El comunicado de los jueces de distrito y magistrados llega luego de que esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gente caracterizada por la honestidad”.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) aseguró que las acusaciones de corrupción generalizada en los juzgadores atentan contra la independencia judicial.
El comunicado de los juzgadores llega luego de que esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gente caracterizada por la honestidad, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones o son representantes de grupos de intereses creados, desprecian al pueblo”.
“Las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tenemos el único compromiso de salvaguardar la constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El Estado de derecho, sobre todas las cosas, es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía puede ejercer sus libertades”, dijo el Magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED, en un comunicado.
Las y los Juzgadores Federales no aceptamos calificativos generalizados injustificados, el compromiso de nuestra función es con la Constitución y las y los mexicanos, en pro del Estado Democrático de Derecho. 💯♾🇲🇽 pic.twitter.com/lB89H2h66f
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) August 30, 2022
“La división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra carta magna, por ello consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”, agregó.
La JUFED, conformada por más de mil 600 jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el país, detalló que tiene su propio Código Ético de Conducta y sus integrantes están sujetos a los controles disciplinarios del Consejo de la Judicatura Federal.
“Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad, constituimos aproximadamente 1600 titulares, en su gran mayoría producto de la educación pública; nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición; nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno”, señaló el Magistrado Froylán Muñoz.
“El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”, destaca el comunicado.
Rosario Robles congratuló al Presidente por tomar “cartas en el asunto con relación a las mujeres que llevan más de dos años en prisión preventiva sin la debida revisión de su medida cautelar”; el mandatario aseguró que ha emitido un decreto de amnistía pero este no ha procedido.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, celebró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera atender los casos de mujeres presas en espera de los jueces dicten sus sentencias.
“Me alegra mucho que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya tomado cartas en el asunto con relación a las mujeres que llevan más de dos años en prisión preventiva sin la debida revisión de su medida cautelar, y que como yo, muchas son inocentes”, escribió en su cuenta de Twitter.
Asimismo, agradeció la atención que ha recibido por parte de medios de comunicación que han intentado acercarse a ella para hablar con ella después de que saliera este viernes del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México (CdMx).
Me alegra mucho que el Pdte. @lopezobrador_ haya tomado cartas en el asunto con relación a las mujeres que llevan más de dos años en prisión preventiva sin la debida revisión de su medida cautelar, y que como yo, muchas son inocentes.
El Presidente López Obrador habló sobre el caso de Rosario Robles durante la conferencia matutina de este lunes, destacando que a pesar de que ella salió de la prisión, eso no significa que sea inocente de los cargos que se le imputan.
Ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el Juez concedió que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre, pero tiene que haber sentencia y ya pasaron tres años”, declaró.
Sin embargo, también reconoció que los jueces del Poder Judicial retrasan mucho los procesos de dictaminación de sentencias, provocando que las personas que estén encerradas en prisiones del país, tengan que esperar muchos años en espera de que procedan sus respectivos casos.
Ante tal situación, el mandatario agregó que pretende comisionar a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el trabajo de atender los casos de detenidos que han esperado mucho tiempo para que se les dicte su sentencia.
“Estoy proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupe de este asunto porque hay mucha gente en prisión que lleva años sin sentencia: enfermos, ancianos, indígenas, que nunca han tenido abogados que los defiendan y ya emití, pues, un decreto de amnistía, pero no avanza”, comentó.
La Fiscalía General de la República (FGR) concedió a Rosario Robles la petición que ésta le hizo el 17 de agosto para seguir desde su casa el proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión por el caso de la “Estafa Maestra” y la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero le pidió al Juez el cambio de medidas cautelares y que ya no siga en prisión preventiva, “en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”.
La propia FGR así lo reconoció durante la noche del viernes pasado: “Esta Institución valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada”.
El Juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos sostuvo que Robles, desde que ingresó al penal de Santa Martha, el 13 de agosto de 2019, debía seguir presa por el alto riesgo de fugarse, pero, dos días después de que la FGR se lo pidió, concedió la libertad de la exsecretaria de Estado de Peña Nieto y ahora sólo deberá ir al juzgado a firmar cada semana.
Rosario Robles salió este viernes del Penal de Santa Martha Acatitla. Foto: Tomada de video
Ante las versiones en el sentido de que Robles Berlanga cooperó con la FGR para implicar a altos funcionarios, como el exsecretario Luis Videgaray y Peña Nieto, uno de sus abogados, que pidió no ser identificado, rechazó esa posibilidad. “Si fuera así, se habría apolillado un criterio de oportunidad que nunca cuajó”, subrayó el litigante.
Pero la FGR no sólo concedió a Robles Berlanga la solicitud para irse a su casa por razones de edad y enfermedad, lo que no supone su inocencia, sino que tampoco ejecutó contra la exfuncionaria la orden de aprehensión que obtuvo por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que también le imputa.
Robles salió el pasado 19 de agosto del penal de Santa Martha Acatitla después de estar encerrada por tres años tras ser investigada por enriquecimiento ilícito a través de la “Estafa Maestra”.
Desde Palacio Nacional, el Almirante Rafael Ojeda se quejó por la actuación de los jueces del Poder Judicial en los procesos que se siguen contra los narcotraficantes detenidos o los decomisos de drogas que se realizan.
Ciudad de México, 21 may (EFE).– La organización internacional Human Rights Watch (HRW) condenó este viernes que el Secretario de Marina de México, José Rafael Ojeda, considere como “enemigo” al Poder Judicial porque hay jueces que impiden concretar detenciones.
“Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de Derecho en la Presidencia de AMLO (Andrés Manuel López Obrador). Muy peligroso”, advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en sus redes sociales.
Vivanco calificó de “indignantes” las declaraciones del Almirante Ojeda, quien se quejó en la rueda de prensa matutina del Presidente del actuar de los jueces en la captura de capos del narcotráfico y de decomisos de droga.
“Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”, declaró el titular de la Secretaría de Marina (Semar).
El comandante de la Marina de México dice, en una rueda de prensa junto con el Pdte. López Obrador, que sus “enemigos” están en el poder judicial.
Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de derecho en la presidencia de AMLO.
El Almirante lamentó que “no tienen muchas ayudas de jueces y ministerios públicos” al momento de capturar o decomisar, al responder a una pregunta de un reportero sobre un aseguramiento de metanfetaminas en Guaymas, Sonora, en el noroeste del país, que iba hacia Barcelona, España.
“Debemos ir cerrando el círculo, incluso también estamos trabajando en una nueva reforma para, dentro de los decomisos que se hagan, poder meter más sustancias que son precursores químicos que van a dar a la producción de metanfetaminas y el fentanilo”, argumentó.
En respuesta, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió un pronunciamiento ante la “necesidad de aclarar” que “no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente la Constitución”.
Mientras que, sin referirse de manera directa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, tuiteó que “la función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia”.
El creciente rol de las Fuerzas Armadas en la Justicia mexicana ha arreciado desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, en diciembre de 2018, con la creación de la Guardia Nacional y una reforma que les autoriza a participar en tareas de seguridad pública.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) advirtió esta semana que el gasto militar en México tuvo su nivel más alto en 2020, mientras que el de seguridad pública su punto más bajo en 12 años.
La función de las y los jueces federales es defender los #DDHH y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia.
El gasto militar representó más de 140 mil millones de pesos (siete mil millones de dólares), un crecimiento anual de 7.6 por ciento, mientras que la inversión en seguridad pública cayó 4.5 por ciento a cerca de 40 mil millones de pesos (dos mil millones de dólares).
Además, López Obrador ha pedido investigar a jueces al acusarlos de servir a “intereses privados”.
En la misma rueda de prensa, pidió que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) “conozca” que un Juez exoneró de un crimen a José Antonio Yépez, alias “El Marro”, uno de los capos más peligrosos del país, detenido desde el año pasado en el central estado de Guanajuato.
“Hoy en la mañana vimos que un Juez exonera a un jefe de una banda que está preso en Guanajuato, en el Altiplano”, lamentó.
En este contexto, Vivanco de HRW consideró que el “Estado de Derecho está bajo ataque en México”.
Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, 11 meses antes había denunciado a su exesposo por intento de homicidio.
Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Ernestina Godoy, anunció que la muerte de Abril Pérez Sagaón fue reclasificada como tentativa de feminicidio y no por lesiones, como se inició previamente en la carpeta de investigación.
A través de un videomensaje, la Fiscal detalló que un Tribunal Colegiado de Amparo en Materia Penal analizó la acusación de la Fiscalía y determinó que debe dictarse una nueva resolución, pero con perspectiva de género.
“Este proceso se resolvió a favor de la justicia, a favor de la causa de la señora Abril. Un Tribunal Colegiado de Amparo en Materia Penal analizó la acusación de la Fiscalía y determinó que se debe dictar una nueva resolución, pero con perspectiva de género como lo solicitamos desde el principio”, señaló Ernestina Godoy.
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Ernestina Godoy recordó que la Fiscalía recibió una denuncia en la que Abril señalaba que había sido víctima de agresiones extremadamente violentas por parte de su esposo y que en el momento, la acusación fue reclasificada por la autoridad judicial como violencia familiar y lesiones dolosas, por lo que esta decisión de los jueces “permitió que el probable agresor quedara en libertad al tratarse de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa”.
