Cecilia Flores advirtió que si algo le llega a pasar, será por negligencia de las autoridades mexicanas, por la tardanza con la que responden a los llamados de ayuda de las buscadoras, quienes día a día exponen sus vidas realizando, trabajo que, enfatizó, es responsabilidad de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía Especializada en materia de Desapariciones.
Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- “Qué haría el Presidente y su esposa si desapareciera su hijo”, cuestionó Cecilia Flores, activista y madre de dos víctimas de desaparición, luego de que en la última semana ha sido blanco de amenazas para que deje de buscar a sus hijos, y pese a lo cual, afirmó, no ha recibido apoyo suficiente del Gobierno federal ni para que la protejan ni para que continué con su búsqueda.
En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, Ceci, como le dicen de cariño, acusó que el apoyo que los gobiernos, estatal y federal, le han brindado para buscar a sus hijos es insuficiente, ya que por un lado no cuenta con la protección para seguir con esa labor y, por otro, tampoco le han brindado las herramientas necesarias para realizar labores de campo.
Además, dijo, las dependencias encargadas no han detenido a la persona que sería la responsable de la desaparición de su hijo.
“Qué haría el Presidente y su esposa si desapareciera su hijo, esa es mi pregunta para ellos, ¿qué harían si desaparecieran sus hijos y tuvieran un Gobierno como el que tenemos nosotras: apático, insensible y burocrático?”, expresó Flores, quien también relató que las amenazas que ha recibido llegaron luego de que obtuvo información del lugar en donde estarían los restos de su hijo Alejandro.
“Las amenazas empiezan justo cuando me dicen donde está mi hijo, por fin luego de seis años, casi siete años, en octubre haría que Alejandro Guadalupe desapareció el 30 de octubre de 2015 en Juan José Ríos, trayecto a los Mochis; desaparece, yo hable con el papá de la persona que se llevó a mi hijo, por fin supe quién era, hablñe con su familia, con su papá, y justo cuando la persona me dice donde está mi hijo, es que me empiezan a amenazar, que ya no busque, que me retire, que los tengo muy hartos”, narró.
El pasado 28 de mayo, Flores recibió varias amenazas luego de que inició una búsqueda en un predio en donde supuestamente se encuentra uno de sus hijos, sin embargo, hasta el momento no ha recibido la protección necesaria. “Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser”, escribió en ese momento en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser.
— Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 28, 2022
La activista detalló que tras iniciar su búsqueda empezaron los mensajes de acoso, con el fin de hacerla desistir de su intención de encontrar a su hijo, y pese a que solicitó el apoyo de las autoridades, éste llegó 72 horas después y no ha sido permanente.
“Hasta las 72 horas desde que yo empiezo a ser amenazada me empiezan a dar acompañamiento permanente, por qué esperar 72 horas cuando saben que estoy en un lugar de riesgo, que estoy diciendo que estoy en peligro, porque me siento en peligro, por qué esperar 72 horas, porque esos protocolos en lugar de ayudarnos, nos perjudican”, dijo.
“El día que la persona me llamó y me dijo donde estaba mi hijo, me trajo al lugar, me trajo a un rancho, a una huerta, y me dijo ‘del cerco para allá búscalo como tu puedas’, yo de afuera miraba chiquito el rancho, [pensé] que iba a ser fácil, un día que andemos, lo vamos a encontrar, pero anduvimos todo el día en búsqueda pero no hallamos evidencia, ni de mi hijo, ni de otras personas, porque sólo es mi hija, soy yo, y una persona de la tercera edad, entonces ninguna de las tres pudimos hacer mucho, solamente una fosa, de unos dos metros de profundidad y dos metros de ancho”, explicó.
“Otro día yo me dirigí allá con otras dos personas más, para buscar a dónde me habían dicho que estaba mi hijo, cuando me intercepta una moto, y me dijo ‘ya váyase, no la queremos aquí, ya no busque’, le digo ‘por qué no voy a buscar, por fin me han dicho donde está mi hijo, ¿tú crees que me voy a ir?, no me voy a ir, yo voy a seguir buscando, ¿a quién le hago daño, a quién le perjudico? no traigo seguridad, andamos solas’, y me dijo: ‘ya váyase’, y se fue”, agregó Flores.
Ceci Flores dijo que pese a que la incluyeron en el Mecanismo de Protección y cuenta con un botón de pánico para que solicite ayuda de las corporaciones de seguridad en caso de requerirlo, al activarlo recibió respuesta una hora después, y no se le brindó ningún tipo de ayuda, ya que dijo que no le correspondía, por lo que se quedó en una comandancia en espera a que llegarán elementos de la Guardia Nacional, quienes la dejaron en su domicilio y se retiraron, momento en el que la volvieron a amenazar.
“A la hora se empiezan a comunicar las autoridades conmigo, ¿cuántas cosas me pudieron pasar en una hora? y las autoridades ausentes. La autoridad que llegó, se retiró y me dijo ‘a mi no me pertenece cuidarla porque yo pertenezco a Guasave’, y yo voy a Ahome, le dije ‘no hay ningún problema, retírate, yo voy a seguir buscando a mi hijo, yo no puedo decir: porque me amenazaron, tengo miedo y ya no voy a buscar a mi hijo, claro que no, me retiraré del lugar permanentemente pero voy a esperar a que llegue una autoridad que me pueda acompañar y seguir buscando a mi hijo. No me puedo ir de la ciudad, no me puedo ir del pueblo, porque mi hijo tiene el derecho de ser buscado, y yo, como su madre, voy a ejercer su derecho’. Y me quedé, y estuve activando el botón consecutivamente hasta que llegó una Guardia Nacional conmigo, pero después de todo el día, en el que estuve peleando con las autoridades porque no podían custodiarme, llega la Guardia Nacional (…) y me deja en mi domicilio, y llegan otra vez a amenazarme”.
Colectivos de familiares de personas desaparecidas se “apropiaron” de la Glorieta de La Palma y la renombraron como La Glorieta de los Desaparecidos, y llamaron al gobierno capitalino respetar su protesta. FOTO: Moisés Pablo, Cuartoscuro
Ceci añadió que aunque autoridades de la Fiscalía de Sinaloa acudieron a tomarle su declaración , se retiraron de inmediato por lo peligroso del lugar, y la dejaron nuevamente sin protección. “Inmediatamente acudí a la Fiscalía del estado de Sinaloa, los cuales vinieron a tomar mi declaración aquí, al lugar en donde me refieren que estaría mi hijo, y se retiraron inmediatamente porque no podían estar conmigo, porque era un lugar de riesgo y no tenían seguridad, y me dejaron a mi aquí sin seguridad”.
La activista también solicitó el apoyo de la Comisión de Búsqueda del estado para conseguir una retroexcavadora y buscar a su hijo en el lugar que le indicaron, pero la respuesta que recibió de la dependencia es que ya estaban ocupados en otros asuntos y no contaba con los recursos para asignarle la maquinaría que requiere, y pese a que Flores les dijo que ella aportaba el dinero y sólo necesitaba que le ayudaran a conseguir el equipo, no recibió respuesta alguna.
“Le pido apoyo a la Comisión de Búsqueda para que me ayude a buscar a m i hijo, y me dijo que no podían porque sus tiempos ya estaban ocupados, le digo que me ayude a conseguir una retro [retroexcavadora] porque nadie quiere venir ayudarme con retro porque la gente tiene miedo, le tienen miedo a las autoridades y le tiene miedo al cártel, y en cinco días no he podido conseguir una retro, la comisión de búsqueda, inmediatamente cuando me dan el punto, yo le llamo para decirle que me ayude, me dice que no tiene recursos para ayudarme con retro. Yo les comento: no me importa que no tengan recursos, yo puedo pagar la retro, lo que me interesa es que me ayuden a conseguirla porque no quiere venir nadie a este lugar porque le tienen miedo al cartel y a las autoridades”, comentó.
Flores aseveró que no hay apoyo suficiente por parte del Gobierno federal ni del estatal, ya que el colectivo al que pertenece es el que costea los gastos de las búsquedas que realiza, pero tampoco, dijo, cuentan con el acompañamiento de estos. “Nuestras búsquedas las costeamos nosotras con los recursos que nosotras trabajamos y que nos llegan a través de la página, porque en la página tenemos una cuenta de donaciones y lo que la gente nos dona, nosotras agarramos para nuestras búsquedas, para el alimento de búsqueda, para las bebidas hidratantes y para pagar la maquinaria que se ocupa en nuestras búsquedas, ¿dónde está el apoyo del Gobierno estatal y federal?, ni en acompañamiento ni en recursos”, sostuvo.
Por ello, advirtió que si algo le llega a pasar, será por negligencia de las autoridades mexicanas, por la tardanza con la que responden a los llamados de ayuda de las buscadoras, quienes día a día exponen sus vidas realizando, enfatizó, trabajo que es responsabilidad de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía Especializada en materia de Desapariciones. “Esa Fiscalía especializada en materia de desaparición forzada por qué no trabaja, la Comisión de Búsqueda del estado por qué no trabaja, es su trabajo ellos lo escogieron, están cobrando por hacer eso que no hacen, nosotros estamos haciendo su trabajo de ellos sin ningún cobro y exponiendo nuestra vida y sin el apoyo de ellos”.
“Si me matan, va a ser por su negligencia, por su burocracia, por sus protocolos de ellos, por qué esperar tanto tiempo para darme una seguridad permanente o el apoyo que necesito para descartar que en ese lugar está mi hijo”, expresó Ceci, y afirmó que pese a que hay una persona que le dio información sobre donde podría estar su hijo, aún no hay detenidos.
“El Presidente lo que menos quiere saber es de las madres buscadoras, porque cuántas veces ha ido a Sonora, ha ido a ver a las Seris, ha ido a ver a los Mayos, a ido a Yécora, a todas partes, ha visitar a todo el mundo menos a las familias de desaparecidos, cuándo has escuchado que el Presidente, por él, toque el tema de las víctimas de desaparición, que toque el tema de los huérfanos, que toque el tema de las madres buscadoras, si tu tocas el tema de las madres buscadoras se enciende, lo ofendes con el simple hecho de nombrarnos, es el tema que menos quiere tocar, pero qué haría el Presidente y su esposa si desapareciera su hijo, esa es mi pregunta para ellos”, subrayó la activista.
México asumió el compromiso atender “puntualmente” las recomendaciones que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU presentará en marzo próximo tras su visita al país en noviembre pasado. Foto: Cuartoscuro
La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora recibió una llamada el 27 de mayo de quien presuntamente es el padre de la persona que se llevó a su hijo Alejandro en 2015.
“El día de ayer me llamó y me dijo dónde estaba mi hijo, es una huerta grande que no hallo por dónde empezar, empezamos a hacer una excavación ayer, pero no fue suficiente”, explicó Ceci, quien se encuentra en esa huerta de Ahome acompañada por su hija y dos personas más.
Ceci, como la conocen en el colectivo, hoy se encuentra en Ahome, uno de los 18 municipios de Sinaloa, buscando a su hijo sin ayuda de las autoridades, a pesar de que fue amenazada por un hombre que la interceptó en su segundo día de búsqueda dentro de de una huerta enorme y la amenazó por estar “calentando el terreno”, como si estas palabras bastaran para persuadir a una madre que lleva siete años buscando a su hijo.
Al recibir esta amenaza, Flores Armenta acudió a las autoridades de Sinaloa para pedir seguridad en su búsqueda, pues ella no piensa moverse del lugar sino es con el cuerpo de su hijo. Sin embargo, la respuesta de la Fiscalía estatal fue que esperara 72 horas para recibir apoyo.
“Dicen que tiene que ser con oficio, la Comisión me dice que me puede apoyar hasta el miércoles 1 de junio, pero yo tengo siete años esperando este mensaje, esta llamada y no me puedo esperar más días, necesito encontrar a mi hijo ya”, exigió Ceci.
“A pesar de que le pedí el apoyo a la Fiscalía de Sinaloa se me negó y ahorita estoy aquí sola con mi hija y otras dos personas que me están ayudando en la investigación”, detalló Ceci reclamando a las autoridades su indiferencia. “No puede ser posible que yo esté haciendo el trabajo de las autoridades; no es posible que me nieguen el apoyo de seguridad para buscar a mis hijos; no es posible que me tenga que esperar 72 horas cuando la búsqueda es inmediata y más cuando yo estoy haciendo las excavaciones, sólo pido seguridad”.
Flores Armenta mencionó que ella no busca culpables, sólo quiere encontrar el cuerpo de su hijo para llevarlo a Sonora, donde está su casa.
Karla Quintana puntualizó que el conteo ha permitido saber que hoy en día se está desapareciendo a la juventud y que hay más de 16 mil 537 desaparecidos que eran niñas, niños y adolescentes al momento de la desaparición.
Ciudad de México, 21 may (EFE).- México tiene todavía un subregistro muy importante en cuanto a sus desaparecidos, con más de 100 mil personas desde que existe registro en 1964, pese a los avances que ha tenido en el tema, consideró este sábado Karla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
La funcionaria utilizó su cuenta de Twitter para recordar que esta semana el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no localizadas y localizadas (Rnpdno) llegó a más de 100 mil reportes de personas desaparecidas y no localizadas.
“No son cifras, son personas, familias, grupos de amigos y un tejido social que ha sido profundamente lastimado; un tejido del que somos parte toda la sociedad”, refirió.
