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Juez da nuevo plazo a Congreso para acatar sentencia de la SCJN por “Ley Chayote”

lunes, enero 10th, 2022

De no acatar la advertencia impuesta por el Juzgado federal, los presidentes de ambas cámaras, el Diputado Sergio Gutiérrez Luna y la Senadora Olga Sánchez Cordero, tendrían que pagar una multa e incluso ser destituidos.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- Un Juzgado federal dio este lunes un plazo de 10 días a las dos cámaras del Congreso de la Unión con respecto a la llamada “Ley Chayote” para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que les ordenó aclarar y detallar los criterios del gasto en publicidad oficial o expedir una nueva ley.

La Primera Sala de la Corte determinó que el fallo para corregir las múltiples omisiones en la Ley General de Comunicación Social de 2018, votado en público el 8 de septiembre y notificado al Congreso el 16 de noviembre, debía cumplirse antes de terminar el segundo periodo de sesiones de 2021, pero no fue así.

Por ello, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa advirtió por segunda vez, en un nuevo requerimiento al Poder Legislativo, que acate el amparo que la Corte concedió a la organización civil Artículo 19.

“Se requiere nuevamente a las Cámaras de Diputados y de Senadores, del Congreso de la Unión, para que, en el término de 10 días, contados a partir del momento en que queden legalmente notificadas del presente proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo”, insistió.

Artículo 19 había hecho un llamado a la SCJN para resolver con perspectiva de derechos humanos los recursos legales que estaban pendientes. Foto: Twitter @article19mex

Si el Congreso no cumple con esta orden, el Juzgado anunció que se impondrán multas de nueve mil 622 pesos a los presidentes de ambas Cámaras, se hará un pronunciamiento sobre el incumplimiento de la sentencia y se remitirá el expediente a un Tribunal Colegiado de circuito, para que inicie el incidente de inejecución respectivo, que puede llevar a la destitución y consignación penal de los funcionarios responsables.

“Se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo Constitucional”, subrayó.

Tanto el Diputado Sergio Gutiérrez Luna y la Senadora Olga Sánchez Cordero, presidentes de las respectivas Mesas Directivas, serían los responsables iniciales de cumplir el amparo, quienes podrían alegar que el nuevo periodo de sesiones del Congreso inicia hasta febrero, como justificación ante el Juez.

En septiembre, la Corte consideró, en una primera sentencia, que la Ley General aprobada a finales del sexenio pasado, no reglamenta correctamente los principios que el artículo 134 de la Constitución estableció desde 2014 en materia de propaganda del Gobierno.

Los presidentes de mesas directivas serían los responsables iniciales de cumplir el amparo. Foto: Cuartoscuro

“Para considerar que la legislación reclamada cumplió a cabalidad con el mandato Constitucional que nos ocupa, en ella se debieron esclarecer y detallar los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, además de disponer procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios indicados, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados”, afirmó la Corte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó el 8 de septiembre, por primera vez al Congreso de la Unión, corregir las deficiencias de la llamada “Ley Chayote”, que da al Gobierno mano libre para gastar sin reglas los recursos de la publicidad oficial.

La orden pedía que los diputados y senadores hicieran los ajustes correspondientes antes de finalizar el último periodo ordinario de sesiones de 2021, según detalló la organización Artículo 19, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter: “Después de tres años de litigio, hoy la SCJN otorga el amparo a ARTICLE 19, el cual considera inconstitucional la Ley General de Comunicación Social. Esta sentencia es un paso adelante para el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión”, aseguró.

La SCJN ordena corregir la Ley que da manos libres en gasto de publicidad oficial

miércoles, septiembre 8th, 2021

Las organizaciones Artículo 19 y Fundar habían hecho un llamado a la Suprema Corte para resolver con perspectiva de derechos humanos los recursos legales que estaban pendientes. Mientras que a la administración federal pidió generar las condiciones políticas necesarias para abrir una discusión en torno a una nueva ley.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hoy al Congreso de la Unión corregir las deficiencias de la Ley General de Comunicación Social, la llamada “Ley Chayote”, que da al Gobierno mano libre para gastar sin reglas los recursos de la publicidad oficial.

Y la orden es que los diputados y senadores hagan el ajuste antes de que finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones, el de 2021, según detalló la organización Artículo 19, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.

“Después de 3 años de litigio, hoy la @SCJN otorga el amparo a ARTICLE 19, el cual considera inconstitucional la Ley General de Comunicación Social“, anunció. “Esta sentencia es un paso adelante para el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión”, aseguró.

También afirmó que “con una mejor Ley General de Comunicación Social se podrá contar con criterios más eficaces de asignación de publicidad oficial y así evitar su uso para el control mediático”, tal y como ya lo había adelantado en un informe, elaborado junto con la organización Fundar.

 

En ese documento, subrayó que “la falta de una debida y correcta legislación en la materia genera consecuencias nocivas para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la permisibilidad de malas prácticas y planeaciones en el ejercicio del gasto”.

Esa fue a la conclusión a la que llegaron ambas organizaciones después de analizar el gasto definitivo de publicidad oficial en 2020, el cual fue obtenido a través del Sistema de Comunicación Social (COMSOC), perteneciente a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

De acuerdo con los datos, se ejercieron dos mil 248 millones de pesos, de un total de dos mil 452 millones aprobados para ese ejercicio fiscal. “Esto significa que el Gobierno federal gastó alrededor de una quinta parte con respecto a los 11 mil 398 millones de pesos del segundo año de la administración de [Enrique Pena Nieto] EPN. Así, se sostiene la tendencia a la baja en el gasto de publicidad oficial”, explicaron.

Asimismo, Artículo 19 y Fundar consideraron “factible afirmar que es necesario generar políticas de comunicación social que permitan conocer a detalle las campañas, sus finalidades, que tomen en cuenta las necesidades de las audiencias a las que están dirigidas y que la información sea accesible, verificable, comprensible, oportuna, clara, idónea, suficiente y veraz para satisfacer los fines informativos, educativos o de orientación social establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución”.

Desde ese momento seguían pendientes de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018, presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el partido político Movimiento Ciudadano y un grupo de senadores y senadoras en contra de la actual y vigente Ley General de Comunicación Social. De igual manera, la resolución del amparo en revisión 308/2020 presentado por Artículo 19.

“Las tendencias identificadas a partir de los datos de 2020 refuerzan la necesidad de que la actual Ley General de Comunicación Social sea abrogada. Es necesario dar pie a una nueva discusión en la que converjan voces de la sociedad civil, la academia, legisladores y legisladoras, medios de comunicación, periodistas y especialistas en la materia, para que en un ejercicio de parlamento abierto se encuentren las opiniones que encaminen una nueva legislación con enfoque de derechos humanos y que coloque en el centro a la sociedad”, decían las organizaciones.

Ministro retira la ponencia que aprobaba la “Ley Chayote”, manga ancha para la 4T en la publicidad

miércoles, marzo 3rd, 2021

El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá retiró este miércoles su proyecto que avalaba la controvertida Ley General de Comunicación Social, aprobada por el Congreso durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y que permitirá al Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Gobernación, entregar la publicidad oficial de manera discrecional, sin reglas claras y, sobre todo, sin que se puedan rendir cuentas.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá retiró este miércoles su proyecto que avalaba la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social, aprobada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y conocida como “Ley Chayote”, la cual permitía a la Secretaría de Gobernación (Segob) entregar publicidad oficial de manera discrecional, un criterio sobre el cual alertaron organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto del Ministro Carrancá fue cuestionado por organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quienes advirtieron que este proyecto contravenía la resolución que emitió la misma primera sala de la Suprema Corte en 2017, mediante un amparo promovido por estas organizaciones.

Al inicio de la sesión de la primera sala, se informó que a petición del Ministro se retiraba su proyecto. El texto consideraba que la propia Ley de Comunicación Social ya cuenta con los lineamientos correspondientes para otorgar la asignación de la publicidad oficial, pese a que en los hechos no haya mecanismos que eviten la concentración ni el uso discrecional de estos recursos. El tema generó el repudió de la sociedad civil, que advirtió los riesgos de esta legislación a la libertad de expresión.

Artículo 19 celebró en su cuenta de Twitter que el Ministró Carrancá haya optado por retirar el documento, aunque llamó a realizar un análisis exhaustivo de la Ley General de Comunicación Social. “De igual forma, recordamos la deuda pendiente de llevar a cabo una discusión integral para la emisión de una correcta y democrática ley que regule la #PublicidadOficial”, escribió la organización.

