El Gobernador del Estado de México debe tomar en cuenta que los ciudadanos están cansados de impunidad y corrupción, dice la empresa constructora que acusa a OHL México de actuar en contubernio con autoridades. En un comunicado solicitó a Eruviel Ávila Villegas presentar los resultados de las auditorías que le practica su administración a la constructora OHL por los casos del Circuito Exterior Mexiquense y Viaducto Bicentenario
Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– La empresa Infraiber solicitó al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presentar los resultados de las auditorías que le practica su administración a la constructora Obrascón Huarte Lain (OHL) por los casos del Circuito Exterior Mexiquense y Viaducto Bicentenario.
En un comunicado la empresa de tecnología recordó que desde el 10 de mayo de 2015 el Gobernador giró instrucciones para que no se autorizara ningún incremento de las tarifas de las vías hasta que no se dieran a conocer los resultados de las mismas, sin embargo, dijo, se autorizó de manera ilegal un aumento.
“El Gobernador Eruviel Ávila autorizó de manera ilegal un incremento de aproximadamente 8.33 por ciento a partir del 7 de julio de 2016″, expuso.
La firma detalló que al día de hoy no han concluido las auditorías que desde hace más de un año realizan en el Estado de México a OHL por el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, pues siguen “apareciendo” estimaciones y documentos; es decir, dijo, “al parecer se siguen fabricando documentos prefechados”.
La firma demandó al Gobernador demostrar en los hechos que el combate a la corrupción y a la impunidad es en verdad un asunto prioritario de su administración.
Añadió que el Gobernador debe tomar en cuenta que los mexicanos están cansados de la corrupción y de la impunidad.
“El Gobernador en turno ya no puede disponer a su antojo de la infraestructura pública, como si fuera de su propiedad; que no sólo OHL, sino el Gobierno a su cargo debe transparentar sus actos y rendir cuentas; que no hay margen para la simulación ni para más ‘paquetes de impunidad’ al estilo Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua”, indicó.
El Estado de México dijo la semana pasada en un documento oficial que el grupo OHL “carece de un derecho incondicional de cobro de unos supuestos ingresos por parte de esa administración” y, por lo tanto, “no dispone de una garantía de recuperación” de la inversión y del rendimiento de la autopista Circuito Exterior Mexiquense.
Ayer, el fondo australiano IFM planteó una oferta pública de adquisición (OPA) de exclusión sobre OHL México, de acuerdo con una nota de África Semprún publicada en ElEconomista.es.
La periodista Semprún explica que el plan del gestor de pensiones, que ya es accionista de uno de los activos de OHL México, planea hacerse con al menos el 44 por ciento de las acciones de la concesionaria que actualmente cotizan en la bolsa azteca, mientras pone en marcha los trámites necesarios para que deje de cotizar. Con esta propuesta, el fondo australiano redobla su apuesta por la compañía, cuyos activos ofrecen una rentabilidad fija muy interesante en un contexto de tipos bajos. Y es que IFM ya cerró el año pasado la compra del 24.99 por ciento del Circuito Exterior Mexiquense (CONMEX), su autopista mexicana más importantes, por 9.181 millones de pesos (unos 443 millones de euros al cambio actual).
Aunque desde OHL España no han querido confirmar oficialmente estas informaciones, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) anunció ayer en un programa de radio que las acciones de OHL México dejarán de cotizar en el parqué azteca.
Su salida del mercado bursátil se da después de un año y medio de acusaciones de corrupción que involucran a funcionarios de primer nivel tanto del Gobierno federal mexicano como del Estado de México.
OHL México también fue mutada por autoridades mexicanos por irregularidades con su contaduría.
La constructora tiene pendiente negociar con el regulador la forma de expresar sus resultados tras la sanción de 71.7 millones de pesos (3.46 millones de euros) por haber realizado el registro de la rentabilidad garantizada de sus autopistas de peaje “de manera inadecuada”, entre otras cosas.
En las cuentas aparece registrado como otros ingresos de explotación y suponen el 70 por ciento de su facturación total. En este sentido, el 21 de junio, el Saascaem (Sistema de Autopistas del Estado de México) ratificó en una carta a la que ha tenido acceso este diario que “no se otorgó obligación incondicional de pago en favor de OHL”.
La propuesta de IFM de sacar a OHL México llega poco después de que la filial cambiara a toda su estructura directiva en el país tras la dimisión de su presidente, Andrés de Oteyza, que ha sido relevado en el cargo por Juan Osuna, hombre de confianza del Villar Mir.
EL PLEITO OHL-INFRAIBER
La disputa entre Infraiber y OHL México tiene su origen en un contrato que el Estado de México hizo a la primera para que instalara su sistema de medición del tráfico, SIVA, en ocho concesiones de vialidades, de las cuales, dos son del grupo controlado por Juan Miguel Villar Mir.
Sin embargo, las propias autoridades públicas decidieron rescindir este contrato antes de que se instalara en todas las autopistas, momento a partir del cual Infraiber comenzó un enfrentamiento con OHL México y el Gobierno del Estado de México.
El conflicto se había mantenido sólo en México hasta que, hace poco más de medio año, unas grabaciones entre directivos de la constructora y miembros de OHL México se filtraron a través de YouTube.
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El 7 de mayo de 2015 se filtraron una serie de grabaciones en las que se evidenciaban conversaciones de directivos de OHL México negociando con autoridades del Gobierno federal y del Estado de México para beneficiarse con proyectos de infraestructura y del sector energético.
