La titular de la Fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, informó el desarrollo de una campaña realizada por la Unidad de Inteligencia Cibernética para brindar recomendaciones a padres de familia sobre el uso de internet y espacios digitales en menores de edad y así evitar delitos como el grooming.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Ernestina Godoy, encabezó un video donde emitió algunas recomendaciones a las y los ciudadanos en el manejo de internet para personas menores de edad, incluyendo la prevención del grooming y otras conductas indebidas en la red.
Ante el uso cada vez cotidiano del internet en los distintos espacios, tanto públicos como privados, la Fiscal General busca que, con una serie de recomendaciones que provienen de la propia dependencia, se logre “inhibir el delito de corrupción de menores, particularmente el derivado de las llamadas ‘ciber-relaciones'”.
Es por ello que la Unidad de Inteligencia Cibernética de la Policía de Investigación desarrolló una campaña para promover acciones desde casa para madres y padres de familia con el fin de cuidar la navegación de sus hijos e hijas a través de internet.
En primer lugar, se les recomienda a los padres de familia la supervisión del uso de aparatos electrónicos a sus hijos, destacando la aplicación de medidas como la fijación de horarios para estar presentes y así, supervisarlos.
El uso de videojuegos y redes sociales en menores de edad han originado delitos en dichos espacios que vulneran la integridad física, emocional y psicológica de los infantes. Imagen ilustrativa. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
También recomendaron aplicaciones que contengan funciones de control parental, es decir, aquellas “que las personas adultas pueden configurar en los dispositivos electrónicos con conexión a internet para que los buscadores y plataformas solo ofrezcan contenidos adecuados a las edades de las niñas, niños y adolescentes”.
Igualmente recomendaron la descarga de aplicaciones desarrolladas para infantes en sus modalidades para niños o kids, esto con la finalidad de prevenir que estos sean víctimas del grooming, delito cibernético caracterizado por la creación de un perfil falso en salas de chat, videojuegos, redes sociales o foros para así, entablar una supuesta relación amistosa con las víctimas y hacer que estas envíen material sensible o información personal.
La cuarta sugerencia de la FGJ-CdMx tiene que ver con el uso de dispositivos electrónicos únicamente con fines académicos; aunque aclaró Ernestina Godoy que no se trata de una prohibición general del internet a los infantes, sino que se les enseñe “a usar esta herramiento de una manera segura y adecuada para supervisar su actividad”.
Finalmente, la Fiscal destacó la estrecha comunicación entre padres de familia con los menores con el fin de generar confianza, pues así, aseguró que será difícil que esa clase de conductas delictivas en la red vulneren la integridad física, psicológica y emocional de menores de edad.
El pasado 21 de julio, el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, anunció la desarticulación de una organización criminal trasnacional, dedicada a la producción de imágenes y videos de pornografía infantil, en México y Costa Rica.
Mejía Berdeja compartió que el 14 de julio la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con autoridades de la República de Costa Rica, por conducto de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, lograron desarticular a la banda dedicada a generar contenido de actos sexuales y exhibicionismo de personas menores de ambas naciones.
Según el funcionario, desde 2011 las víctimas eran engañadas mediante una fachada de agencia de modelaje, a través de empresas constituidas en la República de Costa Rica y Estados Unidos, “para lo cual comercializaban las imágenes y videos con contenido de pornografía infantil a través de diversos sitios de Internet en todo el mundo”.
Irma Galindo Barrios, defensora de los bosques de Oaxaca, fue vista por última vez el 27 de octubre en la Ciudad de México.
Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- Cinco días antes de desaparecer, Irma Galindo Barrios, indígena mixteca de 41 años y defensora de los bosques en Oaxaca, pidió ayuda en una carta a los encargados del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“La desolación e impotencia que siento es más grande que el miedo de morir, así que le informo al mecanismo de seguridad para defensores que aún no me otorga ningún tipo de protocolo de seguridad, a la red de defensoras a la gente que me conoce en persona y a mis queridos compañeros familiares y vecinos de Mier y Terán Guerrero Grande, Ndoyonuyuji e incluso a todos los habitantes de San Esteban Atatlahuca que voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña”, escribió en una carta.
“Les pido que me conecten con el Presidente de la República, con la prensa, con derechos humanos, con naciones unidas, con cualquier ser que esté dispuesto a seguir la ruta que he seguido para saber todo lo que sé del origen de este mal”, agregó.
Irma Galindo. Foto: Especial.
“Por favor ayúdenme a salvaguardar la vida de las personas de la montaña y a sus hijos. ¿Cómo consigo ayuda humanitaria y qué instancia es responsable de ayudar a los campesinos que no saquean la tierra? Nuestro protocolo de seguridad se está agotando, son 10 comunidades de 3000 habitantes en contra de 600 habitantes de Mier y Terán, Guerrero Grande y parte de Ndoyonuyuji. Sólo nos queda una ruta de entrada a la comunidad rodeando hasta otro municipio. Las personas que han desaparecido tenían que moverse a sus parcelas para atender a sus ganados. Jacinto junto con otros compañeros hacían recorridos en la montaña para detectar taladores y encontró la muerte”, expuso en la carta.
Irma Galindo Barrios fue vista por última vez el 27 de octubre en la Ciudad de México.
Galindo Barrios había acudido a la capital del país para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. No obstante, nunca llegó. La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca determinó que fue vista por última vez en la estación del Metro de Barranca del Muerto.
Ese mismo día, la defensora de bosques publicó en su perfil de Facebook que dos días antes había intentado ingresar a la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer la situación de su comunidad y pedirle ayuda para resolver el conflicto que vive su pueblo.
estableciendo que fue en la estación del metro de Barranca del Muerto en la Ciudad de México, por lo que este nuevo dato se modificó en la ficha de Alerta Rosa emitida para realizar las acciones pertinentes que ayuden a dar con su paradero. 2/2
“El Gobierno del estado lleva más de dos años aplicando estrategias que me hacen más vulnerable y a los habitantes defensores de Ndoyonuyuji, Mier y Terán y Ndoyonuyuji”, denunció en su publicación.
La Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México ha consignado que desde 2018 Irma Galindo Barrios ha enfrentado intimidación por parte de servidores públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte a raíz de su defensa de los bosques en el municipio de San Esteban Atatlahuca.
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La organización de derechos humanos denunció que pese a estos antecedentes su caso fue calificado por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como “ordinario”, lo que significa que “puede esperar” y que “su vida no corre peligro”.
Esta agrupación al igual que otras que velan por la defensa de los derechos humanos han demandado a las autoridades una investigación rápida e independiente que garantice la aparición con vida de la defensora.
??⚠️#AlertaDefensoras MÉXICO / Sigue sin aparecer Irma Galindo, defensora Ñuu Savi de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Fue vista por última vez el pasado 27 de octubre en la Ciudad de México.
? Más información ➡ https://t.co/6zZ5LTkdSKpic.twitter.com/Aoq96nPkNJ
El caso ha tenido una cobertura internacional e encluso la cadena Univisión reportó que el nombre de Irma Galindo apareció en algunos carteles en las protestas de Glasgow, donde se celebró recientemente la Cumbre del Clima, en la que 105 países se comprometieron a detener y revertir la pérdida de bosques y degradación del suelo al 2030.
CUATRO AÑOS DE AMENAZAS Y DENUNCIAS
“(Fui a) denunciar ante la Profepa, o la Semarnat, incluso fui a la Conafor a denunciar la tala clandestina. ¿Por qué creía que era clandestina? Por que la estaban haciendo de noche, estaban bajando de noche camiones todos los días”, denunció en diciembre de 2020 Irma Galindo al canal de YouTube La Voz de la Justicia.