Asimismo, informó que los dos jueces y el Magistrado involucrados en el caso, fueron removidos de sus cargos. Además, detalló que en compañía de la familia, la Fiscalía ha presentado una serie de recursos buscando revocar la decisión de estos jueces para que el caso fuera reclasificado como tentativa de femicidio.
Además, la Fiscal manifestó que en los avances del caso, se ha logrado detener a los probables responsables de la ejecución material del feminicidio de Abril Pérez.
Por último, la titular de la FGJ-CdMx reiteró su compromiso en trabajar en la verdad y justicia para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia, sin importar el poder o influencia de los posibles implicados.
A principios de 2019, Abril Pérez Sagaón denunció por intento de homicidio a su esposo, identificado como el exCEO de Amazon México, Juan Carlos García. El acusado fue detenido y después liberado; abril fue asesinada 11 meses después.
El Ministro en retiro se defendió luego de que Andrés Manuel López Obrador lo acusara de haber votado en contra de proyectos que favorecían a grupos minoritarios y afectaban a grupos y personajes poderosos.
Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– El Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz dijo esta noche que los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra “son distractores” del problema de fondo que es la suspensión del Juez Juan Pablo Gómez Fierro a la llamada “Ley Eléctrica“, que se votó a favor en el Poder Legislativo la semana pasada.
Entrevistado en el programa Los Periodistas, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en la cadena La Octava, Cossío Díaz agregó que en el fondo también está la discusión álgida y compleja que se está dando sobre “de qué tamaño es la independencia judicial de nuestro país en este caso”.
El Ministro en retiro agregó que lo que está sucediendo es una maniobra de distracción del Presidente, “porque lo que se está discutiendo en el fondo es la condición jurídica de la suspensión, no la condición del Juez. Eso es a lo que me parece que debemos atender. Si la suspensión está bien o mal otorgada, ese es un recurso jurisdiccional que está abierto, y de esos se presentan miles (…) si el Juez se comportó mal, eso es una discusión que se tiene que llevar en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)”, expuso.
El Presidente exhibió esta mañana al Ministro en retiro como ejemplo de lo que considera los excesos que los jueces cometen en México, pues votó en contra de los intereses de los más débiles para favorecer a un puñado de privilegiados.
José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retiro fue vinculado por AMLO con Claudio X. González Guajardo. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro
En su conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo Federal enlistó algunos de los casos más polémicos del juzgador durante su paso como Magistrado del Tribunal más alto del país, que fue del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2018. Cossío fue nominado por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada y ratificado por el Senado de la República, que hace ya casi 23 años tenía una mayoría panista y priista.
Cossío Díaz agregó que el Presidente López Obrador se equivoca cuando dice que no favoreció a grupos minoritarios, pues durante su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó decisiones en pro de los derechos de las personas más desfavorecidas, como indígenas de la comunidad LBGT.
“La impresión que tengo con toda franqueza, con todo respeto, es que sobre los casos se hace una interpretación y es meramente especulativo”, dijo.
–Entonces, ¿al documento que presentó el Presidente y la Consejería Jurídica se hizo con dolo?, le preguntó Alejandro Páez.
–El asunto es este: un asunto como el de la Guardería ABC no surgió de la nada, tuvo muchas discusiones previas, y de lo más importante era el de la subrogación. Creo que el Presidente sólo tomó en cuenta mi voto, explicó Cossío Díaz.
– Y en el caso de Texcoco y San Salvador Atenco, ¿qué pasó?, ¿por qué entonces no se responsabilizó al entonces Gobernador Enrique Peña Nieto?, le insistió Páez.
–No todos los asuntos tienen que terminar en los secretarios de Estado. Por ejemplo, unos soldados matan unas personas, ¿el responsable es López Obrador?, ¿el responsable es el General Sandoval?, cuestionó el Ministro en retiro.
Cossío Díaz indicó que la discusión sobre el Caso Atenco, el cual ya llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era determinar hasta dónde llegan las responsabilidades, basados en manuales de actuación.
“Lo que en realidad pasó -expuso- es que algunos mandos llevaron a unas mujeres a un camión y actuaron con violencia, y fue un hecho cometido por funcionarios que estaban en campo”, agregó.
–No es la primera vez que el Presidente lo asocia con Claudio X. González, el articulador de la coalición del PRIAN. ¿Cuál es su asociación con él?, le preguntó Delgado Gómez.
“Él es casi de mi generación”, dijo el Magistrado. “Lo conozco de algunos casos en la Suprema Corte, pero no somos amigos ni nada. Nunca hemos tenido una relación estrecha”, aseguró.
–Dice usted que no es amigo “entrañable”, ¿pero es su amigo? –insistió Delgado.
– No, lo conozco de algunos trámites que hizo desde Mexicanos contra la Corrupción y La Impunidad, ya en el sexenio del Presidente Peña Nieto, y que trataban del juicio de amparo, respondió Cossío Díaz.
La familia de Abril procederá legalmente contra los jueces que llevaron el caso ayudados de la asesoría legal de la firma de abogados de integrantes de Movimiento Ciudadano.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Familiares de Abril Pérez Sagaón, la mujer asesinada a balazos en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, señalaron que procederán legalmente contra los jueces que llevaron el caso.
Lo anterior se dio debido a que los jueces reclasificaran a lesiones y violencia familiar a pesar de su denuncia de intento de feminicidio por parte de su exesposo Juan Carlos García, ex director de Amazon.
Javier Pérez Sagaón, hermano de Abril, informó que las acciones legales la realizará la firma Basave-Colosio-Sánchez Abogados, de integrantes de Movimiento Ciudadano (MC).
Por su parte, el diputado Samuel García por Movimiento Ciudadano comentó que la actuación de los jueces en el caso de Abril podría llevarlos a la cárcel.
Asimismo, declaró que la próxima semana presentará las denuncias en la Fiscalía General de la República y la de la Ciudad de México por delitos derivados de la obstrucción de la justicia y mala administración de la justicia.
Además, pedirán al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, la destitución de los jueces.
ASESINATO DE ABRIL PÉREZ SAGAÓN
A principios de 2019, Abril Pérez Sagaón denunció por intento de homicidio a su esposo, identificado como el ex CEO de Amazon México Juan Carlos García. El señalado fue detenido y después liberado.
El 27 de noviembre, Abril fue atacada a balazos en la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. Equipos de emergencia intentaron ayudar a Abril Pérez, la trasladaron a un hospital en la capital mexicana, pero ya no pudieron hacer nada.
El ataque ocurrió frente a los hijos de la mujer, de acuerdo a lo que consignaron diarios nacionales.
Los jueces Primero y Segundo de Distrito negaron admitir a trámite 10 amparos interpuestos en contra de la nueva resolución de la Comisión Reguladora de Energía.
“(Admitirlos) provocaría que el servicio público de transmisión se tenga prestar en términos menos eficientes, que es uno de los objetivos de los costos impugnados, con las consecuencias lesivas que ello implicaría para la industria y el mercado eléctrico mayorista”.
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- Las nuevas tarifas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el 10 de junio para las centrales de generación de energía renovables o cogeneración eficiente siguen vigentes. Dos jueces federales negaron admitir a trámite los amparos interpuestos por empresas privadas que se inconformaron con la decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de aumentar hasta casi 800 por ciento la tarifa.
La CFE aprobó un incrementó del 400 a 775 por ciento en la tarifa para la transmisión de energías renovables producidas por plantas privadas construidas antes de la “reforma energética”. El acuerdo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sin precisar la fecha en la que entrará en vigor.
Este jueves se dio a conocer que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, negó cinco suspensiones provisionales en esta materia en las últimas 48 horas. La resolución se basó en que los aumentos aprobados por la CRE buscan cumplir con objetivos regulatorios que, en caso de no detener los amparos, podrían verse perjudicados.
“Aun cuando la ejecución de los actos reclamados pudiera generar un impacto patrimonial a la parte quejosa, debe advertirse que esta afectación podría ser reparada con la concesión del amparo, mientras que la lesión que sufriría la sociedad con la paralización de la regulación determinada y publicada mediante los actos cuestionados no podría repararse ni siquiera con el otorgamiento de una garantía, ya que ello provocaría que el servicio público de transmisión se tenga prestar en términos menos eficientes, que es uno de los objetivos de los costos impugnados, con las consecuencias lesivas que ello implicaría para la industria y el mercado eléctrico mayorista”, puntualizó el árbitro federal.
Por otro lado, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Paeza, rechazó cinco amparos durante la semana, atribuyendo la falta de relevancia de los mismos.
Central LFGE Tijuana, Central LFGE García, cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque, Cogeneración de Altamira y Eólica Huimilpan fueron las empresas que tramitaron los amparos que el juzgador negó.
El 29 de mayo el Juez Gómez Fierro concedió la suspensión temporal del Acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional promovido por la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, ante el amaro emitido por Greenpece. La suspensión dejó sin efectos el Acuerdo emitido el pasado 15 de mayo, mediante el cual se pretende frenar las inversiones de energías limpias y obtener el control total del Sistema Eléctrico Nacional.
El Juez Rodrigo de la Peza otorgó, el pasado 25 de mayo, siete suspensiones definitivas a igual número de empresas que frenan el acuerdo del Gobierno mexicano que impide la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables.
