Para Edgardo Buscaglia, director del International Law & Economic Development Centre, el hecho de que durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña se haya perseguido, capturado y extraditado a los Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, no los exime de sus responsabilidades en los actos de corrupción en México que permitieron que cárteles de la droga crearan grandes imperios económicos y políticos.

En entrevista para SinEmbargo, el académico cuestiona el por qué a partir de la detención de Guzmán Loera y de otros capos, no han caído políticos y empresarios como ocurre en otros países del mundo.

Sobre el próximo Presidente de México, Buscaglia espera que esté dispuesto a romper con el pacto político de impunidad. “Cuando en México comiencen las investigaciones en serio, se van a encontrar con que van a caer ex presidentes, como pasó en Brasil, Italia, Colombia y Argentina, y vamos a ver una purga que va a permitir que tengan una democracia hacia el futuro y no una mafiocracia como la tienen hoy”.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– El haber perseguido, capturado y extraditado a los Estados Unidos a Joaquín Guzmán Loera, alías “El Chapo”, no exime a los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto de sus responsabilidades en los actos de corrupción en México que permitieron que cárteles de la droga como el de Sinaloa crearan grandes imperios económicos y políticos en todo el territorio, asegura Edgardo Buscaglia, director del International Law & Economic Development Centre.

En entrevista para SinEmbargo, el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana, dice que Calderón y Peña deben explicarle a la gente por qué a partir de la detención de Guzmán Loera y de otros “capitos”, no han caído políticos y empresarios como ocurre en otros países del mundo.

“Yo le preguntaría al Presidente Peña Nieto por qué no se impulsaron causas contra los políticos asociados a Guzmán Loera. Hay un pacto de impunidad político mafioso en México que se queda en la detención física de capos y no se desmantela a la red económica que financia a las campañas políticas y que les permiten a estos políticos comprarse miles de casas blancas en todo el país y en Europa”, menciona.

Ayer, Jeffrey Lichtman, abogado de “El Chapo” Guzmán, acusó al actual Presidente de México y al anterior de recibir miles de millones de dólares en “sobornos” del narcotraficante Ismael Zambada García para que no lo metieran a la cárcel.

Sobre esta acusación, Buscaglia, quien ha estudiado ampliamente los temas de seguridad en México, refiere que lo que indica el abogado de “El Chapo” no quiere decir que el Felipe Calderón o Enrique Peña hayan recibido directamente dinero de los capos de la droga. “Normalmente un Presidente no opera directamente con la delincuencia organizada, sino que a través de intermediarios reciben dineros. Lo cierto es que para que el grupo de Guzmán Loera haya operado con la impunidad, violencia y con la expansión económica tuvo que haber tenido protección oficial desde los mismos Pinos”.

Al destacar que en México hay un pacto político de impunidad mafioso, el también investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, explica que las autoridades mexicanas nunca abren las líneas de investigación hacia los empresarios más importantes ni hacia los políticos implicados en el narcotráfico, “sólo se queda en la detención física del mafioso y esa detención implica un reacomodo de liderazgo de los grupos criminales, pero la delincuencia organizada continúa operando, financiando campañas y haciendo lo mismo que hacía antes”.

El académico espera que las declaraciones del abogado de “El Chapo”, quien fue amonestado por un juez federal estadounidense tras su alegato inicial en el que se acusó a dos presidentes mexicanos de aceptar sobornos, generen una investigación conjunta entre Estados Unidos, la Unión Europea y México para que comiencen a caer políticos como en los casos de Brasil, Colombia y otros países.

“Esperemos que el próximo Presidente no bloqueé el procesamiento de estas causas argumentando amnistías anticipadas y que esté dispuesto a romper con el pacto político de impunidad”, señala Edgardo Buscaglia en entrevista con SinEmbargo, y agrega “cuando en México comiencen las investigaciones en serio, se van a encontrar con que van a caer ex presidentes, como pasó en Brasil, Italia, Colombia y Argentina, y vamos a ver una purga que va a permitir que tengan una democracia hacia el futuro y no una mafiocracia como la tienen hoy”.

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– ¿La declaración del abogado de “El Chapo” es una muestra de que la corrupción Estado-narco en México ha permitido que se mantengan en activo cárteles tan poderosos como el de Sinaloa?

