Los cuerpos de las víctimas del tiroteo de este miércoles fueron entregados a sus respectivos familiares; hay seis detenidos luego de lo ocurrido en el municipio michoacano, informó la SSPC.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha identificado a las ocho víctimas del enfrentamiento armado ocurrido el pasado miércoles en el municipio Tuzantla.
La lista de las víctimas, cuyos cuerpos han sido entregados a sus familiares, es la siguiente:
1.- José Francisco B., alias “Pancho”, de 22 años.
2.- Un menor de edad con iniciales A.B.A. de 14 años.
3.- Adith R., alias “El Pelón”, de 32 años.
4.- Espectación O., alias “El Músico”, de 41 años.
5.- Marcos M. de 45 años.
6.- Humberto O., alias “El Cholis” de 40 años.
7.- Un menor de edad con siglas B.U.S. de 16 años.
8.- Un menor de edad con siglas A.E.B. de 14 años.
Durante la tarde del pasado 24 de agosto, hubo al menos ocho civiles muertos por una balacera en Tuzantla, Michoacán.
El Secretario de Secretario de Seguridad Pública estatal, José Alfredo Ortega Reyes, explicó a medios locales los hechos ocurrieron cerca de la población de Yerbabuena, en la cabecera municipal de Tuzantla, a unos 168 kilómetros al oriente de Morelia, en los límites con el Estado de México.
Al día siguiente, el Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó en la conferencia matutina que seis personas fueron detenidas.
La balacera en Tuzantla dejó un saldo de al menos ocho muertos
“Hubo una irrupción de vehículos, camionetas y motocicletas de presuntos miembros del grupo criminal ‘La Familia Michoacana’ en Tuzantla, Michoacán”, mencionó el Subsecretario durante la conferencia matutina del día de hoy.
Señaló que en el proceso se detuvieron a seis personas: cinco hombres y una mujer, quienes responden a las órdenes del criminal Johnny Hurtado Olascoaga, apodado “El Pez”.
Mejía Berdeja atribuyó el ataque de ayer a una disputa entre dos facciones de “La Familia Michoacana”: una encabezada por el anteriormente nombrado “El Pez” y otra por el líder criminal apodado “El Chaparro”.
Ya hay 5 detenidos de los enfrentamientos de ayer en Tuzantla, Michoacán.
Alejandro es un migrante que desapareció en febrero de 2021 y 13 meses después su familia lo localizó muerto, enterrado en la fosa común de Ciudad Juárez, pero aún debe esperar cinco años para exhumarlo y trasladarlo a su tierra, ¿cómo se recupera un cuerpo de la fosa común?
Por Blanca Carmona
Ciudad Juárez, Chihuahua, 11 de julio (LaVerdad).- Antes de desaparecer en Ciudad Juárez, Alejandro le mandó a su hermana Betty Correa Velázquez una fotografía de su rostro donde mostraba parte de su dentadura.
“Como que parece que sabía que me iba a servir (para identificar su cuerpo)”, cuenta Betty al recordar que esa foto que recibió de su hermano el 5 de febrero del 2021.
Los dientes que Alejandro mostraba en esa imagen y los tatuajes que tenía en varias partes de su cuerpo permitieron encontrarlo entre los cuerpos de personas sin identificar del Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad.
Fue así como después de 13 meses de buscarlo, la familia de Alejandro lo encontró inhumado en una fosa común ubicada en el panteón San Rafael, donde se depositan los muertos sin nombre, sólo identificados genéticamente con anotaciones de números sobre columnas blancas de concreto.
Alejandro Correa Velázquez, de 34 años, había sido enterrado sin que nadie lo identificara, sin la presencia de sus seres queridos, sin que nadie elevara una oración por él o llevara flores a su tumba. Sólo fue identificado con un número de sus datos genéticos que luego permitió a su familia dar con él.
