Centros educativos de todos los niveles decidieron emitir comunicados de último momento para priorizar las clases virtuales en pro de la seguridad e integridad de sus respectivas comunidades.
Ciudad de México, 29 de agosto (SinEmbargo).- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y otras instituciones educativas determinaron la suspensión de las clases luego de los bloqueos en la carretera de Fresnillo por grupos armados.
La institución educativa emitió un comunicado donde informó que las clases presenciales del día de hoy se suspenderían con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad, destacando al estudiantado de los niveles de secundaria, preparatoria y licenciatura.
“Exhortamos a la gran comunidad universitaria a estar al pendiente de los comunicados institucionales, a través de nuestras plataformas oficiales”, concluyó el comunicado firmado por el Dr. Rubén de Jesús Ibarra Reyes, Rector de la Universidad.
Otros planteles educativos como del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Académico del Mineral y escuelas públicas se unieron a la suspensión repentina de las clases presenciales.
“Derivado de las situaciones de inseguridad que se están presentando en el municipio de Fresnillo, y con la esperanza de que la situación mejore, en reunión de directivos y jefes de región se ha tomado el acuerdo de suspender el inicio de clases”, informó la Escuela Secundaria Técnica Industrial “Niños Héroes”.
Durante la madrugada del pasado sábado, una jornada violenta se vivió en Fresnillo, Zacatecas, donde se reportaron bloqueos y vehículos incendiados y afectados por ponchallantas sobre la carretera federal 45, a la altura del tramo que conecta con el municipio de Enrique Estrada.
Ante el clima de violencia y la falta de garantía de seguridad y protección, la #UAZ y el #IPN#Zacatecas, han suspendido sus clases presenciales durante tres días para proteger a sus estudiantes. Lo mismo sucede en algunos institutos y escuelas de #Fresnillo y #Valparaíso. pic.twitter.com/lBZWzkVGyf
De acuerdo con los primeros reportes de usuarios en redes, hombres armados cerraron la carretera, bajaron al conductor de un tractocamión y luego lo rociaron con combustible y le prendieron fuego, también detuvieron a un camión de pasajeros.
La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad del estado confirmó vehículos incendiados sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Villanueva, en la carretera estatal 23 y federal 45 de Fresnillo, y atribuyó estos hechos como una reacción tras “importantes golpes que los cuerpos de seguridad dieron a células delincuenciales”.
También se reportó, en diferentes puntos del mismo municipio, balaceras sin que provocarán personas lesionadas.
Para el día siguiente, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por los bloqueos y vehículos incendiados en las carreteras zacatecanas.
A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la FGR solicitó las investigaciones y dictámenes correspondientes a la Policía Federal Ministerial (PFM), a la Agencia de de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de Personal Pericial de la Institución.
La dependencia aseguró que trabaja de manera coordinada con los tres niveles de Gobierno para esclarecimiento de los hechos ocurridos en diversos puntos de Fresnillo, Zacatecas, durante la madrugada del sábado.
#FGR, a través de #FECOR, en su Delegación @FGR_Zacs, inició carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por los bloqueos e incendios de vehículos automotores en carreteras de #Zacatecas.
El Concejo Indígena indicó que las agresiones se dieron a pesar de que habían solicitado apoyo a las instituciones frente a la aparición de la cédula delictiva de “Los Ardillos”.
Por Lourdes Chávez
Chilpancingo, 29 de diciembre (Sur de Acapulco).– El Concejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que el grupo delincuencial de “Los Ardillos” incursionó en Xochitempa, Nuevo Amanecer Xolotepec, del estado de Guerrero el pasado lunes.
La agrupación indicó que pidió ayuda de las instituciones como la Guardia Nacional, la Secretaría General de Gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
Sin embargo, señaló que efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército, acompañados por la Fiscalía General del Estado, golpearon y desarmaron a integrantes de la CRAC de los Pueblos Fundadores en un retén de Xolotepec, y en defensa de su policía comunitaria los vecinos corrieron a los oficiales.
En un comunicado, la organización recordó que la CNDH solicitó a las instancias estatales garantizar la seguridad de las comunidades, así como de los miembros del CIPOG-EZ.
Denunció la incursión de “Los Ardillos” el lunes 27 de diciembre, por eso pidió ayuda a las instituciones. Pero, en lugar de indagar y perseguir a los agresores, indicó que los oficiales arremetieron a cachazos y cachetadas contra los comunitarios.
Añadió que ayer los miembros dialogaron con el director de Gobernación estatal Francisco Rodríguez Cisneros, que ofreció llamar la atención a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) , y continuar el diálogo con todas las instancias el 3 de enero en la comunidad de Alcozacán.
Las comunidades de Chenalhó y Aldama se encuentran en permanente conflicto desde 1975 cuando se originó un desacuerdo relacionado con el reparto de tierras, a pesar de que el 2020 se firmó un acuerdo de paz.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El periodista Isaí Mandujano filmó el momento en que le intentan disparar mientras realizaba una entrevista en el municipio de Chenalhó, en Chiapas.
A través de sus redes sociales Mandujano compartió que se encontraba realizando entrevistas en Aldama donde le explicaban acerca de los ataques de grupos civiles armados desde el Sector Santa Martha.
Estábamos hoy en la entrevista en #Aldama, nos explicaban sobre los ataques de grupos civiles armados desde el Sector Santa Marha, municipio de #Chenalhó y de pronto… pic.twitter.com/HMm6p6V3Yj
“Estos ataques de grupos civiles armados desde el Sector Santa Martha, municipio de Chenalhó hacia sus vecinos de Aldama tienen ya cinco años. Mientras, la Guardia Nacional reprime migrantes allá, indígenas viven en zozobra permanente”, añadió el periodista.
En el video compartido se escuchan las detonaciones de balas, por lo que los colaboradores y el equipo de trabajo de Mandujano buscaron de inmediato resguardo en el monte para protegerse de los tiros.
El reportero le pregunta a uno de los civiles entrevistados de la zona si considera que el lugar donde están es de “alto riesgo”, la persona le responde que sí.
“Ya tiene como unas tres veces seguidas que nos disparan acá, a los que transitan”, informó el hombre. El entrevistado dio detalles sobre el nombre del lugar cuando varias ráfagas de arma de fuego pasaron a su lado.
Estos ataques de grupos civiles armados desde el Sector Santa Martha municipio de #Chenalhó hacia sus vecinos de #Aldama tienen ya cinco años. Mientras la @GN_MEXICO_ reprime migrantes allá indigenas viven en zozobra permanente. pic.twitter.com/WKrqvpNO0U
En la tarde de hoy 4 de noviembre, se registró un choque entre oficiales de la Guardia Nacional y migrantes, en su mayoría centroamericanos, cerca del municipio de Pijijiapan, en el sur de Chiapas, de donde salió la caravana hacia la Ciudad de México.
ACUERDO DE PAZ
El pasado 27 de noviembre, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, anunció la firma de un tratado de paz entre las comunidades de Aldama y Chenalhó.
En la firma se encontraron el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y autoridades de ambas comunidades, donde se señaló que se atendería y repararía el daño a las víctimas del conflicto.
Ambas comunidades se encuentran en permanente conflicto desde 1975 cuando se originó un desacuerdo relacionado con el reparto de tierras, gracias a que la entonces Secretaría de la Reforma Agraria repartió más de 60 hectáreas al ejido de Santa Martha, en Chenalhó, decisión que los pobladores de Santa Martha en Aldama reclamaron.
De acuerdo con los reportes, el enfrentamiento entre los grupos armados ocurrió el pasado fin de semana durante un intento de ingreso por parte del CJNG a la zona de Tierra Cliente.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Un video de un enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de un grupo civil armado, en el municipio de Tepalcatepec, situado en los límites de los estados de Michoacán y Jalisco, se dio a conocer a través de redes sociales.
De acuerdo con La Voz de Michoacán y El Sol de Zamora, el enfrentamiento entre los grupos armados ocurrió el pasado fin de semana durante un intento de ingreso por parte del CJNG a la zona, por lo que el grupo contrario repelió el ataque, sin que hasta el momento se hayan reportado personas muertas o heridas.
En las imágenes que fueron difundidas por Denuncias Ixtapaluca, se puede observar cómo varios hombres, sin que sean identificados, intentan cubrirse detrás de las camionetas mientras disparan con armas largas. En la videograbación también se pueden escuchar varias detonaciones por arma de fuego.