En 2017, la Suprema Corte determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa por no regir la materia de la publicidad oficial, lo que dio pauta a la Ley de Comunicación y su eventual aprobación, la cual no contó con un diálogo ni una apertura en su discusión.

El mandato original de la Corte ordenaba regular el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, mismo que establece que la comunicación social debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Por el contrario, se dotó a la Segob de criterios de asignación de la publicidad oficial, un criterio que pretendía ser avalado este miércoles con el respaldo al proyecto del Ministro Carrancá.

Este lunes, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19; Haydée Pérez Garrido, directora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Sara Lidia Mendiola Landeros, directora de Propuesta Cívica, resaltaron en una carta enviada a los ministros de la primera sala de la SCJN que al facultar a la Segob a emitir lineamientos de criterios de asignación de publicidad oficial se “avala la opacidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad en la asignación de los recursos al concentrar estas facultades en un órgano político del Estado”.

Advirtieron desde entonces que el proyecto del Ministro Carrancá contradecía a la propia Constitución, así como a estándares internacionales de derechos humanos ya que permitía que los parámetros de asignación se establecieran mediante lineamientos de una dependencia pública deberían estar establecidos en la ley de la materia.

“Esta ley no realiza una correcta y debida regulación de la publicidad oficial, lo cual significa que persisten las violaciones a los derechos a la libertad de expresión y a la información al no propiciar las condiciones óptimas para un correcto y debido ejercicio periodístico de los distintos medios de comunicación y periodistas que fomente la pluralidad informativa mediante la equitativa, objetiva, transparente, eficiente y efectiva distribución de los recursos en este rubro”, advirtieron.

Una muestra de ello es que el 54 por ciento del total de publicidad oficial ejercido se repartió entre 10 medios de comunicación, mientras que el 46 por ciento se repartió entre los restantes 387 medios, advirtieron las organizaciones. Este criterio ha persistido aún pese a que se ha reducido el gasto en materia de publicidad oficial en la presente administración, el cual pasó de 14 mil millones en los dos primeros años del Gobierno de Peña Nieto, a alrededor de 2.7 mil millones en los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador.

Los mismos datos, aportados por las organizaciones, dan cuenta de que tan sólo 10 instituciones ejercieron el 89 por ciento del total del gasto de publicidad oficial, encabezadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pronósticos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la propia Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

Las organizaciones que han advertido el uso discrecional que contemplaría avalar esta Ley, recordaron la iniciativa ciudadana que se presentó en la materia, la cual obliga a autoridades y a medios a rendir cuentas y transparentar el uso de los recursos, además de que sanciona el uso propagandístico de la publicidad o que se emplee para censurar, castigar o premiar a medios de comunicación u otras formas de promoción y difusión.

La misma propuesta contempla establecer criterios de asignación en función de la idoneidad del medio, establece topes a los presupuestos asignados así como un límite para los sobre ejercicios y elimina el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración.

Políticas de AMLO para publicidad dan certeza, pero debe abrogar la “Ley Chayote”: A19 y Fundar

jueves, abril 18th, 2019

Los ordenamientos del Presidente para el reparto de la publicidad oficial dan mayor certeza sobre la transparencia del gasto y de las ampliaciones presupuestales, los criterios de asignación, la evaluación de las campañas y la prohibición del uso propagandístico de estos recursos o como un instrumento para influir en la línea editorial de los medios de comunicación. “Sin embargo, algunas medidas son insuficientes y perpetúan las malas prácticas, como la discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la repartición”, dicen las dos organizaciones.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– Las organizaciones Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar se pronunciaron contra la política de comunicación social impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron que aunque significa una avance importante un cambio real en la relación entre medios y el Gobierno solo puede lograrse con la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, conocida como “Ley Chayote”.

Opinaron que la política de comunicación publicada ayer, que establece los criterios a seguir por las dependencias y entidades federales para el uso de los recursos de publicidad oficial, y la publicación en enero de los Lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades dan “mayor certeza sobre la transparencia del gasto”, pero resaltaron que son insuficientes.

“Esta política tendrá efectos limitados. Si bien es un avance, su contenido no acaba con todos los grandes males de la publicidad oficial. Su aplicación es sólo a nivel federal, pero no podremos cambiar la relación entre medios y gobiernos si no se avanza hacia una legislación que obligue a todos los poderes de todos los niveles de Gobierno”, expusieron en un comunicado.

Por ello, reiteraron su llamado a abrogar la Ley General de Comunicación Social y discutir una nueva acorde con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además pidieron que las y los legisladores discutan los cambios bajo un modelo de parlamento abierto.

Señalaron que los lineamientos permiten que continúen las malas prácticas, como la discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la repartición.

Las organizaciones ejemplificaron la ambigüedad con lo que establece el Artículo 14, donde se  fijan algunos criterios de asignación de la publicidad oficial, pero, dijeron,  “falta claridad y precisión en su redacción” lo que da un margen de discrecionalidad.

Las integrantes del colectivo  #MediosLibres recordaron que un problema recurrrente en los medios de comunicación es el aumento injustificado en publicadad oficial, pues solo de .entre 2013 y 2018 el Presidente Enrique Peña Nieto gastó 61 mil 659 millones de pesos en publicidad oficial, un 89 por ciento más de lo aprobado. Además, actualmente solo 10 medios concentran entre el 45 y 50 por ciento del gasto en publicidad oficial.

Las asociaciones destacaron que con el nuevo Gobierno el problema podría continuar porque no se han establecido topes presupuestarios aunque el Artículo 11 de esta nueva política sí obliga a las dependencias a anunciarlos. “Si bien esto resulta positivo en términos de transparencia, sigue validando las malas prácticas de administraciones anteriores”, sentenciaron.

AMLO Y LA PUBLICIDAD

Durante la conferencia matutina de ayer de López Obrador, el vocero y director de Comunicación Social federal, Jesús Ramírez, anunció que El gasto en publicidad oficial del Gobierno de México con Andrés Manuel López Obrador será de4 mil 711 millones de pesos, y por primera vez en más de una década no se invertirá más en medios de lo aprobado por el Congreso.

“Vamos a garantizar el derecho a la información, en el centro están los ciudadanos, la gente la población que debe ser informada, que debe de tener información veraz, de calidad, garantizar la transparencia. El Gobierno está abierto para informar a los ciudadanos”, dijo esta mañana el Presidente.

Aseguró que su Gobierno actuará con austeridad en el gasto para la publicidad. Detalló que este rubro se disminuyó un 50 por ciento.

El Vocero de la Presidencia destacó que la conferencia matutina es inédita, porque es el primer Gobierno en el mundo que rinde cuentas diarios a los ciudadanos. Y anunció que este miércoles se publicó la Política de Comunicación Social del Gobierno de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Señaló que aún falta la Ley de comunicación social, que tenga un padrón de medios y también una medición de audiencias. “Tenemos que llegar a una estandarización para que haya un piso parejo para todos”, indicó.

Aseguró que queda “prohibido hacer uso de propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación”.

LA LEY CHAYOTE

El pasado 11 de mayo, 7 meses antes de dejar la Presidencia,  Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Comunicación Social, conocida como #LeyChayote, en medio de reclamos de organismos internacionales y sociedad civil que le pedían no avalarla porque fomenta y legaliza malas prácticas, y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial.

Antes, el colectivo #MediosLibres –conformado por organizaciones, medios de comunicación, periodistas y sociedad civil– envió una carta abierta al Presidente Peña donde lo pedían no avalar la llamada #LeyChayote, aprobada por el Poder Legislativo en abril pasado.

“En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México”, señala el texto firmado por el ex Ejecutivo federal y el ex Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y entró en vigor el 1 de enero de 2019.

 

Hasta esa fecha Peña se había gastado 40 mil millones de pesos en un puñado de medios. Organizaciones nacionales y extranjeras estimaron que al final de su sexenio alcanzaría los 60 mil millones erogados en comunicación social, una cifra histórica en México. Los organismos de la sociedad civil consideran que el gasto es básicamente para comprar la línea editorial de periódicos impresos, televisoras y radiodifusoras, además de medios digitales.

La Organización de las Naciones Unidad (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habían demandado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a sus socios en el Senado de la República que tuvieran responsabilidad y no pasaran esa Ley, que básicamente deja en manos del Gobierno federal, otra vez, miles de millones de pesos de pesos que gasta a su arbitrio cada año. Alertaron que su aprobación atentaba contra la libertad de expresión.