Alejandro, la última foto que envío a su hermana desde Ciudad Juárez. Foto: Cortesía para La Verdad
El hombre emigró de Querétaro a Ciudad Juárez con la ilusión de llegar a Estados Unidos y buscar un mejor futuro. Cuando logró cruzar la frontera fue retornado por agentes fronterizos y obligado a esperar en México.
Tras la pandemia, él perdió el empleo como mesero que consiguió mientras cruzaba otra vez la frontera y estaba desesperado. No hallaba un trabajo digno que le permitiera sacar adelante a su hijo de 14 años y a su pareja, dice su hermana.
En su desesperación, Alejandro trató de que el mismo “pollero”, como son llamados los traficantes de personas, lo internara de nuevo al territorio estadounidense. Sin embargo, en su segundo intento de cruzar la frontera fue asesinado.
Su cadáver se localizó el 3 de marzo del 2021 y entregado al Semefo, pero su familia se enteró hasta marzo de este año, cuando ya había sido enviado a la fosa común.
El 5 de febrero del 2021 fue la última vez que Alejandro le envió un mensaje a Betty, le dijo que los traficantes lo llevaron a una casa en medio de la nada mientras esperaba el momento para volver a cruzar. También le comentó que la amaba, que ella sabía qué hacer en caso de su ausencia y también le mandó esa foto que fue útil en una entrevista forense para la identificación de su cadáver.
Como Alejandro, 768 personas han sido identificadas entre los cadávares de la morgue con apoyo de genética forense, de enero del 2019 a mayo del 2022, de acuerdo con información entregada por la Fiscalía del Estado de Chihuahua a través de la plataforma de Transparencia.
Tumbas de “los sin nombres” en el panteón San Rafael. Foto: Blanca Carmona, La Verdad
De ese total, 153 personas fueron inhumadas en lo que comúnmente se conoce como una fosa común y que las autoridades llaman “fosa digna” porque a cada persona se le asigna una sepultura individual y al ser identificadas en ese espacio se les entrega a los familiares.
Los otros 615 cuerpos estaban en las instalaciones del Semefo cuando fueron identificados a través de información genética, se dio a conocer.
¿QUIÉN VA A UNA FOSA COMÚN?
Desde hace 18 años, las autoridades comenzaron a utilizar el Panteón San Rafael, al sur de Ciudad Juárez, para depositar los cuerpos de quienes no son reclamados por nadie.
Previo a que una persona sea candidata a ir a una fosa en ese lugar, los forenses se debe realizar un registro fotográfico del cadáver, también la necropsia y elaborar una ficha decadactilar (impresión de las huellas de los dedos de las manos de las personas), un registro odontólogo y un perfil genético, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía.
Con todo lo anterior se completa un archivo básico de cada persona. Luego se elabora una lista de los cadáveres que son candidatos a inhumación y se envía al Ministerio Público. Esta autoridad debe hacer una búsqueda entre sus bases de datos para ver si hay coincidencias con alguna persona reportada como ausente y al no detectar similitudes que puedan identificar a las personas fallecidas esa autoridad autoriza que sea enterrada.
Cifras de identificación de personas a través de información genética en Ciudad Juárez. Gráfico: La Verdad
Para la identificación a través de genética forense, primero se reciben la muestra biológica proveniente de una persona que busque a un familiar; esa muestra se registra luego. Los peritos extraen el ADN para iniciar una serie de estudios que al final permite comparar los datos de quien busca contra las base de datos correspondiente a cadáveres en resguardo y al final emiten el informe pericial en el que determina si hay o no coincidencia.
Actualmente, cada cadáver es inhumado en una fosa individual, el cuerpo se coloca en una bolsa mortuoria y está en un cajón de madera, de acuerdo con la información sobre el proceso para enviar los cuerpos de las personas no identificas a la fosa común.
Dentro de la bolsa, cada fallecido lleva un identificador que señala el número del Servicio de Ingreso y Egreso de Cadáveres (SIEC) que se le asignó al momento de ser llevado a las instalaciones del Semefo, indica la información oficial sobre el proceso de identificación de un cuerpo.