SCJN ADMITE AMPARO DE COFECE
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió, indefinidamente, la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional el 29 de junio. El Ministro Luis María Aguilar admitió a trámite el recurso de controversia constitucional promovido el 22 de junio por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La Secretaría de Energía (Sener) publicó el nuevo acuerdo en materia energética en el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Un mes y siete días después de la publicación, y en medio de críticas de las cúpulas empresariales nacionales y extranjeras, la Cofece anunció la impugnación porque la modificación de las normas del sector violentan su mandato constitucional e invaden la esfera de competencia.
“Procede conceder la medida cautelar para el efecto de que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo de 2020, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”, determinó el Ministro Aguilar.
A partir de la determinación del lunes la Suprema Corte determinó que no se afectan la seguridad y economía nacionales, que ha sido el argumento de la Secretaria Rocío Nahle y del Presidente Andrés Manuel López Obrador para sostener la modificación del acuerdo energético.
Tampoco se afecta a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano porque la suspensión sólo determina que se ejecuten las disposiciones previas a la modificación del SEN.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también condenó el asesinato de Villegas y, luego de calificarlo como un acto atroz que debe ser castigado, expresó que se avanzará en las investigaciones.
Por Luis Carlos Sáinz
Tijuana, Baja California (Zeta).- La ejecución de un juez federal del ámbito penal en el Estado de Colima caló hondo en el ánimo de la comunidad jurídica y de la sociedad mexicana, que se siente inerme e impotente ante la escalada de violencia en el país, mientras las autoridades ejecutivas justifican su pobre actuación ante el fenómeno con estadísticas delictivas comparativas con meses anteriores y presumen la disminución de uno o dos homicidios.
El hecho de que la inseguridad y la violencia hayan alcanzado al Poder Judicial de la Federación no es un asunto menor, sino un grave atentado contra la actividad jurisdiccional, que lesiona y daña de forma directa a los impartidores de justicia e indirectamente a los usuarios de la misma, estimó el maestro en Derecho penal Jorge Huerta Partida.
La mañana del martes 16 de junio, sujetos armados llegaron hasta el domicilio de Uriel Villegas Ortiz, Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, asesinándolo a balazos junto con su esposa Verónica Barajas.
Mudos testigos del doble crimen fueron sus hijas de 3 y 7 años de edad, y la empleada del hogar. Los sicarios huyeron con toda impunidad. En el lugar quedaron los indicios producidos por más de veinte disparos.
Los homicidios ocurrieron justo cuando se realizaba la sesión virtual del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en cuanto tuvo noticia del hecho, su presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se lamentó y exigió el esclarecimiento del cobarde crimen:
“Quiero expresar mi más enérgico rechazo a la violencia y lamentar este hecho que nos duele a todos el Poder Judicial de la Federación y a todas y a todos los mexicanos. Pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias, y que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes”.
El presidente del máximo órgano de justicia del país aseguró que se revisará la situación de todos los jueces para fortalecer las medidas de seguridad, pero es obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, especialmente de aquellos que arriesgan su vida para proteger los derechos de todos.
Zaldívar condenó el hecho. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.
Y es que, de manera muy similar a la mayoría de los juzgadores federales, Villegas Ortiz conoció de asuntos delicados de la delincuencia organizada. Desde febrero de 2002 fue comisionado en Colima como Juez de Control, pero estuvo en Jalisco desde 2017, donde primero fungió como Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, y desde 2018 como Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Como Juez de Procesos llevó la causa penal de Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera “El Mencho”, de quien solicitó su traslado del Centro Federal de Reinserción Social Número 13 de Oaxaca, al penal de máxima seguridad de Puente Grande durante 2017. Aunque ya no terminó de juzgarlo porque le cambiaron de adscripción.
Como Juez de Amparo conoció del juicio de garantías de Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40”, jefe de Los Zetas, quien en 2018 pidió protección de la justicia contra la orden de aprehensión por la matanza de San Fernando, Tamaulipas que ocurrió en 2010. Para que los deudos de las víctimas estuviesen enterados del amparo y comparecieran como terceros interesados, el juez Villegas Ortiz buscó su emplazamiento, pero como se trataba de personas centroamericanas, el tiempo transcurrió y en diciembre de 2019 declaró la incompetencia para que sea un juzgador de Tamaulipas el que conozca del caso.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también condenó el asesinato de Villegas y, luego de calificarlo como un acto atroz que debe ser castigado, expresó que se avanzará en las investigaciones. “Como Poder Ejecutivo no tenemos a nuestro cargo las investigaciones, las tiene la Fiscalía General de la República, desde luego la participación del Poder Judicial va a ser determinante también en este proceso, pero nosotros, por supuesto, desde el Poder Ejecutivo estamos acompañando muy interesados”, expuso.
Como secretaria de Gobernación y ministra en retiro tras 25 años en el Poder Judicial, condeno enérgicamente el doble homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, ocurrido hoy en Colima. Me uno al llamado para esclarecer este lamentable hecho.
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 16, 2020
Así como Uriel Villegas Ortiz, existen decenas de mujeres y hombres investidos de jueces de magistrados que se encargan de impartir justicia en casos de delincuencia organizada y se encuentran bajo riesgo, desprotegidos y abandonados tanto por el Poder Judicial, como por el Poder Ejecutivo que en el actual sexenio ha escatimado en proteger a funcionarios relevantes y les ha retirado la seguridad que en otros tiempos les fue asignada, comentó a ZETA el jurista Jorge Huerta Partida, penalista y asesor mediático en Jalisco.
“Estos lamentables hechos se realizan con el fin de amedrentar a la autoridad y de influir en relación a las sentencias. El Consejo de la Judicatura Federal necesita tomar medidas para brindar a jueces, magistrados y al personal una verdadera protección, porque así ¿qué es lo que van a hacer? Pues que no van a querer conocer de los asuntos y van a buscar maneras jurídicas para excusarse de asuntos de delincuencia organizada. Esa es la realidad”, expresó el maestro en Derecho.
“El hecho de querer influir en el sentido de los fallos por parte de la delincuencia es un grave atentado en contra de la actividad jurisdiccional, y por ello considero que debe hacerse una minuciosa revisión de los protocolos mediante los cuales se resguarda la integridad de los titulares de los tribunales. No son hechos aislados, se puede constatar que en meses anteriores, el año pasado, en años anteriores, se han registrado asesinatos en contra de jueces de Distrito, de secretarios, tuvimos un atentado y homicidio de un secretario particular de la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco, el año pasado”, planteó.
Asimismo, urgió a implementar un sistema especial contra la delincuencia organizada con la figura de jueces sin rostro, a lo que antes se oponía. “Nunca me agradó la idea, pero ahora, ante este tipo de eventos, debemos tener presente los que estudiamos el Derecho, que la creación y reformas de las leyes están sujetas a múltiples factores y deben adecuarse conforme al momento en que estamos viviendo. Si no se adecuan, quedan obsoletas”, afirmó.
“Ante esta grave manifestación de la delincuencia organizada, de quererse apoderar del Poder Judicial de la Federación, para que sean beneficiados con los fallos que se emitan en los procedimientos, yo estaría de acuerdo en que se aplique un sistema de justicia en el que existan jueces sin rostro. Ya basta de que se protejan solo los derechos de los delincuentes y se rezaguen los derechos de las víctimas, y los derechos de los servidores públicos sean invisibles en el caso de la impartición de la justicia”, argumentó el especialista.
“De ser necesario, para garantizar el Estado de Derecho, que exista la figura de los jueces sin rostro para que no haya una infiltración de la delincuencia en la actividad jurisdiccional, yo estaría de acuerdo. Habría una certeza jurídica en el sentido de que son personas que fueron nombradas por el poder público, que tienen plena capacidad de operación, que emiten sus fallos con la debida fundamentación y motivación que establece la Constitución. No le veo el problema si se tuviera que omitir el nombre del titular del tribunal que emitió dicha resolución”, abundó.
Esta innovación en el Derecho penal mexicano se justificaría si es para resguardar la integridad de los impartidores de justicia, sobre todo de sus familias, “porque ya no hay un respeto de la delincuencia, no nada más hacia la autoridad, sino hacia sus esposas, esposos, hacia sus hijos, por lo que debería discutirse esta posibilidad. Caray, dejaron huérfanas a dos pequeñitas, ¿tú crees que vaya a haber justicia para esas niñas? ¿Hasta dónde podemos llegar en el ámbito penal? A que se detenga a los autores materiales. A que se capture a los intelectuales. Que les condenen a la pena máxima. Que cubran la reparación del daño por más de medio millón de pesos. Que se paguen los gastos funerarios. Que se liquide el seguro de vida del juez. No, señoras y señores, esto jamás será justicia para las dos pequeñitas que presenciaron cómo segaron la vida de sus padres”, concluyó el maestro Jorge Huerta Partida.
Jueces y elementos de seguridad serán capacitados a través del Instituto de la Mujer Guanajuatense para que sepan en qué situaciones intervenir y aplicar los castigos para el acoso callejero.
Por Tere Segura
Guanajuato, 30 de noviembre (Zona Franca).– En Guanajuato capital, antes de que concluya el año entrará en vigor la reforma que buscan castigar el acoso callejero con multas y un arresto que podría llegar hasta las 36 horas, para quien acose sexualmente a una mujer en la vía pública.
Así lo informó la regidora del Partido Revolucionario Instituciones (PRI), María Esther Garza Moreno, quien impulsó la iniciativa con el fin de combatir la violencia contra las mujeres en el municipio.
