El sacerdote trascendió por su activismo en la organización de las comunidades para la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia.
Por Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero, 11 de febrero (El Sur).– Víctima del contagio de COVID-19, falleció a las 6:15 horas de este día en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, el sacerdote Mario Campos Hernández, informó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández.
Originario de Tototepec, municipio de Tlapa, y de 62 años de edad, recientemente Campos Hernández estaba a cargo de la parroquia de Xalpatláhuac.
Fue el promotor de las asambleas comunitarias que dieron origen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
El ahora finado trascendió en la región de la Montaña, también, por su activismo en la organización de las comunidades para la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia.
La diócesis no ha dado los detalles sobre la forma en la que se rendirá a homenaje al sacerdote. Foto: El Sur.
Sus familiares informaron que hace dos semanas fue trasladado al hospital de Chilpancingo víctima del nuevo coronavirus, y hoy, a las 6:15 horas, falleció.
FALLECE POR COVID EL OBISPO AUXILAR DE LA ARQUIDIÓCESIS
El pasado 18 de enero, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Francisco Daniel Rivera Sánchez, murió por complicaciones de la COVID-19, según informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
De acuerdo con los primeros reportes, el monseñor Daniel Rivera Sánchez falleció a los 65 años de edad, luego de que permaneciera hospitalizado al menos 21 días después de haber sido diagnosticado positivo al SARS-CoV-2.
El medio eclesiástico Desde la Fe precisó que el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de México, fue quien dio el informe de su muerte y precisó que el pasado 16 de diciembre fue cuando el obispo auxiliar se enteró que estaba enfermo del nuevo coronavirus. Sin embargo, fue hasta el 28 de diciembre que fue internado por complicaciones en su salud.
El día de hoy es llamado a la casa del Padre, nuestro hermano y Pastor Mons. Francisco Daniel Rivera, Obispo Auxiliar de nuestra Arquidiócesis Primada de México.
— Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) January 18, 2021
En el comunicado que lanzó la Arquidiócesis se apuntó que más adelante se informaría sobre las ceremonias religiosas que se rendirán en su honor, puesto que debido a que se trató de una muerte por COVID-19, no sería como se acostumbra.
Luego de que grupos culparan a Ivanka Trump por incumplir las reglas de ética de los trabajadores del Gobierno para promover un negocio privado al tuitear una foto con una lata de frijoles, la hija y asesora del Presidente estadounidense defendió su derecho a expresar su apoyo público.
Por Darlene Superville
Washington, Estados Unidos, 16 de julio (AP).- Ivanka Trump defendió el miércoles haber tuiteado una fotografía en la que aparece sosteniendo una lata de frijoles Goya para apoyar a una empresa de hispanos que ella dice ha sido tratada de manera injusta, y alegó que tiene “todo el derecho” de expresar su apoyo públicamente.
Grupos civiles que vigilan las acciones del Gobierno respondieron que la hija y asesora del Presidente Donald Trump no tiene el derecho de violar las reglas de ética que prohíben que funcionarios gubernamentales usen su cargo para apoyar productos o grupos específicos.
Estos órganos alegan que la acción de Ivanka Trump también pone de relieve inquietudes más amplias sobre cómo el Presidente y aquellos que lo rodean a menudo difuminan la línea existente entre la política y el Gobernar. La Casa Blanca sería la responsable de disciplinar a Ivanka Trump por cualquier violación a las normas de ética, pero decidió no hacerlo en un caso parecido que involucró a la asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway en 2017.
Goya se convirtió en blanco de un boicot de los consumidores luego de que su director general Robert Unanue elogió al Presidente en un evento para la comunidad hispana en la Casa Blanca el jueves de la semana pasada.
Al día siguiente Trump tuiteó sobre su “amor” por Goya, y su hija hizo lo propio el martes por la noche al tuitear una fotografía en la que aparece sosteniendo una lata de frijoles negros de la marca, acompañada por la frase: “Si es Goya, tiene que ser bueno” en ingles y español.
Never thought we would have to analyze the ethics of promoting canned beans but here we are pic.twitter.com/ObESP21FhI
Casi de inmediato, grupos dedicados a supervisar al Gobierno y comentaristas en las redes sociales acusaron a Ivanka Trump de violar las reglas de ética, una cuestión que no fue abordada en un comunicado de la Casa Blanca en el que responsabilizaba a los medios de comunicación y a la cultura de boicotear ciertas opiniones.
“Sólo los medios de comunicación y el movimiento de la cultura de la cancelación criticarían a Ivanka por mostrar su apoyo personal a una compañía que ha sido blanco de burlas, boicoteada y ridiculizada injustamente por respaldar a este Gobierno, uno que ha peleado constantemente por la comunidad hispana y entregado resultados”, dijo Carolina Hurley, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado enviado por correo electrónico.
After the CEO of Goya Foods praised @realDonaldTrump I will no longer be buying their products as they betray their once loyal Latino consumers. Join me in taking a stand as a consumer and boycotting Goya. #Goyawaypic.twitter.com/iYEAH0S01Y
“Ivanka está orgullosa de esta sólida empresa propiedad de hispanos con profundas raíces en Estados Unidos y tiene todo el derecho de expresar su apoyo personal”, señaló Hurley.