El SIEC es un control interno del Semefo, para en caso de una posterior identificación como sucedió con Alejandro.
La Fiscalía indicó que en estado de Chihuahua, en cada panteón donde se realizan las inhumaciones, se hace una división de filas y fosas, con este diseño se van depositando los cadáveres en un hoyo y el número de SIEC se registra en una base de datos del sistema Inforense y se coloca también en un tubular blanco colocado en cada tumba, lo que permite una posterior localización.
MÁS DE UN AÑO BUSCÓ A SU HERMANO, ESTABA EN LA FOSA COMÚN
Fosa común en el panteón San Rafael. Foto: Verónica Martínez, La Verdad
A Alejandro, le tocó una fosa en un ala nueva del cementerio San Rafael, prácticamente en una zona semidesierta, alejada del resto de las tumbas y a la que se llega tomando una brecha dentro del mismo panteón.
Ahí el silencio es profundo y los tubulares blancos de menos de un metro de altura, en los que se anotó el número de SIEC, sobresalen del árido suelo y contrastan con el azul obscuro del cielo.
Las filas de tumbas de personas sin identificar en el área de fosa común parecen interminables, los difuntos más afortunados ya tienen un nombre, apellido y una cruz, como Ale. Aunque son pocos. A las otras personas sólo los acompaña las letras y números escritos con pintura negra sobre los tubulares.
“Te amamos Alejandro Correa Velázquez. Hijo-hermano-sobrino”, dice en la cruz blanca de madera que pudo colocar Betty a la tumba en abril pasado, cuando dice que se armó de valor y viajó a Ciudad Juárez para terminar la identificación oficial de su hermano, luego de que genética forense encontró coincidencia entre las muestras tomadas a un hijo de Alejandro y un cuerpo.
El camino para encontrar a su hermano fue largo, dice la mujer. Fue un año y un mes de búsqueda, de toparse con la indiferencia de las autoridades y con una serie de trámites para todo, desde la recepción de la denuncia de la desaparición hasta la identificación del cuerpo.
“Fue muy duro, porque no hay apoyo de las autoridades. Lo único que yo pude encontrar en Internet, para registrar su desaparición, fue por medio del portal de la Comisión Nacional de Búsqueda porque ni aquí en Querétaro se pudo hacer la denuncia, como desapareció en Ciudad Juárez, me decían que yo tenía que ir hasta allá”, dice Betty en una entrevista por teléfono.
A Alejandro, le tocó una fosa en un ala nueva del cementerio San Rafael, prácticamente en una zona semidesierta, alejada del resto de las tumbas y a la que se llega tomando una brecha dentro del mismo panteón. Foto: Blanca Carmona, La Verdad
“No te ayudan, es una desesperación porque no hay una manera para que te ayuden a que empiecen a localizar su número telefónico y ver dónde está, dónde estuvo y a ver si lo podíamos encontrar vivo todavía”, agrega.
Después de indagar cómo buscar a la distancia a Alejandro, en abril del 2021 a través de redes sociales su familia se puso en comunicación con personal del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y cinco meses después la organización aceptó representarlos.
Los abogados del Centro lograron que la Fiscalía de Chihuahua recibiera la denuncia penal vía electrónica y que se iniciara una carpeta de investigación.
Luego se realizaron las entrevistas forenses por parte del personal del Semefo, en éstas Betty dice que describió los tatuajes que Alejandro tenía en el hombro izquierdo, en el pecho, el abdomen y la espalda, y proporcionó la fotografía que él le había enviado, en donde se le veía la dentadura. Esa imagen fue comparada con las tomadas a uno de los cuerpos ingresados meses atrás al Semefo.
Tras las coincidencias, las autoridades de Chihuahua solicitaron la colaboración de la Fiscalía de Guadalajara para que tomara muestras biológicas al hijo de Alejandro, que reside en ese estado.