No son cifras, son personas, familias, grupos de amigos y un tejido social que ha sido profundamente lastimado; un tejido del que somos parte toda la sociedad. Partiendo de ahí, es importante también hablar de cifras y estadísticas como una
Destacó la importancia de hablar de cifras y estadísticas como una herramienta de política pública y rendición de cuentas, para tener un acercamiento a la dimensión de la crisis de desaparición, la cual ha sido reconocida, y para tomar medidas en consecuencia.
Recordó que antes de 2019 existía un registro de menos de 40 mil desaparecidos y no había una herramienta que sistematizara la información recibida ni que hiciera posible la transmisión de la información sobre las personas desaparecidas.
Ya en junio de 2020, dijo, gracias a que varias instituciones comenzaron a compartir información y ésta se hizo pública, la cifra aumentó a más de 61 mil, la mayoría de ellas desde 2007.
“Para el 13 de julio de 2020, que se presenta la versión pública que hoy observamos (…) la cifra ascendía a 73 mil personas reportadas como desaparecidas”, precisó y detalló que el registro se alimenta de información de fiscalía, comisiones y otras autoridades.
Además, destacó que tras varias actualizaciones, actualmente se sabe que en el Rnpdno hay más de 100 mil individuos, de los cuales 24 mil 824 son niñas, adolescentes o mujeres.
México llegó a 100 mil desaparecidos sin ser localizados la semana pasada. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro
Puntualizó que la contabilización ha permitido saber que hoy en día se está desapareciendo a la juventud y que hay más de 16 mil 537 desaparecidos que eran niñas, niños y adolescentes al momento de la desaparición.
“Sabemos los estados y los municipios con mayores reportes de desaparición y los años en que las personas fueron desaparecidas; sabemos que más de 145 mil personas fueron localizadas luego de haber estado desaparecidas o no localizadas”, dijo.
Pero acotó que 93.19 por ciento de ellas fueron encontradas con vida y 7.31 por ciento sin vida.
Destacó que todavía hay muchos datos sobre las víctimas que se desconocen, como lo demuestra el hecho de que en 85 por ciento de los casos “no hay información alguna” sobre por qué delito se está investigando la desaparición.
Señaló también que sería importante saber de las personas localizadas (con y sin vida) si fueron víctimas de un delito, “pero no se tiene información en 77.87 por ciento de los casos. Sería importante saber cuánto tiempo estuvieron desaparecidas antes de ser localizadas, pero en 81.41 por ciento no se sabe”, reconoció.
Madres se manifestaron en las afueras de la Fiscalía General de Justicia en el Día de las Madres, exigiendo avances en casos sus hijos desaparecidos en Nuevo León. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.
Otro de los problemas, dijo, es el nivel de subregistro, pues se sabe que mucha gente no denuncia una desaparición por miedo o desconfianza en las autoridades como, por ejemplo, en los casos de migrantes centroamericanos “por mucho, el mayor grupo afectado por desaparición”, resaltó.
Ante este panorama, Quintana dijo que se debe insistir en que todas las autoridades compartan toda la información necesaria para la búsqueda.
“De eso depende, en gran parte, tener una herramienta para encontrar a las personas, y entender de mejor manera los contextos”.
Precisó la importancia de generar una campaña nacional y centroamericana para recopilar la información de personas desaparecidas que no es recibida por las autoridades o incluso para revisar si todas las personas están incluidas”, como parte de lo cual inició la toma de muestras de sangre hace una semana.
“El registro, con todos los espacios de oportunidad y mejora requeridos y sin autocomplacencias, nos permite tener hoy un acercamiento a la realidad. Hay que seguir construyendo de la mano de las familias”, enfatizó.
Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias. Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje. En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50 por ciento de las desapariciones.
Por Marcela Turati, Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán*
Ciudad de México, 17 de mayo (A Dónde Van Los Desaparecidos).- México acaba de rebasar la deshonrosa cifra de 100 mil personas desaparecidas.
Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad.
Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.
Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años.
Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad.
Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.
Habitación de Milynali Piña Pérez, desaparecida a los 13 años de edad, el 14 de agosto del 2012, en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces. Foto: Mónica González.
En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de cuatro mil 086 por ciento.
Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas.
Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25.
Y no se detiene.
La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable.
La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63 por ciento de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada.
Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
DE LA “GUERRA SUCIA” A LA LLAMADA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”
En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia.
Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León.
Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.
Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Foto: Archivo General de la Nación.
En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más.
Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están.
La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.
¿QUÉ SABEMOS SOBRE LAS PERSONAS AUSENTES Y LOS TERRITORIOS QUE HABITABAN?
En Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.
También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas.
La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.
Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad. Foto: Mónica González.
GEOGRAFÍA DE LA DESAPARICIÓN
Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias.
Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.
En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50 por ciento de las desapariciones.
En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.
Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente.
A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.
En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.
En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco.
En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.
EL AÑO DE LA PESADILLA: 2010
El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar.
La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.
Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).
En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha. En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.
La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.
Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.
La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.
La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).
El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.
LA CRISIS DE DESAPARICIONES YA NO SE PUEDE OCULTAR
Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos.
En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42 por ciento no especifica siquiera la fecha de los hechos.
Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.
Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.
Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros. Foto: Mayolo López Gutiérrez/Obturador MX.
En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa.
A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.
La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha. En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.
Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.
2017. DEL NORESTE AL CENTRO
El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31 por ciento a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con siete mil 900 personas ausentes, casi dos mil más que las contabilizadas en 2016.
El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242.
Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018.
Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.
La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.
NUEVOS SITIOS GOLPEADOS POR LA DESAPARICIÓN
Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición.
A finales de ese 2018, la Presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, nueve mil 200 personas más.
En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.
En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes.
Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.
Imagen del rostro de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas a los 19 años. Foto: Adolfo V. Valtierra.
Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres.
El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente.
Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones.
Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.
UN DELITO QUE TOMA FUERZA
El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).
Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533 por ciento en un año.
El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el Gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.
¿DÓNDE SE CONCENTRÓ LA DESOLACIÓN?
Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.
Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.
AUMENTA LA DESAPARICIÓN DE MUJERES
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.
Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.
El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de dos mil 600 casos concentra el 14 por ciento del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres.
En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.
Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.
El 2017 destacó por su violencia con dos mil mujeres desaparecidas.
A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua.
En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.
En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.
Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).
¿CUÁNTAS PROBABILIDADES HAY DE QUE UNA PERSONA SEA LOCALIZADA?
No toda persona reportada como desaparecida está condenada a nunca volver a casa: por cada 100 reportes, 60 personas son localizadas y 40 siguen sin ser localizadas. Con los fragmentos del registro nacional que hasta hoy están disponibles no es posible conocer si las autoridades las buscaron, las rescataron o las personas regresaron solas, o bajo qué circunstancias se dieron las localizaciones.
Lo que sí podemos conocer es que de esas 59 personas localizadas, a 55 se les encuentra vivas y a cuatro sin vida.
En cuanto a las probabilidades de que una persona sea localizada cuenta mucho la edad, el género, la región y los años en los que ocurre la desaparición.
Los datos obtenidos para esta investigación permiten sacar algunas conclusiones:
En la pintura más general, Campeche, Aguascalientes, Yucatán y Oaxaca se distinguen porque el 90 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas. En el extremo contrario está Coahuila, donde sólo aparecen 17 de cada 100.
Tlaxcala se destaca por ser el estado con menos reportes: sólo tiene 227 desde 2006; pero tiene el porcentaje más alto de localizaciones sin vida: 11 por ciento (25 personas). Le sigue Sinaloa, donde mil 132 personas que estaban como desaparecidas fueron encontradas sin vida, esto es el 10.5 por ciento de todos sus reportes.
Las mujeres tienen más probabilidad de regresar que los hombres, pero esto también cambia según el estado: en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Zacatecas más de la mitad de las mujeres sigue sin aparecer.
TERRITORIOS PELIGROSOS PARA HOMBRES
En el caso de los hombres, la desaparición afecta de manera más implacable a quienes tienen entre 25 a 29 años. Ese grupo representa el 14 por ciento del total de 74 mil 478 hombres que nunca volvieron.
En la geografía nacional, en algunos territorios sólo hay hombres desaparecidos; lugares en los que, hasta ahora, no se reportaron a mujeres, o bien, ellas ya fueron localizadas y salieron de las estadísticas.
Hasta febrero de 2022, los municipios donde sólo hay hombres desaparecidos son:
UN DELITO QUE TAMBIÉN TOCA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
A partir de 2006, cada año en promedio 194 niñas y niños menores de 12 años desaparecieron en el país.
Brandon Esteban Acosta Herrera tenía ocho años cuando, en la carretera Saltillo-Monterrey, un comando armado lo desapareció a él, a su papá y a dos de sus tíos. Eso sucedió en agosto de 2009, desde entonces su madre no ha dejado de buscarlo. Ese año, por lo menos 63 niños y niñas en el país se sumaron a la lista de desaparecidos.
Y vendrían tiempos peores. A partir de 2020, en las gráficas comenzó a dibujarse un marcado aumento en la desaparición de niñas y niños con menos de 12 años: si el 2019 cerró con alrededor de 284 casos, un año después el número llegó a poco más de 448.
La cifra anual más alta corresponde al 2021. Poco más de 550 infantes desaparecieron ese año y continúan sin ser localizados.
No se sabe cuántas son sustracciones parentales o cuántos fueron arrebatados de sus hogares por personas desconocidas. El registro no permite saberlo y tampoco las causas de estos hechos.
Aunque las víctimas pueden ser desde recién nacidas, uno de los grupos de edad con más riesgo son los de entre 13 y 17 años. Poco más de 10 mil 400 adolescentes de ese rango de edad desaparecieron, lo que representa el 12.5 por ciento de todas las personas desaparecidas en México a partir del 2006.
En la adolescencia, el género marca diferencias notables:
Mientras que a la edad de 11 años, las niñas y los niños desaparecen casi por igual; entre los 13 y hasta los 16 años a hombres y a mujeres los separa un abismo. Las adolescentes superan en desapariciones a sus pares masculinos, en algunos casos incluso la cifra es casi dos veces mayor.
En el Estado de México, por ejemplo, mientras hay poco más de 377 hombres de entre 12 y 17 años desaparecidos, el número de mujeres de la misma edad rebasa los 985.
Después de los 17 años esa tendencia se interrumpe, la lógica se invierte de manera marcada y se comienza a dibujar el paisaje de un país en el que una mayoría de hombres, principalmente jóvenes entre 25 y 29 años, son desaparecidos.
¿Por qué desaparecen más hombres en estas edades? No hay respuestas claras. La impunidad que prevalece y la falta de investigaciones no ayuda a tenerlas. Algunas de esas explicaciones podrían encontrarse en los reclutamientos forzados o voluntarios con distintos fines, o el exterminio a los considerados potenciales enemigos, el control de territorios o el instalar el miedo entre la población. También habrá algunos que se vayan de casa y desean no ser localizados.
CIRCUNSTANCIAS DE LA DESAPARICIÓN
¿Cómo desaparece la gente en México? ¿Qué se explica en el registro oficial sobre el contexto de su desaparición? ¿Cómo se clasifican las ausencias de las personas que faltan en los hogares en este país? ¿Cómo llenan los registros los funcionarios que atienden las denuncias?
En los datos que analizamos para esta investigación hay un fragmento de 17 mil 95 registros de personas desaparecidas —de enero de 2006 a febrero de 2022— en los que se escribieron algunas pistas de las circunstancias en las que se dan estos delitos. Las narrativas mencionan los últimos lugares en donde se miró a la persona, son escuetos contextos que enmarcan esas ausencias.
Por ejemplo, se mencionan frases como: “se trasladaba” a su domicilio, a su trabajo o estaba en el trayecto entre una comunidad y otra, o viajaba por carretera o rumbo a Estados Unidos. A esa circunstancia corresponden el 15 por ciento de los casos.
La mayoría de estos sucesos quedan envueltos en una nebulosa y las referencias de cómo ocurrió son escuetas: “Se le vio en su domicilio”, “salió de casa y ya no regresó” o, simplemente, “último contacto vía telefónica o mensaje de texto”. Estos casos suman 10 mil 567, que representan el 62 por ciento de las endebles explicaciones.
Hubo quienes antes de perder contacto mencionaron que tenían problemas familiares y, de pronto, sin más, no volvieron a ser vistos. Es la situación del 3.2 por ciento.
En la minoría de los registros (dos mil 546), los datos son más precisos. En esos hubo testigos que vieron la acción directa en la que, por la fuerza, se privó a la gente de su libertad. En ese grupo están aquellos sobre quienes se señala que personas armadas las sacaron de su casa o interceptaron en la calle, fueron secuestrados, llevados por una corporación policiaca o militar, o que nunca salieron de una agencia del Ministerio Público.
Las últimas dos circunstancias, en las que se menciona la participación de funcionarios públicos, enmarcan desapariciones forzadas: el estado convertido en criminal. Esos 295 registros representan el 1.7 por ciento.
Estos relatos fragmentados de las circunstancias en las que desaparecen las personas en México son también zonas grises en donde se diluyen responsabilidades. El territorio común es la incertidumbre que impide saber por dónde comenzar a buscar.
Y las autoridades tampoco ayudan.
María del Tránsito Martínez Mosqueda muestra una foto de su hijo Gerardo, quien desapareció cuando viajaba en un autobús por Tamaulipas, en abril del 2011. Cortesía.
DESAPARICIONES MASIVAS
México es un país en donde no es extraordinario que grupos completos de diez o más personas sean capturadas. Desde 2006, se han registrado 26 eventos masivos: el último fue el 2 de diciembre de 2021 en Tepic. Ese día desaparecieron 14 personas que siguen sin ser encontradas.