Ivanka Trump publicó el tuit desde una cuenta personal que cumple la doble función de describir su trabajo en varias iniciativas de la Casa Blanca.
Por su parte, Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés) dijo que las reglas son claras.
“Las normas éticas para los empleados del poder ejecutivo señalan que no puedes usar tu cargo oficial para promover un negocio privado”, dijo Noah Bookbinder, director ejecutivo de CREW.
La Oficina del Asesor Legal Especial de la Casa Blanca dijo que no comentaría, aunque sí reconoció que recibió una queja de CREW.
“La PGR tendrá que realizar las investigaciones pertinentes a partir de los datos de prueba contenidos en los informes anuales de la ASF, entre los cuales destacan: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud”, señalaron los grupos.
Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Grupos civiles denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) el desvío de 36 mil millones de pesos en once estados de la República.
Integrantes de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero se dieron cita hoy ante la PGR para presentar 22 denuncias.
En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que los delitos por los que se presentaron las acusaciones son peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades.
“La PGR tendrá que realizar las investigaciones pertinentes a partir de los datos de prueba contenidos en los informes anuales de la ASF, entre los cuales destacan: contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud”, indicaron.
Las denuncias van contra servidores públicos que trabajan o trabajaron en las administraciones de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.
De acuerdo con los grupos civiles, el dinero fue desviado del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), es decir, son fondos federales.
“En un análisis de los informes de la ASF, integrantes de las asociaciones que presentaron las denuncias observaron que los recursos que debieron trasladarse de la federación a los estados no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni tampoco al FASSA, cuyo objetivo es prestar y garantizar servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social”, indicaron.
Las denuncias se suman a otras presentadas en contra de los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, que acumularían desvíos de 50 mil millones.
“En 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional. Por cada afiliado, el Gobierno Federal aportó 2 mil 603 pesos, estos recursos son transferidos a cada uno de los estados, quienes son los responsables de brindar la atención médica”, contextualizaron.
Algunas de estas casas tienen “cimiento pobre” y “ratoneras”, además de que otras están construidas sobre “terraplenes”, lo que las coloca en una situación de riesgo, y esto se debe, entre otros factores, a que entre los constructores hay entes “sin experiencia ni conocimiento”, como farmacias, transportistas o purificadoras.
“La vivienda social en este país es vista como un negocio”, denunciaron. Foto: Ernesto Arias, EFE
Guatemala, 8 julio (EFE).- La Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular entregó hoy a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala una auditoría en la que denuncia la supuesta construcción de viviendas sociales indignas por parte del Estado.
En este documento, que le fue presentado este domingo al ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, se asegura que no se cumplen con los criterios mínimos en la construcción de hogares en Guatemala por parte del Fondo para la Vivienda, una institución financiera adscrita al Ministerio de Comunicación y Vivienda.
La auditoría, en la que se recuerda que en Guatemala hay un déficit de un millón 542 mil 638 viviendas -de las que el 61 por ciento es cualitativo (acceso a agua, servicio sanitario o materiales inadecuados) y el 39 por ciento cuantitativo-, también denuncia hacinamiento y malas condiciones.
Alejandro Steinmüller, miembro de la organización e ingeniero civil, mostró varias fotografías de viviendas sociales en diferentes puntos del país en las que se denunciaba problemas con las plataformas, techos de lámina inadecuados, instalaciones eléctricas inconclusas y ausencias de sistema de agua y drenaje.
Algunas de estas casas tienen “cimiento pobre” y “ratoneras”, además de que otras están construidas sobre “terraplenes”, lo que las coloca en una situación de riesgo, y esto se debe, entre otros factores, a que entre los constructores hay entes “sin experiencia ni conocimiento”, como farmacias, transportistas o purificadoras.
“La vivienda social en este país es vista como un negocio”, indicó.
Otro de los miembros de esta federación, Ángel Berna, dijo que el fin de esta auditoría era “exponer una realidad que clama a gritos Justicia” y en la que se “vulnera” el derecho a una vivienda digna”.
“No podemos permitir que las instituciones responsables sigan actuando así”, afirmó, y agregó que el Gobierno, que “ha fallado” en una respuesta eficaz a la erupción del Volcán de Fuego, que ha dejado al menos 113 muertos y 329 desaparecidos, tiene ahora el reto de proporcionar a las familias afectadas un “techo seguro y digno”.
La Federación recordó durante su presentación que la vivienda está directamente ligada a los derechos humanos y al derecho a la vida, a la seguridad y la dignidad de las poblaciones más vulnerables.
El magistrado de conciencia agradeció este estudio y asumió la responsabilidad de vigilar este problema que “no puede ser un tema marginal” porque lo que demuestra este estudio, “la punta del iceberg”, es que “el subsidio es como una caja negra, una caja oscura aprovechada por malos funcionarios para enriquecerse”.
No sólo la candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón a la Presidencia de La República presenta irregularidades en las firmas necesarias para el registro, el patrón de “travesuras” –como lo llama el propio Gobernador con licencia– también lo tienen su sobrino, suegra y chofer, así como otros 15 de sus ex funcionarios que se apuntaron para contender por un cargo público en Nuevo León.