A pesar de los llamados de alerta por parte de la sociedad civil y organismos internacionales, la madrugada del 26 de abril los senadores aprobaron, con 60 votos a favor y 46 en contra, la Ley de Comunicación Social que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó legislar al Congreso desde noviembre de 2017.

Sin topes ni controles, el dinero para publicidad oficial amenaza a los medios y lectores: Ana Ruelas

viernes, diciembre 21st, 2018

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centromérica, destaca que es urgente que la partida de la publicidad oficial propuesta por la administración de AMLO tenga topes y control, pues hasta hoy “no tenemos conocimiento exacto de cuál es la eficiencia del gasto. Es decir, si realmente estos miles de millones de pesos se están utilizando para darle a la ciudadanía información de interés público”.

Hoy no tenemos conocimiento exacto de cuál es la eficiencia del gasto. Es decir, si realmente estos miles de millones de pesos se están utilizando para darle a la ciudadanía información de interés público para desempeñarse en una organización que protege a los periodistas y exige justicia para aquellos que han sido asesinados. Cuando inició se sorprendió de la facilidad con la que se le “masculinizó”, asumiendo que era autoritaria, porque en la construcción social de liderazgo no era posible entender que como mujer al frente de un organismo podía ser “sensible y cariñosa”.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica –organización civil internacional que promueve y defiende los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información– opinó que un presupuesto multimillonario en publicidad sin controles, ni topes de asignación, continua siendo una amenaza tanto para quienes difunden como para quienes reciben la información.

“Si bien no es un monto tan distinto al aprobado por Enrique Peña Nieto es muy importante que existan topes que no permitan que haya sobre ejercicios como los que ejercía [Peña Nieto], que llegaban a ser alrededor de 200 por ciento más de lo que se aprobaba (…) Es importante recordar que la “Ley Chayote” o la Ley General de Comunicación Social –que se aprobó en abril de este año– no regula esto y al final genera que estos 4 mil millones de pesos que fueron aprobados, o que son propuestos para el Presupuesto de Egresos, sean ejercidos sin controles, sin una planeación efectiva y sin criterios claros de asignación. Es decir: que se sigan beneficiando a los mismos medios de siempre y que se sigan controlando las líneas informativas de los medios de comunicación”, aseveró Ruelas en entrevista para SinEmbargo.

La “Ley Chayote”, mencionada por la especialista, ha sido señalada como un mecanismo que normaliza el control de la información y de los medios de comunicación que dependen de la publicidad oficial, determinando cuales serán sus líneas editoriales. Un mecanismo de control que durante años ha mal informado y desinformado a la ciudadanía.

“La publicidad oficial ha sido utilizada como un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales de los medios de comunicación, por lo que al final los medios de comunicación se convierten en voceros del Gobierno a través del dinero que reciben de la publicidad oficial, y la publicidad oficial se convierte en una herramienta proselitista para alzar figuras públicas, lo que impacta en las contiendas electorales”, planteó.

“Por eso es tan importante que haya criterios claros de asignación basados en las poblaciones a las que se destinan las campañas. Hoy no tenemos conocimiento exacto de cuál es la eficiencia del gasto. Es decir, si realmente estos miles de millones de pesos se están utilizando para darle a la ciudadanía información de interés público, e información de interés público significa información que tiene que ver con el ejercicio de derechos y obligaciones, protección civil o cambios institucionales. Se utiliza la información como un instrumento de control político del debate público”, agregó.

Durante el periodo de campaña y su gira de agradecimiento, Andrés Manuel López Obrador aseveró que el gasto en publicidad oficial se reduciría en un 50 por ciento. La propuesta fue bien recibida por diferentes organizaciones de la sociedad civil que reprobaban el uso político que el priistaEnrique Peña Nieto dio a este rubro.

El sábado pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de López Obrador dio a conocer en su propuesta de Presupuesto de Egresos 2019 un monto de 4 mil 258 millones de pesos en gastos de comunicación social, cantidad que supera los 3 mil millones 278 pesos aprobados en 2018. Esta partida aún se discutirá en la Cámara de Diputados para ser corregido o bien aprobado.

ESTIGMAS CONTRA LAS MUJERES

Ana Cristina Ruelas es la líder de Artículo 19 desde hace tres años. Asumió el puesto de dirección cuando tenía 32 años, en medio de estigmatizaciones que la tachaban de “poco capaz” para desempeñarse para en una organización que protege periodistas y exige justicia para aquellos que han sido asesinados. Cuando inició, se sorprendió de la facilidad con la que se le “masculinizo”, asumiendo que era autoritaria, porque en la construcción social de liderazgo no era posible entender que como mujer al frente de un organismo podía ser “sensible y cariñosa”.

A pesar de haber demostrado que su posición la adquirió por su experiencia en derechos humanos y de la información, aún tiene que lidiar con una construcción de violencias provenientes del ámbito político.

“He estado ligada a los estigmas, estigmas de no vas a poder porque eres mujer. En mi caso específico me decían que iba a poder trabajar con periodistas porque son amenazados e intimidados, porque eres débil. Los estigmas vienen de todas lados, los beneficiarios, el propio movimiento y de los funcionarios públicos”, asevera Ruelas.

La abogada y Maestra en Políticas Públicas ha trabajó en el Tribunal de Justicia Fiscal y Distributiva del Estado de Nuevo León. También laboró en la amazonia peruana atendiendo temas de violencia familiar e infantil y en la Delegación de Derecho a la Información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Ahora, desde Artículo 19, también se encarga de promover las garantías de las mujeres periodistas.

La publicidad oficial ha sido utilizada como un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales de los medios de comunicación, por lo que al final los medios de comunicación se convierten en voceros del Gobierno a través del dinero que reciben de la publicidad oficial, afirma Cristina Ruelas. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

LAS MUJERES EN EL PERIODISMO

De acuerdo con información de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en los últimos siete años 440 periodistas han sufrido violencia y 15 de ellas han sido asesinadas. Las agresiones contras las mujeres son una herramienta para intimidar y disminuir su trabajo.

Aimeé Vega, académica de la Máxima Casa de Estudios, planteó que la carrera de Comunicación es mayoritariamente femenina; sin embargo, la situación se revierte en el campo laboral donde existe un menor índice de participación de este género y donde suele marginarse a las mujeres enviándolas a secciones menos relevantes.

En opinión de Ana Cristina Ruelas, la labor de las periodistas adquiere un nivel más de dificultad porque requiere de la ruptura con los “estereotipos machistas” que daña su integridad y la de su familia con el objetivo de separarlas del ejercicio, autocensurarlas y llevarlas al “al espacio que se cree es para ellas: su casa”. Los tipos de violencia varían, sin embargo, todos pueden representar una violación a la vida, a la integridad física o sexual.

“Primeramente tenemos que reconocer la violencia institucional, que no se diferencia de las violencias a las que estamos expuestas y no reconoce que finalmente estas violencias van en contra de nuestra vida y de nuestra integridad física y sexual, y en contra de nuestras propias familias, lo que hace que sea mucho más lejano un anhelo de justicia. Muchas veces se estigmatiza y se criminaliza o se genera una justificación para la violencia en contra de la mujer periodista porque dijo algo que no debía decir o que no era su lugar decir”, añadió la Directora de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica.

Además planteó que la violencia directa no es la única a la que persiste, ya que aún las estigmatizaciones son una forma de impedir el trabajo de las mujeres en el campo de la investigación.

Como Directora de Artículo 19, Ana Cristina expuso que se ha dado cuenta de la necesidad de que las periodistas se expresen y denuncien, ya se solo así se podrá avanzar para acabar con las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en los medios de información.

“Las mujeres tenemos la oportunidad de expresarnos, dichas expresiones al final son necesarias para la igualdad. El hecho de ser directora de Artículo me hizo darme cuenta del orden de expresión de la mujer y de valorar que si luchamos por más expresiones, luchamos porque las periodistas tengan el lugar, porque no sean estigmatizadas, porque no sean infantilizadas cada vez que logran obtener información. Es una medida que cada vez será más visible y que cada vez procurara más igualdad”, agregó Ana Cristina, y destacó que las redes de información digital que han abierto la posibilidad a las mujeres de ser escuchadas y convertirse en líderes de opinión.

UN PROGRAMA SIN VISIÓN DE GÉNERO

En distintas ocasiones Andrés Manuel López Obrador ha expresado su gratitud con los medios de comunicación que desde la campaña presidencial le han dado gran cobertura a su trabajo, sin embargo, nunca ha dado muestra de identificar los problemas diferenciados entre mujeres y hombres. Por el contrario el mismo ha estigmatizada a las mujeres con sus “muestras de cariño” que ha sido reprobadas por grupos de periodistas.