De lo que sabemos sobre estas desapariciones masivas —gracias a información de los colectivos de familias buscadoras— es que muchas veces las víctimas son personas que estaban en tránsito por el país o pasaban por regiones controladas por grupos armados, sino es que habitaban lugares en disputa. También se dan casos en los que eran profesionistas que dominaban una actividad —ingenieros en telecomunicaciones, por ejemplo— que muchas veces es mano de obra codiciable en la disputa por el control del territorio. O simplemente eran hombres, jóvenes, en edad de ser reclutables.
Estos han sido hasta ahora los cinco eventos con la mayor cantidad de personas desaparecidas:
Iguala, Guerrero 26 de septiembre de 2014
Los registros oficiales dan cuenta de 47 personas de las que no se sabe nada desde ese día, incluidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en un suceso que aún sigue siendo investigado por las autoridades federales.
Reynosa, Tamaulipas 7 de marzo de 2019
31 personas desaparecieron en esa jornada, según la contabilidad oficial. Ese día comandos secuestraron a decenas de migrantes que viajaban en un autobús que había partido de Tampico.
Zacatecas capital 26 de febrero de 2021
Un total de 28 personas desaparecidas fueron registradas ese día; la prensa local no registró un evento particular ese día, pero en las jornadas previas desapareció gente en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Monte Escobedo.
San Luis Potosí capital 17 de marzo de 2010
20 personas desaparecidas ese día de acuerdo a cifras oficiales; un autobús de la empresa Pirasol salió del municipio Xilitla con más de 30 personas que presuntamente fueron interceptadas por policías en Valadeces, Tamaulipas.
Sabinas, Coahuila 13 de marzo de 2011
Desaparecieron 16 personas ese día según el reporte oficial aunque no hay registros de sucesos en la prensa local. Cinco días después, en la cercana población de Allende sicarios de Los Zetas masacraron a cientos de personas.
LAS SEMANAS DEL TERROR
La desaparición de personas no siempre es a cuentagotas.
Los datos del registro oficial muestran que en México hay lapsos en los que la desaparición pareció ser una epidemia que se presentó en forma repentina y generalizada en ciertas regiones; semanas en este delito se desató como tormenta y tuvo varios polos al mismo tiempo.
La información oficial permite identificar “temporadas de terror” en las que pudieron haber ocurrido prácticas criminales de leva o venganzas masivas contra personas de grupos “enemigos”. Las semanas con oleadas de desapariciones se localizaron en corredores de violencia que abarcan varios municipios o tuvieron reflejos en diversos estados. En todo caso, las víctimas siguen sin ser encontradas.
TERRITORIOS SILENCIADOS
Así como sucedieron semanas de terror, también ocurrieron lapsos de silencio, periodos en los que no se pudo denunciar (y quizás aún no se puede) ante las autoridades los hechos recién ocurridos. En ciertas zonas dominadas por el silencio la gente tuvo que callar el dolor de que le arrebataran a algún ser querido, y esperar meses, incluso años, para poder reportarlo.
El registro oficial de desapariciones actual no permite identificar cuándo y dónde se produjeron esos silencios, pero sí es posible hacerlo si se analiza la base de datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuyos registros llegaron hasta junio de 2018.
De ahí se desprende que de 2010 a 2012 el silencio fue la regla en sitios del noreste del país, especialmente en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.
El temor marcó a 447 municipios azotados por la violencia, en donde las familias denunciaron la desaparición sólo hasta que transcurrieron uno, dos o tres años.
No es posible saber en cuáles y cuántos casos las autoridades impidieron que se hicieran las denuncias, no las registraron o las víctimas no las realizaron pues desconfiaban de las propias autoridades; sabían que eran partícipes o perpetradores directos de la desaparición.
Las leyes del silencio no son estáticas, cambian según el tiempo, o de las estrategias de control poblacional de los distintos perpetradores de la violencia. La censura opera todavía. Las autoridades no han hecho nada para proteger a quienes denuncian y garantizar su derecho a notificar la ausencia de sus seres queridos y a pedir que sean buscados. Al menos 16 familiares han sido asesinados por buscar.
EN ESTE MOMENTO ALGUIEN ESTÁ SIENDO DESAPARECIDO
México lleva más de medio siglo sumando a sus estadísticas personas desaparecidas.
Mientras un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en Nuevo León, en 1964, fue el primero en ese infame registro; esta vergonzosa lista no ha dejado de crecer, de acumular nombres e historias de ausencias que no son normales, que no deberían de serlo.
El lunes 16 de mayo de 2022 México rebasó las 100 mil personas desaparecidas.
Estos no son sólo números, son historias de vidas humanas cuyas ausencias generan un dolor que no puede ser sanado con el tiempo. Que afectarán no sólo a ésta, también a las siguientes generaciones.
Llegamos a las 100 mil desapariciones cuando fueron sumadas al registro tres personas: dos hombres y una mujer. Un adolescente de 17 años a quien se le dejó de ver en Saltillo, Coahuila; otro muchacho de 22 años que estaba en Ayapango, Estado de México; una joven de 29 años a quien no localizan en la Ciudad de México, la buscan en la Alcaldía Venustiano Carranza. Sus familias seguramente recorren ahora mismo los laberintos de la burocracia creados para cansar o enloquecer a quien busca, esos sinuosos caminos llenos de puertas falsas y engañosas promesas que otras ya transitaron
Las tragedias agregadas a ese doloroso recuento de ausencias no cesarán hasta que termine la impunidad que cobija a estos crímenes. Hasta que en México se respete el derecho a nunca ser desaparecido. Y quienes faltan regresen a casa.
Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos a punto de comenzar una búsqueda en Morelos. Foto: Lucía Flores.
“Fragmentos de la Desaparición” es una investigación periodística que permite explorar la información sobre cómo México llegó a las 100 mil personas desaparecidas, quiénes faltan, desde cuándo y en qué territorios se resiente su ausencia. Esta es una serie de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos que puedes ver en: http://quintoelab.org/fragmentos/cien-mil-despariciones-mexico
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*Créditos: equipo coordinador: Mago Torres, Marcela Turati, Efraín Tzuc, Thelma Gómez. Desarrollo y datos (cuadernos Observable): David Eads. Equipo datos: Irving Morlán, Aldo Dector Oliver y Efraín Tzuc. Diseño y programación: Ale Saavedra, Cynthia Monterrosa y Gustavo Solís. Coordinación de fotografía: Lucía Flores. Asesoría en imagen: Mónica González Islas. Edición General: Marcela Turati, Thelma Gómez, Armando Talamantes.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) hizo un análisis de la situación en México y precisaron que de finales de noviembre de 2021 hasta hoy desaparecieron más de tres mil 804 personas, “un promedio de 28 personas diarias”.
Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– Méxicollegó la tarde de este lunes a la cifra de 100 mil desaparecidos a lo largo y a ancho del país, en una crisis que se intensificó a partir de 2006 pero que no ha cedido con el cambio de gobiernos ni de colores, asediado sobre todo por el narcotráfico.
De acuerdo con el conteo oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), México acumula Personas desaparecidas y no localizadas 100,008 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 y con corte a las 17:52 horas de este 16 de mayo de 2022.
Los detalles del contexto general de los desaparecidos desde 1964. Foto: CNB, Segob
Entre las personas desaparecidas y no localizadas, 24 mil 763 son mujeres y 74 mil 729 son hombres.
Jalisco es la entidad que encabeza el total de desaparecidos no localizados, con 14 mil 951. Le sigue Tamaulipas, con 11 mil 970, y la Ciudad de México, con 10 mil 993.
Por el contrario, Campeche (134), Tabasco (215) y Oaxaca (416) son las entidades con las cifras más bajas.
Entre los desaparecidos, las personas localizadas sin vida han sido nueve il 914, el 6.81 por ciento de las que sí fueron localizadas.
La gráfica muestra cómo la crisis se exacerbó en los últimos lustros. Foto: CNB, SegobEl pasado 12 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó desde Ginebra (Suiza) su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021 -una decena de días en los cuales ocurrieron 112 desapariciones-, la primera vez que este organismo acudió a investigar sobre el terreno.
El comité hizo un análisis de la situación en México y precisaron que de finales de noviembre de 2021 hasta hoy desaparecieron más de tres mil 804 personas, “un promedio de 28 personas diarias”.
Explicó que el informe presentado consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones. En las recomendaciones se señala, entre otras cosas, la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que esta sea “eficaz y efectiva”.
También se insta a fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones y de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense.
Un hombre camina en la Glorieta de los Niños Héroes, donde fueron colocadas lozas con los retratos de personas desaparecidas, el 18 de marzo de 2022 en Guadalajara, Jalisco. Foto: Francisco Guasco, EFE
Adicionalmente, se recomienda facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con “enfoque diferencial” y a reconocer “el papel de las víctimas”.
En el documento, entre otras cosas, el comité aseguró que, aunque el crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en el país, el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad.
En abril, el Gobierno mexicano se comprometió a “implementar” las recomendaciones del informe presentado en Ginebra. “El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”, detalló en un boletín la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
El comunicado explicó que será la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, “la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED”.
#DiaDeLaMadre | Este #10DeMayo resuena la deuda del Estado con todas las madres que hoy no celebran en México.
La tragedia de los desaparecidos, que se suma a una crisis forense, tomó fuerza a partir de 2006, coincidiendo con el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico en México.
Apenas la semana pasada, por el 10 de mayo, las Madres del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se manifestaron frente a Palacio Nacional para exigirle al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se abra un diálogo con los más de 60 colectivos de familias de búsqueda.
Las madres fueron recibidas por Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación (Segob); Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México; y Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los traficantes han descubierto que Monterrey es un destino propicio para el turismo sexual por la cercanía con Estados Unidos. La mayoría de estas mujeres llega de estados como Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí y Zacatecas. Aunque también hay de los norteños Coahuila, Tamaulipas y Sonora.
Por Juan Alberto Cedillo
Monterrey (México), 24 abr (EFE) .- La ola de desapariciones y feminicidios en el norteño estado mexicano de Nuevo León, que suma más de 20 mujeres desaparecidas en el año y casos como el de Debanhi Escobar, joven hallada muerta en un motel, conmocionan a México, donde matan a más de 10 mujeres al día e imperan redes de trata.
La indignación se reencendió tras el presunto feminicidio de Debanhi, estudiante de derecho de 18 años de edad, desaparecida el 9 de abril. Su cuerpo fue localizado el jueves en una cisterna de un motel cercano al lugar donde un taxista la dejó y le tomó una fotografía que se hizo viral.
En medio de protestas en las calles, el Fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, informó el viernes que la causa del deceso de la joven fue la “contusión profunda del cráneo”.
Varias mujeres marchan durante una protesta el 22 de abril de 2022, en Monterrey. Foto: Miguel Serra, EFE
Aunque prometió que la investigación llegará “hasta sus últimas consecuencias” y se castigará a los posibles responsables, el padre de la joven, Mario Escobar, cuestionó en el sepelio la versión de la Fiscalía, que primero manejó el caso como accidente.
“La Fiscalía quiere mentir en un comunicado diciendo que murió de un hematoma, un golpe en la cabeza, y es mentira, es mentira total”, aseveró este sábado Escobar, quien ha acusado al taxista de “tocar los pechos” de su hija y ser el principal sospechoso.
CRÍTICAS Y HARTAZGO
El actuar de dicha Fiscalía y la ola de crímenes contra las mujeres han despertado cuestionamientos en un país donde el Gobierno reconoce el asesinato de más de 10 mujeres al día y más de 99 mil personas desaparecidas.
Otro caso reciente de feminicidio en Monterrey, la segunda ciudad más poblada del país y la más grande del norte de México, fue el de María Fernanda Contreras, de 27 años, desaparecida el 3 de abril después de una fiesta.
Antes de desaparecer, avisó a su familia que se dirigía al municipio de Apodaca, conurbado con Monterrey. A la mañana siguiente, su padre puso una denuncia y entregó a las autoridades el lugar donde se ubicó por última vez su teléfono móvil.
El caso inmediatamente se mediatizó y puso presión sobre las autoridades. Foto: Miguel Sierra, EFE
Tres días después, la policía localizó su cadáver en ese domicilio, por lo que la familia cuestionó la tardanza de las autoridades en acudir. El 13 de abril fue capturado en el vecino estado de Coahuila el presunto asesino, un compañero de trabajo.
Los recientes feminicidios han desatado una ola de protestas de feministas y familias de personas desaparecidas.
El 10 de abril, cientos de mujeres marcharon por avenidas del centro de Monterrey hasta llegar a la céntrica Macroplaza, donde algunas intentaron incendiar el Palacio de Gobierno.
Las protestas continuaron el día que se reveló la muerte de Debanhi. Feministas y colectivos bloquearon avenidas para exigir justicia y pedir la localización de 22 mujeres.
Grupos feministas protestaron tras confirmarse la muerte de Debanh Escobar a 13 días de su desaparición. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro.
jeres que se mantienen desaparecidas desde inicios de 2022.
Cerca de cinco mil personas se congregaron frente a la Fiscalía de Justicia con pancartas y fotografías de víctimas.
Las manifestantes lanzaron consignas contra el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencer y funcionaria pública Mariana Rodríguez, a quienes acusan de gobernar con frivolidad y desatender la violencia.
Mujeres protestarán este domingo en Ciudad de México en el Monumento a la Revolución y ante la Fiscalía General de la República (FGR).