En esa ocasión dio cuenta de cómo se había ganado el odio de los taladores furtivos e incluso de su propia familia. La situación se agravó cuando el 10 de noviembre de 2019 un comando incendió su casa, lo que la obligó a dejar el país.
“Tuve que salir del país, me refugié en otro país con la ayuda de un colectivo que me sacó, pero me di cuenta que las cosas seguían iguales, seguían peores”, relató.
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Irma es llamada por sus compañeros como “La Princesa Mononoke Mixteca”, debido a que tenaz y férrea lucha y defensa de los bosque en San Esteban Atatlahuaca, en la Mixteca Oaxaqueña. Además de defensora, es artesana y curandera tradicional.
“Trabajaba en un proyecto de rescate y preservación de su cultura, incluyendo su lengua materna, el mixteca; su trabajo incluía el rescate de danzas prehispánicas”, informó en 2019 la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).
La Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México indicó, en tanto, que el activismo de Galindo Barrios inició en noviembre de 2017 cuando fue electa como regidora suplente de cultura, cargo del que fue destituida por su oposición a la tala del bosque en San Esteban Atatlahuca, y por denunciar a las autoridades que “invertían más en la compra de alcohol que en cultura”.
Ya en 2018, Irma comenzó a denunciar la existencia de un aserradero que se estaba destruyendo en el bosque con permisos de autoridades federales y la aceptación de las autoridades locales y comunitarias, según la misma información. Fue por ello que presentó una denuncia ante la Semarnat, sin que se atendiera su reclamo.
Ese mismo año también presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en Tlaxiaco por actos de intimidación cometidos por servidores públicos en su contra.
En octubre de 2019, Irma denunció hostigamiento y persecución en su contra por parte del presidente municipal Heriberto Nicanor Alvaro Galindo y del comisariado Crescenciano Sandoval Quiroz.
Un mes después fue cuando su casa fue incendiada. La Red señala que en la misma fecha fueron incendiadas alrededor de 10 casas más de su comunidad, hechos por los cuales se responsabilizó de tales hechos al presidente municipal y a las autoridades comunitarias.
Fotografía compartida por la hermana de la ambientalista en Facebook, sobre la quema de su casa. Foto: Especial.
No obstante, Irma Galindo regresó al país para continuar con la defensa de los bosques. “Volví porque yo no tengo porqué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, comentó a La Voz de la Justicia.
En su última publicación en Facebook señaló que no han servido los más de 20 diálogos que representantes de su causa han tenido con las autoridades de Oaxaca por lo cual buscó llevar su denuncia ante el Presidente López Obrador.
La desaparición de Irma Galindo se da en un contexto en el que el año pasado al menos 18 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas, además de registrarse 65 ataques y 90 agresiones, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
La Asociación de Consumidores en Europa acusó a la red social de mantener publicidad encubierta y contenido no apropiado que puede afectar salud física y mental de menores.
Bruselas, 27 oct (EFE).- La Asociación Europea de Consumidores (BEUC, en inglés) protestó este miércoles por la falta de actuación de Irlanda contra TikTok, país donde la plataforma digital tiene su sede, para obligarla a cumplir la normativa europea que protege a los niños del contenido dañino en internet.
La organización envió una carta al Regulador Europeo de Servicios de Medios Audiovisuales quejándose de que Irlanda no ha traspuesto la revisión de la directiva a pesar de que el plazo expiró en septiembre del año pasado y en consecuencia, la Autoridad de Radiodifusión de Irlanda no puede actuar contra TikTok.
BEUC acusa a la plataforma de ofrecer a los niños “publicidad encubierta y contenido inapropiado que podría obstaculizar su salud física y mental”, según un informe que publicó el pasado mes de febrero y tras el cual ya envió una primera carta al regulador europeo.
“El hecho de que la revisión de la directiva de servicios de medios audiovisuales […] no se está aplicando a TikTok o a cualquier plataforma de videos compartidos con sede principal en Irlanda es inaceptable”, escribió en la misiva la Directora General Adjunta de BEUC, Ursula Pachl.
Añadió que “esta falta de protección es particularmente notable en casos como TikTok, una plataforma que usan diariamente millones de niños en la UE, o Facebook, establecida también en Irlanda y que ahora misma está bajo un fuerte escrutinio por sus efectos tóxicos contra menores”.
Pachla hizo así referencia a las recientes acusaciones de Frances Haugen, la exempleada de Facebook que acusa a la compañía de anteponer su beneficio al de la protección de los usuarios frente a contenido dañino como la expansión de noticias falsas. Unas afirmaciones que el consejero delegado, Mark Zuckerberg ha negado.
A la BEUC le preocupa el uso masivo de TikTok por millones de infantes en la Unión Europea. Foto: BEUC
Ante la falta de transposición de la directiva, la Comisión Europea abrió en noviembre del año pasado un procedimiento de infracción contra Irlanda y otros 22 países, entre ellos España.
En la misiva, BEUC dijo también que la falta de actuación contra TikTok coincide con el “foco” puesto sobre la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) por su “falta o lenta aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)” que la Unión Europea aprobó en 2018.
Dado que empresas como Apple, Facebook, Google, Amazon, Twitter, Microsoft o TikTok tienen su sede en Irlanda por los beneficios fiscales que les ofrece el país, la DPC es la principal autoridad en la UE encargada de controlar si los gigantes de internet cumplen con la normativa europea de protección de datos.
Ante esta realidad, las autoridades de protección de datos de España, Francia o Italia han acusado a su homóloga irlandesa de retrasar las investigaciones contra las compañías e instituciones como el parlamento irlandés han reclamado su reforma.
Tras una investigación de tres años, la DPC multó en septiembre a WhatsApp, propiedad de Facebook, con 225 millones de euros por infringir el GDPR, lo que supuso la segunda sanción más cuantiosa en la UE por este motivo, después de que la Comisión Nacional para la Protección de Datos de Luxemburgo castigara a Amazon en julio con 746 millones de euros.
La Cofepris aprobó la liberación de un millón 311 mil dosis de la vacuna de AstaZeneca para uso de emergencia, las cuales fueron envasadas por Liomont en el Estado de México.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó y liberó para uso de emergencia, dos lotes de la vacuna AstraZeneca, envasados por el laboratorio Liomont ubicado en Ocoyoacac, Estado de México.
El primer lote contiene 834 mil 200 dosis de la vacuna, mientras que el segundo 476 mil 800. Las dosis forman parte de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México y de los biológicos susceptibles de ser enviados a otros países como parte del acuerdo con la empresa.
En su comunicado, la Cofepris aseguró que la autorización para uso de emergencia se emite después de realizar todas las pruebas necesarias a través de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC).
La autorización requiere realizar 15 pruebas a los biológicos contra la COVID-19. Foto: Cofepris
En estos lotes se realizaron 15 pruebas a los biológicos contra la COVID-19, como lo son esterilidad, identidad y potencia, entre otras.
La Comisión destacó que la población puede confiar en todas las vacunas aprobadas, pues son seguras, eficaces, y deben ser aplicadas de manera gratuita y universal siguiendo el Plan Nacional de Vacunación establecido por la Secretaría de Salud.
Con 126 millones de habitantes, México tiene comprometidos 34.4 millones de dosis de la vacuna estadounidense Pfizer, 79.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, 20 millones de la china Sinovac, 12 millones de la también china Sinopharm y 51.4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Presidente hondureño habría aceptado sobornos del narcotraficante a cambio de permitir el tráfico de drogas en su país.