Los primeros audios que fueron difundidos destaparon la presunta corrupción protagonizada por la filial de la constructora española para inflar los precios de un tramo de una autopista del Estado México: el Viaducto Bicentenario.
Las grabaciones involucraron directamente a Apolinar Mena, el ex Secretario de Comunicaciones del Gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México. Uno lo exhibe solicitando pago en especie, vacaciones, para él y para su familia; el otro, con un acuerdo para dar sobreprecio a una carretera. En una de esas grabaciones, se escucha cómo Pablo Wallentin, representante de OHL México, reconoció, en enero de 2015, supuestamente que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista “con todas las mañas del mundo”.
En otra grabación se escuchaba la reacción José Andrés de Oteyza cuando Wallentin le explica que se van a cobrar fases del proyecto que no se van a construir: “¡Esto es un fraude!”, dice Oteyza.
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José Andrés de Oteyza, ahora ex Consejero de Administración de OHL México, de acuerdo con audios filtrados desde mayo del año pasado, se reunió con Emilio Lozoya Austin –quien formó parte del Consejo de Administración de OHL y fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, y Enrique Ochoa, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para pedirles apoyo en sus proyectos.
“Es un señorón”, dijo Andrés de Oteyza sobre Emilio Lozoya el martes 31 de marzo, según un audio.
“Además, a mí de veras no sabes cómo me quiere y qué buena relación tenemos. Pero me echó una mano brutal con el otro [Enrique Ochoa, de la CFE] y el otro también estuvo particularmente caballeroso y bien, eh. Pero muy bien, muy bien”, le contó a Jesús Campos, director técnico de OHL.
De acuerdo con otros audios filtrados el 28 de julio de 2015, Oteyza y Lozoya se vieron el viernes 10 de abril en las oficinas de la CFE ubicadas en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. La reunión se llevó a cabo entre las 12:54 y las 14:30 horas. “Entramos al sótano juntos”, le dijo Emilio Lozoya a Oteyza por teléfono.
En la lista de funcionarios mexicanos involucrados en los audios de OHL México están los titulares de las Secretarías de Transporte estatal y federal, Juan Apolinar Mena (quien renunció y meses después fue colocado en otra dependencia) y Gerardo Ruiz Esparza, y la ex Consejera jurídica del Estado de México, Luz María Zarza y algunos magistrados; así como, el entonces titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y el aún directivo de la CFE, Enrique Ochoa Reza, ambos designados por el Presidente Enrique Peña Nieto.
El Presidente en la promulgación de las leyes anticorrupción. Foto: Cuartoscuro
La semana pasada, cuando el Presidente se disculpó por la “casa blanca” –con evidente cálculo político y sin consecuencias legales–, busqué fotos de él durante la ceremonia que era, además, una fiesta para el país y para cualquier democracia: se promulgaba el Sistema Nacional Anticorrupción.
Hallé muchas fotos de él con el rostro de pena y los músculos endurecidos, y apenas unas donde tenía el rostro relajado.
Sí era motivo de fiesta. El gran enemigo de Winston Leonard Spencer Churchill fue Adolfo Hitler; su rostro era de orgullo y felicidad cuando anunció, al pueblo inglés, el fin de la guerra y la derrota de los enemigos de la civilización. El mismo rostro que tenían Franklin Delano Roosevelt y Iósif Stalin para el mismo evento.
La corrupción es uno de los peores enemigos que enfrentamos los mexicanos. Detrás hay crimen organizado, crimen de cuello blanco. Enrique Peña Nieto pudo presentar con orgullo ese conjunto de leyes. Su rostro debió decir: “A ustedes, malnacidos que han mermado a la República, saqueadores que aprovechan cualquier recoveco para robar en un país con millones de pobres, aquí les van estas leyes que adelantan su derrota”. Falta voluntad para hacerlas cumplir, pero al menos el andamiaje para castigar a los saqueadores está allí, en esas leyes.
El rostro de Peña Nieto, sin embargo, era de angustia o de derrota. Quizás, claro, porque él mismo decidió mostrar ante todos su derrota personal, la “casa blanca”, y ofrecer una disculpa. Como sea, las fotos no mienten: el Jefe del Ejecutivo federal tuvo un semblante de apuración, de desencajo. Un rostro que decía: “ya, ya, que se acabe todo esto; ya, ya, déjenme ir”.
Sí era motivo de fiesta la promulgación de las leyes que buscan combatir el flagelo de la corrupción. ¿Y por qué no se sintió así?
El problema de la actual administración federal está en que ya no se le cree a su líder, y su líder mismo, a juzgar por su apariencia, descree en él. No es el primer evento en el que aparece desencajado.
Pero además el líder no se ayuda. Al terrible error de nombrar como su propio investigador a un hombre de su confianza, a Virgilio Andrade, le han seguido otros que, a la postre, resultan peores. Como mantener en el cargo a los que no cumplen con las tareas que le encomienda la República. Y entre esos hay al menos dos: Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray, los hombres que fracasaron en traer seguridad, tranquilidad social, una economía fuerte; fracasaron en aterrizar las cacaraqueadas “reformas estructurales”. Sus vicepresidencias se han debilitado no por la grilla: por su propia ineficiencia.