Después de los eventos de septiembre, el entonces Presidente electo justificó su uso del corazoncito como una muestra de cariño lanzada para todos los reporteros sin distinguir género. En conferencia de prensa comenzó a llamar “coranzoncitos” a todos los presentes disminuyendo la importancia de su acción.

“Definitivamente no escuchado por parte del nuevo gobierno que vayan a iniciar acciones específicas para garantizar la seguridad de las periodistas para iniciar para investigar con perspectiva de género y proteger con perspectiva del género. Para hacer los análisis de riesgo en el propio mecanismo de protección con perspectivas diferenciadas y eso es algo que necesitamos escuchar y ver cómo se va a desarrollar”, añadió Ana Cristina, quien a su vez insiste en la importancia de “avanzar hacia un Estado donde el Gobierno reconozca que las mujeres hacemos un trabajo tan importante como los hombres y no por eso nos van a dar un beso”.

Peña dio a medios 85.27% más de lo autorizado; colectivo lanza iniciativa para parar el derroche

jueves, octubre 25th, 2018

Según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social, entre 2013 y 2017 la administración del Presidente Enrique Peña Nieto gastó 50 mil 862 millones de pesos en publicidad oficial. De esta cantidad, 23 mil 410 millones fueron parte de un sobreejercicio, que implica que el Gobierno federal casi duplicó (85.27 por ciento más) el gasto que tenía aprobado para el rubro.

Para evitar gastos desmesurados, la nueva Ley obligaría a ejercer, como máximo, el 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos, o 2 mil millones de pesos por año.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El colectivo #MediosLibres presentó este día una iniciativa ciudadana para abrogar la Ley General de Comunicación Social (o “Ley Chayote”) y expedir la Ley General de Publicidad Oficial.

Contrario a las consecuencias de la denominada “Ley Chayote” de 2017, que “legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial” y que “atenta contra la libertad de expresión”, la iniciativa ciudadana busca eliminar el uso “proselitista”  e impulsar la democratización de los medios de comunicación.

Asimismo, tiene por objetivo garantizar la libertad de expresión y de acceso a la información en nuestro país, así como fomentar el pluralismo.

“La publicidad oficial no debe ser asignada para premiar o castigar a las distintas formas y medios de comunicación […]. La libertad de expresión no se puede restringir de manera directa o indirecta” por parte de las instituciones del Estado mexicano, refirieron los activistas, investigadores y periodistas.

Entre las principales propuestas están regular el uso y la asignación de recursos en los tres niveles de Gobierno e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades y de los medios de comunicación.

Según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social, entre 2013 y 2017 la administración del Presidente Enrique Peña Nieto gastó 50 mil 862 millones de pesos en publicidad oficial.

De esta cantidad, 23 mil 410 millones fueron parte de un sobreejercicio, que implica que el Gobierno casi duplicó (85.27 por ciento más) el gasto que tenía aprobado para el rubro.

En el marco de una nueva administración —que ha prometido reducir el gasto en publicidad en un 50 por ciento— se abre la posibilidad de un cambio, explicó Justine Dupuy de Fundar.

Sin embargo, dijo, la reducción será insuficiente si no existen reglas claras para su asignación.

“La censura, las malas condiciones laborales, la falta de garantías en seguridad, el condicionamiento de las líneas editoriales, la distribución desigual e inequitativa de la pauta de la publicidad oficial, la asignación discrecional y arbitraria, así como el gasto excesivo son realidades que busca atender esta iniciativa de ley, con base en los estándares internacionales de derechos humanos”, se lee en el documento que presentó el colectivo.

En la opinión de Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, “la falta de regulación y la opacidad son un caldo de cultivo para la corrupción”.

Por ello, la iniciativa también busca prohibir y sancionar el uso propagandístico de la publicidad oficial y su uso para “censurar, castigar o premiar a medios de comunicación”.

TOPE AL PODER

Para evitar gastos desmesurados, la nueva Ley obligaría a ejercer, como máximo, el 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos, o el equivalente a 2 mil millones de pesos por año.

Al respecto, Ana Ruelas de Artículo 19 comentó que inclusive la propuesta de reducción del presupuesto de Andrés Manuel López Obrador (en un 50 por ciento) sigue siendo un monto muy elevado para el rubro de publicidad oficial.

El colectivo #MediosLibres, además, propone establecer criterios de asignación de recursos “en función de la idoneidad” de los medios de difusión, con topes presupuestarios y un límite de sobreejercicios no superior al 10 por ciento de lo aprobado.

También plantea pautas de carácter institucional con fines informativos, educativos o de orientación social, así como el establecimiento de contrapesos al “ejercicio centralizado de la publicidad oficial”, a través del fortalecimiento de organismos como el INAI y el INEGI.

Para mejorar la difusión, la nueva Ley impulsará la creación de un fondo de fomento a la pluralidad, investigación y capacitación a periodistas, con el afán de favorecer a los medios de comunicación, para que “cumplan con su función elemental de difusión de información”.
Según Ruelas, esta iniciativa busca que los medios de comunicación se comprometan con sus periodistas, para que tengan beneficios y condiciones dignas de trabajo. “Que no haya periodistas pobres con dueños de medios ricos”, comentó.

“Estamos en camino de construir una ley potente que cambie el poder autoritario y abusivo cuya relación con los medios críticos ha sido implacable”, añadió el periodista Jorge Carrasco Araizaga, de la revista Proceso.

“Que el poder respete a los periodistas, que no los vea como sus empleados y que la sociedad confíe más en los periodistas” es la finalidad del esfuerzo, recalcó Juan Angulo Osorio, director general del periódico El Sur.

Asimismo, para evitar abusos en materia de publicidad oficial, la iniciativa propone mecanismos de evaluación de las estrategias de comunicación social y eliminar “el uso faccioso de las mediciones de audiencia, lectoría y penetración”.

Morena, PT y PRI se dan arrimones en el Senado y alientan el apodo que les puso PAN-PRD: “PRIMOR”

domingo, mayo 6th, 2018

Morena y PT se han vuelto una bancada importante en el Congreso de la Unión, señalan legisladores y académicos consultados por SinEmbargo. Por ello, no es difícil pensar que el PRI se les acerque para negociar la designación de funcionarios “a modo”, o la aprobación o suspensión de iniciativas de Ley.

Visto así, PRI y Morena -o PRIMOR, como les dicen de manera despectiva- son señalados por la oposición de haber acordado, en beneficio propio, las nombramientos de los nuevos consejeros del INAI y del titular de la ASF, así como la aprobación fast-track (por la vía rápida) de la Ley General de Comunicación Social, además del estancamiento en el Senado del proyecto para eliminar el fuero constitucional.

“Se dicen representantes de las izquierdas pero no tienen nada que ver con posiciones de avanzada de la izquierda democrática, de una izquierda responsable”, acusó de Morena el Diputado Jesús Zambrano. Pero el Senador petisa Manuel Bartlett Díaz reviró diciendo que las acusaciones son “falsas” y que vienen de “cínicos”, que desde un principio, formaron parte del denominado “Pacto Por México” convocado en 2012 por el PRI, con apoyo del PAN y del PRD.

¿Por qué apoyaría Morena-PT al PRI? Según legisladores y académicos, hay dos respuestas: uno, el apoyo material y estratégico que el PRI les da para consolidarse como una fuerza, no sólo en las cámaras del Poder Legislativo, sino también, en general. Y dos, una alianza que podría buscar lubricar la transición de gobierno, ante un muy probable escenario en que Andrés Manuel López Obrador llegue a la residencia oficial de Los Pinos.

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- Los diputados y senadores de la coalición del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) son señalados, por la oposición panista y perredista, de operar en acuerdo con las bancadas del Revolucionario Institucional (PRI) en los plenos, para obstruir o apoyar proyectos de Ley, e impulsar funcionarios “a modo”, sin otro aparente motivo que el beneficio mutuo y facilitar la posible transición de gobierno, en caso de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegue a la Presidencia de la República en julio próximo.

“Esta alianza de Morena con el PRI viene de antes de que se evidenciaran estas nuevas cosas en las cámaras de diputados y senadores”, dijo a SinEmbargo Jesús Zambrano Grijalba, Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Morena no cumplía un año y medio de existir, cuando ya sonaba el rumor de su matrimonio con el PRI (o el denominado “PRIMOR”). En 2016, en el marco de las elecciones intermedias, por ejemplo, Morena fue señalado de negociar con el partido tricolor para que este último ganara las gubernaturas de Oaxaca y Veracruz, que son de tradición priista. A cambio, al partido fundado por AMLO, le habrían facilitado recursos para fortalecerlo y dividir el voto a favor del PRI.