REDES DE TRATA
Los casos también despiertan preocupación por las mafias mexicanas de trata que trafican cada año a un estimado de 10 mil mujeres de estados del sur hacia el norte para su explotación sexual.
Así lo explica a Efe Arum Kumar, autor de una investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sobre la explotación sexual y tráfico de mujeres en el norte de México.
Familiares y amigos asisten al funeral de Debanhi Escobar hoy, en el panteón La Laguna, en el municipio de Galeana, estado de Nuevo León. Foto: Antonio Ojeda, EFE.
“Hemos encontrado que cada año son traficadas 10 mil mujeres para el comercio sexual, y cada mes cerca de 300 mujeres y niñas son enviadas al área metropolitana de Monterrey para comercializarlas o explotarlas sexualmente”, expone.
La investigación del Conacyt arrojó que la trata en Monterrey es apenas menor a la de Cancún, mayor destino turístico del Caribe que recibe hasta 500 mujeres y niñas al mes.
El académico detalla que en la zona metropolitana de Monterrey la mayoría de las víctimas son traídas del centro y sur de México con engaños de empleo.
“Los enganchadores les llevan a sus pueblos fotografías donde les muestran que Monterrey es una ciudad del primer mundo, les enseñan imágenes del municipio metropolitano de San Pedro Garza (el más rico del país) y les dicen que ahí van a trabajar con un sueldo de entre 50 y 100 dólares diarios”, ahonda Kumar.
Debanhi estuvo desaparecida por 13 días, hasta ser encontrada en la cisterna del motel cerca de donde bajó de un taxi. Foto: Gabriela Pérez, Cuartoscuro
Al llegar, las mujeres descubren que fueron engañadas para trabajar en burdeles y prostíbulos, por lo que la mayoría prefiere regresar, pero son amenazadas para quedarse.
Los traficantes han descubierto que Monterrey es un destino propicio para el turismo sexual por la cercanía con Estados Unidos.
La mayoría de estas mujeres llega de estados como Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí y Zacatecas. Aunque también hay de los norteños Coahuila, Tamaulipas y Sonora.
Según Kumar, investigaciones revelan que cerca de cinco mil mujeres son traficadas cada año por las mafias para llevarlas a Estados Unidos y Canadá.
“México es el principal destino de turismo sexual en toda América Latina y ya es conocido como el Bangkok de Latinoamérica”, advierte el investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno mexicano abandonar su estrategia de militarización de la seguridad pública, por ser inadecuada para proteger los derechos humanos.
Ginebra, 12 abr (EFE).– El crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año en México, pero el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad, dijo hoy un grupo de expertos de la ONU.
“Agentes públicos y el crimen organizado son responsables del fuerte aumento de desapariciones forzadas“, según un informe publicado por el Comité que hace un seguimiento de esta problemática en el mundo.
“Se trata de una situación generalizada”, comentó la presidenta del grupo, Carmen Villa Quintana, quien dirigió una visita de trabajo que realizaron a México miembros de esta instancia entre el 15 y el 26 de noviembre pasado, una decena de días en los cuales ocurrieron 112 desapariciones.
El Estado “también es responsable cuando las organizaciones o grupos armados están de facto bajo el control de las autoridades estatales y reciben alguna forma de apoyo por parte de agentes estatales o existe un patrón conocido de desapariciones y no se toman medidas”, explicó la jurista en una rueda de prensa en Ginebra.
AHORA 🔴 #EnVivo Sigue la transmisión de la presentación del informe de visita a México del Comité de la ONU contra la #DesapariciónForzada#CED
Desde 2017 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ha incorporado cada año a ocho mil nuevas víctimas y ahora el total de casos documentados y sin resolver se eleva a unos 98 mil.
Las desapariciones forzadas empezaron a aumentar de forma “exponencial” desde 2006 y el 98 por ciento de casos que figuran en el Registro Nacional ocurrieron a partir de ese año, detalló Villa Quintana.
“La impunidad es casi total”, denunció la presidenta del Comité, tras señalar que sólo entre el dos y el seis por ciento de casos de desapariciones han dado lugar a la apertura de un proceso judicial y a nivel nacional se han dictado sólo 36 condenas.
Las víctimas de las desapariciones han sido habitualmente hombres entre los 15 y 40, pero las cifras oficiales indican un aumento considerable de caso entre menores a partir de los doce años, así como de mujeres.
Su propósito sería “ocultar las violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”, explicó Villa Quintana, una destacada especialista en derechos humanos de la ONU que formó parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Otro de los aspectos que el Comité destaca en su informe como una grave preocupación es la desaparición de defensores de los derechos humanos dedicados a la lucha contra este mismo delito, así como de una treintena de periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado ni los autores sancionados.
Otros colectivos afectados por las desapariciones han sido las comunidades indígenas, en el contexto de conflictos sociales y territoriales, y personas LGTB, “con fines de limpieza social y explotación sexual, tras internamientos en los llamados centros de terapia de reconversión”.
La presidenta del Comité también relató episodios de desapariciones de conductores de camiones y de sus acompañantes en la carretera 85 de Monterrey a Nuevo Laredo, “que estarían relacionadas con el tráfico de combustible, para apropiarse de los bienes en los que estarían involucradas las autoridades municipales de Nayarit y desapariciones en los centros de internamiento de adicciones”.
📢 El Informe del #CED sobre su visita a México 🇲🇽 detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas.
El primer caso data de los años 60, pero las denuncias se multiplicaron por decenas de miles a partir del Gobierno de Felipe Calderón.
Por Cecilia González
Ciudad de México, 13 de octubre (RT).- El peor año fue 2019. En esos 12 meses, en México se denunciaron 22 mil 239 desapariciones. Es la cifra más alta en la historia. Y aunque después la tendencia fue a la baja, la tragedia humanitaria no cesa.
La crisis se refleja en el récord de casi 100 mil desaparecidos que reporta el Gobierno y que confirma que el país padece una de las crisis en derechos humanos más graves a escala global.
Según los últimos datos oficiales disponibles, desde 1964 hasta este miércoles se reportó la desaparición de 229 mil 458 personas, de las cuales fueron encontradas 136 mil 276, es decir, el 54 por ciento.
Sin embargo, siguen desaparecidas o no localizadas 93 mil 182 personas. Y las denuncias se incrementan todos los días.
Los adjetivos ya no alcanzan para describir la magnitud del dolor que atraviesan cientos de miles de personas que no saben en dónde están sus familiares. Un día dejaron de verlos, de tener noticias. Y siguen sin saber qué les pasó. La incertidumbre los sume en un limbo que les impide transitar los necesarios duelos. No tienen un cuerpo para enterrar, ni una tumba en donde llorar o llevar flores.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados por estudiantes de distintas escuelas normales, marcharon por el séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, el pasado 26 de septiembre. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.
En muchos casos, a sabiendas de que las organizaciones criminales secuestran a hombres y mujeres para forzarlos a trabajar a su servicio, no pierden la esperanza de encontrarlos con vida.
Por eso los familiares no dejan de buscarlos ni de exigir justicia. El gran problema es que la impunidad sigue siendo la norma. Lo reconoció la semana pasada Karla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, al informar ante el Senado que sólo hay 35 sentencias judiciales por casos de desaparición de personas.
LA HISTORIA
El 19 de mayo de 1969, el profesor Epifanio Avilés Rojas fue detenido y llevado en una avioneta desde Guerrero, un estado del sureste, al Campo Militar Número 1 ubicado en la Ciudad de México
Nunca más se supo nada de él. Desde entonces está identificado como la primera víctima de desaparición forzada del país. Por lo menos, la primera registrada.
En los años 70, las desapariciones se acentuaron debido a la llamada “guerra sucia” que el Presidente Luis Echeverría lanzó contra militantes y activistas que luchaban, en algunos casos a través de guerrillas, en distintos estados.
La hipocresía fue el eje de esa estrategia, porque Echeverría se granjeó aplausos a nivel internacional por acoger a miles de exiliados argentinos, chilenos y uruguayos que eran perseguidos por las dictaduras de sus países. Pero, al mismo tiempo, cometía violaciones masivas de derechos humanos en México que pasaban desapercibidas casi por completo. Y que incluían las desapariciones.
Madres de personas víctimas de desaparición forzada, se abrazan durante un acto simbólico sus seres queridos desaparecidos, al finalizar la misa que se realizo en el Sagrario Metropolitano, en Guadalajara, el pasado 30 de agosto. Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro.
Ello explica, en parte, que en 1971, su primer año de Gobierno, haya registro de 15 desaparecidos. Sólo tres años más tarde, la cifra se disparó a 283. Fue su propio récord. En total, durante su sexenio se reportaron 482 personas víctimas de desaparición.
La militarización del combate al narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) sólo disparó la violencia y la extendió hacia la población en general, sin que mermara el poder de los cárteles.
En las tres décadas siguientes las desapariciones anuales se acumulaban por decenas. A veces llegaban solamente a un dígito, lo que no necesariamente significa que no hubiera, sino que no se registraban o denunciaban como tales.
A principios de siglo, durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), las desapariciones comenzaron a contarse por cientos. De las 95 reportadas en 2001, su primer año de gestión, pasaron a 575 al fin de su sexenio en 2006.
Pero el verdadero año fatídico fue 2006. Y el responsable, el expresidente Felipe Calderón.
En esta imagen de 2002, la Secretaría de la Defensa Nacional invitó medios de comunicación para que presenciaran la destrucción de dos plantíos de amapola, como parte de la lucha permanente que desarrolla contra el narcotráfico. Foto: Oswaldo Ramírez, Cuartoscuro.
LA GUERRA NARCO
En diciembre de 2006, apenas asumir la Presidencia, Calderón anunció una guerra contra el narcotráfico de la que nada había dicho hasta entonces, ni siquiera durante la campaña electoral.
La militarización del combate al narcotráfico sólo disparó la violencia y la extendió hacia la población en general, sin que mermara el poder de los cárteles que se dividían o, ante las detenciones de algunos capos, cambiaban de liderazgos. La corrupción de los cuerpos de Seguridad fue la norma. Las violaciones de derechos humanos por parte del Ejército y de otros representantes del Estado se incrementaron. Los muertos comenzaron a amontonarse por miles. Y los desaparecidos, también.
Así, su primer año de Gobierno dejó un saldo de dos mil 929 denuncias por desaparición de personas. La cifra no dejó de crecer: tres mil 127 en 2008; cuatro mil 691 en 2009; siete mil 192 en 2010 y 10 mil 640 en 2011. En 2012, último año de su sexenio, hubo una ligera disminución al llegar a los 10 mil 590.
En términos globales, durante el sexenio calderonista se registraron 39 mil 169 personas desaparecidas, de las cuales 16 mil 559 personas siguen sin ser encontradas.
Marcha por el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.
Con Enrique Peña Nieto (2012-2018) la tragedia alcanzó escalas más altas: 96 mil 834 personas fueron reportadas como desaparecidas. De ellas, todavía falta saber en dónde están 35 mil 706.
Ninguno de los dos presidentes ayudó a las víctimas ni a sus familiares. Por el contrario. Calderón las calificó de manera despectiva como “daños colaterales”, mientras que Peña Nieto quedó marcado por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la manipulación del caso que provocó una conmoción nacional e internacional. Ambos han sido denunciados por crímenes de lesa humanidad.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador implicó la puesta en marcha de una nueva estrategia que, si bien no satisface por completo al movimiento de víctimas de la guerra contra el narcotráfico ni a todos los familiares que buscan a sus desaparecidos, sí implica cambios en las políticas para abordar la tragedia humanitaria con base en la promesa de dar respuestas a la sociedad y justicia y reparación para las víctimas.
Lo más importante es el reconocimiento de que el Estado es el responsable.
LA ESPERANZA
El 1 de diciembre de 2018, cuando asumió como Presidente, López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad por los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Ayotzinapa. Es el caso de desaparición forzada en México que tuvo mayor repercusión internacional.
Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa durante su salida de Palacio Nacional luego de sostener una reunión con Andrés Manuel López Obrador, el pasado 24 de septiembre. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
Los reclamos de los familiares de los otros miles de desaparecidos fueron inmediatos. Un par de meses después, el Presidente anunció un plan nacional de búsqueda. Pero, al término de 2019, su primer año de Gobierno, se registró el récord de 22 mil 239 personas desaparecidas, de las cuales se sigue buscando a nueve mil 211.
El Gobierno también publicó una base oficial de datos sobre desapariciones que se ha convertido en una herramienta fundamental. Ahí se pueden ver las denuncias en tiempo real. La consulta no deja de conmocionar, porque los números aumentan a cada rato y es necesario recordar que no son cifras, sino personas.
La nueva estrategia reconoce no sólo las desapariciones de la guerra narco. A principios de octubre, López Obrador firmó un decreto para crear una Comisión para el Acceso a la Verdad y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990. Es decir, durante la “guerra sucia”.
Una de ellos es Alicia de los Ríos, una profesora militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre que el 5 de enero de 1978, a los 33 años de edad, fue detenida en la Ciudad de México por policías de la temible Dirección Federal de Seguridad. Su hija, que lleva el mismo nombre y hoy es una respetada activista en derechos humanos, sigue bregando para encontrar a los culpables.
“Este 22 de septiembre celebraremos tu 69 aniversario y pediré el deseo de siempre: encontrarte. Por ti y por la pequeña Lichita que te esperó siempre, en fechas importantes o en cualquier día. Feliz no cumpleaños, mamá, donde quiera que te encuentres”, escribió este año en una carta pública que evidenció, una vez más, la inclaudicable lucha de los familiares de las y los desaparecidos.
