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En el Valle de Juárez, zona de criminales, 116 personas han desaparecido desde 2010

martes, agosto 30th, 2022

Su último rastro se registró en esta zona conformada por los municipios de Praxedis G. Guerrero, Guadalupe y la zona rural de Ciudad Juárez; la mayoría de ellas llegaron con la intención de cruzar a Estados Unidos por esa región fronteriza que grupos del crimen organizado disputan por el control del tráfico de personas y de drogas.

Por Marco Antonio López

PARTE 1 DE 2

Ciudad Juárez, 30 de agosto (La Verdad).– Laura sueña recurrentemente con su hijo y con su hermano: los ve entrar a su casa, caminar a la cocina, sentarse en la mesa. Los oye pedir comida. Los ve hambrientos, sucios y cansados, volviendo de trabajar como un día cualquiera. Laura sueña recurrentemente que Israel y José Luis vuelven a casa.

Israel Chávez Lozano y José Luis Lozano Mendoza desaparecieron en el Valle ­—zona que conforma parte de Ciudad Juárez así como los municipios de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe— lugar en el que actualmente se busca a por lo menos 116 personas y en el que se han encontrado restos de más de 280 personas que no se han podido identificar y en el que se han descubierto al menos 62 fosas clandestinas, desde 2010.

La disputa por el control del tráfico de personas y de drogas por esta zona fronteriza de Chihuahua mantiene en un riesgo constante a aquellos que buscan cruzar hacia Estados Unidos, de acuerdo con integrantes de organizaciones que acompañan a las familias de personas desaparecidas.

“La mayoría de casos de desaparición en El Valle son perpetrados por grupos del crimen organizado. Se trata de personas que buscan llegar a Estados Unidos y de alguna manera no pagan a estos grupos del crimen organizado para que puedan acceder a través de esas vías a Estados Unidos y son desaparecidos”, dice Carla Palacios, coordinadora general en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Laura Lozano Mendoza busca a su hijo y su hermano desaparecidos en El Valle. Foto: Alicia
Fernández, La Verdad

Pese a la cantidad de reportes de desaparición en este territorio integrado por la zona rural de Juárez y por los municipios de Guadalupe  y Praxedis G. Guerrero, solo se encuentran dos carpetas de investigación abiertas, ambas en este último municipio, ubicado a unos 50 kilómetros al oriente de Ciudad Juárez.

Tanto el Fiscal General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, como el Fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, se negaron a dar una entrevista para esta investigación periodística.

Frente al panorama, el Presidente Municipal de Guadalupe, Fausto González Pérez, dice que no tiene conocimiento del tráfico de personas ni de drogas en su pueblo; mientras que el Alcalde de Praxedis, Celestino Estrada Villanueva, asegura que desconoce la cuestión de las desapariciones.

Ambos coinciden en que las dos comunidades son estigmatizadas por los medios de comunicación.

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Familiares de personas desaparecidas en el Valle de Juárez participan de un rastreo en la zona. Foto: Gerardo Hernández, La Verdad

El 13 de noviembre de 2019 era miércoles. Laura terminó puntual su recorrido como chofer de transporte escolar, a las 7:30 de la mañana. Entonces pasó por su hijo Israel todavía en el camión que aún maneja para el traslado de estudiantes.

Hacía frío. Las bajas temperaturas llevaron al Gobierno Municipal a habilitar albergues en diversos puntos de la ciudad a manera de refugio. Sin embargo, ese día se mantuvo un poco por encima del promedio de esos días, cinco grados por la mañana.

A pesar de eso, Israel se puso una pantalonera azul debajo de su pantalón de mezclilla negro, una playera tipo polo azul con dos líneas a la altura del pecho, una azul y una roja, encima tres sudaderas y sobre las sudaderas una chamarra azul tipo cazadora, con cuatro bolsas grandes al frente. Se calzó sus tenis grises de botín y salió de su casa para subir al camión con su mamá.

Llegaron a la casa del tío José Luis en la colonia Ampliación de San Isidro, hacia el extremo oriente de la ciudad, al filo de las 8:00 de la mañana.

Laura recuerda que Israel tuvo un presentimiento incómodo que lo hizo dudar. Ella le dijo que no tenía que irse. Pero él ya había tomado la decisión: dejar Ciudad Juárez para cruzar hacia Estados Unidos.

Israel tenía entonces 29 años y la conciencia plena de que debía abandonar Juárez para vivir en mejores condiciones, cierta intuición de que el lugar que habitaba no tenía algo bueno para él.

Ficha de búsqueda de José Luis. Foto: FGE

Dejó su último trabajo en un supermercado luego de que agentes estatales lo levantaron saliendo de su jornada, le quitaron su dinero, su celular y sus pertenencias, todas, para abandonarlo golpeado en un paraje alejado de su casa.

En las noticias de esa semana quedaban estelas de la masacre de nueve integrantes de la familia LeBarón, ocurrida el 4 de noviembre en los límites de Sonora y Chihuahua. También quedaban notas sobre el memorial que se hizo en Walmart de El Paso, Texas, donde tres meses antes un joven disparó contra la población civil matando a 23 personas.

Sobre el Valle de Juárez destacaba una noticia: el lunes 11 identificaron el cuerpo de una mujer de 20 años que murió estrangulada y cuyo cadáver dejaron en un parque de San Isidro, a un costado de la carretera Juárez-El Porvenir. A unos diez kilómetros de donde se encontraba Israel y por donde pasaría más tarde. Se trataba de Guadalupe Elvira Díaz López.

Laura acompañó a su hijo en la casa de José Luis hasta las 11:00 de la mañana en que debía dar su segundo recorrido en su camión escolar. Le dio un poco de dinero, le pidió que le marcara en cuanto estuviera en Estados Unidos, se despidió y se fue.

Ficha de búsqueda de Israel. Foto: FGE

A las 12:40 Maricela Chacón escuchó que le gritaban a su esposo José Luis Lozano para que saliera.

Juan de Dios Robles Martínez es amigo de José Luis desde hace alrededor de 15 años, a él le dicen “El Cholo” y para ese momento tenía un mes que lo deportaron de Estados Unidos.

Juan de Dios conocía las brechas y el recorrido que se tiene que hacer por el Valle para atravesar la frontera hacia Estados Unidos por el municipio de Praxedis G. Guerrero, había cruzado varias veces. Y planeaba hacerlo de nuevo para volver a trabajar de aquel lado.

Por eso le ofreció a José Luis llevarlo y conseguirle empleo sin cobrarle nada, solo por ser su amigo. Por eso éste le dijo a su sobrino Israel. Por eso estaba Juan de Dios gritando afuera de la casa de José Luis el 13 de noviembre a las 12:40.

Subieron a la Cherokee negra de un familiar de Juan de Dios en la que iban otras tres personas y tomaron rumbo a la plaza Zaragoza, donde esperarían el único camión de transporte público que va hacia el Valle y que pasa entre la 1:00 y la 1:30 de la tarde por esa zona de la ciudad.

Las otras tres personas que estaban en la camioneta y pagaron a Juan de Dios para que los cruzara, se desconoce su identidad. Se habla de una familia, un hombre, una mujer y su hija menor de edad. Pero por ellos nadie hizo una denuncia, a ellos nadie los busca.

Las desapariciones no paran. Foto: Alicia Hernández. La Verdad

Un grupo de seis personas toma el único camión de transporte público que entra al Valle, con la intención de cruzar hacia Estados Unidos. Toman la carretera federal 2, Juárez-El Porvenir, una ruta de alrededor de 70 kilómetros de largo. Y no vuelven a ser vistos.

