciaron el 3 de noviembre pasado para exigir su afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), en vez de la CTM.

En el lugar se vio a militares vigilar la carretera en Mezcala, a pocos metros de la entrada al entronque a Atzcala, por donde se llega a la mina de Media Luna. Ahí había un bloqueo con un montículo de tierra, y, según un policía que estaba en el lugar, más adelante, a 300 metros, había otro.

El agente informó que para tomar el control de la mina, las fuerzas del estado entraron por aire y por otra entrada.

Se le impidió a los reporteros pasar a la zona, según los uniformados, “por su propia seguridad”.

Por su parte, y mediante un boletín, el gobierno del estado informó que el portavoz del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, “indicó que se recibió el reporte de que un grupo de personas mantenían retenidos al jefe de seguridad de la Minera Media Luna y a siete trabajadores en la comunidad de Real de Limón”.

En el mismo documento se indica que, luego de un proceso de negociación se liberó a los ocho retenidos, y asegura que el diálogo se mantendrá abierto con los paristas.

El comunicado finaliza afirmando que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública aseguran que la mina Media Luna seguirá trabajando sin contratiempos, y que se mantiene también un diálogo con unos 200 inconformes que bloquearon el camino a Atzala.

(En la imagen: Un acceso de Mezcala para Atzcala, municipio de Cocula, donde ayer hubo una operación para ocupar la mina cerrada desde el 3 de noviembre por trabajadores que exigen cambiar de sindicato. Según el vocero Roberto Álvarez los uniformados entraron porque había ocho trabajadores retenidos por “un grupo de personas”. En la imagen un camino que fue bloqueado con montículos de tierra por opositores al paro. Y en los primeros minutos de ayer fue ejecutado un hombre en Tepecoacuilco al que le dejaron narcomensajes en contra de líderes de la CTM contrarios a la suspensión de labores.

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Agustín narra qué pasa en México si dices NO a mineras extranjeras; a él le fue… “bien”: 4 años preso

viernes, noviembre 17th, 2017

La defensa del territorio y del medio ambiente puede ser una actividad por la cual asesinan y encarcelan en México. Los proyectos mineros se desarrollan en un contexto de inconformidad y destrucción del ecosistema en distintos territorios del país. El defensor ambiental Agustín Villanueva, narra su historia tras estar preso más de cuatro años  por emprender una lucha por la defensa del territorio.

Por Heriberto Paredes

Ciudad de México, 17 de noviembre (RT/SinEmbargo).- Le avisaron a las 2 de la mañana que iban por ellos. Un fuerte operativo estaba preparado para detener al grupo. Por ello, tuvieron que salir huyendo y esconderse. Así lo cuenta Agustín Villanueva, un personaje central en la lucha contra la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium, en el municipio de Aquila, en Michoacán, que fue detenido por oponerse a una empresa minera.

Ese día, 14 de agosto de 2013, él y 45 hombres fueron detenidos tras un operativo de enormes proporciones, que contó con la participación no solo de la policía municipal de entonces, sino también del Ejército y la Marina, así como de policías ministeriales. El objetivo era desestructurar al grupo de autodefensas que se había levantado, pocos meses antes, contra el crimen organizado; en concreto, contra los Caballeros Templarios.

Pero esta situación es solo la punta del iceberg, ya que detrás de la detención del activista está la lucha contra la apertura de la mina de hierro, desde 2005 propiedad de la empresa de capital italo-argentino Ternium y, previamente, de la compañía HYLSA. El proyecto nunca fue aceptado por la comunidad de Aquila pero, a pesar de la oposición, comenzó sus actividades en 1971.

A raíz de la oposición a esta mina por la contaminación que ha generado en el río Aquila y sus afluentes, así como en las montañas circundantes, varios miembros de la comunidad indígena se han organizado para denunciar los efectos de la minería intensiva y para señalar que, además, la empresa no paga las regalías correspondientes a los comuneros que les han rentado los predios en donde están sus instalaciones.

Agustín Villanueva, activista en defensa del medio ambiente. Foto: Heriberto Paredes vía RT

Uno de los riesgos directos que tiene la población de la comunidad es que, mientras grandes camiones transportan el hierro extraído sin llevar una cobertura para protegerlo del viento, las mujeres embarazadas respiran este aire contaminado: “Aparte del daño ambiental, yo veo que cómo están viajando 145 tractocamiones cargados día y noche [de hierro sin cubrir]. Lo más fuerte es que, como las mujeres embarazadas van con su bebé en su vientre, la mujer está absorbiendo el plomo. Se trata de daños que están pendientes de corregir”, denuncia el luchador medioambiental tras recuperar su libertad, luego de estar preso más de cuatro años.

