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Los líderes charros del pasado ya se acomodaron en la 4T, dicen los sindicatos chicos; se unirán

jueves, diciembre 5th, 2019

La Reforma Laboral plantea la libertad sindical desde mayo, sin embargo, cinco sindicatos minoritarios con toma de nota de la Secretaría del Trabajo no han podido representar a sus afiliados, bajo la sombra de los sindicatos mayoritarios, a quienes “les asusta” que vayan contra “su corrupción”. A lado de las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo, anunciaron una alianza para hacer valer sus derechos sindicales.

Ciudad de México, 5 diciembre (SinEmbargo).– Cinco sindicatos minoritarios de telecomunicaciones, de salud, del Senado de la República, de petroleros y de transportistas, con toma de nota y afínes al Presidente Andrés Manuel López Obrador, se han unido en un movimiento nacional para que la Secretaría del Trabajo haga valer la libertad sindical expuesta en la Reforma Laboral de manera equitativa frente a los sindicatos mayoritarios, anunciaron a lado de las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la Ciudad de México, cuyo Convenio 135 exige protección sindical.

En el marco de la aprobación del T-MEC –aún pendiente en el Congreso de Estados Unidos–, la Ley Federal del Trabajo fue aprobada en mayo por los legisladores mexicanos. Establece, entre otros puntos, el derecho a la libre afiliación y de participación al interior de los distintos sindicatos de una empresa o gremio; la transparencia en el uso de los recursos; la democracia sindical mediante el voto personal, libre, directo y secreto para elegir a los dirigentes sindicales; pone límites a la duración de dirigencias; y plantea revisar los Contratos Colectivos cada cuatro años.

“El Presidente nos ha dado la oportunidad, pero hay una estructura que se niega a caer. Esa estructura está de acuerdo con los líderes charros, corruptos y autoritarios para que nosotros no podamos llegar a la representatividad de nuestros agremiados”, dijo en conferencia David Alor Pérez, Secretario General del Sindicato Democrático de Trabajadores de Telecomunicaciones y Telégrafos de México. El mayoritario, Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones de México, es dirigido por Israel Ruiz García.

“Este movimiento ya empezó y no hay que dejarlo caer. Estamos en la mejor disposición de hacer que reconozcan la legalidad de nuestros sindicatos. Estamos facultados para representar a nuestros trabajadores. No pueden cuartearnos esa libertad y responsabilidad”, afirmó Alor.

La reunión de sindicatos minoritarios fue afuera de las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo en la Ciudad de México. Foto: Petromex.

Luis Alberto Ramos, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Salud, recordó que la Reforma Laboral habla de la libertad sindical, “no habla de que había que pedirle permiso a los sindicatos charros a ver si nos autorizaban formar otro sindicato”. Marco Antonio García Ayala es el presidente del sindicato mayoritario de la Secretaría de Salud. Fue su Secretario General desde 2004.

Sentado en la mesa junto con los otros líderes sindicales, Ramos afirmó que parece que la Reforma Laboral se convierte en letras muertas. “El Presidente hablaba de justicia para todos los trabajadores, y le pido a la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde que ponga atención”, requirió.

“Vamos a hacer una alianza todos los sindicatos que estamos conformando. Vamos a reunirnos porque vamos a dejar bien definido que la libertad sindical y los derechos que se marcan en la Reforma y en los Convenios internacionales los vamos a hacer valer cueste lo que cueste. Estamos hartos de administrativos que no se han preparado para darle paso a la Reforma y nos dicen que no tenemos derechos”, aseguró.

En entrevista con este medio, desde mayo lo comentó el abogado del Sindicato Independiente del Monte de Piedad Víctor Ortega. Aseguró que como trabajadores esperaban que la Reforma Laboral contemplara un artículo específico que refiriera los derechos de los sindicatos minoritarios respecto a normas y sanciones a los patrones que no respeten la libertad sindical, y que deshiciera la estructura corporativa que controla recursos y bases para pisotear la democracia sindical.

“La Reforma está pensada para los sindicatos grandes que tienen recursos y una infraestructura administrativa”, interpretó Ortega.

“EL CONVENIO 135 NO SE ESTÁ RESPETANDO”

En el artículo 2 del Convenio 135 de la OIT se expone que “los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones [protección de derechos]”.

Luis Ramos, del Sindicato de Salud, consideró que “no se está respetando” en los sindicatos minoritarios presentes en la reunión. “Pareciera que es una costumbre de Gobierno pasado, donde los negocios eran jugosos, donde los Deschamps, los Ayala [del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado], tenían acuerdos con la autoridad”, acusó. “Llega la Reforma Laboral y les asusta porque llegan los sindicatos que vienen a democratizar al país, a democratizar a las instituciones, y que vienen a acabar con la corrupción, con el charrismo sindical. Quienes queremos hacer las cosas bien parece que los molestamos”.

Por parte del Sindicato minorista de Trabajadores del Senado de la República, Salvador Lozano aseguró que dado que “el Presidente ha sido muy claro en que la libertad sindical se tiene que dar en esta Cuarta Transformación, nosotros vamos hombro con hombro a exigir nuestros derechos y a exigir la igualdad de sindicatos”.

El mayoritario es el Sindicato de los Trabajadores de la Cámara de Senadores encabezado por Bertha Orozco Márquez desde hace más de 10 años.

“Vamos a fortalecer este movimiento, a apoyar con todo los nuevos sindicatos, y vamos a implantar la verdadera democracia en el país”, dijo Lozano.

Guillermo García Salmerón, Secretario general del Sindicato de Trabajadores Industriales, Servicios, Autotransportistas, Comerciantes de México, reiteró el apoyo al movimiento de sindicatos minoristas.

“Si hay que salir a las calles lo vamos a hacer. No echaremos un paso hacia atrás”, dijo.

PETROMEX SIGUE SIN ATENCIÓN DE PEMEX

El sindicato Petromex, alterno al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, obtuvo su toma de nota de la Secretaría del Trabajo desde el 26 de marzo, pero Petróleos Mexicanos no le ha otorgado la representatividad de los miles de trabajadores afiliados. Sospechan que Carlos Romero Deschamps, quien renunció a la dirigencia sindical en octubre después de 26 años, “sigue mandando” a través de los mandos medios y superiores que propuso en las filiales de la petrolera.

Este jueves entregaron un documento en las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitarle su intervención para que se respete el Convenio 135 y cese la represión laboral que han sufrido los agremiados desde el registro. Hace unas semanas bloquearon la avenida Marina Nacional, en la Torre Pemex.

“Durante ocho meses hemos luchado para que se reconozca el sindicato Petromex que tenemos conforme a la ley. Hemos enviado ocho oficios al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y no hemos tenido respuesta”, expuso en la rueda de prensa Yolanda Morales Izquierdo, Secretaria General de Petromex.

“Es muy importante que esto llegue a oídos de nuestro Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, porque no se están reflejando los Convenios internacionales. Ellos nos argumentan que solamente el sindicato mayoritario tiene todos los derechos. Entonces se le pregunta a la Secretaría del Trabajo y a Pemex en qué parte del Convenio dice que los sindicatos minoritarios no tienen los mismos derechos. Están aferrados en que no tenemos derecho”, planteó la petrolera de Tabasco.

Óscar Solórzano, vocero de Petromex, calificó de “ineptos” a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y de Pemex que no han implementado la Reforma Laboral en lo relacionado a la libertad y democracia sindical.

“No vamos a permitir que siga la corrupción en Pemex. Vamos a salir a las calles de forma ordenada y pacífica en un nuevo movimiento nacional sindical en donde ya no estamos solos”, advirtió este jueves.

Carta a la OIT de Petromex. Imagen: Petromex.

Acarreados durante décadas por sus líderes, los obreros podrán decirles NO desde hoy, y echarlos

miércoles, mayo 1st, 2019

El primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene ya una nueva Reforma Laboral. Aunque llega con dudas y con temas pendientes –como la regulación del outsourcing–, especialistas coinciden en que la legislación recientemente aprobada comenzará a romper la estructura sindicalista que caminó por más de 80 años, hombro con hombro, del poder político y económico del Partido Revolucionario Institucional y que también provocó la precariedad de la clase trabajadora en México.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- La derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el pasado 1 de julio trajo consigo otros derrumbes y en esta conmemoración del día de los trabajadores la aprobación de la Reforma Laboral luce como la legislación que pondrá fin a las estructuras sindicales que ese partido adoptó y que dotó de poder, aunque el costo fuera el trabajo digno y bien remunerado de los mexicanos.

Abogados laborales coinciden en que este 1 de mayo es distinto a los demás porque las estructuras sindicales, esas “viejas estructuras”, hoy crujen. El también reconocido como “sindicalismo oficial”, no figura en la lista de oradores del acto presidencial del Día del Trabajo y no serán protagonistas de los eventos solemnes; ahora tendrán que trabajar en acoplarse a las nuevas leyes de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma Laboral que es secundaria a la ley de 2017 y modifica 479 artículos de los mil 010 que tiene la Ley Federal del Trabajo.