“Ya no me contestó los mensajes mi hijo. Le hablaba a mi hermano y me mandaba a buzón, o sea que ya no tuvimos comunicación con ninguno. No sé qué pasaría, hasta dónde llegarían. Nos dijeron que los habían bajado del camión, pero no sabemos si fue hasta La Esperanza, en Praxedis, no sabemos exactamente en dónde los bajaron del camión”, dice Laura Irene Lozano, que busca a su hijo Israel Chávez Lozano y a su hermano José Luis Lozano Mendoza desde el 13 de noviembre de 2019.

Solo una carretera se interna al Valle. Solo un camión de transporte público sale a las 7:00 de la mañana del Porvenir con rumbo a Ciudad Juárez y regresa después del mediodía.

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DE CAMPOS DE CULTIVOS A TIERRAS DE DESAPARECIDOS

Muro que divide a México y Estados Unidos a la altura del Valle de Juárez. Foto: Alicia Fernández; La Verdad

El Valle no es propiamente valle, se compone de zonas desérticas que conectan con las dunas de Samalayuca, de sierras y faldas de sierra, de campos de cultivo, zonas verdes y zonas secas según se vea hacia uno u otro lado de la carretera.

Está conformado por tres municipios: primero por el extremo oriente de Ciudad Juárez, seguido de Guadalupe y, por último, Praxedis G. Guerrero, hasta El Porvenir. A su vez, estos municipios se conforman de diversos poblados que se enclavan, la mayoría, a un costado de la carretera Juárez-El Porvenir que corre paralela al río Bravo.

Destacan los poblados de Loma Blanca, San Agustín, El Millón, Juárez y Reforma, Doctor Porfirio Parra, Barreales, Guadalupe, Praxedis, La Esperanza y El Porvenir.

En total, de acuerdo con el Inegi, la población en esta zona es de 17 mil 361 habitantes. Guadalupe cuenta con cuatro mil 237 habitantes, mientras que Praxedis registra cinco mil 111 habitantes; el resto pertenecen a los poblados del Municipio de Juárez, desde Loma Blanca hasta El Millón.

El Valle fue una pujante zona agrícola en las décadas de los 60 y 70, por eso al margen de la organización política municipal y sus divisiones, mantiene todavía la tradición ejidal, personas que cultivan alfalfa, algodón, sorgo, y en pocos casos trigo, a pesar de lo difícil que se ha vuelto mantener los campos debido a la falta de agua, el precio del diesel y de la electricidad para sacar agua de los pozos.

Un retén. Una camioneta. Una carretera. Foto: La Verdad

Cada vez el Valle tiene menos agricultores, me cuenta un hombre de más de 60 años que recuerda una época en que las cosas eran más fáciles.

“Fíjate, el diesel costaba cinco pesos el litro hace 30 años y el algodón lo vendíamos en 70 dólares el quintal (46 kilos). Ahorita se vende en lo mismo, pero el diesel cuesta 20 pesos o más”.

No solo los precios terminaron con la agricultura, cuenta el hombre de manos morenas y anchas que sostiene un sombrero sobre sus piernas, sentado en la plaza de Praxedis. La industria maquiladora se convirtió en la principal fuente de empleo. Los pobladores del Valle se trasladan hasta dos horas a Ciudad Juárez para trabajar en las maquiladoras jornadas de entre ocho y diez horas para hacer otras dos horas de regreso de camino a casa.

Y la violencia, claro. Por eso el hombre pide que no mencione su nombre. No es bueno dar entrevistas en un pueblo tan pequeño, dice.

La localidad es tradicionalmente agrícola. Foto: La Verdad

Pero no solo es que el Valle tenga cada vez menos agricultores, es que, en general, el Valle tiene cada vez menos población. La disputa entre cárteles por el territorio y los efectos de la “guerra contra el narcotráfico” que emprendió entre el 2006 y 2012 el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, sumieron al Valle en una dinámica de violencia tal que se asesinaron familias enteras y dos terceras partes de la población tuvo que irse.

Por ejemplo, Guadalupe, que tiene ahora cuatro mil 237 habitantes, en 2006 contaba con más de 12 mil habitantes, recuerda el presidente municipal, Fausto González Pérez, que accede a dar una entrevista en su oficina.

“Yo lo que quisiera externar es una molestia de toda la comunidad, no solo mía como alcalde, de que se habla muy mal del Municipio de Guadalupe porque nos tienen estigmatizados como un pueblo o un municipio violento”, dice Fausto al inicio de la entrevista.

En cuanto al tráfico de drogas y de personas refiere: “Yo quiero comentar que no estoy informado del tráfico aquí en nuestra cabecera municipal”.

El paisaje en el Valle. Foto: La Verdad

Unos kilómetros adelante nos recibe el presidente municipal de Praxedis, Celestino Estrada Villanueva, que replica la idea de Fausto: lo del Valle es un tema de comunicación y de imagen, una cuestión meramente mediática.

“Desgraciadamente los medios de Ciudad Juárez han manchado nuestras comunidades cuando no es así. Es la mala información que se tiene de los medios de comunicación, el municipio de Praxedis no es como lo pintan los medios de comunicación. Las cosas malas no pasan ni en Praxedis ni en Guadalupe, todo pasa del Millón para allá, que le pertenece a Ciudad Juárez, ese es el problema que tienen ustedes los medios de comunicación”, explica.

“En cuestión de la desaparición tenemos un desconocimiento en sí. Y de migración no nos han comentado nada”, agrega detrás de la mesa de la sala de juntas de la Presidencia municipal.

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¿CUÁNTAS PERSONAS HAN DESAPARECIDO?

Gráfico: Adriana Faudoa, La Verdad

Al día de hoy la Fiscalía General del Estado mantiene una búsqueda de 71 personas desaparecidas solo en el Municipio de Praxedis, y de otras 45 personas en el Municipio de Guadalupe, de acuerdo con información entregada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. De estos casos solo siete son mujeres y 109 son hombres.

Es decir, se han interpuesto 116 reportes de personas que han desaparecido en estos municipios sin que a la fecha se les haya localizado, por lo que se mantiene su estatus de búsqueda “vigente”.  Sin embargo, a esas desapariciones hay que sumar las de los poblados del Valle de Juárez que pertenecen al Municipio de Juárez, como quedaron registrados José Luis Lozano Mendoza, Israel Chavéz Lozano y Juan de Dios Robles Martínez. Además de Erick Cuenca Mora y Ángel Eduardo de la Rosa Posada, en los poblados de San Agustín, San Ignacio, Loma Blanca o el Millón. El problema con esa información es que está mezclada con la de Ciudad Juárez y no con la del Valle.

A esto hay que sumarle los familiares que no denuncian por temor a represalias, los que no denuncian porque no están en el país y no conocen siquiera el punto de desaparición o por dónde buscaban cruzar la frontera sus familiares, de acuerdo con Carla Palacios, coordinadora general en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, organización civil desde donde acompañan casos de desaparición y tortura.

Actualmente el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte lleva cinco casos de desaparición en el Valle, el de José Luis Lozano Mendoza, Israel Chávez Lozano y Juan de Dios Robles Martínez; el de Érick Cuenca Mora; el de José Antonio Chaparro Ledezma; de Ángel Eduardo de la Rosa Posada y el de Esteban Miramontes Rodríguez.

Familiares de personas desaparecidas incansables en la búsqueda. Foto: Gerardo Hernández, La Verdad

Por esto es que la cifra de reportes es muy alejada de la realidad que se vive en el Valle, de acuerdo con Gabino Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, organización civil asentada en Chihuahua capital desde donde acompañan también a víctimas de violaciones a los derechos humanos en todo el estado. Y desde donde llevan la representación de alrededor de 30 casos de desaparición en la zona del Valle, hasta Ojinaga.