Una semana después se determinó que un cuerpo inhumado en octubre del 2021 en el panteón San Rafael correspondía a Alejandro Correa Velázquez, se desprende de información oficial del caso.
Los identificados entre los cuerpos de nadie. Foto: Blanca Carmona, La Verdad
Entre la localización del cadáver y su inhumación en la fosa común transcurrieron siete meses.
La familia de Alejandro no se explica por qué el cuerpo fue sepultado tan rápido y posiblemente sin que antes se realizara una búsqueda en los propios archivos de la Fiscalía de Chihuahua, pues al momento que fue enviado a la fosa ya estaba reportado como ausente, justo un mes antes –en septiembre– la Fiscalía recibió la denuncia.
“Yo no sé por qué lo metieron (a la fosa) así tan rápido. Eso se me hace muy raro, porque digo por qué, si lo encontraron el 23 de marzo del 2021, me lo pusieron ahí en octubre del 2021, o sea, no llevaba ni un año y ya había una denuncia tanto en Comisión de Búsqueda y una denuncia ahí con la Fiscalía, o sea, no puedo creer que no puedan, aunque sea revisar detalles o consolidar datos, o sea, se me hace tan absurdo”, comenta Betty.
Al trascender su hallazgo, la familia de Alejandro viajó a Ciudad Juárez con la idea de que podría llevarse el cuerpo a Querétaro, para que permaneciera cerca de ellos. Sin embargo, la Fiscalía de Chihuahua le informó que deben esperar cinco años para poderlo exhumar.
Personal de la Fiscalía informó que si se trata de muertes violentas los cuerpos sólo pueden ser exhumados para algún acto de investigación, y también la Ley General de Salud establece que deben pasar cinco años para que sea posible una exhumación.
Al hacerse la identificación de un cuerpo ya inhumado, la Fiscalía únicamente entrega ese espacio a los familiares del difunto para que ellos realicen cualquier acto acorde a sus creencias religiosas, se informó.
Los identificados entre los cuerpos de nadie. Foto: Blanca Carmona, La Verdad
¿CÓMO RECUPERAR UN CUERPO DE LA FOSA COMÚN?
Las personas que buscan a un familiar desaparecido deben presentarse ante el Ministerio Público para reportar la ausencia o privación de la libertad a fin de que se inicie una carpeta de investigación y se recaben muestras biológicas, se informó en la respuesta a través de la plataforma de Transparencia.
Las muestras pueden tomarse a padres, hijos y/o hermanos.
Los datos genéticos se ingresan a una base de datos del estado de Chihuahua para su cotejo con los perfiles genéticos de las personas localizadas sin vida y que permanecen en calidad de desconocidos.
Una vez que ha realiza una identificación mediante la genética forense, se procede a notificar a los familiares para que comparezcan a solicitar la entrega del cuerpo y que ellos procedan a la inhumación con el servicio funerario que escojan, se dio a conocer.
En caso de que el cuerpo este enterrado en una fosa común se debe solicitar, por medio del Ministerio Público, la autorización al Juzgado de Control para la autorización de exhumación. Pero sólo si se trata de una muerte no violenta.
Los identificados entre los cuerpos de nadie. Foto: Blanca Carmona, La Verdad
Una vez que un Tribunal aprueba la exhumación, se solicita a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) –a quienes se les proporciona datos específicos del cadáver y el lugar donde será sepultado– una autorización y cuando esta se obtiene el personal del Semefo se comunica con los familiares para fijar la fecha y hora para la exhumación.
Posteriormente se coordina a la Dirección de Servicios Periciales y a los trabajadores del servicio funerario autorizado por la familia la nueva sepultura.
Sólo familiares directos de la persona muerta –como esposo (a), concubinos (a) con hijos, padres, hermanos, hijos– pueden hacer el trámite de recuperación de un cuerpo -en caso de no existir estos parientes, podría presentarse tíos o primos- y deben presentar su acta de nacimiento y una identificación, así como el acta de nacimiento de la persona fallecida.