Habitantes del municipio aseguraron que se trataron de miembros de Cárteles Unidos y del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El pasado 9 de octubre, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, había reportado que las cédulas del CJNG se replegaron en la zona de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, después de que se tomaran acciones para luchar contra el crimen organizado.
Durante la presentación del Plan de Apoyo a Michoacán, el titular de la Sedena aseguró que el retroceso del cártel se debe al despliegue de fuerzas estatales.
“Tenemos dos mil 080 elementos del Ejército, 152 elementos de la Guardia Nacional (GN) y seis helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana trabajando en toda esta área. Con las acciones que se están desarrollando, se logró que uno de los grupos delictivos del Cártel Jalisco se hiciera un retroceso hacia los límites con el estado de Jalisco”, indicó.
Asimismo, recalcó que se ha logrado presencia militar en las poblaciones de Los Horcones, Teloloapan y Colomotitán. “Fue importante tener presencia militar en estas áreas para obligar a los grupos delictivos a retirarse de ese terreno”, precisó.
Participación del C. Gral. Srio. Def. Nal. en el Plan de apoyo a Michoacán. 9 Oct. 2021. pic.twitter.com/HtVVyuDOok
Como parte de la iniciativa de seguridad, cuatro mil 052 elementos de la Secretaría estarán desplegados en operativo, así como cuatro mil 428 integrantes de la Guardia Nacional y siete mil 500 de la Policía. Cresencio Sandoval explicó que estos elementos estarán trabajando en las 12 coordinaciones regionales de la GN.
En Tepalcatepec, Aguililla y Coalcomán se habían registrado acciones de grupos delictivos tales como limitación de movimientos de vehículos, puestos de control para evitar el tránsito, la creación de zanjas, y ataques contra personal militar, detalló. Sin embargo, debido a la presencia militar ya se rehabilitó el tránsito en los caminos de Jilotlán a Tepalcatepec, de Apatzingán a Buenavista y de Aguililla a Apatzingán, y se liberaron los accesos y salidas de las poblaciones afectadas.
Cresencio Sandoval destacó que algunos de los resultados del operativo han sido: el regreso de la población desplazada a las comunidades, la regularización de los servicios y el flujo de comunicaciones tanto a nivel local como entre los estados de Jalisco y Michoacán, el restablecimiento de los flujos de abastecimiento para Aguililla y que se den las condiciones para establecer una mesa de diálogo en Aguililla con interlocutores de la base social inconforme.
El grupo de autodefensa “El Machete”, formado para “expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes, al crimen organizado”, denunció que el Gobierno del PRD en Chiapas es parte de los “narcos”.
Moscú, 21 de julio (RT).– Pobladores de comunidades indígenas de Chiapas, en el sur del país, unieron esfuerzos para crear el grupo civil armado de autodefensa llamado ‘El Machete‘, con el fin de expulsar de sus territorios a las organizaciones del crimen organizado.
Con el apoyo de miles de indígenas de los municipios de Pantelhó y Chenalhó, este grupo de autodefensa anunció su creación el pasado domingo 11 de julio, en la localidad de San José Buenavista Tercero.
Filas del grupo de autodefensa “El Machete” en Chiapas. Foto: Especial, Cuartoscuro
CRIMEN ORGANIZADO Y POLÍTICA
Los integrantes de ‘El Machete‘ se armaron en rechazo a la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado, quienes llevan años sometiendo a la población civil, con la presunta colusión de autoridades locales de Pantelhó, gobernada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Uno de los comandantes del colectivo afirmó en una entrevista con Chiapas Paralelo que su hija de cuatro años fue secuestrada por personas ligadas a la presidencia municipal de Pantelhó.
Los pobladores de estos municipios solicitaron ayuda a las autoridades locales ante los crímenes contra líderes regionales, como Enrique Pérez Pérez, asesinado el pasado 7 de mayo; y el defensor y activista de derechos humanos Simón Pedro Pérez López, quien falleció el 5 de julio.
Reunión en el comunidad de San José Tercero, Chiapas de las autodefensas denominadas “El Machete”. Foto: Especial, Cuartoscuro
No obstante, según los afectados, los representantes de Gobierno no respondieron a sus peticiones de garantizar seguridad en estas comunidades de Los Altos de Chiapas.
“Algunos de nuestros compañeros fueron asesinados por denunciar la violencia que estamos viviendo”, expresaron en un video en el que anunciaron públicamente que su objetivo es “expulsar a los sicarios, a los narcotraficantes, al crimen organizado”.
El grupo de vigilantes denunció que la presidenta municipal interina de Pantelhó, Janeth Velasco Flores, del PRD, es parte de los “narcos”, al igual que su esposo, Raquel Trujillo, candidato electo para gobernar en el mismo ayuntamiento.
“Entramos porque no queremos más muertes para los pobres campesinos tzeltales y tsotsiles“, aseguraron los integrantes de ‘El Machete’.
VIOLENCIA EN LAS COMUNIDADES
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) advirtieron el jueves 8 de julio que cerca de dos mil personas tsotsiles de la región de Pantelhó y Chenalhó han sido desplazadas de sus comunidades debido a la “violencia generalizada del crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación”.
Aproximadamente 2000 personas tsotsiles de la región de Pantelhó y Chenalhó han sido desplazadas por la violencia generalizada del crimen organizado y la omisión del Estado mexicano de atender la situación.
— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) July 8, 2021
El pasado 12 de marzo, un grupo criminal asociado a la presidencia municipal de Pantelhó habría asesinado a 12 personas, incluyendo un niño, según denunciaron grupos de derechos humanos en un comunicado conjunto tras el asesinato del activista Pérez López.
En otro incidente registrado a inicios de mayo, “el grupo criminal llegó a la comunidad San José Buenavista Tercero, municipio de Pantelhó, asesinaron a una persona de sexo masculino y desplazaron a los habitantes de la comunidad”, aseveraron los colectivos.
Los vigilantes, que parecen contar con integrantes del pueblo tzotzil, se hacen llamar grupos de “autodefensa”, tal como lo hicieron otros grupos en el oeste de México en 2013 y 2014. Foto: EFE.
Asimismo, el grupo ‘El Machete’ denunció que unas 200 personas han sido asesinadas desde hace 20 años. De momento, habitantes de las 86 comunidades que conforman Pantelhó han manifestado su apoyo al grupo de autodefensa.
RESPUESTA DE LÓPEZ OBRADOR
En contraparte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo con la conformación de esta agrupación civil armada.
“Eso no debe aceptarse, nosotros no estamos de acuerdo con eso porque el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad”, declaró el mandatario durante su conferencia matutina de este martes.
“No se puede hacer justicia por propia mano, nadie puede hacer eso, eso es ilegal y eso no debe aceptarse. Nadie debe armarse para enfrentar una supuesta situación de inseguridad”, agregó López Obrador.
El grupo había anunciado el sábado pasado su aparición, en la cual dijeron que llegan “para expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado” porque no quieren más muertes para los campesinos indígenas.
Pantelhó, Chiapas, 18 de julio (EFE).- Miles de indígenas tzotziles y tzeltales de Pantelhó se congregaron este domingo para mostrar su apoyo al nuevo grupo de civiles armados “Los Machetes”, denominados autodefensas y creados recientemente en el estado mexicano de Chiapas, al sureste del país.
En una asamblea local un centenar de hombres con fusiles de asalto y algunos con machetes, denominados “Autodefensas del Pueblo Los Machetes”, fueron presentados a la comunidad.
El grupo había anunciado el sábado pasado su aparición, en la cual dijeron que llegan “para expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado” porque no quieren más muertes para los campesinos indígenas.
Este domingo los pobladores manifestaron su respaldo, al tiempo que rechazaron a los narcotraficantes y sicarios y expresaron su deseo de vivir “en paz y libertad”.
Denunciaron que este municipio se ha visto afectado por una ola de asesinatos de los sicarios del grupo armado “Los Herrera”, ligado al ayuntamiento.
Uno de los representantes de la comunidad aseguró que este no es un acto político, sino una acción por la defensa de la vida y anunció que esta organización armada ahora es respaldada por las 83 comunidades y habitantes de la cabecera municipal.
La vocera de los comuneros explicó que desde hace dos décadas el “narco ayuntamiento” de Pantelhó ha asesinado a los tzotziles y fue la inseguridad en la que viven la que los hizo levantarse en armas en “contra de los sicarios”.
