El primero de los ataques similares ocurrió el viernes en la noche, donde hubo un saldo de tres lesionados; el segundo, fue al mediodía del sábado, con seis fallecidos, cinco adultos y un menor de edad, y otras dos personas heridas.
Ciudad de México, 13 feb (EFE).- Este fin de semana se registraron dos ataques armados en dos diferentes funerales en la mexicana Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, en los que fallecieron seis personas y otras cinco resultaron heridas, según informaron las autoridades estatales.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua compartió a través de un comunicado que el evento ocurrido la noche del viernes en un domicilio al sur de la ciudad tuvo como saldo tres lesionados, cuyo estado de salud se desconoce.
El segundo hecho similar fue al mediodía de este sábado, también fue al sur de la ciudad y la autoridad mencionada dio a conocer que se iniciaron las averiguaciones para determinar el móvil.
Peritos trabajan en los alrededores de la zona donde se cometió uno de los dos crímenes en funerales en Ciudad Juárez. Foto: Luis Torres, EFE.
En este lugar se confirmó el fallecimiento de cinco adultos y un menor de edad, mientras que dos personas resultaron lesionadas, las cuales fueron trasladadas a un hospital y por el momento se desconoce su estado de salud.
Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, así como la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM) y peritos, analizan las evidencias recabadas para el esclarecimiento de los hechos, detalló la Fiscalía.
México registró en 2021 otro año violento con 33 mil 308 homicidios dolosos y distintas masacres que azotaron el país y lo tiñeron de rojo pese al ligero descenso de casos frente al año anterior.
Según los datos oficiales presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), México registró 33 mil 308 homicidios dolosos el pasado año, un 3.6 por ciento menos frente a los 34 mil 554 asesinatos de 2020.
El Presidente ha negado repetidamente haber cometido delito alguno y calificó la pesquisa del Senado de farsa con motivaciones políticas que busca socavar a su Gobierno.
Por David Biller y Débora Álvares
RÍO DE JANEIRO, 28 de octubre (AP).— La mañana después de que un comité del Senado de Brasil recomendó cargos penales contra el Presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia del coronavirus, Bruna Chaves, quien perdió a su madre por la COVID-19, descargaba su dolor en una sesión grupal de apoyo al duelo emocional.
“No era momento de que mi mamá se fuera”, dijo a los demás el miércoles en una capilla ecuménica en Río de Janeiro. “Alguien tiene que tener la culpa”.
Un organismo gubernamental que arrojó la culpa a los pies del Presidente en la forma de un reporte de casi mil 300 páginas está ayudando ya a dar consuelo y validación a una apenada nación con la segunda tasa de mortalidad por el virus más alta del mundo, y la octava per cápita.
Chaves, una estudiante de química de 25 años, ha seguido en las últimas semanas las sesiones televisadas de la investigación de seis meses del comité, que culminó el martes con la recomendación de que Bolsonaro enfrente cargos junto a docenas de funcionarios y aliados más.
Fernanda Natasha Bravo Cruz muestra en su celular una foto del último viaje que realizó con su padre, Juracy, quien murió a causa de la COVID-19, en su casa en Brasilia. Foto: Eraldo Peres, AP.
La trabajadora social que coordina la sesión de Chaves, Márcia Torres, dijo que la exposición pública de los hechos durante la investigación del Senado puede ayudar a la gente a avanzar en su proceso de duelo. Ver a los funcionarios enfrentar las consecuencias de sus acciones podría brindarles un mayor consuelo.
“La condena sería justicia”, apuntó Torres. “Para la gente sería de gran valor ver eso, ver al gobierno arrestado, literalmente arrestado. Para ellos, sería un alivio”.
Muchos, incluyendo Chaves, temen sin embargo que las posibilidades de un castigo concreto a las autoridades acusadas de ser responsables de muchas de las 607 mil muertes por la COVID-19 en Brasil sean escasas. No es seguro que el Fiscal general, nombrado por Bolsonaro, presente cargos o que el proceso de juicio político avance en el Congreso.
El Presidente ha negado repetidamente haber cometido delito alguno y calificó la pesquisa del Senado de farsa con motivaciones políticas que busca socavar a su Gobierno.
Pero el doctor Helian Nunes, psiquiatra de la Universidad Federal de Minas Gerais y que coordina un programa de apoyo psicológico a los trabajadores de primera línea, afirmó que la investigación es importante para sus pacientes. De las casi 100 personas a las que atendió personalmente —casi todas han perdido a seres queridos o conocidos—, la mayoría ha seguido de cerca las noticias de la investigación del Senado y hablaron de ello en sus sesiones, dijo a The Associated Press.
“No es posible reemplazar esas pérdidas, pero cuando se le da voz a esa gente y se responsabiliza a la gente implicada, es posible reducir los daños”, añadió Nunes.
“La sociedad debe darle importancia a lo que ocurrió para que no vuelva a pasar de nuevo”, agregó.
Bolsonaro ha desviado a menudo la culpa por la cifra de víctimas de la pandemia, criticó a los gobernantes y alcaldes por imponer restricciones para contener la propagación del virus, atacó al Supremo Tribunal por defender las jurisdicciones de los líderes locales y se presentó como acertado al rechazar recomendaciones políticamente correctas y mantener la economía en marcha, aparentemente para proteger a los pobres.
Una constante en su enfoque hacia la pandemia ha sido su retórica despectiva y despreciativa: dijo que la COVID-19 era solo “una pequeña gripe” y bromeó con que los brasileños deberían ser estudiados porque pueden nadar en aguas residuales sin caer enfermos.
Esto ha molestado durante mucho tiempo a personas como Márcio Antônio Silva, quien perdió a su hijo de 25 años a causa del coronavirus y recientemente contó al comité del Senado que le dolía ver como se reducía su dolor a una simple queja por parte de un presidente que ofrece sarcasmo en lugar de atención.
Bolsonaro ha desviado a menudo la culpa por la cifra de víctimas de la pandemia, criticó a los gobernantes y alcaldes por imponer restricciones para contener la propagación del virus. Foto: Eraldo Peres, AP
“Este es el motivo por el que la investigación fue tan importante para mí, porque apareció alguien que no dijo ‘¿y qué?'”, señaló Silva en su declaración, con la voz temblorosa. “Alguien vino y dijo: ‘Voy a hacer algo por usted'”.
Durante la pandemia, Bolsonaro reunió a multitudes sin mascarilla para demostrar que las personas tienen derecho de ir y venir a su antojo, pero ni una sola vez presentó sus respetos en un funeral o entierro de víctimas de COVID-19. Y después de sus tímidas declaraciones de pesar por las muertes por coronavirus giró hacia el fatalismo apuntando que la muerte forma parte de la vida.
Escéptico declarado hacia las vacunas, promocionó insistentemente la hidroxicloroquina, una pastilla contra la malaria, incluso mucho después de que amplias pruebas demostraron que no era efectiva contra la COVID-19. El reporte del comité del Senado sostiene que la hidroxicloroquina fue “prácticamente la única política del Gobierno para combatir la pandemia”, y como resultado Bolsonaro es “el principal responsable por los errores cometidos por el Gobierno federal”.
En medio de la lluvia de acusaciones que se derivan de la investigación, el índice de aprobación del Presidente ha caído de forma constante hasta alcanzar su nivel más bajo desde que llegó al poder en 2019. Las encuestas para las elecciones del próximo año lo sitúan por detrás de su principal rival.
El Presidente de Brasil escéptico promocionó insistentemente la hidroxicloroquina, una pastilla contra la malaria, incluso mucho después de que amplias pruebas demostraron que no era efectiva contra la COVID-19. Foto: Fernando Bizerra, EFE
El comité del Senado ha propuesto la creación de un monumento para las víctimas de COVID-19, pero por ahora, las familias de los fallecidos deben conformarse con homenajes temporales como las banderas blancas colocadas este mes en el exterior del Congreso en la capital, Brasilia.
Fernanda Natasha Bravo Cruz estaba allí llorando a su padre, a quien recuerda como un abogado que solía asesorar gratis a los necesitados. Tras seguir inicialmente las recomendaciones de quedarse en casa, comenzó a bajar la guardia, se contagió y falleció antes de poder abrazar a su nieta recién nacida. Antes de ese esperado encuentro, le envió una copia de El principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
Ahora, siempre que la hija de Cruz ve el libro, lo señala con entusiasmo como si supiese que alguien quería que creciese leyéndolo.
Cruz afirmó el miércoles dijo que la decisión del comité del Senado le había dado cierta sensación de justicia.
“Es importante que haya instituciones del lado de la gente que está sufriendo y que se han vuelto muy frágiles en este proceso”, afirmó Cruz. “Esto no es solo un dolor personal. Es un dolor colectivo”.
La violencia, la pobreza y la exclusión expone especialmente a las personas trans por la desigualdad de género; además, otras relaciones de poder reducen su esperanza de vida de manera alarmante.
Buenos Aires/Ciudad de México/Sao Paulo, 29 jun (EFE).- Con centenares de crímenesdeodio sin resolver y una discriminaciónendémica y excluyente, la violencia contra la comunidadtrans sacude a una AméricaLatina con frágiles avances para este colectivo: según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina tan sólo es de 35 años.
La “violencia, pobreza y exclusión” expone especialmente a las personas trans debido a la “desigualdad de género”, mientras que otras relaciones de poder “reducen de manera alarmante la esperanza de vida promedio de mujeres trans a 35 años”, indicó el organismo en un informe publicado en 2018.
VIOLENCIA E IMPUNIDAD
Brasil es el país que más mata trans en el mundo. Sólo en 2020 al menos 175 personas trans -todas mujeres- fueron asesinadas, lo que equivale a un asesinato cada dos días, según datos de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra).
La #CIDH y #REDESCA llaman a los Estados de la región a tomar medidas afirmativas para erradicar la situación de discriminación y exclusión de las personas trans, no binarias y de género diverso, garantizando sus #DESCA con una perspectiva interseccional. #DDHH#LGBTI 3
Las cifras, que vienen aumentando cada año, suponen un nuevo récord para el gigante latinoamericano.
La presidenta de Antra, Keila Simpson, explicó a EFE que hay dos factores esenciales detrás de ese aumento: la naturalización de la violencia, impulsada por el “discurso de odio perpetrado a diario por el Presidente Jair Bolsonaro”, y la “negligencia” de la Justicia, ya que las investigaciones de crímenes contra personas trans “nunca son llevadas a cabo o reciben la debida importancia”.