– Hay una Ley universal de la delincuencia organizada porque, como ustedes recuerdan, hemos estado haciendo auditorías en la aplicación de los instrumentos en 118 países. Normalmente la delincuencia organizada opera con la impunidad, violencia y expansión económica en México como sucedía en Italia desde los años 20 hasta los años 80 o como sucedía en Colombia hasta los años 90 o como sucede ahora en Argentina.

Cuando ves una expansión económica incontrolable que hace de México el tercer país del planeta en cuanto a capitales ilícitos, cuando tú ves una violencia descontrolada, una corrupción política al estilo de los duartes, de Mario Villanueva, este tipo de casos que yo los observaba en Italia, Colombia, Perú y en muchos países, la ley universal de la delincuencia organizada es que todos los partidos políticos son infiltrados, como sucedió en Italia y Colombia.

En México, una parte de la premisa de que todos los partidos políticos fueron infiltrados por la delincuencia organizada se dará una vez que comienzan los procesamientos judiciales, que en México aún no han comenzado, y se va a encontrar lo mismo que en países como Brasil, Italia y Colombia: que de los presidentes hacia abajo han sido contaminados por dineros de la delincuencia organizada.

En algunos casos es a sabiendas, como en Italia y en otros no, como el caso del ex Presidente (Ernesto) Samper de Colombia. Entonces ustedes tienen que partir de la base de que las campañas políticas de los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo y Vicente Fox fueron infiltradas. Esa es la manera que opera universalmente la delincuencia organizada.

La delincuencia organizada es un fenómeno social, económico y político, no es un fenómenos criminológico de pistolas, ladrones y bombas; es un fenómeno político porque tiene que capturar al sistema político en su totalidad para poder operar como operan en México; es un fenómeno económico porque penetran en la mayor parte del sector privado, y es un fenómeno social porque tiene que controlar lo social para poder lograr protección.

En el año 2010 yo denuncié ante The Economist, con datos, que los niveles de intervención judicial contra el cártel de Sinaloa eran significativamente menores que los niveles de intervención judicial contra todas las demás redes que operaban en México, cosa que llamaba la atención porque la red criminal de Sinaloa era la más poderosa y sin embargo, en las miles de causas judiciales se encontraban muy pocos procesamientos, menos del 1 por ciento contra el grupo de Guzmán Loera.

Encontramos que en la mayor parte de las detenciones de miembros del Cártel de Sinaloa, o salían libres o se le caían los casos (a la PGR). Después, una red norteamericana hizo un estudio similar acudiendo a los casos que entraban que eran impulsados por la PGR y encontró lo mismo que yo. Entonces este era otro indicio muy importante de que el Cártel de Sinaloa era un grupo criminal protegido desde el Gobierno federal mismo, y esta no es una protección de Calderón o Fox solamente, es una protección institucional que operaba de gobierno en gobierno.

Lo que indica el abogado de “El Chapo” es compatible con los trabajos de investigación que hemos hecho, pero eso no quiere decir que el ex Presidente Felipe Calderón sepa que hubo dinero, hay muchos casos alrededor del mundo en donde los presidentes reciben dinero de la delincuencia organizada a través de sus campañas y ellos no hacen preguntas al respecto, entonces, entra el dinero y el Presidente puede decir que no sabe nada y con eso se protegen; esas preguntas los candidatos presidenciales en México no las hacen porque saben que si las hiciesen no podrían financiar sus campañas porque la mayor cantidad de los dineros son sucios.

En el caso de las campañas políticas mexicanas hicimos una encuesta a políticos hace cuatro años y nueve de cada diez pesos que entraban a las campañas y precampañas no podían justificarse legalmente, entonces en ese tipo de ambiente es posible que a los candidatos les llegue dinero sucio.

Normalmente un Presidente no opera directamente con la delincuencia organizada, sino que a través de intermediarios reciben esos dineros, a veces cuando hay grabaciones y documentos se puede determinar que un Presidente sí lo sabía. Lo cierto es que para que el grupo de Guzmán Loera haya operado con la impunidad, violencia y con la expansión económica tuvo que haber tenido protección oficial desde los mismos Pinos, de arriba hacia abajo, como yo lo dije en el año 2010 cuando esto comenzó a surgir.