Indicó que en estos 20 años en los que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha acaparado el poder municipal a través de familiares, los sicarios mantuvieron el control de las 83 comunidades, a través de diversos sicarios.
Además el grupo armado “Los Capotes”, que tiene su centro de operaciones en la comunidad San Francisco El Triunfo y los agentes la Policía Municipal también mantienen un constante hostigamiento contra los habitantes del municipio, por lo que ahora se levantaron en armas “para exigir justicia”.
Aseguraron que tuvieron la “unión de todas las comunidades de Pantelhó” para crear el grupo de autodefensas con el objetivo de que “todos los responsables” de los asesinatos que han ocurrido en Pantelhó vayan a la cárcel.
ELEGIRÁN NUEVAS AUTORIDADES
Durante la asamblea aprovecharon para exigir al Congreso local que aplique una auditoría contra la alcaldesa Delia Janeth Velasco Flores, que se anule el proceso electoral del pasado 6 de junio y que sea desconocido el alcalde electo Raquel Trujillo Morales.
Y afirmaron que el próximo 1 de octubre entre las 83 comunidades elegirán a sus autoridades municipales por usos y costumbres.
A la asamblea asistió Josefina Bravo Rangel, de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, quien anunció que contribuirán para la pacificación en Pantelhó.
Las denominadas “autodefensas” existen en los estados de Michoacán y Guerrero, donde nacieron en 2013 a raíz de la amenaza del crimen organizado al igual que en el central estado de Morelos.
En diversas ocasiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su rechazo a estos grupos argumentando que es el Estado el responsable de la seguridad, además de que estos grupos son aprovechados por “maleantes” para infiltrarse.
Al inicio de la pandemia, grupos armados de diversos países ordenaron confinamientos, repartieron mascarillas y suministros médicos y castigaron a los transgresores.
Ciudad de México, 26 diciembre (InsightCrime).- La respuesta de los grupos criminales ante el COVID-19 no ha sido uniforme ni necesariamente exitosa.
El que una organización criminal haya progresado o no durante este año depende de las relaciones previas que haya tenido con el estado, de la diversidad de su portafolio criminal, o de su estructura jerárquica y su capacidad para mantener el orden y la disciplina entre sus miembros.
Al inicio de la pandemia, grupos armados de diversos países ordenaron confinamientos, repartieron mascarillas y suministros médicos y castigaron a los transgresores. Este es un sorprendente ejemplo de la autoridad que los gobiernos habían cedido a las organizaciones criminales, lo que al parecer permitió a cada grupo criminal aprovechar las oportunidades que se generaron durante la pandemia.
Como cualquier otra empresa, sin embargo, las organizaciones criminales sufrieron reveses, perdieron clientes y recibieron golpes de autoridades y rivales por igual. Finalmente, el hecho de haber ganado o perdido durante 2020, al parecer dependió de tres variables principales, que describimos a continuación.
VÍNCULOS PREEXISTENTES ENTRE POLÍTICOS Y CRIMINALES
Los grupos criminales que salieron favorecidos con la aparición del coronavirus fueron aquellos que ya habían forjado una relación con el Estado antes de la pandemia. Uno de ellos es la Mara Salvatrucha (MS13) en El Salvador.
Pocos días después de que se decretó la cuarentena, la pandilla decidió imponer un toque de queda, prohibir las reuniones públicas y determinar cuándo y cómo las personas podían adquirir bienes básicos, como dijo un miembro de alto rango de la MS13 al medio de noticias salvadoreño El Faro, lo cual coincide con testimonios que InSight Crime recolectó por la misma época.
“Caminan por ahí vestidos de negro, con palos y armas de fuego”, dijo a InSight Crime un residente de la comunidad de El Coro, en San Salvador, en el mes de abril, refiriéndose a las patrullas nocturnas de la MS13 que buscaban garantizar el cumplimiento de las restricciones por el coronavirus.
Las pandillas también supuestamente emitieron mensajes de voz, en los que amenazaban con castigar a quienes no cumplieran con el aislamiento, y publicaron videos en los que mostraban personas que eran golpeadas por violar la cuarentena, como informó Los Ángeles Times en el mes de abril.
Pero la MS13 también usó su músculo político. La pandilla tiende a sacar provecho de su capital político, lo cual quedó demostrado cuando fue protagonista de varios arreglos bajo la mesa con funcionarios de diferentes ramas del gobierno, entre los que se encuentran presidentes, alcaldes y miembros del Congreso.
El actual Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no es ajeno a este juego. En su anterior cargo como alcalde de San Salvador (2015-2018), el equipo de la alcaldía de Bukele estableció un intrincado diálogo con la MS13 y sus rivales de Barrio 18 que le permitió a su administración revitalizar el Centro Histórico de la ciudad (como se describe en una investigación de InSight Crime sobre la dinámica de las pandillas en la capital de El Salvador).
Bukele ganó la presidencia en 2019 gracias en parte a este exitoso plan de revitalización urbana; y en 2020, el nuevo Presidente al parecer inició un pacto informal con la MS13 a nivel nacional. A cambio de disminuir la alta tasa de asesinatos del país y permitirle a su partido hacer campaña en las zonas de influencia de la pandilla, la MS13 pudo administrar paquetes de asistencia del Gobierno en algunas áreas bajo su control, según afirma un funcionario del Gobierno que trabajó en el programa administrando las ayudas, así como otros funcionarios del Gobierno que tenían conocimiento de ello.
Mario Vega, un prominente pastor evangélico de El Salvador, también le dijo a InSight Crime en octubre que los programas de asistencia frente al coronavirus financiados por el Gobierno estaban siendo dirigidos por las pandillas en los barrios donde ejercían fuerte influencia. Y Jeannette Aguilar, experta en seguridad y pandillas, afirma que algunos miembros del ejército de El Salvador le dijeron que las provisiones para hacer frente al coronavirus debían ser entregadas directamente a las pandillas.
Otros medios, como Factum, también informaron que la MS13 estaba distribuyendo paquetes de alimentos en comunidades de escasos recursos y haciendo cumplir la orden nacional de utilizar mascarillas. Además, la MS13 también hizo alarde de su relación con el Gobierno. Dos habitantes de San Salvador que viven en barrios controlados por la MS13, por ejemplo, dijeron a InSight Crime que los pandilleros estaban favoreciendo a sus parientes, pues les permitían hacer ventas mientras otros vendedores debían acatar los toques de queda nocturnos.
En uno de los barrios, los vendedores ambulantes pertenecientes a las familias de los pandilleros eran los únicos que podían salir durante el confinamiento, según Mario, uno de los residentes de San Salvador que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
La imposición de estas medidas de cuarentena no era en absoluto uniforme ni completa; el Gobierno de Bukele negó enérgicamente que hubiera llegado a algún tipo de pacto o acuerdo con la pandilla, pero la cantidad de relatos que corroboraron el control de la MS13 era difícil de refutar. En resumen, la banda obtuvo más capital político en medio de la pandemia gracias a su larga relación con el Gobierno.
ECONOMÍAS CRIMINALES DIVERSIFICADAS
La pandemia de coronavirus demostró que la economía criminal suele coincidir con la legal. Los grupos criminales más diversificados y que participan en una amplia gama de actividades lograron capear la tormenta y capitalizar las oportunidades mejor de lo que lo hicieron los que dependen de menos fuentes de ingresos. Esto a su vez tiene una relación directa con las formas en que los grupos criminales muestran su poder.
En 2020, InSight Crime publicó informes que demuestran que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la amenaza criminal predominante de México, en gran parte apoyado por flujos de ingresos diversificados: tráfico de cocaína y drogas sintéticas, control de importante infraestructura portuaria, robo de petróleo y múltiples formas de lavado de dinero. Durante la pandemia, el CJNG ha utilizado esta ventaja para extender significativamente su posición, que de hecho ya es dominante en México.
Sin embargo, 2020 no comenzó bien para el CJNG. El suministro de precursores químicos para fabricar fentanilo y metanfetamina, que les reportan grandes ingresos tanto en México como en Estados Unidos, se desaceleró dado que los envíos desde China se suspendieron temporalmente. Sin embargo, tanto el CNJG como sus rivales del Cartel de Sinaloa no tardaron en encontrar nuevos proveedores en otros países. En efecto, un informe de The Guardian en el mes de diciembre demostró que la cadena de suministro del comercio de fentanilo se había vuelto más compleja, y que involucraba a países con menos regulaciones, como Vietnam e India. De ser necesario, el CJNG podía incluso robar lo que necesitaba.