“Brasil se volvió tierra de nadie, porque tenemos las leyes en el papel, pero nunca llegan a las poblaciones que realmente necesitan, por lo que vemos una violencia creciente”, dijo.
Con una vida marcada por el prejuicio y agresiones en los más diversos ámbitos, cerca del 90 por ciento de las mujeres trans dependen de la prostitución para sobrevivir, de acuerdo con Antra.
#Orgullo2021 || Primer libro en Brasil que retrata a través de datos oficiales la violencia contra la comunidad LGBT+ y el proceso de atención de las políticas de seguridad de protección y reconocimiento de la diversidad sexual y de género. 📖🗝️Descárgalo: https://t.co/39j24fXoqipic.twitter.com/dzu4ZMIUSg
— EULAC | Edición universitaria (@AsociacionEULAC) June 28, 2021
Además de la violencia por parte de terceros, los suicidios entre la población trans igualmente vienen creciendo año tras año. Tan sólo en 2020 fueron registrados 23 suicidios, frente a los 15 de 2019.
Atribuyó este hecho a la soledad que padeció el colectivo en un año marcado por la pandemia y “sin el apoyo del Gobierno o de la familia”.
ESTIGMA ENRAIZADO
A pesar de los avances legales, México es uno de los países de Latinoamérica con más violencia homófoba y transófoba.
“El contexto de las mujeres trans en México es preocupante. Hay mucha discriminación y exclusión, no ha habido la visibilidad adecuada y hay una deuda histórica”, dice a EFE la activista Kenya Cuevas, quien dirige la ONG Casa de las Muñecas Tiresias y un albergue para personas trans en el país.
Kenya Citlali Cuevas Fuentes de @CTiresias habló sobre la criminalización de mujeres trans la cual genera desigualdad y discriminación derivada de la falta de oportunidades, asimismo, señalo el abandono que sufren en los centros penitenciarios y la ausencia de redes de apoyo. pic.twitter.com/ft9xA6v6pF
— Sistema Integral de Derechos Humanos (@PDHCDMX) June 29, 2021
Cuevas se encuentra con sus amigas en el velatorio de Kaory Cantarero, hondureña que falleció en México en días recientes.
En medio del dolor que representa esta pérdida, Cuevas relató que la inmensa mayoría de las mujeres trans tienen que vivir del trabajo sexual, algo que está criminalizado y que deriva en otras discriminaciones “como consumo de sustancias psicoactivas, vivir en la calle, ser migrante o vivir con VIH”.
Es el caso de Kaory, a quien velan y ofrecen un show con ella de cuerpo presente, antes de que sea repatriada a su país.
La hondureña, de 28 años y llegada al país hace una década, es un reflejo de la inacción de las autoridades y la discriminación ejercida por la sociedad. Murió en condiciones de vulnerabilidad pues era una trabajadora sexual que vivía en la calle con VIH y tenía adicciones.
La organización Letra S, referente del tema, reportó 79 asesinatos de odio contra personas de la comunidad LGBT en 2020, más de la mitad eran mujeres trans.
Uno de los grandes pendientes que hay en #CDMX y en todo el país es la violencia hacia las personas trans. Además de Brasil, México ocupa uno de los primeros lugares en crímenes de odio contra personas trans, advierte @Geraldina_GV en @mejecutivotvmx.
Y ante esto, activistas como Kenya Cuevas se embarcan en las “acciones que debería llevar a cabo el Gobierno” para aportar su granito de arena.
En la Casa de las Muñecas Tiresias, por ejemplo, han desarrollado un programa integral para revertir el rezago educativo de las personas trans con educación para la autonomía, asesoría jurídica o acompañamiento psicológico, entre otros.
Todo con el fin de lograr la reinserción social.
LA DICOTOMÍA ARGENTINA
La comunidad trans en Argentina vive en una “dicotomía”: si bien las personas transgénero gozan de igualdad jurídica y de amplios derechos reconocidos por ley, todavía son el colectivo LGBT más golpeado por los crímenes de odio, desde los insultos y agresiones hasta los asesinatos.
Así lo considera Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, para quien esa igualdad en sentido jurídico aún no se ha traducido en una “igualdad real”.
“Todavía hay una brecha en género, en la comunidad LGBT en general y una brecha inmensa en la comunidad trans en particular”, afirmó Massenzio a EFE por videoconferencia.
Aunque la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, fue “maravillosa en todo sentido” para la comunidad trans, al pasar de la “patologización” de este colectivo a la defensa de los derechos humanos, los hechos discriminatorios no han cesado en los últimos años.
Según el Observatorio de Crímenes de Odio contra la diversidad sexual, en 2020 se produjeron 152 crímenes de odio contra la comunidad LGBT en Argentina, de los cuales una inmensa mayoría (127, un 84 por ciento) tuvieron como víctimas a mujeres trans.
De hecho, en los últimos cinco años 56 mujeres trans fueron asesinadas en el país suramericano, un 76 por ciento de todas las muertes violentas contra la comunidad LGBT.
“Tenemos el código penal que tiene el agravante del crimen de odio, y hasta la fecha tenemos diez, quince sentencias, que han aplicado ese agravante. Hay un déficit infernal”, lamentó Massenzio al hablar sobre la falta de acceso a la justicia de las poblaciones trans.
Por todo esto, desde las organizaciones LGBT están impulsando en el Congreso una Ley Integral Trans para proteger a un colectivo cuya esperanza de vida, según Massenzio, no llega a los 40 años en Argentina, en sintonía con el resto de América Latina.
Autoridades mexiquenses han roto el piso de concreto y las estructuras de la vivienda de Andrés, el hombre detenido esta semana en Atizapán y quien es investigado por su presunta relación con varios feminicidios, para que expertos forenses examinen el lugar.
CIUDAD DE MÉXICO, 20 mayo (AP).- La policía recuperó restos óseos y otras evidencias enterradas en una vivienda de Atizapán, Estado de México, en la que un hombre fue arrestado presuntamente asesinar a una mujer a cuchilladas y descuartizar su cuerpo.
La Fiscalía estatal informó el miércoles que de momento no es posible determinar el número de víctimas, y que se tendrán que llevar a cabo análisis de ADN.
Sin embargo, la evidencia encontrada en la vivienda del municipio de Atizapán — al noroeste de la capital— como calzado, credenciales de identificación oficial y bolsos y ropa de mujer, deja entrever que el sospechoso, de 72 años, podría ser un asesino serial y que habría cometido los crímenes durante años.
Los trabajos de búsqueda de evidencia y de cuerpos continúan. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
Los investigadores usaron martillos hidráulicos para romper el piso de concreto y las autoridades tuvieron que desmantelar parcialmente la estructura hecha de bloque de concreto y techos de lámina a fin de permitir que los expertos forenses examinaran minuciosamente el lugar.
La casa se encuentra en una propiedad de acceso común en la que se construyeron varias viviendas en un solo lote. El martes, los fiscales anunciaron que el hombre de 72 años fue detenido en el lugar mientras buscaban a una mujer de 34 años que había sido reportada como desaparecida.
Una vez dentro de la vivienda, la policía encontró una especie de sótano poco profundo en el cual había una mesa con el cuerpo descuartizado de la mujer.
Los investigadores hallaron credenciales de identificación, maquillaje, bolsos y ropa de mujer, así como cuadernos y cintas de video marcadas con los nombres de otras mujeres.
Continúan los trabajos de búsqueda de evidencia y de cuerpos en el predio del Edomex donde fueron hallados restos humanos, libretas con nombres, casetes de video y maquillaje de mujer. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
El hombre, de complexión baja y fornida, ha sido identificado sólo como Andrés en apego a las leyes mexicanas que protegen la identidad de los sospechosos. Parecía caminar con paso vacilante al ser escoltado a la cárcel, donde permanece detenido bajo cargos de homicidio.
México ha registrado una ola de feminicidios en años recientes y los activistas aseguran que la policía no hace lo suficiente para prevenir, investigar y procesar tales crímenes.
En 2018, un hombre fue arrestado en otro suburbio de Ciudad de México y confesó haber asesinado a por lo menos 10 mujeres. En su momento, la fiscalía indicó que el hombre habría vendido los huesos de algunas de sus víctimas.
Ese caso espeluznante salió al descubierto después de que una pareja fue sorprendida trasladando restos humanos desmembrados en una carriola para bebé.
México, la India, Pakistán y Honduras son algunos de los países sin guerra con un incremento de periodistas asesinados, según Reporteros Sin Fronteras; durante 2020 representaron el 68 por ciento de los 50 informadores objeto de crímenes en todo el mundo.
Por María D. Valderrama
París, Francia, 29 de diciembre (EFE).- La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó este martes del incremento de periodistas asesinados en países que no están en guerra como México, la India, Pakistán u Honduras, que en este 2020 representaron el 68 por ciento de los 50 informadores objeto de crímenes en todo el mundo.
En la segunda parte de su informe anual sobre abusos contra periodistas, centrado en los homicidios, la organización destaca que 50 informadores fueron asesinados, una cifra similar a los 53 muertos de 2019, pese a que los confinamientos forzados por la pandemia han supuesto una caída de los reportajes sobre el terreno.
En un 84 por ciento las víctimas fueron objetivos elegidos de manera deliberada, frente a un 63 por ciento en 2019, y RSF resalta que algunos de ellos murieron en condiciones “particularmente salvajes”.
Reportes Sin Fronteras, con sede en París, manifiesta a su alarma por el notable incremento de muertes en países en paz.
Si en 2016 el 58 por ciento de los periodistas asesinados perdió la vida en zonas de guerra como Siria, el Yemen, Afganistán o Irak, este año ese porcentaje fue del 32 por ciento.
Es decir, el 68 por ciento de las víctimas mortales de 2020 se produjo en países en paz, con ocho en México, cuatro en la India y Pakistán y tres en Filipinas y Honduras, según la ONG.
En México, RSF recuerda el brutal asesinato de Julio Valdivia Rodríguez, del periódico El Mundo, que fue hallado decapitado en el estado de Veracruz.
Su colega Víctor Fernando Álvarez Chávez, redactor jefe del diario digital Punto x Punto Noticias, apareció descuartizado en la ciudad de Acapulco. Ambos crímenes permanecen impunes.
“Es una triste constante. En 2020, con ocho asesinados, México confirma su posición de líder en la categoría de países más peligrosos para la profesión”, indica el informe, el cual denuncia que los vínculos entre el narcotráfico y la clase política se mantienen.
En la India, el periodista del diario Rashtriya Swaroop, Rakesh Singh “Nirbhik”, fue embadurnado con gel hidroalcohólico y quemado vivo y el reportero Isravel Moses fue matado a machetazos.