El punto medular de esta nueva legislación es la procuración de libertad sindical en un país en el que el 43 por ciento de los sindicatos de trabajadores está concentrado en tres centrales obreras íntimamente ligadas al priismo, y cuya fundación data de hace más de 80 años: CTM (Confederación de Trabajadores de México), CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) y CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana), de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); en el que la percepción de corrupción en esas organizaciones crece y cuando la precariedad laboral se refleja en pobreza.

El punto medular de esta nueva legislación es la procuración de libertad sindical. Foto: Cuartoscuro.

Hace apenas un año, Carlos Aceves del Olmo, de la CTM, Isaías González de la CROC y Luis Miguel Victoria Ranfla del SNTISSSTE acompañaron al Presidente Enrique Peña Nieto en el evento del 1 de mayo, hoy algunos han anunciado protestas como paros nacionales y se muestran inconformes con la ley.

De acuerdo con la Unidad de Datos de SinEmbargo, la CTM (776), la CROC (416) y la CROM (341) son las centrales obreras con más organizaciones afiliadas a nivel nacional. De ese modo, dos de cada cinco sindicatos de trabajadores registrados ante la STPS (1 mil 533 de 3 mil 579) están ligados a ellas.

Estos grupos han operado como centrales electorales para ciertos grupos de interés y luego dieron pie a la formación de otras centrales de trabajadores como la Confederación Revolucionaria de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores y Campesinos.

“Este 1 de mayo veremos ya el declive de los grandes. La gerontocracia sindical está crujiendo”, señaló al respecto Enrique Larios Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, aunque la ley está puesta, uno de los retos que trae consigo es que haya pruebas contundentes de que habrá voluntad política para acabar con el charrismo sindical, así lo señaló el abogado laboral e integrante del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, Rodrigo Olvera.

UNA NUEVA ERA SINDICAL

Larios Díaz explicó que el marco reglamentario nuevo presenta algunos avances en la materia sindical ya que resultaba “escandalosa ya” la simulación en las relaciones laborales, pero que acabar con esto probará la fuerza que tenga el Estado para emitir sanciones.

Sin embargo, la aprobación de la ley genera ya los primeros efectos: las estructuras de los viejos sindicatos están crujiendo.

“Las viejas estructuras están sintiendo primero la división y probablemente muy pronto, la desintegración. Uno de los malestares de las organizaciones sindicales son que los liderazgos son de gente mayor, podemos observar una gerontocracia en las dirigencias sindicales, es el poder de los viejos. No le han dado oportunidad a los jóvenes de convertirse en líderes sindicales, entonces las dirigencias han envejecido y en muchos casos se han perpetuado sin tener el respaldo de las bases”, comentó en entrevista.

Agregó que es representativo que algunos líderes a pesar de su mal estado de salud, que ya no les permite continuar, se aferren a los liderazgos, por lo que se ha creado una “gerontocracia sindical, son personas de edad muy avanzada y hasta que no dan el último hálito de su vida no dejan de ser líderes sindicales, pero no dicen nada y todas las cuestiones para poder legalizar a esas dirigencias, son de papel”.

Al respecto, Rodrigo Olvera señaló que esta legislación es resultado de la persistencia del movimiento sindical contra los “sindicatos charros” y “corruptos”, pero que la ley esté ya aprobada no se convierte en una varita mágica que resuelve las cosas de un día para otro.

“Pensemos en los trabajadores que han estado durante décadas tratando de democratizar estos sindicatos; tienen una experiencia acumulada de represión y saben que no porque les digas que cambió la ley ellos van a cambiar. Las y los trabajadores tienen que ver en los hechos que realmente va en serio y que sí se aplica la nueva ley a su favor, todas las organizaciones, no solo la CTM y demás, tienen que empezar a representar realmente los intereses de los trabajadores”, comentó.

“Hay que decir que por lo menos hoy en día se pretende, esperemos se logre, de que las prácticas ya no se lleven a cabo, de que el gobierno no esté apoyando a un líder o a otro, sino que el gobierno saque las manos de los sindicatos y deje que éstos puedan vivir su democracia sindical y puedan llegar a sus acuerdos con los patrones de la industria”, agregó Larios Díaz.

E la imagen se observa al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Carlos Aceves del Olmo, dirigente nacional de la CTM, uno de los sindicatos más poderosos de México ligados al PRI. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

LOS RETOS POLÍTICOS Y DE PRESUPUESTO

Por separado, ambos abogados coincidieron en que la creación de nuevas instituciones será uno de los retos porque no están presupuestadas y se estableció un plazo de tres años para que se puedan instalar los Centros de Conciliación y Registro Sindicales que es de carácter federal y los centros de conciliación de cada uno de los estados.

También los tribunales que estarían a cargo del Poder Judicial federal y de los poderes judiciales de cada uno de los estados.

“Se tienen tres años, a ver si se en ese tiempo se van generando los recursos necesarios para que estas instituciones puedan funcionar y la Reforma Laboral sea una realidad. Mientras no tengamos todos estos elementos, mientras no esté presupuestada, simplemente son muy buenas intenciones […] Los resultados vamos a poder verlos a finales del sexenio. Lo que preocupa son los presupuestos”, agregó Larios Díaz.

Para Olvera, Tenemos el reto presupuestal es enorme y aunado a eso, se tendrá que ver qué ocurrirá con todo el personal que ahora está en las juntas, si tendrá o no posibilidades de garantizar su trabajo en la transición, y que se concluyan todos los asuntos que están en las juntas de manera satisfactoria.

“Tener una buena ley es fundamental. El siguiente paso es que se fortalezcan y sean las autoridades laborales las adecuadas. Se tienen que fortalecer también las relaciones con el Seguro Social en las cuotas obrero-patronales, pero aún así no es suficiente y necesitamos que todos los actores del mundo laboral, las gerencias de recursos humanos, los abogados litigantes, los asesores sindicales, los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras, nos tomemos en serio la oportunidad que tenemos, cambiemos el chip y pasemos a relaciones laborales honestas, sinceras y democráticas”, añadió.

El académico de la UNAM concluyó que este 1 de mayo lo que veremos de entrada es ya el declive de los grandes sindicatos: “Hay muchos sindicatos que sus dirigencias ya no soportan el peso de los años, de la corrupción sobre todo”.

LA STPS no puede remover líderes sindicales, pero dejará que los obreros decidan, dice Alcalde

viernes, enero 18th, 2019

A poco más de un mes de tomar las riendas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde ya ha logrado dos de sus principales objetivos: poner en marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y aumentar el salario mínimo. En entrevista para SinEmbargo, la Secretaria habla de los proyectos que la dependencia implementará en este sexenio, entre los que destaca la libertad sindical. 

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no puede quitar o poner líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps, pero sí garantizará que en este sexenio haya libertad sindical para que los trabajadores decidan libremente quién los representa a través del voto libre y secreto, asegura la titular de la dependencia Luisa María Alcalde Luján.

La Secretaria encargada de la política laboral en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, explica en entrevista sobre la iniciativa de ley secundaria de la reforma realizada el 24 de febrero de 2017 a la Ley Federal del Trabajo, la cual dota a los trabajadores del derecho a elegir a sus sindicatos y líderes sindicales de manera libre y democrática, pero además obliga a los sindicatos a entregar cuentas por escrito.

“Ya tenemos una iniciativa que establece clarísimo que debe de haber voto libre y secreto, no solamente para que los trabajadores puedan elegir quién los represente, sino también para que se consulte antes de firmar un contrato colectivo, o por ejemplo, en una revisión contractual se tiene que garantizar que quien está negociando tiene legitimidad y respaldo de los trabajadores”, menciona Luisa María Alcalde.

En las últimas semanas el Gobierno federal ha implementado una lucha contra la corrupción por el robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual ha derivado en investigaciones a servidores públicos de la petrolera, empresarios y políticos. Diversas voces han señalado como uno de los responsables al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, pero el Presidente informó que no ha interpuesto ninguna denuncia penal en su contra, por lo que no hay elementos para enjuiciarlo.

Si bien no hay pruebas que vinculen al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con el huachicol, la titular de la STPS confirmó que en la Junta de Conciliación y Arbitraje hay asuntos que se están resolviendo en contra de Romero Deschamps.

“Hay asuntos que lo resolverán los diferentes presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que recordemos son órganos tripartitos”, dice Alcalde y también enfatiza que en este momento hay muchas piezas de un rompecabezas que se están colocando para garantizar los derechos de los trabajadores sindicalizados.