Villanueva, de poco más de 40 años, es uno de los 13 hijos que procreó su familia, de la cual se reserva los nombres. De mirada penetrante y gestos tranquilos en sus palabras, él es miembro de “una familia muy pobre y muy grande”, con muchos de sus hermanos y hermanas como migrantes en los EU. Sin embargo, el activista, de profesión ganadero, ha permanecido en su comunidad para luchar contra una empresa minera que parece querer todas las tierras para continuar la explotación mineral.

MÉXICO, UN INFIERNO PARA LUCHAR EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Al igual que Agustín Villanueva, muchas personas han sido hostigadas por enarbolar luchas en defensa de los recursos naturales y la conservación del medioambiente, así como en contra el despojo de tierras, ríos y bosques de manos de empresas transnacionales. Algunas de ellas, además de recibir amenazas, han sido asesinadas. Sin embargo, no hay investigación alguna que haya logrado ejercer la justicia que se reclama.

Según el informe “Defensores de la tierra: Asesinatos globales de defensores/as de la tierra y el medio ambiente, 2016”, elaborado por la organización Global Witness, a pesar de que en ese año se registraron 3 muertes relacionadas con luchas contra proyectos mineros, forestales o hidroeléctricos, la tendencia va en aumento y la actuación de las autoridades mexicanas no es eficaz, sino todo lo contrario: dificulta el esclarecimiento de los crímenes y no trabaja en la prevención.

Este año, según el citado informe, van 8 ecologistas asesinados y el panorama no es muy prometedor. Otro ejemplo de que luchar por los recursos naturales y la conservación del medio ambiente es peligroso, es el reciente caso de la detención de Carlos Olivares Valencia y Hugo Salas Frontana, el pasado 10 de octubre, en la ciudad de Morelia, capital del estado mexicano de Michoacán. Ambos participaban en una manifestación pacífica en contra de un proyecto que pretende construir un paso vehicular en una zona natural, que recarga los mantos acuíferos y que tiene varias fallas geológicas.

El grupo de confianza de Agustín Villanueva que todavía mantiene la lucha contra la minera. Foto: Heriberto Paredes vía RT

A pesar de la existencia del ‘Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas’, las quejas van en aumento: los botones de auxilio no funcionan o la actuación de las autoridades es lenta, señalan varios defensores del medioambiente. Además de que el Gobierno mexicano, en todos sus niveles, no garantiza la seguridad de los ecologistas, el crimen organizado se ha vuelto uno de los principales riesgos para estas luchas.

El caso de la minera Las Encinas es un ejemplo muy claro del vínculo entre los factores de riesgo para quien se opone a proyectos que impliquen el despojo de los recursos naturales. “Digamos que ellos, todo el tiempo que han estado aquí dividen a la comunidad. Siempre están pendientes de las políticas de los partidos. Cuando van a poner a sus presidentes municipales, siempre están ellos pendientes, para darle una parte [de dinero] a un partido y darle otra parte igual al otro partido; lógicamente, para ellos no perder”, explica Villanueva.

Frente a la oposición a la minera, poder político y empresarial se aliaron para continuar con la explotación. A partir de 2009, el cártel conocido como los Caballeros Templarios se instaló en la región y empezó a cobrar cuotas de manera exhaustiva y, al igual que extorsionaba a los comuneros, también empezó a hacer negocios de extracción de hierro con la empresa Ternium.

En la investigación ‘Violencias legales e ilegales mexicanas: política y crimen organizado. El Caso de la minería en la sierra-costa de Michocán’, la antropóloga mexicana Ana del Conde recopila varios testimonios que refieren la explotación de yacimientos de hierro de manera ilegal, a cargo de los Caballeros Templarios, pero que, al ser triturados y transportados, utilizaron las instalaciones y los vehículos de Ternium para llevar el mineral al puerto de Lázaro Cárdenas o al de Manzanillo.

LA MINERÍA, UN RIESGO LATENTE Y EN EXPANSIÓN

“La empresa quiere ampliarse, quiere unos “terreros”, según les llaman ellos. Me dicen que los “terreros” son donde necesitan depositar [los] materiales que al momento de explotar no les sirven a ellos”, explica Agustín. Además, con expresión de preocupación, cuenta que la empresa Ternium ya se llevó el mineral de dos lotes para explotarlo, sin contar con el permiso de la comunidad.