EL EJEMPLO
En este proceso, las mujeres tienen un papel protagónico. Al igual que ha ocurrido en otras partes del mundo, muchas madres han salido en masa a buscar a sus hijas e hijos desaparecidos. Tuvieron que abandonar el trabajo hogareño, los empleos precarios, para especializarse en exhumaciones, peritajes, investigaciones forenses y denuncias judiciales.
Su drama personal, que es a la vez un drama colectivo, las forzó a organizarse, a marchar, protestar, interpelar, desmentir y criticar a las autoridades.
Muchas madres han salido a buscar a sus hijas e hijos desaparecidos teniendo que abandonar el trabajo en el hogar y sus empleos. Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro.
Son ellas, las “buscadoras”, como son conocidas ahora, las que, ignoradas por el Estado, comenzaron a recorrer el país para escarbar en la tierra con sus propias manos, apoyadas apenas con palas y cubetas, con la esperanza de encontrar los cuerpos o restos de sus desaparecidos.
Según las cifras oficiales, de 2006 a 2021 se encontraron cuatro mil 806 fosas clandestinas con ocho mil 202 cuerpos. La mayoría de ellos permanece sin identificar porque la cantidad de muertos ha desatado una inédita crisis forense en un país en donde los cadáveres son tantos que ya no caben en las morgues.
¿Cuáles son los estados con más fosas clandestinas?
Veracruz, Tamaulipas y Guerrero acumulan una tercera parte de los entierros ilegales encontrados de 2006 a septiembre de 2021, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La nota aquí?? https://t.co/qAzJLL1hVqpic.twitter.com/DXZthIiPVj
— adondevanlosdesaparecidos.org (@DesaparecerEnMx) October 8, 2021
Ese es uno de los principales reclamos de los colectivos que se dispersan por todo el país para buscar a sus desaparecidos y a quienes el Gobierno de López Obrador les ha recortado fondos estatales para que continúen su labor humanitaria.
Sus nombres son una definición en sí misma: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Personas Desaparecidas en Michoacán, Brigadas de Búsqueda de Guerrero, Colectivos de Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas, Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba, Red de Madres Buscando a sus Hijos, Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Comité de Familiares de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Red de Desaparecidos de Tamaulipas, Unidas por el Dolor, Las Buscadoras.
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Son cientos de personas organizadas que coordinan fuerzas a nivel nacional e internacional, porque también hay madres de desaparecidos centroamericanos. Eran migrantes que estaban atravesando el país con la intención de llegar a Estados Unidos.
Desde 2011, cada 10 de mayo, Día de la Madre, estos colectivos realizan la Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas, en la que advierten que no tienen nada que celebrar.
Además, el pasado sábado diferentes organizaciones lograron comenzar en el estado de Morelos la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda que había sido pospuesta por la pandemia.
Una y otra vez prometen que no se rendirán, hasta encontrarles.
El delito de trata de personas no fue considerado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de 2018 a 2020 pese a que la mayoría de las víctimas de ese periodo eran niñas menores de edad.
Ciudad de México, 23 agosto (EFE).- Miles de desapariciones en México entre 2018 y 2020 no han sido investigadas conforme a lo previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, denunció este lunes la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés).
“Descubrimos que existen aún grandes brechas entre lo que dice la ley, el número de desapariciones y el de investigaciones, lo que deja a gran parte de los casos en la impunidad”, señaló a Efe Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.
? ?? En #México, miles de las más de 23.000 desapariciones registradas entre 2018 y 2020 no han sido investigadas según prevé la Ley General en la materia, revela nueva investigación de @WOLA_orghttps://t.co/X1xAUCRKW6
Tras presentar la campaña realizada por la organización de investigación e incidencia de la organización, Brewer puntualizó que lo más preocupante es que la Justicia está fallando a las personas desaparecidas en México desde el primer paso del proceso.
“Pudimos notar que muchas veces no se reconocen e investigan las desapariciones como delitos”, lamentó.
Detalló que de las más de 23 mil personas que están clasificadas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas entre 2018 y 2020, menos de un tercio están reconocidas como víctimas de algún delito concreto que esté bajo investigación.
Asimismo, explicó que la trata de personas no está considerada en este registro, y aunque la mayoría de menores de edad que fueron desaparecidos entre 2018 y 2020 son niñas, “ni una sola fue registrada como víctima de trata“.
Aunque han habido avances en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas el gran pendiente es la investigación de los casos que solamente avanzan gracias a los esfuerzos de las familias y donde prevalece la impunidad https://t.co/4c7ZminoIH
Brewer explicó que el problema de que las desapariciones sean consideradas como delitos distintos a los que prevé la Ley General en la materia es que las herramientas que proporciona no están disponibles para quienes buscan a sus familiares.
Aunado a ello, las investigaciones no se llevan a través de fiscalías especializadas y unidades de análisis para ver casos en conjunto y determinar los patrones en los que se llevan a cabo estas desapariciones.
LLAMADO A LA ACCIÓN
La experta señaló que es esencial esclarecer los casos para conocer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, estudiar los patrones de desaparición y perseguir penalmente a los culpables.
“Ese camino empieza por reconocer las desapariciones como delitos, generar una teoría del caso y un plan de investigación, elementos muchas veces ausentes en la actualidad”, detalló.
Afirmó que esta campaña es un llamado a la acción a los gobiernos federal y estatales para aplicar la ley y garantizar el derecho a las familias a participar plenamente en la búsqueda e investigación.
Reconoció que si bien la responsabilidad de búsqueda e impartición de justicia es del Estado, cuando las autoridades no avanzan en las investigaciones las familias tienen que buscar por su cuenta “lo que las pone en riesgo”, destacó.
Es por ello que la campaña de WOLA invita a las autoridades a cerrar las brechas entre las prácticas observadas y lo dispuesto en la Ley General en materia de desaparición.
Aunado a la campaña, WOLA y organizaciones contrapartes en México enviaron una carta a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB) para compartir los hallazgos.
El objetivo es buscar la coordinación de los planes de acción para lograr que las prácticas institucionales cumplan con la Ley General.
De los 21 multihomicidios en lo que va del año, diez de las matanzas han ocurrido en Jalisco y cuatro en Guanajuato. Estos crímenes han dejado 122 personas muertas, en su mayoría jóvenes menores de 30 años. Delincuencia organizada y cárteles de la droga, los autores, refieren autoridades estatales que piden auxilio al Gobierno Federal. Gobernador de Jalisco, Estado más violento en el arranque del año, se lava las manos tras la matanza de once albañiles en Tonalá. Causa en Común, AC señala que durante el año pasado se registraron 672 masacres en el país, con dos mil 633 víctimas.
Por Luis Carlos Sáinz
Tijuana, 13 marzo (Zeta).- A pesar que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su Segundo Informe de Gobierno que en el país “ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable”, los hechos le contradicen, pues en lo que va del año se han registrado 21 masacres en territorio nacional, con al menos 122personas asesinadas, nulas investigaciones para aclarar los crímenes y escasas detenciones. Sin contar fosas clandestinas ni bolsas encontradas con restos humanos.
Si bien el año próximo pasado, se registró un ligero descenso en los homicidios dolosos reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 35 mil 616 asesinatos y feminicidios ocurridos en 2019, contra los 35 mil 484 acontecidos en 2020, la organización de la sociedad civil Causa en Común hizo un recuento de 672 masacres con saldo de dos mil 633 víctimas en ese último año.
El recuento de la asociación civil advierte que en 2020 ocurrieron por lo menos 410 homicidios de niñas, niños y adolescentes, entre los que resaltan ocho casos de menores calcinados, siete desmembrados y 103 asesinados durante las masacres; mientras que en el transcurso de 2021, 72 menores han perdido la vida de manera violenta.
Datos procesados por Zeta y que señalan como masacre los homicidios de tres personas o más en un solo hecho, indican que se han registrado por lo menos 21 eventos criminales con estas características en ocho estados del país, incluido Baja California, con 122 víctimas mortales y decenas de personas lesionadas que han sobrevivido a los ataques.
De las 21 masacres, destaca la violencia en:
* Jalisco, donde han ocurrido 10 de los multihomicidios con 48 personas asesinadas.
* Guanajuato, con cuatro masacres y 22 víctimas mortales.
* Oaxaca, dos asesinatos múltiples en los que seis personas perdieron la vida.
* Tamaulipas, un evento con 19 migrantes muertos.
* Veracruz, un enfrentamiento con 12 fallecidos.
* Guerrero, un acto homicida con seis difuntos.
* Chiapas, otro suceso criminal con seis occisos.
* Baja California, con tres muertos en un mismo ataque.
Datos de las masacres ocurridas en 2021. Foto: Zeta.
EL SANGRIENTO PRIMER MES DEL AÑO
Durante enero de 2021 se registraron 14 de las masacres con 87 personas muertas, destacando la terrible matanza de 19 personas migrantes, la mayoría de origen guatemalteco, en el municipio de Camargo, Tamaulipas, y un enfrentamiento entre presuntos ganaderos en Veracruz que dejó saldo de 12 personas muertas.
Sin embargo, en diversos eventos criminales, Jalisco y Guanajuato rebasaron el número de víctimas fatales.
Al mediodía del 2 de enero, sujetos armados llegaron a un domicilio de la colonia Francisco I. Madero en Tlaquepaque, Jalisco para asesinar a balazos a un grupo de jóvenes que convivían en la planta alta. El saldo, tres muertos y dos heridos.
Un día después, durante la madrugada, tres personas fueron victimadas a tiros en una vivienda de la colonia Balcones del Cuatro, en la misma zona geográfica de Tlaquepaque. Uno de los fallecidos era bombero del municipio de Guadalajara. No se tienen datos de los homicidas.
El 4 de enero, un comando armado ingresó a un departamento en la colonia Villa Insurgentes en León, Guanajuato y disparó en contra de cinco personas jóvenes, todas de sexo masculino. Cuatro murieron en el sitio y otro en el hospital.
Un día más tarde, en Jalisco, sobre el camino viejo a San Andrés, cerca de la carretera a Ciudad Guzmán, municipio de Gómez Farías, fueron localizados tres cadáveres de sexo masculino de entre 35 y 40 años, con heridas de arma de fuego. Les dejaron cartulinas encima, con la leyenda “Violadores”.
En Oaxaca, el 5 de enero, dentro de un vehículo en el paraje Barranca Larga, Carretera Oaxaca-Puerto Escondido, en la región Sierra Sur, se reportó el hallazgo de los cadáveres de tres jóvenes miembros de la banda musical Reina Zapoteca, quienes habían amenizado una fiesta.
En tanto, el día 7, durante la noche, civiles armados llegaron a un velorio que se realizaba en la colonia Arboledas de San Rafael en Celaya, Guanajuato y acribillaron a los presentes con armas de fuego. Nueve personas muertas y una lesionada, el saldo del ataque.
También en Oaxaca, en la misma fecha, al anochecer en el Barrio Revolución en San Miguel Soyaltepec, un comando armado a bordo de tres vehículos, irrumpió en un inmueble para asesinar a balazos a tres hombres jóvenes de entre 23 y 30 años. Otra persona resultó lesionada.
Dos días posteriores, desconocidos irrumpieron en una casa del fraccionamiento Privada del Pedregal en Celaya, Guanajuato, donde balearon a un hombre y una mujer e incendiaron el inmueble, pereciendo calcinados la pareja y su bebé de un año.
Las masacres con más víctimas en enero, ocurrieron en Veracruz y Tamaulipas.
El día 18, en una brecha del municipio de Las Choapas, en la región Sur de Veracruz, límites con Tabasco, Oaxaca y Chiapas, fueron localizados los cuerpos sin vida de 12 hombres apilados bocabajo con heridas de armas de fuego. Eran originarios del Ejido Aguas Frías.
La mañana del día 23, se localizaron 19 cuerpos carbonizados de migrantes centroamericanos en las cajas de tres camionetas abandonadas en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. Presentaban balazos. Una docena de policías son procesados como probables responsables del hecho.
Ciudadanos colocaron una ofrenda de Día de Muertos en el Antimonumento 72, el cual está dedicado a los migrantes que fueron asesinados por supuestos polleros en San Fernando Tamaulipas. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
En la misma fecha, en León, Guanajuato, civiles armados llegaron a una finca de la colonia El Coecillo y mataron a tiros a cinco miembros de una familia, entre ellos dos mujeres y un niño de 5 años. Otros dos menores resultaron lesionados.
El 28 de enero, al interior de un autolavado en el centro de Iguala, Guerrero, seis hombres jóvenes que ingerían bebidas embriagantes, fueron asesinados con rifles de asalto AR-15 y AK-47. Se desconoce el móvil del ataque.
Para cerrar el terrorífico mes, el 28 de enero, un enfrentamiento entre dos grupos armados en la colonia Ignacio Zaragoza del municipio de Ixhuatán, Chiapas, dejó saldo de seis personas muertas. No se aportaron mayores detalles del hecho.
Dos días después, en un salón de eventos en el Barrio de La Laguna de Ojuelos de Jalisco, sujetos motorizados llegaron para desapoderar a los presentes de sus pertenencias y dispararles con armas 9 milímetros, con saldo de siete personas muertas, entre ellas una mujer.
FEBRERO SIETE MASACRES EN 28 DÍAS
En el segundo mes de 2021 se contaron por lo menos siete masacres con las características antes referidas, dando como resultado 35 víctimas mortales, registrándose casi la totalidad de los hechos en Jalisco, donde resaltó el encarnizado ataque a un grupo de trabajadores de la construcción en el municipio de Tonalá, hecho que consternó a la sociedad tapatía y motivó que, tras semanas de no dar la cara en temas de seguridad, el Gobernador Enrique Alfaro se asomara en redes sociales a recriminar la actuación del Gobierno Federal.