Alejandro Encinas Rodríguez denunció que en México no existe un censo de los cuerpos no identificados, ni tampoco sobre los cuerpos identificados y no reclamados en las fosas comunes; además, que no hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de los datos.
Ciudad de México (SinEmbargo).– La Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, denunciaron la mañana de este jueves que la crisis en materia de identificación forense en México no se resuelve, en parte porque uno de los principales problemas es que en los estados hay falta de voluntad, negligencia y obstrucción.
La crisis en materia forense en el país también se debe a la falta de información y bases de datos, así como a la negligencia y obstrucción por parte de las instituciones, la mayoría, para trabajar de manera coordinada con las comisiones locales y nacional en la búsqueda de personas desaparecidas, acusó la titular de la CNB, Karla Quintana.
Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos denunció y expuso que uno de los principales problemas que hay es que falta voluntad política de los estados y gobiernos estatales para encarar la crisis forense que se vive en México.
Lo anterior lo señalaron hoy en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que junto con el Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, anunciaron la iniciativa para conformar el Centro Nacional de Identificación Humana Forense.
Karla Quintana indicó que al mismo tiempo buscan impulsar que la Conferencia Nacional de Secretarios y Secretarias de Seguridad Pública realice acciones pertinentes para compartir con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la CNB la información de todas las bases de datos, a fin de que exista un repositorio para todas las bases de datos genéticos de fiscalías, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.
A su vez, agregó, tratarán de impulsar una norma mexicana para regular los centros de resguardo de cuerpos.
Quintana Osuna destacó que es necesaria la creación de dicho Centro Nacional de Identificación Forense porque el sistema tradicional no se da abasto y no va a resolver el problema de crisis forense, y porque las dinámicas de desaparición no respetan fronteras.
Karla Quintana Osuna es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Foto: Gobierno de México
Al respecto, el Subsecretario de Derechos Humanos señaló que la cifra de personas y restos sin identificar es la que ha dado a conocer el Movimiento Nacional de Desaparecidos, quien reporta más de 52 mil cuerpos sin identificar.
Además, Encinas Rodríguez denunció que en México no existe un censo de los cuerpos no identificados, ni tampoco sobre los cuerpos identificados y no reclamados en las fosas comunes, lo cual, consideró, es una omisión legal muy grave que involucra a distintos ámbitos de autoridades, desde fiscalías, servicios de salud, tribunales y hasta municipios por el manejo de fosas comunes en cementerios.
También subrayó que no hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación de los datos que se obtienen tanto de las muestras genéticas tomadas por los familiares como las que se levantan de los cuerpos encontrados.
Más que las instituciones gubernamentales, los familiares son el motor de la búsqueda de desaparecidos en el país. Foto: Fabricio Atilano, EFE.
Dicha información genética, dijo, no se comparte, no se contrasta y no existen capacidades. No obstante, el Subsecretario destacó que lo más grave y el principal problema es la falta de voluntad y que la información forense se mantiene fragmentada.
“Eso habla de que no existen no solamente capacidades institucionales, humanas, sino que también falta voluntad política a nivel estatal para encarar la crisis”, sostuvo.
Finalmente, Encinas anunció que firmarán un convenio con la Universidad a Innsbruck para que en México se pueda realizar la identificación de restos complicada. El funcionario aclaró que es el primer convenio que dicha Universidad en Austria firma con otro país.
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó un informe de lo que ha hecho el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esa materia hasta la mitad de su sexenio.
Ciudad de México, 23 dic (EFE).– El Gobierno mexicano prometió este jueves crear un Centro Nacional de Identificación Humana al reconocer una crisis de más de 95 mil personas desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes y en morgues del Estado.
Tan sólo en las cámaras frigoríficas o planchas estatales hay nueve mil 400 cuerpos sin identificar, indicó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.