NUEVA YORK, 11 marzo (AP) — Un narcotraficante y exlíder del cártel de Los Cachiros testificó el jueves en un juicio que pagó un soborno de 250 mil dólares en 2012 dirigido a Juan Orlando Hernández, actual Presidente de Honduras, a cambio de protección para no ser arrestado.
Devis Leonel Rivera Maradiaga dijo en una corte de Nueva York que hizo el pago en efectivo a una hermana de Hernández, llamada Hilda.
Los fiscales estadounidenses han mencionado al Presidente hondureño varias veces en el juicio y han asegurado que aceptó sobornos a cambio de permitir el tráfico de drogas en su país.
Rivera Maradiaga también testificó que pago sobornos al expresidente José Manuel Zelaya (2006-2009) y al actual Vicepresidente Ricardo Álvarez.
A Zelaya fueron aproximadamente medio millón de dólares en 2006, dijo el exlíder de Los Cachiros. A Álvarez fue la misma cantidad aproximada en 2012.
En la pistola aparecen las palabras: Juan Orlando, Presidente de la República. Foto: Fiscalía federal vía AP
Respecto del supuesto soborno del Presidente Hernández, Rivera Maradiaga dijo que hizo el pago a Hilda Hernández a cambio de “protección para que no nos fueran a capturar en Honduras tanto la policía militar como la preventiva”. También dijo que lo hizo para no ser extraditado a Estados Unidos y para que Hernández siguiera favoreciendo contratos a empresas de Los Cachiros a través de las cuales hacían el lavado de dinero.
En 2012, Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso. Ese mismo año Álvarez se postulaba, al igual que Hernández, a Presidente del país. El mandatario Hernández ha negado repetidamente las acusaciones de fiscales estadounidenses y ex narcotraficantes que le han acusado de estar involucrado en el narcotráfico. Hernández no enfrenta cargos.
Rivera Maradiaga hizo las explosivas declaraciones en el juicio a Geovanny Fuentes Ramírez, un hondureño acusado de narcotráfico.
El Fiscal Michael Lockard le preguntó a Rivera Maradiaga sobre el presidente ante la mirada de Fuentes Ramírez y los 12 miembros del jurado en la corte federal de Manhattan.
“¿Los Cachiros sobornaron a Juan Orlando Hernández con dinero de la droga?”, le preguntó Lockard.
“Sí, señor”, respondió Rivera Maradiaga, que iba vestido en uniforme de preso amarillo y esposado por los tobillos.
A Zelaya, dijo Rivera Maradiaga, le sobornaron para que pusiera de ministro de Seguridad del país a un primo de Rivera Maradiaga. Eso no ocurrió, dijo el exCachiro. A Álvarez le sobornaron para evitar la extradición a Estados Unidos.
El narcotraficante dijo además que en 2013 se sentía “acorralado” porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos mencionó a los Cachiros: “Me mencionaban a mí, pero no a los otros narcos. No mencionaban a los políticos corruptos que habíamos sobornado. No mencionaban a los otros narcos que habían trabajado con nosotros. No mencionaban a los militares que habían trabajado con nosotros también”.
Las fotografías del Presidente Hernández, el expresidente Zelaya y el Vicepresidente Alvarez fueron mostradas en la sala de la corte cuando Rivera Maradiaga hablaba de los supuestos sobornos entregados a cada uno de ellos.
Poco después, el expresidente Zelaya reaccionó en su cuenta de Twitter y, sobre el mandatario Hernández, escribió: “EU impuso a Joh como dictador, a sabiendas que es golpista, y vinculado a saqueo y redes de narcotráfico, sin importar el dolor del pueblo”. Posteriormente añadió otro mensaje en la misma red social y dijo: “Prueba irrefutable que nunca recibí un soborno es que jamás nombré un ministro, ni del crimen organizado, ni por presiones de la embajada americana”.
López Obrador ha sugerido que la función del INAI podría ser suplida por organismos de auditoría gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, pero el director de HRW aseguró que el órgano ha permitido a los mexicanos proteger su derecho a la privacidad y a los periodistas y defensores de derechos humanos obtener la información necesaria.
Eliminar este organismo independiente y transferir sus funciones a entidades que responden al Poder Ejecutivo o al Congreso “es una fórmula perfecta para el secretismo y el abuso”, alertó.
México, 28 de enero (EFE).- La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) propuesta por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sería “un grave retroceso” para los derechos humanos en el país, consideró este jueves la organización Human Rights Watch.
“Eliminar el INAI representaría un enorme retroceso para el derecho a la privacidad en México” dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El 7 de enero de 2021, López Obrador anunció una propuesta para eliminar varios organismos gubernamentales autónomos incluyendo el INAI, el órgano independiente encargado de garantizar la protección de los datos personales y el acceso a la información pública en México.
De acuerdo con Vivanco, el INAI ha permitido a los mexicanos proteger su derecho a la privacidad y a los periodistas y defensores de derechos humanos obtener la información necesaria para documentar y exponer violaciones de derechos humanos y escándalos de corrupción.
“El INAI ha sido fundamental para la protección de la privacidad y para que el público tenga acceso a información sobre corrupción gubernamental y violaciones de derechos humanos”, manifestó.
Vivanco dijo que eliminar este organismo independiente y transferir sus funciones a entidades que responden al Poder Ejecutivo o al Congreso “es una fórmula perfecta para el secretismo y el abuso”.
Recordó que el ente tiene la facultad de exigir que los organismos públicos, incluyendo al Gobierno, y asociaciones públicas o privadas que manejen datos personales permitan que las personas consulten, cambien o eliminen datos sobre sí mismas.
Indicó que previo a la creación de este organismo el secretismo oficial “era la norma en México”.
Esto, refirió, representaba un gran obstáculo para la defensa de los derechos humanos e impedía que los ciudadanos supieran qué información tenía el Gobierno acerca de ellos o que tuvieran alguna posibilidad de opinar al respecto.
Afirmó que López Obrador ha sugerido que la función del INAI podría ser suplida por organismos de auditoría gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, que depende directamente del presidente, o la Auditoría Superior de la Federación, que responde al Congreso.
El Presidente López Obrador busca eliminar al INAI. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.
“Estas instituciones dependen de las mismas autoridades a las que deberían hacer rendir cuentas, lo que significa que no funcionarían como un contralor independiente del secretismo gubernamental”, señaló.
Afirmó que el Gobierno mexicano tiene la obligación jurídica internacional de garantizar que toda persona pueda acceder a información oficial de manera oportuna y con pocas restricciones además de establecer qué datos personales son procesados, almacenados y por qué y solicitar la consulta o eliminación de los mismos.
También, se ve obligado a tener un organismo independiente con la facultad de promover acciones legales contra el gobierno o cualquier autoridad que viole las leyes sobre protección de datos personales.
Además, debe garantizar que toda persona a la que el gobierno niegue el acceso a información pública tenga la oportunidad de apelar esa decisión ante un órgano independiente con la facultad de investigar y resolver quejas, como lo es el INAI.
A mediados de este mes, Vivanco ya había cuestionado la iniciativa de López Obrador de eliminar esa entidad y dijo que si el Gobierno no tiene nada qué ocultar “¿por qué quiere eliminar al INAI?”.
La organización conservadora y lobby de las armas más importante de Estados Unidos culpó a la “política y ambiente regulatorio corrupto de Nueva York” de su situación financiera.
Nueva York, 16 enero (EFE).- La Asociación Nacional del Rifle (NRA) de EU se acogió este viernes a la protección por bancarrota y anunció que se mudará a Texas, como parte de un plan de reestructuración para reflotar su situación financiera.
