Las críticas por la ley que establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no cesa. Políticos y activistas volvieron a protestar frente al Senado, por tercer día consecutivo, para exigir una Ley de Seguridad Interior «sin guerra».
Heikel Hänsel, Diputada del Parlamento Alemán, expresó este día su “profunda preocupación” por la intención del Congreso mexicano de aprobar esta ley. Una manifiesto que ha sido expresado en el mismo sentido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El INAI, la Asociación Nacional de Alcaldes, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se sumaron a la exigencia al considerar que es un proyecto opaco y que no contribuye, en lo absoluto, a que los militares que cometen abusos rindan cuentas por sus actos.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) hicieron un llamado Senado mexicano para que rechace el proyecto de la Ley de Seguridad Interior, que «perpetúa institucionalmente» el fracaso del Gobierno ante la violencia.
“Durante más de una década, México ha empleado con frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y los resultados han sido catastróficos”, destacó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch en un comunicado.
“Aunque el país necesita urgentemente mejorar su respuesta ante los problemas de seguridad pública, delegar esta tarea a las Fuerzas Armadas, que tienen nefastos antecedentes de derechos humanos, no es la solución”.
Asimismo, criticó que «tras más de 10 años de resultados nefastos y catastróficos, el Congreso mexicano pretenda reforzar una estrategia de seguridad pública militarizada que ya ha demostrado ser errada y costosa”.
Para HRW, “el proyecto legislativo no contribuye en absoluto a incrementar la transparencia de las operaciones militares, ni a que los militares que cometen abusos rindan cuentas por sus actos” y resaltó que entre 2006 y 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por militares, incluidas más de 2 mil recibidas durante el actual gobierno.
«Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos también han documentado numerosos casos en los cuales militares que habrían participado en actividades de seguridad pública habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. En estos abusos, la impunidad sigue siendo la regla”, criticó la organización.
En tanto, en una carta que hizo llegar el miércoles al presidente del Senado, Ernesto Cordero, AI expresó su «grave preocupación» por la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, impulsada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y actualmente bajo consideración de los senadores.
La ONG consideró que la aprobación definitiva del proyecto «sería un grave retroceso en materia de derechos humanos», argumentando que «prolongaría la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policiales regulares para las cuales no están capacitadas, ni por las cuales rindan cuentas».
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Al respecto, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que la organización ha documentado desde hace más de 10 años «gravísimas violaciones a los derechos humanos en el contexto de una salida política que ha impuesto el papel de las Fuerzas Armadas en la respuesta a graves situaciones» de violencia en gran parte del país.
La falta de una respuesta efectiva a este problema, sostuvo, «ha «generado una situación caótica y una de las peores crisis en todo el hemisferio».
La abogada denunció que en la respuesta gubernamental «no ha habido siquiera intentos» por ir corrigiendo los graves fallos de esta política.
A su vez, la Asociación Nacional de Alcaldes, conformada por 469 municipios mexicanos, también rechazó la iniciativa avalada y empujada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
«Desde la ANAC señalamos que de ninguna manera vamos apoyar propuestas que tiendan a desaparecer a la policías municipales, pues no obstante no se puede aseverar que las fuerzas federales o estatales sean mejores que las municipales, sin contar con una evaluación detallada de por medio de cada corporación”, destacaron en un comunicado de prensa.
La ANAC expuso los ocho puntos por los que se oponen al dictamen que será discutido la siguiente semana: Es una ley vertical que excluye la coordinación entre los ordenes de Gobierno; se comete el error de prejuzgar sobre protestas y movilizaciones sociales, catalogandolas entre graves y no graves; se realizarán intervenciones en los territorios de los municipios sin haber escuchado la posiciones de los alcaldes; hace falta detallar las hipótesis a acreditar o evaluar para la ampliación del periodo de intervención, de lo contrario se esta sujeto a criterios personales y no técnicos la permanencia de las fuerzas armadas, al restar facultades a los gobiernos municipales, pues parte del supuesto de la ineficiencia de las policías Municipales sin que haya mediado evaluación de cada una de las corporaciones policiales en cada municipio.
Agregó que con esta Ley, la Fuerza Armada Federal se impone sobre la Estatal y la Municipal, por lo tanto no es un asunto de coordinación sino de subordinación, con centralización del poder en usa sola persona y con métodos discrecionales; es una manera de normar a las Fuerzas Armadas en funciones policiales, y trasciende al ámbito personal de cada individuo, vulnera y viola derechos y libertades básicas de los mexicanos.
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PROTESTA EN EL SENADO POR TERCER DÍA
Hoy,un grupo de alrededor de 50 manifestantes se hicieron presente enfrente del Senado de la República para continuar las manifestaciones en contra de la Ley de Seguridad Interior.
El político Gerardo Fernández Noroña, quien estuvo presente en el lugar, criticó al Presidente del Senado Ernesto Cordero Arroyo por asegurar que la propuesta lleva meses discutiéndose.
“No es cierto qué lleve meses la discusión. ¿Dónde? Mentiroso. Nosotros hemos insistido desde que Calderón dejó a los militares en las calles que es ilegal la presencia. Para Nochixtlán no necesitaron una Ley de Seguridad Interior y mataron a 11, para Tlatlaya no necesitaron y mataron a 22, en Tanhuato mataron 41”, dijo Fernández, quien calificó a Cordero de hacerle el juego al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior, y es ahora en el Senado de la República que la minuta pretende discutirse previo al término del periodo de sesiones el 15 de diciembre.
Heikel Hänsel, Diputada del Parlamento Alemán, expresó este día su “profunda preocupación” por la intención del Congreso mexicano de aprobar esta ley. Una manifiesto que ha sido expresado en el mismo sentido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La legisladora se dijo consciente de los problemas de inseguridad que atraviesa el país. “Sin embargo, no creo que la adopción de la Ley de Seguridad Interior, tal como se discute en el Congreso de la Unión, represente una solución”, expuso.
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Hänsel recordó que fue el propio Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos quien reconoció que las tareas de seguridad pública no eran propias del Ejército.
“Preocupa porque parece que da paso a la desaparición forzada. En otros países no se permite que los militares hablen de política y no sé porque aquí sí”, dijo Estefanía Veloz, una de las organizadoras de la protesta.
Fernández Noroña indicó que la iniciativa pone en riesgo la protesta social: “Exigimos que hagan política y no represión, que respeten la decisión de la gente. Y que respeten el derecho de la gente a reclamar las cosas”.
“Yo creo que lo que tenemos que hacer es dar a conocer la fotografía y el nombre de los diputados, senadoras y sonadores que aprueben esta ley”, dijo Fernández Noroña.
Aunque la minuta ha sido turnada a las comisiones de Gobernación, Marina, Estudios Legislativos y Defensa del senado, los trabajos legislativos aún no han sido convocados para iniciar esta semana.
-Con información de EFE.