Al parecer, el CJNG también se adaptó a otros mercados. Además, arremetió contra competidores debilitados que se habían fragmentado o que no podían hacer frente al impacto del virus. Durante 2020, el CJNG avanzó rápidamente en los estados de Guanajuato, Zacatecas, Veracruz y Ciudad de México.
Esto contrasta con el caso de La Unión Tepito, el grupo criminal más grande de la Ciudad de México. Dicho grupo comenzó en 2020 en una posición cómoda, extorsionando tiendas, puestos de mercado y vendedores ambulantes ilegales en el Centro Histórico de la capital y en otras zonas comerciales. Además, les daba a esos mismos negocios productos falsificados para que los vendieran y estableció numerosos puntos de venta de drogas en barrios exclusivos.
Pero la excesiva práctica de la extorsión hizo al grupo demasiado visible. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, de la Ciudad de México, los casos de extorsión disminuyeron hasta en un 91 por ciento de noviembre de 2019 a noviembre de 2020. Ante esto, La Unión Tepito respondió como mejor pudo. Según informes, sus miembros golpeaban a los tenderos que se negaban a pagar, reclutaron menores de edad para que intimidaran a las víctimas, e incluso han comenzado a extorsionar tiendas en zonas más ricas de la capital.
Finalmente, La Unión Tepito tuvo una mala racha. Las empresas dejaron de pagar las extorsiones y los tenderos se molestaron cuando dejaron de recibir mercancías por las que habían pagado por adelantado. Además, el grupo padeció un alto número de arrestos, su líder ha estado bajo presión, y perdieron zonas criminales clave arrebatadas por la Fuerza Anti-Unión, sus archirrivales, que al parecer se han aliado con el CJNG.
Otra ciudad, Río de Janeiro, ha pasado por conmociones similares a causa del coronavirus, que también se deben en parte a las diversas economías criminales en juego. En este caso, los grupos de milicianos —organizaciones tipo paramilitar compuestas en gran parte por agentes de policía activos y retirados que controlan hasta el 33,1 por ciento de la ciudad— se opusieron a que las empresas cerraran por temor a perder los ingresos de las extorsiones. En mayo, por ejemplo, los tenderos informaron que habían recibido amenazas de muerte por parte de milicianos si se atrevían a cerrar. En contraste, agrupaciones como el Comando Rojo (Comando Vermelho – CV) y pandillas carcelarias más vinculadas al narcotráfico local impusieron estrictos toques de queda en las favelas bajo su control, yendo de puerta en puerta para advertirle a la gente que se quedara en casa.
Es difícil saber cuáles serán los resultados de las diferentes acciones en términos de gobernanza criminal en el largo plazo, pero en términos sanitarios fueron impactantes. Un estudio realizado en el mes de agosto por universidades brasileñas y españolas halló que el número de muertes por COVID-19 en zonas controladas por las milicias era 29 por ciento superior a la media nacional; en las zonas controladas por el CV, las tasas de mortalidad fueron 43 por ciento inferiores a la media nacional.
“Los resultados muestran que la reacción del crimen organizado a una crisis de salud pública depende de su forma de gobernanza criminal”, se lee en el estudio.
UNA ESTRICTA ESTRUCTURA DE MANDO
El CJNG se benefició de la pandemia no solo por la diversificación de su portafolio, sino también por su mando centralizado. La expansión en 2020 se debió sobre todo a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. En los últimos años, ha habido rumores acerca de su mala salud, nunca ha sido visto y su nombre rara vez ha sido utilizado, pero al parecer utilizó la pandemia para reafirmar su evidente control sobre el grupo, comandando tanto sus acciones violentas como sus intentos de ayudar a la comunidad.
Primero, El Mencho hizo una demostración de poder: en julio, el grupo hizo circular un video en el que aparecían docenas de hombres con trajes blindados que gritaban el nombre del líder. Poco después, se publicaron mensajes o videos en los que se expresaba la lealtad del grupo hacia él después de las agresivas invasiones del grupo en Zacatecas y Ciudad de México, así como en Guanajuato, donde el CJNG derrocó al Cartel de Santa Rosa de Lima.
En el este de Veracruz, el CJNG también expulsó a los grupos escindidos de Los Zetas (agrupación que ya ha perdido su poder), les arrebató el control de varias prisiones en el estado y se desplazó hacia el norte para enfrentar al Cartel del Golfo. Allí, el grupo entregó cajas de bienes básicos a los residentes rurales, quienes fueron filmados dándole las gracias a El Mencho.
Donde la expansión del grupo fue más eficaz y despiadada fue en el estado de Zacatecas, al centro del país. En abril, los habitantes de 17 municipios del estado encontraron, un día al amanecer, varias “narcomantas” con mensajes similares que aclamaban el control de El Mencho: “Desde hoy, el estado de Zacatecas está representado por el CJNG”, se lee en una de ellas. “Garantizamos la seguridad y el respeto a los ciudadanos de Zacatecas, como lo hemos hecho en otros estados que representamos. Pedimos a las autoridades que no colaboren con secuestradores y extorsionadores para que no se conviertan en nuestros enemigos”.
Estos mensajes estuvieron acompañados de videos en las redes sociales, en los que se veía a integrantes del CJNG que decían: “Zacatecas ya es nuestro […] pertenece a don Mencho”.
En Colombia, la jerarquía interna también afectó la capacidad de los criminales para imponer su voluntad durante la pandemia. Esto se pudo ver al comparar acciones similares de dos de los principales grupos del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que cuenta con una estructura de mando centralizada, y Los Urabeños, una organización menos cohesionada que surgió de los antiguos ejércitos paramilitares.
En teoría, los dos grupos son similares. Según un informe publicado en septiembre por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Los Urabeños se han extendido más. El informe señala que están activos en más de 200 municipios de Colombia, un número superior a los 160 del ELN. Los ingresos de ambos grupos provienen de una gran variedad de actividades criminales, como la extorsión, la minería ilegal y el tráfico internacional de drogas.
Pero esto es solo una parte de la historia. Mientras que el ELN tiene frentes distintos que operan con un alto grado de autonomía, todavía responden a un Comando Central (COCE). Por el contrario, Los Urabeños combinan células controladas directamente con bandas criminales locales y semiautónomas que operan bajo lo que se puede considerar un sistema de “franquicia”.
Estas diferentes formas de organizar a sus integrantes se manifestaron en 2020. En febrero, el ELN declaró un “paro armado” a nivel nacional. En al menos 27 operaciones documentadas a finales de febrero, comunidades rurales enteras fueron encerradas mediante toques de queda. La infraestructura eléctrica fue derribada, las carreteras fueron cerradas debido a amenazas de bombas y explosivos, y aparecieron grafitis y banderas pro-ELN por todo el país.
En octubre, Los Urabeños intentaron su propio ataque armado, que no fue muy trascendental. Si bien aparecieron grafitis en alusión al grupo en paredes y casas en alrededor de 60 municipios de todo el país, no se apreció el mismo nivel de control del ELN ni el posterior efecto dominó en las comunidades.
La pandemia ayudó a profundizar estas diferencias. Cuando comenzó, el ELN declaró “un alto el fuego indefinido como un acto de humildad y grandeza [y para] liberar al país del temor a la guerra, al menos durante estos tiempos de emergencia”.
Poco después del alto el fuego, el ELN utilizó amenazas violentas para amedrentar a la población. A principios de abril, circularon panfletos en el departamento de Bolívar, al norte del país, que decían que el ELN estaba “obligado a matar gente con el objetivo de preservar vidas”.
El grupo además actuó de manera coordinada y decisiva para expulsar a sus enemigos, especialmente al Ejército Popular de Liberación (EPL), un antiguo grupo guerrillero convertido en organización criminal, y a Los Rastrojos, los cuales, al igual que Los Urabeños, surgieron de las cenizas de los ejércitos paramilitares.
En Norte de Santander, el ELN también impuso toques de queda y controles en las carreteras, mientras se comunicaba sin ningún inconveniente con los miembros de la organización en Venezuela. Allí, la lucha del ELN contra sus enemigos tuvo el apoyo prácticamente abierto del ejército venezolano, que ha declarado a Los Rastrojos, los cuales controlan gran parte del contrabando transfronterizo y el tráfico de personas, como un objetivo prioritario.