Su remoción a tiempo habría traído mayor confianza y habría enviado el mensaje de que las cosas se pueden corregir. Peña no lo hizo. No lo ha hecho. Otro de esos hombres es Aurelio Nuño pero es demasiado pequeña la pieza para impactar. Entonces, haber movido a Osorio y a Videgaray no necesariamente resolvería los problemas del país, pero sí demostraría que no se trabaja como club o clan, sino a favor de México. Y eso da legitimidad.
El fracaso en seguridad tiene varias aristas. La primera es que el Presidente menospreció el tema porque seguramente se creía que, como en el Estado de México, era cosa de números y percepción; de ir moviéndole a los indicadores, de presionar a la prensa que llevaba el recuento de los homicidios (los indicadores salieron de las portadas; queda el de Zeta) y de “convencer” a periodistas y directores y dueños de medios para que le bajaran a la violencia y enfatizaran en “los logros”. Otra arista es la incapacidad de los servidores públicos. De Miguel Ángel Osorio Chong, en concreto. Tan creían que era un asunto de “manejo” que se armó una súper-Secretaría para llenarla de pinole. Una Secretaría política manejando temas de seguridad. Pero no, no hay tanta saliva para un país como este. El desastre en derechos humanos (Gobernación) y el mal manejo de los problemas sociales (Gobernación) se une a la crisis de seguridad (Gobernación); una capirotada que se volvió un coctel molotov para la súper-Secretaría. Un líder habría reconocido a tiempo que retomar la estrategia de Felipe Calderón no era buena idea; habría hecho cambios en las carteras asignadas y habría dado un golpe de timón. Ese líder faltó.
El fracaso de la economía es muy parecido. Se pensó que, como con la inseguridad, era cosa de comprar medios y manipular las cifras. Pero no. La fórmula Atlacomulco no sirvió. Para los pobres, así le manipulen a las cifras de Inegi para aparentar bienestar, hay un solo plato: el que está vacío o el que está lleno. La mayoría de las llamadas “reformas estructurales” estuvieron a cargo de Luis Videgaray; pensaría que era cuestión de distribuir entre los amigos las concesiones para mover a México, pero México no se mueve y las reformas, en los hechos, son un fiasco; pensaría que con la prensa amiga, con los programas matutinos para bobos y miles de millones en publicidad se darían resultados. Cero. Pero un líder habría tomado decisiones de volada: un nuevo Secretario se imponía desde de que se descubrió la “casa Malinalco”. Nada. Cero. El desprestigio de Videgaray sólo se opaca con el desprestigio de su líder. Seis años a la basura y una derrota épica para la administración pública federal.
Está el tema de los tres gobernadores: César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge. No hubo liderazgo para detenerlos a tiempo y causaron un descalabro mayúsculo al PRI, partido del Presidente. Causaron y causan un descalabro enorme a los ciudadanos de sus entidades, que cuentan los días para que se vayan aunque saben lo que dejarán detrás: deudas, violencia, inestabilidad social y sospechas de corrupción. E impunidad.
Faltó líder para encarar las grandes tragedias de seguridad: desde Tlatlaya hasta Ayotzinapa, pasando por Nochixtlán; los encargados de dar certeza de que el Estado se dedicaría a suministrar justicia hicieron lo que quisieron y dejaron mal parado al líder. Faltó ídem para someter a Humberto Moreira –en lugar de defenderlo–; faltó líder para demostrarle al país que no vendría un viejo PRI reloaded sino uno distinto, mejorado: Elba Esther Gordillo pagó con prisión su rebeldía al partidazo y se le tendió la mano a Carlos Romero Deschamps y a otros que, como él, son el rostro más público de la corrupción.
Faltó y sigue faltando un líder que obligue a la clase política a rendir cuentas y aquí también falta cara para hacerlo, es decir, legitimidad. Ha faltado líder que vaya por los asesinos de periodistas; ha faltado líder para ponerle un hasta aquí al saqueo de combustibles. En las cosas más nimias del acontecer diario falta un líder porque cuando dicen: “pongan en orden a los maestros” falta legitimidad para responder:“ sí, pondremos en orden a los maestros como ponemos orden en todos los ámbitos”.
El líder falta y se nota sobre todo en el rostro del que hace las veces de líder. Ya no genera confianza y difícilmente logrará ganar legitimidad ese rostro de pena y músculos endurecidos, de angustia o de derrota; ese que muestra imposibilidad para dar un paso porque parece tener miedo al campo minado… por él y por sus cercanos.
Falta un líder y como a la corte se le ha demostrado que –sin importar lo que haga– ya nada cambiará, entonces esa corte toma los sellos del reino y firma decretos, brinca sobre la mesa, rompe los tapices, ensucia las alfombras y se emborracha de ineficiencia y de impunidad.
Gobernadores que llenan sus bolsillos mientras administran un estado y adquieren propiedades millonarias que no coinciden con sus ingresos, incluyendo, por ejemplo, una presa privada; funcionarios públicos que reciben favores –como vacaciones– a cambio de beneficiar a compañías, como OHL México, o usan recursos públicos para fines personales; empresarios que reciben más contratos de obras públicas que otros o políticos que piden “moches”… La corrupción comienza a volverse un acto cotidiano en México y también su falta de castigo: de 25 casos emblemáticos que han saltado durante este sexenio, sólo tres involucrados han sido encarcelados.