La organización conservadora y lobby de las armas más importante de Estados Unidos culpó a la “política y ambiente regulatorio corrupto de Nueva York”, donde se enfrenta a una demanda por parte de la Fiscal general del estado, Letitia James.
Nueva York ha acusado a los líderes de la organización sin ánimo de lucro de desviar millones de dólares para su uso personal y declarar unas pérdidas de la NRA por valor de 64 millones de dólares.
El Distrito de Columbia también ha demandado a la organización por uso inadecuado de los fondos obtenidos por las donaciones a su fundación.
“Este movimiento permitirá el crecimiento a largo plazo y sostenible que asegure que la NRA sigue siendo el principal defensor de las libertades constitucionales”, indicó la organización en un comunicado en referencia al derecho a poseer y portar armas.
“El plan puede ser resumido simplemente: tiramos Nueva York a la basura y vamos a reincorporar la NRA en Texas”, indicó el líder de la organización, Wayne LaPierre, en una carta interna en la que denuncia una supuesta persecución política.
La NRA declaró unas deudas de 500 millones de dólares en su proceso para acogerse a la suspensión de pagos del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos.
La poderosa red de donaciones de socios amantes de las armas de la NRA, uno de los principales grupos de cabildeo prorepublicano, se ha visto resentido por la pandemia de la COVID-19.
Pese a que la sede de la NRA está en Virginia, está registrada como una organización sin ánimo de lucro en Nueva York desde 1871.
En la calle de Girón, de la colonia Centro, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) observaron a un menor que se había extraviado y lo ayudaron para volver con su padres; el niño se extravió cuando se quedó en un local viendo juguetes.
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) lograron resguardar a un menor de edad que fue encontrado en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc.
La SSC informó que el menor de nueve años de edad fue localizado sin compañía, por lo que los policías le brindaron atención de resguardo y protección.
En un comunicado, se dio a conocer que los oficiales se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia en la calle de Girón, de la colonia Centro, cuando notaron la presencia de un niño que caminaba solo y con señales de llanto.
Ante esta situación, los uniformados acudieron de inmediato con el infante para auxiliarlo y ponerlo en resguardo.
Ante la presencia de los elementos de la SSC-CdMx el menor de edad proporcionó su nombre y ´su edad.
El niño de nueve años de edad dijo que se había extraviado luego de que perdió de vista a sus padres, mientras caminaban por la calle, pero él se había quedado a ver los juguetes que vendía en un local.
Para calmarlo, los policías lo cobijaron y activaron los protocolos para realizar el perifoneo en la zona con el objetivo de dar con el paradero de los padres del menor.
Minutos más tarde, arribó al lugar un hombre de 35 años de edad, a quien el niño reconoció rápidamente.
Tras comprobar el parentesco con el menor, y luego de recibir una serie de recomendaciones de los elementos de seguridad para evitar que el evento vuelva a suceder, la familia se retiró del lugar y agradecieron la ayuda de los policías por cuidar a su hijo.
El trabajo de la prensa pasó a estar totalmente controlado por el crimen organizado, coludido con autoridades locales. Nada se podía publicar sin el aval de los capos.
Por Klarem Valoyes Gutiérrez y Eduard Ribas Admetlla
Bogotá, México, 18 de diciembre (EFE).- “Hace dos meses, alguien puso precio a mi cabeza“, cuenta afligido Omar Bello. Este periodista vive escondido en la Ciudad de México desde 2017, cuando huyó de las amenazas del narcotráfico en el sureño estado de Guerrero. El miedopersiste hoy.
Y es que a pesar de la pandemia, la violencia sigue desangrando a México y a la región.
La historia de Omar, de 45 años y larga cabellera, transcurre en paralelo con la degradación de la seguridad en su país. En la zona costera de Guerrero, donde trabajaba como fotorreportero de sucesos para medios locales, comenzaron los enfrentamientos entre cárteles en 2005 y se agravaron cuando el Presidente Felipe Calderón (2006-2012) les declaró la guerra.
Tras sufrir dos secuestros y “un sinfín de amenazas” la situación se volvió insostenible para el periodista Omar Bello. Foto: Mario Guzmán, EFE
El trabajo de la prensa pasó a estar totalmente controlado por el crimen organizado, coludido con autoridades locales. Nada se podía publicar sin el aval de los capos. “Si no lo hacía era como ponerme una AK-47 y volarme los sesos. Yo tenía que pedir permiso, tenía que preguntar si salía o no alguna cosa. Es algo muy frustrante”, rememora a EFE.
Tras sufrir dos secuestros y “un sinfín de amenazas” la situación se volvió insostenible. En 2017, un amigo policía le sopló que el narcotráfico había ordenado a la corporación de seguridad atraparlo y matarlo. Huyó de inmediato dejando a su familia atrás.
“Te voy a hacer pedacitos hijo de tu puta madre”, le profirió por teléfono un capo a Omar mientras este escapaba a la Ciudad de México. Se había acogido al mecanismo gubernamental de protección para periodistas, que le “salvó la vida”.
“Si me hubieran dejado allá, yo sería uno más de la estadística hoy”, cuenta el reportero, quien todavía es buscado por los criminales.
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LA VIOLENCIA NO SE CONFINA
Este mecanismo es ahora una de las víctimas colaterales de la COVID-19. El Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador lo suprimió junto a varios fondos dedicados a la protección de los derechos humanos para ahorrar recursos frente a la crisis económica derivada de la pandemia.
Y esto, a pesar de que el mismo Ejecutivo ha contabilizado este año 19 asesinatos de periodistas, el mayor número en la última década.
La violencia contra reporteros, sin embargo, es una de las tantas caras de la violencia en México, país que en 2019 batió todos sus récords con 34 mil 608 homicidios dolosos y mil 012 feminicidios. Y a pesar de los meses de cuarentena, 2020 va en camino de superarlo.
“Uno pensaría que los niveles de violencia iban a disminuir (…) pero lo que hemos visto es que estos índices no han cambiado, y en algunos casos se han venido a exacerbar”, explica a EFE la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara Rosas, sobre la violencia en plena pandemia en la región.
El coronavirus, que durante varios meses ha tenido a América como foco rojo de contagios y muertes, llegó “en un momento en que la región atraviesa grandes retrocesos en materia de derechos humanos”, apunta la activista.
El año pasado, estuvo marcado por protestas masivas que exigían mejores condiciones de vida y que muchas veces fueron reprimidas. Y lejos de mejorar, en 2020 se aplicaron confinamientos forzosos en países como El Salvador, Venezuela y República Dominicana que “bajo el nombre de la protección a la salud terminaron violentando a los derechos humanos”.
Según los datos del SNSP, las llamadas a emergencias relacionadas con la violencia contra la mujer fueron 26 mil 171 en marzo, cuando apenas empezó el confinamiento para mitigar la pandemia de COVID-19, un 20.5 por ciento más que en el mes anterior. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
Además, según Amnistía Internacional, la pandemia ha evidenciado “las carencias que han tenido los Gobiernos históricamente” al no poder frenar la violencia contra las mujeres en países como México, Ecuador, Perú y Uruguay, o contra comunidades vulnerables en Colombia, un país desangrado este 2020.
LAS MASACRES VUELVEN A COLOMBIA
Más que aflorar una violencia oculta, el coronavirus reveló la vulnerabilidad extrema de las regiones colombianas azotadas por el conflicto armado que este año vivieron un derrame incontrolable de sangre con el asesinato de más de un centenar de líderes sociales y políticos, al menos 70 masacres y el homicidio desde noviembre de 2016 de 245 firmantes del acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC.