Este apoyo del Gobierno venezolano también ayudó al ELN a hacer avances significativos en Venezuela, tanto a lo largo de la frontera como en el estado de Bolívar, donde domina gran parte de la minería ilegal, controla varias comunidades indígenas y puede desviar alimentos, agua, gasolina y otros bienes para suplir sus necesidades.
Todo esto resultó más sorprendente dado que existían dudas acerca de si la estructura de mando y control del ELN sobreviviría en 2020. Desde que las conversaciones con el Gobierno colapsaron a principios de 2019, varios de los principales líderes del ELN han debido permanecer en Cuba, donde se estaban llevando a cabo las conversaciones, por temor a ser procesados en Colombia o extraditados a Estados Unidos. Uno de los comandantes más visibles de la guerrilla, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias “Uriel”, fue asesinado en octubre por las fuerzas gubernamentales.
A pesar de estas amenazas, la jerarquía del ELN aparentemente permaneció inalterada; sus frentes disfrutan de cierto grado de autonomía, a la vez que atienden las instrucciones provenientes desde el centro. Además, el grupo logró expandirse agresivamente, sin mayor resistencia por parte de las fuerzas venezolanas, mantener el control sobre las lucrativas economías transfronterizas, e incluso ejecutar a los insubordinados.
Por su parte, Los Urabeños tuvieron dificultades para mantener el statu quo. El grupo intentó reactivar rutas antiguas y peleó por otras nuevas, atento a la cocaína que sale de la costa Caribe colombiana. Sin embargo, gran parte del mando todavía parece concentrado en las manos de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, cuyos socios y familiares son regularmente arrestados o asesinados. Por eso no se sabe hasta qué punto puede coordinar las acciones de los miembros y socios del grupo.
Por ejemplo, en lugares donde el ELN logró expandirse, Los Urabeños tuvieron dificultades. En 2020 intentaron avanzar en el departamento de Nariño, al sur del país, una zona muy disputada, epicentro de los cultivos de coca y una de las áreas más violentas de Colombia. Allí, el grupo no ha establecido ninguna medida tangible de control, sus comandantes han sido arrestados y sus arsenales han sido incautados.
La SSP informó que en el predio localizado en la colonia Nueva Alianza se encontraron y decomisaron tres automóviles, ocho armas de fuego tipo fusil -una de ellas contaba con aditamento de lanza granadas-, 23 cargadores para arma de fuego, 21 calibre 7.62 y dos calibre .223, y varios tipos de drogas.
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas informó que 14 sujetos armados muerieron y tres elementos de la Policía Estatal Preventiva resultaron heridos durante un operativo realizado en el municipio de Calera la noche del 12 de octubre.
A través de un comunicado, detalló que la agresión en contra de los policías ocurrió al momento de realizar la implementación de la Estrategia de Seguridad Pública Integral para Zacatecas (ESPIZ) en conjunto con acciones coordinadas con autoridades federales en el municipio.
Dos de los policías presentaron lesiones por esquirlas y uno por impacto con arma de fuego. Sin embargo, de la SSP apuntó que todos se encuentran fuera de peligro y se reportan estables.
De acuerdo con el documento, 14 de los hombres armados fueron abatidos y perdieron la vida en el lugar. Otro sujeto sólo resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
La SSP informó que en el predio localizado en la colonia Nueva Alianza se encontraron y decomisaron tres automóviles, ocho armas de fuego tipo fusil -una de ellas contaba con aditamento de lanza granadas-, 23 cargadores para arma de fuego, 21 calibre 7.62 y dos calibre .223, y varios tipos de drogas.
Por indicaciones del titular de la Secretaría, Arturo López Bazán, se reforzó la presencia de policías en el municipio, además de que ordenó una serie de patrullajes terrestres y aéreos.
“La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas reitera que mantiene un compromiso irrestricto con la sociedad de mantener paz y seguridad en el territorio zacatecano, por lo que no escatimará recurso alguno para restablecer el orden y la tranquilidad”, finalizó en el comunicado.
HALLAN 13 CUERPOS EN CAMIONETAS
El pasado 5 de octubre, policías mexicanos encontraron 13 cadáveres amontonados en dos camionetas en el centro-norte del país, informaron autoridades de San Luis Potosí. Mientras, un ataque a tiros en un funeral en Guanajuato mató a cinco e hirió a cuatro personas.
La violencia parece ser parte de sangrientas batallas territoriales que involucran al cártel de Jalisco que ha dejado decenas de muertos en las últimas semanas.
Fiscales del estado de San Luis Potosí dijeron que los cuerpos de 11 hombres y dos mujeres fueron encontrados el lunes en dos camionetas a un costado de una carretera cerca de los límites con el vecino estado de Zacatecas.
Los fiscales indicaron que en el lugar se encontró un mensaje escrito a mano de una banda de narcotraficantes, que según los medios locales fue firmado por el cártel de Jalisco. Uno de los vehículos tenía placas de Jalisco.
Durante mucho tiempo Zacatecas estuvo dominado por el viejo cártel de Los Zetas, pero más recientemente ha sido escenario de incursiones del cártel de Jalisco, la organización delictiva más violenta y de mayor crecimiento de México, así como del Cártel de Sinaloa.
Por otro lado, en el estado central de Guanajuato, el más violento de México en la actualidad, las autoridades anunciaron que cinco personas murieron y cuatro resultaron heridas en un ataque a disparos el lunes durante un funeral en la ciudad de Jaral del Progreso.
Al parecer, las víctimas estaban allí para llorar a la víctima de un asesinato anterior.
El 27 de septiembre, hombres armados mataron a 11 personas, entre ellas cuatro mujeres, en un bar en Jaral del Progreso. No estaba claro de momento si la persona que estaba siendo velada el lunes era una víctima de ese ataque, que según las autoridades mostraba indicios de ser un acto propio de los narcotraficantes.
Las organizaciones destacan la violencia incesante en los municipios tsotsiles, ocasionada por grupos paramilitares que, desde hace décadas devastan la región. Estos ataques persisten y han provocado que esas tierras sean escenario de constantes balaceras, aislamiento y muerte.
Por Yessica Morales
Chiapas, 24 de agosto (Chiapas Paralelo).- El Centro Nacional de Cultura de Paz A. C. en colaboración con DespertarEs Derechos Humanos A. C., y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FISANIM), realizaron un pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C., con el fin de hacer un llamado para que las autoridades desmantelen las redes de paramilitarismo en Aldama y Chenalhó.
Las organizaciones destacan la violencia incesante en los municipios tsotsiles, ocasionada por grupos paramilitares que, desde hace décadas devastan la región. Estos ataques persisten y han provocado que esas tierras sean escenario de constantes balaceras, aislamiento y muerte.
Asimismo, el pasado 4 de junio del 2019, se firmó un pacto de alto al fuego entre estas dos comunidades. Sin embargo, los términos no fueron respetados porque las autoridades municipales no han realizado un trabajo de inteligencia para identificar y frenar a los verdaderos responsables de financiar, organizar y mandar a estos grupos paramilitares, es asi como a pesar de lo acordado, la violencia continua.
Por ello, el 4 de agosto de este año, volvieron a firmar un pacto de no agresión ante el asesinato de 24 indígenas. Este pacto tuvo como testigos a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, así como a Verónica Ruiz Pérez, Alcaldesa de Aldama y, a Abraham Cruz Gómez, Alcalde de Chenalhó.
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“Nuevamente la violencia ha vuelto por realizar un trabajo superficial por la paz de la región y no tener un compromiso verdadero para erradicar el paramilitarismo en la región”, expresan en el pronunciamiento las Asociaciones.
Además, el 16 de agosto, el grupo civil armado, proveniente de Santa Martha, Chenalhó; atacó a las comunidades de Yeton, Ch’ivit y Stzelejpotobtik del municipio de Aldama. La policía estatal que se encuentra instalada en Tabac no actuó.
Las Asociaciones añaden que, son al menos 26 ataques con armas de alto calibre, realizados por grupos civiles armados de corte paramilitar que operan en esa región y que son procedentes de comunidades de Santa Martha. Las principales víctimas desplazadas son mujeres y niños.