Juan Manuel Ramos, vocero de la red de organizaciones civiles #QueSirvan, recuerda que quien en su toma de protesta declaró que “se le acabó la fiesta a los bandidos” repitió las mismas conductas ligadas a los partidos políticos, donde hay familias en cargos públicos, acusó. “Ya no supimos si se le acabó la fiesta a los bandidos y empezó la fiesta de otro”, sostiene.
Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– El sobrino, suegra y chofer de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y 15 funcionarios de su gobierno siguieron el mismo patrón para conseguir una candidatura independiente a algún cargo público en Nuevo León o federal: firmas inválidas, rebase excesivo del umbral de apoyos requeridos, e incluso, acusan, el uso de la estructura de Gobierno local.
Pese a las irregularidades señaladas por las autoridades electorales locales, los tres cercanos a “El Bronco” obtuvieron su postulación y no son investigados, criticó la red de organizaciones civiles #QueSirvan, integrada por Redes Quinto Poder en alianza con AMEDI Capítulo NL, Alianza Cívica NL, Colectivo Nosotros, Curul43, Evolución Mexicana y FUNDENL, la cual informa sobre redes familiares, escándalos o conductas sistemáticas de los aspirantes para fomentar un voto informado de los neoleoneses.
José Esequiel Rodríguez Calderón, su sobrino que busca una diputación local por el distrito 19, necesitaba mil 500 firmas para el registro, mandó 8 mil 445, pero 4 mil 549 eran inválidas. María Teresa Martínez Galván, su suegra, quien va por la Alcaldía de Santa Catarina, envió 21 mil 521 firmas de las 6 mil 219 requeridas, aunque 5 mil 95 no eran válidas. Carlos Alberto Guevara Garza, su chofer, quien quiere la Alcaldía de García, ocupaba 4 mil 400 firmas, mandó 33 mil 285 apoyos, pero 10 mil 829 resultaron inválidos, de acuerdo con los datos del último corte de la Comisión Estatal Electoral del Nuevo león, hecho el 6 de febrero pasado.
María Teresa es madre de su esposa Adalina Dávalos, a quien comparó con su caballo en enero pasado.
“En todos ellos fue el mismo caso del Gobernador con licencia Jaime Rodríguez. Las firmas que recabaron casi las cuadriplicaron”, señaló el vocero de #QueSirvan, Juan Manuel Ramos, quien lamentó que pese a que el ahora candidato presidencial se vendió como independiente, “finalmente repite esas conductas ligadas a partidos donde hay familias completas en la política”.
Enrique Gutiérrez Márquez, especialista en instituciones electorales y ex consejero electoral, explicó en que a raíz de la Reforma Electoral del 2014, el INE absorbió muchas responsabilidades como parte de su rol de árbitro y eso “debilitó” a los órganos electorales locales (OPLES).
“La reforma ni fortaleció la democracia a nivel subnacional ni la fortaleció en el ámbito nacional. Por un lado tenemos un INE enorme, como un embudo en donde cada uno de los problemas, tanto de las elecciones federales como en las elecciones locales, es la instancia resolutoria; imagina la cantidad de trabajo que tiene sumado al tema de la fiscalización en tiempo real tanto nacional como local. Del otro lado tenemos los OPLES que tienen un margen de posibilidad de incidir en el proceso electoral muy acotada y muy debilitados”, expuso.
“El Bronco” se envalentona y anuncia que demandará al INE, Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
“Los organismos electorales locales tienen muy poca posibilidad de generar procesos de vigilancia y transparencia en este caso sobre las candidaturas independientes y el registro de sus apoyos. No me extraña [lo de las firmas de familiares] si entendemos que la lógica de Jaime Rodríguez está aparente vinculada a una gran maquinaria que lo ha ayudado a conseguir el registro a él y supongo que a gente cercana”.
El académico de la Universidad Iberoamericana previó que aunque seguramente después del 2018 habrá más reformas, no considera que el problema radique en la legislación electoral, ya que tiene varios candados “a partir de la desconfianza”. El problema lo atribuyó a que los candidatos independientes emanan de partidos políticos e intentan “burlar” ese reglamento y, además, está “la tensa relación” entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y su “debilidad institucional”.
“El mensaje a la ciudadanía es que se vale hacer trampa, que haya dudas sobre las propias firmas si son verídicas. El Tribunal con una lógica en exceso garantista definió que le dará el registro a Jaime Rodríguez para salvaguardar sus derechos. Eso no depende nada más del marco normativo, sino de la interpretación y una particular que hacen los magistrados. El cuestionamiento vendría a qué intereses están respondiendo”, afirmó Gutiérrez. “El Tribunal definió más que con un criterio jurídico, con un criterio político. Más allá de la interpretación del marco legal hay un uso político en contra del INE, clara y abiertamente con una suerte de intención no declarada de descalificar y debilitarlo”, añadió.
El activista Juan Manuel Ramos no descartó que en 2015, cuando “El Bronco” obtuvo la candidatura para gobernador independiente, “haya hecho lo mismo. Ya tenía gente recolectando firmas para él”. En enero de 2015, el ex priista informó que en 12 días ya había conseguido 150 mil firmas recabadas en su mayoría desde redes sociales. El 63 por ciento de los nueoleoneses desaprueba su desempeño, de acuerdo con un sondeo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). En 2018 entregó 2 millones 34 mil, pero 835 mil eran inválidas.