“Considero que el esquema anterior era de control, no es novedoso decir en este momento que el 90 por ciento de los contratos eran de protección, es decir, se hacían a espaldas de los trabajadores, por eso hubo un divorcio entre los trabajadores y sus representaciones (…) Yo creo que las nuevas reglas del juego en materia laboral nos van a ayudar a ir corrigiendo ese camino”, detalla.

Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo, habla acerca de los objetivos de su administración. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

Luisa María Alcalde, de 31 años, también habla sobre uno de los programas más ambiciosos en este sexenio: Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya meta es atender a 2 millones 300 mil jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Dice que la principal diferencia entre este programa y los implementados en administraciones pasadas es que “los anteriores estaban más relacionados con incentivos fiscales para las empresas y tampoco eran tan específicos en atender una demanda en concreto”.

En entrevista para SinEmbargo, la Secretaria más joven del Gabinete de López Obrador, enumera los cuatro principales objetivos durante su administración: Jóvenes Construyendo el Futuro, recuperación del salario mínimo, democracia y libertad sindical y el trabajo digno.

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–La semana pasada la STPS puso en marcha Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿cuál es la diferencia de este programa y otros que hemos visto en sexenios anteriores como por ejemplo el de Primer Empleo (con Calderón), los cuales iban dirigidos a jóvenes, pero que terminaron siendo aprovechados por las empresas.

–Son varias las diferencias. Por un lado, los programas anteriores estaban más relacionados con incentivos fiscales para las empresas y tampoco eran tan específicos en atender una demanda en concreto, que sí es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Este programa se divide en dos grandes objetivos: uno es garantizarle a todos los jóvenes de este país que tengan una posibilidad. El problema que tenemos es que son millones de jóvenes que no tienen opciones, que quieren capacitarse, que no encuentran empleo, que les piden experiencia profesional, la cual no tienen, que no hay puertas en dónde tocar. Lo que garantiza este programa no sólo es que tú puedas apoyar y enlazar a estas dos partes, sino que el apoyo es directo a los jóvenes y eso no se había hecho antes.

Es el primer programa que atiende a los jóvenes, sin intermediarios, a través de una tarjeta bancaria para que logren capacitarse. Las empresas ganan varias cosas, por un lado, es el compromiso que asumen ante la sociedad al decir ‘entendemos la problemática, sabemos que hay un potencial que se está desperdiciando’, y también ganan la posibilidad de ir formando los perfiles, que tampoco están encontrando en el mercado laboral, porque por un lado los jóvenes no tienen posibilidades, pero por el otro las propias empresas no están encontrando los perfiles que necesitan.

Jóvenes Construyendo el Futuro ayuda a que las empresas puedan ir formando a los jóvenes.

–Sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, esta semana el Centro de Estudios Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) hizo una serie de observaciones, pues consideró que en este programa la desigualdad de género no está debidamente atendida. Por ejemplo, dijo que una oportunidad para atender esta limitación hubiese sido incluir en los Lineamientos la posibilidad de que las mujeres con niños pequeños utilizaran las guarderías del IMSS o de otras instituciones para poder participar activamente en el Programa. Otro hueco que detectó es que mantienen como requisito de participación que él o la joven no se encuentre ya trabajando, lo que impide que los jóvenes salgan de empleos precarios. ¿Cuál es la respuesta de la dependencia a estas observaciones?

–Dos cosas, sin duda lo ideal hubiera sido que parte de los beneficios que obtuvieran los jóvenes fueran las guarderías, pero eso no era posible en este primer momento. Hay muchas mujeres que no estudian ni trabajan, pero se dedican al cuidado de sus hijos, enfermos, personas de la tercera edad, entonces no estarían disponibles para trabajar.

En un primer momento creímos que eso iba a ser una dificultad para que las mujeres ingresaran al programa, lo cierto es que la realidad nos está demostrando que no necesariamente hay esa deficiencia en el programa y tal es el caso, que hay más mujeres inscritas que hombres. Pareciera asumirse que si no hay guarderías entonces no entran las mujeres a Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no, hay más mujeres inscritas que quieren participar.

–La STPS recibió un aumento presupuestal para este año. Sin embargo, al igual que otras dependencias, a finales de diciembre comenzó con el despido de personal, así lo denuncian los afectados y acusan irregularidades en el despido. ¿Tiene conocimiento de estos despidos, cuántos empleados fueron y en qué áreas?

–De entrada no se despidió a nadie que fuera de base, pero sí hubo una reestructura en toda la función pública porque durante los dos sexenios pasados engordaron mucho la nómina. La oficina del anterior Secretario (Roberto Campa) tenía para atender sus asuntos a más de 100 personas, entonces sí hubo una reestructura, pero en todos los casos se respetaron los derechos de los trabajadores. Sí hubo un recorte necesario porque se duplicaban funciones, porque ya no eran prioritarios en este nuevo proyecto.

Recordemos que había tres subsecretarías y ahora lo reducimos a dos. Lo que está sucediendo es que si bien hay más presupuesto para la STPS, éste no se utiliza para pagar nómina sino se utiliza para pagar la beca de los jóvenes que no tienen opciones. Al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” se le destinaron 40 mil millones de pesos en esta primera etapa porque nuestra meta es atender a 2 millones 300 mil, pero si hay más jóvenes de 18 a 29 años que necesiten este apoyo el presupuesto se irá ampliando.

–En las últimas semanas el Gobierno federal ha implementado una lucha contra la corrupción en el robo de combustible a Pemex. Diversas voces han señalado como uno de los responsables al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, dicen que si el gobierno de verdad busca limpiar Pemex tendría que empezar con él porque sólo ha usado al sindicato para enriquecerse. ¿Cómo va a intervenir la STPS en el tema de Deschamps?

–No le corresponde a la Secretaría del Trabajo ni poner ni quitar líderes, esos eran otros tiempos donde desde el poder se determinaba quien debería ser o no, ese no es nuestro trabajo. Al contrario, lo que nosotros tenemos que garantizar es que haya libertad y democracia, ese es nuestro papel, garantizar que la gente pueda decidir libremente y los trabajadores tienen que decidir quién los representa y lo deben de hacer a través del voto personal libre y secreto.

Va a hacer un proceso porque no es de la noche a la mañana, pero ya estamos avanzando. Ya tenemos una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, que es la iniciativa reglamentaria a la Reforma Constitucional que establece clarísimo que debe de haber voto libre y secreto, no solamente para que los trabajadores puedan elegir quién los represente, sino también para que se consulte antes de firmar un contrato colectivo, o por ejemplo, en una revisión contractual se tiene que garantizar que quien está negociando tiene legitimidad y respaldo de los trabajadores.

Ese es el papel de la Secretaría del Trabajo y ese es el que estamos desempeñando.

–¿En la STPS les ha llegado alguna denuncia en contra del líder sindical?

–Sí, en la Junta de Conciliación y Arbitraje hay asuntos que se están resolviendo y que lo resolverán los diferentes presidentes de esas juntas, que recordemos son órganos tripartitos.

–No sólo es el sindicato de Pemex, está también el de la CFE, el del Metro, del Monte de Piedad… Los trabajadores acusan que aunque el Senado ya firmó el Convenio 98, los grandes sindicatos siguen haciendo alianzas con empresas dejando sin voz a los pequeños sindicatos. ¿Qué va a hacer con el tema del cacicazgo en los sindicatos?, ¿los trabajadores pasarán otro sexenio denunciando a estos señores, hasta qué punto llega la autonomía sindical?

–Lo que nos va a tocar a nosotros es una gran transformación del mundo laboral, es esta posibilidad de que los trabajadores decidan a través del voto secreto. En este momento hay muchas piezas de un rompecabezas que se están colocando.

Por un lado es la Reforma Constitucional que ya habla del voto secreto (de sindicatos), también están los compromisos asumidos por México en el T-MEC (Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá), donde estamos diciendo que vamos a acabar con los contratos de protección, vamos a garantizar la representación de los trabajadores y la libertad de éstos para organizarse. También está la ratificación del Convenio 98 de la OIT en el Senado.

La conclusión de todo esto es una iniciativa que ya se presentó en la Cámara de Diputados y que estamos a la espera de que se apruebe, esperamos que en febrero se esté discutiendo en ambas cámaras para tener este marco jurídico que deje en claro que se vale y que no.

Nosotros estamos convencidos de que si los trabajadores tienen un instituto autónomo que se encargue de todos los registros sindicales del país y si este mismo órgano se encarga de los depósitos de los contratos colectivos, se garantizará la libertad. Por otro lado, si la justicia laboral transita de las juntas de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales, se garantiza la autonomía y una serie de mecanismos y procedimientos muy claros de cómo se debe proceder ante una elección de dirigentes, de una consulta a los trabajadores para revisiones contractuales y para firmas de contratos laborales iniciales.