Los tres personajes acusados de corrupción que están en la cárcel: Andrés Granier (ex Gobernador de Tabasco), Elba Esther Gordillo (ex líder del SNTE) y Rubén Núñez (líder de la sección 22 de la CNTE). Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– La existencia histórica del fuero a los políticos y “el pacto de impunidad” para cobijarse entre ellos han tejido una red de impunidad en México, de acuerdo con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP). De 25 casos emblemáticos de posible corrupción por parte de gobernadores, funcionarios públicos o empresarios, registrados o evidenciados durante el actual sexenio, sólo en tres los señalados están en la cárcel: la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales; el ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, y el líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginés.
Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila, fue detenido en España, pero liberado días después por falta de pruebas.
“En el país puede haber un pacto de impunidad política en donde los políticos, los partidos políticos y las estructuras de poder se están cobijando para que no haya castigos. Esto se tiene que romper de tajo. Aquí los partidos políticos y los gobiernos locales tienen que poner manos a la obra para empezar a romper estos crímenes […]. Si no son castigados, la cultura de la corrupción se empieza a trasminar y volverse algo cotidiano”, dijo Sánchez Lara en entrevista con SinEmbargo.
La impunidad, aseguró el académico, puede romperse a través de la sociedad (con su voto), los medios de comunicación y la intervención de instituciones internacionales. Sin embargo, “en este Gobierno ha habido una ofensiva” contra estas últimas. “Si los empiezas a denostar, a limitarles el acceso, se empieza a volver una política de Gobierno”.
“Cuando cortas a los pocos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los empiezas a asfixiar en términos políticos y financieros, lanzas campañas políticas y mediáticas contra ellos, mandas un muy mal mensaje. El Estado mexicano debe seguir recibiendo asistencia y monitoreo internacional para contener la expansión de la impunidad, pero al parecer este Gobierno está enviando una señal al contrario: que quiere que siga impunidad en este país”, aseveró Sánchez Lara.
Sobre el fuero, del que gozan la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, los congresos locales, los gobernadores y los presidentes municipales, son una herencia de la época colonial y surgieron para que los políticos no fueran perseguidos por su ideología o por sus creencias. No obstante, “ahora están sirviendo de tapadera para que cometan delitos que lastiman a los mexicanos como es la corrupción, los conflictos de interés o la vinculación con la delincuencia organizada […]. Se debe revisar al fuero como uno de los espacios que generan impunidad”, pidió el académico.
México, añadió, no cuenta con leyes e instituciones capaces de sancionar la corrupción y los conflictos de interés al más alto nivel. Las instituciones de seguridad e investigación no son suficientes; no tienen las capacidades financieras y humanas para castigar.
GOBERNADORES Y EX GOBERNADORES ACUSADOS DE CORRUPCIÓN
Javier Duarte de Ochoa [Veracruz], César Duarte Jáquez [Chihuahua], Eruviel Ávila Villegas [Estado de México], Rodrigo Medina de la Cruz [Nuevo León], Andrés Granier Melo [Tabasco], Humberto Moreira Valdés [Coahuila] y Eugenio Hernández Flores [Tamaulipas] son gobernadores o ex gobernadores priistas cuyo nombre está envuelto por señalamientos de corrupción.
Del Partido Acción Nacional (PAN) figuran Guillermo Padrés Elías [Sonora], Miguel Márquez Márquez [Guanajuato] y Francisco Vega de Lamadrid [Baja California].
La deuda que Javier Duarte de Ochoa dejará en Veracruz asciende a 45 mil 879 millones de pesos y la acumulada con la Universidad de Veracruz (UV) superó los dos mil millones de pesos. “El incremento de su deuda no se ve reflejado en su crecimiento”, aseguró Valeria Moy, directora de México, ¿Cómo Vamos?. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), además, lo acusó de haber desviado más de 77 mil millones de pesos durante su administración.
“Los desvíos de los que se habla sólo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito”, se defendió el Gobernador saliente de Veracruz días después de las elecciones, en las cuales Miguel Ángel Yunes –de la alianza PAN-PRD [Partido de la Revolución Democrática]– arrebató al PRI el estado que gobernó por décadas. Aún como candidato, Yunes denunció penalmente al priista por desviar 3 mil millones de pesos.
El otro Duarte, el de Chihuahua, Javier Duarte Jázquez, fue denunciado penalmente en 2014 por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades por participar en la creación del Banco Progreso, en su entidad.
Este mes, un juzgado español giró una orden de embargo en contra de sus propiedades luego de que procediera una demanda en su contra. De acuerdo con la empresa que lo demandó, el priista le intentó pagar con dinero público parte de un adeudo que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares.
La deuda que hereda a la entidad norteña, por 42 mil 762 millones de pesos, se debe “a la corrupción y enriquecimiento ilícito” del político, en palabras de su futuro sucesor, el panista Javier Corral Jurado. “César Duarte se hizo rico inexplicablemente, pues carece de alguna actividad empresarial económica que pueda justificar ese nivel de ingresos […] Ha ido a un saqueo a las arcas del erario”, dijo a este medio el año pasado.
El ex Gobernador de Nuevo León acusado de corrupción, Rodrigo Medina. Foto: Cuartoscuro
Apenas hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció una serie de acciones penales en contra del ex Gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz y nueve de sus ex funcionarios, que consiste en el embargo precautorio de propiedades que fueron adquiridas “de manera sospechosa”.
En mayo de 2015, Ciudadanos contra la Corrupción exigió al todavía Gobernador de Nuevo León dejar el cargo para ser investigado sobre presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se reveló que Medina y su familia son dueños de propiedades millonarias en México y en Estados Unidos.