La supuesta relación de amistad entre el candidato morenista al Gobierno de Oaxaca Salomón Jara Cruz y el priista Alejandro Murat Hinojosa, quien resultó electo; el presunto dinero que el ex Gobernador priista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa cedió al candidato de Morena, Cuitláhuac García, para meterle el pie al panista Miguel Ángel Yunes Linares; o el rumor a voces sobre PRIMOR, que habría hecho mancuerna en la designación de candidatos a cargos de elección popular en Baja California, en febrero de 2016, cuando Morena impulsó a los ex priistas José Osuna Camacho y Catalina Zavala Márquez para una diputación, son algunos ejemplos que, para la oposición panista y perredista, dibujan el chanchullo.

La oleada de señalamientos continúa. Tan sólo el mes pasado, hubo cuatro: PRIMOR habría operado en la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja para aprobar el dictamen de la Ley General de Comunicación Social, que busca regular la propaganda gubernamental. Asimismo, habría incidido en la Cámara Alta para detener la propuesta de reforma constitucional que elimina el fuero del Presidente de la República y de los integrantes del Poder Legislativo. Y PRIMOR metió la mano, según, en la designación de los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y del nuevo titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Los partidos Acción Nacional (PAN) y PRD “nos acusan de acordar con el PRI, cuando ellos han gobernado con el PRI en el Senado desde el ‘Pacto Por México’ [2012] hasta este día”, reviró el Senador Manuel Bartlett Díaz, integrante de la coalición PT-Morena. Los señalamientos de la oposición son, en ese sentido, “cínicos”. Pero el legislador admitió que son naturales porque “están desesperados por inventar cosas para que Anaya lo repita utilizando su aparato de campaña presidencial”. Y por eso, concluyó Bartlett, “no hay nada más que perversión, campañas negras y desvergüenza”.

En entrevista con este medio digital, la Senadora sin partido Martha Tagle Martínez y el Diputado Jesús Zambrano Grijalba concordaron en que no hay un acuerdo tangible, pero que, por el modo de actuar de los legisladores como Bartlett Díaz, hay indicios para pensar que Morena y PT están actuando en beneficio propio (partidista), en lugar de hacerlo a favor de la democracia y del desarrollo nacional.

Para Zambrano, no es que Morena y PT se beneficien de manera directa, “sino que están en una clara actitud” de no pelearse con el partido en el poder -como lo han hecho en otras contextos- y mandar un mensaje de “yo no me quiero pelear contigo, yo vengo trabajando aliado contigo, estoy colaborando en las cámaras contigo para que veas que no debes tener motivos para que me obstruyas en mi carrera a la Presidencia de la República”.

La Senadora Tagle, por su parte, confirmó a SinEmbargo que no saben cómo se dan este tipo de vínculos invisibles entre Morena-PT y PRI, a pesar de haber reconocido que “sí son sintomáticas algunas votaciones, particularmente en el nombramiento de los comisionados y en la posición, por ejemplo, que tomaron en la Comisión de Puntos Constitucionales para detener el tema de la minuta que envió la Cámara de Diputados para la eliminación del fuero”.

Cuestionada acerca del por qué y del por qué ahora de esta posible relación, la ex emecista respondió que, “en estas últimas etapas, con el cambio de configuración del Senado, es decir, en tanto senadores del PRD se integran a la bancada del PT y se hace la bancada PT-Morena”, el grupo pasó de ser una minoría a un contrapeso importante en el Poder Legislativo. Y en esta tónica, Morena-PT se vuelve importante para el PRI, sobre todo en temas cuya aprobación requiere de votos de mayoría calificada (el amparo de dos terceras partes del Congreso: 85 de 128 senadores o 333 de 500 diputados, según sea el caso).

En la imagen, de izquierda a derecha, los legisladores Luis Sánchez (PRD), Manuel Bartlett (PT), Fernando Herrera (PAN), Ernesto Cordero (PAN) y Emilio Gamboa (PRI), tras clausurar los trabajos del periodo ordinario en la Cámara Alta, el 30 de abril de 2018. Foto: Moisés Pablo, Agencia Cuartoscuro.

RUMOR Y VERDADES DAN VIDA A “PRI-MOR”

Más allá de las acusaciones de la oposición, destacados especialistas en problemas sociopolíticos y económicos dijeron a este medio digital que, con independencia de los partidos políticos involucrados, es normal que en las cámaras legislativas existan acuerdos entre facciones y partidos.

El problema en la coyuntura actual, no sólo radica en la “opacidad” de las negociaciones, indicó el doctor Victor Manuel Muñoz Patraca del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sino también en que “este tipo de acuerdos se ven mal porque lo que se vende es una competencia política entre partidos”, en lugar de reflejar un diálogo parlamentario que esclarezca posturas ideológicas o programáticas, señaló René Bolio Halloran, ex Senador suplente y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.

Para legisladores y analistas, no es evidente la relación entre Morena-PT y PRI. Pero tampoco es impensable y puede resultar ser un acuerdo tácito. Si pensamos bien, concordaron Muñoz y Bolio, hay “acuerdos políticos parlamentarios que siempre es positivo que los haya”. Pero si pensamos mal, “estamos hablando de un intento de transición pacífica entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el posible de López Obrador” (aunque el PRI terminaría negociando con cualquiera que gane).

El otrora Senador y analista de la Panamericana recalcó que, lo más negativo, es que “muchas veces” los partidos “se van en contra de lo que el electorado piensa, de lo que la ciudadanía necesita, o de las necesidades reales”. Prueba de ello son los nombramientos “al vapor” que no podrían calificarse de ser malos, pero sí opacos. Y en ese detalle, cuaja la duda que hiere, explicó.

Los más recientes y polémicos nombramientos del Senado de la República fueron los del nuevo titular de la ASF, Rogelio Colmenares Páramo, así como de dos comisionados del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena y Carlos Alberto Bonnin Erales, todos ligados al PRI. En ambos casos la elección se suscitó en secreto. Por medio de una “cédula” -papeleta que es depositada en una urna- los legisladores presentes aprobaron las designaciones.

El jueves 15 de marzo, Colmenares rindió protesta luego de una votación con 377 votos a favor. Y el jueves 26 de abril, con 66 y 65 votos, Ibarra y Bonnin asumieron cargo. En el primer caso, los diputados de Morena-PT fueron señalados de votar a favor del candidato impuesto por el PRI (aunque de 450 votos emitidos, incluidos algunos de PAN y PRD, sólo 64 fueron nulos, cinco a favor de otro candidato y ninguno en contra). Y en el segundo, pese a que Morena-PT votó en contra, los senadores de su bancada fueron acusados de hacer quórum (número mínimo de legisladores presentes para que la asamblea tenga validez) con la finalidad de que el PRI lograra sus propósitos.

Lo sucedido en marzo en la Cámara de Diputados, permanece al velo de una votación secreta. Salvo los señalamientos de legisladores como Marko Cortés (PAN) y Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), no es claro “el pacto de impunidad” que acusan de PRIMOR. Sin embargo, en la designación de Ibarra y Bonnin, la controversia es más evidente.

Los senadores María Marcela Torres Peimbert (PAN), Luis Sánchez Jiménez Veneciano (PAN) y Martha Tagle Martínez (sin partido), además del Diputado Jesús Zambrano Grijalba (PRD) concuerdan en algo: El PRI se empeñó en imponer a Ibarra y Bonnin con “la valona” de los senadores de Morena-PT.

Aunque la bancada lopezobradorista en el Senado no votó a favor de los aspirantes del PRI (ocho de 14 petistas anularon su voto, según Jiménez), ellos fueron los únicos en hacer quórum. ¿Qué sucedió?

De acuerdo con los legisladores interpelados por SinEmbargo, el problema, más allá de las inconsistencias que se suscitaron a lo largo de todo el proceso de elección -como la cédula en que sólo aparecían los nombres de Ibarra y Bonnin, con todo y que el Comité de Acompañamiento Ciudadano determinó a 11 de 34 aspirantes idóneos- fue, precisamente, que Morena-PT hizo quórum en una votación de mayoría calificada.

“En una circunstancia normal, el PRI se hubiera sentado a formar acuerdos con las bancada mayoritarias para poder generar esta mayoría calificada. Pero sabiendo que estamos en un tiempo electoral y que no iba a haber ese acuerdo con los legisladores del Frente, [los priistas] deciden tener algún acuerdo con Morena para que, aunque [los demás] se opongan, pueda pasar”, explicó Tagle.