Interior de uno de los lotes explotados por la minera Ternium. Foto: Heriberto Paredes vía RT

Según el luchador medioambiental, Ternium quiere un lote que está junto a otro terreno conocido como Cerro del Buey, que contiene hierro y, por ello, está en la mira para ser explotado. En la comunidad indígena de Aquila se ha luchado por defender estos lotes, “porque los señores [de la empresa minera] que ahí estaban trabajando, los querían vender a los malandros, fue por eso que yo me vi en la necesidad de arreglar eso”, señala Villanueva.

Existe temor de que los proyectos mineros que se avecinan sobre la región, en específico los que han sido anunciados a partir de la creación de la Zona Económica Especial (ZEE) y que serán patrocinados por la empresa india Arcelor Mittel, no se lleven a cabo con el acuerdo de las comunidades indígenas, lo que podría desembocar en conflictos graves.

Ahora, ya en libertad, Villanueva señala que es necesario que el Gobierno mexicano en sus tres niveles “tome en cuenta a las comunidades” para “que no haya más sangre, que no haya más muertos”. “Ojalá que el Gobierno tome en cuenta eso para vivir la fiesta en paz”, añade.

Además, asegura que estas comunidades ―Santa María Ostula, Coire y Pómaro― son las que tienen la mayor cantidad de extensiones de tierra en la región sierra-costa (más de 300 kilómetros) y que, de manera natural, se van a oponer a los proyectos mineros, ya que “es una descendencia que viene cuidando sus recursos”.

Frente a este panorama, el papel de Agustín Villanueva es clave: su trayectoria de lucha y de conocimiento de la región le ayudan a consolidarse como uno de los referentes para denunciar los abusos de las empresas mineras, el despojo de los recursos naturales y las posibles vinculaciones entre empresas, crimen organizado y partidos políticos.

Tras pasar más de cuatro años en prisión y haber sido acusado de delitos que no fueron comprobados, el luchador medioambiental no se descuida y se rodea de gente de confianza, consulta con su abogado constantemente y se mantiene atento a lo que pasa en el amplio territorio de Aquila, a la espera de poder reactivarse y continuar la lucha de manera pacífica.

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Otra mina se derrumba en Coahuila; rescatistas buscan a dos trabajadores sepultados

jueves, octubre 19th, 2017

Personal técnico junto a cuadrillas de rescate se encuentran trabajando desde la hora del suceso para remover el material desprendido y ubicar al operador Gerardo Javier Castillo, de 31 años de edad, y a su ayudante, Jorge Armando Palomo, de 30 años.

El desprendimiento instantáneo se produjo a las 14:58 horas en la Mina VII de la Unidad MIMOSA de Minera del Norte, en el municipio de Progreso, Coahuila. Foto: Vanguardia

Nadia Betancourt 

Coahuila/Ciudad de México, 19 de octubre (Vanguardia/SinEmbargo).- Un nuevo accidente minero se produjo ayer en la Región Carbonífera de la entidad: dos trabajadores quedaron sepultados tras un derrumbe en la Mina VII de la Unidad Mimosa de Minera del Norte.

La empresa, que forma parte del conglomerado de Altos Hornos de México, dio a conocer en dos comunicados de prensa que el accidente se reportó a las 14:58 horas.

Según la información oficial, en ese momento se produjo un desprendimiento de carbón justo cuando se hacía el cambio de turno. Dos trabajadores, Gerardo Castillo y Jorge Palomo, operador y ayudante, se adelantaron para revisar el frente del trabajo, otros cinco operarios caminaban hacia la salida metros atrás en el túnel.

Con el desplome se generó una fuerte corriente de aire que derribó a los trabajadores.

Los obreros Daniel Briones Guerrero y Mario Meza Lara tuvieron que ser conducidos a la Clínica del IMSS, el primero con pronóstico reservado y el segundo con lesiones menores. Foto: Vanguardia/Nadia Betancourt

Al momento del hecho, el operador y su ayudante revisaban el frente de trabajo, en tanto otros cinco trabajadores caminaban hacia la salida, metros atrás en el túnel.

Los últimos cinco lograron salir del lugar, mientras que de Castillo y Palomo no se supo más.

Hasta el cierre de esta edición, se mantenían los trabajos de rescate de estos dos operarios atrapados, sin que se hubiera tenido contacto con ellos.

AHMSA dio a conocer que se dispondrá de todos los recursos técnicos y materiales requeridos para culminar la tarea de rescate.

Los familiares de los dos trabajadores que se mantienen en la mina, se encuentran en las oficinas de este centro del trabajo.

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Minera canadiense pasa por alto a Profepa y reabre en Guanajuato área de desechos tóxicos, acusan

sábado, septiembre 9th, 2017

El vaso de contención de residuos de mineral se encuentra aguas arribas de la comunidad, lo que genera riesgos en caso de avenidas extraordinarias por lluvias.