Los procedimientos están claros, están en la iniciativa que estamos a al espera de que se apruebe en estos meses y a la STPS le va a tocar la buena implementación de estas nuevas reglas del juego en términos de libertad sindical y democracia. Eso nos va a ayudar a garantizar que el líder que esté frente a los sindicatos realmente sea alguien que los y las trabajadoras respaldaron y votaron por él.

Todos los nuevos procedimientos, a partir de que apruebe la reforma, van a tener que ser con voto secreto, van a tener que pasar por un procedimientos donde haya un padrón confiable, una convocatoria amplia y se deje participar a todos, un lugar neutro en el cual se realice la votación y realmente que sea en urnas, secreta, nunca más a mano alzada. Ese procedimiento, que hoy no es una realidad en el país, se va a tener que realizar de manera obligatoria.

Nosotros en la Secretaría vamos a garantizar que la gente realmente decida, que este procedimiento se realice de esta manera. Si no es así, le toca a la autoridad decir que es nula esa votación. A nosotros no nos toca decir quién e líder y quién no.

La titular de la STPS aseguró que luchará por la libertad sindical. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

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–Un avance muy importante al inicio de su administración fue lograr un aumento considerable en el salario mínimo, ¿cuál es la meta de su dependencia en esta materia?, ¿planean hacer más aumentos?

–Sí, este es un primer paso histórico, llevábamos más de 30 años que no se habían dado estos incrementos significativos, 16 por ciento en todo el país y se fue al doble en la frontera. Es una nueva visión, los gobiernos anteriores limitaron al salario de manera deliberada y eso lo sabemos porque si nosotros revisamos el estancamiento del salario mínimo, en muchos de los años se dio por debajo de la inflación y cuando la productividad estaba aumentando por encima del mínimo.

Es un primer paso y fue un proceso de diálogo. Lo interesante de este incremento es que salió por consenso, estuvieron de acuerdo los empresarios, los representantes obreros y el Gobierno, entonces es una nueva política de salarios mínimos ara irlos recuperando de manera responsable y paulatina. La idea es que podamos seguir este camino para que los trabajadores puedan vivir con dignidad con su salario.

–¿En esto influyó el cambio de presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami)?

–Me atrevería a decir que las decisiones de la Conasami respondieron a una política económica y al Gobierno en turno. Creo que fueron los funcionarios de Hacienda y los propios presidentes los que determinaron que el salario mínimo no aumentara por muchas razones, una era que creían que si manteníamos los salarios bajos íbamos a ser atractivos en el exterior e iban a llegar los grandes capitales. Por otro lado, es que el salario mínimo está vinculado a muchas cosas como los créditos del Infonavit, cosas que lo sujetaban y que no permitían que creciera.

Creo que en los últimos meses, por lo menos por parte de la Coparmex (que siempre estuvo declarando que necesitábamos una política salarial distinta) se vinieron encontrando los consensos. Ahora, también le da una frescura a la Conasami el hecho de que sea un grupo distinto de especialistas que esté al frente de este organismo, que es el que ayuda de proveer de buena información para tomar decisiones.

–Una de las deudas que dejó el sexenio pasado fue la precarización del empleo. ¿Cómo trabajará la STPS en este tema, cómo vincular a los jóvenes que ya se están preparando en las universidades al trabajo y que éste sea bien pagado?

–Es un plan integral, es uno de los retos del país el ver cómo le hacemos para generar bienestar y que la gente pueda vivir y no tener que salirse de sus lugares de origen para encontrar una forma digna de vivir.

Hay muchos programas que están enfocados a que la gente encuentre actividades productivas que le permitan ir mejorando su calidad de vida. En lo que respecta a la STPS, por un lado está lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que nos va a ayudar a que ellos ingresen al mercado laboral y tengan mejores salarios.

Por el otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la nueva iniciativa, en la cual si tú garantizas que hay una representación del lado de los trabajadores, van a haber mejores contratos colectivos. Si tienes un representante que realmente vea por tus intereses en las revisiones de contratos va a ir por mejores incrementos.

También estamos creando una área que se llama “Trabajo Digno”, la cual, a diferencia de lo que existía anteriormente que había una inspección muy corrupta y poco efectiva porque muchos inspectores iban a las empresas a ver qué encontraban para pedir mordida, lo que estamos planteando ahora es una revisión mucho mas enfocada en prioridades, por ejemplo, para que no haya una subcontratación abusiva, durante los últimos años parte de la precarización del empleo era por figuras como la subcontratación, que yo siempre he dicho que es como el colesterol, hay del bueno y malo, pero e dañino ha crecido y ha afectado las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores.

Atender la subcontratación abusiva es uno de los pendientes que nos toca en esta administración, y por el otro lado es el tema del subregistro en el Seguro Social. No sólo es el drama de que e 60 por ciento de los que trabajan no tienen acceso a seguridad social, sino a los que sí tienen los registran con un salario menor al que realmente gana, y eso provoca un daño al IMSS y a los propios trabajadores porque al cotizar de manera baja no están ahorrando para su futuro.

–¿A parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, la dependencia tiene algún otro programa para implementar este sexenio?

–Jóvenes Construyendo el Futuro es el programa principal de la dependencia y subsiste el Servicio Nacional de Empleo (SNE), que ayuda con la intermediarios laboral. Necesitamos mejorar mucho la plataforma que existe para buscar para el trabajo porque quedó muy rezagada.

–¿Qué opina de los líderes sindicales mexicanos que han sido denunciado por trabajadores?

–Considero que el esquema anterior era un esquema de control, no es novedoso decir en este momento que el 90 por ciento de los contratos eran de protección, es decir, se hacían a espaldas de los trabajadores, por eso hubo un divorcio entre los trabajadores y sus representaciones.

Yo creo que las nuevas reglas del juego en materia laboral nos van a ayudar a ir corrigiendo ese camino porque si uno platica de esto en otras partes del mudo, no entienden cómo es que alguien pueda firmar a nombre de los trabajadores si antes no los consultaron. Ahora con estas nuevas reglas del juego van a tener que crearse o fortalecerse liderazgos auténticos que representen a los trabajadores y que nos ayuden a tener equilibrios, que se den diálogos auténticos, tanto para incrementar los salarios como productividad.

Era una decisión del Gobierno, como en el caso del salario mínimo, también en estos casos controlar (los sindicatos), ahora la apuesta es distinta, es fortalecer el mercado interno y que haya mayor crecimiento.

– Cuáles son los principales objetivos de la STPS en este sexenio?

– Jóvenes Construyendo el Futuro, recuperación del salario mínimo, democracia y libertad sindical para rescatar la negociación colectiva, y en el área de trabajo digno será atender la subcontratación abusiva y subregistro del seguro social.

El sindicato usa ambulancias del IMSS y cierra calle de la Condesa para una pachanga de… 10 horas

jueves, diciembre 13th, 2018

“Esto es un descaro total. Se utilizan recursos públicos para la fiesta de un sindicato”, dijo a SinEmbargo un vecino de la calle Zamora, en la Condesa. “Tienen cerca de 10 horas bebiendo, con la calle cerrada y con la música a todo volumen. Están utilizando las ambulancias para transportar borrachos y bebida”, agregó.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) tomó ambulancias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cerró la calle de Zamora en la colonia Condesa de esta capital mexicana para una fiesta que lleva al menos 10 horas.

Trabajadores del sindicato han bebido en las calles desde la mañana, con música a todo volumen, de acuerdo a testimonios de los vecinos. Ninguna autoridad, ni del IMSS ni de la Ciudad de México, se ha presentado en el lugar. Las ambulancias del IMSS son utilizadas esta noche para movilizar bebidas y hay trabajadores en las calles en estado de ebriedad. Las unidades tienen sellos oficiales y logotipos del Seguro Social. Los operadores de las unidades beben desde temprano.

“Esto es un descaro total. Se utilizan recursos públicos para la fiesta de un sindicato”, dijo a SinEmbargo un vecino de la calle Zamora, en la Condesa. “Tienen cerca de 10 horas bebiendo, con la calle cerrada y con la música a todo volumen. Están utilizando las ambulancias para transportar borrachos y bebida”, agregó.

Un recorrido de SinEmbargo lo constató. Se trata de cientos de trabajadores en plena calle, bebiendo y con música. Algunos, agresivos, no permitieron que se tomaran fotos. Varios vecinos de la zona las están haciendo circular. Las oficinas del SNTSS están formalmente ubicadas en Circuito Interior 107, en la Condesa. Pero el edificio da a la calle Zamora, en donde se realiza la fiesta.

Ambulancias para la borrachera. Foto: Especial

La calle tomada para la fiesta. Foto: Especial

Las ambulancias tienen cerca de 10 horas al servicio de… la fiesta. Foto: Especial

De acuerdo con los testimonios recabados, no es la primera vez que se realizan estas fiestas. Varias veces en el mes hay mariachis y bebida en los patios y en las banquetas. Apenas el pasado 1 de septiembre, al más puro estilo priista, con matracas, porras, bocinazos, bailables, Arturo Olivares Cerda acudió a esa misma dirección de la Condesa para registrarse oficialmente como candidato a dirigente nacional. Fue una fiesta de otras 12 horas.

