Gobernadores que llenan sus bolsillos mientras administran un estado y adquieren propiedades millonarias que no coinciden con sus ingresos, incluyendo, por ejemplo, una presa privada; funcionarios públicos que reciben favores –como vacaciones– a cambio de beneficiar a compañías, como OHL México, o usan recursos públicos para fines personales; empresarios que reciben más contratos de obras públicas que otros o políticos que piden «moches»… La corrupción comienza a volverse un acto cotidiano en México y también su falta de castigo: de 25 casos emblemáticos que han saltado durante este sexenio, sólo tres involucrados han sido encarcelados.
Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– La existencia histórica del fuero a los políticos y «el pacto de impunidad» para cobijarse entre ellos han tejido una red de impunidad en México, de acuerdo con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP). De 25 casos emblemáticos de posible corrupción por parte de gobernadores, funcionarios públicos o empresarios, registrados o evidenciados durante el actual sexenio, sólo en tres los señalados están en la cárcel: la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales; el ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, y el líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginés.
Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila, fue detenido en España, pero liberado días después por falta de pruebas.
«En el país puede haber un pacto de impunidad política en donde los políticos, los partidos políticos y las estructuras de poder se están cobijando para que no haya castigos. Esto se tiene que romper de tajo. Aquí los partidos políticos y los gobiernos locales tienen que poner manos a la obra para empezar a romper estos crímenes […]. Si no son castigados, la cultura de la corrupción se empieza a trasminar y volverse algo cotidiano», dijo Sánchez Lara en entrevista con SinEmbargo.
La impunidad, aseguró el académico, puede romperse a través de la sociedad (con su voto), los medios de comunicación y la intervención de instituciones internacionales. Sin embargo, «en este Gobierno ha habido una ofensiva» contra estas últimas. «Si los empiezas a denostar, a limitarles el acceso, se empieza a volver una política de Gobierno».
«Cuando cortas a los pocos organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los empiezas a asfixiar en términos políticos y financieros, lanzas campañas políticas y mediáticas contra ellos, mandas un muy mal mensaje. El Estado mexicano debe seguir recibiendo asistencia y monitoreo internacional para contener la expansión de la impunidad, pero al parecer este Gobierno está enviando una señal al contrario: que quiere que siga impunidad en este país», aseveró Sánchez Lara.
Sobre el fuero, del que gozan la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, los congresos locales, los gobernadores y los presidentes municipales, son una herencia de la época colonial y surgieron para que los políticos no fueran perseguidos por su ideología o por sus creencias. No obstante, «ahora están sirviendo de tapadera para que cometan delitos que lastiman a los mexicanos como es la corrupción, los conflictos de interés o la vinculación con la delincuencia organizada […]. Se debe revisar al fuero como uno de los espacios que generan impunidad», pidió el académico.
México, añadió, no cuenta con leyes e instituciones capaces de sancionar la corrupción y los conflictos de interés al más alto nivel. Las instituciones de seguridad e investigación no son suficientes; no tienen las capacidades financieras y humanas para castigar.
GOBERNADORES Y EX GOBERNADORES ACUSADOS DE CORRUPCIÓN
Javier Duarte de Ochoa [Veracruz], César Duarte Jáquez [Chihuahua], Eruviel Ávila Villegas [Estado de México], Rodrigo Medina de la Cruz [Nuevo León], Andrés Granier Melo [Tabasco], Humberto Moreira Valdés [Coahuila] y Eugenio Hernández Flores [Tamaulipas] son gobernadores o ex gobernadores priistas cuyo nombre está envuelto por señalamientos de corrupción.
Del Partido Acción Nacional (PAN) figuran Guillermo Padrés Elías [Sonora], Miguel Márquez Márquez [Guanajuato] y Francisco Vega de Lamadrid [Baja California].
La deuda que Javier Duarte de Ochoa dejará en Veracruz asciende a 45 mil 879 millones de pesos y la acumulada con la Universidad de Veracruz (UV) superó los dos mil millones de pesos. «El incremento de su deuda no se ve reflejado en su crecimiento”, aseguró Valeria Moy, directora de México, ¿Cómo Vamos?. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), además, lo acusó de haber desviado más de 77 mil millones de pesos durante su administración.
«Los desvíos de los que se habla sólo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito», se defendió el Gobernador saliente de Veracruz días después de las elecciones, en las cuales Miguel Ángel Yunes –de la alianza PAN-PRD [Partido de la Revolución Democrática]– arrebató al PRI el estado que gobernó por décadas. Aún como candidato, Yunes denunció penalmente al priista por desviar 3 mil millones de pesos.