Aunque el INE le negó el registro, el Tribunal revocó la determinación por la ausencia de una audiencia para justificar la procedencia y estará en la boleta. Ayer, el candidato independiente anunció que demandará al INE “por sus inconsistencias, falsedades y mentiras”. No obstante, el Consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello, dijo en entrevista radiofónica que se le podría retirar el registro si en la investigación en curso se le detectan financiamientos indebidos.
El activista Juan Manuel Ramos señaló que durante su gobierno, “El Bronco” atacó a la prensa opositora y a las manifestaciones ciudadanas. “Marcan a un hombre que es poco tolerante. Este mensaje que dijo que ‘guacareó’ al PRI, a lo mejor no lo ‘guacareó’ completamente porque las acciones que toma es de un PRI del de antes. Ese que encerraba gente, callaba a los opositores y defendía a los corruptos”, afirmó. “En temas de gobierno resultó exactamente lo mismo incluso peor”, agregó.
El acto es para consolidarse en el poder, sostuvo Ramos. “No serían los primeros ni únicos, pero viene del lado independiente que está en contra de todo lo que realizan los partidos y finalmente repite esas conductas ligadas a partidos donde hay familias completas en la política. Empiezan a hacer esos grupos de independientes ligados a un personaje político y ya no representan a la sociedad, sino a su grupo político”, aseguró.
SUS FUNCIONARIOS A LA BOLETA
Para Diputaciones locales se apuntaron Adriana Quiroz (2 mil 215 firmas inválidas), Blanca Lilia Sandoval (mil 337 firmas inválidas), José Esequiel Rodríguez (el sobrino con 4 mil 549 firmas inválidas), Eleazar Puente Rangel (mil 526 firmas invaálidos) y Mario Alberto Zamarripa Rodríguez (mil 88 firmas inválidas), y desde enero completaron también los apoyos que necesitan.
Mientras que para las alcaldías van Jorge Luis Tamez para Abasolo (83 no válidas), Jorge Garza Salinas para China (162 inválidas), Arturo Rodríguez Eguía para Dr. Arroyo (272 inválidas), Carlos Guevara Garza para García (el chofer con 10 mil 829 inválidas), Américo Garza Salinas para Juárez (2 mil 386 inválidas) y Aldo Fasci para Monterrey (6 mil 333 inválidas), reportó el órgano electoral local hasta el 6 de febrero.
A nivel federal, Raúl González Rodríguez, quien aspira al Senado, rompió el umbral en los 12 distritos de Nuevo León entre 156 a 479 por ciento. En contraste, otros aspirantes a ese cargo alcanzaron el monto de firmas necesarias por menos del 10 por ciento, de acuerdo con el INE.
Quienes compiten para diputados federales por Nuevo León, José Eduardo Santos González (para distrito 1), rompió el umbral de firmas necesarias hasta en un 425 por ciento en una sección; Raúl Guajardo Cantú (para distrito 12) con hasta 644 por ciento; Gregorio Farías Mateos (para distrito 5) hasta en 555 por ciento; Yamilett Orduña Saide (para distrito 7) hasta 612 por ciento; David Elizondo Cantú (para distrito 10) hasta 740 por ciento.
El órgano electoral local permitió registrarse a todos los aspirantes que alcanzaron las firmas, y se lo negó a algunos independientes que no llegaron al umbral ni están ligados al gobierno del estado, destacó el activista.
“No se metieron al tema de revisar las firmas falsas. El órgano local ha referido públicamente que le toca al INE revisar los apoyos. Pero estamos viendo una situación igual que la del nivel federal: el no castigo al uso indebido de credenciales o emitir apoyos falsos”, acusó.
LAS TRAMPAS DE “EL BRONCO”
Jaime Rodríguez, candidatura en duda y oscura. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
El cúmulo de anomalías que “El Bronco” cometió para recabar firmas para el registro de su candidatura como independiente fue evidenciado por el Instituto Nacional Electoral y el diario local El Norte. El órgano electoral detectó que más de 200 funcionarios públicos de su gobierno eran auxiliares que obtuvieron firmas.
“El INE detecta que los auxiliares de Jaime estaban haciendo esta labor en horario de trabajo, lo cual bajo la Ley local de Nuevo León de Responsabilidad de Servidores Públicos significa un desvío de recursos públicos porque el funcionario debe estar haciendo lo de su nombramiento. Entonces, que hayan obtenido muy abultado y muy temprano [las firmas] nos habla de que pudieron haber hecho este uso no solo para los apoyos del Gobernador, sino para completar una lista de candidatos independientes”, afirmó Juan Manuel Ramos de #QueSirvan.
De acuerdo con su red de organizaciones civiles, se registraron denuncias de ciudadanos a los cuales “se les presionó, se les coaccionó y casi se les obligó” a que consiguieran firmas para la candidatura de “El Bronco” para la Presidencia .