Fue precisamente un grupo de policías del ámbito federal, el que inició febrero con una balacera. El día 3 se registró un enfrentamiento y persecución nocturna que inició en los límites de los municipios de Tlaquepaque y Guadalajara, entre civiles armados y la Guardia Nacional. La persecución con intercambio de disparos, que tras unos 30 minutos terminó en la colonia Lázaro Cárdenas, dejó cuatro civiles acribillados y dos elementos de la Guardia heridos. Hubo cinco personas detenidas, de las cuales nunca se dieron detalles.
El 10 de febrero, en la que presuntamente era una guarida de ladrones de vehículos y autopartes en la colonia Hidalgo, en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, fueron asesinados cinco hombres de entre 25 y 30 años; una mujer resultó herida.
Dos días después, de madrugada, tres hombres fueron ejecutados a balazos sobre el Kilómetro 82 de la Carretera Ensenada-Tecate, a la altura del poblado Francisco Zarco en el Valle de Guadalupe, en la famosa Ruta del Vino. En el sitio se hallaron varios casquillos percutidos.
Balacera entre integrantes del crimen organizado y agentes de Seguridad Pública. Foto: Cuartoscuro.
Durante la madrugada del día 16, en un parque de la colonia Lomas de Polanco en Guadalajara, fueron asesinadas a balazos cuatro personas en situación de calle. Se trataba de tres hombres y una mujer. Otro varón resultó gravemente lesionado. No hubo detenidos. Dos días más tarde, casi al anochecer, un grupo de sujetos armados atacó a balazos a siete personas que se hallaban en un picadero de la colonia Guayabitos en Tlaquepaque. Cinco de las víctimas, de 25 a 30 años, entre ellas una mujer, perdieron la vida, mientras dos fueron heridas.
También en Jalisco, el día 27, cuatro hombres fueron agredidos a balazos en la colonia Lomas del Pedregal de Guadalajara; dos fallecieron en el sitio y otro mientras recibía atención médica. Esa tarde, en calles de la colonia La Jauja de Tonalá, Jalisco, once personas fueron acribilladas a balazos por un comando armado que arribó a bordo de tres vehículos. La mayoría de las víctimas eran albañiles que bebían alcohol mientras esperaban su pago semanal. En el sitio se localizaron 138 casquillos calibres .40 y 7.62. Hubo dos heridos.
El domingo 28 de febrero, el Gobernador jalisciense reclamó al Gobierno federal que dé la cara por la situación de violencia que vive la entidad y se curó en salud al señalar que las autoridades locales han actuado en forma coordinada y se han reducido los delitos del fuero común durante su administración, pero “la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal por disposición constitucional.
“Es tiempo de que el Gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco, como en el resto del país”, reclamó Enrique Alfaro, desesperado porque la entidad que dirige, se ha convertido en la más violenta de 2021. Tan solo durante la presente administración, ocupa el primer lugar a nivel nacional, con más de 11 mil 700 desaparecidos y localización de cadáveres en fosas clandestinas.
En respuesta a la solicitud del mandatario tapatío y sin confrontarse como en otras ocasiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante la conferencia mañanera del 1 de marzo que enviaría refuerzos de las corporaciones policiales y la milicia para atender la grave inseguridad que afecta al Estado occidental.
“Estamos actuando, hay mucha más presencia de la Guardia Nacional en Jalisco. Está participando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, es un problema que viene de tiempo atrás. Estamos participando, ayudando para serenar Jalisco y Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, porque en estos cuatro estados se ha incrementado el número de homicidios, hay mucha confrontación entre grupos del crimen organizado. No es todo el país”, expresaría el primer mandatario.
Alejandro Encinas detalló que las autoridades de México recibieron 37 mil 807 denuncias de desaparición entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.
México, 29 de enero (EFE).- Entre 2006 y enero de 2021 más de 82 mil personas han desaparecido en México y se siguen sumando casos, informó este viernes el Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas.
Durante la conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el funcionario señaló que esta circunstancia se debe al “incremento en la confrontación entre grupos delictivos en diversas regiones del país”.
Detalló que en el periodo de 2006 a diciembre de 2020 se han ubicado 80 mil 517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas en el país, aunque es un dato que se actualiza varias veces al día por lo que hasta este 29 de enero hay 82 mil 888 denuncias al respecto.
No obstante, Encinas destacó que en 2020 se registró una disminución del 22.39 por ciento en el número de denuncias por desaparición respecto a 2019.
Las cifras del horror.
De 2006 a diciembre de 2020, hay 80 mil 517 denuncias de personas desaparecidas.
Al día de hoy son 80 mil 888 y se mantiene una tendencia en el incremento de las denuncias, informa el subsecretario de DDHH, Alejandro Encinas en la #ConferenciaPresidentepic.twitter.com/KLhlPbUFQF
Refirió que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, las autoridades mexicanas recibieron 37 mil 807 denuncias de desaparición, pero 56.4 por ciento de ellas fueron localizadas, la mayoría de ellas con vida.
Afirmó que se registró una reducción en el hallazgo de fosas clandestinas y en los cuerpos recuperados.
“A pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en 2020 se registró una disminución de 33 por ciento en el número de fosas clandestinas y una reducción de casi 18 por ciento de los cuerpos recuperados”.
Detalló que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 se han recuperado dos mil 395 cuerpos y casi el 22 por ciento de ellos han regresado con sus familias de manera digna.
En marzo del 64 se registró la primera desaparición forzada del país; la práctica se detonó en 2006 con responsabilidad clara de la autoridad, informa @A_Encinas_R
Desde el 1 de diciembre de 2018 ha incrementado la cifra de personas localizadas con vida. pic.twitter.com/CY1rCMJkJ8
“Quiero reconocer que se ha mejorado de manera sensible y ha habido una mejor calificación de los trabajos de las Fiscalías de los estados en los trabajos de identificación y de regreso de los cuerpos recuperados con sus familias”, apuntó.
Afirmó que el fenómeno de las desapariciones se recrudeció después de 2006, tras el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico, durante la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
Expresó que bajo el argumento de que eran daños colaterales de dicha guerra “comenzaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad”, sentenció.
Y subrayó que la política del sexenio de Calderón cometió no sólo errores sino “abusos y omisiones” al respecto.
[youtube Zsy4tE3-1y8] DESAPARECIDOS SON PRIORIDAD
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó que en los últimos dos años la prioridad número uno del Gobierno federal ha sido la búsqueda de personas porque es un daño irreparable para sus seres queridos y la sociedad.
Dijo que esa es la tarea de la Comisión Nacional de Búsqueda, “nada de lo que hagamos será suficiente, pero vamos a intentar todos los medios para que ningún crimen quede impune”.
Afirmó que las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas. “Es un derecho humano, y repetimos, es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar”, subrayó.
Expuso también que es prioridad atender los conflictos en el territorio nacional, sobre todo en donde hay violaciones graves a los derechos humanos.
Afirmó que Encinas dará atención especial para atender a los pobladores de la zona triqui en el estado de Oaxaca y para resolver el conflicto que ocurre en aquella región.
El padre de Jessica Aguilar exigió a las autoridades que los ayuden a localizar a la adolescente, pues temen que el hombre que la contactó por redes sociales, con quien presumen se encuentra, “sea un pedófilo” y le haga daño.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Jessica Aguilar Bernache, de 13 años de edad, salió de su casa desde el pasado domingo enganchada por un hombre al que conoció por Facebook y no ha regresado a su hogar. La familia teme por la integridad de la menor y solicitó ayuda para su localización.
Juan Manuel Aguilar Sánchez, padre de Jessica, exigió a las autoridades que los ayuden a localizarla, pues temen que el hombre que la contactó por redes sociales “sea un pedófilo” y le haga daño.
El señor Aguilar dijo que durante su búsqueda obtuvieron información que apunta el posible perímetro donde estaría la menor, según la ubicación de su celular, pero las autoridades capitalinas se tardaron en responder con el operativo de rastreo y búsqueda. La familia tiene miedo que la “lenta reacción” de las autoridades provoque que le pierdan la pista y ya no la encuentren.
Jessica Aguilar Bernache acaba de cumplir 13 años de edad y cursa el segundo año de secundaria. El padre, quien tiene la patria potestad, detalló que al iniciar las clases en línea la jovencita retomó sus actividades en internet.
“No nos dimos cuenta con quién se contactaba porque veíamos que, cuando se conectaba, ella hacía sus tareas y sus trabajos que mandaba por internet”.
El sábado por la noche, la menor estuvo en internet hasta cerca de las 23:30 horas.
“Nosotros estamos conscientes que la escuela es cansada, por eso no nos extrañó que estuviera hasta altas horas, entonces le dimos las buenas noches. No le notamos algún tono raro o molesto, por eso nos extrañó que de pronto ya no estaba en la casa”, narró el padre.
Jessica Aguilar Bernache cumplió los 13 años de edad el pasado mes de agosto. Foto: Especial
Al día siguiente, el señor Aguilar no esperaba que la menor se levantara temprano porque había estado hasta tarde con la tarea, pero cerca de las 12:30 pm vieron que no salía de su cuarto y se dieron cuenta que no estaba en casa.
Los familiares de inmediato comenzaron a buscarla; pidieron a los vecinos los videos de las cámaras de la calle y ahí se percataron que Jessica había salido con maletas en mano cerca de las 6:00 de la mañana y que tomó un taxi en la esquina. Las imágenes alcanzaron a tomar las placas del vehículo y buscaron al taxista.
“Hablamos con el conductor y nos dijo que la dejó en la esquina de la Prepa 3, en la Alcaldía Gustavo Madero”, dijo el padre.
Se dirigieron al punto que aportó el chofer e hicieron el mismo procedimiento: ver las cámaras y preguntar a los vecinos. Los videos corroboraron que la menor se había bajado de ese punto, pero ya no se alcanzó a ver el rumbo que tomó.
“Solo se alcanza ver unas manos que la ayudaron a bajar las maletas, pero ya no se alcanza ver más, ahí la perdimos”, relató el padre.
La familia comenzó a rastrear el celular y a verificar sus estados en línea. Jessica se había conectado por la noche y la geolocalización apuntaba al área cercana a la Prepa 3 como la zona de ubicación.
NO ACTÚAN
Los familiares levantaron la denuncia primero al 911, luego a Locatel y “pedimos unas patrullas, pero tardaron mucho en llegar”, explicó Juan Aguilar.
De acuerdo con los allegados, la policía sólo acudió a levantar el reporte y nada más, después los enviaron a unas oficinas que no eran las indicadas.
La familia expuso a la policía que la menor se había conectado en la tarde, que lleva dos celulares y les proporcionó información del perímetro en donde podría estar la menor, según un rastreo preliminar.
“Desde anoche vimos que ella se conectó, les informamos a las autoridades y no quisieron hacer una búsqueda o rastreo del celular, dijeron que ya tenían el perímetro”, comentó el señor Aguilar.
La familia ha caminado todo este lunes por la zona aledaña a la Preparatoria 3 para preguntar a vigilantes y en la zona habitacional si han visto a la menor, pero no han tenido resultado.
“Hoy vimos que se volvió a conectar y avisamos a las autoridades. Nuevamente les dijimos que estaba conectada, pero solo nos repiten que ya tienen el perímetro, que ya vienen para acá, pero no. Ya hemos peinado calle por calle, casa por casa, le llamamos a los ministeriales y nos dicen que no los presionemos porque ellos están trabajando”.
Los familiares obtuvieron información que indica que la menor está con un hombre que la contactó por Facebook, el cual tiene al menos tres perfiles.
“Jessica se escribió con una amiga el domingo en la noche. Las autoridades saben que hay mensajes donde la niña dice que está con un hombre, y ellos no han hecho nada”, narró el familiar.
El padre detalló que la preocupación aumenta conforme pasan las horas, pues tienen miedo que la menor salga o la saquen de ese perímetro y ya no la puedan rastrear.
“Además, lo que más nos preocupa es que otra niña se contactó con el hombre (con el que presumen está Jessica), ella le escribió que estaba deprimida y él le dijo que la invitaba a su casa, que vive solo. Es la misma persona, es la misma zona. Nosotros ya le hablamos a la policía y no hacen nada. Nos preocupa porque si su teléfono todavía está en esta zona aún podemos rescatarla, pero no sabemos qué están esperando las autoridades para venir”, denunció la familia de la menor.
Juan Manuel Aguilar pidió a las autoridades “que no sean tan negligentes con su trabajo. Ahorita, por ejemplo, tengo tres horas esperándolos, y no vienen porque están haciendo diligencias que no veo; no veo porque nosotros somos los que hemos investigado. Ya me dijeron que yo no tengo que hacer nada, que me quede en mi casa sentado, pero yo no me puedo quedar sentado, si es mi niña”.
“En el actual contexto de la pandemia por COVID-19, la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones deben continuar a través de acciones puntuales que no violen las medidas de protección de la salud”, expresó en un comunicado el Sistema de las Naciones Unidas en México.
México, 10 may (EFE).– La ONU pidió este domingo a las autoridades mexicanas continuar durante la pandemia de COVID-19 la búsqueda de las más de 60 mil personas víctimas de desaparición forzada en el país, aunque aplicando las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios de coronavirus.