En octubre del 2018, Olivares Cerda fue elegido como Secretario General del Sindicato Nacional. Antes de la elección, trabajadores acusaron a Manuel Vallejo Barragán, ex Secretario, de aliarse con el ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el sonorense Manlio Fabio Beltrones, para imponer a “su delfín”, Olivares Cerda, ex Secretario de la sección XIII en Sonora.

Además, denunciaron los disidentes a Olivares Cerda de conflicto de interés y de desvío de recursos. Su esposa Gloria Lim Paredes es la representante en Sonora de Seguros Argos, que otorga el Fondo de Ayuda Sindical por Defunción (FAS) y Seguro de Vida a más de 710 mil trabajadores del seguro social activos y jubilados a cambio de descontarles en conjunto 29 millones de pesos cada quincena del salario. En diciembre de 2012, cuando era Secretario de la sección XIII de Sonora, el ahora candidato de unidad depositó 2 millones de pesos a la cuenta personal de su suegra Julieta Paredes Álvarez que vive en Jalisco, acusaron con base en un documento bancario.

“Es un honor haber sido elegido por los trabajadores del IMSS a través del voto libre, personal y secreto, dimos una lección de democracia sindical. En nuestra organización gremial comprobamos que se respeta la voluntad de los agremiados; en todo momento hicimos público nuestro proceso de elección, el cual se llevó acabo en estricto apego a nuestro marco estatutario y a las leyes laborales vigentes’’, dijo Olivares después de ser elegido.

Los trabajadores del IMSS reiteraron que el proceso de selección había estado plagado de vicios.

Borrachos, en la calle. Foto: Especial

El dinosaurio sigue aquí: El 43% de los sindicatos pertenece al PRI, y 10 familias controlan la mayoría

martes, diciembre 11th, 2018

Diez familias controlan el 60 por ciento de los sindicatos en México. Las cifras de la Secretaría del Trabajo refieren que dos de cada cinco gremios (1 mil 533 de 3 mil 579) están afiliados a confederaciones priistas como la CTM y la CROC, que este año fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional por obstaculizar la libertad y la democracia sindical. Lo anterior refrenda la actual situación nacional: el control sindical por patrones y gobiernos en beneficio de intereses políticos y económicos que merman el desarrollo nacional.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- “En México, no son más de 10 familias las que controlan cerca del 60 por ciento de los registros sindicales”, dijo la doctora María Xelhuantzi López de la UNAM. Hasta este año, corroboran los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 43 por ciento de los sindicatos de trabajadores estaba concentrado en tres centrales obreras ligadas al priismo histórico: CTM, CROC y CROM.

Nombres como los de Rodolfo Gerardo González Guzmán (CROM), Carlos Aceves del Olmo (CTM), Roberto y Sergio Mendoza León (CROC), salen a relucir cuando hablamos de tres de las más poderosas confederaciones sindicales que existen en México:

La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que data de 1918 y que fue la primera organización en su tipo a nivel nacional; la Confederación de Trabajadores de México (CTM), fundada en 1936 para representar a la estructura obrera, sobre todo aquella ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI); y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que fue creada en 1952 para defender a los trabajadores y que, a lo largo de los años, fortaleció la base popular del PRI.

En la actualidad, la CTM (776), la CROC (416) y la CROM (341) son las centrales obreras con más organizaciones afiliadas a nivel nacional. De ese modo, dos de cada cinco sindicatos de trabajadores registrados ante la STPS (1 mil 533 de 3 mil 579) están ligados a ellas.

La concentración de sindicatos en este tipo de estructuras corporativistas, además de evidenciar la falta de competencia sindical en el país, devela la función del sindicalismo como “instrumento de control político”, y también, “para el enriquecimiento de los dirigentes”, explicó a SinEmbargo la doctora María Xelhuantzi López, investigadora del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Estos grupos, que nacieron como brazos políticos del PRI y que hasta la fecha operan como centrales electorales para ciertos grupos de interés, se fueron rompiendo a lo largo de los años para generar otras centrales de trabajadores como la Confederación Revolucionaria de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores y Campesinos.

El proceso de rompimiento, confirmó Xelhuantzi, “fue al amparo del poder. No fueron pleitos entre ellos sino que fueron alentados por el propio Gobierno; sobre todo después de la muerte de Fidel Velázquez –líder y fundador de la CTM– en 1997”.

Con la escisión, no sólo se buscó controlar a los jerarcas sindicales y a las bases obreras y trabajadoras. El interés fundamental del control de los sindicatos por parte del Gobierno mexicano siempre fue “mantener los salarios bajos y que no hubiera negociación colectiva. Porque cuando no hay sindicatos, no hay negociación y, consecuentemente, los salarios nunca suben”. Es un ardid “a favor de las empresas [o grupos fácticos] cuyo efecto secundario fueron los cacicazgos”, abundó.

La relación entre el sindicalismo y la política, tiene rostro. El ex Senador priista Carlos Aceves del Olmo, quien encabeza a la CTM desde 2016, ha sido legislador en ambas cámaras del Congreso de la Unión, desde hace al menos 18 años. Foto: Galo Cañas, Agencia Cuartoscuro.

En México, en los últimos 18 años, el salario mínimo se duplicó al pasar de 37.90 pesos diarios en 2000, a 88.36 pesos diarios en 2018. Esto es un aumento promedio anual de 2.80 pesos, o bien, 5.3 por ciento de crecimiento promedio anual, cantidad apenas superior al promedio anual de la inflación de los últimos tres sexenios (5 por ciento), lo que implica una estancada capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos.

El 1 de mayo de 2018, por ejemplo, el entonces Senador priista Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, aseguró que no existían posibilidades de dar a los trabajadores un aumento salarial, debido a las condiciones políticas y económicas por las que atraviesa el país.

Al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, González explicó que aunque la central sindical que representa no se opone a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, empero, debían “actuar con responsabilidad” y considerar que el 85 por ciento de los negocios que generan empleo a nivel nacional son micro y pequeñas empresas que enfrentan “dificultades económicas”, por lo cual, un aumento salarial implicaría eventuales despidos.

Por contrario, manifestó que el sector privado requiere de “certidumbre y seguridad para mantener su capital en nuestra nación y lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que sigan invirtiendo sus recursos”.

En México, existen 49 organizaciones sindicales que aglutinan al 58 por ciento de todos los sindicatos laborales registrados ante la STPS. El resto (42 por ciento) está compuesto por sindicatos “independientes”.

Después de la CTM, CROC y CROM, las organizaciones con más sindicatos integrados son la Confederación Obrera Revolucionaria (67), la Confederación de Trabajadores y Campesinos (49), la Confederación General del Trabajo (40), así como el Congreso del Trabajo y la Federación Nacional del Ramo Textil y Otras Industrias (con 35 cada una).

Si descartamos a los 1 mil 501 sindicatos independientes, es decir, a los que no tienen afiliación a ninguna federación o confederación, la CTM, CROC y CROM acaparan el 74 por ciento de los sindicatos (2 mil 078) en manos de alguna organización.

Esta situación es aún más preocupante si consideramos que, el viernes 7 de diciembre de este año, la CTM y la CROC fueron expulsadas de la Confederación Sindical Internacional (CSI) por promover los contratos de protección patronal en México, situación que obstaculiza la libertad y la democracia sindicales.

“Dichas organizaciones corporativas –recriminó la CSI– continúan realizando acciones contrarias a los principios y valores de los trabajadores”.

En el marco de una crisis sindical en México, el 9 de diciembre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador externó que “ya no van a haber sindicatos apoyados, respaldados por el Gobierno. Ahora, los líderes van a ser nombrados en elecciones democráticas por los trabajadores” con “voto libre y secreto”.

LOS SINDICATOS EN MÉXICO

Además del salario, uno de los temas más importantes relacionados con los sindicatos es el de la distribución de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades (PTU), “que es una prestación que está en la Ley [artículos 123, tanto constitucional como de la Ley Federal del Trabajo] para la entrega al trabajador de un porcentaje de las utilidades de la empresa”, puntualizó Víctor Ortega, abogado del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

La PTU (de hasta 10 por ciento de las utilidades anuales) de una empresa o negocio, tiene por finalidad reconocer la aportación de la fuerza de trabajo y elevar el nivel económico de los trabajadores y sus familias. Así pues, es un factor de impulso a la distribución de la riqueza y al aumento de la productividad, en un esfuerzo conjunto de los trabajadores y el sector patronal, de acuerdo con la descripción del Colegio de Contadores Públicos de México.