El diario local El Norte reveló en febrero que la Universidad Ciudadana (UC), creada por Jaime Rodríguez, fue empleada para buscar las firmas que requería. Durante noviembre, diciembre y enero, a través de conversaciones de un grupo de WhatsApp, el coordinador de los profesores de la universidad Hugo Herrera y el empleado León Mireles “presionaron para que maestrosse registraran ante el INE y recabaran apoyos, asegurándoles que ese esfuerzo será ‘totalmente considerado'”, reportó el periódico opositor al gobierno de el candidato presidencial.
Asimismo, el INE identificó un foco rojo en el sector salud, porque se estaban registrando firmas. El Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, y Juan Luis González Treviño, director del Seguro Popular, eran auxiliares de Rodríguez Calderón.
“Se va contra la gente que está más desprotegida laboralmente y se hacen prácticas que pensamos que eran de los partidos. En el Instituto Nacional de Protección del Adulto Mayor se detectó que a la gente le pedían la firma en favor del Gobernador al registrarse; como cuando llegas a una institución pública que te piden tu identificación para entrar”, agregó el vocero de #QueSirvan.
EL BRONCO, POLÍTICO TRADICIONAL
Es tanto el descontento social de Nuevo León hacia Jaime Rodríguez Calderón que no lo querían de regreso como su Gobernador, dijo el vocero de #QueSirvan, Juan Manuel Ramos.
“Ahora, por increíble que parece, después de tantas anomalías va a parecer en la boleta”, afirmó.
Recordó que en el gobierno del priista Rodrigo Medina –acusado de enriquecimiento ilícito– había una prensa muy ligada al gobierno estatal, salvo El Norte, que documentó sus actos de corrupción. Era 2015 y tenían una “crisis de impunidad terrible” y los partidos políticos tuvieron conflictos internos.
“El único que absorbió de manera mejor [la situación] fue el Gobernador Jaime Rodríguez. El asunto es que cuando llega al gobierno del estado ya no actúa conforme a la campaña, lo que nos dice es que fue un muy buen candidato, pero resultó un mal servidor público”, afirmó Ramos.
“El Bronco” entró en octubre de 2015 y meses después, el periódico El Norte reveló la investigación “El Cobijagate”: el gobierno estatal, a través de su subsecretario de Administración dirigida por Rogelio Benavides Pintos, compró 200 mil cobijas para repartir en la zona rural pese a que no había un decreto de urgencia y a un precio mayor al mercado.
“El Cobijagate no se castigó y el Gobernador defendió al servidor público Rogelio Benavides. Finalmente le pidió la licencia como un gobierno tradicional y en lugar de ordenar una investigación para que se sancionara de manera contundente, se enfrentó con el medio de comunicación y lo acusó. Luego lo más terrible y anecdótico de tragicomedia es que la resolución del ‘Cobijagate’ la dieron a conocer la madrugada del 15 de septiembre del 2016”. Primero la multa fue de 7 mil 300 pesos y luego de la presión mediática y civil pasó a 274 mil pesos.
“No quiso tomar las riendas como él le llama. A la hora de aplicar la ley y mandar un mensaje lo hizo como un político tradicional, como el mejor priista, panista o perredista. En temas de gobierno resultó exactamente lo mismo incluso peor porque, a pesar de que en el gobierno de Medina este periódico estuvo encima, nunca hubo un enfrentamiento público de patanadería de insultar a los reporteros, de entrentarlos y culparlos de las negligencias y corruptelas del gobierno del estado”, agregó Ramos.
“Fue lamentable porque cuando el Gobernador tomó protesta, uno de los mensajes fuertes fue que ‘se le acabó la fiesta a los bandidos’, y entonces ya no supimos si se le acabó la fiesta a los bandidos y empezó la fiesta de otros…”, concluyó el activista.
Actualmente Nuevo León es administrado por Manuel González Flores, que era secretario general de gobierno, su hombre de confianza, nombrado por el Congreso del estado que, a decir de Ramos, nunca fue oposición a “El Bronco”, hoy candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente.
Aunque hay 12 entidades que ya cuentan con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer (AVGM) los feminicidios, la trata y las desapariciones de mujeres continúan en ascenso. ¿Es la alerta la que no funciona, o son los funcionarios corruptos que no cumplen los protocolos? Se preguntan las organizaciones civiles que han luchando durante años por las alertas y por evidenciar la violencia feminicida en el país.
Los ministerios públicos, los policías, los procuradores y los jueces que no están haciendo su trabajo por “omisión o colusión” con los feminicidas tienen nombre y apellido y deben ser denunciados a partir de ya por todas las organizaciones que trabajan en el tema, pide María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF), en entrevista con SinEmbargo.
Organizaciones del Estado de México, Morelos y Puebla coinciden en que hace falta articularse y buscar que la presión hacia el Estado mexicano y los gobiernos sea más contundente.
Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Las organizaciones que luchan en distintos estados del país por poner un freno a la violencia de género a través de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) deben denunciar con nombre y apellido a los policías, ministerios públicos, procuradores y jueces que encubran por omisión o colusión a los feminicidas, tratantes y abusadores de mujeres, dijo María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un diagnóstico sobre el funcionamiento de la Alerta en las entidades en donde ya se implementa como en el Estado de México y Morelos, y concluyera que se debe revisar y replantear el mecanismo, pues los resultados “no son los deseables”, la activista destacó que la alerta ha fallado porque el sistema de justicia en México está plagado de funcionarios corruptos que no hacen las diligencias ni las investigaciones como ya está previsto en el protocolo del mecanismo.