Paradójicamente, Los Zetas era un grupo que operaba con mucha más violencia, no tenían tanta protección política a nivel federal, era una protección a nivel local, de los gobernadores, presidentes municipales, pero no era una protección institucionalizada y tan sofisticada como la del Cártel de Sinaloa. Por lo tanto, habrá que investigar y revisar los dichos del abogado (de “El Chapo”), que deberían estar fundamentados en material probatorio.

Este tipo de casos normalmente abren la puerta para que se produzcan los maxiprocesos, como en el caso italiano donde más de 100 mafiosos del más alto nivel fueron sentenciados, o en el caso de Brasil con el caso Lava Jato, donde se abrió todo un abanico de causas judiciales contra la clase política de todos los partidos. Esperemos que estos dichos del abogado (de “El Chapo”) generen una investigación conjunta entre Estados Unidos, la Unión Europea y México para que comiencen a caer políticos como en los casos de Brasil, Colombia y otros países que limpiaron a sus cloacas políticas.

Esperemos que el próximo Gobierno (de México) no bloqueé el procesamiento de estas causas argumentando amnistías anticipadas como hizo (Andrés Manuel) López Obrador porque eso sería una tragedia y un error históricos que le va a costar mucho a la sociedad y a los políticos que amparen a estos mafiosos disfrazados de políticos en México. Es importante que eso se tenga en cuenta.

– Tomando en cuenta de que fue en el sexenio de Peña Nieto cuando el capo fue detenido, se fugó, lo recapturaron y lo extraditaron a Estados Unidos, ¿cuál habría sido el papel del Estado con el cártel de Sinaloa?

– En México hay un pacto político de impunidad mafioso que opera de las misma manera que operaba en Italia hasta los años 90, el ex Senador Carlos Navarrete, que fue presidente del PRD lo admitió al aire con Carmen Aristegui cuando ella le hizo esa pregunta.

En ese tipo de esquemas lo que sucede es que cuando tu tienes a un capo como lo es Guzmán Loera, las autoridades mexicanas nunca abren las líneas de investigación hacia los empresarios más importantes ni hacia los políticos, entonces se queda en la detención física del mafioso y esa detención implica un reacomodo de liderazgo de los grupos criminales y la delincuencia organizada continúa operando, financiando campañas y haciendo lo mismo que hacía antes.

En ese esquema lo que se observa en México es que la detención de Guzmán Loera no derivó en detenciones de políticos o empresarios. Sería la primera vez en la historia de la humanidad que la detención de un capo máximo no deriva en detenciones de políticos, ni en China, ni en Italia ni Francia, ni en ningún otro país del planeta eso sucede. Normalmente cuando en el mundo se detiene a un capo, las investigaciones derivan en cientos de detenciones de empresarios y políticos que también caen. Lo que implica eso es que hubo un pacto con Guzmán Loera para no ir más allá de las detenciones operativas.

En Estados Unidos los fiscales aplican una ley en donde por la división ellos buscan las vinculaciones políticas y empresariales de Guzmán Loera y le ofrecen beneficios procesales de algún tipo si coopera. Si no coopera, los fiscales van a buscar a otros miembros del cártel y ahí es donde se produce una especie de competencia entre los mafiosos para cooperar con los fiscales, cosa que no ocurre en México.

Lo que nosotros argumentamos es que esta gente (Gobierno de México) extraditó a Guzmán Loera por presión de Estados Unidos, porque además ya se les estaba escapando varias veces por la corrupción política que gozaba, pero la extradición (de “El Chapo”) no significa que el Presidente Peña Nieto o Calderón digan que son inocentes porque lo extraditaron, ellos deberían haberse preguntado, si realmente hubiesen actuado con responsabilidad política institucional, por qué es que no cayeron políticos y empresarios ligados a Guzmán Loera cuando se sabe muy bien que ellos tenían los bolsillos. No tienes que ser experto para entender que cualquier capo de la droga con el control de “El Chapo” tiene a políticos y empresarios en su bolsillo.

Yo le preguntaría al Presidente Peña Nieto por qué no se impulsaron causas contra los políticos asociados a Guzmán Loera o al caso Ayotzinapa, cuando se sabía que los políticos en el caso Iguala, por ejemplo, tenían vínculos a la PGR. Hay un pacto de impunidad político mafioso en México que se queda en la detención física de capos, capitos, y no se desmantela a la red económica que financia a las campañas políticas y que les permiten a estos políticos comprarse miles de casas blancas en todo el país y en Europa.