En entrevista, señaló que las modificaciones al reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno subirán al Pleno del Ayuntamiento, en la próxima sesión que tentativamente podría realizarse el 14 de diciembre.
Las modificaciones al reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno subirán al Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que podría realizarse el 14 de diciembre. Imagen ilustrativa: Juan Zamora, Cuartoscuro
Dijo que los trabajos presentaron un retraso debido a que algunas asociaciones civiles hicieron algunas observaciones y el área Jurídica revisó el tema de cómo se iban a establecer las sanciones.
“Pero ya está, quería que saliera el Día Internacional Contra la Violencia de la Mujer, pero no lo regresaron a tiempo, y ya lo regresaron y me dice que se presenta con todo lo que tiene que llevar para la próxima sesión”.
Agregó que una vez que se vote se publicará en el Periódico Oficial, y para finales de año entraría en vigor las modificaciones al reglamento, “seríamos el primer municipio” en castigar el acoso callejero.
Garza Moreno comentó que los elementos de seguridad tendrán que recibir una capacitación para que sepan en qué situaciones intervenir y aplicar los castigos para el acoso callejero, pues no se puede confundir un piropo como: qué bonita te ves, con una agresión sexual.
“Luego los hombres dicen que por qué tanto con los hombres, pero es que a ellos no les agarran la nalga, y a las mujeres sí, en el camión los repegones es una realidad que se vive, no es porque uno quiera estar en esto pero cada vez es más, y sí tiene que haber una sanción para hombres y mujeres que hagan esto, porque también hay mujeres que lo hacen”.
Los jueces también serán capacitados a través del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), “para que esa línea no se traspase”.
El órgano señaló que, independientemente de la queja que presentará la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) ante el Consejo de la Judicatura Federal, ha iniciado una investigación en contra de los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- El Poder Judicial de la Ciudad de México ordenó la suspensión de los dos jueces de Control señalados como responsables de liberar a Juan Carlos García, identificado como el ex CEO de Amazon México y presunto responsable del feminicidio de su pareja Abril Pérez Sagaón, ocurrido el pasado lunes.
Fue en enero cuando inició el proceso contra García, quien había golpeado y tratado de apuñalar a Abril. El 25 de noviembre, 11 meses después, la mujer fue atacada a balazos en la Alcaldía Coyoacán.
En un comunicado, el órgano señaló que, independientemente de la queja que presentará la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) ante el Consejo de la Judicatura Federal, ha iniciado una investigación en torno a este caso.
Con el fin de no entorpecer las indagatorias, el Poder Judicial de la Ciudad de México decidió suspender a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio hasta que se concluya con las investigaciones.
El órgano capitalino también expresó su indignación por el feminicidio de Abril y reiteró su compromiso para actuar en contra de la violencia hacia las mujeres.
Previamente, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) anunció que investigará a los jueces en el caso de un presunto feminicida que, tras agredir a su esposa en enero, fue liberado y ahora es el principal sospechoso del asesinato de la mujer esta semana.
La víctima había presentado una denuncia por el delito de feminicidio en grado de tentativa, confirmó Ulises Lara, vocero de la Procuraduría General de Justicia de la urbe.
Un Juez procesó a su marido -un ejecutivo de alto nivel- y le fijó prisión preventiva, hasta que el 3 de noviembre un Magistrado reclasificó el delito “como violencia familiar y lesiones” y otro juez “ordenó la libertad del imputado”. La Fiscalía apeló la resolución con el argumento de que la vida de la víctima estaba en riesgo, pero el Juez sólo ordenó que el sospechoso no se acercara a su esposa ni a su hijo menor.
El lunes, justo cuando miles de mujeres conmemoraban el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Pérez Sagaón fue asesinada y la familia no dudó el denunciar el homicidio y mostrar su indignación por todos los medios posibles.
Se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura por la actuación de los tres jueces, indicó Lara, y se hará una investigación al respecto con el fin de “proporcionar justicia a las víctimas indirectas tras el feminicidio ocurrido el pasado lunes”.
Las autoridades buscan al marido, al que consideran el principal sospechoso del asesinato. La Jefa de Gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, calificó lo sucedido de “indignante”.
EL FEMINICIDIO DE ABRIL
A principios de 2019, Abril Pérez Sagaón denunció por intento de homicidio a su esposo, identificado como el ex CEO de Amazon México Juan Carlos García. El señalado fue detenido y después liberado. A Abril la asesinaron hace unos días en la Ciudad de México.
Abril Pérez Sagan tenía tres hijos. El ataque ocurrió frente ellos, de acuerdo a lo que consignaron diarios nacionales.
“Ella tuvo una actitud de perdón hacia el desgraciado y dejó en manos de Dios y de la justicia de los hombres confiando en que podría rehacer su vida, tenía un nuevo trabajo y quería ayudar a víctimas de violencia como ella”, señaló en redes una mujer que conocía a la víctima.
Abril denunció a su marido en enero tras haber sido golpeada con un bate mientras dormía, explicó su hermano Javier en declaraciones a Aristegui Noticias. Gracias a su hijo y sus vecinos, la mujer pudo escapar.
“Teníamos conocimiento del caso porque yo lo atendí cuando estábamos en la Policía de Investigación, se logró la detención del ex marido y se cumplimiento una orden de aprehensión y un juez lo puso en libertad”, dijo Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México.
Sin embargo, aunque al esposo se le decretó prisión preventiva por la agresión, fue liberado posteriormente y el lunes Pérez Sagaón fue asesinada de dos balazos frente a sus hijos mientras circulaba por una avenida del sur de la capital.
La víctima había presentado una denuncia por el delito de feminicidio en grado de tentativa, confirmó Ulises Lara, vocero de la Procuraduría General de Justicia de la urbe.
Un Juez procesó a su marido -un ejecutivo de alto nivel- y le fijó prisión preventiva, hasta que el 3 de noviembre un Magistrado reclasificó el delito “como violencia familiar y lesiones” y otro juez “ordenó la libertad del imputado”. La Fiscalía apeló la resolución con el argumento de que la vida de la víctima estaba en riesgo, pero el Juez sólo ordenó que el sospechoso no se acercara a su esposa ni a su hijo menor.
El lunes, justo cuando miles de mujeres conmemoraban el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Pérez Sagaón fue asesinada y la familia no dudó el denunciar el homicidio y mostrar su indignación por todos los medios posibles.
Javier Pérez Sagaón explicó a la prensa el lunes por la noche que su hermana había sido víctima de acoso, seguimientos y celos enfermizos desde hace años por parte de su marido, pero decidió mantenerse junto a él por sus fuertes convicciones católicas.
En su intervención, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseveró que no es posible que los jueces se mantengan ajenos y estáticos ante los cambios sociales que requiere el país, especialmente en una nación donde los juzgadores parecen ser ajenos a la realidad de los ciudadanos.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Arturo Zaldívar, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que en la actualidad los jueces mexicanos carecen de la legitimidad que deberían tener, además de que enfatizó que el Poder Judicial debe estar abierto al debate y a las críticas.
Durante su participación en la inauguración del décimo primer Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Ministro enfatizó que el derecho no debe ser un obstáculo para el cambio social, sino que debe ser la base para un mundo mejor.
En su intervención, Zaldívar aseveró que no es posible que los jueces se mantengan ajenos y estáticos ante los cambios sociales que requiere el país, especialmente en una nación donde los juzgadores parecen ser ajenos a la realidad de los ciudadanos.
“En un país donde la gente nos observa a los jueces alejados, ajenos al dolor de los ciudadanos, ajenos a los cambios sociales que requiere nuestro país, me parece que los jueces no podemos quedarnos estáticos y no podemos quedarnos encerrados y me parece que los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie”, insistió.
“No renuncien a sus sueños, no dejen que nadie les diga que no se puede”. El Ministro @ArturoZaldivarL invitó a las y los jóvenes a tomar riesgos, ser juristas motor del cambio y no perder de vista el dolor de los seres humanos para hacer de México un país con justicia y paz. pic.twitter.com/BAlVN75AVa
Además, el Ministro presidente de la SCJN recalcó correr riesgos es la única forma en la que se puede lograr un cambio verdadero que ayude a modernizar al Poder Judicial.
“Por eso estamos corriendo riesgos a pesar de las críticas, los estamos corriendo al combatir la corrupción y el nepotismo, los estamos corriendo al apostar por la paridad de género en concursos exclusivos para juezas y magistradas, los estamos corriendo al cambiar la forma en que se educa a nuestros jueces y magistrados, los estamos corriendo al hacer más rígidos los requisitos para ratificar, y lo seguiremos haciendo, porque la única forma de hacer diferencia en este mundo es corriendo riesgos”, aseguró.
Gracias a todas y a todos. Un enorme gusto haberme reunido con ustedes. Corran riesgos y nunca renuncien a soñar con un país mejor, más justo, más igualitario, con desarrollo social y paz. Conecten siempre con el sufrimiento de la gente. Sean motor de cambio social. pic.twitter.com/mNJBuoh8aP
Arturo Zaldívar también insistió en que es necesario cambiar y modernizar la forma en la que los jueces se comunican con la ciudadanía, por lo que rechazó la idea de que los juzgadores únicamente deben hablar a través de sus sentencias
“Se dice que los jueces debemos hablar solamente a través de nuestras sentencias, y esto me parece que era válido en el siglo pasado […] pero en un país como México, en una coyuntura en la que vivimos, en un país en el cual los jueces no tenemos la legitimidad que deberíamos de tener […] tenemos acercarnos a la sociedad y tenemos que hacerlo con los medios modernos que la tecnología da”, señaló.