– 50 periodistas muertos – 84% señalados y eliminados de forma deliberada – Algunos muertos en condiciones sórdidas: decapitados, descuartizados o a machetazoshttps://t.co/7cA7Ek5NoA
“La violencia del mundo sigue abatiéndose sobre los periodistas. Una parte de la opinión pública considera que los periodistas son víctimas de los riesgos de la profesión, cuando cada vez más los ataques se producen cuando están investigando o efectuando reportajes sobre cuestiones sensibles”, afirmó el secretario general de RSF, Christophe Deloire.
Deloire lamentó que el derecho a la información, “un derecho universal”, es cada vez más frágil.
Las investigaciones sobre corrupción local y malversación de fondos públicos, sobre la mafia y el crimen organizado son los temas más peligrosos a la hora de informar, de acuerdo con los datos de 2020.
Además, siete periodistas fueron asesinados mientras cubrían manifestaciones.
En Kurdistán y Nigeria, tres reporteros perdieron la vida en situaciones de tensión entre manifestantes y fuerzas del orden.
En Colombia, Abelardo Liz murió por disparos en una protesta por los derechos de los indígenas que fue dispersada “de manera violenta” por las fuerzas del orden.
Otros tres periodistas murieron en concentraciones en Irak donde, detalla RSF, siempre se repite el mismo método: fueron asesinados de un tiro en la cabeza a manos de hombres no identificados.
En 2020, al menos otros siete periodistas han sido asesinados en relación con su trabajo en #México, lo que convierte a este país en el más mortífero del mundo para la profesión https://t.co/wHHSafYZOZ
RSF pone el foco en la crisis del coronavirus como factor agravante, con casos de periodistas encarcelados que fallecieron en prisión por la enfermedad en Rusia, Egipto y Arabia Saudí, donde sus allegados denuncian que “los dejaron morir”.
En la primera parte de su informe anual publicado a mediados de diciembre, RSF comunicó que 387 periodistas fueron encarcelados a lo largo del año (frente a 389 en 2019), 54 fueron secuestrados y 4 fueron dados por desaparecidos.
La organización, que calificó ese dato de “históricamente alto”, alertó además de que el número de mujeres detenidas subió un 35 por ciento este año.
Los países con más reporteros arrestados fueron China, Egipto, Arabia Saudí, Vietnam y Siria, que concentran en total más de la mitad los profesionales detenidos en el mundo.
Según RSF, las detenciones arbitrarias se multiplicaron por cuatro con el inicio de la pandemia.
Hasta catorce periodistas que fueron arrestados en el marco de investigaciones sobre la COVID-19 siguen detenidos a día de hoy.
Shiraishi Takahiro, alias “el asesino de Twitter”, se declaró culpable de matar y desmembrar a nueve personas en 2017; el joven de 29 años de edad admitió frente a la corte que las acusaciones en su contra eran ciertas.
Tokio, Japón, 1 de octubre (RT).- El japonés Shiraishi Takahiro, conocido como el “asesino de Twitter“, se ha declarado culpable de matar y desmembrar en 2017 a nueve personas a las que contactó a través de la red social. La confesión fue realizada este miércoles en la sucursal de Tachikawa del Tribunal del Distrito de Tokio, informan medios locales.
A pesar de que el joven, de 29 años de edad, admitió frente a la corte que las acusaciones en su contra eran “correctas”, la defensa apeló por una sentencia reducida, alegando que los crímenes fueron cometidos con la aprobación de las víctimas.
Los abogados aseguran que las personas fallecidas, ocho mujeres y un hombre de entre 15 y 26 años de edad, habían expresado pensamientos suicidas en Internet y habían acordado ser asesinadas. En este sentido, argumentaron que los cargos contra su cliente deberían figurar como homicidio con consentimiento.
Además, la defensa sostuvo que Shiraishi no podía ser considerado responsable de forma penal pues en ese entonces estaba muy débil mentalmente. No obstante, las autoridades llevaron a cabo cinco pruebas psiquiátricas y en 2018 los fiscales concluyeron que sí podía ser juzgado.
El joven es acusado de asesinar, desmembrar los cuerpos y colocarlos en neveras portátiles que más adelante fueron descubiertos en su apartamento. Según la investigación, Shiraishi también agredió sexualmente a las víctimas femeninas y robó sus pertenencias, incluyendo dinero en efectivo.
El tribunal prepara un total de 24 audiencias que se llevarán a cabo durante 77 días y finalizarán con el dictamen del fallo judicial el 15 de diciembre.
El informe de una misión internacional para investigar la situación en derechos humanos en Venezuela concluyó en que el Presidente Nicolás Maduro y los ministros de Interior y Defensa están involucrados crímenes y violaciones por parte de seguridad civiles y militares.
Ginebra, Suiza, 16 de septiembre (EFE).- Una misión internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que el Presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
El informe publicado hoy por esa misión ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
“La misión tiene bases razonables para creer que tanto el Presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”, se señala en las conclusiones de la investigación.
Dos personas caminan ante varios grafitis con mensajes de rechazo al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas (Venezuela). Foto: Rayner Peña, EFE
Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.
Los investigadores han recogido evidencias de que a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el informe) incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.
“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo cumplir su compromiso de reducir la incidencia homicida en su segundo año de Gobierno. La tasa de asesinatos en México es cinco veces más alta que la media internacional. Y ya se superó la barrera de las 100 muertes violentas por día. Pese al presunto despliegue de la Guardia Nacional en las zonas conflictivas, los estados con mayor violencia de sangre continúan siendo los mismos de los años recientes. Activistas en el tema de seguridad aseguran que no existe el punto de inflexión anunciado por el Secretario de Seguridad Alfonso Durazo.
Por Rosario Mosso Castro
Tijuana, Baja California (ZETA).– Con 34 mil 679 homicidios dolosos en su primer año de Gobierno, el 1 de noviembre de 2019, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las cifras mortales se maquillaban en los gobiernos anteriores, y que necesitaba un año más para dar resultados.
Sin embargo, el próximo martes 1 de septiembre del 2020 presentará el informe de su segundo año de Gobierno, y las ejecuciones siguen en aumento, por lo que -de nuevo- será una asignatura pendiente para el mandatario.
Al comparar los primeros ocho meses de ambos años, se contempla que los 23 mil 48 decesos violentos de 2019, están por debajo de los 23 mil 340 víctimas del 2020. Esos casi 300 muertos, representan un leve incremento de poco más del 1 por ciento. Pero no se puede pasar por alto que este aumento se da con respecto al año con más homicidios registrados en el país, mismo que ya había presentó una crecida del 2.5 por ciento con respecto al 2018.
La crecida de los asesinatos en los últimos cuatro años en el país, se ha dado de la siguiente manera: 28 mil 871 en 2017; 33 mil 734 en 2018; 34 mil 672 en 2019; 22 mil 508 en los primeros ocho meses del 2020.
Además, hay más muertos y menos carpetas iniciadas con relación al año pasado, lo que significa que este año hubo más homicidios múltiples.
Escena de crimen en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.
De acuerdo a cifras preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta el día 25, el mes de agosto acumulaba dos mil 14 homicidios, que sumados a los 58 mil 058 muertos contabilizados en los 18 meses previos, dan un total de 60 mil 72 muertes violentas en lo que va del sexenio de López Obrador. Un número incluso mayor a las 41 mil 13 muertes de los dos primeros años de su antecesor Enrique Peña Nieto.
Cantidad que seguramente aumentará cuando se hagan las correcciones previo a la publicación oficial de los asesinatos del mes de agosto, porque las cifras son imprecisas. Como ejemplo, en este registro preliminar, la SESNSP indica que el estado de Baja California registra 133 asesinatos; pero de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía del Estado al 26 de agosto, la entidad suma 204 homicidios, 135 solo en Tijuana.
Frente a estas estadísticas, el compromiso de bajarle un 50 por ciento los delitos en los próximos cuatro años, lo que incluye reducir las muertes violentas a la mitad, se contempla poco probable, sin importar que la meta haya sido incluida en el Programa Sectorial Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), publicado en el Diario Oficial al principio del pasado mes de julio.
Menos aún si se contempla que en lo que va del año, el promedio ha sido de 95 muertes violentas diarias; sin embargo, en los primeros 25 días de agosto, aún con cifras preliminares, los días 1, 2, 15 y 25 la estadística registró más de 100 asesinatos en un solo día.
Los 10 estado con más muertes acumuladas en estos 18 meses son:
*Guanajuato: seis mil 357.
*Baja California: cuatro mil 766.
*México: cuatro mil 790.
*Jalisco: cuatro mil 419.
*Chihuahua: cuatro mil 381.
*Michoacán: tres mil 605.
*Guerrero: dos mil 911.
*Veracruz: dos mil 636.
*Ciudad de México: dos mil 552.
*Sonora: dos mil 313.
Pareciera que de nada ha servido la estrategia federal de concentrar fuerzas federales en las zonas de mayor incidencia homicida, porque son exactamente las mismas entidades violentas del año pasado. Solo se movieron de lugar en el Top 10 sangriento; salvo Guanajuato, que fue la única que no se movió de su primer lugar.
En cuanto a los estados más sangrientos por cada 100 mil habitantes, al igual que el año pasado: Colima, Baja California, y Chihuahua, conservaron su primer, segundo y tercer lugar; Guanajuato pasó del quinto al cuarto lugar; y Zacatecas, Sonora, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, y Guerrero se mantuvieron en la lista, en diferente posición.
Los estados más violentos. Gráfico: ZETA.
60 mil 072 ejecutados. Gráfico: ZETA.
LOS DESPLIEGUES
Respecto a los despliegues de la Guardia Nacional en los estados y municipios, los que el Gobierno Federal prometió se harían en las zonas de mayor incidencia homicida, resulta que no está sucediendo conforme a lo anunciado.
María Elena Morena, presidenta de Causa Común, explicó que de acuerdo a los análisis recientes del Observatorio de la Guardia Nacional, no se puede determinar en qué está basada la distribución del personal federal en las entidades.
Porque los estados donde hay más personal federal por tasa de habitantes son: Quintana Roo con 1.08 elementos por cada mil; Colima es 1.04 por cada mil; Zacatecas, 1.03 por cada mil personas; Oaxaca es 0.95 cada mil; y Guerrero 0.92 por cada mil.
“Sin embargo, Baja California tiene una tasa de 73 homicidios por cada 100 mil habitantes, y no figura entre los estado con mayor número de efectivos desplegados. Creemos que los desplegaron donde ya tenían cuarteles, y conforme se vayan construyendo espacios, va ir mejorando el despliegue de los agentes de la federación en los estados”.