De acuerdo con Aldo Fasci Zuazua, ex subprocurador de Ministerios Públicos, la familia de Rodrigo Medina trianguló recursos, producto de supuestas extorsiones a proveedores de la administración estatal mediante dos empresas registradas en las Islas Caimán.
Otro caso emblemático es Humberto Moreira Valdés, que saltó de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila (Sedu) a la gubernatura de la entidad entre 2005 y 2011, la cual dejó con una deuda significativa por más de 30 mil millones de pesos.
“El Profe” Moreira llegaba al aeropuerto de Madrid-Barajas el 15 de enero de este año cuando fue detenido bajo cargos de lavado de dinero, malversación de fondos durante su Gobierno en Coahuila y vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, aunque ese mismo viernes fue encarcelado sin derecho a fianza para evitar que huyera de España, días después fue puesto en libertad al no encontrar pruebas en su contra. A pesar de que el político dijo que se quedaría en Barcelona para continuar con sus estudios de maestría, el 4 de febrero arribó a la Ciudad de México. “Mancharon mi honor”, declaró sobre el proceso judicial bajo el que estuvo durante semanas.
Desde junio de 2015, un juez en Estados Unidos giró una orden de aprehensión contra Eugenio Hernández Flores, ex Gobernador de Tamaulipas, por lavado de dinero al ocultar sobornos del cártel de los Zetas durante su administración de 2005 a 2010 así como por transferencias financieras ilegales.
En 2012 la Subsecretaría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SEIDO) incautó propiedades de Hernández Flores en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, porque se le investigaba por lavado de dinero.
Sin embargo, el domingo de las elecciones de este junio, asistió a votar por el PRI en una casilla de Ciudad Victoria.
Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora, señalado por su sucesora priista de dañar al erario. Foto: Cuartoscuro
Desde 2015 las autoridades han estado rodeando al ex Gobernador Guillermo Padrés Elías. En diciembre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora abrió 30 expedientes diferentes para indagar las sospechas de casos de corrupción durante la administración de Padrés, también señalado por haber tenido un rancho con una presa privada sin contar con autorización, la cual construyó presuntamente con uso de recursos ilícitos.
Un día antes, la Policía Estatal Investigadora de Sonora cateó y aseguró una oficina del panista, en el marco del arresto de uno de sus empleados del Rancho Pozo Nuevo, quien fue detenido en posesión de más de 3.5 millones de pesos en efectivo.
En marzo de 2015, The Wall Street Journal publicó un artículo sobre el posible pago de sobornos a Padrés y a su hermano, Miguel Padrés Elías. De acuerdo con el diario, ambos transfirieron 8.9 millones de dólares de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, hecho por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los investiga.
Este mes, al menos tres cuentas bancarias del hermano de Padrés fueron embargadas al estar sujeto a investigación por supuestos actos de corrupción.
Respecto al Gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, diputados de oposición le exigen aclarar el caso de las tierras cedidas a la automotriz Toyota para descartar tráfico de influencias. De acuerdo con un investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa regiomontana JAOS & SGB, de donde dos ex funcionarios de la Procuraduría Agraria son miembros, adquirió a un precio 294 hectáreas del ejido Caleras de Ameche, en Apaso el Grande, y después las revendió más caras al Gobierno estatal, que a su vez las donó a la automotriz, que proyecta instalar una planta armadora en la entidad.
El Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, por su parte, fue evidenciado por el semanario ZETA. En los primeros 10 meses de su administración, él y su esposa, Brenda Ruacho, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, realizaron entre ambos cerca de 35 viajes.
El panista, en un viaje de seis días a la Ciudad de México gastó 45 mil pesos “para atender reuniones de trabajo”. En los primeros 10 meses de su gestión gubernamental, Kiko Vega realizó 25 viajes -dos al extranjero-, donde gastó un total de 348 mil 636 pesos del erario.
CASO OHL
Audios filtrados de forma gradual desde mayo de 2015 han envuelto a Obrascon Huarte Lain (OHL) México y a diversos funcionarios en supuestos actos de corrupción. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a la empresa, a dos de sus subsidiarias y a seis de sus directivos por 71 millones 964 mil 662 pesos, pero la exoneró de dolo o fraude al divulgar información financiera “errónea”. No obstante, el contenido de las grabaciones no se ha investigado.
Hasta el momento, solo dos involucrados han dejado el cargo, mas ninguno ha sido sujeto de averiguación penal.
Pablo Wallentin, ex director de Relaciones Públicas OHL México, fue la primera cabeza en rodar. Presentó su renuncia luego de hacerse público el primer audio en YouTube sobre los precios inflados de un tramo de una autopista del Estado México, el Viaducto Bicentenario. El Gobernador Eruviel Ávila Villegas ha guardado silencio.
El otro es José Andrés de Oteyza Fernández, quien en abril de este año dejó de ser el presidente del Consejo de OHL México “por cuestiones personales”. De Oteyza se reunió con Emilio Lozoya Austin –quien formó parte del Consejo de Administración de OHL y fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta principios de este 2016–, y Enrique Ochoa, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para pedirles un “empujoncito” en sus proyectos a cambio de vacaciones. Pemex lo negó en su momento.
El ex Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, fue señalado en el primer audio de recibir vacaciones para él y su familia a cambio de un favor a la constructora, renunció un domingo y fue multado con 189 mil pesos. Cuatro meses después regresó a la administración de Ávila Villegas como Secretario Técnico de su Gabinete.
