Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar la propagación del virus figura el confinamiento obligatorio en todo el país, decretado a finales de marzo pasado y que sigue vigente.
Bogotá, Colombia, 15 de julio (EFE).- Las «brutales medidas» impuestas por grupos armados en Colombia contra la propagación del coronavirus incluyen «asesinatos y otros abusos contra civiles», señaló hoy la organización pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).
Según HRW, los grupos implicados en estos «brutales castigos», incluidos asesinatos, incluyen al ELN y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que emergieron de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década del 2000.
Desde la llegada de la COVID-19 a Colombia, alerta la ONG, varios grupos armados en numerosas partes del país han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el virus. Y para hacerlas cumplir, «han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están cumpliendo las normas».
«En diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación de la COVID-19», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en un comunicado difundido en la web de la ONG.
«Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo», añadió Vivanco horas antes de la presentación de un informe al respecto en una rueda de prensa virtual.
Hasta el pasado lunes, Colombia había confirmado más de 150 mil casos y de 5 mil muertes vinculadas con el coronavirus. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar su propagación figura el confinamiento obligatorio en todo el país, decretado a finales de marzo pasado y que sigue vigente.
Para elaborar su informe, HRW entrevistó telefónicamente, entre marzo y junio pasados, a 55 personas en 13 departamentos del país, incluidos líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes locales.
Asimismo, examinó y verificó la autenticidad de panfletos firmados por grupos armados, así como numerosas fuentes secundarias, incluidas publicaciones de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones locales de derechos humanos, además de artículos de prensa.
Esas investigaciones «demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales de que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo»
En al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia.
«Los grupos han comunicado, generalmente a través de panfletos y mensajes de Whatsapp, una amplia variedad de medidas que incluyen toques de queda, cuarentenas, restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país», se indica en la nota.
Human Rights Watch «examinó 20 panfletos firmados por grupos armados que parecen ser auténticos, según entrevistas con funcionarios de organizaciones humanitarias, líderes comunitarios, policías y fiscales».
Y cita como ejemplo a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolívar (norte) que difundieron un panfleto a principios de abril en el que «anunciaban que se sentían ‘forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas’ debido a que la población no había ‘acatado las órdenes de prevención en contra del Covid-19′».
«En el panfleto se indica que ‘sólo pueden trabajar graneros, droguerías y panaderías’, y aclara que las demás personas deberán cumplir el ‘aislamiento’ en sus casas», añade la ONG.
«Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación de la COVID-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas», dijo Vivanco.
«El Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud», añadió.
