La defensa del territorio y del medio ambiente puede ser una actividad por la cual asesinan y encarcelan en México. Los proyectos mineros se desarrollan en un contexto de inconformidad y destrucción del ecosistema en distintos territorios del país. El defensor ambiental Agustín Villanueva, narra su historia tras estar preso más de cuatro años por emprender una lucha por la defensa del territorio.
Por Heriberto Paredes
Ciudad de México, 17 de noviembre (RT/SinEmbargo).- Le avisaron a las 2 de la mañana que iban por ellos. Un fuerte operativo estaba preparado para detener al grupo. Por ello, tuvieron que salir huyendo y esconderse. Así lo cuenta Agustín Villanueva, un personaje central en la lucha contra la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium, en el municipio de Aquila, en Michoacán, que fue detenido por oponerse a una empresa minera.
Ese día, 14 de agosto de 2013, él y 45 hombres fueron detenidos tras un operativo de enormes proporciones, que contó con la participación no solo de la policía municipal de entonces, sino también del Ejército y la Marina, así como de policías ministeriales. El objetivo era desestructurar al grupo de autodefensas que se había levantado, pocos meses antes, contra el crimen organizado; en concreto, contra los Caballeros Templarios.
Pero esta situación es solo la punta del iceberg, ya que detrás de la detención del activista está la lucha contra la apertura de la mina de hierro, desde 2005 propiedad de la empresa de capital italo-argentino Ternium y, previamente, de la compañía HYLSA. El proyecto nunca fue aceptado por la comunidad de Aquila pero, a pesar de la oposición, comenzó sus actividades en 1971.
A raíz de la oposición a esta mina por la contaminación que ha generado en el río Aquila y sus afluentes, así como en las montañas circundantes, varios miembros de la comunidad indígena se han organizado para denunciar los efectos de la minería intensiva y para señalar que, además, la empresa no paga las regalías correspondientes a los comuneros que les han rentado los predios en donde están sus instalaciones.
Uno de los riesgos directos que tiene la población de la comunidad es que, mientras grandes camiones transportan el hierro extraído sin llevar una cobertura para protegerlo del viento, las mujeres embarazadas respiran este aire contaminado: «Aparte del daño ambiental, yo veo que cómo están viajando 145 tractocamiones cargados día y noche [de hierro sin cubrir]. Lo más fuerte es que, como las mujeres embarazadas van con su bebé en su vientre, la mujer está absorbiendo el plomo. Se trata de daños que están pendientes de corregir», denuncia el luchador medioambiental tras recuperar su libertad, luego de estar preso más de cuatro años.
Villanueva, de poco más de 40 años, es uno de los 13 hijos que procreó su familia, de la cual se reserva los nombres. De mirada penetrante y gestos tranquilos en sus palabras, él es miembro de «una familia muy pobre y muy grande», con muchos de sus hermanos y hermanas como migrantes en los EU. Sin embargo, el activista, de profesión ganadero, ha permanecido en su comunidad para luchar contra una empresa minera que parece querer todas las tierras para continuar la explotación mineral.
MÉXICO, UN INFIERNO PARA LUCHAR EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
Al igual que Agustín Villanueva, muchas personas han sido hostigadas por enarbolar luchas en defensa de los recursos naturales y la conservación del medioambiente, así como en contra el despojo de tierras, ríos y bosques de manos de empresas transnacionales. Algunas de ellas, además de recibir amenazas, han sido asesinadas. Sin embargo, no hay investigación alguna que haya logrado ejercer la justicia que se reclama.
Según el informe «Defensores de la tierra: Asesinatos globales de defensores/as de la tierra y el medio ambiente, 2016», elaborado por la organización Global Witness, a pesar de que en ese año se registraron 3 muertes relacionadas con luchas contra proyectos mineros, forestales o hidroeléctricos, la tendencia va en aumento y la actuación de las autoridades mexicanas no es eficaz, sino todo lo contrario: dificulta el esclarecimiento de los crímenes y no trabaja en la prevención.
Este año, según el citado informe, van 8 ecologistas asesinados y el panorama no es muy prometedor. Otro ejemplo de que luchar por los recursos naturales y la conservación del medio ambiente es peligroso, es el reciente caso de la detención de Carlos Olivares Valencia y Hugo Salas Frontana, el pasado 10 de octubre, en la ciudad de Morelia, capital del estado mexicano de Michoacán. Ambos participaban en una manifestación pacífica en contra de un proyecto que pretende construir un paso vehicular en una zona natural, que recarga los mantos acuíferos y que tiene varias fallas geológicas.