“En el actual contexto de la pandemia por COVID-19, la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones deben continuar a través de acciones puntuales que no violen las medidas de protección de la salud”, expresó en un comunicado el Sistema de las Naciones Unidas en México.
Entre los trabajos que se pueden hacer a pesar del confinamiento, la ONU señaló la actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
También pidió “respuestas coordinadas y efectivas” entre las autoridades federales y estatales, así como la puesta en marcha de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, el sistema nacional de búsqueda de personas y los mecanismos de identificación de cuerpos no reclamados.
Con motivo del Día de la Madre, la ONU aplaudió las tareas de búsqueda que durante años han hecho las madres de víctimas de desaparición forzada en el país e instó a las autoridades y a la sociedad a apoyarlas.
“Las Naciones Unidas en México llaman a la sociedad mexicana a hacer eco de esta movilización acompañando a quienes cada día deben enfrentar obstáculos y riesgos en la búsqueda de sus seres queridos, de la justicia y de la verdad”, expresó en el comunicado.
A raíz del confinamiento por el coronavirus, que lleva 3 mil 353 fallecidos y 33 mil 460 contagiados confirmados en el país, no habrá movilizaciones en las calles, pero Naciones Unidas celebró que “se estará haciendo uso de las redes sociales y otras herramientas en línea para movilizarse y mantener la exigencia de búsqueda”.
Según la ONU, que citó datos oficiales del Gobierno mexicano, el pasado enero México llevaba registradas 61 mil 637 personas desaparecidas, la mayoría entre 2006 y 2019, además de 37 mil personas fallecidas pendientes de identificar.
De las personas desaparecidas contabilizadas, el 18 por ciento son menores de edad, y “aunque no hay datos precisos, se han documentado casos de desaparición de personas migrantes”, explicó la ONU.
El Gobierno de México anunció el pasado agosto que dio luz verde al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas participar en la búsqueda de mexicanos desaparecidos en una misión programada para el segundo semestre de 2020.
La pandemia de #COVID19 no detiene la lucha de las madres por encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos.
Este gesto del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador supone una diferencia significativa respecto al Gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que rechazó en 2013 la visita del organismo.
“El Sistema de las Naciones Unidas en México reconoce la voluntad expresada por el Gobierno y los esfuerzos realizados para dar respuesta a la problemática de las desapariciones y anima a las autoridades a fortalecer este trabajo”, dijo Naciones Unidas.
Las desapariciones forzadas en México centraron la atención mundial en 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que según el Gobierno de Peña Nieto fueron secuestrados y calcinados por el crimen organizado, algo desmentido por expertos forenses, por lo que la actual administración reabrió la investigación.
Sin embargo, el drama de las desapariciones comenzó en la década de 1960, durante la llamada Guerra Sucia, en la que el Estado persiguió a opositores al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La guerra militar contra el narcotráfico iniciada en 2006 por el Presidente Felipe Calderón (2006-2012) recrudeció las desapariciones.
Desde ese año, las autoridades han encontrado 4 mil 974 cuerpos en 3 mil 024 fosas clandestinas, la mayoría en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco.
“Lamentablemente, la desidia y negligencia no ocurre solo en Jalisco sino en la mayoría de los estados del país”. Foto: Cuartoscuro
Indolentes y desidiosos, la mayoría de los diputados del Congreso de Jalisco decidieron no asistir al foro convocado la semana pasada para analizar y elaborar tres leyes estatales con las cuales se armonizaría localmente la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El foro fue convocado por la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Poder Legislativo local, pero en tres días de trabajo (29, 30 y 31 de enero) de 38 diputados sólo acudieron seis, y a veces apenas dos, a las mesas de trabajo convocadas junto con las organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos en Jalisco. Fue un desaire y un desdén indecente y criminal.
Los diputados de Jalisco, como la mayoría de los servidores públicos del país, tienen ingresos y prestaciones privilegiadas: ganan 109 mil pesos al mes para, supuestamente, representar a sus votantes. Pero como en muchos otras dolencias y problemas de Jalisco y del país, los diputados quedan a deber a sus representados.
Esta vez fallaron de manera rotunda a las familias organizadas en los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), Por Amor a Ellos, Entre el Cielo y la Tierra, y de organizaciones como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) que exigen que se elaboren leyes indispensables para tener un eficaz sistema de búsqueda de personas desparecidas y resolver problemas complejos en la vida cotidiana de las familias que padecen esta tragedia.
El evento que desairaron los diputados de Jalisco era importante porque se pretendía que los familiares en conjunto con los diputados revisaran tres leyes pendientes: Ley de Personas Desaparecidas para el Estado de Jalisco, Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley Estatal de Atención a Víctimas. Pero a la mayoría de los diputados locales les valió madre.
Este desaire y desatención no es solo otro capítulo del anecdotario del valemadrismo de la clase política. En este caso, dejar de asistir a un foro con las familias para elaborar leyes que pueden ser herramientas útiles para la búsqueda de personas desaparecidas, se convierte en negligencia criminal. La falta de una legislación que dote de herramientas de búsqueda, propicia la repetición del crimen, la falta de la búsqueda y la impunidad para quienes siguen cometiendo ese delito.
Lamentablemente, la desidia y negligencia no ocurre solo en Jalisco sino en la mayoría de los estados del país.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue aprobada el 12 de octubre de 2017 y entró en vigor el 17 de noviembre del mismo año. En el artículo transitorio noveno, dicha ley ordenó a los poderes públicos de los estados “emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto”. El plazo establecido para armonizar la ley general a todos los estados de la república venció el 17 de mayo de 2018.
Los diputados de Jalisco tienen un retraso de 21 meses en cumplir con lo que manda la ley federal. Pero lo mismo ocurre con otros 24 congresos locales. Hasta el 12 de diciembre de 2019, solo ocho entidades habían armonizado su legislación local con la ley general: Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México y Estado de México.
En los 24 estados que no han cumplido con adecuar la ley general contra las desapariciones a sus marcos locales hay gobiernos de todos los colores: panistas, priistas, emecistas y morenistas.
Toda la clase política mexicana ha incumplido con las familias que tienen desaparecidos. Y al igual que en Jalisco, esta desidia y desdén no es una anécdota más del desprecio de los gobernantes a la sociedad.
El incumplimiento en la expedición de leyes que organicen un eficaz sistema de búsqueda, se convierte en negligencia criminal porque con la impunidad contribuye a la repetición del crimen, y con la pasividad impide que se busque en vida inmediatamente a un desaparecido.
La desaparición de personas en México debería ser el principal o uno de los principales temas políticos del país, junto con la violencia organizada. Y los gobernantes y la clase política debería actuar en consecuencia. En lugar de ello actúan con desidia y negligencia. Con esta conducta, la clase política no sólo no contribuye a enfrentar este fenómeno sino que en la práctica se convierten en un obstáculo para las familias que buscan a sus desparecidos. Es necesario poner alto a esta conducta.
En la sinopsis del documental, que ganó el premio del público en la segunda edición del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México, se puede leer: “Bruno desapareció de manera misteriosa y encontrarlo entre los 40 mil desaparecidos que hay en México es, para Lukas, una utopía”.
México, 26 oct (EFE).– Para el antropólogo, escritor y artista de performance,Lukas Avendaño, perteneciente a la comunidad muxe, la desaparición de su hermano Bruno, el 10 de mayo de 2018, lo ha trastocado a tal grado que cuando alguien le pregunta a que se dedica, él solo responde: “A buscar a mi hermano”.
En la cultura zapoteca, en el Istmo de Tehuantepec, sureste de México, se denomina muxe a personas nacidas como varones que adquieren un aspecto de mujer y asumen roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual o personal, siguiendo una tradición ancestral.
“Ya no digo que me dedico a las artes, a la docencia, a la escenificación, porque todo mi tiempo es para Bruno”, contó este sábado Avendaño en entrevista con Efe.
Esa tarea ha provocado que en cada presentación de Lukas en México o en el extranjero, como lo hizo en España en mayo en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, aproveche su labor artística para dar a conocer el caso de su hermano.
“Siempre busco vincularlo, es una forma de visibilizar ese tema y exigir que se pueda esclarecer la desaparición de Bruno”, añadió.
Reconocido a nivel internacional tanto por su labor artística como por su postura de dignificar a la comunidad muxe y mostrar lo que es la “muxedad” a través de la danza, Avendaño fue abordado hace casi un año por el periodista mexicano Miguel J. Crespo para una entrevista.
“En un principio, como Miguel me lo planteó, creo que no había pensado en un documental, porque no sabía mucho sobre el proceso que estábamos viviendo con el caso de la desaparición de mi hermano”, contó Lukas.
Dijo que Crespo estaba interesado en una aproximación a su vida y su trabajo artístico y para ello lo siguió durante algunos días en su casa de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.
Pero al conocer el caso de Bruno “creo que él (Crespo) se replanteó lo que le interesaba hacer”.
Ante la magnitud del material, el joven periodista decidió trabajar para convertirlo en un documental de 30 minutos, La utopía de la mariposa, que esta semana se presentó en el Festival de Cine de Morelia, uno de los más reconocidos del país.
“No nos conocíamos y reconozco que en esa aproximación que tuvimos no fui muy accesible porque yo vivía una situación de mucho estrés con la Fiscalía. Entonces, creo no fue la mejor condición en la que Miguel se acerco a mí pero a pesar de todo salió el trabajo”, expresó Avendaño.
El artista cree que el periodista logró sintetizar o retratar muy bien no al personaje sino la cotidianeidad que vivimos en la familia y por ello es un buen material de denuncia ante la desaparición de su hermano.
“Después de ver la historia terminada nos queda una dignificación y respeto total por las familias que buscan a su familiar”, dijo a Efe Crespo.
Destacó que en el caso de Lukas le parece “muy poderoso que pueda convertir el arte en una herramienta de búsqueda, eso es lo más interesante y más hermoso que alguien puede hacer por un familiar: utilizar tu cuerpo, el arte, tu poesía, tu vida para enunciarlo y buscarlo”.
Para Lukas, ante la situación que se vive en su familia, “cualquier medio para dar a conocer la desaparición de nuestros familiares es un gran recurso”.
“Cuando me piden una entrevista a nadie le digo que no porque todo es una posibilidad de visibilizar y en esa medida, seguir impugnando porque las autoridades, la Fiscalía General de la República (FGR) haga su trabajo”, apuntó.
Lukas dijo que al día de hoy “no hay una línea de investigación ni rastro de su hermano Bruno Alonso, quien era policía naval de la Secretaría de Marina.
En la sinopsis del documental, que ganó el premio del público en la segunda edición del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México, se puede leer: “Bruno desapareció de manera misteriosa y encontrarlo entre los 40 mil desaparecidos que hay en México es, para Lukas, una utopía”.
Según datos oficiales, México registra más de 40 mil casos de desaparición y unos 26 mil cuerpos sin identificar en morgues.
A decir de autoridades mexicanas, la mayor parte de las desapariciones de personas están ligadas al crimen organizado y otras están vinculadas a autoridades en el ámbito local.
El caso más mediático de desaparición forzada en México ha sido el de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014 a manos de policías corruptos en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Yo pido que nos apoyen con la búsqueda de nuestros hijos porque es un gran dolor que tenemos el no saber de ellos”, dijo la señora Candelaria Gloria León, madre de Enrique Adalí León, un joven de 19 años, desaparecido en Nayarit desde hace cinco años.
Ciudad de México, 7 de abril (SinEmbargo).- Enrique Adalí León Moreno tenía 19 años de edad cuando desapareció el 19 de mayo de 2014, en el estado de Nayarit. Una llamada alertó a su madre que el joven había sido golpeado por unas personas en la colonia Lomas Verdes, en el municipio de Xalisco. La mujer fue a buscar a su hijo, pero ya no lo encontró y desde entonces no ha sabido nada de él.
“Estos cinco años han sido un martirio. Es un dolor tan fuerte que no se lo desea a nadie. Solamente las personas que pasamos por esto [tener un ser querido desaparecido] sabemos en realidad qué pasa adentro de nosotros”, expresó su madre, Candelaria Gloria León Moreno, en entrevista con SinEmbargo.
Enrique empezó a trabajar desde pequeño debido a que su familia es de bajos recursos. A los 15 años se iba junto con otros jóvenes a laborar en el campo, con un agricultor y dueño de unas jardineras. Después fue empleado en una tortillería y, cuando desapareció, era repartidor en una lonchería.
Enrique le comentó a su madre que saldría con unos amigos “a dar la vuelta”, pero que regresaría pronto a casa; era 18 de mayo de 2014, cerca de las siete de la tarde.
“Él siempre salía en las tardes con sus amigos y ese día me dijo: ‘Mami, voy a ir a dar una vuelta. No dilato, luego me regreso’”, recordó la mujer.
Pasaron las horas y la mujer telefoneaba a su hijo para preguntar cuándo regresaría. Enrique le contestó las llamadas ese día: “me decía que andaba con sus amigos, pero no me dijo dónde ni con quién”, señaló la entrevistada.
Candelaria volvió a comunicarse con Enrique a la mañana siguiente al ver que su hijo no había llegado al hogar. “Me contestó y me dijo que no me preocupara, que estaba bien”.
Enrique León Moreno desapareció en mayo de 2014 en Xalisco, Nayarit. La familia no ha tenido desde entonces ningún indicio de él. Foto: Especial.
Tres horas después, Candelaria recibió una llamada telefónica que la alertaba sobre su hijo: una voz desconocida le notificó que el joven estaba golpeado en la colonia La Andareña, “que le avisaba para que fuera a recogerlo”.