“La creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para poder atender el rezago en esta materia que existe para establecer mecanismos de identificación masiva, se están haciendo ya los primeros ejercicios”, anunció el Subsecretario.
El funcionario reconoció “una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares”.
Ante el problema, presumió de “cifras sin precedentes” del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con cerca de dos mil 200 jornadas de búsqueda realizadas hasta ahora en 28 estados y 314 municipios.
En total, el Gobierno ha invertido más de seis mil 103 millones de pesos (cerca de 294 millones de dólares) en derechos humanos, de los que más de mil 200 millones de pesos (casi 58 millones de dólares) han sido de labores de búsqueda.
“Esperemos avanzar pronto en el Centro de Identificación Humana porque lo que necesitamos es tomar medidas que nos permitan atender estos conflictos de carácter estructural, que se fueron incubando durante muchos años y está siendo difícil revertirlos”, expuso.
Admitió que “hay muchas asignaturas pendientes” con el argumento que “prevaleció durante mucho tiempo la idea que se podían resolver las cosas con el uso de la fuerza”.
¡MÁS DE 52 MIL CUERPOS NO IDENTIFICADOS!
El Gobierno de México dio a conocer que tienen 52 mil cuerpos no identificados y más de 90 mil reportes de personas desaparecidas.
Por eso quieren crear un Centro Nacional de Indentificación Humana para ayudar con la crisis forense. pic.twitter.com/h4lNth205B
“Desde el inicio de este Gobierno, hemos asumido plenamente nuestra responsabilidad, reconociendo la existencia de una crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos que lamentablemente se profundizó ante las ausencias y omisiones del Estado”, añadió Encinas.
Entre las acciones que destacó el Subsecretario está el aumento de 88 por ciento de los beneficiarios por el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que hora cuenta con 493 comunicadores protegidos y dos mil 011 defensores.
Aun así, reconoció que persiste un nivel de más del 90 por ciento de impunidad en homicidios de periodistas y 45 por ciento de las agresiones son de autoridades municipales.
Asimismo, Encinas informó que hasta la fecha se han presentado mil 798 solicitudes dentro de la Ley de Amnistía que promulgó López Obrador en abril de 2020 para liberar a presos por crímenes menores, en particular por aborto, pequeños robos o posesión de drogas. Pero hasta ahora sólo se han analizado mil 003 solicitudes, de las que 900 han resultado improcedentes.
El 24 de octubre de este año, la Fiscalía General del Estado señaló que en el 99 por ciento de los fragmentos encontrados en fosas clandestinas no había posibilidad de obtener restos genéticos y por lo tanto no era posible identificarlos, a menos que tuvieran equipos con tecnología más avanzada.
Por Armando Ríos
Saltillo, Coahuila, 20 de noviembre (Vanguardia).– La cifra de cadáveres sin identificar aumentó a 745 luego de que se efectuó una exhumación extraordinaria en Saltillo, informó ayer la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Coahuila.
José Ángel Herrera Cepeda, Fiscal Especializado, dijo que los cadáveres no identificados han ido en aumento, pues en un principio tenían 458, después 600 y ahora hay 745 sin identificar en el estado y que fueron sepultados sin proceso de perfilamiento genético.
El Sacerdote Victor Díaz Mendoza ofreció una misa dentro del predio de Colinas de Santa Fe, para concluir la búsqueda de personas desaparecidas en el sitio que dejó un total de 298 cráneos y más de 22 mil restos humanos enterrados en fosas clandestinas. Foto: Victoria Razo, Cuartoscuro
“La información que había en los panteones era muy escasa y se ha estado trabajando en los panteones a través de prospección, con fosas que no están registradas, y que no se sabe lo que hay dentro”, expresó.
El titular del mismo órgano especializado, informó que de los 85 cadáveres que se han exhumado hasta el momento desde que inició el plan de exhumaciones, y de los cuales se han recuperado muestras biológicas, únicamente se ha logrado identificar a 12 personas que han sido entregadas a sus familiares entre las cuales se encuentran personas de otras entidades, así como de un migrante.