A pesar de la existencia del ‘Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas’, las quejas van en aumento: los botones de auxilio no funcionan o la actuación de las autoridades es lenta, señalan varios defensores del medioambiente. Además de que el Gobierno mexicano, en todos sus niveles, no garantiza la seguridad de los ecologistas, el crimen organizado se ha vuelto uno de los principales riesgos para estas luchas.
El caso de la minera Las Encinas es un ejemplo muy claro del vínculo entre los factores de riesgo para quien se opone a proyectos que impliquen el despojo de los recursos naturales. «Digamos que ellos, todo el tiempo que han estado aquí dividen a la comunidad. Siempre están pendientes de las políticas de los partidos. Cuando van a poner a sus presidentes municipales, siempre están ellos pendientes, para darle una parte [de dinero] a un partido y darle otra parte igual al otro partido; lógicamente, para ellos no perder», explica Villanueva.
Frente a la oposición a la minera, poder político y empresarial se aliaron para continuar con la explotación. A partir de 2009, el cártel conocido como los Caballeros Templarios se instaló en la región y empezó a cobrar cuotas de manera exhaustiva y, al igual que extorsionaba a los comuneros, también empezó a hacer negocios de extracción de hierro con la empresa Ternium.
En la investigación ‘Violencias legales e ilegales mexicanas: política y crimen organizado. El Caso de la minería en la sierra-costa de Michocán’, la antropóloga mexicana Ana del Conde recopila varios testimonios que refieren la explotación de yacimientos de hierro de manera ilegal, a cargo de los Caballeros Templarios, pero que, al ser triturados y transportados, utilizaron las instalaciones y los vehículos de Ternium para llevar el mineral al puerto de Lázaro Cárdenas o al de Manzanillo.
LA MINERÍA, UN RIESGO LATENTE Y EN EXPANSIÓN
«La empresa quiere ampliarse, quiere unos «terreros», según les llaman ellos. Me dicen que los «terreros» son donde necesitan depositar [los] materiales que al momento de explotar no les sirven a ellos», explica Agustín. Además, con expresión de preocupación, cuenta que la empresa Ternium ya se llevó el mineral de dos lotes para explotarlo, sin contar con el permiso de la comunidad.
Según el luchador medioambiental, Ternium quiere un lote que está junto a otro terreno conocido como Cerro del Buey, que contiene hierro y, por ello, está en la mira para ser explotado. En la comunidad indígena de Aquila se ha luchado por defender estos lotes, «porque los señores [de la empresa minera] que ahí estaban trabajando, los querían vender a los malandros, fue por eso que yo me vi en la necesidad de arreglar eso», señala Villanueva.
Existe temor de que los proyectos mineros que se avecinan sobre la región, en específico los que han sido anunciados a partir de la creación de la Zona Económica Especial (ZEE) y que serán patrocinados por la empresa india Arcelor Mittel, no se lleven a cabo con el acuerdo de las comunidades indígenas, lo que podría desembocar en conflictos graves.
Ahora, ya en libertad, Villanueva señala que es necesario que el Gobierno mexicano en sus tres niveles «tome en cuenta a las comunidades» para «que no haya más sangre, que no haya más muertos». «Ojalá que el Gobierno tome en cuenta eso para vivir la fiesta en paz», añade.
Además, asegura que estas comunidades ―Santa María Ostula, Coire y Pómaro― son las que tienen la mayor cantidad de extensiones de tierra en la región sierra-costa (más de 300 kilómetros) y que, de manera natural, se van a oponer a los proyectos mineros, ya que «es una descendencia que viene cuidando sus recursos».
Frente a este panorama, el papel de Agustín Villanueva es clave: su trayectoria de lucha y de conocimiento de la región le ayudan a consolidarse como uno de los referentes para denunciar los abusos de las empresas mineras, el despojo de los recursos naturales y las posibles vinculaciones entre empresas, crimen organizado y partidos políticos.
Tras pasar más de cuatro años en prisión y haber sido acusado de delitos que no fueron comprobados, el luchador medioambiental no se descuida y se rodea de gente de confianza, consulta con su abogado constantemente y se mantiene atento a lo que pasa en el amplio territorio de Aquila, a la espera de poder reactivarse y continuar la lucha de manera pacífica.
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