El otro Duarte, el de Chihuahua, Javier Duarte Jázquez, fue denunciado penalmente en 2014 por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades por participar en la creación del Banco Progreso, en su entidad.
Este mes, un juzgado español giró una orden de embargo en contra de sus propiedades luego de que procediera una demanda en su contra. De acuerdo con la empresa que lo demandó, el priista le intentó pagar con dinero público parte de un adeudo que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares.
La deuda que hereda a la entidad norteña, por 42 mil 762 millones de pesos, se debe “a la corrupción y enriquecimiento ilícito” del político, en palabras de su futuro sucesor, el panista Javier Corral Jurado. “César Duarte se hizo rico inexplicablemente, pues carece de alguna actividad empresarial económica que pueda justificar ese nivel de ingresos […] Ha ido a un saqueo a las arcas del erario”, dijo a este medio el año pasado.
Apenas hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció una serie de acciones penales en contra del ex Gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz y nueve de sus ex funcionarios, que consiste en el embargo precautorio de propiedades que fueron adquiridas «de manera sospechosa».
En mayo de 2015, Ciudadanos contra la Corrupción exigió al todavía Gobernador de Nuevo León dejar el cargo para ser investigado sobre presunto enriquecimiento ilícito, luego de que se reveló que Medina y su familia son dueños de propiedades millonarias en México y en Estados Unidos.
De acuerdo con Aldo Fasci Zuazua, ex subprocurador de Ministerios Públicos, la familia de Rodrigo Medina trianguló recursos, producto de supuestas extorsiones a proveedores de la administración estatal mediante dos empresas registradas en las Islas Caimán.
Otro caso emblemático es Humberto Moreira Valdés, que saltó de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila (Sedu) a la gubernatura de la entidad entre 2005 y 2011, la cual dejó con una deuda significativa por más de 30 mil millones de pesos.
“El Profe” Moreira llegaba al aeropuerto de Madrid-Barajas el 15 de enero de este año cuando fue detenido bajo cargos de lavado de dinero, malversación de fondos durante su Gobierno en Coahuila y vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, aunque ese mismo viernes fue encarcelado sin derecho a fianza para evitar que huyera de España, días después fue puesto en libertad al no encontrar pruebas en su contra. A pesar de que el político dijo que se quedaría en Barcelona para continuar con sus estudios de maestría, el 4 de febrero arribó a la Ciudad de México. “Mancharon mi honor”, declaró sobre el proceso judicial bajo el que estuvo durante semanas.
Desde junio de 2015, un juez en Estados Unidos giró una orden de aprehensión contra Eugenio Hernández Flores, ex Gobernador de Tamaulipas, por lavado de dinero al ocultar sobornos del cártel de los Zetas durante su administración de 2005 a 2010 así como por transferencias financieras ilegales.
En 2012 la Subsecretaría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SEIDO) incautó propiedades de Hernández Flores en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, porque se le investigaba por lavado de dinero.
Sin embargo, el domingo de las elecciones de este junio, asistió a votar por el PRI en una casilla de Ciudad Victoria.
Desde 2015 las autoridades han estado rodeando al ex Gobernador Guillermo Padrés Elías. En diciembre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora abrió 30 expedientes diferentes para indagar las sospechas de casos de corrupción durante la administración de Padrés, también señalado por haber tenido un rancho con una presa privada sin contar con autorización, la cual construyó presuntamente con uso de recursos ilícitos.
Un día antes, la Policía Estatal Investigadora de Sonora cateó y aseguró una oficina del panista, en el marco del arresto de uno de sus empleados del Rancho Pozo Nuevo, quien fue detenido en posesión de más de 3.5 millones de pesos en efectivo.
En marzo de 2015, The Wall Street Journal publicó un artículo sobre el posible pago de sobornos a Padrés y a su hermano, Miguel Padrés Elías. De acuerdo con el diario, ambos transfirieron 8.9 millones de dólares de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos, hecho por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los investiga.
Este mes, al menos tres cuentas bancarias del hermano de Padrés fueron embargadas al estar sujeto a investigación por supuestos actos de corrupción.
Respecto al Gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, diputados de oposición le exigen aclarar el caso de las tierras cedidas a la automotriz Toyota para descartar tráfico de influencias. De acuerdo con un investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa regiomontana JAOS & SGB, de donde dos ex funcionarios de la Procuraduría Agraria son miembros, adquirió a un precio 294 hectáreas del ejido Caleras de Ameche, en Apaso el Grande, y después las revendió más caras al Gobierno estatal, que a su vez las donó a la automotriz, que proyecta instalar una planta armadora en la entidad.
El Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, por su parte, fue evidenciado por el semanario ZETA. En los primeros 10 meses de su administración, él y su esposa, Brenda Ruacho, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, realizaron entre ambos cerca de 35 viajes.
El panista, en un viaje de seis días a la Ciudad de México gastó 45 mil pesos “para atender reuniones de trabajo”. En los primeros 10 meses de su gestión gubernamental, Kiko Vega realizó 25 viajes -dos al extranjero-, donde gastó un total de 348 mil 636 pesos del erario.
CASO OHL
Audios filtrados de forma gradual desde mayo de 2015 han envuelto a Obrascon Huarte Lain (OHL) México y a diversos funcionarios en supuestos actos de corrupción. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a la empresa, a dos de sus subsidiarias y a seis de sus directivos por 71 millones 964 mil 662 pesos, pero la exoneró de dolo o fraude al divulgar información financiera “errónea”. No obstante, el contenido de las grabaciones no se ha investigado.
Hasta el momento, solo dos involucrados han dejado el cargo, mas ninguno ha sido sujeto de averiguación penal.
Pablo Wallentin, ex director de Relaciones Públicas OHL México, fue la primera cabeza en rodar. Presentó su renuncia luego de hacerse público el primer audio en YouTube sobre los precios inflados de un tramo de una autopista del Estado México, el Viaducto Bicentenario. El Gobernador Eruviel Ávila Villegas ha guardado silencio.
El otro es José Andrés de Oteyza Fernández, quien en abril de este año dejó de ser el presidente del Consejo de OHL México «por cuestiones personales». De Oteyza se reunió con Emilio Lozoya Austin –quien formó parte del Consejo de Administración de OHL y fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta principios de este 2016–, y Enrique Ochoa, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para pedirles un «empujoncito» en sus proyectos a cambio de vacaciones. Pemex lo negó en su momento.
El ex Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, fue señalado en el primer audio de recibir vacaciones para él y su familia a cambio de un favor a la constructora, renunció un domingo y fue multado con 189 mil pesos. Cuatro meses después regresó a la administración de Ávila Villegas como Secretario Técnico de su Gabinete.
En julio del año pasado, audios también involucraron a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la presunta entrega de información privilegiada a OHL México para ganar licitaciones públicas a cambio de vacaciones. El funcionario lo negó.
LAS CASAS: DE EPN Y DE VIDEGARAY
Virgilio Andrade Martínez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), determinó en agosto del 2015 que el Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa, Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, no incurrieron en conflictos de interés por adquirir propiedades a las empresas de Grupo Higa y de la familia San Román, dos de los contratistas del Gobierno.
En noviembre de 2014, una investigación realizada por el sitio Aristegui Noticias evidenció la existencia de una «casa blanca», en la zona de las Lomas de Chapultepec, con un valor aproximado de 86 millones de pesos, propiedad de una empresa que pertenece a Grupo Higa, pero que la Primera Dama Angélica Rivera se encontraba en proceso de adquirir.
Un mes después, The Wall Street Journal publicó que Videgaray Caso compró en Malinalco una casa al Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa. El Secretario de Hacienda dijo que adquirió la casa a Hinojosa por 6 millones 601 mil 349 pesos en octubre de 2012, menos de dos meses antes de que iniciara la administración actual. El titular de la Función Pública explicó que el encargado de las finanzas públicas vendió 3 obras de arte para cubrir el monto.
En enero del año pasado, el mismo diario estadounidense reveló que Enrique Peña Nieto compró una casa en 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares en el Estado de México cuando Peña era Gobernador del Edomex.
El empresario Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo Higa ocultó 100 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con la investigación “Los Papeles de Panamá”, la cual involucra a decenas de políticos de alto rango implicados en el manejo de cuentas offshore.
LOS ÚNICOS TRES CASTIGADOS
El martes 26 de febrero de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo en el Aeropuerto Internacional de Toluca a Elba Esther Gordillo Morales, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 2 mil millones de pesos. También es acusada de delincuencia organizada y defraudación fiscal.
A Gordillo se le abrió proceso por triangular recursos en cuentas bancarias de Estados Unidos y Suiza para pagar tarjetas de crédito personales, comprar inmuebles, uno de ellos una residencia a nombre de la madre de la lideresa, así como para realizarse cirugías estéticas y comprar obras de arte. La maestra realizó transferencias millonarias a la cadena de tiendas departamentales de lujo Neiman Marcus.