La Senadora reconoció que aunque “toda la oposición junta no alcanzaba un tercio de los legisladores”, sin un tercio, lo ideal hubiera sido no permitir que continuara la sesión, y al otro día, cuando hubiera más oposición presente, votar en contra. Concordó Zambrano, para quien, dependiendo del caso, “el no hacer quórum obliga a que los otros se sienten a negociar; a acordar cosas contigo para que se atiendan las observaciones, las propuestas, las exigencias de cambio que tú estás haciendo para corregir una iniciativa”. Y a fin de cuentas, sentenció el perredista, “terminan haciéndole el trabajo sucio a la mafia en el poder […]. Con hacer quórum ayudan al PRI”.

La versión del Senador Bartlett, empero, es diferente. El petista mencionó que “romper el quórum es una estrategia parlamentaria no siempre muy útil. Si tu te sales -y en ocasiones hemos tenido esa disyuntiva- rompes el quórum. O no se rompe; no lo logras romper y entonces resulta que la mayoría logra sus propósitos sin votos en contra, sin que haya un contrapeso”.

Comentó, contrario a las versiones de sus oponentes políticos, que durante más de 10 horas el día de la votación, los coordinadores del PAN y PRD, Fernando Herrera y Luis Sánchez, discutieron con el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, “para decidir repartirse los cargos. No se ponen de acuerdo y entonces se salen. Y me empieza a llamar Herrera desde afuera para decirme que me saliera yo para romper el quórum por mi fracción. Eso significaría que estuviera ligado a los poderes del PAN. Y además de todo, en un día de negociación con el PRI, terminar yo de palero del PAN siendo ajeno a esa negociación… Yo no me salí, pero voté en contra como siempre”.

Para la doctora María Marván Laborde, ex comisionada del otrora IFAI (hoy INAI), el proceso no sólo fue “totalmente atropellado y opaco”. Fue una situación que se pudo haber evitado si el Senado -en su conjunto- hubiera sacado una convocatoria a tiempo; si hubiera habido un proceso claro de deliberación; así como exámenes de conocimientos para los aspirantes y un acuerdo previo.

Con respecto a la decisión de los partidos blanquiazul y del Sol Azteca de retirarse de la sesión, la doctora Marván dijo que no fue “tan buena” porque “a la hora de que vieron que se iba a quedar el PT [aliado con Morena] e iba haber quórum para la decisión, hubiera sido muy importante que quedara registrada su votación en contra”.

“¿Cómo pueden decir que yo tenía que salirme para apoyarlos a ellos, cuando votamos en contra. ¿Cómo pueden decir que nosotros teníamos que seguir sus lineamientos panistas, cuando nos dejaron colgados. Nosotros seguimos para votar en contra”, dijo indignado el Senador Manuel Bartlett. Y resaltó que, aunque se hubieran salido, el PRI se hubiera impuesto porque tienen mayoría.

MORENA-PT CUBRIÓ LAS ESPALDAS ¿DEL PRI?

En abril, diputados del PAN y PRD condenaron que Morena votara con el PRI, en la Comisión de Gobernación, el dictamen de la Ley General de Comunicación Social, que busca regular la propaganda gubernamental.

A diferencia de lo que sucedió en el caso del INAI, Zambrano dijo a SinEmbargo que con la Ley de Publicidad podrían “haber reventado la sesión” no haciendo quórum. Pero se quedaron para no obstruir el cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los obligaba a expedir, a más tardar el 30 de abril, dicha Ley. “Dijimos vamos a dar debate, vamos a votar en contra y allí que se evidencie nuestra oposición al respecto”, abundó el Diputado perredista.

“La estrategia del PRI fue llevar a último momento cuestiones importantes como las designaciones que estaban pendientes: al menos 60 nombramientos [en el Senado] entre magistrados, comisionados del INAI, consejeros honoríficos […] y también varias leyes importantes como la que se llamó ‘Ley chayote’ [la Ley General de Comunicación Social]”, explicó la Senadora Martha Tagle Martínez. La estrategia de los priistas, en su opinión, fue llevar todo “hasta los últimos días, con la intención de generar una condición para el PRI de mejores posibilidades de negociar. ¿Y con quién podía negociar mejor? Con Morena”.

Según la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el 10 de abril Morena -a diferencia del PRI- negó tres veces la aprobación de la Ley General de Comunicación Social. Primero con 33 votos a favor de la suspensión de la moción del proyecto; segundo, con 34 votos en contra de la expedición de los artículos no reservados; y tercero, con 31 votos en contra de las modificaciones legales que habrían de hacerse.

Esta dinámica se repitió el 24 de abril en el Senado de la República, donde los abanderados del Partido del Trabajo, aliado electoral de Morena, emitieron 11 votos en contra de la reforma legal.

Trascendió a principios de abril que, “por error”, el Diputado de Morena Alejandro Ojeda Anguiano -quien integra la Comisión de Gobernación- avaló con su voto, en lo general, la nueva Ley General de Comunicación Social.

La presunta culpa de Morena-PT, en esta ocasión, no fue del todo por la votación o por hacer quórum. Zambrano y Tagle coincidieron en que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, que es presidida por el PT-Morena, no frenó a la Comisión de Gobernación (que es presidida por el PRI) al momento de emitir la minuta, como lo hicieron en el caso de la reforma constitucional para quitar el fuero al Presidente de la República y a los legisladores.

“Sin duda la participación de Morena, en un sentido o en el otro, era determinante”, indicó Tagle. “Presidiendo la Comisión, perfectamente se podía detener o por lo menos hacer un contrapeso a la intención de aprobar o no aprobar esas leyes”. Morena no fue “una oposición real”, sentenció.

De acuerdo con el testimonios de Tagle, además, el petisa Zoé Robledo Aburto -quien presidía la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado- había hecho un contradictamen. “Esto quiere decir que formalmente se pudo haber presentado como un proyecto de dictamen alternativo y haber llegado al Pleno, porque como hubo votación siempre empatada, pudieron haber llegado los dos dictámenes y entonces las cosas hubieran sido diferente en la votación en el Pleno. No hubieras tenido un sólo proyecto; hubieras tenido dos” a elegir, narró la Senadora.

Sin embargo, en lugar de presentarlo como dictamen, los petistas lo presentaron como reserva “y eso significaba nada”. Como dictamen, con base en el Reglamento del Senado de la República, “cuando son comisiones unidas, tienen que sacar un documento conjunto y de proyecto”, refirió Tagle. Pero “no hubo la intención de sacar un documento conjunto ni que el contradictamen que dejó hecho el Senador Robledo se presentara como un dictamen alternativo […]. La intención era sacar lo que había llegado de la Cámara de Diputados sin moverle nada”.

La versión del Senador petista Manuel Bartlett es diferente. “Desde el primer día fuimos opositor del PRI. Votamos en contra de todos los nombramientos mafiosos que ellos sacaron: ministros de la corte, magistrados, organismos autónomos… Y ellos [PAN y PRD] votaron siempre con ellos [los priistas] porque se estableció esa perversa práctica de dividirse” los puestos.

Para René Bolio Halloran, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, permitir la promulgación de la Ley General de Comunicación Social -o evitar quitar el fuero constitucional- “le deja las manos más libres” al posible gobierno de AMLO -o de quien resulte victorioso- para disponer de los más de 40 mil millones que hay para Comunicación Social. Es, en su opinión, motivo suficiente para un chanchullo.

NO AL ADIÓS AL FUERO

En el caso del proyecto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 100, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) acusaron que la Cámara de Diputados envió al Senado de la República, con tiempo suficiente -11 días antes de la última sesión del periodo ordinario de la Cámara Alta- el proyecto de reformas constitucionales. No obstante, el proyecto se estancó en el Senado.

Según panistas y perredistas, el estancamiento de la reforma constitucional fue un “pretexto” basado en “cambios superficiales”, no sólo para cubrirle la espalda al Presidente Enrique Peña Nieto, sino también, en beneficio del próximo gobierno. De acuerdo con morenistas y petistas, además del panista Ernesto Cordero, había inconsistencias jurídicas en el proyecto, entre ellas por ejemplo, que la iniciativa no consideraba quitar el fuero a los síndicos (cuya labor principal es fiscalizar los ingresos y egresos de los municipios).

Será hasta después de que concluya el proceso electoral cuando el Senado de la República pueda retomar la discusión sobre la eliminación del fuero a todos los funcionarios públicos del país, incluido el Presidente de la República. Asimismo, el Senado concluyó los trabajos de la LXIII Legislatura sin aprobar los nombramientos de los fiscales general y anticorrupción.