En su discurso, el Ministro Zaldívar recordó que una de sus obligaciones como titular del Consejo de la judicatura Federal consiste en informar y explicar a los ciudadanos acerca de las acciones emprendidas por la Corte.
“El Presidente de la Corte es también Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y en tal carácter no tiene una función jurisdiccional, tiene una función político administrativa, en la cual como cualquier titular de un Poder, de una dependencia, de una entidad del Estado, no solo tiene la atribución, sino la obligación de explicarle a la sociedad lo que se está haciendo, de expresarle a la sociedad que hemos acusado recibo de sus criticas, que hemos acusado recibo de su insatisfacción y que estamos trabajando para mejorar esta situación”, apuntó.
Muchos jueces no pierden la oportunidad de resolver en contra de las acciones del Ejecutivo. Foto: Cuartoscuro
En México vamos rumbo a la transición; aunque nos alejamos del poder de los partidos que perciben el futuro del país a partir del desarrollo y consolidación de sus negocios, y que confían en una mano invisible y milagrosa para garantizarles que el desarrollo de las empresas se reflejará en la mejoría general de la población, también debemos recordar que nuestro Gobierno nació de una perversión republicana. Nuestra democracia se volcó hacia la oligarquía, deteriorando el Estado de derecho por su forma de hacer negocios, y finalmente tomó la forma de una cleptocracia, un Gobierno de ladrones.
La lucha contra los cleptócratas inició hace casi cien años, el primero de diciembre de 1920, cuando Álvaro Obregón tomó el mando de México; desde entonces se les ha combatido a brazo partido, intentando rescatar cada una de las áreas estructurales del Estado mexicano; en 1997 se rescató el Congreso de la Unión y, aunque en el 2000 vivimos la falsa ilusión de haber rescatado el Poder Ejecutivo, desde hace un año tenemos un presidente que no pertenece a esa sociedad de ladrones; pero cuando pensamos que ya podríamos empezar a construir otro modelo de Gobierno, ¡oh sorpresa! Aún quedaba un dinosaurio, el Poder Judicial.
En este país, de la corrupción sistémica no se escapaban ni los presidentes, ni los diputados o senadores, ni los jueces (y se los dice alguien que ha litigado durante 48 años, ¡sí hay corrupción en los tribunales!); y los corruptos no piensan entregar la plaza.
Los modelos de Gobierno planteados por los tres grandes socráticos señalaban como sus formas puras la democracia, la monarquía y la aristocracia, y como formas impuras o degradadas la demagogia, la tiranía y la oligarquía; con el transcurso de los siglos estas formas naturales de Gobierno han ido encaminándose rumbo a la democracia y la democracia, por su cuenta, rumbo a las diversas formas impuras que nos advirtieron los clásicos.
La transición de la democracia hacia las formas perversas de Gobierno, o desde estas formas degradadas de vuelta a una auténtica democracia, es la que se ha buscado, con mucha participación de los ciudadanos, desde el Siglo XIX, sin olvidar que las primeras repúblicas modernas se establecieron y consolidaron a partir de 1779, con Estados Unidos como pionero.
No fue un combate menor el desarrollado durante los 1800 por quienes buscaban sepultar para siempre la monarquía absoluta y sustituirla por el Estado de derecho, donde la Constitución y sus leyes derivadas representaban el verdadero poder que conduciría hacia el desarrollo generalizado de las naciones. Posteriormente, en la década de los 1900, las grandes movilizaciones ciudadanas fueron agrupadas en organizaciones, los partidos políticos, que representaban un común denominador de ideas y propuestas para el futuro de un país y cómo llegar con bien a él.
Aunque las ideas fundamentales del papel que deben jugar los partidos en la vida democrática de los países son sencillas y ahora indiscutidas, estos en ocasiones se han convertido en una simple pantalla para que las fuerzas reales de la sociedad ejerzan su poder de muy diferentes maneras, desde Hitler hasta Pepe Mujica; y cuando vemos cómo se ejerce el poder, y para quiénes se ejerce, encontramos que no estamos muy lejanos de las formas previas al establecimiento de la República, y es esta doble cara de la moneda lo que genera una gran incertidumbre en la población de cada país.
No sabemos a dónde vamos ni cómo vamos a llegar al futuro; es un lugar común decir “lo que me interesa es dejarles un mejor México a mis nietos”, pero ese lugar común representa la visión incierta de la ciudadanía, porque con tantos cambios y tantas interpretaciones que se hacen del poder y la democracia, es un milagro que la ciudadanía no se haya vuelto esquizofrénica.
La teoría estructural de la República moderna divide los poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y dentro del juego de poderes y quién los ejerce también participan estos cotos del Gobierno, que hacen más compleja la transición; atrás de los espectaculares de los partidos están los ministros, magistrados y jueces, que también forman parte del poder a transformar. Ya les dimos el primer golpe, pero ellos se resistieron a la disminución de sus salarios.
Muchos jueces no pierden la oportunidad de resolver en contra de las acciones del Ejecutivo, y se proponen enfrentarlo en sus propios tribunales; así lo hicieron en Brasil y salieron victoriosos. Ellos han descubierto que tienen en su poder la interpretación de la ley y la interpretan a su favor no sólo por intereses particulares, sino por intereses gremiales; al actuar así se abrogan la facultad no constitucional de decidir qué es lo mejor para México.
Así empieza a consolidarse una dictadura de jueces, con sus conexiones, intereses y sus nexos a la cleptocracia de los 100 años.
Entre 2012 y 2018, al menos 11 magistrados y jueces fueron destituidos por corrupción o irregularidades. En ese mismo periodo, otros fueron suspendidos (50), sancionados (13) o advertidos (58) de las consecuencias penales o administrativas de sus actos.
A estas determinaciones por parte de los órganos vigilantes y sancionadores del Poder Judicial (estatales y federal) se suman 62 casos en proceso de resolución, además de las investigaciones iniciadas este año en contra de 12 jueces y magistrados de Coahuila y Nayarit, por su presunta participación en una red de corrupción y fraude hipotecarios.
Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- El Poder Judicial sancionó a por lo menos 132 jueces y magistrados a nivel federal y local, entre 2012 y 2018. Esta cantidad equivale al 6.2 por ciento del total de funcionarios públicos con sanciones administrativas y penales “definitivas” (2 mil 139) durante el periodo, según cifras desconcentradas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Procuraduría General de la República (PGR).
De la cantidad de jueces y magistrados sancionados, 58 recibieron una advertencia, 50 fueron suspendidos (de manera temporal o definitiva), 13 recibieron una sanción (administrativa, penal, privada o económica) y 11 más fueron destituidos. Los 62 casos restantes de presunta corrupción, aunque están “fundados”, permanecen en proceso de resolución e incluyen probables “procedimientos disciplinarios de oficio”.
Los datos de la PGR también refieren que, de 2014 a 2016, hubo 526 denuncias en contra de funcionarios públicos, de las cuales, el 45 por ciento (236 casos) fue por “delitos cometidos”, 42 por ciento (220) por la comisión de “ejercicios indebidos” y 13 por ciento (70) por “coalición de servidores públicos”.
Asimismo, las cifras del Ministerio Público federal refieren que los delitos penales cometidos por funcionarios públicos fueron al alza en 24 por ciento real, entre 2013 y 2016 (al pasar de 3 mil 755 a 4 mil 575 casos). Sin embargo, a lo largo de casi todo el sexenio (2012-2017) del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el registro de delitos penales de funcionarios públicos tuvo un decremento real de 4.1 por ciento (al pasar de 3 mil 755 a 3 mil 601 casos).
A estas cifras habrían de añadirse aquellos funcionarios públicos y jueces y magistrados de Coahuila y Nayarit que, en la última semana, fueron vinculados a una red de corrupción y fraude hipotecarios, en detrimento de miles de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
La semana pasada, el Consejo de la Judicatura de Coahuila suspendió a seis jueces. Por su parte, la Fiscalía de Nayarit solicitó al Congreso local iniciar un proceso de desafuero a cuatro jueces y dos magistrados, para poder juzgarlos.
En ambos casos, los funcionarios del Infonavit fueron señalados de ejecutar, con irregularidades, la suspensión de créditos hipotecarios a los deudores (por falta o abandono de pagos) en al menos seis estados de la República Mexicana –Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas–, además de Coahuila y Nayarit.
Por su parte, los jueces y magistrados fueron acusados de realizar “juicios exprés” y “juicios falsos” para justificar la requisición de las propiedades morosas, de modo que los funcionarios del Infonavit pudieran rematar las propiedades al 34 ó 47 por ciento de su valor inicial (380 mil pesos). Hasta el momento, el monto del fraude no ha sido dado a conocer por las autoridades competentes.
Los casos de Coahuila y Nayarit abonan a una serie de controversias que se suscitaron en el Poder Judicial entre 2012 y 2018, con un acumulado mínimo de 246 jueces y magistrados que han sido objeto de investigación por diversas razones.
ABUSO Y PODER
Las acusaciones de corrupción y de presuntos lazos de jueces y magistrados con integrantes del crimen organizado han sido, por lo menos en los últimos nueve años, una mancha indeleble que demerita la confianza en el Poder Judicial de la Federación.