La violencia terrorista provoca desplazamientos internos forzados, inseguridad en la población, afectación a la libertad de tránsito, desabasto de productos básicos, malnutrición en sus habitantes, violencia física, psicológica y política. Impidiendo el desarrollo adecuado de los y las menores en la región, aumentando la violencia machista y la pobreza extrema.
“Les recordamos que dentro del objetivos del milenio que establecen los 193 países suscritos, entre ellos, México, se encuentra el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Como instancias y ciudadanía constructoras de paz, apelamos a la implementación inmediata de los mecanismos de Justicia Transicional por el cumplimiento cabal de los objetivos de la agenda 2030″, expusieron.
Las Asociaciones exigen al Estado mexicano implementar medidas de resolución pacífica, en la atención y protección a las víctimas de la violencia en Aldama, en especial aquellas que han sido obligadas a desplazarse, sufrido la muerte de algún familiar y, han sido lesionadas de forma física y emocional por los ataques terroristas en la región.
Así como en la atención inmediata e integral de las autoridades estatales y federales al tema de la violencia en el municipio. Asimismo, realizar una investigación estratégica sobre la detección del origen del financiamiento a grupos paramilitares.
También, que las autoridades civiles lleven a juicio a los autores materiales e intelectuales de estas acciones, investigar sus conexiones para identificar y llevar a juicio a los líderes de paramilitares. En relación con esto, investigar sus conexiones con autoridades locales, estatales y federales tanto de esta o de anteriores administraciones, para actuar contra esa red de corrupción y llevarlos ante la justicia.
Las Asociaciones añaden que, deben solicitar la intervención de las organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en la reparación socioemocional e integral de los pobladores afectados. Y, garantizar un proceso de pacificación real y no de eventos protocolarios superficiales que no dan soluciones concretas para la población del municipio de Aldama que, sufre el terror cada madrugada.
“Atención urgente a la guerra de baja intensidad que vive nuestro país en otros estados con desplazamientos, ataques contra periodistas, desaparecidos, desaparecidas, feminicidios, violencia contra pueblos indígenas y campesinos”, expresan.
Otra de las exigencias es, implementar los mecanismos de justicia transicional, la reparación del daño integral, devolución de sus tierras, cumplimiento a cabalidad de los acuerdos ya signados por ellos y de los que FRAYBA tiene conocimiento. También, activar herramientas por la cultura de paz a través de las instancias federales especializadas en colaboración con las instancias de la sociedad civil.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió, de forma urgente, al Gobierno de Chiapas cumplimentar las medidas cautelares decretadas a favor de los habitantes de Aldama y Chenalhó, tras las recientes balaceras que se han registrado en comunidades del primer municipio y que ha costado la vida de una persona y hasta el momento un herido.
En medio de crisis, grupo armado de Chenalhó se expone tras balaceras en Aldama. Foto: Captura de video.
La CNDH informó que emitió medidas cautelares a la entidad, requiriéndole, con carácter de urgente, garantizar sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal, patrimonio, así como su seguridad individual y colectiva.
Además, exige la irrestricta aplicación de la ley y la observancia plena del estado de Derecho en los referidos municipios; al tiempo que insta a privilegiar el diálogo y la concertación que permitan los consensos necesarios para garantizar la paz y estabilidad social.
La última noticia del caso fue sobre un grupo de 12 hombres con ropa de camuflaje u obscura, quienes portan armas de grueso calibre, pasamontaña negro, pertrechos y algunos apuntan en posición de ataque, dijeron ser habitantes de la comunidad de Santa Martha, Chenalhó; grabaron un video donde reclaman las 60 hectáreas de tierra que se disputan con sus vecinos de Aldama.
Por su parte, los pobladores de las 11 comunidades de Aldama que se ubican en la zona en disputa, desde la mañana del 18 de agosto y por más de 24 horas, han recibido disparos de forma intermitente, lo que ha obligado a desplazarse a unas 150 personas.
El video de los hombres con armas de grueso calibre fue subido a la página de Facebook “Problemas ente Aldama y Santa Martha mpio. Chenalhó”. En él, un hombre robusto con acento indígena lee un comunicado.
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del virus figura el confinamiento obligatorio en todo el país, decretado a finales de marzo pasado y que sigue vigente.
Bogotá, Colombia, 15 de julio (EFE).- Las “brutales medidas” impuestas por grupos armados en Colombia contra la propagación del coronavirus incluyen “asesinatos y otros abusos contra civiles”, señaló hoy la organización pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).
Según HRW, los grupos implicados en estos “brutales castigos”, incluidos asesinatos, incluyen al ELN y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que emergieron de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década del 2000.
Desde la llegada de la COVID-19 a Colombia, alerta la ONG, varios grupos armados en numerosas partes del país han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el virus. Y para hacerlas cumplir, “han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están cumpliendo las normas”.
“En diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación de la COVID-19”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en un comunicado difundido en la web de la ONG.
“Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”, añadió Vivanco horas antes de la presentación de un informe al respecto en una rueda de prensa virtual.
Hasta el pasado lunes, Colombia había confirmado más de 150 mil casos y de 5 mil muertes vinculadas con el coronavirus. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar su propagación figura el confinamiento obligatorio en todo el país, decretado a finales de marzo pasado y que sigue vigente.
Para elaborar su informe, HRW entrevistó telefónicamente, entre marzo y junio pasados, a 55 personas en 13 departamentos del país, incluidos líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes locales.
Asimismo, examinó y verificó la autenticidad de panfletos firmados por grupos armados, así como numerosas fuentes secundarias, incluidas publicaciones de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones locales de derechos humanos, además de artículos de prensa.
Esas investigaciones “demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales de que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo”
En al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia.
“Los grupos han comunicado, generalmente a través de panfletos y mensajes de Whatsapp, una amplia variedad de medidas que incluyen toques de queda, cuarentenas, restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país”, se indica en la nota.
Human Rights Watch “examinó 20 panfletos firmados por grupos armados que parecen ser auténticos, según entrevistas con funcionarios de organizaciones humanitarias, líderes comunitarios, policías y fiscales”.
Y cita como ejemplo a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolívar (norte) que difundieron un panfleto a principios de abril en el que “anunciaban que se sentían ‘forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas’ debido a que la población no había ‘acatado las órdenes de prevención en contra del Covid-19′”.
“En el panfleto se indica que ‘sólo pueden trabajar graneros, droguerías y panaderías’, y aclara que las demás personas deberán cumplir el ‘aislamiento’ en sus casas”, añade la ONG.
“Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación de la COVID-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, dijo Vivanco.
“El Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud”, añadió.
En Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo, se registraron cuatro días de intensos enfrentamientos entre grupos armados, sin que elementos de seguridad apoyaran a los pobladores; las autoridades no han dado a conocer una cifra oficial de muertes.
Por Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero, 1 de junio (ElSur).- Pobladores de Tepozonalco, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), vivieron durante cuatro días intensos enfrentamientos entre dos grupos armados que se diputan la zona, sin que las autoridades federales y estatales acudieran a su llamado para protegerlos.
El resultado final fue de por lo menos 25 casas y 10 vehículos incendiados, y aunque extraoficialmente se habla de varios muertos las autoridades ministeriales no han confirmado la información.
La balacera en este poblado forma parte de la violencia que vivió, también, entre miércoles y jueves el pueblo de Iyotla, en donde las autoridades ministeriales levantaron el viernes tres cuerpos como resultado de de los enfrentamientos.
Tepozonalco se encuentra a media hora de la cabecera municipal y a una hora 40 minutos de Chilpancingo. Allí, los tiroteos comenzaron de manera esporádica el sábado, pero se intensificaron el martes pasado y continuaron hasta la tarde del viernes.
Ese día, efectivos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Ministerial llegaron a Iyotla que ya se encuentra a 15 minutos del otro pueblo, sin embargo a pesar de que una comisión encabezada por el comisario municipal les pidió que llegaran para protegerlos, se negaron a ir.
Las fuerzas federales y estatales, entre las que iba el Secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca, acudieron el sábado, ya cuando los dos grupos que se disputan la zona habían abandonado el pueblo, denunciaron los vecinos.
Desde noviembre del 2018 se disputan el territorio serrano de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri la policía comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y el Cártel del Sur que lidera Isaac Naverrete Celis, “El Señor de la I”.