“Siempre hemos sabido de la desaparición de personas en esta región, particularmente migrantes. Pero desde un tiempo más reciente empezaron a buscarnos más familiares que desaparecieron personas rumbo a la frontera para cruzar hacia Estados Unidos. Yo no hablaría solo del Valle de Juárez, incluiría hasta Ojinaga (Municipio que colinda en el oriente con Guadalupe)”, dice Gabino Gómez, que puntualiza el incremento de denuncias por desaparición en esa zona recientemente.

Además, al problema de la desaparición hay que sumar el de la inhumación clandestina. Al margen de las 116 personas que se buscan en la zona, se han encontrado en el Valle restos de por lo menos 280 personas que no se han podido identificar. De 2010 a la fecha la Fiscalía General del Estado ha encontrado, solo en los municipios de Praxedis y Guadalupe, 62 fosas clandestinas con restos humanos, 21 en el primero y 41 en el segundo.

A esto hay que sumar que para investigar todos los crímenes cada Municipio cuenta con un solo agente del Ministerio Público. Uno para todos los delitos en Praxedis, desde un robo, asaltos, violencia familiar, hasta homicidios, secuestro, extorsión y desaparición. Y uno para Guadalupe.

“El pueblo está demasiado vacío, demasiado solo, no me imagino el dolor que debe tener la gente ahorita que nunca supo de sus familiares. Yo pienso que Guadalupe es un gran cementerio donde hay demasiada gente enterrada. Cuando la gente empezó a huir del pueblo se fueron adueñando de las casas y en cada casa dejaban cuerpos enterrados”, dice Elvira Archuleta desde Texas, estado norteamericano al que pidió exilio tras la persecución y homicidio de varios integrantes de su familia.

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¿POR QUÉ DESAPARECEN?

Gráfico: Adriana Faudoa, La Verdad

El 25 de septiembre de 2021 un grupo de 13 personas atravesaba por Coyame del Sotol con rumbo a la frontera cuando fueron detenidos por integrantes de una célula del crimen organizado, de acuerdo con el relato del único sobreviviente, que fue abandonado en el desierto. Desde entonces, a casi un año, no se sabe nada de ellos.

De los 13, 10 son de Chihuahua, uno de Durango, uno de Querétaro y uno del Estado de México. Se trata de uno de los grupos más grandes de los que se tenga registro de desaparición recientemente, de acuerdo con Gabino Gómez, y el móvil es el mismo que en gran parte de los casos: grupos del crimen organizado a los que se les tiene que pagar por cruzar su territorio.

“Se tiene la información que llegaron por esa zona de terracería hasta casi la frontera y hay una bifurcación de la brecha hacia mano derecha que se llega a Lomas de Arena, que es punto de paso para cruzar por el río Bravo, ese punto lo controla el cártel de Juárez y a mano izquierda se llega a Bosque Bonito y ese lo opera el cártel de Sinaloa, es otro punto de desapariciones.

“Para llegar a esos dos lugares hay tres rutas, la ruta que ya describí de Coyame y hay otra ruta que sale de Ojinaga, que bordea el río, y otra ruta que cruza todo el Valle de Juárez hasta El Porvenir y sigue más para allá. Toda esta ruta que cruza el Valle de Juárez es punto de desapariciones”.

De acuerdo con Gabino Gómez detrás de esta migración hay personas que cobran por cruzar personas, el problema de la desaparición se da cuando estas personas burlan el cobro de los cárteles o simplemente no cuentan con su aval o protección.

A pesar de esto, hay personas del Valle u otras áreas cercanas que conocen las rutas y que por mucho tiempo se han dedicado a cruzar personas, pero que no pertenecen al grupo que controla el narcotráfico en la zona, por lo tanto no cuentan con su permiso, de acuerdo con pobladores del Valle que piden anonimato para dar su testimonio.

Por ejemplo, apenas el 12 de agosto de este año se publicó una nota en diversos medios en la que daban cuenta del rescate de un hombre de 60 años que se encontraba retenido y que fue torturado en un rancho de Loma Blanca, se mencionó que su hijastro fue asesinado en el lugar. Tenían al menos tres días desaparecidos cuando los encontraron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que detuvieron a un hombre que los cuidaba.

De acuerdo con pobladores del Valle, el hombre que sobrevivió se llama Arturo, es de San Agustín y se dedicaba a reparar electrodomésticos y también cruzaba migrantes de manera esporádica.

A Lorenzo Rodríguez le decían “El Topo”, vivía en Doctor Porfirio Parra. Lo asesinaron el 9 de abril de 2020. De acuerdo con pobladores del Valle, Lorenzo cruzaba migrantes a Estados Unidos, conocía bien los caminos. Para que llegaran al Valle les pedía que tomaran un servicio de transporte privado de alguna plataforma digital. Dicen los pobladores que a Lorenzo lo detuvieron policías ministeriales cerca del río, en El Porvenir, dicen que lo tuvieron detenido y que fueron ellos quienes lo entregaron al cártel para que lo mataran.

El 10 de abril, apenas un día después de que mataran a Lorenzo, se dio el hallazgo del cuerpo de Cristian Quintana, un conductor de DiDi que realizó un viaje a El Porvenir y desapareció. Su cadáver fue abandonado en Los Arenales, cuya entrada, en el sentido de oriente a poniente, queda unos metros antes del retén militar que se mantiene de manera permanente.

“Hablamos de un delito que no se está investigando, la desaparición por particulares o la privación ilegal de la libertad no se está investigando y mucho menos condenando”dice la abogada Carla Palacios.

“No hay interés en atender al Valle, el Valle está cooptado no solo por el crimen organizado incluso también hasta por las propias autoridades”, dice Maricela Vázquez, una de las abogadas que acompaña casos de desaparición en el Valle desde el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Fiscalía General de la República, a través de la Comisión Local de Búsqueda y de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuentan con un análisis de contexto sobre lo que sucede en el Valle. Es decir, analizan los casos de manera aislada y hacen las búsquedas por particulares. Lo que implica un problema para entender el problema como parte de un modelo sistemático y con las mismas características en la mayoría de los casos, de acuerdo con Gabino Gómez.

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EL INICIO DE UNA GUERRA

La desaparición es incluso por docenas a la vez en esta zona del país. Foto: La Verdad

Los pobladores del Valle recuerdan el inicio de un conflicto que trajo consigo decenas de homicidios, secuestros, desapariciones, tortura, el éxodo de por lo menos dos terceras partes de la población, casas como ruinas, y sobre todo mucho dolor.

Recuerdan el inicio porque fue muy claro. En él se mezcla una disputa entre el poder del narcotráfico, el poder político y el poder militar.

De José Rodolfo Escajeda no se tenía ni una sola mención en medios de comunicación ni en listas de búsqueda por parte de ninguna autoridad hasta que el 3 de febrero de 2006, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, en una conferencia de prensa desde lo que era el Distrito Federal, se refirió a él como el narcotraficante más importante del Valle de Juárez, junto con su hermano Óscar Alonso Candelaria Escajeda y César Alonso Gándara Reyes.

Entonces Escajeda existió públicamente y pasó del anonimato a ser uno de los blancos más importantes para la Secretaría de la Defensa Nacional.

En enero de ese año el Sheriff del condado de Hudspeth, que colinda en México con el poblado de El Faro en el Valle de Juárez, denunció la incursión de un grupo de militares al lado estadounidense para rescatar una camioneta que quedó varada en el río Bravo y que estaba cargada con droga.

Las autoridades estadounidenses mostraron videos y fotografías de los hombres uniformados y armados así como de los vehículos Hummer que utilizaron para remolcar la camioneta atascada. Desde Estados Unidos se exigió una respuesta al Estado mexicano.