En noviembre pasado, el ex Procurador General de la República (por suplencia) Alberto Elías Beltrán, reconoció que en la actualidad la ciudadanía tiene un bajo nivel de confianza en las instituciones públicas, sobre todo en aquellas en materia de procuración de justicia.
Inclusive, el 11 de diciembre de este año, el coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, solicitó a la PGR un informe pormenorizado –a reserva de la información delicada o confidencial– de las investigaciones por actos de corrupción en contra de jueces y magistrados.
Con dicha medida –en el marco de una crisis de procuración de justicia y lucha contra la impunidad– los senadores pretenden dar mayor atención a la corrupción que “permea” en los órganos jurisdiccionales de nuestro país, ya que la falta de información disponible “limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano”, explicó Monreal.
Entre los casos más polémicos y recientes está, por ejemplo, la investigación de la Visitaduría General de la PGR (2018) a los funcionarios públicos –incluidos jueces y magistrados– que pudieron haber incurrido en la comisión de cohechos y delitos contra la administración de justicia, en el caso del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
La investigación inició con una denuncia interpuesta por la organización civil Tojil, por las presuntas acciones y omisiones de las autoridades que permitieron la reducción de la sentencia del ex Gobernador, acusado de sustraer y lavar más de 500 millones de pesos del erario público veracruzano.
Por falta de pruebas suficientes y la obtención de las mismas sin una autorización judicial previa, a principios de 2018, la PGR anunció que cambiaría la acusación en contra de Duarte por delincuencia organizada, a asociación delictuosa. La reconfiguración del delito implicó la posibilidad de una condena más corta (de cinco a 10 años, en lugar de 20 a 40) para Duarte, así como la posibilidad de cumplir su condena en libertad condicional.
Más allá de los errores procesales –como sucedió también en los casos de Elba Esther Gordillo, César Duarte Jáquez, Tomás Yárrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Roberto Borge Angulo, por mencionar algunos– y del caso de Javier Duarte, las imputaciones contra jueces y magistrados remiten a procesos que duraron casi todo el sexenio pasado.
Entre 2012 y 2016, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano se vio involucrado en una investigación y proceso de destitución en contra de 14 magistrados y jueces señalados de sostener vínculos con el crimen organizado, además de lucrar con el uso ilícito de su autoridad.
En mayo de 2012, Luna Altamirano fue suspendido de manera temporal. Entonces fue acusado de enriquecimiento ilícito (tenía ingresos no justificados superiores a 2.4 millones de pesos al año); aunque ya pesaban sobre él los estigmas de haber avalado la extradición (2008) del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo –acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de 1976–, la liberación (2008) de Iván Archivaldo Guzmán (“El Chapito”), la exoneración (2009) del ex Presidente Luis Echerverría Álvarez (del delito por la matanza del 2 de octubre de 1968), además del fallo (en 2012) a favor de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico” ligada al Cártel de los Beltrán Leyva.
En julio de 2007, el ex ministro Jesús Guadalupe Luna Altamirano presentó las 1 mil 725 fojas que integraron el expediente de juicio de amparo del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez. Foto: CJF.
A pesar de la suspensión de Altamirano en 2012, de los procedimientos disciplinarios (que enfrentó a partir de 2014) y de la orden de aprehensión en su contra en 2016, el otrora magistrado fue destituido hasta 2017 (sin haber pisado la cárcel).
Además de él, uno de los 14 funcionarios públicos investigados por la Comisión de Disciplina del CJF y por la PGR, fue el juez Efraín Cázares López.
De acuerdo con las quejas administrativas (659/2010 y 660/2010) y la denuncia (34/2011) en su contra, Cázares fue destituido en 2012 por dejar en libertad, ese mismo año, a varios alcaldes y funcionarios públicos que habían sido ligados al crimen organizado, durante “El Michoacanazo” del Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Cázares, también, fue señalado de convalidar (en 2010) la toma de protesta en la Cámara de Diputados de Julio César Godoy Toscano –quien permanece prófugo de la justicia– a pesar de sus vínculos con la delincuencia organizada.
OTROS CASOS
De 2012 a 2017, el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF) sancionó a 117 jueces y magistrados que incurrieron en irregularidades durante el ejercicio de sus funciones. Los casos incluyeron apercibimientos (o advertencias), amonestaciones, suspensiones hasta por 10 años consecutivos, así como la separación inapelable del cargo.
Un año después del escándalo de los 14 magistrados locales –de Baja California, Coahuila, Estado de México, Nuevo León y Veracruz–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició una investigación en contra de los ministros del Segundo Tribunal Unitario y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del estado de Jalisco, por avalar la liberación injustificada del ex líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.
El acto de “procedencia conforme a derecho” para beneficiar al capo mexicano –según lo determinó el máximo tribunal de México en agosto de 2013–, además de la liberación, interrumpió el proceso de sentencia de Caro Quintero por delitos de narcotráfico y el asesinato de un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
La ristra de señalamientos en contra de jueces y magistrados –que se desencadenó en el mismo periodo (2013-2016) en que los delitos penales cometidos por funcionarios públicos fueron al alza, según datos de la PGR– alcanzó un nuevo pico en 2014.
En noviembre de ese año, el CJF suspendió a un magistrado (de Guerrero), a un juez (de Baja California Sur) y a cinco secretarios (de los juzgados primero y tercero de distrito de Baja California) investigados por haber otorgado, “de manera indebida”, una serie de amparos para la importación de autos usados.
Este caso, que incluyó conflictos de interés y uso indebido de atribuciones, estuvo ligado a las indagatorias de los 14 magistrados y jueces suspendidos y destituidos, entre 2010 y 2017.
Meses más tarde, en septiembre de 2015, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) inició una investigación en contra de 30 jueces que habrían incurrido en actos de corrupción.
A los escándalos de 2012, 2013, 2014 y 2015, se sumarían las investigaciones de julio de 2016, cuando la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCM) evidenció la existencia de una “posible red de corrupción” al interior del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino.
Según la indagatoria FSP/T2/120/2016, tanto magistrados como secretarios del TSJ delinquieron por sustraer archivos de “alto impacto” en beneficio de sus “amigos” litigantes, algunos relacionados con los despachos legales Asociados Rodríguez Rodríguez y Reyes y Nava.
Al cierre de 2016, el CJF determinó que, de un total de 124 procedimientos administrativos de responsabilidad contra jueces, magistrados y servidores públicos adscritos al Poder Judicial de la Federación, 77 “fueron fundados” (44 resueltos por la Comisión de Disciplina y 33 enviados al Pleno ” para su probable aprobación”).
Hasta noviembre de este año, la PGR reconoció tener “investigaciones en contra de jueces y magistrados por actos de corrupción”, así como funcionarios “vinculados a temas de delincuencia organizada”, según lo aseverado por el subprocurador de Delitos Federales de la Procuraduría, Felipe Muñoz Vázquez.
Las investigaciones, dijo sin mayor detalle, están relacionadas con juzgadores federales que determinaron dejar en libertad a “importantes operadores” del narcotráfico, entre 2016 y 2018.
La polémica generada alrededor de los sueldos de los ministros, magistrados y jueces divide la opinión de expertos e investigadores. Julio Boltvinik Kalinka, investigador de El Colegio de México (Colmex) y uno de los expertos en pobreza más reconocidos en el país, dice que los sueldos de los integrantes del Poder Judicial sí deben revisarse, pero en base a un tope salarial consensuado entre los tres Poderes de la Unión; aunque, aclara, esa sola medida no ayudará a disminuir la pobreza en el país.
Para Ivonne Acuña Murillo, investigadora de la Universidad Iberoamericana, el llamado a los ministros que realizó Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, a decidir con base en la justicia y no al derecho, es lo correcto; mientras que para Salvador Mora Velázquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Jefe del Ejecutivo federal quiere imponer su criterio al Poder Judicial.
Ciudad de México,11 de diciembre (SinEmbargo).- La polémica generada a partir de los salarios de los ministros,magistrados y jueces del Poder Judicial ha generado opiniones divididas sobre cuál es el sueldo adecuado para un funcionario de ese rango y el llamado del Presidente Andrés Manuel López Obrador al terreno ético y moral.
El experto de la pobreza Julio BoltvinikKalinka, investigador de El Colegio de México (Colmex), está de acuerdo con que se revisen los altos sueldos de los ministros; sin embargo, en desacuerdo con la imposición de un sueldo como tope de 108 mil pesos –el que ganará el Presidente de la República– que no fue consensuado entre los tres Poderes de la Unión.
“Si vamos a legislar en base de un salario máximo, pongamos reglas en las que participen los tres poderes para fijar ese sueldo máximo”, dijo.
El investigador consideró que el sueldo que se fijó el Presidente de la República debió someterse a discusión para acercarse a la realidad de los gastos que tiene la clase media alta.
“No estoy diciendo que los sueldos de los jueces deberían ser tan altos como son, pero el sueldo que se fija el Presidente debería ser realista para aplicar a raja tabla”, dijo.
Ante la polémica que ha generado la resistencia de los funcionarios del Poder Judicial a bajarse el sueldo, incluso a través de una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que legisla que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República y retira las pensiones a los ex presidentes, López Obrador llamó esta mañana a los ministros a decidir en base a la justicia y no al derecho.