Andrés Granier Melo, el de los 400 pares de zapatos, 400 pantalones y mil camisas, fue encarcelado en un reclusorio de la capital mexicana en junio de 2013, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. De 2007 a 2012 gobernó Tabasco.
En un audio difundido, que motivó la investigación en su contra, también afirmó tener propiedades en Nueva York, Miami, Cancún, Villahermosa y la Ciudad de México.
El fin de semana pasado Rubén Núñez, el líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fue detenido acusado de lavado de dinero por un monto de 24 millones de pesos.
De acuerdo con la PGR, Núñez recibió entre 2013 y 2015 el 3.5 por ciento de comisión por las ganancias de empresas que proveían productos y servicios para la CNTE. Este tipo de convenios, por su carácter lucrativo, son ilegales.
OTROS FUNCIONARIOS SEÑALADOS… SIN CASTIGO
En noviembre del año pasado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión contra del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante la elección intermedia de 2015. Como representante del partido del tucán celebró un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino.
La acusación lo llevó a renunciar a su cargo en la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación (Segob). Sin embargo, una jueza negó la orden de aprehensión en su contra al considerar que no había elementos que comprobaran su participación en delitos electorales.
En 2007, cuando era Senador del Partido Verde, adquirió una casa en una zona residencial de Texas valuada en 290 mil dólares, unos 4 millones de pesos. Cuando hizo la compra su sueldo era de alrededor de 124 mil pesos mensuales, detalló el diario Milenio.
David Korenfeld Federman renunció al cargo de titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) luego de verse involucrado en un escándalo de abuso de recursos públicos para fines personales. El domingo 29 de marzo del año pasado, un vecino tomó fotos de él y su familia mientras abordaban un helicóptero oficial en un terreno aledaño de donde se ubica su domicilio particular.
Al principio alegó que fue por razones médicas (tenía, dijo, una rodilla lastimada). Después reconoció que «cometió un error» y aseguró haber cubierto el costo por el uso del helicóptero.
Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, tiene en proceso obras públicas federales por mil 191 millones 177 mil 609 pesos en los estados priistas de Campeche, Nayarit y el Estado de México mediante su empresa Constructora y Edificadora GIA.
Esta compañía formó parte del consorcio de compañías que habían ganado la licitación del tren rápido México-Querétaro, pero fue cancelada por las suspicacias que despertó la presencia de ésta y de Grupo Higa, protagonista del escándalo de la “casa blanca”.
Por otra parte, Luis Alberto Villarreal, entonces líder de los diputados del PAN, fue acusado por alcaldes de Guanajuato en noviembre de 2013 de pedir una cuota o “moche” para asignarles recursos federales. Los presidentes municipales también declararon que Villarreal trató de imponerles una empresa constructora para realizar las obras.
Finalmente Villareal salió del partido blanquiazul, pero por un escándalo. Gustavo Madero, entonces presidente PAN, aceptó su renuncia luego de divulgarse un video que mostró al político –junto con el legislador Jorge Villalobos– en una fiesta en Puerto Vallarta bailando con mujeres.
Otro panista embarrado de corrupción es el ex delegado de Benito Juárez, Jorge Romero Herrera. De acuerdo con un proveedor de ese demarcación capitalina, funcionarios panistas le pedían “moche” del 30 por ciento sobre los contratos que le eran otorgados frecuentemente mediante falsas licitaciones. Entre los “encargos” que recibió el contratista, donde estuvo involucrado Romero, se contaron materiales promocionales para él y mantas de apoyo a la reelección de Gustavo Madero Muñoz como dirigente del partido.
Asimismo, durante la gestión de Jorge Romero se entregaron contratos por más de 50 millones de pesos a empresas de colaboradores y familiares de Camilo Campos, candidato del PAN a Jefe Delegacional de Cuajimalpa. Esas compañías han vendido a la Delegación Benito Juárez desde artículos de papelería, coladeras y linternas, hasta el servicio de cena de fin de año para los empleados.
Miguel Hidalgo es otra delegación de la Ciudad de México donde saltó la corrupción. El 23 de septiembre de 2015, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades por 46.2 millones de pesos en la administración del perredista Víctor Hugo Romo, actual Diputado en la Asamblea Legislativa del DF, reveló Reforma.
Las anomalías se concentran en cinco obras en las que se utilizaron fondos federales. La irregularidad más grave es por un monto de 24.3 millones de pesos.
La SFP también determinó que la Delegación debe devolver 13.6 millones del Fondo de Cultura que no fueron utilizados de una bolsa total de 38.9 millones de pesos que se asignaron para la creación del corredor cultural que va del Parque Lincoln al Parque Líbano.