Por esa razón, la mañana del 3 de febrero el Secretario de la Defensa Nacional dijo en conferencia de prensa que la investigación arrojó que no se trataba de elementos del Ejército sino de José Rodolfo Escajeda, alias “El Rikín” o “El Z1”; Óscar Alonso Candelaria Escajeda, alias “La Lala” y César Alonso Gándara Reyes, lugartenientes de los Carrillo Fuentes en el Valle, junto con sus colaboradores.

Dicen los pobladores del Valle, que el exalcalde de Guadalupe, Omar Amaya Núñez, denunció a los Escajeda y dio su ubicación al Ejército, debido al abuso y violencia que Rodolfo Escajeda ejerció sobre una de sus sobrinas, de apellido Amaya, con quien mantuvo una relación. Y que esto desató una venganza personal de Escajeda con la familia de Omar Amaya.

El 14 de junio de 2006 se montó un megaoperativo en el que participaron más de 300 agentes entre militares de la Sedena, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la DEA de Estados Unidos para dar con los hermanos Escajeda en sus viviendas del Valle. Sin embargo, las autoridades llegaron tarde ya que alguien habría avisado a los Escajeda a tiempo para que lograran escapar.

Tres meses después, el domingo 24 de septiembre de 2006, el exalcalde de Guadalupe, Omar Amaya Núñez, de entonces 35 años, fue asesinado al interior de un restaurante de su propiedad  llamado La Herencia. Dos hombres entraron al lugar y le dieron nueve tiros con dos armas distintas. No había seguridad en el pueblo porque minutos antes se denunció el hallazgo de dos cuerpos en el río, a donde se trasladaron los agentes que estaban en el pueblo, lo que resultó falso. La versión oficial fue que asesinaron al exalcalde por resistirse a un asalto, aunque no hubo faltante en el dinero de la caja registradora.

Cinco meses después fue asesinado a tiros su padre, Apolonio Amaya Fierro, que también fue Alcalde de Guadalupe, entre 1983 y 1986. Apolonio fue sorprendido a tiros en Ciudad Juárez cuando llegaba a una plaza comercial y un auto se detuvo junto a su camioneta, del que bajó un hombre que le disparó en al menos cinco ocasiones, se mencionó que pudo tratarse de un asalto.

El 20 de abril de 2008 asesinaron a su hermana, Agle Amaya, de 29 años, le dispararon en al menos cinco ocasiones y atinaron en dos, una en su espalda y otra en su abdomen cuando se trasladaba en su auto por la carretera Juárez-El Porvenir a la altura de Doctor Porfirio Parra, conocido como Caseta. Viajaba con su hija de siete meses que resultó ilesa.

El 18 de agosto de ese mismo año dos sujetos entraron a la tienda de abarrotes de María del Carmen Núñez Alvarado, madre de Omar Amaya, y la asesinaron junto con un empleado de nombre Rodrigo Escajeda. A ambos les dieron un tiro en la nuca. Se mencionó que pudo tratarse de un asalto.

La madrugada del miércoles 15 de septiembre de 2010 un comando armado incendió ocho viviendas en Guadalupe. Entre ellas la casa que perteneció a la familia de los ex alcaldes Amaya, que para ese punto habitaba nadie.

“No los agarraron, por eso vino el contraataque de ‘Rikín’ a la familia de Omar Amaya. Su mamá tenía una tienda muy cerca del Bachilleres, ahorita ya hasta la demolieron pero en aquellos tiempos ‘Rikín’ se vengó de toda la familia”, dice uno de los pobladores del Valle mientras otro, a su lado, asiente, en algún lugar de Ciudad Juárez, porque hablar de esto en el Valle, cuenta, sería sumamente riesgoso.

“Ahí empezó todo”.

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ÉRICK NO LLEGÓ A CASA

Ficha de búsqueda de Érick. Foto: FGE

De los cinco casos de desaparición en el Valle que lleva el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte el de Érick Cuenca Mora es el único que no se relaciona con migración.

Érick tenía 18 años el 19 de octubre de 2017. Ese jueves estaba en su casa en San Agustín y no en su trabajo, en una agencia de autos en Ciudad Juárez, porque el día anterior fue con el médico para que le sacaran una uña enterrada en el pie que le causaba mucha molestia.

Sin embargo, cuando le llamaron alrededor de las 11:00 horas para decirle que su novia, Guadalupe, estaba enferma, no se lo pensó mucho para salir de su casa, subir a su Ford F-150, modelo 94, rosa con blanco y placas nacionales EB75924, que tanto le gustaba, para tomar rumbo hacia Doctor Porfirio Parra, mejor conocido como Caseta.

Desde entonces no se ha visto ni a Érick, ni a su camioneta.

Guadalupe fue entrevistada en por lo menos cuatro ocasiones por agentes del Ministerio Público. Ella mencionó que Érick no llegó a su casa, y que para ese punto ya habían terminado su relación dos semanas antes y desde entonces no lo veía.

El 9 de noviembre de 2019, la exnovia de Érick, Guadalupe Elvira Díaz López, fue encontrada muerta en un parque de San Isidro, fue estrangulada y su cuerpo abandonado enredado en una cobija en el cruce de Constitución y la carretera Juárez-El Porvenir.

Se dijo que fue levantada por un grupo armado dos días antes en Caseta.

Aún no se da con los responsables de la desaparición de Érick, ni del feminicidio de Guadalupe.

Laura camina despacio por la Sierra del Valle, detrás del poblado de Juárez y Reforma hacia el sur, por una brecha larga que pasa el panteón, hay una casa, o lo que queda de una casa. El puro pie sin puertas ni ventanas, adentro quedan las marcas de disparos en la pared. Y a un lado lo que fue una alberca. Una ruina al pie de la sierra. El  rancho La Campana, uno de los puntos que dio Mauricio Luna, alias El Papacho, como una de las fosas clandestinas más grandes del Valle.

A ratos Laura se recarga sobre una varilla con la que pica el suelo, porque le duele la rodilla, recientemente operada. Lleva un sombrero de ala larga que la protege del sol, la playera blanca con la imagen del rostro de su hijo y de su hermano. Va rasgando el suelo, cansada y decepcionada. Son horas de esfuerzo bajo un sol abrasante y nada.

Parece que no pasa nada, en general.

Solo en la mente de Laura sucede la imagen de su hijo y su hermano todo el tiempo, incluso cuando duerme y los ve llegar a su casa, cansados y hambrientos.

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Madres buscadoras hallan 20 bolsas de restos humanos durante rastreo en Tlajomulco

lunes, abril 4th, 2022

El ocultamiento de cadáveres en fosas clandestinas dentro de casas abandonadas o bajo el cemento en lugares públicos como parques o banquetas, ha sido una de las particularidades a las que los familiares se han tenido que enfrentar en Jalisco, líder en el número de desapariciones con 14 mil 918 casos.

Por Mariana González-Márquez

Guadalajara (México), 4 abr (EFE).- Con el hallazgo de al menos 20 bolsas con restos humanos, familiares de personas desaparecidos concluyeron este domingo las labores de búsqueda de fosas en casas abandonadas del municipio de Tlajomulco, en el estado mexicano de Jalisco, oeste del país.

Patricia Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, uno de los colectivos de familiares que se unieron a esta actividad, dijo a Efe que el trabajo de campo que realizan desde el viernes pasado ha sido fructífero, pese a que las autoridades estatales han tardado en permitir el levantamiento de los restos encontrados.

Las búsquedas se realizaron en zonas como casas abandonadas, donde también suelen encontrar restos humanos. Foto: Francisco Guasco, EFE

“El viernes encontramos 20 bolsas, es lo que se ha procesado hasta ahora porque tardan mucho para entregar los documentos para las órdenes de cateos, si fueran más rápidos a lo mejor tuviéramos más, pero están en proceso las otras fincas que hemos encontrado”, explicó.