“El PT presidía una de las comisiones que le tocaba determinar el tema del fuero, y presentaron desde un principio una propuesta de metodología de analizar y hacer un grupo de trabajo para discutir a fondo la minuta, sabiendo que por los tiempos no iba a dar para sacar la reforma constitucional en materia de fuero, argumentando cuestiones legales que la minuta de diputados carecía, pero que en otros temas, como la Ley de Comunicación Social, a pesar de que teníamos los mismos argumentos de que estaba muy mal hecha y que no cumplía con lo que había solicitado la Corte, ahí sí decidieron avanzar y no les importó”, dijo a SinEmbargo la Senadora Martha Tagle Martínez.

En respuesta, el Senador Manuel Bartlett Díaz comentó que hasta el priista Emilio Gamboa Patrón declaró que la minuta no estaba bien. Además, cuestionó que desde las comisiones de la Cámara de Diputados les fue imposible detener la minuta porque tenían a dos personas, y el PRI y su palomilla, a 30.

“¡Cómo te pueden decir que nosotros pedimos una votación, cuando somos dos en tres comisiones, en donde el PRI tiene mayoría como siempre y en donde PAN y PRI siempre votan juntos. Nosotros no podíamos detener nada!”, exclamó Bartlett. “Somos una ínfima minoría”, por lo que recordó que es una “estupidez” que los acusen de haber podido cambiar el resultado desde la Cámara Baja y evitar detener la minuta en el Senado.

Para el ex priista, las acusaciones del PAN y del PRD no sólo son “cínicas” sino “incongruentes”. Recordó que en octubre del año pasado, cuando fue cesado el Fiscal de Delitos Electorales, los coordinadores del blanquiazul y del Sol Azteca en el Senado, Fernando Herrera y Luis Sánchez, se retiraron de una reunión que tenían. Luego, narra el legislador, “acuerdan y firman la convocatoria para elegir al siguiente [Fiscal] al gusto de Emilio Gamboa”. Bartlett añadió que, en esa como en muchas otras ocasiones, quienes hoy lanzan pedradas no están libres de culpa. Es puro “teatro”, concluyó.

La #LeyChayote del PRI debilita la opinión pública y pone en riesgo al periodismo crítico: colectivos

jueves, abril 26th, 2018

La denominada #LeyChayote fue aprobada el miércoles pasado a la media noche por 60 votos a favor, en su mayoría de senadores priistas y aliados, y 46 en contra, así como una abstención de un panista. De la oposición, votaron en pro el Senador perredista Adolfo Romero Lainas, de Oaxaca; Senador panista Jorge Luis Lavalle Amaury, de Campeche; Senador sin partido y ex panista José María Martínez y Martínez, de Jalisco; Senador sin partido y vocero de la campaña priista, Javier Lozano Alarcón, de Puebla, y el Senador sin partido Luis Armando Melgar Bravo, de Chiapas. El Senador panista José de Jesús Santana García, de Aguascalientes, fue quien decidió abstenerse.

Miembros del Colectivo Medios Libres y periodistas de la prensa estatal – la más vulnerable al control editorial a través de la publicidad oficial, de acuerdo con Artículo 19– afirmaron que esta legislación a la comunicación social no incentiva a los medios que buscan vigilar la actuación del Gobierno y debilita a la opinión pública. La ONU, entre otras observaciones, también advirtió que la población tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del Estado, pero la Ley no lo considera.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– A unos días de que se cumpla un año del asesinato de Javier Valdez, cofundador del periódico Ríodoce en Sinaloa, los legisladores aprobaron la Ley de Comunicación Social cuestionada por el Colectivo #MediosLibres y organismos internacionales. Periodistas de medios estatales e integrantes de organizaciones aseguraron que esta modificación al artículo 134 constitucional sigue sin evitar “las malas prácticas” de la publicidad oficial por lo que aún “debilita” a la opinión pública y “vulnera” el derecho a la información crítica al gobierno y sus políticas públicas, sobre todo a nivel estatal.

“Definitivamente los reporteros a nivel estatal viven un nivel de vulnerabilidad y de riesgo mayor”, dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19. “La prensa a nivel estatal no solamente está sujeta a los controles indirectos que se ejercen a través de la publicidad oficial, sino también a través de la violencia constante a la que se somete a la prensa. Desde Artículo 19 hemos dicho constantemente que una de las formas del Estado para violentar el ejercicio periodístico tiene que ver con el dinero público que se paga a los medios de comunicación, pero también con la violencia que cada vez es más impune y cínica hacia los reporteros y reporteras”.

Esta semana uno de los asesinos de Javier Valdez, Heriberto “N”, alias El Koala, fue detenido en Tijuana. Pero Ríodoce alegó que faltan los asesinos intelectuales.

Justine Dupuy, de Fundar, coincidió en que con esta Ley se siguen institucionalizando “las malas prácticas sobre todo en los estados donde están muy enraizadas, como los chantajes y la relación de control del gobierno con los medios de comunicación”. Como continuará la designación discrecional de publicidad oficial, se “afecta directamente el derecho de información de la ciudadanía y limita el debate público”.

La denominada Ley Chayote fue aprobada el miércoles al filo de la media noche por 60 votos a favor, en su mayoría de senadores priistas y aliados, y 46 en contra, así como una abstención. De la oposición, votaron en pro el Senador perredista Adolfo Romero Lainas, de Oaxaca; Senador panista Jorge Luis Lavalle Amaury, de Campeche; Senador sin partido y ex panista José María Martínez y Martínez, de Jalisco; Senador sin partido y vocero de la campaña priista, Javier Lozano Alarcón, de Puebla, y el Senador sin partido Luis Armando Melgar Bravo, de Chiapas. El Senador panista José de Jesús Santana García, de Aguascalientes, fue quien decidió abstenerse.

Además, hubo 14 ausentes: los panistas Francisco Búrquez Valenzuela, Adriana Dávila Fernández (se justificó), Rosa Adriana Díaz Lizama, Juan Alejandro Fernández Sánchez, Martha Elena García Gómez, Elva Martha González Pérez, Sonia Mendoza Díaz y Laura Angélica Rojas (por asistencia a reuniones de trabajo en comisiones o comités que se realizan simultáneamente); los perredistas Celestino Cesáreo Guzmán, Iris Mendoza Mendoza. También faltaron el candidato a alcalde de Morelia por Morena, Raúl Morón Orozco, la Senadora simpatizante de Morena, Gabriela Cuevas, y los petistas Ana Gabriela Cuevas y Carlos Manuel Merino Campos.

La #LeyChayote. atentado contra los medios críticos. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro

Arnoldo Cuéllar, editor del diario Zona Franca de Guanajuato, afirmó que esta ley “está legalizando el uso del presupuesto público para que la prensa se convierta en complicidad del Estado, y no hay ningún incentivo a esa prensa que quiere mantenerse como vigilante de las acciones del Estado”. El conductor de “Revista de la 1” expuso que los diputados y senadores no se están construyendo “equilibrios” para una mejor democracia en el país ni una “cancha pareja” entre medios para que se privilegie más la investigación periodística de fondo sobre la reproducción de discursos oficiales y propaganda. Ello perjudica a los ciudadanos.

“Los diputados, sobre todo del PRI y del Verde, insisten en mantener ese esquema de privilegios que fomentan la complicidad. En Guanajuato lo vemos al igual que en cualquier parte, el presupuesto para publicidad que se autoriza es uno y el que se gasta es tres veces más beneficiando a los diarios que son totalmente acríticos, que publican a ocho columnas al Gobernador cinco veces a la semana, que no le dan eco a organizaciones de la sociedad civil, o a los escándalos en los que incurren los funcionarios públicos”, afirmó Cuéllar. “Cualquier medio crítico siempre va a sufrir la amenaza de ser ahogado y de verse amenazado o presionada su línea editorial”.

Ante el círculo cerrado de partidos políticos, gobiernos, y medios de comunicación amigos “se reparten el recurso público, y el monopolio de la toma de decisiones que afectan a todos”, dijo el periodista. Por ello, el periodista consideró que “el exceso de mensajes propagandísticos que ocultan la realidad de fondo del funcionamiento del gobierno y evaluación de políticas públicas en general debilita a la opinión pública, que sea con menos información y análisis, con menos capacidad crítica”.