En julio del año pasado, audios también involucraron a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la presunta entrega de información privilegiada a OHL México para ganar licitaciones públicas a cambio de vacaciones. El funcionario lo negó.
LAS CASAS: DE EPN Y DE VIDEGARAY
La polémica “casa blanca” que la Primera Dama compró a la constructora Higa. Foto: Aristeguinoticias
Virgilio Andrade Martínez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), determinó en agosto del 2015 que el Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa, Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, no incurrieron en conflictos de interés por adquirir propiedades a las empresas de Grupo Higa y de la familia San Román, dos de los contratistas del Gobierno.
En noviembre de 2014, una investigación realizada por el sitio Aristegui Noticias evidenció la existencia de una “casa blanca”, en la zona de las Lomas de Chapultepec, con un valor aproximado de 86 millones de pesos, propiedad de una empresa que pertenece a Grupo Higa, pero que la Primera Dama Angélica Rivera se encontraba en proceso de adquirir.
Un mes después, The Wall Street Journal publicó que Videgaray Caso compró en Malinalco una casa al Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa. El Secretario de Hacienda dijo que adquirió la casa a Hinojosa por 6 millones 601 mil 349 pesos en octubre de 2012, menos de dos meses antes de que iniciara la administración actual. El titular de la Función Pública explicó que el encargado de las finanzas públicas vendió 3 obras de arte para cubrir el monto.
En enero del año pasado, el mismo diario estadounidense reveló que Enrique Peña Nieto compró una casa en 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares en el Estado de México cuando Peña era Gobernador del Edomex.
El empresario Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con la investigación “Los Papeles de Panamá”, la cual involucra a decenas de políticos de alto rango implicados en el manejo de cuentas offshore.
LOS ÚNICOS TRES CASTIGADOS
El martes 26 de febrero de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo en el Aeropuerto Internacional de Toluca a Elba Esther Gordillo Morales, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 2 mil millones de pesos. También es acusada de delincuencia organizada y defraudación fiscal.
A Gordillo se le abrió proceso por triangular recursos en cuentas bancarias de Estados Unidos y Suiza para pagar tarjetas de crédito personales, comprar inmuebles, uno de ellos una residencia a nombre de la madre de la lideresa, así como para realizarse cirugías estéticas y comprar obras de arte. La maestra realizó transferencias millonarias a la cadena de tiendas departamentales de lujo Neiman Marcus.
Andrés Granier Melo, el de los 400 pares de zapatos, 400 pantalones y mil camisas, fue encarcelado en un reclusorio de la capital mexicana en junio de 2013, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. De 2007 a 2012 gobernó Tabasco.
En un audio difundido, que motivó la investigación en su contra, también afirmó tener propiedades en Nueva York, Miami, Cancún, Villahermosa y la Ciudad de México.
El fin de semana pasado Rubén Núñez, el líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fue detenido acusado de lavado de dinero por un monto de 24 millones de pesos.
De acuerdo con la PGR, Núñez recibió entre 2013 y 2015 el 3.5 por ciento de comisión por las ganancias de empresas que proveían productos y servicios para la CNTE. Este tipo de convenios, por su carácter lucrativo, son ilegales.
OTROS FUNCIONARIOS SEÑALADOS… SIN CASTIGO
Arturo Escobar y Vega fue Senador por el Partido Verde Ecologista de México. Foto: Cuartoscuro
En noviembre del año pasado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión contra del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante la elección intermedia de 2015. Como representante del partido del tucán celebró un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino.
La acusación lo llevó a renunciar a su cargo en la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, una jueza negó la orden de aprehensión en su contra al considerar que no había elementos que comprobaran su participación en delitos electorales.
En 2007, cuando era Senador del Partido Verde, adquirió una casa en una zona residencial de Texas valuada en 290 mil dólares, unos 4 millones de pesos. Cuando hizo la compra su sueldo era de alrededor de 124 mil pesos mensuales, detalló el diario Milenio.
David Korenfeld Federman renunció al cargo de titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) luego de verse involucrado en un escándalo de abuso de recursos públicos para fines personales. El domingo 29 de marzo del año pasado, un vecino tomó fotos de él y su familia mientras abordaban un helicóptero oficial en un terreno aledaño de donde se ubica su domicilio particular.
Al principio alegó que fue por razones médicas (tenía, dijo, una rodilla lastimada). Después reconoció que “cometió un error” y aseguró haber cubierto el costo por el uso del helicóptero.
Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, tiene en proceso obras públicas federales por mil 191 millones 177 mil 609 pesos en los estados priistas de Campeche, Nayarit y el Estado de México mediante su empresa Constructora y Edificadora GIA.
Esta compañía formó parte del consorcio de compañías que habían ganado la licitación del tren rápido México-Querétaro, pero fue cancelada por las suspicacias que despertó la presencia de ésta y de Grupo Higa, protagonista del escándalo de la “casa blanca”.
Por otra parte, Luis Alberto Villarreal, entonces líder de los diputados del PAN, fue acusado por alcaldes de Guanajuato en noviembre de 2013 de pedir una cuota o “moche” para asignarles recursos federales. Los presidentes municipales también declararon que Villarreal trató de imponerles una empresa constructora para realizar las obras.