El ocultamiento de cadáveres en fosas clandestinas dentro de casas abandonadas o bajo el cemento en lugares públicos como parques o banquetas, ha sido una de las particularidades a las que los familiares se han tenido que enfrentar en esta entidad, líder en el número de desapariciones con 14 mil 918 casos.

Esto ha obligado a los colectivos a solicitar el apoyo de la Fiscalía General de Jalisco para obtener los permisos para que el Servicios Médico Forense pueda ingresar a las fincas a desenterrar y llevarse los restos humanos para su posterior identificación.

Pero también ha dado una nueva perspectiva de búsqueda a los colectivos, quienes antes de llegar a Jalisco no habían tenido que buscar dentro de casas, sino solo en terrenos baldíos o fuera de las ciudades, asegura Flores.

“Desde que empezamos a hacer esto en Jalisco, lo hacemos en Sonora y también hemos encontrado en casas. Fue un abrir los ojos, se nos quitó la venda de pensar que en las casas baldías, pero es el lugar perfecto porque nadie va a mirar y los vecinos no van a decir nada porque tienen miedo”, expresó.

OBSERVAR EL TERRENO

Armados con palas, mazos y varilla, colectivos de cuatro estados trabajaron por segunda vez en la búsqueda de fosas en la entidad gracias a las denuncias anónimas realizadas por ciudadanos y con las que trazan un plan desde antes de visitar la entidad.

Una vez ahí, observan y miden el terreno con una varilla que hunden hasta al menos metro y medio de profundidad.

Si el terreno no es compacto o en la varilla salen ciertos olores o componentes, han encontrado “un positivo”, es decir, que es muy probable que haya una fosa. El hallazgo es confirmado o negado tras un protocolo en el que participan perros especializados y agentes de la Fiscalía, la policía municipal y de la Comisión de Búsqueda de la entidad.

Los familiares se enfrentaron a largas jornadas de búsqueda en Tlajomulco. Foto: Francisco Guasco, EFE

De confirmarse la existencia de restos humanos, los familiares cavan hasta encontrarlos y después dejan la responsabilidad a las autoridades quienes toman el caso para asegurar y preservar la zona, esperar que llegue la orden de cateo y que el Semefo actúe.

Flores dio a conocer que para esta segunda visita recibieron denuncias de 50 puntos donde podría haber fosas, de los cuáles solo pudieron cubrir 30 que serán visitados por los colectivos de Jalisco o en una tercera visita aún por definir.

Este domingo, una parte de la búsqueda se centró en la colonia (vecindario) Chulavista en donde los colectivo revisaron tres fincas y encontraron dos “positivos” que anteriormente habían sido descartados por la Fiscalía. Los restos humanos serán levantados este lunes.

Los colectivos son quienes presionan a los gobiernos a realizar este tipo de jornadas de búsqueda. Foto: Marco Ugarte, AP

En la primera búsqueda realizada a finales de febrero, los familiares encontraron 280 bolsas en diversos puntos de las ciudades de Tlajomulco y Tlaquepaque en los que podría haber restos de hasta 81 personas que permanecen en el Semefo.

Los colectivos de Sonora y otros estados realizarán nuevas búsquedas en campo en los próximos días en ciudades como Los Mochis, Sinaloa y en Sonora, además de una búsqueda en la franja fronteriza del estado de Tamaulipas.

A un año del secuestro masivo en Chilapa, familias recuerdan: se los llevaron frente a federales

miércoles, mayo 11th, 2016

Diversos testigos coinciden en que los hoy desaparecidos fueron detenidos por civiles armados en presencia de elementos de la Gendarmería y de la Policía Estatal, quienes permitieron que el grupo detuviera a varias personas, que incluso desarmaron a la Policía Municipal y que en las patrullas que les quitaron se cometieron las detenciones.

CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO, 30MAYO2015.- Familiares de desaparecidos en esta ciudad, después de sostener una reunión con autoridades del gobierno federal, dieron una conferencia de prensa en el restaurant “Casa Pilla” en el centro, en la que señalaron que esperarán la respuesta de la investigación de la ubicación de su familiares; ahí mostraron fotografías de los desaparecidos. Cabe mencionar que durante el mensaje se observaron recorridos de la Policía Federal. FOTO: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

Familiares de desaparecidos en Chilapa  esperarán la respuesta de la investigación de la ubicación de su familiares
Foto: Cuartoscuro

Por Zacarías Cervantes

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo/El Sur).- Un año ha transcurrido de que al menos 16 personas fueron detenidas y desaparecidos durante la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, Guerrero, en donde permanecieron del 9 al 14 de mayo de 2015 sin que alguna autoridad interviniera. En la noche, o a plena luz del día, civiles armados se los llevaron, la Gendarmería estaba ahí y no hizo nada, acusan las familias de las víctimas que hasta el momento no saben nada de ellos.

Jorge Luis Salmerón Hernández es estudiante de desarrollo de negocios en la Universidad Tecnológica de Chilapa.

El domingo 10 de mayo de 2015 se encontraba en su casa, y aproximadamente a las 8 de la noche le informó a su hermana que iría a ver a su novia. Su familia le pidió que no saliera por la presencia del grupo de civiles armados que andaba en la ciudad.

Él les respondió a sus familiares que no tenía miedo porque no debía nada, y que además portaba sus credenciales del INE y de la escuela.

Salió de su casa pero aproximadamente a las 10 y media de la noche su hermana le envió un mensaje para saber dónde estaba, pero ya no tuvo respuesta.

A las 11 de la noche su hermana le llamó a su celular y no contestó. Al día siguiente observó que su última conexión de WhatsApp fue a las “5:00 pm”.

La hermana del ahora desaparecido fue a preguntarle a su novia, quien le informó que sólo estuvo unos momentos con ella y que se retiró aproximadamente a las 9 y media de la noche.

El 11 de mayo de 2015 la hermana de Jorge lo buscó con sus amigos y compañeros de su escuela pero no le dieron información, entonces fue con el grupo autodenominado comunitarios por la Paz y la Justicia, quienes se encontraban armados y la amedrentaron.

Les preguntó por su hermano y le informaron que habían detenido a varias personas, pero que las habían puesto a disposición de la Gendarmería, y que de su hermano no sabían nada.

Se dirigió a la Gendarmería ubicada temporalmente en el Palacio Municipal, a quienes les reportó la desaparición.

Recuerda que fue atendida por el comandante a cargo y que cuando le estaba dando los datos de su hermano y las características de la motocicleta que conducía la noche anterior, un oficial federal “al parecer subordinado del comandante”, se acercó y mencionó que él vio a su hermano que manejaba esa moto, cuando aproximadamente a las 10 de la noche del día anterior le marcaron el alto los hombres armados, que según el obispo Salvador Rangel son del grupo criminal “Los Ardillos”, frente a la parada de taxis cerca de la Gendarmería.

El oficial fue interrumpido por el comandante, quien no le permitió que continuara relatando su testimonio.

Ella le insistió al oficial que completara la información preguntándole por su nombre, pero su superior ya no le permitió seguir hablando.

“Con lo anterior hago mención que la Gendarmería fue testigo y permitió la detención de mi hermano”, dijo la hermana del desaparecido.

Indicó que han buscado a su hermano ante todas las dependencias y han participado en dos marchas de protesta contra las desapariciones.

Informó también que interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero no ha recibido información.

PAGARON 25 MIL POR UNO DE LOS DESAPARECIDOS, NUNCA VOLVIÓ

El día 18 de mayo la hermana de Jorge Luis Salmerón Hernández, otro de los desaparecidos, fue extorsionada mediante una llamada telefónica a su celular. Le pidieron 25 mil pesos para que le entregaran a su hermano, los pagó pero no se lo entregaron.

La persona fue ubicada con el GPS de su celular en la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, sin que haya sido detenida.