“Yo llamo a las organizaciones a que den nombres, a decir policías, ministerios públicos tienen nombre. Si no empezamos a sancionar a los responsables que están poniendo en riesgo a las mujeres por omisión, colusión, negligencia, no lo vamos a lograr, es la única manera, porque si no, no les pasa nada. Al Ministerio Público, al Fiscal corrupto los ascienden a subprocuradores. ¿De qué sirve ir a protestar, si no logramos nada? Se debe sancionar a las autoridades responsables, porque al final no les pasa nada”, dijo Estrada.
Los feminicidios van a la alza en todo el país. La desaparición de jóvenes y niñas. La trata de personas; sin embargo, en las entidades donde ya hay una alerta de género de acuerdo con los datos, el problema no ha disminuido.
Actualmente existen 28 procedimientos de Alerta de Violencia de Género: en 12 entidades ya fue declarada por violencia feminicida; en nueve hay un proceso de solicitud; mientras que en siete no se emitió el mecanismo. El Diagnóstico que realizó la CNDH como parte del grupo de trabajo que da seguimiento a la alerta destacó que las dinámicas operativas le restan eficacia y eficiencia a la implementación de la alerta.
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En el Estado de México de acuerdo con el documento de la CNDH, el Consejo Nacional de Procuración de Justicia Estatal no registra información sobre averiguaciones previas iniciadas por los delitos de feminicidio y homicidio.
“No se cuenta con registros sobre causas penales ingresadas por el delito de feminicidio en procesos abiertos. Con relación a las averiguaciones previas y procesos abiertos por los delitos de homicidio y feminicidio, se aprecia un descenso considerable en las causas penales ingresadas por homicidios en procesos abiertos, sin embargo, sigue sin presentarse información sobre feminicidio”, dice el diagnóstico.
Xóchitl Arzola Vargas, de la organización Mujeres en Cadena del Estado de México, dijo a SinEmbargo que hay muchas recomendaciones al Estado mexicano de instancias internacionales, pero ninguna se aplica.
“En el tema de las organizaciones civiles nos ha faltado un poco la relación para poder presionar de mejor manera al Gobierno federal, y a los locales, para emprender acciones reales para acabar con la violencia feminicida en el país. Muchas de las organizaciones las han estado infiltrando, han empezado algunas y algunos a quererse apropiar del tema, a querer ser los únicos en tener voz, pese a que muchos coincidimos en poner un freno a la violencia de género. No termina de cuajar porque al final la parte humana nos toca y empieza esta cuestión que no permite llegar más allá”, explicó.
Líderes de organizaciones civiles acusan que los gobiernos federal y local las han infiltrado y eso ha impedido una mayor unión y fuerza para protestar contra el feminicidio en el país.Foto: Enrique Ordóñez, Cuartoscuro
ALERTA DE GÉNERO Y PROTOCOLOS
La activista dudó de la alerta porque no funciona. En el Estado de México luego de dos años de su emisión, los feminicidios son más y más terribles en saña.
“Ya se empieza a reproducir en otros estados, pero el mismo esquema. Hemos visto que no sólo la violencia en estos estados aumenta, sino que hay nuevos municipios y estados que se han estado sumando. Se debe replantear el modelo que no está sirviendo. Se requiere una gran reforma de Estado en donde se involucre el Gobierno, la sociedad civil, los organismos autónomos para que juntos podamos combatir este problema”, dijo.
Pero para María de la Luz Estrada la alerta de género es una herramienta que sirve para evidenciar lo que está sucediendo en cada una de las entidades. Una alerta nacional por ejemplo, sólo invisivilizará la problemática de cada estado.
“Yo creo que el esfuerzo de muchas de las alertas es evidenciar lo que está pasando. En la Ciudad de México hemos hecho énfasis en investigación criminal. Estamos teniendo un tema muy delicado de trata, de feminicidios, una situación muy delicada de negligencia y colusión para no investigar y dejar los casos. Se tiene que focalizar el problema y las acciones para erradicarlo”, dijo.
Arzola Vargas ejemplificó en el Estado de México: la alerta no funciona porque no se aplica como indica el protocolo. Los ministerios públicos siguen esperando las 72 horas para iniciar la búsqueda.
“Esas 72 horas que son la muerte para una mujer. Hay municipios que en 20 minutos ya están en la Ciudad de México, en 40 minutos en Hidalgo y en unas cuantas horas en Guerrero y Michoacán y ya no sirve el protocolo”, explicó.
La CNDH es clara también en su planteamiento: la unidades de investigación con perspectiva de género “enfrentan problemas para su consolidación”; el tipo penal de feminicidio no se acredita ni se investiga.
José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, consideró que la alerta emitida en esa entidad ha representado un papel importante para que la sociedad tome conciencia sobre la problemática.
“Lo fundamental de la Alerta es tomar conciencia y motivar la respuesta organizada, pero no modifica las condiciones estructurales que genera la violencia feminicida. La alerta es una herramienta, pero no lo es todo. Hay que combinarla con otros puntos, con acciones concretas en términos legales y acciones políticas de fondo que permitan ir a la raíz de este tipo de violencia”, argumentó.