El problema radica en que la PTU, en muchos casos, es calculada con base en las utilidades consolidadas –y no netas– de una empresa, por lo que la cantidad a distribuir disminuye.

Al quitar la posibilidad de una PTU adecuada, explicó el litigante, en lugar de generar un cambio real a nivel nacional, el sistema limita aún más el poder adquisitivo de los trabajadores y detiene la sana distribución de la riqueza.

Para Víctor Ortega, todo “el sistema sindical es cuestionable”; y el sistema de seguridad social “está mal diseñado” porque representa más a los intereses de los patrones que a los de los trabajadores.

Según los cálculos del litigante, en México hay alrededor de 8 millones de personas sindicalizadas –cantidad equivalente al 15 por ciento de la población económicamente activa (PEA)– “de los que dos o tres millones están al servicio del Estado”. Y de acuerdo con las cifras de la STPS, hasta este año, habían 4.5 millones de sindicalizados (ocho por ciento de la PEA).

No obstante, si sumamos los sectores patronal y sindical –3 mil 579 registros de la STPS y 151 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA)– y descartamos los “registros fantasma que se utilizan para extorsionar a patrones y a trabajadores, […] la tasa de sindicalización real en México es menor al uno por ciento”, aseguró la doctora María Xelhuantzi López.

Para la también asesora del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, sólo el 0.85 por ciento de la PEA está sindicalizado. Los registros fantasmas, por su parte, implican un problema que deriva del control sindical que ejercen los patrones, directamente o indirectamente (a través de los diferentes órdenes de gobierno).

En un país en donde el problema sindical es “el control político en los sindicatos”, el punto de partida para subsanar al sistema “debiera ser el desmantelamiento de estas estructuras fantasma. El camino por el que está optando el Gobierno no es el más adecuado; es una réplica de lo mismo que han venido haciendo los gobiernos anteriores, que es intervenir en el movimiento sindical. Y si ese es el problema, no lo vamos a resolver con más de lo mismo”, explicó Xelhuantzi.

Este año, según las cifras de la Secretaría del Trabajo, se realizó la firma de 6 mil 419 contratos colectivos (la cifra registrada más baja en los últimos ocho años). Y hasta el año pasado, la STPS extendió 157 nuevos registros.

De los más de casi 3.6 mil sindicatos que reconoce, la mayor parte están concentrados en la Ciudad de México (1 mil 315 o 37 por ciento), Estado de México (423 o 12 por ciento), Veracruz (247 o siete por ciento), Puebla (204 o seis por ciento), Jalisco (186 o 5.2 por ciento) y Nuevo León (138 o cuatro por ciento). Cada una de las 26 entidades federativas restantes, por su parte, son la cede del 1.2 por ciento de los sindicatos en promedio (entre 22 y 74 registros, dependiendo el caso).

En términos de clasificación, en nuestro país hay 2 mil 962 sindicatos, 558 federaciones, 48 confederaciones o centrales obreras y 11 agrupaciones. De ellas, el 16 por ciento pertenece a instituciones de gobierno a nivel federal, el 10 por ciento al sector textil, el 8.7 al alimenticio, el seis al farmacéutico, el cinco al de autotransporte federal, el cuatro al metalúrgico y el 3.4 por ciento al sector automotor, por mencionar los principales.

De las 151 organizaciones registradas ante el TFCA, 112 están al servicio del Estado, 34 son independientes –o no pertenecen a una federación o confederación en específico– y cinco están ligadas a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios.

EL FUTURO SINDICAL

“El sindicato y el contrato colectivo representan dos de las más importantes figuras del derecho laboral, las cuales otorgan a los trabajadores seguridad en la defensa de sus derechos y la obtención de mejores condiciones de trabajo en la relación obrero-patronal”, se lee en un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Para la doctora María Xelhuantzi López, si el Gobierno realmente quiere dar autonomía y libertad sindical, tiene que empezar con un sistema de fiscalización, con base en los registros locales y federales, para revisar la organización y a los dirigentes.

“No se trata de empezar por Romero Deschamps o Elba Esther Gordillo. Esto es mediático y propagandístico”. El cambio “no se debe de hacer por la vía de la Secretaría del Trabajo, sino por la vía del sistema de distribución tributario; por la vía fiscal”, recalcó.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las empresas se enfrentan a numerosas incertidumbres en un mercado global en rápida evolución. Entablar un diálogo sincero con representantes de los trabajadores libremente elegidos permite a los trabajadores y a los empleadores comprender sus respectivos problemas y encontrar mejores soluciones”.

“La seguridad de la representación –añade– contribuye a desarrollar la confianza de ambas partes. La libertad sindical y de asociación y el ejercicio de la negociación colectiva proporcionan oportunidades para el diálogo constructivo y la resolución de los conflictos, lo que canaliza la energía necesaria para encontrar soluciones que son beneficiosas para la empresa y la sociedad en general.”

Xelhuantzi comentó, en ese sentido, que muchos de los sindicatos a nivel local y nacional “no cumplen con el mínimo de 20 integrantes; hay subrogación de registros sindicales y las familias venden o alquilan los contratos”.

El Senador priista Isaías González Cuevas, funge como secretario general de la CROC desde el año 2005. Desde los noventas hasta la fecha, González a sido legislador e incluso, entre 2001 y 2013, presidió la Agrupación Política Nacional Ricardo Flores Magón. Foto: Isaac Esquivel, Agencia Cuartoscuro.

Por ello, más allá de los casos de enriquecimiento ilícito de los jerarcas sindicales –Romero Deschamps, Gordillo Morales, González Guzmán, Aceves del Olmo, Mendoza León, entre otros–, la investigadora urgió la necesidad de fiscalizar a los “muchísimas” instituciones “patito” que han “usufructuado el sindicalismo y que nadie toca”.

Inclusive, recordó, hay estados como San Luis Potosí y Tamaulipas en donde no hay forma de consultar los registros sindicales y donde hay organizaciones que, además de las fantasma, tienen nexos con el crimen organizado.

“Hay evidencias muy claras de que ya desde los años setenta había infiltración del narcotráfico en el movimiento sindical, y que los sindicatos comenzaron a ser utilizados para lavar dinero”, explicó.

Para la otrora asesora del Senador Porfirio Muñoz Ledo en la Secretaría Técnica de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, “los sindicatos sirven para hacer dinero y negocios”, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Servicio de Administración Tributaria (SAT) son las instituciones que deberían de estar laborando para limpiar el sistema sindical.

“A lo que debería dirigirse el movimiento sindical, en este mundo moderno, es regresar a sus funciones básicas, que es la negociación colectiva. Armar y celebrar contratos colectivos de trabajo, con el consenso de los trabajadores, donde haya vida sindical en los centros de trabajo […] y donde se negocie con la empresa en función de las capacidades económicas”, abundó.

Sin embargo, lamentó que el Gobierno entrante siga optando por hablar de un aumento al salario mínimo –hasta 176.72 pesos para el final del sexenio–. Un discurso “estrictamente político [que] no va a resolver el problema de los salarios y mucho menos el problema de la desigualdad […] porque el salario mínimo lo pagan, igual el dueño de un pequeño establecimiento –de una tienda de abarrotes, de una tortillería– que las empresas del señor Carlos Slim.”

La académica indicó que, aunque la nueva administración lograra aumentar los salarios a 340 pesos diarios –que es la cantidad mínima para alcanzar ingresos de bienestar mínimo en México– reventaría la economía de las empresas micro, pequeñas y medianas –como señaló este año el líder priista de la CROC–, ya que “el pago proporcional sólo se logra con negociación colectiva” (no por imposición de Gobierno).

Si por algo esto último no ha sido posible, es porque tenemos “un sistema autoritario y dictatorial” en que los grandes oligopolios, que podrían aumentar los salarios hasta en un 100 por ciento sin poner en riesgo la viabilidad de su empresa, siguen operando para mantener salarios bajos; y el Gobierno, su mecenas, actúa por decreto y no acorde a la productividad proporcional de los negocios.

Tanto Xelhuantzi como Ortega coincidieron en que México necesita de la vigilancia y del apoyo (legal) del Gobierno federal para impulsar y facilitar las negociaciones entre empleados y empleadores, sin “sobreintervenir” como lo ha hecho, y sin fortalecer y profesionalizar las figuras de conciliación y arbitraje, situación que ha hecho que la economía mexicana tenga “tantos tropiezos”, dado que no existen adecuadas condiciones de mediación de conflictos laborales, con criterios despolitizados, técnicos y productivos y con capacitación constante.

Aunque la ratificación de este año del Convenio 98 de la OIT y la posible reforma al Artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo (para la no discriminación sindical) son vistas con buenos ojos por organizaciones internacionales y especialistas, empero, acabar con los denominados “sindicatos blancos” (que defienden los intereses del patrón) y con las prácticas de injerencia patronal y gubernamental sigue siendo un reto.