Denunció que un año después esa persona la sigue molestando, ahora le pide 40 mil pesos supuestamente para liberarlo.

Le indicaron que a Jorge Luis lo tienen detenido en una comunidad del municipio de Huitzuco, pero no ha recibido pruebas de que lo tengan.

Sergio Derramona Abarca, otro de los desaparecidos hace un año, se encontraba a las 3 y media de la tarde del 13 de mayo en el mercado de Chilapa.

Testigos vieron que varios civiles armados lo tiraron al suelo, lo golpearon, le dieron patadas y se lo llevaron en una camioneta junto a otra persona en estado de ebriedad.

Eran alrededor de siete personas vestidas de civil los que se lo llevaron, todos portando armas cortas y largas.

El 14 de mayo alrededor de las 9 de la mañana, la madre de Sergio se presentó a la Policía Estatal para ver si lo tenían detenido, y encontró a la persona que había sido detenida con su hijo, quien le dijo que a su hijo lo habían llevado a la colonia Las Palmas.

Sin embargo en la Policía Estatal le dijeron que no habían visto a su hijo, aunque según los testigos agentes de esa corporación estaban en ese momento con la Policía Municipal, que había sido desarmada por los civiles armados, y tenía “pleno conocimiento” de que se llevaron armas, uniformes y patrullas de los municipales.

La madre del joven no puso denuncia en un primer momento porque pensó que antes de que se fueran los del grupo Paz y Justicia, dejarían en libertad a todas las personas, pero dice que se “espantó” cuando vio que los civiles armados se retiraban de la ciudad sin entregar a los retenidos.

Un día después de la salida de estas personas, el 15 de mayo, puso la denuncia ante el Ministerio Público de Chilapa.

Al cabo de los días regresó a preguntar si ya sabían algo del paradero de su hijo le contestaron que no, pero que en cuanto ella supiera algo regresara a darles información.

Otro de los desaparecidos, Arturo Gutiérrez Jaimes, de 19 años, es ayudante de albañil.

El domingo 10 de mayo de 2015 estaba en su comunidad, El Paraíso, rumbo a la escuela David Bliches.

Según testigos fue detenido a las 11 y media y fue llevado hacia un destino desconocido, por los comisarios que encabezaron la irrupción en Chilapa.

Un año después su familia no tiene información sobre su suerte y paradero.

CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO, 30MAYO2015.- Familiares de desaparecidos en esta ciudad, después de sostener una reunión con autoridades del gobierno federal, dieron una conferencia de prensa en el restaurant “Casa Pilla” en el centro, en la que señalaron que esperarán la respuesta de la investigación de la ubicación de su familiares; ahí mostraron fotografías de los desaparecidos. Cabe mencionar que durante el mensaje se observaron recorridos de la Policía Federal. FOTO: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM

Un año después su familia no tiene información sobre la suerte y el paradero de los desaparecidos de Chilapa. foto: Cuartoscuro

NO IMPORTABA SI ERA NOCHE O DE DÍA, LOS GOLPEARON Y SE LOS LLEVARON 

Carlos Emmanuel Meza Nava hace un año tenía 21 años de edad, estudiaba la carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica de Chilapa.

A las 7 de la noche del 9 de mayo salió de su casa con un amigo. Posteriormente su hermana recibió un mensaje que decía que varias personas armadas que llegaron al municipio estaban deteniendo a ciudadanos, se dio cuenta de que Carlos Emanuel no se había llevado su celular y no pudieron llamarle. Junto con su madre lo estuvieron esperando toda la noche sin que apareciera.

Al día siguiente la madre contactó al amigo de su hijo y éste le informó que al llegar al centro de Chilapa se tomaron una copa de mezcal y se despidieron.
Los familiares del joven llamaron a varias de sus amistades y algunos informaron que lo vieron cerca del mercado.

Varias personas les informaron también, que vieron que esa tarde fue detenido por los civiles armados en presencia de elementos de la Gendarmería y de la Policía Estatal, quienes permitieron que el grupo detuviera a varias personas, que incluso desarmaron a la Policía Municipal y que en las patrullas que les quitaron se cometieron las detenciones.

La familia de Carlos Emmanuel presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, pero no han recibido ninguna información a un año de su desaparición.
Aproximadamente a las 7 de la mañana del 10 de mayo Crispino Carreto González y su hijo de 15 años de edad Samuel Carreto González, salieron de su casa y un año después todavía no regresan.

Según testigos fueron detenidos por los hombres armados cerca del crucero denominado La Botella, por la entrada a la cabecera municipal.

Los testigos informaron que los civiles armados se los llevaron con rumbo a Chilpancingo y que observaron cuando fueron obligados a bajar de su vehículo, golpeados y detenidos.

La detención ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la tarde, cuando al parecer ya regresaban a su casa de su trabajo.

La esposa y madre de los desaparecidos se enteró horas más tarde e intentó contactar a su esposo vía celular, pero entraba la llamada sin que nadie respondiera.

Ese día un grupo de personas armadas apedrearon su casa y se robaron ropa del patio, y en días posteriores otro grupo de personas irrumpió en su casa robándose pertenencias y ganado bovino que tenía en su patio.

Los vecinos confirmaron que fueron comisarios de varias comunidades de Chilapa los que detuvieron a Crispino Carreto González y a Samuel Carreto Vázquez, y que fueron los mismos comisarios los que regresaron a robar y causar daños a su vivienda.

Daniel Velázquez Romero tenía 23 años cuando el 14 de mayo de 2015 fue levantado aproximadamente a las 9 de la mañana.

Estaba en una gasolinería junto a su esposa abasteciendo su moto cuando fue rodeado por varios civiles armados y encapuchados y subido a la fuerza a una camioneta blanca.

Cuentan los que vieron que iban dos Urvan y dos camionetas blancas en total, pero de ninguna vieron el número de placas.

La esposa de Daniel acudió de inmediato a denunciar los hechos ante la Policía Estatal, y justo en ese momento pasaron las camionetas blancas de civiles armados frente a los elementos policiacos, pero a pesar de que les pidió que los detuvieran los policías arrancaron en sus patrullas supuestamente para perseguirlos, pero no hicieron ningún intento por alcanzarlos, después se estacionaron cerca del Zócalo.

Al ver la actuación de la Policía Estatal, la esposa fue a informar lo sucedido a la Gendarmería, que se encontraba cerca de la estatua a Eucaria Apreza, y le reprocharon que debiera haber ido con ellos y no con la Policía Estatal.

Ese mismo día pusieron una denuncia ante el Ministerio Público en Chilapa. Allí les dijeron que les avisarían cuando tuvieran resultados de las investigaciones, pero a un año no han recibido ningún informe.

Otro testimonio es el de los familiares de Gemino Neri Agustín, también desaparecido durante la irrupción.

Relatan que el 9 de mayo salió en una camioneta Grand Cherokee Laredo, modelo 1993 roja, a las 4 de la mañana de la comunidad de Zilacayota municipio de Acatepec, en compañía de su vecino Josefino Jesús Cruz. Su destino era la ciudad de Chilapa en donde dejarían la camioneta y de allí se trasladarían a Chilpancingo.

Su intención era tomar un autobús en Chilpancingo con rumbo a Petatlán, en la Costa Grande, en donde cobrarían aproximadamente 10 mil pesos como pago de un trabajo.

La persona que le pagó el dinero le dijo después a la esposa de Gemino que éste salió a las 3 de la tarde de regreso para Chilapa, donde llegaría aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche, allí recogería la camioneta para regresar a su comunidad de Zilacayota, sin embargo después de que llegó a Chilapa ya no supo nada de él.

Aunque posteriormente se enteró de que en esa ciudad estaban instalados retenes “de la policía comunitaria” que sitiaron Chilapa del 9 al 14 de mayo, por lo que ella deduce que fueron capturados por este grupo.