La semana pasada la CNDH solicitó emitir una declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Puebla, pues en lo que va del año suman 83 los feminicidios en esa entidad.
El tema no es nuevo para Puebla: la entidad ya solicitó la alerta desde 2016 y el proceso continúa explicó Mariel Guzmán Cortés, del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
“El primer proceso para emitir la Alerta de Género en Puebla no está cerrado, se dio un nuevo paquete de recomendaciones que constaba de ocho; están en un periodo de seis meses para cumplir con las nuevas recomendaciones”, dijo.
Del diagnóstico de la CNDH lo que destaca para las organizaciones locales es que aunque se han incrementado los homicidios de mujeres en la entidad, las investigaciones por feminicidio han disminuido.
Guzmán Cortés también destaca la necesidad de buscar sanciones para los funcionarios públicos que no están investigando adecuadamente los casos.
“Algo importante, que también destaca el diagnóstico, es que no hay sanciones para los servidores públicos. Está poniendo el dedo en la llaga en donde se deben ver reflejados los cambios de manera estructural. Cómo se están llevando a cabo las investigaciones, hay un incremento de homicidios de mujeres, pero no hay investigación al respecto”, dijo.
La activista destacó que se necesita voluntad política para combatir la violencia en contra de la mujer en todas sus expresiones. Del lado de las organizaciones, la sociedad civil debe intentar articularse, pues aunque a nivel local los activistas se reúnen, a nivel nacional no hay una cohesión real entre todos.
“Sí hay reuniones, conversatorios, pero no hay una instancia a nivel nacional que nos convoque a todos. Estamos muy inmersos en la dinámica estatal y la cuestión es que deben unirse las organizaciones con la academia, institutos para articular acciones contundentes”, explicó.
Una docena de instituciones y organizaciones de la sociedad civil lanzaron un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para “tomar con la máxima seriedad la integración de la Junta de Gobierno del INEGI, y al Senado de la República a ejercer su atribución de hacer cumplir la ley mostrar la mayor exigencia al respecto”, luego de que el Ejecutivo federal propusiera para la Vicepresidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a Paloma Merodio Gómez, quien no cumple con los requisitos de Ley para ocupar ese puesto.
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto envió el pasado 24 de febrero al Senado de la República un currículum vitae con datos distorsionados y falseados para que su candidata a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Paloma Merodio Gómez, quien no cumple con los requisitos de Ley ni con el perfil adecuado, ocupe una vicepresidencia en el Instituto.
La Presidencia solicita que la actual directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de 31 años de edad, sin experiencia en áreas de estadística, sustituya al Maestro Félix Vélez Fernández Varela, quien terminó su período como Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi en diciembre pasado.
Paloma Merodio con el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Foto: @Pichona_
El apartado II del artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía establece que la designación para estas vicepresidencias debe recaer en profesionales distinguidos en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años algún cargo de alto nivel en los sectores públicos o privado, o ser académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas.
Como la joven Merodio Gómez no cumple con tales requisitos, el currículum vitae debió ser modificado. Lo que fue un apoyo a un profesor, se transformó en una cátedra en la Universidad Harvard; como la candidata sólo tiene 16 meses en un alto puesto de dirección en lugar de 60 meses, sus estancias como becaria durante su pasantía hace cuatro años fueron maquilladas para convertirla en Consultora Senior del Banco Mundial. Para acreditar experiencia como investigadora, de la cual carece, convierte a su tesis de licenciatura como equivalencia de una publicación de investigación profesional.
La propuesta ha indignado a diversas organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico, pues temen que el nombramiento de esta funcionaria limite la necesaria autonomía del organismo científico. Entre otras cosas, el Inegi aporta los elementos estadísticos para evaluar los alcances de los programas sociales; el hecho de que el Ejecutivo traslade al organismo autónomo e independiente a la responsable de hacer que esos programas sean exitosos, introduce dudas a la imparcialidad del Instituto para ofrecer criterios imparciales.
Hace algunos meses el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) cuestionó a la Sedesol por involucrarse en los cambios a los criterios para definir los niveles de pobreza, rompiendo la posibilidad de hacer seguimientos históricos. Los especialistas temían que tales modificaciones tuviesen como finalidad crear de manera artificial una imagen más positiva de las acciones del gobierno en esta área.
Este miércoles 1 de marzo, una docena de instituciones distribuyeron un boletín haciendo “un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto a tomar con la máxima seriedad la integración de la Junta de Gobierno del Inegi, y al Senado de la República a ejercer su atribución de hacer cumplir la ley mostrar la mayor exigencia al respecto”.
Firman el comunicado miembros del Grupo Técnico Ampliado Inegi-Coneval, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalua, Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Acción Ciudadana Contra la Pobreza, OXFAM, CIEP, Colectivo PE$O, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, GSOC, México ¿Cómo Vamos?, entre otros.