Agregó que en la entidad también se ha logrado identificar a dos personas migrantes de origen hondureño que fueron sepultadas en la fosa común, por lo que ya se ha formalizado la comunicación con el consulado para la repatriación de los restos.
El equipo que participó en la exhumación extraordinaria del panteón La Paz, de donde se exhumarán 37 cadáveres a partir de este martes, con los tardarán otros 15 días en la recuperación de información genética, es el mismo que realizó un trabajo similar en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, donde recuperaron muestras biológicas de 200 cadáveres.
Herrera Cepeda agregó que en la entidad hay mil 300 muestras biológicas aportadas por familiares de personas denunciadas como desaparecidas, disponibles para comparar la información genética recuperada tanto de exhumaciones en fosas comunes como en las clandestinas.
Por las condiciones inhumanas en que han sido sepultados los restos de personas asesinadas, no identificadas, o halladas ejecutadas en fosas clandestinas, y el descontrol de las autoridades estatales de las fosas comunes, se construirán tres cementerios forenses: uno en Culiacán, otro en Mazatlán y el tercero en la zona norte. Foto: Juan Carlos Cruz, Cuartoscuro
El 24 de octubre de este año, la Fiscalía General del Estado señaló que en el 99 por ciento de los fragmentos encontrados en fosas clandestinas no había posibilidad de obtener restos genéticos y por lo tanto no era posible identificarlos, a menos que tuvieran equipos con tecnología más avanzada.
POCAS POSIBILIDADES DE IDENTIFICACIÓN
Debido al estado de calcinación en el que se ha encontrado la mayoría de los restos óseos humanos recuperados en fosas clandestinas de Coahuila, las autoridades aseguraron el pasado 24 de octubre que son pocas las posibilidades de que puedan ser analizados para entregarlos a las familias de personas desaparecidas.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gerardo Márquez Guevara, informó que en los años recientes las autoridades y los colectivos de desaparecidos han recuperado alrededor de 160 mil fragmentos de restos óseos de más de 87 fosas clandestinas, en Coahuila.
De los fragmentos sólo el uno por ciento está apto para aportar un perfil genético, aseguró el funcionario tras anunciar el avance del Laboratorio Genético de la FGE.
Gráfico: Vanguardia
“Si recuperamos mil, de esos, seguramente el uno o el dos por ciento son los que alcanzan la posibilidad de analizarse; los demás no tienen material genético. Tenemos en el histórico 150 a 160 mil fragmentos pero son muy pequeños, y de ellos, sólo el uno por ciento puede servir para un reconocimiento efectivo”, expresó el Fiscal general del Estado.
Márquez Guevara mencionó que el resto de los fragmentos; es decir, los no aptos hasta hoy para pruebas genéticas, no han sido desechados; sin embargo, estos están a espera de que exista una tecnología adecuada que se logre extraer su ADN pese a las condiciones en las que se encuentran.
De acuerdo con Grupo VIDA, las fosas clandestinas deberían de catalogarse como “campos de exterminio”, pues al mismo tiempo que han recuperado material biológico humano en estos puntos, también se han encontrado tambos de incineración utilizados por los cárteles del crimen organizado para desaparecer a las personas.
En ocasiones, también la autoridad y los colectivos han recuperado otro tipo de evidencias como botones, dijes, cadenas, zapatos y ropa, que de acuerdo con Márquez Guevara, se tienen en resguardo para ver si se identifican en carpetas de investigación.
Gráfico: Vanguardia
Este mismo colectivo formado por familiares de personas desaparecidas, ha insistido en que la autoridad tiene un rezago en los procesos forenses y de identificación de los restos que se han extraído de estos puntos.
Por su parte, el Fiscal General del Estado manifestó que el Laboratorio de Genética (independiente del Centro de Identificación Humana) dará celeridad a la situación que enfrentan, ya que se tiene previsto que empiece a operar en marzo del próximo año.