NINGUNA CORPORACIÓN SABÍA NADA

El 10 de mayo aproximadamente a la 1 y media de la tarde, un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto que se trasladaban en una camioneta Pick Up y en una patrulla del Ayuntamiento de Chilapa detuvieron a Jaime Eduardo Villanueva Altamirano.

Él se encontraba en la esquina de su casa en su moto. Los hombres armados lo subieron a la camioneta a punta de golpes y patadas, le dijeron que se calmara o le iba a ir mal, ya que Jaime luchaba por bajarse del vehículo.

Los hombres le dijeron a su esposa que lo fuera a recoger a la comandancia de la Policía Municipal, pero al llegar los familiares allá les informaron que no lo tenían detenido.

También fueron a preguntar a la Policía Federal (Gendarmería) si estaba detenido, porque los civiles armados que se autodenominaban policía comunitaria les dijeron que lo habían entregado a la Gendarmería pero la Policía Federal negó esa información. También preguntaron en el cuartel de la Policía Estatal sin obtener ninguna información.

Los familiares supieron después que a Jaime lo tenían a los “comunitarios” a quienes les suplicaron que les permitieran entregarle los medicamentos que por prescripción médica debe tomar, ya que padece de diabetes, pero no pudieron convencerlos.

Jorge Abarca Jaimes desapareció el 12 de mayo a las 6 y media de la tarde, después de que salió con su patrón Alberto del negocio de tortillas Los tres Hermanos, ubicado frente al mercado nuevo.

Se dirigían a entregar un pedido de tortillas al pueblo de Zitlala cuando fueron detenidos frente al salón de fiestas California por hombres armados y encapuchados que en esos días se encontraban en la ciudad.

Marcial Saldaña Tiburcio, originario de El Jagüey le informó a la familia que Jorge fue detenido y a golpes lo subieron a una camioneta en la que el grupo de civiles armados patrullaba la ciudad.

El 10 de mayo de 2015 los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas salieron a las 7 de la mañana de su comunidad Ahuhuiyuco, municipio de Chilapa, en una camioneta Ford modelo 1990, se dirigían a la cabecera municipal a vender una becerra en el tianguis de ganado que se organizaba ese día.

El padre de ellos informó que aproximadamente media hora después sus hijos fueron interceptados en el punto conocido como El Arco en la entrada de Chilapa, en donde había una operación y unas pancartas que decían “policía comunitaria”.

Recuerda que cuando él llegó a bordo de una camioneta del servicio de pasajeros vio que tenían a sus hijos detenidos y amarrados.

Los que los tenían se identificaron como comisarios de San Ángel, San Pedro, Ahuhuiyuco, El Jagüey, Xiloxuchicán y dijeron que estaban cansados de Chilapa.
Él descendió del vehículo en el que iba y dijo a los comisarios que sus hijos no les habían hecho nada. Les pidió que si habían hecho algo los entregaran a la policía, pero los civiles se negaron. Incluso intentaron detenerlo a él también y al pasaje que traía la combi en que se trasladaba.

El padre de los tres jóvenes se dirigió a la Gendarmería que estaba cerca del centro de la ciudad pero los agentes federales se negaron a ayudarle. Al retornar al lugar de la detención ya no encontró a sus hijos ni el vehículo.

Observo a más personas detenidas en ese lugar a manos de los “comunitarios” que se encontraban encapuchados y portando armas de fuego y palos.
El mismo día un grupo de personas encapuchadas llegó a la comunidad donde vive la familia de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas y causaron destrozos en algunas viviendas.

La familia de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas presentaron una denuncia sin que un año después hayan tenido resultados y tampoco saben de su paradero.

La Fiscalía les ha dicho que esperen, que están investigando, pero desde la fecha de la detención no tienen información del paradero de sus familiares ni del vehículo.

A un año de los hechos, el padre de los tres jóvenes recuerda que tras la irrupción de los encapuchados, los comisarios entregaron sus armas y se reunieron con el entonces gobernador Rogelio Ortega, quien se comprometió a investigar y a encontrar a sus familiares pero ni él ni el actual gobernador Héctor Astudillo Flores les han entregado a los desaparecidos.

EL OBISPO RANGEL ENCUBRE AL LÍDER DE LOS ROJOS EN CHILAPA, DICE PAZ Y JUSTICIA

El grupo de civiles armados autodenominado comunitarios por la Paz y la Justicia respondió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que la disminución de la violencia en Chilapa y los municipios cercanos no ha sido gratuita, y que se ha logrado por su presencia que ha obligado a los gobiernos federal y estatal a mandar más soldados y policías a la zona.

El asesor jurídico de esa organización, Jesús Escobedo González, entrevistado en Chilpancingo este martes, también contestó al obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, a quien le exigió que se retracte de sus declaraciones en el sentido de que son integrantes del grupo criminal Los Ardillos.

El abogado informó que ya presentaron una denuncia por difamación en su contra en Chilapa, y que el lunes presentarán otra en la Fiscalía General del Estado. Declaró que el obispo está incurriendo en encubrimiento porque días después de que el Ejército cercó al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, en Chilapa, el obispo lo confesó y la información que tiene de él no la ha dado a conocer a las autoridades escudándose en el “secreto de confesión”.

El abogado explicó que hasta este martes los civiles armados se replegaron porque dieron un ultimátum a los gobiernos estatal y federal para que encuentren a Marisol Alejandro Ramírez, de 30 años, esposa del integrante de esa agrupación de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, César Cantor Gasparín.
El abogado dijo que los civiles armados no salieron por gusto, sino porque los policías estatales y federales no hicieron caso cuando se les pidió buscar a la desaparecida, “entonces los compañeros comenzaron a buscarla porque es esposa de uno de sus integrantes”.

Escobedo González dijo que a pesar de que los familiares de la señora presentaron la denuncia ninguno de los gobiernos hizo caso, “como tampoco han hecho nada para evitar los secuestros, extorsiones, cobros de piso de los que solamente la autoridad no se da cuenta cuando es un secreto a voces”, reprochó.
Denunció que en la cabecera municipal de Chilapa y en las comunidades de la zona baja del municipio la delincuencia sigue vigente.

Agregó que por eso los comisarios y habitantes de las comunidades de la zona baja del municipio han salido para defenderse de los actos criminales.

Escobedo González cuestionó al obispo Rangel Mendoza, quien declaró el domingo que los civiles armados que irrumpieron en Zitlala son del grupo criminal Los Ardillos.

Al respecto dijo que “si él tiene pruebas de que los compañeros de la policía comunitaria son de ese grupo criminal, que haga la denuncia formal y lo retamos a que haga esa denuncia para que se actúe conforme a la ley en contra de nosotros”.

El abogado agregó que “de lo contrario que se abstenga de hacer declaraciones de ese tipo, porque no es posible que hable sin fundamentos”.
Añadió que su señalamiento es riesgoso para el movimiento porque los pone de frente a los grupos del crimen organizado que controlan el municipio de Chilapa.

Dijo que por eso, “independientemente de que vamos a proceder por la vía civil en contra del obispo por daño moral, ya se presentó una denuncia en el Ministerio Público de Chilapa, y el lunes se presentará otra en la Fiscalía General del Estado, “porque el obispo está diciendo que nosotros somos de la delincuencia organizada cuando no es cierto, y lo hace sólo para que se asuste la sociedad”.

Por lo pronto el abogado, en nombre del grupo comunitarios por la Paz y la Justicia, le pidió que “por el bien de la ciudadanía y por el bien de los católicos, que se abstenga de hacer esas declaraciones porque son sin fundamento y temerarias, y si él puede comprobar algo que lo compruebe”.