EL PROBLEMA ES GUANAJUATO
Después del informe anual, en diciembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo declaró que Guanajuato concentró un alto porcentaje de los homicidios dolosos del país en 2019; en esa fecha habló mil 211 muertes. La cifra actualizada en la página del SESNSP contabiliza tres mil 540.
En febrero del 2020, en la ceremonia de inauguración de cuarteles de la Guardia Nacional en Pénjamo, Guanajuato, prometió que los numerosos grupos criminales que azotan la entidad serían combatidos. “Hay organizaciones criminales aquí en el estado y en el estado vecino. Tienen una disputa feroz por el territorio y a los dos vamos a terminar por acotarlas”.
Casi seis meses después, el 2 de agosto, fue detenido, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima. Y los homicidios que en julio habían llegado a las 402 víctimas, en las cifras preliminares de agosto marcan 270 asesinatos, misma que seguramente aumentará en la actualización oficial.
La violencia en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro.
“Sí se observa una ligera reducción en las muertes, pero deben tener claro que el problema no se acaba con la captura de ‘El Marro’. La situación de Guanajuato se debe a que en los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña le retiró el apoyo, quedaron apenas 50 elementos de la fuerzas federales por turno para cubrir todo el estado; eso explica por qué se coló con tanta facilidad el Cártel Jalisco Nueva Generación y porque creció con tanta facilidad el Cártel Santa Rosa de Lima”, comentó Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
“Además, no es el único estado, y verlo de esa manera también es no entender el problema.
En la medida que cierran un estado y no le pegan en las entidades colindantes, el delito crece en las zonas aledañas”, explicó.
“Y yo no sé porque se les olvida que existe Colima; lo olvidó Peña y lo olvida López. En la entidad con la mayor tasa de homicidios sigue siendo Colima -85.40 asesinatos por cada 100 mil habitantes- y no actúan al respecto”, enfatizó Francisco Rivas.
Referente a este tema, Santiago Roel, de Semáforo Delictivo, agregó: “El Presidente y el secretario Durazo han querido decir que las muertes están concentradas en Guanajuato; pero no señor, están concentradas en gran parte del país. Si hay estados muy tranquilos, bueno sí, pero son la excepción. Aguascalientes, Coahuila, Baja California Sur, Yucatán, Durango, Querétaro, hay tasas bajas, pero la mayor parte andamos muy complicados”.
SIN DINERO Y SIN ESTRATEGIA, SIN AVANCES: FRANCISCO RIVAS, ONC
Respecto a lo falta de resultados de la federación en materia de homicidios, Francisco Rivas consideró: “El gobierno actual está haciendo lo que han hecho otros gobiernos, que es confundir procesos con resultados. Poner en marcha una Guardia Nacional no es un resultado es un proceso; generar una política de género, no es un resultado, es un proceso”.
“Y menos lo es cuando por otro lado recortan el dinero para las estancias, cuando abandonas el tema de generar los recursos para combatir delitos específicos, cuando cierras la llave a la Comisión de Atención a Víctimas, cuando le recortas a las Fiscalías Estatales. Recordemos que esta administración es la que menos le ha dedicado a la seguridad para Estados y municipios”, añadió.
Como ejemplo, el fondo de Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg): se redujo 25 por ciento entre 2018-2019, y otros 20 por ciento en el presupuesto para el 2020; bajó de cinco mil millones a tres mil millones de pesos.
“A la Fiscalía General de la República también le recortaron presupuesto, dos mil millones de pesos en dos años, ¿y qué resulta?, pues que en 18 meses de administración la FGR no ha obtenido una sola sentencia condenatoria, en ningún tema. Es el momento de mayo impunidad en la historia del país”.
— ¿Cuál es la fuente de este dato?
“Los varios informes del Presidente López Obrador y las repuesta de Transparencia al movimiento Por un México Seguro. Además, a partir de la pandemia, el gobierno federal permitió que recursos de seguridad se usaran para la compra de insumos médicos”.
“Entonces ya tenías un escenario adverso generalizado, y lo que hiciste fue empeorarlo, por eso no ha habido un cambio sustancial. Este año, el número de víctimas de asesinato aumentó 1.68 por ciento, y los feminicidios crecieron 5.40 por ciento con relación al año pasado”.
“Lo que sí ha empeorado es la calidad de los datos. Por ejemplo en feminicidio y homicidio dolosos, estados como Veracruz y Tabasco han hecho manipulación para reportar menos delitos de los que en realidad se cometieron, y menos víctimas de las que en realidad hubo. Eso es un ejemplo de que las cosas siguen estando mal y se ha complejizado el problema” enfatizó Rivas”.
“Si hay una lectura positiva, debe de ser en el tema de feminicidios. Lo que se ha mejorado es la cantidad de entidades que inician las investigaciones bajo los protocolos de feminicidio. Lo que no excluye que durante la pandemia aumentó el número de mujeres asesinadas”.
“NO HAY PUNTO DE INFLEXIÓN EN LOS HOMICIDIOS”: MARÍA ELENA MORERA, CAUSA COMÚN
“El licenciado Durazo insiste en decir que hay un punto de inflexión, que empezó cuando ellos llegaron, y eso no es cierto. En mayo de 2018 hubo un punto de inflexión con dos mil 514 homicidios, y a partir de eso ha ido subiendo paulatinamente. Aunque sí, en menos medida de cómo estaba subiendo al final del sexenio de Peña Nieto”, manifestó la señora Morena.
“No están bajando los homicidios porque no hemos visto estrategia. Hay un Plan de Seguridad derivado del Plan de Desarrollo, pero no es un plan estratégico de seguridad, es un documento ideológico con buenas intenciones. Hablan de reducir los delitos un 50 por ciento, lo cual, por más que todos lo deseemos, no va a suceder así, y menos por arte de magia; creemos que los documentos oficiales deben ser mucho más serios. Si tienen una ruta estratégica que no es ruta estratégica, pues no van a llegar a ningún sitio”.
— ¿Qué respondió el secretario Durazo, cuando le dijeron que no existía tal punto de inflexión?
“Que las cifras eran correctas, que la gráfica no tenía errores, y en eso coincidimos. Pero le dijimos que lo incorrecto era presentarla para hacerle parecer a la gente que van mejor cuando no es cierto; eso fue en abril y fue la última vez que hablamos”.
La activista expuso también como falaz el manejo que el gobierno de López Obrador le está dando a la Guardia Nacional: “Dicen que va a ser civil, pero después informan que las Fuerzas Armadas saldrán de las calles hasta final del sexenio. No sabemos si esto va a mejorar, pero creemos que hicieron el cambio Constitucional, para meter el artículo 5to. y que el Presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente, y ahora están abusando”.
Morera dijo que no pueden esperar que den resultados en seguridad cuando cada día les asignan una función nueva:
Prevención del delito; Investigación de delitos; Realizar detenciones y aseguramientos de bienes; Imponer sanciones; Atención a víctimas; Vigilancia de instalaciones estratégicas; Decomiso de droga; Combate al crimen organizado; Vigilancia de caminos y carreteras; Migración Coordinación con autoridades migratorias; Inspección de documentos migratorios; Resguardo de estaciones migratorias; Combate al robo de combustible; Vigilancia de ductos; Aseguramiento de bienes y de combustible; Realizar detenciones; Operativos especiales; Combate a robo de casa habitación; Búsqueda de prófugos; Regreso a clases seguro; Entrega de regalos del “Día de Reyes”; Resguardo de personajes de interés público; Atención a la emergencia sanitaria por COVID-19; Resguardo de hospitales y almacenes con equipo médico; Traslado y fabricación de equipo médico; Reparto de despensas; Acondicionamiento de hospitales para recibir personas enfermas de COVID-19; Apoyos a programas sociales “Sembrando Vida”; “Jóvenes Construyendo el futuro”; “Pensión para el Bienestar de Personas Adultos Mayores”; Distribución de fertilizantes; Distribución de libros de texto. “Más las que se acumulen”.
TASA DE HOMICIDIOS CINCO VECES MÁS ALTA QUE EL RESTO DEL MUNDO
“Hay menos carpetas de investigación por homicidio en el 2020, pero hay más víctimas que el año pasado; andamos 1.6 por arriba del año pasado, son 20 mil 494 el acumulado de este año contra 19 mil 996 muertes acumuladas entre enero y julio del año pasado” expuso Santiago Roel, de Semáforo Delictivo.
“Ellos dicen que ya se aplano la curva de homicidios, pero está altísima. Traemos una tasa de homicidios cinco veces más alta que el resto del mundo. La tasa mundial, internacional son seis homicidios por cada 100 mil habitantes, nosotros 24, cuatro veces más; pero si le pongo víctimas nos vamos a cinco, casi 30 homicidios por cada 100 mil habitantes”.
“Pero hay estados como Colima con tasas de 84 por cada 100 mil, o Baja California con 71 cada 100 mil, Chihuahua 61, Guanajuato 64; o sea, son tasas espeluznantes”.
Las ejecuciones siguen en aumento. Foto: Cuartoscuro.
Son miles los asesinados. Foto: Cuartoscuro.
Al analizar el comportamiento criminal, Roel dijo que es más de lo mismo. “El 80 por ciento de los homicidios en México son ejecuciones de narcotráfico -o narcomenudeo-, que no necesariamente son a bandas rivales; se llevan policías, funcionarios, periodistas, ciudadanos, etcétera”.
“Simplemente va cambiando el centro de poder; a veces es un grupo, a veces otro. Todavía hay gente que cree que esto se puede controlar como se controlaba en los 90s; no, porque no es solo el mercado de exportación, es el mercado nacional. En todas las ciudades hay bandas, mercado de drogas y esta violencia de plata y plomo”.
“Los estados que ves más tranquilos en este tema de homicidios, generalmente se debe a que las bandas se pusieron de acuerdo, o que hay un solo grupo que domina. Pero esto es la excepción, generalmente hay dos grupos o más que se diputan las ciudades”, explicó.
El responsable del Semáforo Delictivo manifestó que lo único que ha cambiado es la actitud del gobierno federal: “Que dijo que iba a regular drogas, pero no ha hecho nada al respecto; esa es una estrategia correcta, que opera una Guardia Nacional que no tiene ningún impacto en esto, y promociona programas sociales, que son programas políticos no sociales, y no tiene nada que ver con el mercado negro de la droga”.