“Yo fui, pero cuando llegué allá, ya no lo alcancé”, evocó la mujer.
La madre de Enrique preguntó a unos vecinos en el lugar y éstos le confirmaron que habían visto a un joven con sus características, que estaba golpeado, sin playera y sin zapatos. “Las personas habían visto lo que pasó. Me dijeron: ‘sí mire, aquí lo tenían unos muchachos, pero de ahí lo subieron a una moto y ya no lo vimos’”.
Los testigos no supieron dar mayores detalles, ni de los agresores o si estaban armados.
Candelaria acudió a la Fiscalía General de Justicia Nayarit (antes Procuraduría) a interponer la denuncia por la desaparición, mientras que ella siguió con la búsqueda de su hijo: recorrió las calles cercanas al lugar donde fue visto por última ocasión y preguntó a sus amigos, pero no tenía ningún rastro.
SIN RASTRO
La investigación de las autoridades no ha tenido ningún avance hasta la fecha, agregó la mujer.
“Lo he buscado como loca y seguido iba a la Procuraduría del estado y siempre me decían que no había avances. Cuantas veces que yo iba a preguntar, ellos [los funcionarios] en ese momento buscaban el expediente y a veces ni lo hallaban, tardaban buen rato para encontrar los papeles y cuando lo veían me decían que no había nada de avances”, comentó la madre de Enrique.
La primera denuncia estaba radicada en el área de investigación de secuestros “pero ahí siempre tenían archivado el papel o lo pasaban de una mesa a otra”, comentó Candelaria.
La víctima indirecta destacó que buscar apoyo de las autoridades ha sido desgastante porque sólo la traían de escritorio en escritorio. “Nunca hicieron nada, ya van a ser cinco años de la desaparición de mi hijo y nunca hicieron nada”.
Candelaria sigue sin tener rastro, ni ningún indicio del joven. A principios de año fue la última vez que acudió a la Fiscalía de Nayarit para solicitar que su expediente fuera cambiado a la Fiscalía de Desaparecidos: “Estábamos peleando eso, que lo pasaran a Desaparecidos porque no le han dado avance para nada”, comentó.
Las autoridades le brindaron una copia del expediente y fue compartido con un Colectivo de Familiares de desaparecidos Guerras en Busca de Nuestros Tesoros Nayarit para apoyar en la búsqueda.
“Yo pido que nos apoyen con la búsqueda de nuestros hijos porque es un gran dolor que tenemos de no saber de ellos”, solicitó la mujer.
SIN CIFRAS EXACTAS
En el estado de Nayarit se desconoce con exactitud el número de desaparecidos, ya que las autoridades sólo dan cuenta de algunos de los que ponen denuncia, ya que recientemente se reveló que administraciones pasadas no daban continuidad a las investigaciones.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en el informe presentado por su anterior titular, Roberto Cabrera, reportó sólo 1 mil 440 desaparecidos en la entidad en el periodo de 2006 a 2018, de los cuales 121 son en Tepic y 5 en Xalisco, lugar donde Enrique desapareció.
La Fiscalía de Nayarit reconoció en un comunicado que el tema de desaparecidas “no era tomado en cuenta” en la anterior administración.
Argumentó que “no había investigación y no existía un área establecida y especializada en este tipo de situaciones, ya que todas las Carpetas de Investigación iniciadas por este tipo de hechos eran conocidas por la Unidad de Investigación de Delitos contra la Integridad Corporal y la Libertad Sexual”.
Sin embargo, la dependencia explicó que a partir del día 18 de Octubre de 2017 se creó la Unidad de Investigación Especializada en la Desaparición de Personas para la atención de este problema.
Dicha unidad, abundó la Fiscalía, es ahora la encargada de recibir las denuncias, solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes para realizar las tareas de investigación en campo y recabar la información necesaria para la persecución e investigación de los delitos previstos en dicha ley u otras leyes.
“Al principio cuando iba [con las autoridades] eran puras regañizas que me ponían y me atendían de muy mala forma. Iba y les decía: ¿por qué no activan la Alerta Amber?. Me respondían que no se podía activar porque andaba con niños vagos. Pasaron días, meses y años… Nunca se activó la alerta”, narró Karina Betancourt, madre del menor de 13 años desaparecido en 2015.
Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- Luis Eduardo Betancourt González tenía 13 años de edad cuando desapareció en Tepic, Nayarit, el 7 de octubre de 2015. Una versión recabada por la familia señala que lo habrían privado de la libertad junto con otros dos menores; sin embargo, las autoridades se negaron a activar la Alerta Amber porque “andaba con niños vagos” y consideraban que era innecesario, contó Karina Betancourt González, madre del menor.
Desde entonces han pasado tres años y aún no hay rastro de Luis Eduardo.
Durante los dos primeros años, la indagatoria ministerial fue nula, ni siquiera había expediente o carpeta de investigación, pese a que la familia interpuso el reporte durante las primeras 24 horas, explicó la madre del jovencito en entrevista con SinEmbargo.
“Al principio, cuando iba [con las autoridades] eran puras regañizas que me ponían y me atendían de muy mala forma. Iba y les decía ‘¿por qué no activan la Alerta Amber?’ y me decían que no podían activarla porque andaba con niños vagos y pasaron los días, los meses, los años y nunca se activó. Ahorita con los años menos se puede activar”, narró la mujer.
¿QUIÉN ERA LUIS EDUARDO?
Luis Eduardo es el mayor de tres hermanos, vivía con su abuela en la colonia Francisco Villa en Tepic, Nayarit, y estudiaba la secundaria abierta.
“A él le gustaba mucho dibujar y colorear, pero aún no tenía definido que quería ser de grande. Era un niño bien noble en nuestra casa, obediente. No era contestón”, platicó Karina Betancourt.
El 7 de octubre de 2015, Luis Eduardo salió de su casa alrededor de las 9 de la mañana. Pidió permiso para ir a un ciber café ubicado a cuadra y media de su casa, en la calle Juventino Espinoza.
Pasaron las horas y el menor no regresaba, aspecto que le extrañó a la abuela porque Luis Eduardo no se saltaba ni una sola comida. “Era bien tragón”, agregó la madre.
La abuela se alarmó cuando llegó la noche sin saber del jovencito.
“Ya eran como las 10:00 pm cuando a mí me marcaron y mi mamá me dijo que él no estaba. Él nunca había llegado tarde. Fuimos a buscarlo, pero el señor nos dijo que nunca llegó al ciber café, que no lo había visto en todo el día, que no se había parado en ese ciber”, recordó la mujer.
La familia preguntó a los alrededores y personas indicaron que vieron al menor en la Plaza del Músico, en el mismo Tepic. Eran como las 2 de la tarde cuando él estaba en esa plaza en compañía de dos niños indígenas que vivían ahí. Eran a quienes él frecuentaba. Eran de la misma edad.
“Nosotros fuimos a buscarlo y supuestamente los niños (que eran hermanos) también habían desaparecido, pero su familia no levantó ninguna denuncia como nosotros”, comentó Karina.
Luis Eduardo tenía 13 años cuando desapareció. Su familia no tiene ningún rastro de su paradero. Foto. Especial
En el transcurso de la noche, casi madrugada, la familia regresó a la Plaza y acudieron a un puesto de tacos cercano, preguntaron al encargado si había visto a los niños. El hombre, narró la entrevistada, dijo que por la tarde llegó una camioneta blanca con sujetos armados, quienes habían subido a la fuerza a los pequeños, “pero ya nunca supimos si fue cierto porque ese señor fue el único que nos dijo, el único que supuestamente vio”.
Días posteriores la familia volvía a la plaza con los familiares de los otros dos niños: “La señora [la mamá] nos decía que estaban acostumbrados a que sus hijos hicieran lo que querían porque eran muy desobedientes, que se iban por varios días y luego volvían”.
Los padres de los niños con los que se juntaba Luis Eduardo le dijeron a Karina, días después, que presuntamente los menores tomaron un tren. “Pero tampoco pudimos confirmar si eso fue cierto o no. Nunca supimos más porque ellos [los padres de los niños] no nos decían exactamente para dónde habían arrancado”, comentó.
Karina ya no volvió a saber de la familia de los niños, pues les perdió el rastro cuando reubicaron a los indígenas que vivían en esa plaza.
En el estado de Nayarit se desconoce oficialmente el número de desaparecidos, ya que las autoridades sólo saben de los que ponen denuncia. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, en el informe presentado por su anterior titular, Roberto Cabrera, reportó solo 1440 desaparecidos en la entidad en el periodo de2006 a 2018, de los cuales 121 son en Tepic.
SIN ALERTA AMBER
La familia de Luis Eduardo acudió a la Fiscalía de Antisecuestros en Nayarit al día siguiente de la desaparición para levantar la denuncia con la información que había podido recabar durante su propia búsqueda.
“Levantamos la denuncia y realizamos el papeleo correspondiente, pero fue todo. Yo iba otros días y los policías me regañaban que porque subía yo al Facebook información de la desaparición, porque supuestamente a él lo tenían secuestrado y yo estaba actuando mal, pero no hicieron nada”, mencionó la madre del menor.
La Alerta Amber es un mecanismo nacional para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos, en donde participan los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).
Las autoridades tienen la obligación de activarla cuando la persona desaparecida sea menor de 18 años de edad, deben contar con información suficiente del menor, las circunstancias de la desaparición y se presuma que está en inminente peligro de sufrir daño grave.
De acuerdo con el portal de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, en los casos en que se valore no activar la Alerta, deberán utilizar otros mecanismos para la búsqueda y localización de la niña, niño o adolescente.
Karina afirmó que además de no activar la Alerta Amber, las autoridades no realizaron las suficientes diligencias, incluso ni siquiera había un expediente de investigación, aspecto que se dio cuenta dos años después.
“Le digo que casi siempre cuando iba, al principio, eran puras regañizas que me ponían y me atendían de muy mal forma pues. Iba y les decía que por qué no activaban la Alerta Amber, y me decían que no se podría activar porque andaba con niños vagos”. Como yo les comenté que la mamá de ellos me había dicho que así vivían (los otros niños): que se iban, se desaparecían y al rato volvían, ellos [los funcionarios] me decían que mi hijo iba a ser igual y que pues la alerta se iba a activar para nada y nunca la activaron”, explicó.
Karina comentó que cuando acudía no le querían entregar el expediente ni documentos, no le daban información suficiente.
En septiembre de 2018 conoció al colectivo de Guerreras en Nayarit, un grupo de familiares de al menos 30 personas desaparecidas en Tepic, Nayarit, encabezado por Virginia Garay, madre de Bryan Eduardo Arias Garay de 19 años, un jovencito desaparecido el 8 de febrero de 2018 cuando iba a trabajar a un puesto de hamburguesas ubicado a tres cuadras de su casa.
“La señora Vicky me preguntó que si me habían dado el expediente y yo le dije que a mí nunca me dieron ningún expediente. Cuando levanté la denuncia miré que ellos (autoridades) hicieron un papeleo y algo, pero nunca me dieron un expediente. La señora Virginia quedó de ayudarme a buscar con las autoridades el expediente, pero resultó que no había nada. No hicieron nada, pasaron dos años y en esos dos años nunca hubo carpeta ni oficios, nada hubo de mi hijo en ese momento”, narró.
Karina Betancourt volvió a interponer la denuncia en octubre del año pasado para que se abriera la carpeta de investigación, “pero pues mi expediente está muy chiquito ahora, muy poquitas hojas, no se ha avanzado gran cosa”, comentó.
A más de tres años no hay ningún rastro ni indicio sobre el paradero de Luis Eduardo, insistió Karina: “Yo no creo que él se fue por su cuenta. Esa vez se nos hizo raro que pasara todo el día y no se reportara”.
La madre del menor desaparecido, que ahora tiene 17 años, indicó que todo este tiempo ha sido muy duro para ella y su familia: “A nadie se le desea que pase este momento”.
La Comisión Nacional de Búsqueda reportó no más de 200 desaparecidos en Nayarit desde el 2006 a 2018. Foto: Guerreras en busca de nuestros tesoros, Nayarit.
DESAPARECIDO EN LA ERA DEL “NARCO-FISCAL”
El año en que Luis Eduardo desapareció, 2015, el Fiscal de Nayarit era Édgar Veytia Camberos, quien ha sido señalado narcotráfico y contrabando de drogas hacia los Estados Unidos a partir de 2013. En enero pasado, el ex Fiscal se declaró culpable de las acusaciones de conspiración para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana desde 2013, mismo año que comenzó su cargo como Fiscal en la administración del Gobernador priísta Roberto Sandoval Castañeda.
Según la Fiscalía de Estados Unidos y de acuerdo con las presentaciones judiciales y los hechos presentados durante el proceso de declaración de culpabilidad, desde enero de 2013 hasta febrero de 2017, Veytia usó su posición oficial como Fiscal general del Estado para ayudar e instigar a las organizaciones de narcotráfico que operan en Nayarit a cambio de sobornos.
“El Diablo”, como se le conocía, fue detenido el 29 de marzo pasado en un intento de cruce hacia los Estados Unidos por supuestos delitos contra la salud cometidos en ese país, y por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detención de Veytia Camberos destapó un escándalo y se señaló que el Gobierno del priista Roberto Sandoval Castañeda solapaba a grupos del crimen organizado, principalmente el Cártel Jalisco, que durante ese sexenio amplió sus operaciones y realizó una serie de “levantones”, extorsiones y ejecuciones, cuyas denuncias no fueron archivadas ni investigadas por la Fiscalía General de Nayarit.
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