Inclusive, este año, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el capítulo laboral del acuerdo comercial incluyó un anexo relativo a la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas de nuestro país, para que México se comprometa a efectuar acciones legislativas para garantizar la libertad sindical, según datos de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Con el país en crisis otro grupo “selecto” usa la cuchara grande: los líderes sindicales, critican

viernes, septiembre 23rd, 2016

En México, un país sumido en una crisis, con más de 55 millones de pobres según los datos oficiales, y con un recorte al gasto de más de 239 mil millones de pesos para el próximo año, hay un selecto grupo de líderes y organizaciones sindicales que se sirven con cuchara grande de los recursos públicos sin rendirle cuentas a nadie. Analistas entrevistados por SinEmbargo coinciden en que no sólo deben transparentar las aportaciones del erario, sino las de las cuotas de los trabajadores.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– En México, los sindicatos que reciben dinero público se sirven del poder de una manera burda y clientelar, mientras los sindicalizados pagan miles de millones en cuotas administrados por sus líderes en total opacidad, coincidieron expertos en sindicalismo, economía y sociólogos entrevistados por SinEmbargo.

Esa situación le permitió a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales triangular el dinero de los profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la empresa Servicios Financieros DC –la cual además recibió un perdón millonario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de más de 66 millones de pesos en 2015, de acuerdo con la Unidad de Datos de este medio digital– y enriquecerse no sólo con ese recurso sino con el dinero del erario.

Lo peor, afirman, es que en en un país con más de 55 millones de pobres, sumido en una crisis económica y social, y que ha tenido que recurrir a constantes recortes millonarios en su gasto publico, incluido el de 2017, el derroche del Gobierno federal en los sindicatos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Lotería Nacional (Lotenal), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Petróleos Mexicanos (Pemex), se da en total opacidad.

Aunque ya existe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hace sujetos obligados a los sindicatos de estas entidades, hasta el momento ninguno ha cumplido, expuso Enrique de la Garza Toledo, profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adscrito al Departamento de Economía, Unidad Iztapalapa.

“Están obligados a transparentar el dinero que les da el Gobierno pero no sus propias cuotas, y eso no es suficiente. Además ya se han presentado amparos para eludir la transparencia. Hasta el momento no hay ningún caso que haya transparentado esa información”, explicó el economista.

La Ley, añadió, no establece sanciones para el líder sindical que incumpla con la transparencia y la pelea por conocer el monto y en qué se gastan los sindicatos el dinero, al menos del erario, continúa.

“La información que hay es muy parcial. No hay datos para hacer una estimación global de cuánto dinero se les da a los sindicatos. Aquí hay dos que están en contubernio: los líderes sindicales y los funcionarios. El dinero que el Gobierno federal otorga es para beneficio burdo de los propios líderes que se han vuelto millonarios y como mecanismos de clientela para dosificar a quienes se les da beneficios. Siempre ha sido un mecanismo político y enriquecimiento de los propios líderes que manejan de forma discrecional ese recurso y no rindes cuentas a nadie”, precisó De la Garza Toledo.

En abril de este año, la periodista Linaloe R. Flores publicó en SinEmbargo una investigación basada en solicitudes de información de transparencia, donde se consigna que sólo de 2010 a 2014 los sindicatos del IMSS, de la Lotenal, del ISSSTE, de los maestros y de los petroleros reunieron en sus arcas más de 2 mil 500 millones de pesos, monto del que nadie sabe dónde quedó.

Lo único que se conoce, y que se ha publicado en medios de comunicación de México y el extranjero, es la vida de lujos que presumen a la vista de todos dirigentes como Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y los miembros de su familia, o la fortuna que amasó Gordillo Morales, hoy presa por evasión fiscal y lavado de dinero. Una evasora a la que, encima, se le perdonan sumas millonarias por el incumplimiento ante el SAT.

“’La Maestra’ tenía una caja grande, no una caja chica, y la usaba de forma discrecional para comprar conciencias, sus residencias y tener empresas”, recordó Enrique de la Garza.

Pero no sólo Deschamps y Gordillo enarbolan la lista de los líderes sindicales con escándalos públicos y bien documentados. En marzo de este año, 3 mil ferrocarrileros jubilados se ampararon en contra de la cuota de 80 pesos mensuales que paga cada uno al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) –que encabeza Víctor Flores Morales– por considerarla ilegal y sin ningún beneficio para ellos.

Sobre este líder sindical pesan unas 14 mil denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desfalcos y fraudes–que suman unos 700 millones de pesos–, como el saqueo del fideicomiso para la jubilación, la venta ficticia de casas del Infonavit en Azcapotzalco [en la Ciudad de México] y Tlalnepantla [en el Estado de México] en 2001, y el fraude a pensionados de Empalme, Sonora, en 2006.

NULA RENDICIÓN DE CUENTAS

El líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps. Foto: Cuartoscuro.

Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero y Senador de la República por el PRI, es calificado por analistas y medios como “uno de los hombres más corruptos de México”. Foto: Cuartoscuro.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en México existen más de 3 mil sindicatos registrados, incluidas las federaciones.

Aunque los sindicatos son muchos, la afiliación a las organizaciones gremiales en las últimas tres décadas ha caído casi el 80 por ciento de acuerdo con el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal). Sin embargo, aunque parecen casi obsoletos, siguen siendo importantes para el Gobierno, aún las centrales que pertenecen al Congreso del Trabajo, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

David Foust Rodríguez, sociólogo investigador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, resaltó la importancia de que los sindicatos y centrales obreras abran sus cuentas a los sindicalizados y a los mexicanos. Esto es: transparentar cuotas y dinero público.

“Los sindicatos son opacos y los montos que manejan son millonarios. No sólo los públicos como el de Pemex, hay privados que son manejados por centrales charras que manejan cantidades millonadas en cuotas oficiales y extraoficiales. Hay un avance que vayamos caminando hacia la transparencia de los recursos públicos, pero los de las empresas privadas también, porque la figura del sindicato es en sí misma, de interés público e instrumento colectivo de derecho, por eso deben permitir que los miembros de su sindicato soliciten esa infamación”, dijo.

El sociólogo lamentó que en México los sindicatos sean negocios con “tintes mafiosos” que recaudan cuotas millonarias, sin rendirle cuentas a nadie, le sirvan al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se sirvan del poder para mantener su posición como “seudolíderes”.

“Nos interesa saber los montos y cómo lo administran. Se supone que los estatutos de los sindicatos deberían proveer mecanismos para que los miembros pudieran conocer esa infamación. No es un asunto de previsión legal, es decir, aún si estuviera bien diseñada la ley, no es legal, es fundamentalmente un asunto político. El problema de fondo es cómo desmontar el sistema de contratos colectivos de representación patronal y la usurpación de la representación sindical. Los estatutos pueden prever que cualquier miembro pueda pedir cuentas, pero todos sabemos que si alguien llega y pide esos datos, al otro día amenace o despedido, o con un balazo”, dijo.

Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de Participación Ciudadana, recordó que la Ley Federal de Transparencia sólo obliga a los sindicatos a rendir cuentas sobre los recursos públicos, pero reconoció que sería importante que se pudiera conocer el destino de las cuotas.

El experto en transparencia dijo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encuentra en una primera etapa, atendiendo las obligaciones de los gobiernos.

“Luego se irán revisando otros casos como los sindicatos que están en otro paquete, digamos. El INAI ahorita está preocupado por solucionar las prioridades”, explicó.

NO HAY SANCIONES PARA LOS INCUMPLIDOS

Saúl Escobar Toledo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, consideró que el manejo de recursos públicos de los sindicatos es un problema que tiene décadas y que no se resolverá en un corto plazo.

Hoy, los líderes sindicales continúan siendo una imposición de los Gobiernos –federal y estatal– y no una elección por la base de los sindicalizados, anotó.

“La Ley de transparencia casi se hizo como una recomendación, pero no como una exigencia. No hay agentes vinculantes con este asunto: si un líder desobedece no le pasa nada. A Elba Esther Gordillo no la pueden acusar de robarse las cuotas, porque no hay figura que castigue este delito. En México hay una completa impunidad para los líderes sindicales, no se contempla un castigo en la Ley; lo único es una muy tibia recomendación en la Ley Federal del Trabajo”, expuso.

Escobar Toledo dijo que los líderes opacos, deberían tener una sanción. Ser destituidos y abrírseles una investigación que lleve a conocer el manejo de los recursos públicos, pero también del dinero de los trabajadores.

México es uno de los países con la mano de obra más barata en todo el mundo… y sin sindicatos

viernes, junio 10th, 2016

La mayoría de los sindicatos en México son coartados por las empresas extranjeras que llegan al país beneficiados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las organizaciones destinadas a proteger a los trabajadores no son más que “fantasmas”, refiere una investigación del medio canadiense The Star. En la teoría, el TLCAN se compromete a “ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores”, en la práctica, los obreros laboran largas horas con salarios bajos y sin la posibilidad de que un sindicato defienda sus derechos.