“Saben hacer campañas políticas, pero no saben gobernar. Todo esto es una receta peligrosa. Son los estados y municipios los que hacen la labor de prevención, pero el Gobierno Federal ha concentrado la mayor parte de estos recursos para sí mismo; con fines electorales, no con fines sociales, y esto es grave”, concluyó Roel.
CONSTRUIR CAPACIDADES LOCALES: SANDRA LEY, CIDE
“No hay una política social de prevención del delito, lo que hay es una política social que no está diseñada para la contención de la violencia. Lo que hay es esta nueva figura de Guardia Nacional que no termina de hacer un cambio, y termina siendo una continuidad de la política de militarización que hemos visto ahora ya por tres administraciones”, dijo la doctora Sandra Ley, profesora investigadora de la División de Estudios Político del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., al ser cuestionada respecto a la Política de Seguridad de AML.
— ¿Qué requiere la Federación para empezar a dar resultado?
“Donde se falla en entender la lógica del crimen organizado, que es a nivel local, que opera, que le interesa conquistar territorios a nivel local y así construir regiones más amplias de influencia. Pero la lógica federal tiene un enfoque de arriba hacia abajo, de lo federal a lo local, fallando en apoyar lo municipal, que es realmente en donde opera el crimen organizado”.
“Por eso las fallas en la contención de la violencia. No es en balde -que en medio de este contexto de pandemia- hemos visto nuevas y muy claras manifestaciones del crimen organizado, como esta distribución de bienes que ofrecen los grupos criminales, simplemente como una manifestación de su poder de control a nivel local”.
“Creo que nos fallan las métricas, a pesar de que hay un entendimiento muy claro, de cómo las estrategias de decapitación de organizaciones criminales en realidad no tiene un efecto de erradicación de la violencia en el largo plazo. Me llama la atención que de todas maneras, esa se ha vuelto el estandarte para decir estamos haciendo algo”.
— ¿Qué hace falta?
“Empezar a cambiar esta idea de que solamente las cosas pueden pasar si del Gobierno Federal se hacen las acciones. Empezar apostar en la construcción de capacidades a nivel local, entendiendo las distintas necesidades y contextos locales, y lo que ello requiere”.
“Le quitaron recursos a los estados, lo que va en detrimento de la construcción de policías, de mayores capacidades para un combate frontal al crimen organizado. Y al concentrar todo a nivel federal y apostar todo con la guardia nacional, el Presidente va en detrimento de la construcción de capacidades locales; que insisto, es el nivel en el que el crimen organizado opera y construye territorialidad”, finalizó la investigadora.
Una fuente confidencial que protagonizó y atestiguó los hechos –el asesinato de 12 policías federales, incluida una mujer– responde y narra el reinado de quien todo lo controlaba [Genaro García Luna], dice la periodista Dolia Estévez en esta entrega especial para SinEmbargo. “El suyo es un testimonio inédito de primera mano que no deja duda de la penetración del narcopoder en las entrañas del Estado. Me pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias”, aclara Estévez.
Washington, DC, 3 de agosto (SinEmbargo).—En su afán por complacer a los cárteles, Genaro García Luna, Ramón Enrique Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino e Iván Reyes Arzate seguramente cometieron muchos crímenes, ciertamente la violación del juramento como servidores públicos, pero quizá el más despreciable fue haber traicionado a sus subalternos, permitiendo que fueran torturados, asesinados y violados por conveniencia propia y del grupo delincuencial al que servían, como ocurrió hace 11 años en Michoacán.
La semana pasada, García Luna, Pequeño García y Cárdenas Palomino fueron acusados de haber pertenecido al sindicato criminal que dirigía el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa. La Corte Este de Nueva York dio a conocer una nueva acusación contra el primero, que reemplaza la de diciembre, acusándolo de asociación delictiva junto con Pequeño y Cárdenas Palomino para traficar cocaína a cambio de sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa. García Luna está preso en Nueva York. Pequeño y Cárdenas son considerados “fugitivos”. Extraoficialmente se sabe que Estados Unidos pidió su arresto con fines de extradición.
También preso en Nueva York desde enero está Iván Reyes Arzate, testigo colaborador de la Fiscalía, señalado como fuente de la información en la que se basó el nuevo encauzamiento. El de Reyes es un expediente aparte, pero se desahoga en la misma corte neoyorquina y bajo el mismo juez.
Pequeño, Reyes Arzate y otros cercanos a García Luna, que siguen en cargos gubernamentales, fueron entrenados en la Academia de la DEA en Quántico, Virginia. Aprobaron los exámenes y polígrafos que les aplicó la agencia estadounidense como condición para ganarse su confianza. En 2008, Pequeño nombró a Reyes Arzate director de la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) de la extinta Policía Federal, grupo operacional y de espionaje creado, aprobado y financiado por la DEA. Está acusado de recibir cientos de miles de dólares del narco mientras era titular de la SIU. Tenía acceso a información “sensible” de ambos gobiernos que luego vendía a los cárteles.
La conexión de la DEA en el entramado de crímenes, intrigas, traiciones y corrupción es algo sobre lo que se habla poco en la prensa o en los tribunales estadounidenses. Los agentes de la DEA prefieren señalar con dedo flamígero a México, que responder cómo es que tantos de sus socios mexicanos, palomeados y graduados en su academia, estaban coludidos con el crimen organizado mientras colaboraban con ellos y cumplían sus órdenes.
Cuáles fueron los métodos represivos tipo Gestapo que utilizó García Luna para controlar e intimidar. Quién resguardaba la información que permitió las ejecuciones de comandantes desleales. Quiénes decidieron sacrificar a los 12 policías en Michoacán en 2009. Se arriesgó Calderón a tener reuniones presenciales con los capos. Es creíble que no sabía nada de lo que sucedía bajo sus narices como dice.
Una fuente confidencial que protagonizó y atestiguó los hechos responde y narra el reinado de quien todo lo controlaba. El suyo es un testimonio inédito de primera mano que no deja duda de la penetración del narcopoder en las entrañas del Estado. Me pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias.
Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública, en una imagen del 8 de diciembre de 2011, cuando presentó su libro “El Nuevo Modelo de Seguridad para México” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro
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NADIE SE MANDA SOLO
El 13 de julio de 2009, un grupo de élite de once hombres y una mujer, perteneciente a la sección de Antidrogas de la Policía Federal, cuyo titular era Ramón Enrique Pequeño, fueron enviados a Arteaga, Michoacán, a realizar trabajo bajo cubierta. Fue una decisión pésima de Pequeño mandar a tantos a un pequeño poblado. No pasaron desapercibidos. Fueron capturados por sicarios de Servando Gómez, “La Tuta”, líder de La Familia Michoacana. Utilizaron el celular de uno de los detenidos para llamar a la Policía Federal. Inicialmente, esta negó que eran elementos suyos, pero tras las súplicas de las víctimas, admitieron.
Pequeño y los jefes directos de los capturados decidieron no hacer nada. Fueron cruelmente torturados y asesinados. La compañera, violada por más de uno de los sicarios. Fue el día más negro para la Policía Federal.
En las estructuras de gobierno del ámbito policial nadie tomaba decisiones, sin antes consultarlas con la cúpula. Nadie a ese nivel se mandaba solo. Pero lo que normalmente sucedía era que los que mandaban, ordenaban a los de más abajo hacer el trabajo sucio para así no ver involucrado su nombre. La autorización de abandonar a los doce llegó de más arriba y, de acuerdo a la cadena de mando que existía, el siguiente nivel superior de Pequeño era García Luna. Decidieron sacrificarlos porque servía para justificar la guerra contra grupos delincuenciales que rivalizaban con el Cartel de Sinaloa. Fue el pretexto para el despliegue de miles de elementos por tierra, mar y aire poco después en Michoacán.
Rostros de los 12 policías que fueran torturados, asesinados y la mujer violada por sicarios de la Familia Michoacán en 2009, luego de que Policía Federal, que dirigía García Luna, decidió no hacer nada. Foto: Especial
Los 12 compañeros asesinados eran diez elementos del Grupo Especial de Operaciones, así como un hombre y una mujer del área de la Dirección de Investigación contra el Crimen Organizado, pertenecientes a la sección Tercera o sección Antidrogas, de la que era titular Pequeño.
Una parte de esa plantilla del área Antidrogas que dirigía Pequeño sigue en el Gobierno actual. Los que eran escoltas, son ahora directores de áreas. Se los trajo Francisco Almazán Barocio, actual jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, sucesor de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la CdMx. En 2009, cuando asesinaron a los policías, Almazán Barocio trabajaba bajo Pequeño y era jefe inmediato de algunos de los compañeros sacrificados. Recibió entrenamiento de la DEA. (Al cierre de la edición, Almazán Barocio no había respondido mi mensaje).
Sobre Pequeño, se sabía que tenía vínculos políticos muy fuertes con el Gobierno actual. No sé si sigue como asesor de Alfonso Durazo. (Durazo dijo en su cuenta de Twitter que Pequeño “no ha tenido ni tiene nada que ver” con la administración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige).
MIEDO A DESAPARECER
Al principio, cuando García Luna fundó la AFI, había cierta admiración de muchos, porque estaba evolucionado la policía. Los sueldos habían mejorado, también las prestaciones, los uniformes, el parque vehicular, las armas. Sin embargo, al pase de los años y de los cambios de nombre, todo eso se fue perdiendo. Bajo Vicente Fox se llamaba AFI, bajo Calderón, Policía Federal, con Peña Nieto, siguió siendo Policía Federal, pero pasó a pertenecer a Gobernación, ya no era de la Secretaría de Seguridad Pública y, ahora, con López Obrador, es la Guardia Nacional.
En el sexenio de Calderón, en el que García Luna tuvo todo el poder, la admiración fue menos. Era más miedo que otra cosa debido a lo poderoso que se volvió. Miedo a su poder y a los mandos que estaban junto a él. Miedo a decir, “no se acerquen porque desaparecen”. Se sabía que era intocable. Que podía hacer lo que quería. La única gente que lo admiraba era su familia o sus muy allegados. Que más que nada eran lamebotas. García Luna amenazaba con hacer lo que le diera la gana al que se le interpusiera y más dentro de la corporación. Tenía el control de todo el país.
Genaro García Luna, como Secretario de Seguridad Pública conversa con Guillermo Galván, Secretario de la Defensa Nacional, en la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se realizó el 29 de febrero de 2012. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro
No sé si García Luna personalmente llegó a matar, pero tenía a su grupo. Por ejemplo, sus escoltas eran muy agresivas. Los escoltas de su mujer también. Él tenía vehículos para su familia, para todos los que él quería. Todo era pagado por el erario público. La gasolina. Los vehículos, el servicio, las llantas, todos los gastos. Comida, muchos lujos, una vida llena de excesos pagada por el pueblo mexicano.