“Es una decisión que ellos deben tomar. Son jueces, pertenecen al Poder Judicial. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es la ‘Suprema Corte del Derecho’, es de la Justicia. Se dice que cuando hay que optar entre el derecho y la justicia, se debe de decidir por la justicia. Entonces, es un asunto de ellos y también de la Constitución y de las leyes. Ellos tienen que buscar la manera de resolver este asunto sin violar la Constitución, ni la letra, ni el espíritu de la Constitución”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.
López Obrador sostuvo que es inmoral tener los salarios que tienen los ministros y varios funcionarios del Poder Judicial, en un país de pobres.
De acuerdo con la última medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que data de 2016, en el país hay 53.4 millones de mexicanos en pobreza.
“No tengo la menor duda de que son [los ministros de la SCJN] los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más, que el Presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte”, dijo.
El Presidente insistió en que nadie puede ganar más de lo que percibe el Jefe del Ejecutivo federal.
“Es un asunto legal, está en la Constitución, en el artículo 127 y ya existe la Ley, nadie puede ganar más de lo que recibe el Presidente de la República. Si no respetamos la Constitución no va a haber Estado de Derecho. ¿O qué, vamos a pedir que los demás acaten la Ley y nosotros vamos a estar en la impunidad? Se tiene que respetar la Constitución”, añadió.
“No tengo la menor duda de que son [los ministros de la SCJN] los servidores públicos mejor pagados del mundo, solamente Donald Trump gana más, que el Presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte”, dijo Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
BAJAR SALARIOS NO IMPACTA, COBRAR IMPUESTOS SÍ
La periodista Guadalupe Fuentes López publicó ayer en SinEmbargo que los salarios mensuales netos que reciben los empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) van desde los 13 mil 369 hasta los 269 mil 215 pesos, además de otras percepciones anuales como un pago por riesgo (554 mil 595 pesos), aguinaldo (444 mil 380 pesos), asignaciones adicionales (428 mil 553) y prima vacacional.
Además de otros estímulos previstos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como seguro de gastos médicos mayores, estímulo por antigüedad, por jubilación, despensa, anteojos y hasta para los días de la Madre y del Padre.
“Nosotros vamos a respetar las decisiones que se tomen en el Poder Judicial, pero no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Se me hace una injusticia que existan esos sueldos habiendo tanta pobreza en el país. Entonces, no es de negociación. Esto es un asunto de principios, si por eso hubo un cambio”, dijo López Obrador.
Para Boltvinik la baja de salarios de la alta burocracia no impactará en la disminución de la pobreza, como sí lo haría el cobro de impuestos a los más ricos y “dueños del país”.
“Si es un país de pobres y le vamos a entrar en serio a reducir la pobreza, le tenemos que cobrar impuestos a los ricos; impuestos de verdad como se cobran en Suecia, en Estados Unidos y con ese dinero hacer programas sociales”, dijo el investigador.
Pero para Ivonne Acuña Murillo, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, el reto que lanzó López Obrador a los ministros fue inteligente.
“Es lo adecuado lo moral; lo otro es llevarlo a lo legal. Para mí lo inmoral es que ellos se autoasignen ese salario tan alto, además de otras ayudas. La guerra es simbólica: el Presidente los confronta con la opinión pública y dice que es inmoral en un pueblo donde el salario promedio es de 10 mil pesos”, dijo la investigadora de la Ibero.
Acuña Murillo coincidió con Boltvinik en que se podría construir “un tipo de consenso” sobre el sueldo que debe ganar el Presidente y el resto de los altos burócratas de acuerdo con el nivel de responsabilidad que tienen.
“Debe darse una discusión para fijar esos salarios, pero el punto aquí es que no acabamos de salir de un régimen de altísima corrupción donde circula mucho dinero que no pasa por las cuentas públicas”, dijo.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvieron presentes el pasado 1 de diciembre en la toma de posesión de AMLO. Hoy son el centro de un fuerte debate por los sueldos y prestaciones que reciben y que, de acuerdo con el Presidente, son las más altas del mundo. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
TOPE DE 108 MIL PESOS NO ES REALISTA
Boltvinik, considerado uno de los investigadores mexicanos más importantes de la pobreza en el país, precisó que el sueldo de 108 mil pesos fijado como tope por el Presidente no es razonable para el nivel de responsabilidad de un Presidente y de un Ministro.
“La discusión se vuelve en cuál es el sueldo adecuado del Presidente de la República, 108 mil de ingreso familiar no les alcanzaría para vivir; hay una cosa que existe en la realidad que se llama clase media que tiene un estilo de vida público y conocido: mandar a los hijos a escuelas particulares, médicos particulares, si no reciben la prestación del lugar donde trabajan, comprar los seguros; vivir en un espacio de rentas caras, con hipotecas muy altas. Fue un error político de Andrés Manuel fijarse un salario tan bajo, se se lo hubiera fijado en 150, 170 mil y aún estaría muy por debajo de lo que ganaba Enrique Peña Nieto”, dijo el especialista.
El ex Presidente Peña Nieto, explicó, ganaba alrededor de 600 mil pesos al mes, si se toma en cuenta la renta de la vivienda que habitaba.
“¿Cuánto puede costar la renta de Los Pinos?, ¿medio millón de pesos? Si se toma en cuenta la renta de la vivienda, te están dando un ingreso en especie gigantesco”, argumentó.
López Obrador explicó durante la conferencia matutina de este día que su salario neto será de 108 mil pesos mensuales.
“Lo que estamos haciendo es cortando el copete. Pero los servidores públicos van a tener un sueldo justo y, además, los de abajo van a recibir aumentos; o sea, se reduce arriba y se aumenta abajo. Entonces un Diputado, un Senador, un Ministro de la Corte, un Consejero del INE [Instituto Nacional Electoral], un Consejero del instituto de la transparencia, etcétera, etcétera, etcétera, van a recibir alrededor de 100 mil pesos mensuales. Eso es lo que gana un investigador con doctorado, maestro de tiempo completo y, al mismo tiempo, investigador en una universidad pública o privada”, dijo.
Y añadió que quien quiera hacer dinero “puede dedicarse a cualquier otra actividad, además es legítimo. Pero el servidor público no está para hacerse millonario. No podría un servidor público hacerse millonario, sólo siendo corrupto, entonces sí se hace millonario”.
Salvador Mora Velázquez, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lamentó que la discusión se lleve al terreno de lo moral.
“Porque es una idea que está fundamentada en una acción moral. Si lo veo desde esa lógica es porque el Presidente quiere imponer su criterio –que es exclusivo sobre el Gobierno federal– a la Suprema Corte que tiene marcos particulares previstos en la Constitución, subordinándola al capricho del Poder Ejecutivo. Es la dimensión del Presidente, para él es inmoral, pero eso no hace seres despreciables a los ministros”, explicó.
Mora Velazquez calificó como “una falta de respeto” afirmar que un Ministro de la SCJN gana igual que el Presidente de Estados Unidos.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentará un exhorto para que la Procuraduría General de la República informe sobre las investigaciones que realiza por actos de corrupción atribuidos a jueces y magistrados, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias; así como de las medidas utilizadas para identificar, prevenir y sancionar la comisión de actos de corrupción en el Poder Judicial.
Ciudad de México, 11 de diciembre, (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, pedirá desde la Cámara Alta a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre sobre las investigaciones por actos de corrupción en las que jueces y magistrados se encuentren implicados.
El ex jefe delegacional de Cuauhtémoc también solicitará el envío de un informe detallado sobre el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial federal, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias; así como de las medidas utilizadas para identificar, prevenir y sancionar la comisión de actos de corrupción en dicho poder.
La petición de Punto de Acuerdo de Ricardo Monreal se da luego de que los jueces y magistrados decidieran enfrentarse a los poderes Ejecutivo y Legislativo para no bajarse los sueldos, como ha pedido el Presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador ratificó hoy que la exigencia es justa “en un país de pobres”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido respaldar por su parte las acciones independientes de los jueces y magistrados, acusando al Jefe del Ejecutivo de mentir: AMLO dijo que ganaban 600 mil pesos, pero ellos alegan que no es así.
El coordinador de la bancada de Morena señaló que el tema toma mayor relevancia luego que el subprocurador Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Jesús Muñoz, declarara que la dependencia investiga a jueces y magistrados por actos de corrupción y su posible vinculación con la delincuencia organizada.
Por lo que, consideró, el hecho “confirma que la corrupción es un fenómeno ampliamente ramificado en las esferas de poder en México, sino porque, en este caso, se trata del Poder encargado de velar por la justicia y el cumplimiento irrestricto de la ley”.
Monreal añadió que el hecho que “la corrupción haya logrado permear en los órganos jurisdiccionales de nuestro país debe ser motivo de la mayor atención por parte de autoridades y ciudadanía, pues ello limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano, al trastocarlo desde sus raíces”.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor cuando se apruebe el Presupuesto 2019, establece que “ningún servidor público debe recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Lo que significa que nadie podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales, que será el sueldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 7 de diciembre, el Ministro Alberto Pérez Dayán ordenó suspender dicha ley, tras la presentación de un recurso de institucionalidad presentado por senadores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el independiente Emilio Álvarez Icaza.
Tras ello, diputados y senadores de Morena han expresado que no cesarán en la búsqueda de disminuir los salarios del Poder Judicial. A la disputa se sumó el Presidente López Obrador, quien dijo que le parece una injusticia que los jueces y ministros ganen los sueldos que ganan en un país con tanta pobreza.