Pobladores que han sido desplazados de varias comunidades del corredor de Filo de Caballos a Xochipala, aseguran que la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo cuenta con el respaldo del llamado grupo Tlacotepec que encabeza Onésimo Marquina Chapa, “El Necho”.
El sábado, representantes de los medios de comunicación confirmaron que unas 25 casas fueron incendiadas y también había unos 10 vehículos y motocicletas quemadas por alguno de los dos grupos en puga. La violencia provocó, también, decenas de familias desplazadas.
Extraoficialmente se habló, asimismo, de al menos seis muertos y tres heridos en las balaceras que se suscitaron en Iyotla y Tepozonalco, sin embargo las autoridades ministeriales solamente confirmaron los tres de Iyotla que levantaron el viernes.
Del pueblo de Tepozonalco es originario Navarrete Celis, “El Señor de la I”, y donde se considera que mantiene su bastión al igual que en Iyotla.
El sábado, vecinos de ese lugar, informaron que el martes, antes de que entrara el otro grupo, en referencia a la Policía Comunitaria de Tlacotepec, “avisaron que salieran las familias que así lo decidieran, minutos después entraron al pueblo y atacaron y quemaron las casas y vehículos que suponían son del grupo antagónico.
Hasta ayer, las autoridades habían omitido dar información de la magnitud y los resultados de la violencia que vivieron los pobladores.
Anteriormente autoridades detallaron que los enfrentamientos fueron resultado de ataques que iniciaron desde el 31 de diciembre de 2019 y ese día 6 muertos entre ellos narcotraficantes del Cártel del Noreste.
Tamaulipas, 3 e enero (La Opinión).– Narcotraficantes de la Tropa del Infierno del Cártel del Noreste (CDN) atacaron por tercer día consecutivo a integrantes de la Policía Municipal y de la Furia Negra en el municipio de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, lo cual dejó como saldo un oficial muerto y tres civiles heridos.
En redes sociales circularon imágenes del momento de la agresión en contra de las autoridades.
Ante los ataques el personal militar mandó apoyo vía aérea mediante un helicóptero pero aún así los integrantes de la Tropa del Infierno lograron escapar.
Anteriormente autoridades detallaron que los enfrentamientos fueron resultado de ataques que iniciaron desde el 31 de diciembre de 2019 y ese día 6 muertos entre ellos narcotraficantes del Cártel del Noreste.
En redes sociales circulan imágenes de los ataques contra elementos de la Policía Estatal, que realizaban patrullajes en la colonia San Rafael, en Nuevo Laredo.
Durante la agresión del 1 de enero un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) resultó herido, así como un civil en una tienda de conveniencia.
Se reportaron también en redes sociales enfrentamientos entre miembros de grupos delictivos y efectivos del Ejército, además denunciaron caravanas de hasta 16 camionetas de miembros de la delincuencia organizada armados y circulando por las calles.
A la hora de los ataques un negocio de mármoles y cantera fue incendiado. Después, atacaron uno de los hoteles, que presuntamente sirve de cuartel para los Policías Estatales.
También se reportaron disparos hacia el hospital donde presuntamente es atendido el oficial lesionado de bala, lugar que se encuentra resguardado.
En mensajes entre internautas, se reportó que una tienda de autoservicio de un centro comercial cerró sus puertas, para resguardar a los clientes de las balaceras, momentos después en centro fue protegido por elementos de seguridad.
Además ciudadanos denunciaron que los sicarios del Cártel del Noreste atacaron plantas de electricidad y a pesar que policías locales pidieron apoyo a la Guardia Nacional, dicha corporación nunca les brindó apoyo.
A las 9 de la mañana al menos 2 mil habitantes de esa localidad marcharon en silencio de la entrada del poblado al Palacio Municipal, donde realizaron un mitin para exigir a los gobiernos federal y estatal la seguridad que desde hace tres meses han pedido, luego de que se agudizó la guerra entre células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de la Familia Michoacana.
Guerrero, 7 de diciembre (SinEmbargo).– En Zirándaro los vecinos salieron a las calles para protestar contra la inseguridad y exigir que los desplazados por la violencia puedan regresar a sus hogares, que fueron ocupados por un grupo del crimen organizado que controla gran parte de la región Tierra Caliente.
A las 9 de la mañana al menos 2 mil habitantes de esa localidad marcharon en silencio de la entrada del poblado al Palacio Municipal, donde realizaron un mitin para exigir a los gobiernos federal y estatal la seguridad que desde hace tres meses han pedido, luego de que se agudizó la guerra entre células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de la Familia Michoacana.
Los ciudadanos salieron vestidos de blanco, cargando pancartas y acompañados de niños que llevaban globos blancos como símbolo de paz, durante la hora que duró la caminata sólo hubo silencio.
“Llevamos 10 años en la zozobra, 10 años en la violencia en esta zona (Tierra Caliente), es una guerra que no termina, lo peor es que no le vemos fin, cada vez los grupos llegan a meterse con las comunidades y la gente tiene miedo, se va porque no quiere que sus hijos sean llevados a la fuerza para pertenecer a un grupo delictivo o sus hijas sean desaparecidas, muchos no saben dónde quedan”, dijo un hombre de unos 60 años durante la protesta.
Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Botas Blancas, todo cambio en Tierra Caliente: antes el jefe de Guerrero era su brazo derecho, Alberto Pineda Villa, El Borrado (hermano de María de los Ángeles, esposa del exalcalde de Iguala José Luis Abarca, ambos detenidos).
El 12 de septiembre de 2009 El Borrado fue encontrado ejecutado en Morelos, fuentes de la ex Procuraduría General de la República (PGR) dijeron que Beltrán Leyva lo mandó ejecutar por una traición y derivado de esa acción el grupo comandado por Pineda Villa rompió con el sinaloense, comenzando una guerra que aún continúa. Arturo Beltrán murió tres meses después en una operación de la Marina, y desde el 19 de diciembre de 2009 no hay paz en gran parte del estado.
“Antes no había problema en estos lugares, los narcos eran narcos, no se metían con nosotros, algunas veces hasta nos ayudaban y ahora está todo al revés, nos quitan donde vivimos, nuestro ganado, nuestras cosechas, no entendemos tanta maldad”, se quejó otro asistente.
Foto: EFE.
En Zirándaro la pelea por el territorio empeoró en agosto, luego de que la Familia Michoacana ha intentado tomar la zona para tener el control total de la región.
CONTINÚAN BALACERAS EN SAN RAFAEL
Al final de la protesta que duró 2 horas, el alcalde fue abordado por medios de comunicación que llegaron al lugar, donde informó que desde hace tres días hay enfrentamientos entre los pobladores de San Rafael y el grupo delictivo.
“Los soldados llegaron (a la entrada de la comunidad) y les quemaron sus cosas, sus cobijas y su campamento, después se fueron y atrás de ellos llegaron los sicarios, llevan tres días y lo único que le pedimos a las autoridades es que pongan una base de militares en esa zona”, solicitó.
El grupo armado entró de la comunidad Los Alacranes que desde hace 15 días fue tomada, y amenazaron con continuar su paso hasta llegar a la cabecera municipal.
“Creemos que la pelea es por la ruta, por la zona serrana donde es fácil esconderse y que ninguna autoridad pueda encontrarlos, es la más difícil de todo el estado”, dijo el alcalde de Zirándaro, el morenista Gregorio Portillo Mendoza durante un encuentro con medios al finalizar la marcha.
Foto: El Sur.
La manifestación terminó a las 11 de la mañana en el Zócalo, ahí se realizó un mitin encabezado por el presidente municipal y un grupo de religiosos, la principal demanda fue la intervención de las autoridades para tener paz, y que los desplazados regresaran a sus comunidades.
Durante el mitin el alcalde fue el ultimo orador, mencionó que a la edad de 14 años tuvo que salir desplazado por la violencia de donde murió su padre, dejó la escuela, dejó todo y prometió regresar.
“No quiero ser factor para que otros niños vivan el infierno que yo viví” mandó a decir a las autoridades.
El alcalde habló en un templete acompañado por funcionarios del municipio, expresó a la población que “a algunas de las autoridades les hace falta sufrir tantito lo que vive un desplazado”.
Gregorio Portillo llamó a los pobladores “a regresar a las comunidades a pesar del riesgo, levantar el municipio, insistiré con los niveles de gobierno para retomar la paz”, dijo, y anunció que volverá a la Mesa Regional de Coordinación para la Construcción de la Paz, “aunque de seguridad no se hable nada”.