FUEGO AMIGO
La escisión entre los altos mandos se precipitó el día de la detención del Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo” (cumple cadena perpetua en Estados Unidos), en enero de 2008 en Culiacán, Sinaloa. Eso provocó la ruptura del Cartel de Sinaloa en dos grandes vertientes. Por un lado, la familia Zambada junto con la familia Guzmán y por el otro, los hermanos Beltrán Leyva. Esa división, a su vez, se trasladó a las filas de los altos mandos de la Policía Federal involucrados en sobornos.
Los comandantes tuvieron que tomar partido entre “El Chapo” y “El Mayo”, o los Beltrán Leyva. Luego empezó la depuración de comandantes. En un lapso de poco más de un año, hubo una serie de asesinatos de mandos de la corporación como Roberto Velasco Bravo (director de Crimen Organizado de la división, entrenado por la DEA en Quántico, recibió un balazo en la cabeza), Édgar Eusebio Millán Gómez (jefe interino de la Policía Federal, ejecutado en una emboscada), Igor Labastida Calderón (comandante de la Policía Federal Preventiva, asesinado en un restaurante), Edgar Enrique Vallardo del Villar (ex comandante de la Policía Federal Preventiva, informante de la DEA, ultimado en un Starbucks) y otros. Todos asesinados en el contexto de la división en el Cártel de Sinaloa. Era gente que les estorbaba porque pertenecía a otro cartel.
Otro par de suceso que marcaron la división y la corrupción fue la detención del Jesús Reynaldo Zambada García, “El Rey”, y la narcofiesta en el Desierto de los Leones en búsqueda de Harold Mauricio Poveda-Ortega, “El Conejo”, el primero ligado con el entonces comandante Edgar Enrique Vallardo del Villar (ejecutado en 2009) y el segundo con Víctor Gerardo Garay Cadena (quien acusó a la extinta PGR de fabricar pruebas).
Se sabía que los autores de las ejecuciones no eran los narcos directamente. Que fue fuego amigo. Era un secreto a voces. Se sabía que los comandantes en ese entonces tenían vínculos con un cártel y García Luna con otro. Había que eliminar a los que estorbaban.
García Luna presumía que en la Plataforma México tenía toda la información de policías, incluidos la de sus padres, madres, direcciones, parientes. “Todo. No había acceso con excepción a unos cuantos comandantes relevantes”, dice Estévez. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro
Es muy difícil comprobar que fueron crímenes tramados desde adentro. Finalmente son versiones, pero después llegó gente que estaba alineada a ellos. Desaparecieron los que estorbaban y aparece gente que es de su plena confianza. No hay que ser muy brillante para saber que uno y uno son dos. Claro, se los acreditaron a la delincuencia organizada, pero, ¿cómo es que la delincuencia organizada tenía exactamente los horarios, los domicilios de los comandantes? Esa fuga de información, bajo resguardo secreto, fue muy delicada. ¿Cómo es que la tenían los carteles? Se la dieron a los carteles para que asesinaran a esos comandantes y poder poner gente de su conveniencia.
Esos datos estaban resguardados en el Centro de Mando en Iztapalapa, donde muchas veces se hacían las presentaciones de los detenidos por Ramón Pequeño. También en el bunker que tanto presumía García Luna, donde estaba Plataforma México, con la información de todos los policías. Padres, madres, direcciones, parientes. Todo. No había acceso con excepción a unos cuantos comandantes relevantes. ¿Quién daba esa información? García Luna era el que partía el queso. El que tenía todo el uso y abuso de la información.
¿REPARTO DE GANANCIAS CON CALDERÓN?
No creo que Calderón se hubiera arriesgado al grado de tener una participación presencial en las reuniones con los narcos. Él o cualquier presidente. De estar coludido, es a nivel de recibir las ganancias de los tratos con el narco, pero no escuché que se veía personalmente con lo capos. Calderón dio la autoridad a García Luna para que hiciera negociaciones. Tu vas a recibir tanto dinero y yo quiero tanto. Eso si es posible. Dejárselo al mando siguiente que eran García Luna, Pequeño, Reyes Arzate y Cárdenas Palomino. Ese grupo tenía una relación directa con Calderón. García Luna estaba a cargo de la Policía Federal. Pequeño de la sección Antidrogas. Cárdenas Palomino en el mismo nivel jerárquico que Pequeño. Reyes Arzate, subordinado directo de Pequeño, ya que la SIU pertenecía a Antidrogas, y era la conexión directa con la DEA.
Es cierto lo que dice la acusación de Nueva York de que pusieron gente de toda confianza en áreas controladas por el Cartel de Sinaloa. Las áreas estratégicas de la Policía Federal estaban controladas por gente de extrema confianza y eran, por decirlo así, socios. Se repartían las ganancias de los sobornos y de sus negocios turbios.
CARNE DE CAÑÓN
A nivel de la policía de a pie, no se sabía qué comandante estaba con qué cartel. Los mandos daban cierta información para que fuera investigada, pero la policía no sabía de donde venía. Era la que estaba en la calle tratando de ubicar el domicilio correspondiente al número telefónico que se le daba. La carne de cañón en el campo de batalla. Los mandos, como Pequeño y Reyes Arzate, desde sus oficinas daban órdenes y recibían pistas para mandar investigar al cártel adversario del que favorecían.
Las órdenes venían de García Luna porque Pequeño todo le informaba. La policía no podía hacer una investigación sin que ellos estuvieran enterados. No salía a la calle a investigar a nadie si no recibía la orden de hacerlo. Si no había un oficio de investigación en contra de una persona. García Luna recibía la información. No se sabía si venía directamente de él o de más arriba y de ahí bajaba a Pequeño.
La corrupción en la alta jerarquía no alcanzaba a los policías de calle. La mayoría no era corrupta, tan es así que muchos siguen trabajando en la misma corporación pese a los cambios institucionales porque ya tienen una carrera de 10 a 20 años. Ya no pueden dejar eso. Los mandos son los que cambian y se van. ¿Por qué? Porque muchos hacen fortunas en el tiempo que están. Los mandos siempre cambian de sexenio a sexenio porque son puestos políticos, son gente de confianza de los presidentes y de los secretarios. Hacen su riqueza, se vuelven ricos, y se van. Pero los policías se quedan.
Hay muchos policías que denunciaron irregularidades que han dado de baja de las corporaciones. Algunos con amenazas, otros han sido asesinados. La cuestión era deshacerse del policía incómodo. Al elemento que estorbaba, lo iban haciendo a un lado. Si no, lo cambiaban a otra dirección. Como se decía, “lo recomendaban” de mala manera para que, cuando llegara a otro lado, lo castigaran hasta hacerlo renunciar. Todo porque no hizo lo que ellos querían. Muchos otros han salido al exilio.
De acuerdo con el reporte de la dependencia publicado este lunes, del total de asesinatos cometidos en México, el 10 por ciento, es decir tres mil 752, fueron dirigidas a mujeres, mientras que las 32 mil 765 muertes restantes, equivalente al 89.3 por ciento, fueron contra hombres. En 168 casos no se especificó el sexo.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que durante el 2018 la cifra definitiva de homicidios dolosos en México fue de 36 mil 685 casos, mientras que Guanajuato, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Baja California son las entidades en las que se registró un mayor número de víctimas.
De acuerdo con el reporte de la dependencia publicado este lunes, del total de asesinatos cometidos en México, el 10 por ciento, es decir tres mil 752, fueron dirigidas a mujeres, mientras que las 32 mil 765 muertes restantes, equivalente al 89.3 por ciento, fueron contra hombres. En 168 casos no se especificó el sexo.
Cabe resaltar que la cifra definitiva de 36 mil 685 homicidios dolosos publicada por el Inegi supera en 721 casos el dato preliminar presentado por el Instituto a mediados de este año.
En cuanto a los estados con mayor número de casos, Guanajuato ocupó el primer puesto con tres mil 517; seguido por el Estado de México, con tres mil 170, y Chihuahua, con dos mil 978. Jalisco, con 2 mil 928, unto con Baja California, con dos mil 912; completan el top cinco de las entidades más mortíferas.
Por el contrario, los estados más pacíficos fueron Yucatán, Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala y Durango.
Otro dato a destacar fue la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, índice que fue 29.3 casos, cifra superior a los 25.9 registrados en 2017.
Para determinar el total de homicidios en un año, el Inegi contabiliza los crímenes con base en certificados de defunción de los Servicios Médicos Forenses, datos del Registro Civil y estadísticas de las Agencias de Ministerios Públicos.
HOMICIDIOS EN 2019
En los primeros nueve meses del 2019 la violencia no se detuvo: de enero a septiembre se registraron un total de 25 mil 890 homicidios dolosos, la cifra más alta en los últimos años.
De acuerdo con el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en promedio se cometen 95 asesinatos por día.
En septiembre se registró un ligero descenso en los homicidios dolosos, con un total de 2 mil 825 víctimas, y 91 de feminicidio. Pese a ello, la cifra anual de estos delitos se mantiene por arriba de la registrada en 2018.
Los estados de Colima (63.40 carpetas), Baja California ( 55.33), Chihuahua (43.42), Morelos (33.77) y Guanajuato (32.52), reportaron las tasas más altas de homicidios por cada 100 mil habitantes.
En el caso de los feminicidios, Veracruz reporta la cifra más alta, con una tasa de 3.21 denuncias por cada cien mil mujeres, le sigue Morelos (2.59), Sinaloa (2.03), Nuevo León (1.92) y Sonora (1.83).
Nada que perdonar, la vida callejera de un autor incómodo es un texto del escritor Iván Farías. Con la autorización de Langosta Literaria, Puntos y Comas lo reproduce íntegro.
Ciudad de México, 31 de agosto (Langosta Literaria).– J.M. Servín es uno de esos autores molestos mexicanos, uno que se aleja por gusto propio de la idea del ser el intelectual políticamente correcto en las redes sociales o que comulga con las causas sociales del momento. Pero también pone distancia del intelectual borrachín, que con unas pocas lecturas quiere hacerse el contracultural e irreverente. Servín es uno de esos autores criados en la calle, que comenzó su andadura literaria con las historietas y los programas de crímenes en la televisión. Una rara avis en un país en el que muchos escritores presumen sus posgrados y no su narrativa.