De acuerdo con las remuneraciones vigentes de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación establecidos en el DOF, los salarios mensuales netos que reciben los empleados de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) van desde los 13 mil 369 hasta los 269 mil 215 pesos.
Además reciben otras percepciones anuales como un pago por riesgo (554 mil 595 pesos), aguinaldo (444 mil 380 pesos), asignaciones adicionales (428 mil 553) y prima vacacional.
Así como seguro de gastos médicos mayores, ayuda de gastos funerales, ayuda de anteojos, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, ayuda de despensa, estímulo del Día de la Madre y el Padre, entre otros.
El puesto más alto dentro de la Suprema Corte es el de Ministro, cuyo salario mensual es de 269 mil 215 pesos más un pago por riesgo anual de 554 mil 595 pesos, un aguinaldo de 444 mil 380 pesos y otras prestaciones donde no se especifica el monto por cada cargo, pero en el presupuesto analítico se engloba para todo el organismo.
Aunque hay 12 entidades que ya cuentan con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) los feminicidios, la trata y las desapariciones de mujeres continúan en ascenso. ¿Es la alerta la que no funciona, o son los funcionarios corruptos que no cumplen los protocolos? Se preguntan las organizaciones civiles que han luchando durante años por las alertas y por evidenciar la violencia feminicida en el país.
Los ministerios públicos, los policías, los procuradores y los jueces que no están haciendo su trabajo por “omisión o colusión” con los feminicidas tienen nombre y apellido y deben ser denunciados a partir de ya por todas las organizaciones que trabajan en el tema, pide María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF), en entrevista con SinEmbargo.
Organizaciones del Estado de México, Morelos y Puebla coinciden en que hace falta articularse y buscar que la presión hacia el Estado mexicano y los gobiernos sea más contundente.
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Las organizaciones que luchan en distintos estados del país por poner un freno a la violencia de género a través de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) deben denunciar con nombre y apellido a los policías, ministerios públicos, procuradores y jueces que encubran por omisión o colusión a los feminicidas, tratantes y abusadores de mujeres, dijo María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un diagnóstico sobre el funcionamiento de la Alerta en las entidades en donde ya se implementa como en el Estado de México y Morelos, y concluyera que se debe revisar y replantear el mecanismo, pues los resultados “no son los deseables”, la activista destacó que la alerta ha fallado porque el sistema de justicia en México está plagado de funcionarios corruptos que no hacen las diligencias ni las investigaciones como ya está previsto en el protocolo del mecanismo.
“Yo llamo a las organizaciones a que den nombres, a decir policías, ministerios públicos tienen nombre. Si no empezamos a sancionar a los responsables que están poniendo en riesgo a las mujeres por omisión, colusión, negligencia, no lo vamos a lograr, es la única manera, porque si no, no les pasa nada. Al Ministerio Público, al Fiscal corrupto los ascienden a subprocuradores. ¿De qué sirve ir a protestar, si no logramos nada? Se debe sancionar a las autoridades responsables, porque al final no les pasa nada”, dijo Estrada.
Los feminicidios van a la alza en todo el país. La desaparición de jóvenes y niñas. La trata de personas; sin embargo, en las entidades donde ya hay una alerta de género de acuerdo con los datos, el problema no ha disminuido.
Actualmente existen 28 procedimientos de Alerta de Violencia de Género: en 12 entidades ya fue declarada por violencia feminicida; en nueve hay un proceso de solicitud; mientras que en siete no se emitió el mecanismo. El Diagnóstico que realizó la CNDH como parte del grupo de trabajo que da seguimiento a la alerta destacó que las dinámicas operativas le restan eficacia y eficiencia a la implementación de la alerta.
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En el Estado de México de acuerdo con el documento de la CNDH, el Consejo Nacional de Procuración de Justicia Estatal no registra información sobre averiguaciones previas iniciadas por los delitos de feminicidio y homicidio.
“No se cuenta con registros sobre causas penales ingresadas por el delito de feminicidio en procesos abiertos. Con relación a las averiguaciones previas y procesos abiertos por los delitos de homicidio y feminicidio, se aprecia un descenso considerable en las causas penales ingresadas por homicidios en procesos abiertos, sin embargo, sigue sin presentarse información sobre feminicidio”, dice el diagnóstico.
Xóchitl Arzola Vargas, de la organización Mujeres en Cadena del Estado de México, dijo a SinEmbargo que hay muchas recomendaciones al Estado mexicano de instancias internacionales, pero ninguna se aplica.
“En el tema de las organizaciones civiles nos ha faltado un poco la relación para poder presionar de mejor manera al Gobierno federal, y a los locales, para emprender acciones reales para acabar con la violencia feminicida en el país. Muchas de las organizaciones las han estado infiltrando, han empezado algunas y algunos a quererse apropiar del tema, a querer ser los únicos en tener voz, pese a que muchos coincidimos en poner un freno a la violencia de género. No termina de cuajar porque al final la parte humana nos toca y empieza esta cuestión que no permite llegar más allá”, explicó.
Líderes de organizaciones civiles acusan que los gobiernos federal y local las han infiltrado y eso ha impedido una mayor unión y fuerza para protestar contra el feminicidio en el país.Foto: Enrique Ordóñez, Cuartoscuro
ALERTA DE GÉNERO Y PROTOCOLOS
La activista dudó de la alerta porque no funciona. En el Estado de México luego de dos años de su emisión, los feminicidios son más y más terribles en saña.
“Ya se empieza a reproducir en otros estados, pero el mismo esquema. Hemos visto que no sólo la violencia en estos estados aumenta, sino que hay nuevos municipios y estados que se han estado sumando. Se debe replantear el modelo que no está sirviendo. Se requiere una gran reforma de Estado en donde se involucre el Gobierno, la sociedad civil, los organismos autónomos para que juntos podamos combatir este problema”, dijo.
Pero para María de la Luz Estrada la alerta de género es una herramienta que sirve para evidenciar lo que está sucediendo en cada una de las entidades. Una alerta nacional por ejemplo, sólo invisivilizará la problemática de cada estado.
“Yo creo que el esfuerzo de muchas de las alertas es evidenciar lo que está pasando. En la Ciudad de México hemos hecho énfasis en investigación criminal. Estamos teniendo un tema muy delicado de trata, de feminicidios, una situación muy delicada de negligencia y colusión para no investigar y dejar los casos. Se tiene que focalizar el problema y las acciones para erradicarlo”, dijo.
Arzola Vargas ejemplificó en el Estado de México: la alerta no funciona porque no se aplica como indica el protocolo. Los ministerios públicos siguen esperando las 72 horas para iniciar la búsqueda.
“Esas 72 horas que son la muerte para una mujer. Hay municipios que en 20 minutos ya están en la Ciudad de México, en 40 minutos en Hidalgo y en unas cuantas horas en Guerrero y Michoacán y ya no sirve el protocolo”, explicó.
La CNDH es clara también en su planteamiento: la unidades de investigación con perspectiva de género “enfrentan problemas para su consolidación”; el tipo penal de feminicidio no se acredita ni se investiga.
José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, consideró que la alerta emitida en esa entidad ha representado un papel importante para que la sociedad tome conciencia sobre la problemática.
“Lo fundamental de la Alerta es tomar conciencia y motivar la respuesta organizada, pero no modifica las condiciones estructurales que genera la violencia feminicida. La alerta es una herramienta, pero no lo es todo. Hay que combinarla con otros puntos, con acciones concretas en términos legales y acciones políticas de fondo que permitan ir a la raíz de este tipo de violencia”, argumentó.
La semana pasada la CNDH solicitó emitir una declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Puebla, pues en lo que va del año suman 83 los feminicidios en esa entidad.
El tema no es nuevo para Puebla: la entidad ya solicitó la alerta desde 2016 y el proceso continúa explicó Mariel Guzmán Cortés, del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
“El primer proceso para emitir la Alerta de Género en Puebla no está cerrado, se dio un nuevo paquete de recomendaciones que constaba de ocho; están en un periodo de seis meses para cumplir con las nuevas recomendaciones”, dijo.
Del diagnóstico de la CNDH lo que destaca para las organizaciones locales es que aunque se han incrementado los homicidios de mujeres en la entidad, las investigaciones por feminicidio han disminuido.
Guzmán Cortés también destaca la necesidad de buscar sanciones para los funcionarios públicos que no están investigando adecuadamente los casos.
“Algo importante, que también destaca el diagnóstico, es que no hay sanciones para los servidores públicos. Está poniendo el dedo en la llaga en donde se deben ver reflejados los cambios de manera estructural. Cómo se están llevando a cabo las investigaciones, hay un incremento de homicidios de mujeres, pero no hay investigación al respecto”, dijo.
La activista destacó que se necesita voluntad política para combatir la violencia en contra de la mujer en todas sus expresiones. Del lado de las organizaciones, la sociedad civil debe intentar articularse, pues aunque a nivel local los activistas se reúnen, a nivel nacional no hay una cohesión real entre todos.
“Sí hay reuniones, conversatorios, pero no hay una instancia a nivel nacional que nos convoque a todos. Estamos muy inmersos en la dinámica estatal y la cuestión es que deben unirse las organizaciones con la academia, institutos para articular acciones contundentes”, explicó.
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