Francisco Ortiz, periodista y director de Libre en el Sur, dijo que esta ley dejó “intocado” el manejo discrecional de los recursos públicos para la publicidad oficial, lo cual limita el derecho de información de los lectores al orillar a medios a “someterse” o “moderar” su línea crítica o independiente para no sufrir represalias.

“En mi caso he sido víctima de los gobiernos delegacionales en Benito Juárez, que es donde circula mi periódico. Es el uso de publicidad como premio o castigo dependiendo del comportamiento editorial”, afirmó Ortiz cuyo periódico local informa sobre falta de servicios, denuncias de vecinos y fallas de las autoridades en esa delegación de la Ciudad de México. Expuso que su equipo también ha sido objeto de “limitaciones” para acceder a eventos o actividades de la Delegación.

Por ello lamentó que los legisladores perdieron la oportunidad histórica de modificar estas prácticas antañas.

Ana Ruelas, directora de Artículo 19, parte del colectivo Medios Libres, expuso que la Ley Chayote “regulariza las malas prácticas” que han sucedido en la historia de México respecto a asignar dinero público a “los medios complacientes al gobierno”, lo cual genera una “sobreexposición” de funcionarios públicos y eso genera un límite a la libertad de expresión de los reporteros en el nivel estatal y federal, y provoca que “la información que estamos recibiendo como ciudadanos no es veraz, sino cooptada por el dinero público que paga el gobierno”.

NO CUMPLE LO EXIGIDO POR SCJN

Este ajuste a la Ley de Comunicación Social, acusó el Colectivo Medios Libres, no cumple con los criterios establecidos en la sentencia del 15 de noviembre de 2017 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que puso como límite al Congreso este 30 de abril.

En noviembre del año pasado, con cuatro votos a favor y uno en contra, la SCJN otorgó el amparo interpuesto por la organización Artículo 19 sobre la omisión legislativa que regularía la publicidad oficial.

“Se desprende que dado que la Constitución le impuso al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente esa obligación”, sostuvo el Ministro Arturo Saldivar. “Nos encontramos frente una omisión legislativa absoluta atribuible a las dos cámaras del Congreso de la Unión”.

Además, lo aprobado ayer ignoró las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU).

El coordinador priista Emilio Gamboa conversa con sus aliados; Carlos Romero Deschamps, Manuel Romo, Carlos Alberto Puente. Todos votaron a favor de la #LeyChayote. Foto: Moisés Pablo,. Cuartoscuro

La semana pasada, la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lo advirtió al Senado a través de una carta en la cual expuso seis observaciones.

1. El organismo consideró que, en ese momento minuta, no regula de forma clara y precisa el sistema en torno a la asignación y contratación de la publicidad gubernamental, lo que deja espacio para la discrecionalidad al dar libertad al ejercicio político y a la arbitrariedad.

2. El Alto Comisionado de la ONU estimó que la ley no establece ningún mecanismo para controlar el gasto actual, ya que los gastos en el ramo quedan a consideración de las autoridades ejecutivas, lo cual “mantendría el sistema de discrecionalidad en el gasto”, y no prevendría actos de corrupción o desvíos con el uso de los recursos.

3. La ONU señaló que la ley debía incorporar “el principio de no discriminación en el uso de los fondos públicos”, y explicó que, de acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando para la repartición de recursos se toman en cuenta las opiniones difundidas por los medios de comunicación o la afinidad política, puede considerarse discriminación y posible censura.

4. Llamó a considerar al público objetivo de la campaña debido a que “la población tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del Estado”, pero se omite los criterios para identificar si la publicidad informa de manera efectiva y si la información es de interés.

5. La Organización señaló que no se definen sanciones claras y queda en manos de los superiores jerárquicos determinar si una queja procede, lo que “no da las garantías adecuadas para que haya investigaciones o sanciones sobre las infracciones a la ley”.

6. Expresa que los Estados “deben establecer mecanismos de control externo de monitoreo de la asignación de publicidad oficial” porque en la propuesta las contralorías dependen del Poder Ejecutivo, lo que cuestiona su autonomía.

PRI y socios imponen #LeyChayote que da mano ancha al Gobierno para seguir comprando medios

miércoles, abril 25th, 2018

Desde la Cámara de Diputados, la oposición (PAN, PRD, PT, Morena y PES) intentó frenar en cada oportunidad que tuvo el avance y la aprobación de esa ley elaborada por el PRI. De las distintas críticas que ha recibido esa minuta, sobresale que no toma en cuenta las propuestas de las organizaciones civiles, por lo que no garantiza cambios sustanciales en la compra de publicidad oficial.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Fueron cuatro horas en las que la oposición en el Senado de la Republica recurrió en varias ocasiones a la frase de José López Portillo de “no te pago para que me pegues” y a todas las explicaciones posibles sobre la violación a la libertad de expresión, del exceso de dinero que se gasta en publicidad oficial y en la violencia hacia los periodistas y los medios que esa práctica ha provocado.

El PRI y los suyos, el Verde y el Panal, se concentraron en un sólo argumento: “cumplir con el mandato ineludible de la Corte”.

Con 60 votos a favor y 46 en contra, quedó aprobada en lo general, la Ley de Comunicación Social que la SCJN ordenó legislar al Congreso desde noviembre pasado.

Desde la Cámara de Diputados, la oposición (PAN, PRD, PT, Morena y PES) intentó frenar en cada oportunidad que tuvo el avance y la aprobación de esa ley elaborada por el PRI. De las distintas críticas que ha recibido esa minuta, sobresale que no toma en cuenta las propuestas de las organizaciones civiles, por lo que no garantiza cambios sustanciales en la compra de publicidad oficial.

De los 40 senadores que hicieron uso de la palabra en el Pleno, la mayoría estaba en contra y siempre dejaron en claro que frente a sus argumentos, estaba la mayoría que tenía la orden de aprobar la ley.

Alejandro Encinas señaló que el dictamen es la regresión final que limita los derechos y libertades de los mexicanos.

“Durante seis años vimos cómo se impusieron medidas para limitar el pluralismo en la información: se dotó de dinero al duopolio televisivo, se echaron atrás los derechos de las audiencias y está la violencia hacia periodistas y comunicadores; México es el segundo país más violento con los periodistas. Con este dictamen se legaliza un modelo de comunciación que se ha caracterizado por el gasto excesivo de dinero de un presidente que quiere legitimarse a partir del dispendio de dinero”, comentó.

Dio la cifra: son 40 mil millones de pesos los gastados, de los que 28 mil millones han sido por la vía del sobreejercicio. El 65 por ciento del gasto de publicidad se destinó a 20 medios de comunicación, entre los que Televisa y Tv Azteca concentran el 20 por ciento.

“Ese es el modelo que quieren legalizar. No se atiende ni lo discutido por la SCJN ni las propuestas de la sociedad civil. Es una propuesta regresiava que instaura un modelo autoritario”, agregó.

Silvia Leticia Martínez Elizondo del PAN comentó que quienes se dieron el tiempo de estudiar la minuta se podía dar cuenta que no cumple con lo establecido por la Corte. Por su parte, Jorge Aréchiga del Partido Verde dijo que no es solo cumplir con la Corte, sino con todos los mexicanos. “Es expedir una ley indospensable para la democracia”, comentó.

Luego, Angélica de la Peña del PRD, sostuvo que “el régimen presidencialista” atrapó a los medios de comunicación.

“La minuta, del PRI y sus aliados, abona a legalizar este estado de cosas. Por eso, en su inconformidad, las organizaciones nombraron a esta minuta Ley Chayote. Este documento debería contener los más altos estándares en la matería, debió contar con el formato de congreso abierto con organizaciones, periodistas y empresarios. El PRI quiere legalizar con su mayoría un mercado negro de propaganda disfrazada de publicidad”, señaló.

Jesús Casillas Romero criticó que había gente que podía encontrar en esta minuta las bondades o los defectos y malas intenciones, pero que gracias a esta ley, la comunicación social de todas las entidades públicas deberán someterse a un control.

El petista Manuel Bartlett dijo al respecto: “¿Por qué esa voluntad de imponer cosas grotescas? Han gastado tanto dinero en comprar medios y además creen que con el cumplimiento del amparo van a cerrar el capítulo de la brutal corrupción de la administración de Peña Nieto (…) Los senadores se suman a una estupidez cínica cuando le deberían decir a Peña Nieto: oye, ya te vas”.

Pasaron las horas. Isidro Pedraza Chávez definió la argumentación como “intentar picar piedra”.
Gerardo Flores, del Verde, se indignó porque los llamaron “los chayoteros más grandes” y que no entendía cómo es que ocurrían esos actos en el Pleno del Senado.