En su desplegado, las anteriores instituciones contrastan las pobres credenciales del candidata propuesto por la Presidencia, ante las largas y encumbradas trayectorias de los otros tres vicepresidentes del Inegi: Mario Palma Rojo, Rolando Campo y Enrique de Alba Guerra; todos ellos con más de treinta años de experiencia en responsabilidades vinculadas a la materia y amplio reconocimiento en la comunidad nacional e internacional de Estadística; la edad que tiene ahora Paloma Merodio.
El Senado deberá calificar y aprobar o rechazar la candidatura propuesta por el Ejecutivo.
Organismos sociales buscan proponer acciones para solucionar el problema de la violencia y que los próximos gobiernos las tomen en cuenta.
Ahí los citó Juan Pablo Espinosa de los Monteros Tatto, quien tiene años trabajando en diferentes causas a favor de la sociedad, como ha sido con el grupo “Reforma Política Ya”, en organizaciones no gubernamentales enfocadas en temas de transparencia y rendición de cuentas. Foto: Noroeste
Por Gabriel Mercado
Ciudad de México, 23 junio (SinEmbargo/Noroeste).- Una prima de Jesús Leyva desapareció. Cuando por fin regresó ella estuvo 15 días en el hospital, y aún no puede hablar sobre lo ocurrido. El Gobierno estatal redujo el hecho a un “secuestro exprés” y que “no pasó absolutamente nada”, sin ir más allá.
“Estoy hasta la madre, la verdad”, dice ante el grupo de jóvenes presentes, unos 40 reunidos en un gimnasio de la localidad, mostrando su hastío ante el estado de cosas, exhortándolos a hacer algo, empujar hacia un cambio.
Ahí los citó Juan Pablo Espinosa de los Monteros Tatto, quien tiene años trabajando en diferentes causas a favor de la sociedad, como ha sido con el grupo “Reforma Política Ya”, en organizaciones no gubernamentales enfocadas en temas de transparencia y rendición de cuentas, así como iniciativas relevantes como las leyes de telecomunicaciones o la reciente aprobada ley “3 de 3”.
Ahora forma parte de los ciudadanos involucrados en el proyecto “Ve por Sinaloa”, donde se busca hacer propuestas para mejorar a la entidad. Presenta lo que será la segunda fase del proyecto enfocada a combatir lo que le duele a muchos ciudadanos: la inseguridad.
El objetivo, refiere, es que se generen en los ya próximos gobiernos estatal y municipal políticas para enfrentar los problemas de seguridad, y para ello reunirán 50 mil firmas de la ciudadanía para presentar propuestas al respecto y que el Gobernador y Alcalde electos, Quirino Ordaz Coppel y Jesús Valdés Palazuelos, las tomen en cuenta.
Refirió que la organización ha hecho estudios sobre el tema de homicidios dolosos, donde han hallado datos interesantes, los cuales quieren revisar para que el nuevo Mandatario y el Alcalde, al asumir sus cargos, usen sus facultades y logren que todo esto cambie aplicando estas propuestas.
De acuerdo con el portal veporsinaloa.com, el 83 por ciento de los homicidios dolosos se concentran en las zonas urbanas, el 37.5 por ciento de ellos en Culiacán, y más de la mitad, en las calles y carreteras, en la vía pública y a la vista de todos.
Espinosa de los Monteros Tatto refirió que el estado es cuarto lugar a nivel nacional en feminicidios y quinto en personas desaparecidas, y Culiacán está clasificada como la ciudad número 17 de entre las más peligrosas del mundo, y esto no puede seguir así.
“Que el próximo Alcalde, el próximo Gobernador de Sinaloa, tomen en cuenta esta investigación para tomar decisiones a la hora de implementar su política de seguridad e implementar políticas públicas y recomendaciones de esto”, explicó.
Ricardo Ramírez, quien acudió por parte de la organización Centro Vivo Culiacán, que representa a comerciantes del corazón de la ciudad, señaló la necesidad de promover el proyecto para que las autoridades por fin escuchen.
“La autoridad está acostumbrada a dictar, a no escuchar”, comentó.
La campaña de la recolección de firmas arrancará el 27 de junio, para cerrarla el 27 de septiembre, a través de la plataforma Change.org, promoviendo con el hastag #YaFirme, y se presentaría en esa fecha la petición acompañada de las signaturas.
Espinosa de los Monteros Tatto explicó que un ejemplo de las recomendaciones es atacar el armamentismo, ante el alto índice de asesinatos con arma de fuego, así como transparentar más los datos de procuración de justicia y presentarlos con mayor claridad a la población, entre otros.
En la página de VeporSinaloa.comya se encuentra la petición, y aunque Change no pone un límite temporal, ellos se lo están poniendo para presentarlo con antelación a las que serán las nuevas autoridades estatales y municipales, comentó.
“Que el próximo Alcalde, el próximo Gobernador de Sinaloa, tomen en cuenta esta investigación para tomar decisiones a la hora de implementar su política de seguridad e implementar políticas públicas y recomendaciones de esto”.
Juan Pablo Espinosa de los Monteros Tatto es activista social y asegura que la campaña de la recolección de firmas de Ve por Sinaloa arrancará el 27 de junio, para cerrarla el 27 de septiembre, a través de la plataforma Change.org, promoviendo con el hastag #YaFirme, y se presentaría en esa fecha la petición acompañada de las signaturas.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