El silencio de los fusiles entregados hace cuatro años no germinó en el cese de las hostilidades contra la población civil. Colombia vivió en 2020 el asentamiento de otros grupos ilegales y residuos de la guerrilla que se siguen batiendo a muerte para agregar a su botín el control de zonas estratégicas para negocios ilícitos, principalmente relacionados con el narcotráfico.
“Hay una reorganización de grupos armados irregulares, paramilitares y guerrillas, incluida el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y algunas fracciones de disidencia de la exguerrilla de las FARC que lamentablemente siguen poniendo en altísimo riesgo de violencia a comunidades”, explica Guevara sobre el país suramericano.
Tres asesinados a los que los criminales pusieron sobre los cadáveres un letrero que decía “Los Caparros”, nombre de una de las bandas criminales que lucha por el control territorial de la zona. Foto: Ernesto Guzmán Jr, EFE
Esa reconfiguración de la violencia fue mucho más evidente durante los primeros meses de la emergencia sanitaria cuando las bandas criminales impusieron sus propias medidas de contingencia contra la pandemia a través de amenazas e incluso el asesinato de líderes comunitarios para horrorizar a sangre y fuego a las comunidades.
“Hay unas dinámicas de violencia que anteceden a la pandemia, que durante la pandemia se vieron afectadas hacia la baja o hacia generar más espacios de control para los actores armados ilegales que empiezan a utilizar su poder territorial para aplicar medidas de control sanitario”, expone a EFE la directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente.
Amnistía Internacional ha documentado más de 16 mil víctimas de desplazamiento forzado masivo y más de 50 mil personas confinadas en sus territorios por el terror con el que se ensañaron los grupos armados, además de 300 personas asesinadas en las masacres.
Un panorama que, en palabras de Guevara, empeora porque en Colombia “falla la voluntad política del Gobierno del Presidente Iván Duque para atender de fondo las causas estructurales de esta violencia”.
REPRESIÓN EN LUGAR DE SEGURIDAD
En medio de este violento contexto, la tensión social estalló en las calles de Colombia por la muerte en Bogotá de Javier Ordóñez a manos de dos agentes de Policía en la madrugada del 8 de septiembre.
El crimen desató violentas manifestaciones que hicieron arder a la capital colombiana y a la vecina localidad de Soacha. En las movilizaciones murieron asesinadas otras 13 personas.
En junio, fue México el país que se indignó por la brutalidad policial tras la muerte del joven Giovanni López a manos de agentes por presuntamente no llevar cubrebocas. Y en octubre, la Policía del paraíso turístico de Cancún disolvió a tiros una manifestación contra los feminicidios, en un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres.
Ciudadanos marcharon para pedir paz en el estado de Quintana Roo tras los acontecimientos en los que feministas fueron dispersadas por la policía a tiros, en Cancún . Foto: Alonso Cupul, EFE.
Amnistía Internacional ve con preocupación no sólo el “uso excesivo de la fuerza para el control de manifestaciones sino también por el control de los territorios que han sido expuestos a esta violencia”.
En México, “paradigma de la militarización” en la región desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, López Obrador formalizó legalmente este año la presencia del Ejército en las calles, a pesar del preocupante historial de los soldados en violaciones a los derechos humanos.
SIN ACCESO A LA JUSTICIA
La lideresa social Yaneth Mosquera no olvida el atentado con explosivos que sufrió el pasado julio y del que salió ilesa en el convulso departamento colombiano del Cauca.
A pesar de haber presentado ante la Fiscalía General más de 400 denuncias por las amenazas que ha recibido, estas no han evitado que ella y otros activistas del suroeste de Colombia sigan siendo “blanco” de ataques.
“Como somos independientes, somos un blanco fijo para estos delincuentes. Cuando pedimos garantías integrales no nos referimos a un vehículo, no son dos hombres. Las garantías tienen que ser para que uno como líder social pueda llegar a los territorios y las comunidades con una voz de aliento y apoyo”, advierte a EFE.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) homenajea a los mil 200 maestros asesinados en sus regiones desde 1985. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda, EFE
Mosquera, quien dice estar segura de que cualquier día la van a matar, sigue en la mira de bandas criminales por su oposición al reclutamiento de menores de edad en el sur del Cauca, uno de los departamentos con más cultivos de coca.
Su labor de liderazgo se ha visto empantanada por las restricciones de movilidad que supuso la pandemia. Las comunidades, atemorizadas por la represalias de los actores armados, dejaron de hablar con confianza sobre la situación en su territorio y se negaron a contribuir con información por teléfono.
“Podemos estar conectados virtualmente pero sí se genera una condición de aislamiento muy profundo porque en la realidad las comunidades siguen sufriendo pánico económico y se ven a merced de estos grupos armados ilegales”, señala Llorente sobre “la impotencia y frustración” de las organizaciones sociales por las limitaciones que enfrentan para acceder a la Justicia, un reto común en toda la región.
EL TEMOR AL OLVIDO
Tras seis años de su desaparición, las fotografías de los 43 estudiantes cuelgan en la humilde escuela para maestros de Ayotzinapa, en el sur de México. “¿Dónde están?” es la pregunta sin respuesta que sigue resonando en las aulas.
El Gobierno de López Obrador reabrió la investigación de este caso que conmocionó al mundo y al que su predecesor, Enrique Peña Nieto, había dado carpetazo asegurando que fueron asesinados e incinerados por narcotraficantes.
Este 2020 se dieron algunos pasos para no dejar el caso impune. Se identificaron los restos de uno de los estudiantes y por primera vez fue arrestado un militar presuntamente vinculado. Pero las suspicacias subsisten en un país en el que no se resuelve el 99 por ciento de los delitos.
Así lo ve un estudiante de la escuela de Ayotzinapa que prefiere mantener su identidad en el anonimato. Con una camiseta del subcomandante Marcos, advierte que a los arrestados se les imputan cargos por narcotráfico, pero no por la desaparición forzada de los 43. Y cada año que pasa, más lejos ve la justicia.
“Es como una cuestión de miedo que nuestros compañeros se queden en el olvido, porque para nosotros nunca se van a olvidar, pero para la sociedad vemos que se están olvidando, ya se ve como normal”.
“La Unesco nos puede garantizar que los elementos tanto patrimoniales como culturales que existan en la región tengan el debido tratamiento y que contemos con el debido acompañamiento para garantizar las mejores prácticas”, explicó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez.
México, 7 dic (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) firmó este lunes un convenio específico con el Gobierno de México para ayudar en las tareas de protección del patrimonio histórico y cultural en la zona del Tren Maya, un proyecto de infraestructura en construcción para modernizar el sureste del país.
“La Unesco nos puede garantizar que los elementos tanto patrimoniales como culturales que existan en la región tengan el debido tratamiento y que contemos con el debido acompañamiento para garantizar las mejores prácticas”, explicó el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez.
Desde el Museo Nacional de Antropología, Jiménez destacó que el Tren Maya, uno de los proyectos estrella del Presidente Andrés Manuel López Obrador, “está concebido con una visión integral de desarrollo”.
La coordinadora residente interina de la ONU en México, Belén Sanz, aseguró que el proyecto del Gobierno mexicano “se alinea de un modo muy claro con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030” por lo que las Naciones Unidas y el Ejecutivo van a “trabajar de manera conjunta para fortalecer la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos en este proyecto”.