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Finalmente Villareal salió del partido blanquiazul, pero por un escándalo. Gustavo Madero, entonces presidente PAN, aceptó su renuncia luego de divulgarse un video que mostró al político –junto con el legislador Jorge Villalobos– en una fiesta en Puerto Vallarta bailando con mujeres.
Otro panista embarrado de corrupción es el ex delegado de Benito Juárez, Jorge Romero Herrera. De acuerdo con un proveedor de ese demarcación capitalina, funcionarios panistas le pedían “moche” del 30 por ciento sobre los contratos que le eran otorgados frecuentemente mediante falsas licitaciones. Entre los “encargos” que recibió el contratista, donde estuvo involucrado Romero, se contaron materiales promocionales para él y mantas de apoyo a la reelección de Gustavo Madero Muñoz como dirigente del partido.
Asimismo, durante la gestión de Jorge Romero se entregaron contratos por más de 50 millones de pesos a empresas de colaboradores y familiares de Camilo Campos, candidato del PAN a Jefe Delegacional de Cuajimalpa. Esas compañías han vendido a la Delegación Benito Juárez desde artículos de papelería, coladeras y linternas, hasta el servicio de cena de fin de año para los empleados.
Miguel Hidalgo es otra delegación de la Ciudad de México donde saltó la corrupción. El 23 de septiembre de 2015, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades por 46.2 millones de pesos en la administración del perredista Víctor Hugo Romo, actual Diputado en la Asamblea Legislativa del DF, reveló Reforma.
Las anomalías se concentran en cinco obras en las que se utilizaron fondos federales. La irregularidad más grave es por un monto de 24.3 millones de pesos.
La SFP también determinó que la Delegación debe devolver 13.6 millones del Fondo de Cultura que no fueron utilizados de una bolsa total de 38.9 millones de pesos que se asignaron para la creación del corredor cultural que va del Parque Lincoln al Parque Líbano.
La corrupción representa uno de los principales problemas en México. Esta práctica equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y se consume 347 mil millones de pesos cada año. Además es la culpable de haber permitido a las organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas en el país. Se trata de un fenómeno endémico que en combinación con una fuerza de policía mal pagada han contribuido a una impunidad casi total en los criminales.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– La “corrupción endémica” es el principal reto que enfrenta México, al ser la detonante de la violencia de los cárteles de las drogas, de la impunidad en los crímenes, y de la poca confianza de los ciudadanos hacia el Gobierno, coinciden cuatro informes internacionales.
Los mismos informes, presentados en días recientes, revelan cómo la corrupción obstruye el desarrollo político y económico al poner en peligro la legitimidad de las instituciones políticas y las industrias.
De acuerdo con el Índice de Percepción de 2015 de Transparencia Internacional, México se ubica en el lugar 95 de 165 de los más corruptos. El costo de este problema, según estimaciones del Banco de México y el Banco Mundial, equivale al 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula a su vez 347 mil millones de pesos se consumen cada año por esta práctica.
De acuerdo con la Investigación, México: Anatomía de la Corrupción elaborada por la investigadora María Amparo Casar con el apoyo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), otras implicaciones económicas que conlleva la corrupción es una inversión hasta 5 por ciento, pérdidas del 5 por ciento en las ventas anuales así como de 480 mil empleos al año.
El miércoles pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en su reporte “Situación de derechos humanos en México” que un “aspecto estructural que permea muchas instituciones de justicia en México […] es la corrupción así como la protección, colusión e infiltración de la delincuencia organizada en diferentes dependencias”.
Por ello, el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó la urgencia de que el Estado mexicano “adopte medidas concretas, oportunas y efectivas para combatir la corrupción en todos los niveles y en los tres poderes de gobierno”.
La Fundación alemana Bertelsmann manifestó a su vez en el Índice de Transformación (BTI), difundido dos días antes, que México ha tenido la mayor pérdida de la calidad de su democracia en los últimos diez años de entre los 129 países que analizó, en parte por la violencia, la desigualdad y la corrupción.
La organización civil dijo que los retos más importantes de México incluyen “la corrupción, la violencia, la desigualdad rampante y una economía débil que no crea suficientes puestos de trabajo para los jóvenes mexicanos que entran al mercado laboral”.
“Esta corrupción endémica en combinación con una fuerza de policía mal pagada han contribuido a una impunidad casi total en los criminales. Como consecuencia, el crimen y la violencia se han vuelto endémicos en algunas partes del país”, refiere el reporte.
Al respecto, el Departamento de Estado Estados Unidos indicó en su reporte anual, publicado también el miércoles, que “aunque las medidas federales anticorrupción están mejorando, la corrupción sigue obstaculizando los esfuerzos antinarcóticos de México”.
A decir de Washington, “los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley siguen estando mal pagados, viven con escasos recursos, tienen una formación inadecuada, y son vulnerable a la corrupción”.
“El Gobierno mexicano y algunos gobernadores estatales han realizado despidos a gran escala de policías corruptos, pero el trabajo que sigue es asegurarse de que sólo los funcionarios plenamente examinados permanezcan en las filas. Algunos funcionarios también han establecido, reestructurado, o aumentado sus oficinas de asuntos internos”, dice el reporte.
El reporte del Gobierno estadounidense menciona que las ganancias del tráfico ilícito de drogas que provienen de los Estados Unidos son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano.