El primer tiro que sale de su pluma es la novela corta Cuartos para gente sola, un descarnado libro sobre un misántropo y marginado tipo que ante la desesperación, se ofrece para combatir con un perro de pelea. Este libro fue rechazado por varias editoriales hasta que acabó apareciendo bajo el sello independiente Nitro/Press. Así iniciaría la andadura de Servín, quien centraría su mirada en la calle, en los desposeídos, en sus vagabundos, en la periferia.
En Nada que perdonar, Servín hace algo que es un quiebre con la forma en que se hace narrativa en nuestro país, el contar de primera mano, sin ser autoficción, cómo se hizo escritor. Si bien en un libro anterior —Por amor al dólar— ya había realizado una crónica de su vida como trabajador ilegal en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, es aquí que se abre de capa para contarnos sobre su mundo familiar.
Por ejemplo, entremezclado con crónicas de ladrones, criminales y detectives famosos como Valente Quintana, nos va contando la manera en que el machismo propio de la sociedad mexicana va formando un carácter duro, crudo, agreste entre los hombres. Las constantes referencias a su padre, la manera en que era reprendido por leer, por estar interesado en salir del sitio donde “le tocaba estar”, nos van mostrando el espacio áspero donde el futuro escritor fue haciendo su vida. Su prosa descarnada, alejada de florituras va dejando tras de sí pedazos de existencia en los que se alcanza a sentir sus más fuertes influencias, la cultura negra norteamericana y los escritores de la generación perdida.
Como si la ciudad fuera él, y él fuera la ciudad, cartografía de primera mano cómo se ha ido modificando la urbe a través del tiempo, tomando como referencia los tugurios y antros que visita, donde convive con seres que serían él si la literatura no le hubiera llegado. Servín se apresta a servir como testigo de cómo los indigentes habitan y sobreviven en las calles, cómo la policía cierra vialidades o levanta inocentes, cómo los ambulantes se repliegan y avanzan en un desafío constante a la autoridad o cómo los manifestantes le amargan la vida con sus bailes y basura.
Por otro lado también se encuentran las vicisitudes propias de la escritura. Las presentaciones, las reuniones que casi siempre acaban en alcohol y claro, las nostalgias por las amistades perdidas. El capítulo dedicado a Sergio González Rodríguez, por ejemplo, que lo describe tal cual era, un hombre pequeño, pero que contenía en ese cuerpo menudo una energía que te empujaba seguir con tu trabajo con su famoso grito de Métele, brother.
Servín pelea a la contra y este libro lo constata, no tiene nada por lo cual pedir perdón, pero sí hay mucho por cual agradecerle. Su mirada, su prosa, su vida.
“Él está hecho una furia, y había una escena en la que estaba en un pub mágico en Londres y mi hermano venía y hablábamos”, explicó el actor a Collider. “Pickett [el Bowtruckle de Newt] estaba ocupado emborrachándose con mi cerveza de mantequilla. Era una escena muy bonita, pero entendí por qué no tenía que aparecer”, señaló Redmayne sobre la secuencia, que desarrollaba más la relación entre los hermanos.
Madrid, 26 de noviembre (EuropaPress).- Durante el montaje de una película es inevitable que se eliminen algunas escenas y Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwaldno iba a ser una excepción. Por suerte para los fans, Eddie Redmayne ha confesado cuáles son (y en qué consistían) sus secuencias preferidas que eliminaron de la precuela y que, a lo mejor, pueden ver la luz en los extras del Blu-Ray o DVD.
Su secuencia favorita transcurría al principio de la película y era una conversación que mantenían su personaje, Newt Scamander, y su hermano Theseus. La divertida escena, en la que aparecía Pickett borracho, tenía lugar en un bar de magos después de que Newt rechazara la oferta propuesta por el Ministerio de Magia de convertirse en Auror y dar caza a los magos tenebrosos.
“Él está hecho una furia, y había una escena en la que estaba en un pub mágico en Londres y mi hermano venía y hablábamos”, explicó el actor a Collider. “Pickett [el Bowtruckle de Newt] estaba ocupado emborrachándose con mi cerveza de mantequilla. Era una escena muy bonita, pero entendí por qué no tenía que aparecer”, señaló Redmayne sobre la secuencia, que desarrollaba más la relación entre los hermanos.
Ésta no fue la única escena eliminada de la segunda entrega de Animales Fantásticos que fascinó al oscarizado actor británico. También destacó la extensión de una escena que se desarrollaba al final del largometraje en la que la bruja Leta Lestrange, interpretada por Zoe Kravitz, revelaba qué le ocurrió a su hermano Corvus.
“Creo que Zoe Kravitz está sensacional en la película, pero hubo una parte en particular de la escena en la que revelaba su historia que me fascinó. Hizo algo que dejó a todo el mundo con la boca abierta”, dijo Redmayne sobre la interpretación de su compañera. “Yo como Newt corrí hacia ella para ver si estaba bien. Supongo que no habrá funcionado con la pieza de alguna manera, pero fue algo sorprendente de presenciar”, aseguró.
Después de que Leta confirma que su hermano pequeño Corvus fue intercambiado por otro bebé, la escena pasa a un mitin organizado por Gellert Grindelwald. Es probable que el equipo responsable de la película recortara este fragmento para mantener el pulso hacia el clímax.
El fandom del Universo Potter tendrá que esperar hasta que salga el Blu-Ray de Los crímenes de Grindelwald, actualmente en cines, para deleitarse con este material inédito.
En un mundo en que la violencia gana terreno, México se situó como el tercer país con mayores indicadores de criminalidad, de acuerdo con el resultado del Índice Global de Paz 2018.
El Índice, que es realizado por el Instituto de Economía y Paz, se dio a conocer este viernes en el marco del Día Mundial de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre.
El GPI revela también que la tendencia de diez años en la paz encontró que la paz mundial se ha deteriorado en un 2.38 por ciento desde 2008, con 85 países con IPG registrando un deterioro, mientras que 75 mejoraron.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– México se colocó como el tercer país más violento del continente americano y en el puesto 142 de 163 países en el mundo, reveló este viernes el Índice Global de Paz 2018.
Colombia se situó como el más violento en América, al colocarse en el lugar 146, seguido de Venezuela en el 143 y México en el 142. La paz en México disminuyó por segundo año consecutivo, y se deterioró un 10.7 por ciento en 2017 en comparación con el año anterior. De 32 estados en México, sólo siete mejoraron en paz durante el año anterior, y 25 estados se deterioraron.
De acuerdo con los indicadores del GPI [por sus sigla en inglés], que clasifican del 1 al 5 para [de muy bajo a muy alto el nivel de percepción de los ciudadanos], en México la sociedad percibe niveles de criminalidad de 4.0, mientras que clasifica el nivel de la policía civil en 2.8, y confirma lo que dicen cifras oficiales pues percibe que el nivel de homicidios es más alto con 4.6.
También percibe que ha más crímenes violentos, con una clasificación de 5, que es la mayor en el GPI; que hay más terror político, con 4.5, y más muertes por conflictos organizado (internos), con el tope de 5, así como más números de conflictos luchados.
El Índice de Paz –creado por el Instituto de Economía y Paz, y que se publicó este viernes con motivo del Día Mundial de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre– utiliza una metodología que cubre al 99.7 por ciento de la población del mundo con indicadores tantos cualitativos como cuantitativos, según se explica en su reporte. Entre otros, mide el estado de la paz evaluando la seguridad ciudadana, los conflictos nacionales o internacionales y el nivel de militarización.
Los resultados del GPI 2018 muestran que el nivel global de paz se ha deteriorado en un 0.27 por ciento en el último año, marcando el cuarto año consecutivo de deterioro; 92 países se deterioraron, mientras que 71 países mejoraron. El GPI de 2018 revela un mundo en el que las tensiones, los conflictos y las crisis que surgieron en la última década siguen sin resolverse, especialmente en Medio Oriente, lo que resulta en una caída gradual y sostenida de la paz.
Detrás de la caída en la paz, seis de las nueve regiones del mundo se deterioraron en el último año. Las cuatro regiones más pacíficas –Europa, América del Norte, Asia-Pacífico y América del Sur– registraron deterioros, con el mayor deterioro general en América del Sur, debido a caídas en el dominio de Seguridad, principalmente debido a aumentos en el encarcelamiento tasa e impacto del terrorismo.
LOS MÁS PACÍFICOS Y LOS MÁS VIOLENTOS
De acuerdo con el informe del Instituto de Economía y Paz, Islandia sigue siendo el país más pacífico del mundo, una posición que ha ocupado desde 2008. Nueva Zelanda, Austria, Portugal y Dinamarca también se encuentran en los primeros cinco rankings más pacíficos.
Por el contrario, Siria sigue siendo el país menos pacífico del mundo, una posición que ha ocupado durante los últimos cinco años. Afganistán, Sudán del Sur, Iraq y Somalia son los países menos pacíficos que quedan.
Europa ES la región más pacífica del mundo, PERO registró un deterioro por tercer año consecutivo. Se deterioró en los tres dominios GPI y once indicadores, sobre todo en la intensidad del conflicto interno y las relaciones con los países vecinos.
Por primera vez en la historia del índice, un país de Europa Occidental experimentó uno de los cinco mayores deterioros, con España cayendo 10 puestos en el ranking hasta el 30, debido a tensiones políticas internas y un aumento en el impacto del terrorismo.
La tendencia de diez años en la paz encuentra que la paz mundial se ha deteriorado en un 2.38 por ciento desde 2008, con 85 países con IPG registrando un deterioro, mientras que 75 mejoraron. El índice se ha deteriorado durante ocho de los últimos once años, y la última mejora en la paz ocurrió en 2014.
En Europa, la región más pacífica del mundo, el 61 por ciento de los países se ha deteriorado desde 2008.
EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA
El impacto económico de la violencia en la economía mundial en 2017 fue de 14.76 billones de dólares en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA). Esta cifra equivale al 12.4 por ciento de la actividad económica mundial [o Producto Mundial Bruto] o mil 988 dólares por persona.
El impacto económico de la violencia aumentó en un 2 por ciento durante 2017 debido a un crecimiento en el impacto económico del conflicto y aumentos en el gasto de seguridad interna. Los mayores aumentos se reportaron en China, Rusia y Sudáfrica. Desde 2012, el impacto económico de la violencia ha aumentado en un 16 por ciento, lo que corresponde al comienzo de la guerra siria y el aumento de la violencia tras la Primavera Árabe.
El Índice Global de Paz 2018 revela de manera única que la tranquilidad tiene un impacto considerable en el desempeño macroeconómico. En los últimos 70 años, el crecimiento per cápita ha sido tres veces mayor en países muy pacíficos en comparación con países con bajos niveles de paz. La diferencia es aún mayor cuando se analizan los cambios en la paz, y el informe revela que el crecimiento del PIB per cápita ha sido siete veces mayor en la última década en los países que mejoraron en la paz frente a los que se deterioraron.