De lo contrario, advirtió que la organización sí puede comprobar que Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, líder del grupo criminal de Los Rojos se fue a confesar con el obispo días después de que estuvo cercado por el Ejército en Chilapa, en marzo pasado, “y el obispo no quiere entregar la información al gobierno con el argumento de la discrecionalidad del sacerdocio”.

Advirtió que está incurriendo en el delito de encubrimiento, porque “con el pretexto de la secrecía de la confesión no proporcionó al gobierno la información que impide la actuación en contra de la delincuencia organizada”.

Agregó que eso demuestra que la delincuencia organizada está en contubernio no sólo con el gobierno, sino con la Iglesia.

También dijo que la organización a la que pertenecen lo único que pide al gobierno del estado y al federal es que aparezca la señora que buscan, “nosotros no sabemos cómo le van a hacer, pero lo que queremos es que la encuentren sana y salva, y se acabó, sólo así vamos a dejar de implementar acciones y nos vamos a replegar a nuestras comunidades para implementar nuestras acciones, de lo contrario, si no aparece la señora nosotros la vamos a buscar”, advirtió.

Dijo que ayer la seguían buscando de manera discreta, pero dieron un ultimátum a los Gobiernos estatal y federal para que se las entreguen este miércoles, “pero si no la entregan nos vamos a movilizar, y quiero decirle al gobierno del estado que somos alrededor de 2 mil 500 policías comunitarios de 85 comunidades de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y de Zitlala que vamos a salir y yo creo que ni el Ejército nos va a poder parar”.

El abogado dijo que han querido hacer las cosas conforme a derecho y conforme a la ley, “no portamos armas de grueso calibre, a pesar de eso la Policía Ministerial nos ha estado hostigando. Nosotros no les queremos hacer nada pero si los gobiernos federal, estatal y municipal no nos dejan otra opción vamos a tener actuar”.

Agregó que la gente de esas comunidades no teme ir a la cárcel, “porque el gobierno está acostumbrado de mandar a la cárcel a los que se manifiestan como ya lo hizo con el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui, con los promotores de la CRAC Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina”.
Después retó: “que no piense el gobierno que estamos atemorizados” y aclaró que no son un grupo fuera de la legalidad como lo declaró el gobierno del estado, “los del movimiento son comisarios y se lo podemos demostrar, estamos credencializados, estamos dando la cara, andamos con la cara destapada, que no diga el gobierno que somos delincuentes, estamos fundamentados en la Ley 701 de la Constitución del Estado”.

La gente que busca a la desaparecida no es gente armada de manera ilegal, “no, estamos legalmente constituidos y si quiere se lo comprobamos con las actas de asamblea en donde fueron legalmente electos los comisarios con su policía comunitaria que tienen un permiso”, dijo el abogado.

Agregó que por lo pronto siguen buscando de manera discreta a la desaparecida, incluso dijo que si los civiles armados agarran a alguien los van a poner a disposición de las autoridades, “ya si el Estado los libera no es bronca nuestra, pero nosotros vamos a hacer las cosas conforme a la ley”.
Insistió que les duele que “obispos de esa calaña”, en referencia a Salvador Rangel, “hagan declaraciones en contra del pueblo, porque eso quiere decir que ellos están protegiendo al gobierno y a la delincuencia”.

De las declaraciones del gobernador, quien dijo que el Gobierno y no Los Ardillos bajaron la delincuencia en Chilapa, aclaró que no fue gratuita la disminución de la delincuencia, que se debió precisamente a la presencia de su grupo armado que obligó a los gobiernos federal y estatal a que mandaran fuerzas federales y estatales a la zona.

Luego aclaró que no se replegaron por esa presencia federal, sino porque le dieron un ultimátum al Gobierno para que les entregue a la esposa de su compañero este miércoles, “pero si no, vamos a volver a salir a los municipios de Chilapa y Zitlala, porque viva o muerta tiene que aparecer”.

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10 CLAVES | Tierra Blanca evoca a Ayotzinapa: policías asesinos, y padres sin respuestas…

viernes, marzo 4th, 2016

El 26 de septiembre de 2014, 43 normalistas desaparecieron en Iguala, Guerrero. Policías fueron detenidos al comprobarse su participación en los hechos. Las autoridades señalaron los estudiantes fueron “quemados” vivos. El 11 de enero cinco jóvenes, entre ellos una mujer de 16 años, desaparecieron después de que policías se los llevaron en la región de Tierra Blanca, Veracruz. Los paralelismos en ambos casos de desapariciones se vuelven más evidentes cuando el último policía arrestado por este último caso, Rubén Pérez Andrade, confesó que a los cinco jóvenes “les dieron muerte y los incineraron”.

Foto: Cuartoscuro

El caso de los cinco jóvenes desaparecidos en la región de Tierra Blanca, Veracruz, comienza a tener fuertes paralelismos con el de los 43 de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– No son 43 sino cinco. No han llenado las primeras planas en los medios, pero su historia pone de manifiesto la impunidad que impera en México, que acumula más de 27 mil casos de desaparecidos en la última década.

Cinco jóvenes, entre ellos una mujer de 16 años, desaparecieron el lunes 11 de enero pasado después de que policías se los llevaron en la región de Tierra Blanca, Veracruz, cuando cargaban gasolina en una estación de servicio, de acuerdo con familiares.

Los jóvenes habían ido a la ciudad de Veracruz a divertirse y regresaban por carretera a su pueblo: Playa Vicente.

Un conocido vio cuando eran interrogados por los policías y llamó a uno de ellos para ver si todo estaba bien, según el testimonio de los padres. La respuesta fue que no había problema.

Sin embargo, de acuerdo con ese relato, el testigo estuvo observando y vio que se los llevaban en una patrulla y en el automóvil. Los siguió durante un tramo, vio que dejaban la carretera y que se metían por un camino de tierra y alertó a las familias.

Pero ya no se tuvo más noticia sobre su destino. Cámaras de video registraron el paso de la patrulla y el vehículo y el regreso una hora después con menos gente.

El pasado 14 de enero, el Fiscal General del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, informó a través de un comunicado que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fueron detenidos por llevar a cabo la detención de los jóvenes sin que lo reportaran a sus superiores.

Posteriormente vendrían otras cuatro detenciones de policías.

Los paralelismos del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, con el de Tierra Blanca se vuelven más evidentes cuando el último policía arrestado por este último caso, Rubén Pérez Andrade, confesó que a los cinco jóvenes “les dieron muerte y los incineraron”.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que el octavo implicado en la desaparición de los jóvenes estuvo presente en todos los momentos claves.

Por este caso, que empieza a ser llamado el Ayotzinapa de Veracruz, han sido detenidos hasta el momento ocho policías como probables responsables, entre ellos el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, además de Francisco Navarrete Serna, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio.

La desconfianza de los familiares de las víctimas ante las declaraciones oficiales quedó reflejada en las palabras de Bernardo Benítez, padre de una de las personas desaparecidos de Tierra Blanca y tío de otra, quien dijo a la agencia de noticias Efe que los padres aceptarán que las víctimas están muertas “el día que haya pruebas”.

Además, los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca hicieron un llamado al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que evalúe y garantice la limpieza de las corporaciones de seguridad en Veracruz porque no confían en la policía del Gobernador Javier Duarte de Ochoa. También le recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto que en la entidad no hay #MisiónCumplida.

“Reiteramos que NO CONFIAMOS en la Policía Estatal porque fueron ellos quienes se llevaron a nuestros hijos y los entregaron a una célula del crimen; como hoy se sabe 3 de los 7 policías detenidos, incluido el delegado de la policía en Tierra Blanca, son presuntos responsables. Ellos no habían pasado los controles de confianza y seguían en activo”, expusieron los padres de los jóvenes en un comunicado emitido en enero.