En ese tipo de pacto de impunidad política uno tiene que revertir la carga de la prueba, el Presidente Peña Nieto o Calderón deben explicarle a la gente por qué a partir de la detención de Guzmán Loera y de otros capitos no han caído políticos y empresarios como han caído en todos los países del mundo, en eso consiste la delincuencia organizada, esa es la diferencia entre una pandilla y la delincuencia organizada.

La delincuencia organizada, que está definida en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, se define como una organización con protección política, económica y social. Entonces, la protección política en México no se toca, como dijo Carlos Navarrete, hay un pacto político de impunidad en México y uno lo ve en la práctica.

Vemos si a partir de estos dichos del abogado (de “El Chapo”) se comienza a obtener un efecto dominó para poder ver, como en Brasil y Colombia, al 50 por ciento de la clase política mexicana procesada. Esperemos que ahí el próximo Presidente López Obrador no bloqueé estas investigaciones bajo la etiqueta de amnistías anticipadas. México es un país en donde no va a haber paz si no hay justicia, habrá más linchamientos, delincuencia organizada y eso generaría más violencia. Esperemos que éste sea el catalizador para los maxiprocesos contra la clase política mexicana, que tanto necesita una purga.

El hecho de que Calderón diga que no recibió dinero de “El Chapo” no significa nada, él estaba a cargo del Estado mexicano y antes era candidato. Habrá que determinar si la campaña de Calderón recibió dinero, como sucedió en el caso de (Ernesto) Samper, que recibió dinero sin saber, pero se benefició de él porque no hacía preguntas al respecto.

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–¿Cuál es la capacidad de infiltración que tiene en México el crimen organizado?

– Es total, tienen una capacidad de penetrar campañas políticas de todo tipo. Vimos algunos casos como el de Mario Villanueva (ex Gobernador de Quintana Roo), por lo tanto, desde el Gobierno federal hasta el local han sido infiltrados porque los cárteles necesitan protección no sólo para proteger rutas de tráficos de drogas, también la trata de personas, tráficos de migrantes, piratería.

Por eso necesitan protección, para esconder sus dineros en el sector legal, para comprarse muchos departamentos a través de bienes raíces que están protegidas por las autoridades, hay mucha penetración en la industria farmacéutica, la agropecuaria.

En eso tendrá que trabajar el próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que es el doctor Santiago Nieto Castillo, para comenzar a desmantelar estas leyes criminales que están operando en los sectores políticos y económicos más importantes del país.

Para logra eso, el doctor Nieto tiene que operar sin recibir llamadas telefónicas para frenar las investigaciones, sin ser amenazado, habrá que ver hasta dónde el Presidente López Obrador lo va a dejar trabajar para llegar a los niveles de la política mafiosa mexicana como se llegó en Brasil a través del juez Sergio Moro.

Sepan o no sepan los presidentes de México que el narco se infiltra en el Gobierno, la experiencia internacional dice que las campañas políticas de los mandatarios son infiltradas.

Cuando en México comiencen las investigaciones en serio, se van a encontrar con que van a caer ex presidentes, como pasó en Brasil, Italia, Colombia, Argentina, y vamos a ver una purga que va a permitir que tengan una democracia hacia el futuro y no una mafiocracia como tienen hoy.

–Hablando del tema de la corrupción, el próximo Presidente de México ha hablado mucho del combate a la corrupción, ¿qué necesitaría hacer el próximo Gobierno para terminar con este problema?

– México ya ratificó todas las convenciones anticorrupción, ya tiene la posibilidad de encarcelar a cientos de políticos con las leyes que tiene, en ese sentido no se necesita mucho. Lo que se necesita es tener un sistema judicial y administrativo independiente, autónomo para poder combatir la corrupción. Si tú colocas a un incondicional a cargo de la lucha anticorrupción, que es un peón del Presidente, es factible que sólo se limpie la mano sucia de la oposición, pero no de todos los partidos políticos.