Por estos hechos, ya se presentó una denuncia el 29 de septiembre del 2016, pero la retiró el delegado municipal, bajo el argumento de que se buscaría conciliar con directivos de la empresa canadiense, lo que habría sido un engaño pues se continuaron tirando desechos de la actividad minera.

Guanajuato/Ciudad de México 9 de septiembre (ZonaFranca/SinEmbargo).- La minera canadiense Endeavour Silver, está provocando daños al medio ambiente y a la comunidad de El Cubo, al reactivar una presa de desechos que estaba en desuso.

Esto a pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya había determinado con antelación que se suspendiera su actividad. Se trata de un recinto de confinamiento de desechos denominados jales, que estaba cerrada desde hace 12 años.

El vaso de jales está ubicado en una cañada encima de la comunidad en mención y se teme que se llegue a desbordar.

Actualmente no se están depositando lodos en este lugar, pero los habitantes aseguraron que el túnel para desaguar puede colapsarse, pues fue construido para soportar determinada presión, lo que no se respetó al reactivar la presa.

La actividad de la minera Endeavour Silver es muy importante, lo que se refleja en la planta de beneficio de El Tajo, planta que se ubica en otra cañada que está ubicada muy cerca del pueblo, desde donde se trasladan los desperdicios del proceso de separación del mineral, a través de tuberías a las presas.

Para ello al dejar de depositar lodos en el estancamiento que está sobre el pueblo, se tuvo que abrir una nueva presa en una cañada contigua, que no pasa por el pueblo, por lo que el problema sería menor.

Sin embargo, igual habría daños, pues cuando hay vientos fuertes, el polvo del “jal” invade el pueblo.

Por estos hechos, ya se presentó una denuncia el 29 de septiembre del 2016, pero la retiró el delegado municipal, bajo el argumento de que se buscaría conciliar con directivos de la empresa canadiense, lo que habría sido un engaño pues se continuaron tirando desechos de la actividad minera.

La denuncia se interpuso a través de la asociación civil “Renacimiento del Mineral del Cubo Pueblo Mágico”, quien en febrero de este año ya presentó otra queja ante la Profepa.

AUTORIDADES OMISAS

Por todo lo ocurrido, la asociación Renacimiento del Mineral de El Cubo, presentó un escrito ante el vicepresidente de operaciones de la minera canadiense, pues no se ha cumplido con los trabajos para apoyar al poblado y mitigar los daños ambientales, por lo que se retiró de su cargo a la ingeniera Rosa María Morales Mercado, quien era la encargada de relaciones comunitarias de la minera.

Silva Velázquez, enfatizó que el que actualmente no se están depositando materiales peligrosos no es suficiente, pues además la Profepa no ha informado oficialmente cual fue su determinación en relación a la denuncia, sin especificar si la minera decidió reactivar el depósito de lodos con base en un permiso y si fue así cuál es su vigencia.

Miguel Ramírez, habitante de la comunidad de El Cubo, quien mostró la presa de lodos que ha provocado el malestar de los vecinos del mineral, señaló que además la gente está enojada, porque la empresa canadiense causa más daños que beneficios a la comunidad; es muy poca la gente del pueblo que trabaja ahí, afirmó.

“Dañan los caminos, arrojan tepetate al río, dañan los veneros, el polvo que se levanta cuando hay vientos causa problema de salud, lo más grave es lo de la presa de jales, si llega a colapsarse el túnel de desagua el problema sería muy grave, por eso se tiene que actuar”, señala Ramírez, quien durante muchos años trabajó en la mina de El Cubo.

Lo que es notorio es la intensa actividad que hay en la zona de la minera Endeavour Silver, incluso se están realizando exploraciones con taladros de diamante.

Además, es frecuente el paso de camiones de volteo por los caminos, de camionetas con el logotipo de Endeavour Silver, de camiones trasladando obreros.

Todo indica que la mina sigue siendo rica, riqueza que no se refleja en el viejo pueblo minero, la que terminará por agotarse, quedando la pobreza, los problemas, como es la presa de jales.

CRECEN PRESAS DE EN CATA Y LA LUZ

Cabe señalar que producto de la intensa actividad minera en el municipio de Guanajuato, la presa de jales propiedad de la minera Great Panther Silver, que está en la zona de Cata, prácticamente en la zona urbana, ha alcanzado cuando menos cuarenta mil metros cuadrados, y se pretende que se otorgue un permiso para seguir depositando material en ese lugar.

En la zona de la comunidad de La Luz, hay otra presa de jales que ha estado creciendo, esta propiedad de la minera Endeavour Silver, por la explotación que se hace de la mina Bolañitos.

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