Durante la protesta las calles de Zirándaro se paralizaron, los pobladores salieron de sus casas y comercios para observar la movilización que se dio en ese municipio que colinda con Michoacán.
El copiloto del vehículo dijo que ambos eran originarios de Guanajuato y que iban a Zihuatanejo. Contó que se dejaron guiar por el GPS y éste les marcó esa ruta para llegar más rápido, pero que desconocían de la situación de inseguridad que se vive por el lugar y que, además, la carretera estaba bloqueada.
Por Israel Flores
Ciudad Altamirano, Guerrero, 30 de noviembre (El Sur).– Un turista proveniente de Guanajuato, que intentaba llegar con un acompañante a Zihuatanejo, fue asesinado a balazos antes de llegar a El Cundancito, municipio de Coyuca de Catalán, en donde fue confundido por hombres armados que vigilan esa carretera.
Informes policiacos señalan que alrededor de las 7:00 de la mañana de este viernes se reportó una balacera sobre la carretera federal 134, cerca del kilómetro 70.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y confirmaron que los tripulantes de un vehículo compacto fueron baleados.
Informes policiacos señalan que alrededor de las 7:00 de la mañana de este viernes se reportó una balacera sobre la carretera federal 134, cerca del kilómetro 70. Foto: Google maps
El copiloto del vehículo quedó vivo y dijo que ambos eran originarios de Guanajuato y que iban a Zihuatanejo. Contó que se dejaron guiar por el GPS y éste les marcó esa ruta para llegar más rápido, pero que desconocían de la situación de inseguridad que se vive por el lugar y que, además, la carretera estaba bloqueada.
Aseguró que un grupo armado les marcó el alto y el conductor aceleró por miedo, que en ese momento comenzaron a dispararles e hirieron al conductor, quien falleció entre los disparos.
Los elementos de la Guardia Nacional trasladaron el cuerpo y al sobreviviente, con el vehículo, a las instalaciones del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, donde continuaron las diligencias de rigor.
La carretera 134 lleva tres meses bloqueada, cerca de El Cundancito, aproximadamente en el kilómetro 80. Sin embargo, desde el kilómetro 60, en las desviaciones para comunidades como Mesas de Pineda, se han reportado enfrentamientos y la constante presencia de grupos armados, que se confrontan con grupos que se ubican cerca de ahí.
En fechas recientes, el gobierno estatal informó que iban a colocar un filtro permanente en la comunidad Cetina, la cual se ubica en el kilómetro 65, muy cerca del lugar donde fue atacado el turista.
Confundidos con enemigos, en enero del 2016 fue asesinada una pareja de turistas que iban de luna de miel a Zihuatanejo, por esta carretera en el mismo punto. También fueron confundidos por grupos armados, tras una fiesta a la que asistieron, y asesinadas 10 personas horas antes.
INSEGURIDAD AFECTA AL TURISMO
El pasado 3 de noviembre una turista española fue tomada como rehén durante un asalto a una camioneta de transporte público de pasajeros entre Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, y fue liberada posteriormente.
Las autoridades locales informaron que la mujer de 26 años, originaria de León, España, apareció en Cancún y fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo para rendir su declaración ante las autoridades.
De acuerdo con datos recabados, la unidad de transporte público salió desde Cancún y en un paradero ubicado en el municipio de Puerto Morelos subió un hombre con una mochila de la que sacó una arma larga con la que amagó a los pasajeros para asaltarlos.
El pasado 3 de noviembre una turista española fue tomada como rehén durante un asalto a una camioneta de transporte público de pasajeros entre Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, y fue liberada posteriormente. Foto: Elizabeth Ruíz, Cuartoscuro
Mientras la unidad continuaba su trayecto hacia Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, el hombre despojó a los pasajeros de sus pertenencias y en un momento del camino ordenó al conductor que regresara a Cancún.
Ya en el camino de regreso, el asaltante ordenó al operador que se detuviera en plena carretera federal, pero al momento de descender tomó como rehén a la turista española y después se internó en la maleza.
De acuerdo con los primeros reportes elementos de Seguridad Pública de los tres niveles de Gobierno han desplegado un operativo de búsqueda para localizar a los desaparecidos.
Por Crhistian de Jesús
Estado de México, 24 de noviembre (AFondo).- Un actor y un francés se encuentran desaparecidos tras ser presuntamente privados de la libertad por un grupo armado cuando se encontraban en la zona del Nevado de Toluca, luego de robar dos vehículos en el Municipio de Zinacantepec.
Según versiones, los hechos ocurrieron la mañana del domingo en la parte alta del coloso cuando los turistas fueron amagados por delincuentes a la altura del Parque de Los Venados y después huyeron en camionetas.
Ahí, Alejandro Sandy como Frederic Michel, fueron privados de la libertad a bordo de una Jeep blanca con placas de Morelos así como una Toyota gris, que los responsables quitaron a los paseantes se indicó.
Una mujer de nombre Vanesa de 39 años de edad, originaria de la Ciudad de México fue quien solicitó apoyo a la Policía Estatal y narró lo ocurrido, tuvo que recibir atención médica al sufrir crisis nerviosa.
En el sitio elementos de Seguridad Pública de los tres niveles de Gobierno han desplegado un operativo de búsqueda, aunque hasta el momento no han tenido éxito de acuerdo con los primeros reportes.
Un caso similar ocurrió en Cancún a principios de este mes cuando una turista española fue tomada como rehén durante un asalto a una camioneta de transporte público de pasajeros entre Cancún y Playa del Carmen, suroriental estado mexicano de Quintana Roo, y fue liberada posteriormente, confirmaron autoridades locales.
La mujer de 26 años, originaria de León (España), apareció en Cancún y fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo en esa ciudad para rendir su declaración ante las autoridades.
De acuerdo con los primeros reportes el asaltante ordenó al operador que se detuviera en plena carretera federal, pero al momento de descender tomó como rehén a la turista española y después se internó en la maleza.
Versiones policiales señalaron que poco después del mediodía se dio a conocer que la turista española fue ubicada en Cancún, al parecer en buenas condiciones de salud y a la espera de una revisión médica.
El vocero del Ministerio de Salud, el doctor Wahidullah Mayar, ofreció la cifra oficial de víctimas mortales con un tuit que dijo que “6 personas han sido martirizadas y 27 más heridas como resultado de la explosión de hoy en Kabul.
Por Amir Shah y Kathy Gannon
KABUL (AP) — Al menos seis personas fallecieron y otras 27 resultaron heridas el viernes por la explosión de una potente bomba a las puertas de la Universidad de Kabul, según autoridades policiales y médicas.
Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del ataque, el último que tiene a la capital afgana como objetivo. Tanto los talibanes como una filial del grupo extremista Estado Islámico suelen perpetrar atentados a gran escala en Kabul contra las fuerzas de seguridad afganas, funcionarios del Gobierno o la minoría chií.
Dos vehículos ardieron tras la explosión registrada a primera hora de la mañana, explicó el vocero de la policía de la capital afgana, Ferdous Faramarz. No estuvo claro de inmediato si el atentado fue obra de un suicida o los explosivos se activaron de forma remota, agregó.
El vocero del Ministerio de Salud, el doctor Wahidullah Mayar, ofreció la cifra oficial de víctimas mortales con un tuit que dijo que “6 personas han sido martirizadas y 27 más heridas como resultado de la explosión de hoy en Kabul. Todos los pacientes heridos fueron evacuados a nuestros hospitales y están recibiendo el tratamiento requerido”.
En el complejo de la universidad hay varios albergues en los que se alojan muchos de los estudiantes durante el verano para acudir a clase y realizar investigaciones.
Aunque el viernes es el primer día del fin de semana en Afganistán, en el momento de la explosión muchos abogados se examinaban para convertirse en jueces, explicó Massoud, un profesor de Economía del centro que, como muchos afganos, emplea un único nombre.
No estuvo claro de inmediato si el blanco del ataque eran los abogados. En los últimos meses, al menos dos profesores de la Universidad de Kabul con supuestos vínculos con la filial afgana del grupo EI fueron arrestados, y el año pasado el muro que rodea el complejo apareció con una pintada que decía “Larga vida a Daesh”, el nombre en árabe de la milicia radical.
El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo que no estaba al tanto de la participación de los talibanes en el atentado del viernes.
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