El TLCAN se compromete a “ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores de ambos países”, en teoría los trabajadores mexicanos se verán beneficiados de algunas de las leyes laborales más fuertes del continente. Foto: Archivo Cuartoscuro

El año pasado, cientos de obreros de Tijuana produjeron miles de millones de dólares en valor de mercancías enviadas a Canadá. Foto: Archivo Cuartoscuro

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– México es uno de los países con la mano de obra más barata del mundo. Los trabajadores de las fábricas laboran largas horas con salarios bajos y sin la posibilidad de que sus sindicatos defiendan sus derechos pues la mayoría “son fantasmas”, operan en complicidad con las empresas, menciona una investigación del sitio de noticias canadiense, The Star.

La publicación refiere que el año pasado, cientos de obreros de Tijuana, Baja California, produjeron miles de millones de dólares en valor de mercancías enviadas a Canadá, con casi el 80 por ciento destinadas a la provincia de Ontario, una relación comercial que se ha disparado en más de un 700 por ciento desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se puso en marcha, en 1994.

El TLCAN se compromete a “ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores de ambos países”, en teoría los trabajadores mexicanos se verán beneficiados de algunas de las leyes laborales más fuertes del continente.

El texto firmado por la periodista Sara Mojtehedzadeh, menciona que en la ciudad fronteriza de Tijuana la mayoría de los obreros pertenecen a un sindicato, pero ellos lo desconocen.

“Estos son los sindicatos de México ‘fantasmas’, organizaciones que viven en las sombras de la industria mexicana. Su propósito, dicen los críticos, no es luchar por un salario justo o hacer cumplir las normas laborales, sino asegurarse de ser ignorados”, detalla la investigación.

El diario narra la historia de Margarita Ávalos, una mujer que se trasladó a Tijuana, una ciudad que promete una mejor vida para las personas sin estudios, pero en realidad los trabajadores son obligados a cumplir cuotas de producción en fábricas textiles de propiedad extranjera.

Los salarios, dijo Ávalos al diario, apenas alcanzan para llegar al mes y los productos químicos de los tintes que utiliza en la fábrica le hicieron exfoliación de la piel y las uñas se volvieron negras.

“Para mantenerse despierta y aliviar el dolor del trabajo manual, Margarita dice que ella y sus colegas toman café con aspirina”, destaca el medio canadiense.

A medida que la población de México aumenta la pobreza se incrementa. Se estima que hay 14.3 millones más de mexicanos que viven en la pobreza que cuando se firmó el TLCAN.

“México se ha convertido en uno de los lugares con la mano de obra más barata, incluso más que China”, de acuerdo con un estudio publicado en 2013 por el Bank of America que destaca que el programa de maquiladora del país, que se desarrolla a lo largo de la frontera EU-México, atrae a las empresas extranjeras con la promesa de una fabricación libre de impuestos.

El sitio de noticias puntualiza que en muchas de las fábricas las organizaciones destinadas a proteger a los trabajadores no son más que fantasmas.

Lynn DeWeese-Parkinson, ex abogado del Movimiento Indio Americano que ahora trabaja en la organización Ollin Calli, dijo a The Star que lo primero que hacen las empresas extranjeras al trasladarse a México es encontrar un sindicato y “contratar a un abogado para que sea el presidente”.

Dado que los sindicatos son muy difíciles de desplazar en el derecho laboral mexicano, DeWeese-Parkinson dijo que la firma de un sindicato “fantasma” sirve esencialmente como un contrato de protección para las fábricas. “Garantizan que los trabajadores nunca serán capaces de organizarse de manera independiente”, explicó al medio.

La publicación destaca que el mes pasado, Hassan Yussuff, presidente del Congreso del Trabajo de Canadá, escribió una carta a la mayor confederación sindical del mundo, la Confederación Sindical Internacional, en la que expresó “su profunda preocupación por la práctica y su impacto devastador sobre los trabajadores en México”.

“Las empresas extranjeras están allí [México] porque hay una ventaja competitiva”, agregó en una entrevista con el medio. “Esto es injusto para los trabajadores canadienses que perdieron sus puestos de trabajo por la ventaja que ofrece el Gobierno mexicano para garantizar la práctica de los contratos de protección a las empresas”.

los trabajadores son obligados a cumplir cuotas de producción en fábricas textiles de propiedad extranjera. Foto: Archivo Cuartoscuro

Los trabajadores son obligados a cumplir cuotas de producción en fábricas de propiedad extranjera. Foto: Archivo Cuartoscuro

El jefe de la Federación de Trabajadores de México de Uniones Industriales, José de Jesús Pantoja, dijo al diario canadiense que su organización es “invitada” para representar a los trabajadores de la fábrica por los ejecutivos corporativos de empresas extranjeras.

“Los trabajadores mexicanos no tienen la capacidad de elegir buenos líderes”, dijo.

En la ciudad de Tijuana hay alrededor de 600 maquinadoras o plantas de propiedad extranjera y cientos de obreros con bajos salarios, obligados a cumplir con tarifas de maquinaria, sin equipo ni materiales.

“Si usted tiene un televisor, hay una buena probabilidad de que en Tijuana se hizo, ya que las empresas como Samsung y Panasonic ejecutan las operaciones principales ahí”, expone el texto.

Añade que el sueldo de cinco trabajadores mexicanos equivale a uno de Estados Unidos.

La periodista pudo entrar a una maquiladora en Tijuana con el pretexto de buscar un trabajo. “El almacén, donde los trabajadores estaban recortando la madera contrachapada, estaba caliente y sin aire, incluso en un día frío y húmedo. Los trabajadores llevaban auriculares baratos para la protección contra el roce de rejilla de sierras eléctricas. Los salarios que se ofrecen son de entre mil y mil 200 pesos a la semana.

José de Jesús Pantoja revela al medio que en el 95 por ciento de las maquiladoras de Tijuana hay sindicados y que su organización apoya a los trabajadores mientras se mantiene una “buena imagen” con el gobierno y las empresas extranjeras.

Sin la protección de un sindicato verdadero, dicen los críticos, los trabajadores están casi totalmente privados de sus derechos.

“En total, se han registrado 17 denuncias de violaciones de mano de obra mexicana a gran escala realizados bajo el TLCAN; tres son actualmente objeto de examen, pero el órgano creado por el acuerdo para supervisar las normas laborales no ha emitido un fallo por más de 10 años”, puntualiza el medio.

“Creo que hay mucha violencia económica. Cuando se tiene que luchar día a día para alimentar a su familia, hay muy poco espacio para aprender a luchar por sus derechos”, dijo a The Star, Marlene Solís, profesora del Colegio de la Frontera Norte.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el derecho de los trabajadores y empleadores de crear organizaciones propias o afiliarse a las existentes es parte integral de una sociedad libre y abierta, y estas organizaciones, en muchos casos, han desempeñado un papel importante en la transformación democrática de sus países.

En total, se han registrado 17 denuncias de violaciones de mano de obra mexicana a gran escala realizados bajo el TLCAN. Foto: Cuartoscuro

En total, se han registrado 17 denuncias de violaciones de mano de obra mexicana a gran escala realizados bajo el TLCAN. Foto: Cuartoscuro

En una nota publicada por SinEmbargo, Sergio Sánchez Díaz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS), declaró que el poder de los sindicatos mexicanos se perdió a causa de los arreglos corporativos.

Con él coincide Enrique de la Garza Toledo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien afirma que el sindicalismo que surge de la época de la Revolución Mexicana nació independiente y siguió así hasta que en la década de los 30 la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) firmaron un convenio con del Estado, episodio que se conoce como el Pacto Corporativo.

El doctor Víctor Manuel Muñoz Patraca, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encuentra dos bandos: “Un sindicalismo que se burocratizó y que no permitió la organización de otro tipo de grupos sindicales, más amplios y plurales. Y los otros, los ‘leales al Gobierno’ que cayeron en excesos de abusos a la empresa. No fueron lo suficientemente flexibles para poder acatar los intereses y necesidades de la empresa; ahí está el caso de Pemex, que ejemplifica varios vicios. Pero en general son una organización: implica una burocracia, un gobierno de pocos que está sobre la mayoría”.

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), existen 2 mil 682 organizaciones de trabajadores conformadas en sindicatos, federaciones y confederaciones, frente a 51 millones personas ocupadas y 4 millones subocupadas. De acuerdo con estimaciones del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), sólo un 16 por ciento de la población asalariada pertenece a una organización sindical, de las cuales el 15 por ciento están afiliadas a sindicatos “charros” y sólo 1 por ciento a “independientes”.

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