Dicho rezago, no contempla los 675 cadáveres no identificados que fueron exhumados en fosas comunes de todo el Estado sin que tuvieran el debido proceso de muestreo para un posterior reconocimiento genético.
El funcionario informó que los genetistas ya están certificados, y dijo que el laboratorio contará con 720 nichos para resguardo temporal de restos óseos, que permitirá tener mayor número de evidencias genéticas para trabajar en las carpetas de investigación.
FISCALÍA ESTATAL ADMITE CRISIS
Al menos la mitad de las personas en proceso penal por el delito de desaparición forzada y secuestro en Coahuila eran policías en activo cuando actuaron en contra de civiles, reveló el titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera.
“Hemos contabilizado que tenemos aproximadamente 108 o 109 que están siendo procesadas en este momento por el delito de desaparición forzada, por el delito de desaparición cometida por particulares y por el delito de secuestro calificado”, dijo Herrera.
El funcionario de la Fiscalía General del Estado también reveló que estos casos de desaparición datan desde el año 2008 y que se incluyen a algunas víctimas de la Masacre de Allende y del Penal de Piedras Negras.,
“No tengo el dato exacto, pero te puedo decir que entre el 45 y 50 por ciento, aproximadamente”, eran policías en activo los presuntos responsables cuando sucedieron los hechos.
Los policías pertenecían a diferentes corporaciones de seguridad, estatales, federales y municipales. Para que el delito de desaparición forzada se configure en caso de ser cometido por un policía, debe estar el elemento en activo.
De acuerdo con el funcionario de la Fiscalía General, se ha trabajado en estos y otros delitos con los colectivos de familias de víctimas de desaparecidos, para tratar de obtener más información y poder castigar a los culpables.
De acuerdo con datos de la Fiscalía estatal en lo que va de 2019 han encontrado 30 fosas clandestinas con más de 130 cuerpos que han sido extraídos de casi 200 bolsas.
Guadalajara (México), 10 nov (EFE).- Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses encontraron 15 bolsas con restos humanos y dos cadáveres completos en un fosa clandestina ubicada en una finca en el municipio de Tlajomulco, estado mexicano Jalisco (oeste), informaron este domingo fuentes de la Fiscalía General de Jalisco.
La bodega fue localizada el viernes pasado en el poblado de Toluquilla luego de una inspección realizada por miembros de la Guardia Nacional quienes también localizaron armas y detuvieron a 15 personas entre ellos tres menores de edad.
La Fiscalía afirmó que de acuerdo a los peritajes realizados en los primeros siete bultos han sido identificados los cuerpos de seis personas, entre ellos una mujer y falta procesar los restos contenidos en ocho bolsas que fueron extraídas la tarde del sábado.
— Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 9, 2019
Tras el hallazgo, los peritos forenses trabajan en la identificación de los cuerpos, mientras que la Fiscalía realiza la búsqueda de más restos humanos en la finca mediante binomio canino y herramientas de geolocalización.
La dependencia detalló que derivado de la investigación en esta bodega realizarán el cateo de otras dos fincas de las cuales no fue revelada su ubicación.
De acuerdo con datos de la Fiscalía estatal en lo que va de 2019 han encontrado 30 fosas clandestinas con más de 130 cuerpos que han sido extraídos de casi 200 bolsas.
El hallazgo más importante se registró en Zapopan, un municipio integrado a la zona urbana de Guadalajara, capital del estado, donde el pasado 3 de septiembre se descubrieron dos fosas clandestinas en un predio próximo al bosque de la primavera.
En este predio, fueron descubiertos 138 bultos cerca al Bosque de La Primavera, en el que las autoridades identificaron a por lo menos 40 personas, durante la revisión del lugar que se prolongó durante varios días.
La entidad es uno de los sitios con más presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, considerada por las autoridades mexicanas como la mayor organización criminal del país por encima del cártel de Sinaloa, debilitado tras la caída de su líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