“Otras fuentes importantes de fondos lavados incluyen la corrupción, la evasión de impuestos, tráfico de influencias, el secuestro, la extorsión, violaciones da los derechos de propiedad intelectual, la trata de personas y el tráfico de armas de fuego”, dice el reporte.
En su informe 2015, también difundido el miércoles pasado, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó que en México, “las bandas de narcotraficantes siguen siendo una de las principales fuentes de actividad delictiva, en particular de asesinatos, secuestros y corrupción”.
El reporte menciona que estos grupos criminales suponen una amenaza constante para el orden público y la seguridad en muchas partes del país. De acuerdo con el organismo de la ONU, “la violencia, la alteración del orden social y la corrupción ligadas a la producción y la oferta ilícitas de drogas ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y debilitan el estado de derecho”.
“La corrupción relacionada con las drogas socava la lucha nacional y mundial contra la ilegalidad. En el plano nacional la corrupción pone en peligro la legitimidad de las instituciones políticas y las industrias. La corrupción de los partidos políticos, los organismos públicos, los funcionarios, los profesionales y los dirigentes de la comunidad obstruye el desarrollo político y económico en muchos países”, menciona el informe de la ONU.
Dice que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas son perfectamente conscientes de esto por lo que tratan de minar la capacidad del Estado mediante la corrupción y la violencia.
Dice que la corrupción y los problemas relacionados con las drogas se potencian mutuamente; “de hecho, la corrupción y otros problemas sociales contribuyen considerablemente al desarrollo de la industria ilícita de la droga”.
Para la CIDH “la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder paralelas”. El organismo internacional detalla que el poder fáctico que ejercen los cárteles de la droga en el país, aunado a los niveles de corrupción de muchos agentes estatales que les permiten actuar con impunidad en muchos casos, inciden en los latos niveles de violencia que azotan al país”.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes coincide que la corrupción de los funcionarios públicos sigue siendo un problema constante en las actividades de lucha contra las drogas que compromete el bienestar público. Por ello, pide los Estados deben encontrar el modo de que los funcionarios públicos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los políticos puedan desempeñar sus funciones con honradez.
“Los ciudadanos deben ser más exigentes con los representantes que han elegido y con los funcionarios del Estado. No hay nada que debilite más los esfuerzos encaminados a frenar el comercio ilícito de drogas que los intentos fructíferos de las organizaciones delictivas de intimidar y sobornar a los funcionarios públicos”, dice la ONU.
El empleado de Padrés dijo que en unos cuatro o cinco meses llevó unas seis hieleras similares a cinco domicilios. Detalló que éstas le eran entregadas por David Tinajero, ex director General de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado durante la administración de Guillermo Padrés
Luis Arístides López Moreno, el empleado de Padrés. Foto: Especial.
Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).– El ex Gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, y sus hermanos vaciaron las cuentas bancarias de sus empresas y las escondieron en distintas puntos de la ciudad de Hermosillo, declaró ante el Ministerio Público Luis Arístides López Moreno, administrador del rancho El Pozo Nuevo de Padrés.
“Últimamente tuve conocimiento que a la empresa Pozo Nuevo, así como al señor Miguel Padrés, Hacienda federal los está auditando; es por eso que hace como un mes empezaron a sacar el dinero del banco de la empresa Pozo Nuevo; no lo retiraban, sólo efectuaban transferencias a equis personas y éstas lo devolvían en efectivo y ese dinero lo tenían que esconder”, confesó López Moreno en su declaración del pasado 5 de diciembre, de la que da cuenta la prensa local.
El empleado de Padrés dijo que en unos cuatro o cinco meses llevó unas seis hieleras similares a cinco domicilios. Detalló que éstas le eran entregadas por David Tinajero, ex director General de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado durante la administración de Guillermo Padrés
“Quien me daba instrucciones era David Tinajero, quien me hablaba y me decía, ‘ahí va para que recojas unas cajas con dinero’. Siempre me mandaba a distintas partes a recoger el dinero. Así como también conocí a Pedro Tapia, quien funge como contador en el corporativo”, dijo Luis Arístides López Moreno en su declaración ministerial.
El Rancho Pozo Nuevo de Padrés es el mismo donde se descubrió una presa ilegal privada, que aún es investigada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sobre el que se denunció un proceso de fiscalización amañado.
Desde el pasado 21 de mayo, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la PGR que había iniciado una investigación contra Padrés Elías en Arizona y solicitó intercambiar información con México para reforzar sus pesquisas, de acuerdo con datos difundidos el diario Reforma. Dos meses antes, el pasado 5 de marzo, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo sobre presuntos actos ilícitos cometidos en Sonora, principalmente por el posible pago de sobornos al Gobernador y a su hermano, Miguel Padrés Elías.
La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, aseguró que en su administración “no se fabrican culpables y no se toleran culpables de ninguna manera […] para los que se fueron y para los que están”.
López Moreno dijo que como empleado de la empresa Laguna del Río, propiedad de la familia Padrés, supo de otros negocios del ex Gobernador y sus hermanos, como Vivinaro y Pozo Nuevo. Dijo que entregó fuertes sumas de dinero en una casa de Residencial La Jolla, domicilio de David Tinajero.
“El dinero lo han estado sacando de los bancos poco a poco y lo he estado guardando en la bodega que ya le dije, ubicada sobre el Bulevar Morelos”, comentó.
Tras las declaraciones de López Moreno, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha realizado distintos cateos en zonas exclusivas de Hermosillo, en donde se han incautado varias computadoras y documentos fiscales.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
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