En México, el Presidente electo nombró a una persona que es una profesora de la UNAM (Irma Eréndira Sandoval) que es una peón político de López Obrador. Ahí tenía que haber nombrado a una persona de la envergadura de Santiago Nieto, que sí lo nombró para la Unidad de Inteligencia, pero en la Secretaría de la Función Pública debería haber un similar, (López Obrador) necesita tener un sistema institucional que sea realmente autónomo independiente.

Tiene que haber un Poder Legislativo con dientes y a un poder ejecutivo con entidades autónomas a cargo de personas como Santiago Nieto, yo le tengo mucha fe a la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de él, pero no nos olvidemos que la unidad es un pequeño eslabón del sistema.

Hay que comenzar por esas dos cosas y después por algo que Morena se ha resistido mucho, que es la ley de participación ciudadana con un capítulo dedicado a auditorías autónomas de todo órgano público que sean entrenadas por el BID, la OEA, Banco Mundial, por la ONU. Que operen autónomamente en el país con financiamiento propio, separado del poder ejecutivo, sin salarios, todo voluntario al estilo del filósofo Alexis Tocqueville, que haga un trabajo voluntario ciudadano como se hace en todas las democracias del planeta. Sin embargo, cada vez que yo propongo eso, los de Morena salen corriendo o como el Senador (Ricardo) Monreal, quien me dijo en la cara que no se le puede dar tanto control a la ciudadanía.

Si Morena no le entra a esa tercera espada contra la corrupción, o sea, dándole poder a la ciudadanía para que a través de redes de auditorías que sean vinculantes a la ASF y en caso de que resulten, en denuncias penales a los fiscales, la corrupción no se va a combatir. Morena se ha resistido a esta propuesta que ya se aplica en 88 países del mundo porque lamentablemente el virus priista del autoritarismo lo tiene todos los partidos en México.

Hasta que los partidos no dejen de actuar de esta forma, no se va a poder combatir la corrupción en México. Yo tengo mucho temor que una persona íntegra como lo es Santiago Nieto se va a encontrar demasiado solo y después de un tiempo va a terminar renunciando.

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–¿Qué espera de la estrategia de seguridad de López Obrador?

–Lo que yo le he escuchado a Durazo, y habrá que leer el documento, es que están demasiado influenciadas por los modelos de Calderón con García Luna, y de Peña Nieto, lamentablemente no están pensando de manera novedosa. Veremos si está propuesta contiene los elementos que acabó de mencionar porque así fue como 18 países pudieron salir de esta problemática.

Cuando yo estuve en Fepade asesorando de manera gratuita a Santiago Nieto, como observador yo veía que Fepade quería hacer las cosas bien, por ejemplo, detenía a funcionarios con la cajuela llena de dinero en Chiapas, bajo el mando de Manuel Velasco en su momento, e inmediatamente después que los detenía recibía llamadas desde la Ciudad de México para soltar a estas personas. Si tú no tienes a un Fiscal autónomo que al que le llame le diga ‘no sólo no voy a dejar libre a esta persona sino también lo voy a encarcelar a usted por llamarme’, no se va a tener avances.

Se necesitan 45 reformas, que yo he publicado en dos libros, y que hasta hoy están ausentes de las propuestas de López Obrador, están ausentes de los documentos que yo he leído del equipo de seguridad de López Obrador. Si ellos continúan con la misma línea, sus políticas de seguridad van a ser un fracaso como las fueron las de los anteriores gobiernos.

Lamentablemente yo no veo ni escucho un espíritu de limpieza política judicial. Escucho mucha amnistía, mucha paz, pero no escucho mecanismos que han resultado exitosos en otros países.

México tiene todas las condiciones, económicas, presupuestarias, de recursos humanos, de una sociedad civil, que hoy está fragmentada pero si se une puede lograr enormes avances, como la ley de reasignación social de bienes decomisados, que le permite a los italianos, por ejemplo, reasignar miles de millones de dólares de bienes decomisados a redes de sociedad civil para atender a víctimas de la delincuencia organizada.

El país tiene todas las condiciones para poder salir en unos cinco años de este infierno que ha vivido por tantas décadas, si no lo hace es porque el próximo Presidente no estaría dispuesto a romper el pacto político de impunidad mafiosa que hoy ha operado este país, esperemos que el próximo Presidente sí lo haga y si lo hace vamos a ser los primeros en elogiar a México como sistema político y como sociedad.