“La ruta del tren incluye seis bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y cinco reservas de la biosfera (…), así como la presencia de más de 16 pueblos y lenguas indígenas. Además de una diversidad de expresiones culturales e industrias creativas e un interminable cúmulo de patrimonios, prácticas y conocimientos tradicionales”, recordó Sanz.
México alberga el 12 por ciento de la bioversidad del planeta, según su Secretario de Turismo, Miguel Torruco.
La representante de la ONU consideró el Tren Maya como “un proyecto que más que una iniciativa de infraestructura se trata de un proyecto integral, que busca poner en el centro el desarrollo no solo medioambiental, no solo en infraestrucutra, sino el desarrollo social y humano de las comunidades”.
Otras agencias de las Naciones Unidas, como ONU-Hábitat, ONU-DH y la UNOPS, también trabajan con el Gobierno mexicano en el desarrollo de esta obra en el tradicionalmente empobrecido sureste del país.
El Tren Maya es uno de los proyectos principales de la Administración de López Obrador, que pretende con él dinamizar el sureste mexicano y que tendrá una inversión total estimada de 4 mil 229 millones de euros (5 mil millones de dólares) para mil 554 kilómetros de extensión en los cinco estados de esa zona: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.
El 80 por ciento de los encuestados aseguraron usar las mascarillas como protección contra la COVID-19.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que México es de los países que más usa cubrebocas, incluso superando a países como Estados Unidos y Canadá.
Por medio de su Twitter, publicó un estudio de la Universidad Imperial de Londres, en donde los datos arrojan que el 80 por ciento de los encuestados aseguraron usar las mascarillas como protección contra la COVID-19.
“México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria, incluso por encima de EU o Canadá. Alrededor del 80 por ciento de los encuestados dice portarlo cada vez que sale de su casa”, indicó.
Un estudio de la Universidad Imperial de Londres revela que México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria, incluso por encima de EE.UU. o Canadá. Alrededor del 80% de los encuestados dice portarlo cada vez que sale de su casa. https://t.co/Uvj2kH3wVy
Los mexicanos sólo están por debajo de países como Singapur, España y Filipinas, cuyas cifras sobrepasan el 90 por ciento de uso de cubrebocas.
El estudio también indica que, a pesar de que el Gobierno no ha hecho obligatorio el uso de esta medida de protección, más del 90 por ciento de los ciudadanos eligieron usarlo en el mes de octubre, sobre todo en el transporte público y supermercados.
En algunos sistemas de movilización como el Metro o el Metrobús de la Ciudad de México, el uso de cubrebocas es obligatorio para poder ingresar. Varios estados como Chihuahua también han implementado estas medidas.
Asimismo, se reporta que México e India fueron los países más estrictos en cuanto medidas para evitar los contagios de la COVID-19, esto con un índice de rigurosidad gubernamental de 74 puntos.
Aunque este no es un estudio específico a nivel nacional, las muestras controladas son de mil personas en promedio por cada uno de los más de 20 países que se incluyeron, y dan una idea de qué medidas están funcionando en la pandemia.
Los investigadores dividieron a 80 personas en 2 grupos. El primero, formado por 50 sujetos, tendría anticuerpos SPR de la vacuna SPR II. El segundo, compuesto por 30 individuos, no tenía registro de vacunas SPR II y tendría principalmente anticuerpos SPR de otras fuentes, como enfermedades anteriores de sarampión, paperas o rubeola.
Ciudad de México, 22 de noviembre (AS México).- Poco a poco, se van conociendo más detalles sobre algunos tratamientos que pueden ser efectivos contra la COVID-19. Ahora, un estudio publicado en la revista mBio afirma que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola (conocida como MMR), podría proporcionar cierta protección contra la enfermedad.
En este análisis, los expertos muestran que los niveles de anticuerpos igG están correlacionados a la inversa con la gravedad en pacientes recuperados de coronavirus previamente vacunados con el remedio MMR II. Esta cura contiene la cepa de paperas Jeryl Lynn (nivel B) y la cepa de rubeola Wistar RA 27/3.
Jeffrey E. Gold, autor principal del estudio, explica que “encontramos una correlación inversa estadísticamente significativa entre los niveles de titulación de las paperas y la gravedad de la COVID-19 en personas menores de 42 años que se han vacunado contra la SPR II. Esto se suma a otras asociaciones que demuestran que la vacuna SPR puede ser protectora contra la COVID-19”.
Analysis of Measles-Mumps-Rubella (MMR) Titers of Recovered COVID-19 Patients | mBio – https://t.co/06cZuD3pBS
“También podría explicar por qué los niños tienen una tasa de casos de COVID-19 mucho más baja que los adultos, así como una tasa de mortalidad mucho más baja. La mayoría de los niños reciben su primera vacuna SPR alrededor de los 12 a 15 meses de edad y una segunda entre los 4 y 6 años de edad”, añade Gold.
ENSAYO CON 80 PERSONAS
Los investigadores dividieron a 80 personas en 2 grupos. El primero, formado por 50 sujetos, tendría anticuerpos SPR de la vacuna SPR II. El segundo, compuesto por 30 individuos, no tenía registro de vacunas SPR II y tendría principalmente anticuerpos SPR de otras fuentes, como enfermedades anteriores de sarampión, paperas o rubeola.
Así, los investigadores hallaron una correlación inversa entre los anticuerpos de las paperas y la gravedad de coronavirus encuadrado en el grupo de MMR II.
Sin embargo, no existieron nexos significativos entre los anticuerpos de las paperas y la gravedad del patógeno en el grupo de comparación, entre los anticuerpos de las paperas y la edad en el grupo MMR II, o entre la gravedad y los anticuerpos del sarampión o la rubeola en cualquiera de los grupos.
La medida es una reacción a la mejora del estado de salud de Navalni, que despertó del coma inducido en el que se encontraba el pasado lunes y, según el hospital Charité, empieza a responder a estímulos verbales.
Berlín, 10 sep (EFE).- La policía alemana ha elevado la protección al líder opositor ruso Alexei Navalni, ingresado desde hace 19 días en un hospital berlinés, porque la mejora de su estado de salud permitirá más visitas, lo que, a su juicio, eleva el riesgo de un nuevo ataque.
Según una información del semanario alemán Der Spiegel y el medio británico de investigación Bellingcat, las fuerzas de seguridad alemana han elevado el número de agentes en el hospital Charité.
También se ha aumentado la intensidad de los controles policiales en torno a Navalni. El opositor, que fue envenenado el pasado 20 de agosto con un agente nervioso militar, está siendo vigilado también dentro del centro hospitalario.
La medida es una reacción a la mejora del estado de salud de Navalni, que despertó del coma inducido en el que se encontraba el pasado lunes y, según el Charité, empieza a responder a estímulos verbales.
Der Spiegel y Bellingcat aseguran que Navalni ya puede volver a hablar, algo que el centro hospitalario no ha confirmado. Las fuerzas de seguridad, especulan los dos medios, podrían ya interrogarlo, lo que puede alentar a los autores del envenenamiento.
Navalni colapsó en un vuelo interno en Rusia el 20 de agosto y, dos días después, por petición de la familia, fue trasladado a Berlín para ser tratado.
Desde el primer momento, los colaboradores del opositor hablaron de un envenamiento, algo que confirmaron expertos del Charité y de la Bundeswehr (ejército alemán). Contra Navalni se empleó, sin ningún tipo de duda según el Gobierno alemán, un agente nervioso del grupo del Novichok, un veneno desarrollado por la Unión Soviética en los 70 y 80 del siglo pasado.
La Canciller alemana, Angela Merkel, instó al Gobierno ruso a investigar de forma transparente este “delito”, ya que el veneno Novichok sólo se encuentra en Rusia.