Los recientes asesinatos de los raperos XXXTentation y Jimmy Wopo encabezan una larga lista de crímenes contra artistas de este género.
Al menos 63 casos de homicidios se han registrado hasta el 2017, de los cuales muy pocos se han resuelto.
Una nueva miniserie Netflix cuenta la historia de dos detectives de los 90 que investigan los asesinatos de los famosos raperos Tupac Shakur y Notorius B.I.G.
Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– El pasado 18 de junio los raperos XXXTentation y Jimmy Wopo fueron asesinados a tiros en menos de 24 horas en Estados Unidos.
Jaseh Dwayne Onfroy, mejor conocido como XXXTentation, fue baleado en un supuesto intento de robo a bordo de su carro cuando se disponía a salir de la tienda de motocicletas RIVA Motorsports, en Deerfield Beach, al norte de Miami.
La breve carrera del artista de 20 años estuvo envuelta en polémica, en 2016 fue detenido por allanamiento de morada, más tarde enfrentó cargos de violencia doméstica contra su novia embarazada, los cuales habría desmentido.
Investigadores rodean un vehículo tras la muerte a tiros del rapero XXXTentation el lunes 18 de junio de 2018, en Deerfield Beach, Florida. Foto: AP
El mismo día, en menos de 24 horas, se dio a conocer la muerte de Jimmy Wopo, cuyo nombre verdadero era Travon Smart.
A través de un comunicado, su representante Taylor Maglin expresó: “He perdido a mi hermano hoy y es la peor sensación del mundo. Estaba destinado a la grandeza y quería lo mejor para sus amigos, familia y comunidad. Hoy perdemos a una gran persona, pero sé que haré todo lo que esté en mi mano para que su recuerdo permanezca vivo por siempre. Te quiero hermano #LongLiveWopo”.
Wopo, de tan sólo 21 años, falleció durante un tiroteo en Pittsburgh, Pensilvania. El rapero estadounidense se encontraba en su vehículo cuando un coche pasó por su lado y disparó a los pasajeros.
Hasta el momento, ambos crímenes están siendo investigados y se descarta alguna relación entre ellos.
LA EXTENSA LISTA DE HOMICIDIOS EN EL RAP
Los asesinatos de XXXTentation y Jimmy Wopo no han sido los únicos dentro de la historia del gangsta rap. Los jóvenes artistas apenas encabezan una extensa lista de nombres, que desde los 80, han sido obligados a abandonar el género.
De acuerdo a la revista especializada en hip- hop, XXL, al menos 63 casos de homicidios se han registrado hasta el 2017, de los cuales muy pocos se han resuelto.
Scott “La Rock”, de Boogie Down Productios, fue el primer homicidio dentro del genero hip-hop, cuando en 1987 el artista de 25 años recibió disparos en el cuello y en la cabeza en el distrito de Bronx, Nueva York.
Tras el asesinato de “La Rock”, la lista de crímenes contra artistas del género comenzó a crecer.
El 30 de noviembre de 1995, Randy Walker conocido como “Stretch”, miembro de Live Squad y amigo de Tupac Shakur, fue asesinado durante un tiroteo desde un coche en movimiento. Investigaciones relacionaron su muerte con un ajuste de cuentas después de que robara 10 kilos de cocaína a un traficante.
Dos años después se produjeron los asesinatos más celebres dentro del rap: el de Tupac y el de Notorious B.I.G, de 25 y 24 años respectivamente, quienes murieron tras recibir disparos desde otro automóvil.
Big L, figura popular dentro de la escena underground de hip-hop en Nueva York, fue asesinado el 15 de febrero de 1999 durante un tiroteo.
Tupac y Notorius B.I.G Foto: Netflix
Los crímenes contra Tupac Shakur, The Notorious B.I.G. y Big L forman parte de los casos que no han sido resueltos a pesar de que ocurrieron hace más de una década.
Uno de los últimos asesinatos, antes de la muerte de XXXTentation y Jimmy Wopo, fue el de Chinx, seudónimo de Lionel Pickens, quien fue baleado el 17 de mayo del 2015 mientras conducía en el barrio de Briarwood, Nueva York.
Con el paso de los años, los artistas de hip hop han sido víctimas frecuentes de la violencia dentro de un género que no es ajeno a discutir las realidades las luchas en los barrios pobres de EU.
TUPAC Y THE NOTORIOUS B.I.G EN NETFLIX
Tras el éxito de The People vs O.J. Simpson, la primera temporada de American Crime Story, las cadenas estadounidenses han retomado casos criminales más populares de los 90.
Unsolved: The Murders of Tupac & Notorious B.I.G es la nueva miniserie de Netflix que cuenta las experiencias de Greg Kading y Russell Poole, dos antiguos detectives de Los Angeles, California, que están detrás de las investigaciones de los asesinatos de Tupac Shakur y Notorius B.I.G, famosos raperos de los 90.
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A más de 20 años de dos de los homicidios de las leyendas del rap, la plataforma de streaming también cuenta con el documental Biggie & Tupac, que retoma la trayectoria, la rivalidad y la muerte de este par de figuras del rap.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, aseguró que es preocupante que dichas desapariciones se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones.
“Lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si esta nueva Ley representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas”, subrayó.
Ginebra, 30 de mayo (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó hoy a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores, y aseguró que existen “fuertes indicios” de que estos crímenes fueron cometidos por una fuerza federal de seguridad.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo este llamamiento en un comunicado después de que su representación en México documentara la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, entre febrero y el pasado 16 de mayo.
Sin embargo, una organización local de derechos humanos afirma que han sucedido al menos 40 desapariciones en ese periodo.
De acuerdo con testimonios recibidos por la ONU, la desapariciones habrían sido perpetradas por miembros de una fuerza de seguridad federal.
Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o circulaban por carreteras y, según la información recibida, se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y tiroteados.
“Muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horroroso que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años”, señaló Zeid.
“Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes”, recalcó.
El Alto Comisionado señaló que, a pesar de la amplia información y evidencia existentes, las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de las personas desaparecidas y en la investigación de lo que les ha sucedido.
En algunos casos, las familias han emprendido sus propias búsquedas, sin ningún tipo de protección, y así han encontrado hasta la fecha los cuerpos de al menos seis víctimas.
Varias personas que atestiguaron los hechos han sido amenazadas y una fue desaparecida durante dos días.
“Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia”, sostuvo Zeid.
“También deben otorgar protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas”, añadió.
El 10 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares, entre otras, a la Secretaría de Marina (Semar), para proteger a la población civil de Tamaulipas, pero aún así al menos tres desapariciones ocurrieron posteriormente, según la ONU.
“Es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones”, señaló el Alto Comisionado.
“Lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si esta nueva ley representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas”, destacó.
En este sentido, recordó que los “estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población”.
La ley generó enojo en Israel, donde sobrevivientes del Holocausto y otros con raíces en Polonia temen que esto permita que el gobierno trate de limpiar la imagen que desempeñaron algunos de sus compatriotas en el asesinato de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
El Presidente polaco Andrzej Duda anuncia su decisión de sancionar una ley que prohíbe atribuir crímenes de la Alemania nazi a la nación polaca. Foto: AP
Varsovia, 10 febrero (AP).- Un asesor del Presidente de Polonia opinó que la reacción negativa mostrada por Israel a una ley polaca que penaliza algunas afirmaciones sobre las acciones de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial obedece a “un sentimiento de vergüenza por la pasividad mostrada por los judíos durante el Holocausto”.
Andrzej Zybertowicz, un profesor de sociología de la Universidad Nicolaus Copernicus y que también es asesor presidencial, dijo en una entrevista publicada el viernes que la oposición de Israel a la nueva ley polaca muestra su posición “antipolaca” y muestra que el país del Medio Oriente “lucha claramente por mantener el monopolio del Holocausto”.
“Muchos judíos participaron en las denuncias y colaboraron durante la guerra. Creo que Israel todavía no lo ha superado”, agregó Zybertowicz en la entrevista publicada en el periódico Polska-The Times. Zybertowicz tuiteó un enlace al artículo el viernes.
Zybertowicz no pudo ser localizado por el momento para conocer sus comentarios. Los funcionarios públicos polacos suelen tener la oportunidad de revisar sus declaraciones antes de que los medios de comunicación las publiquen.
Sus comentarios fueron divulgados luego de abiertas expresiones de antisemitismo que se divulgaron en línea y en algunos medios de comunicación controlados por el gobierno luego de que funcionarios israelíes se opusieron a la ley cuando todavía tenía forma de proyecto. El Presidente de Polonia, Andrzej Duda, sancionó el martes esa ley, que castiga con penas de hasta tres años de cárcel a quienes, intencionadamente o de forma falsa, atribuyan delitos nazis a la Polonia ocupada por los alemanes.
La ley generó enojo en Israel, donde sobrevivientes del Holocausto y otros con raíces en Polonia temen que esto permita que el gobierno trate de limpiar la imagen que desempeñaron algunos de sus compatriotas en el asesinato de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La ley permite penas de prisión de hasta tres años.
El Presidente polaco y otros funcionarios del gobierno alegan que la ley era necesaria porque los polacos son descritos injustamente a veces como colaboradores en el genocidio alemán de los judíos. Citan como ejemplo la expresión “campos de exterminio polacos” como abreviatura de los campos alemanes en suelo polaco ocupado por los nazis.
En medio de la crisis ha habido una oleada de acusaciones contra los judíos en Polonia, incluso por parte de funcionarios estatales. A veces se ha dicho que los judíos -a menudo con el propósito de culparlos o humillarlos- actuaron pasivamente frente al Holocausto.
Sin embargo, hubo actos clave de resistencia, especialmente el Levantamiento de Varsovia de 1943. Se produjeron revueltas más pequeñas en los campamentos de exterminio, entre ellos Sobibor y Treblinka, donde los prisioneros hambrientos y sin armas se enfrentaron a guardias alemanes fuertemente armados.
En medio del debate europeo sobre cómo debe narrarse la historia, la canciller alemana Angela Merkel opinó: “como alemanes, somos responsables de las cosas que sucedieron durante el Holocausto”.
Al referirse a la una ley polaca que penaliza algunas afirmaciones sobre las acciones de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, Merkel dijo en su podcast semanal del sábado que la responsabilidad de Alemania en el Holocausto es algo que cada gobierno debe reconocer y atender.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