Si no hay cooperación por parte de Moscú, Merkel advirtió de que habrá una “proporcionada reacción común” de la UE y la OTAN. El Kremlin ha negado cualquier responsabilidad.
La Coparmex destacó que dos de cada 10 casos diagnosticados positivos pertenecen al personal de salud, por lo que llamó al uso de mascarillas generalizado, empezando por la presidencia.
El escenario actual “es un claro reflejo de la falta de recursos dotados por parte del Gobierno Federal para enfrentar la pandemia”, destacó.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal ha tenido un desempeño irresponsable ante la pandemia de la COVID-19, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). La falta de recursos dotados, subejercicio en el gasto de Salud y la falta de protección al personal médico lo demuestran, explicó la patronal.
Coparmex explicó en un documento su propuesta para la Administraciónfederal que incluye una política de trazabilidad de las cadenas de contagio, la aplicación de máspruebas y la protección del personal de Salud como prioridad más alta para el Gobierno. Además de todo esto, la creación de la campaña #YOUSOCUBREBOCAS para difundir en la sociedad la importancia de las mascarillas, “comenzando por Presidente de la República”.
“El manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno Federal ha sido irresponsable, ya que con más de 64 mil muertes por COVID-19 nos ubicamos como el cuarto país por el número de defunciones, pero, además, superamos el escenario catastrófico definido por la misma Administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador“, aseguró la patronal en un documento.
Además de las cifras entre la población la Coparmex destacó que dos de cada 10 casos diagnosticados positivos al nuevo coronavirus en el país pertenecen al personal de salud.
El organismo destacó que México ocupa “el vergonzoso primer lugar en el número de muertes en el personal de salud a consecuencia del COVID-19”, de acuerdo con las investigaciones de Amnistía Internacional, con base en los datos de la Organización Mundial de la Salud.
“México ha reportado mil 320 decesos por COVID-19 entre el personal de salud”, de ellos, 97 mil 632 miembros del personal de salud han sido diagnosticados con coronavirus: el 17 por ciento de todos los casos que se han registrado en el país.
“Esto es un claro reflejo de la falta de recursos dotados por parte del Gobierno Federal para enfrentar la pandemia. Es preocupante el subejercicio en el gasto en salud, ya que mientras que enfrentamos la peor crisis sanitaria de la historia reciente, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el primer semestre del 2020, el gasto en salud tuvo un recorte de 4 por ciento con respecto a lo presupuestado y fue 1.7 por ciento menor a lo que se gastó en 2019”, destacó el organismo.
La Coparmex aseguró que las estrategias para controlar la pandemia y reducir el riesgo de contagio entre el personal médico no ha funcionado en México. Además, que las medidas de distanciamiento social han sido insuficientes y son insostenibles.
“A pesar de que hay estudios que demuestran que el uso de cubrebocas es la medida preventiva más eficaz para prevenir el contagio”, afirmó, por lo que desde el Gobierno Federal se debe promover su uso, tema que se ha negado e, inclusive, “el mismo Presidente ha optado por no utilizarlo”.
Por eso la Coparmex llamó a que el uso del cubrebocas se asuma por toda la ciudadanía para detener los contagios, “cuidando a quienes rodean y a quienes nos cuidan: el personal de salud”.
El seguro contempla a las playas de Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Tulum y Cozumel; así como también a comunidades y negocios que sean afectados a su alrededor.
Ciudad de México, 3 de septiembre (EconomíaHoy).- El Gobierno de Quintana Roo firmó un convenio con Banorte para obtener una póliza de 42.5 millones de pesos que brinde protección a las playas del estado ante daños ocasionados por huracanes.
La póliza fue asegurada a su vez por Hannover Re, una de las reaseguradoras más grandes del mundo.
La vigencia de este seguro es de un año y terminará el 22 de junio del 2021.
El seguro contempla a las playas de Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Tulum y Cozumel; así como también a comunidades y negocios que sean afectados a su alrededor.
“Tras los huracanes ocurridos en 2017, la región del Caribe es la más interesada en contratar los seguros paramétricos, y nosotros estamos comprometidos con ofrecer las soluciones que requieren”, explicó José Francisco Landaverde, director general de Seguros Banorte.
Diversos centros de salud de Argentina permiten a los familiares de víctimas mortales de la COVID-19 que puedan acompañarlas durante su tratamiento y despedir a sus seres queridos; para ello utilizan protocolos y severas medidas sanitarias, con el fin de garantizar la protección adecuada de los visitantes.
Por Almudena Calatrava
Buenos Aires, Argentina, 25 de agosto (AP).- Cuando el argentino Augusto Briceño acarició a su madre gravemente enferma en una sala de terapia intensiva para infectados de COVID-19 sintió que el calor del cuerpo de la anciana atravesaba los guantes que lo protegían. Esa despedida lo llenó de paz.
“Cerré los ojos y traté de abstraerme del guante y la toqué con el alma, con mi espíritu…pude traspasar esa barrera”, narró este pediatra a The Associated Press días atrás cuando recordaba el día en que, provisto de barbijo, pantalla facial, camisolín y otros medios de protección, acarició el pelo de su madre, Ines Nivia Frascino, cuya vida se apagaba irremediablemente.
Pese al dolor que siente por la pérdida de la mujer que tanto amor le brindó, Briceño, de 59 años de edad, se siente un afortunado.
“Yo no hubiera querido que esté luchando sola… Estaba feliz porque podía decirle todo lo que quería, todo lo importante y que ella había cumplido con creces”, explicó emocionado.
El doctor Augusto Briceño muestra una fotografía en la que aparece con su madre, Inés Nivia Frascino, quien falleció el 26 de julio víctima de la COVID-19, en su casa, a las afueras de Buenos Aires, Argentina. Foto: Natacha Pisarenko, AP
El sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, donde la anciana falleció el 26 de julio, integra el número creciente de centros médicos de Argentina que permiten a los allegados de ciertos enfermos de COVID-19 acompañarlos durante su internación y, en última instancia, tener la posibilidad de despedirse de ellos en el lecho de muerte, poniendo a un lado la práctica generalizada de evitar la cercanía física con los infectados debido a la alta contagiosidad del nuevo coronavirus.
Para ello, adoptando protocolos aplicados en España y Brasil, aplica severas medidas sanitarias con el fin de garantizar la protección adecuada de los visitantes, a los que entrenan previamente en el uso de máscaras, camisolines, guantes, pantallas y otros dispositivos. Estas políticas de mayor empatía con pacientes y familiares que no se registran en la mayor parte de la región están más presentes en Argentina en momentos en que han aumentado los contagios y los fallecidos.
Un paciente con coronavirus, tendido en una cama en el hospital Eurnekian Ezeiza en Buenos Aires, Argentina, el 13 de agosto de 2020. Foto: Natacha Pisarenko, AP
Desde que la pandemia impactó en el país sudamericano en marzo, se han registrado cerca de 350 mil infectados y más de 7 mil muertos.
Al contrario que Briceño, la también pediatra Fernanda Mariotti se sintió atormentada luego de la experiencia que vivió con su madre, Martha Pedrotti, quien se contagió en el geriátrico donde residía y fue internada el mes pasado en otro sanatorio capitalino con un cuadro leve de COVID-19.
Briceño está contento por haber podido despedirse de su madre en persona antes de su muerte. “Yo no hubiera querido que esté luchando sola”. Foto: Natacha Pisarenko, AP
Anegada en lágrimas, Mariotti contó a AP que le pidió insistentemente al médico que seguía el cuadro de la anciana mujer que le permitiera visitarla, ya que el aislamiento la alteraba profundamente, tal como percibía cuando hablaba con ella por teléfono. Sin embargo, Mariotti siempre se topaba con la misma respuesta como un muro infranqueable: el protocolo de ese lugar lo prohibía.
La mujer está convencida de que finalmente su madre murió el 20 de julio de insuficiencia cardiaca en gran parte gatillada “por la pena y el miedo” de sentirse separada de su familia. Para esta médica de 53 años de edad, la pandemia vino a poner a prueba a la sociedad para discernir “cuáles son las prioridades” y la importancia de morir dignamente, y está difundiendo su experiencia para contribuir a que se modifiquen las “frías” prácticas por las cuales los pacientes pierden el contacto físico con sus allegados.
En Argentina se puede ejercer el derecho a decirles adiós en el lecho de muerte, poniendo a un lado la práctica generalizada de evitar la cercanía física con los infectados debido a la alta contagiosidad del nuevo coronavirus. Foto: Natacha Pisarenko, AP
Mariotti, desolada por lo ocurrido, escribió una carta contando su experiencia con gran repercusión en redes sociales que provocó que compatriotas y ciudadanos de países como Chile o Perú le narraran “las mismas historias de la desolación, de gente que decía mi familiar entró caminando y luego no lo vi más hasta que me llamaron y me dijeron que estaba muerto”.
La mujer transformó la carta en una petición en la plataforma change.org para humanizar el trato con aquellos pacientes con “necesidades especiales” como los de edad avanzada o con trastornos previos que necesitan mayor asistencia, la cual puede ser brindada por un familiar con el que se internan conjuntamente.
Los restos incinerados de Martha Pedrotti, la madre de Fernanda Mariotti, en una urna en su casa en Buenos Aires, Argentina. Mariotti le pidió insistentemente al médico que le permitiera visitarla, ya que el aislamiento la alteraba. Sin embargo, siempre se topó con la misma respuesta: el protocolo de ese lugar lo prohibía. Foto: Natacha Pisarenko, AP
“El miedo nunca es buen consejero cuando convierte al prójimo en factor de riesgo, en amenaza”, dice en su propuesta, que cuenta hasta ahora con más de 25 mil adherentes.
Para varios médicos consultados, siempre que sea con las medidas de protección adecuadas y bajo estricta supervisión médica, este procedimiento aporta beneficios para los enfermos, sus seres queridos y para el personal de salud que también sufre al ser testigo de la muerte en soledad.
Fernanda Mariotti se abraza a una fotografía de su madre, Martha Pedrotti, quien falleció cardíaca víctima de la COVID-19, en su casa en Buenos Aires, Argentina. Mariotti está convencida de que finalmente su madre murió de insuficienciaca en gran parte gatillada “por la pena y el miedo” de sentirse separado de su familia. Foto: Natacha Pisarenko, AP
Según Cristian García Roig, jefe de terapia intensiva de pediatría del Mater Dei, si médicos y enfermeros pueden tratar a pacientes con coronavirus sin contagiarse, los familiares de infectados pueden visitarlos con los mismos recaudos para evitar que no se sientan como “los nuevos leprosos”.
Ese centro médico, perteneciente al Instituto Secular Hermanas de María de Schoenstatt, habilita despedidas en terapia intensiva de unos 15 minutos para un único visitante que debe estar adecuadamente protegido y acompañado de personal médico. Allí también, enfermos moderados de COVID que no pueden valerse por sí mismos por ser añosos, menores de edad o discapacitados psíquicos son asistidos por un familiar con el que comparten la internación, quien posteriormente deberá cumplir una cuarentena de dos semanas.
Un paciente con síntomas de coronavirus, tendido en una cama en el hospital Eurnekian Ezeiza en Buenos Aires, Argentina, el 13 de agosto de 2020. Foto: Natacha Pisarenko, AP
Según Roberto Dupuy de Lome, director médico del Mater Dei, los contactos y despedidas con pacientes se realizan en varios establecimientos médicos argentinos “con la tablet o el teléfono, que es un buen paso, pero no es un contacto directo con la mirada y agarrando la mano con todas las medidas de precaución”.
Dupuy de Lome contó que el programa del Mater Dei se inspiró en el caso del adolescente de 13 años de edad Ismail Mohamed Abdulwahab que a fines de marzo murió en soledad en el hospital King’s College de Londres, lo cual generó que expertos en cuidados paliativos pidieran la implementación de despedidas presenciales entre los moribundos y sus allegados.
Una trabajadora limpia la bolsa que contiene los restos mortales de un paciente con COVID-19, en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Buenos Aires, Argentina, el 18 de agosto de 2020. Foto: Natacha Pisarenko, AP
El sanatorio capitalino también siguió las guías en materia de visitas a pacientes de COVID-19 del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, España, y del Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo, Brasil. Este último autoriza que allegados acompañados de psicólogos se despidan de pacientes hospitalizados en cuidados paliativos bajo estrictos protocolos de seguridad.
En la región, otro de los países avanzados es Chile, donde un par de familiares pueden despedirse de su ser querido en centros de salud públicos y privados.
Sebastián Ezequiel Okada (en la pantalla) habla con su madre, Esther Nako, de 77 años (en segundo plano), mientras la psicóloga Romina Tagnotta sostiene un celular dentro de la unidad de cuidados intensivos para pacientes de COVID-19 del hospital del Centro Gallego en Buenos Aires. Foto: Victor R. Caivano, AP
El programa del Mater Dei ha despertado el interés de centros de internación de algunas provincias argentinas para su aplicación, mientras que las autoridades capitalinas comenzarán a evaluar un protocolo que contemple estas prácticas de forma generalizada en la ciudad de Buenos Aires.
Por ahora, en cerca de una decena de hospitales públicos de la capital argentina se está aplicando el derecho a decir adiós a los enfermos desde hace un par de meses con la aprobación de las autoridades, flexibilizando así prácticas que vedaban el contacto físico por miedo a la propagación del virus.
Una pareja se abraza en una sección del cementerio de Flores donde se entierra a fallecidos por la COVID-19, en Buenos Aires, Argentina. Foto: Natacha Pisarenko, AP
“Al principio era como una guerra; había que tener una conducta militar y evitar el contagio… ahora se está humanizando mucho la atención y se procura preservar la salud psicológica de los familiares”, dijo Gustavo de Simone, jefe de docencia e investigación del Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”.
El hospital Udaondo también permite en ocasiones que visitantes asistan por unas horas a sus familiares con síntomas moderados en salas de aislamiento, respetando las medidas de protección personal.
Cruces señalas las tumbas en una sección del cementerio de Flores donde se entierra a fallecidos por la COVID-19, en Buenos Aires, Argentina. Foto: Natacha Pisarenko, AP
Por su lado, el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Rodolfo Rossi” de la ciudad de La Plata -unos 60 kilómetros al sur de la capital- creó un programa para acompañar a pacientes bajo tratamiento paliativo con sospecha o confirmación de COVID-19.
El acompañante no puede integrar un grupo de riesgo y debe guardar las mayores medidas de higiene dentro de habitación, explicó a AP María de los Ángeles Mori, licenciada en trabajo social y jefa del servicio de cuidados paliativos.
Existe la posibilidad de permanecer con el enfermo hasta el último momento de su vida y lo ideal es que entonces no haya contacto físico o sea el mínimo posible, pero la palabra y la posibilidad de escucharse logran que ese momento sea más humano.
“No es lo mismo morir acompañado que en soledad, y no es lo mismo despedirse que no hacerlo”, destacó Mori.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
