El detenido es presunto operador del grupo Guerreros Unidos, que es parte del brazo armado conocido como “Los Peques” o “Los Tilos”, relacionados con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.
Ciudad de México, 5 de mayo (SinEmbargo).- Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer en la conferencia diaria matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador la detención de Salvador “N”, presunto operador del grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Durante su participación en la conferencia de prensa matutina desde Puebla, el funcionario detalló, en la sección de “Cero impunidad”, que Salvador “N” contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada.
“Dando seguimiento al caso Ayotzinapa […] fue detenido Salvador ‘N’, presunto operador del grupo Guerreros Unidos, que es parte del brazo armado conocido como ‘Los Peques’ o ‘Los Tilos’, vinculado a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014”, informó.
“Esta persona contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada. Además, es parte de una red de extorsión y secuestro en Iguala, Guerrero. Ya se solicitó su vinculación a proceso penal”, añadió el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El Presidente López Obrador dio a conocer que se prepara un informe sobre avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.
De acuerdo con la ficha presentada en la conferencia, el pasado 3 de mayo fue detenido el imputado gracias a las acciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), “con apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
El pasado mes de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer material inédito del caso de Ayotzinapa en su Tercer informe del caso, donde se observa a través de videos que al menos 12 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) manipularon el basurero de Cocula, en Guerrero, durante las investigaciones que se realizaron el 27 de octubre de 2014 con motivo de la búsqueda de los normalistas.
En marzo, el GIEI presentó su informe y mencionó que “corresponde ahora a la cabeza del Estado mexicano asumir su responsabilidad de mando sobre las Fuerzas Armadas y hacer valer sus órdenes y la palabra que empeñó con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”. Foto: Moisés Pablo, Cuartocuro
De acuerdo con la versión del entonces Procurador Jesús Murillo Karam, el basurero de Cocula fue el sitio en donde integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos llevaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa para arrebatarles la vida y después incinerar sus cuerpos.
Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa hicieron una parada en las oficinas del PRD, en la avenida Alemán, a la 1:30 de la tarde. Realizaron pintas y entraron al edificio, pero no permitieron el acceso a los reporteros y después llegaron trabajadores de Protección Civil.
Por María Avilez
Chilpancingo, Guerrero, 12 de diciembre (El Sur).- La marcha para conmemorar el aniversario del asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús llegó a las oficinas estatales del PRD, donde los manifestantes lanzaron pintura roja simulando sangre, rompieron ventanas y puertas de todas las oficias y los baños, quemaron sillas y papelería, tiraron papeles y equipo de cómputo.
Los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa hicieron una parada en las oficinas del PRD, en la avenida Alemán, a la 1:30 de la tarde. Realizaron pintas y entraron al edificio, pero no permitieron el acceso a los reporteros y después llegaron trabajadores de Protección Civil.
A su paso por el centro de la capital, los normalistas también pintaron consignas en el Palacio Municipal, fachadas de dependencias y monumentos, así como en dos camionetas de la Policía Investigadora Ministerial.
Manifestantes lanzaron pintura roja simulando sangre, rompieron ventanas y puertas de todas las oficias y los baños, quemaron sillas y papelería, tiraron papeles y equipo de cómputo. Foto: Jessica Torres, El Sur
La marcha para conmemorar el aniversario del asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús llegó a las oficinas estatales del PRD. Foto: Jessica Torres, El Sur
En la movilización participan más de mil 500 personas, que también colocan pancartas y reparten volantes para dar a conocer que los asesinatos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en un desalojo en la Autopista del Sol.
Mientras, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos gritan consignas y exigen justicia a nueve años de los asesinatos.
Mientras, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos gritan consignas y exigen justicia a nueve años de los asesinatos. Foto: Jessica torres, El Sur
La marcha para conmemorar el aniversario del asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús llegó a las oficinas estatales del PRD. Foto: Jessica Torres, El Sur
La marcha para conmemorar el aniversario del asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús llegó a las oficinas estatales del PRD. Foto: Jessica Torres, El Sur
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que ya se giraron órdenes de aprehensión contra militares que habrían participado en el caso Ayotzinapa.
“Se decía que si estaba involucrado el Ejército en la desaparición de los jóvenes, había que proteger al Ejército. Yo desde entonces sostenía lo contrario: que si se aclaraba que habían participado militares se tenía que decir, comprobar y castigar a los militares”, dijo el mandatario frente a padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Juan Manuel Ramírez G.
México, 26 de septiembre (EFE).- La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, trágico episodio que marcó la historia reciente en México, cumple este sábado seis años con destellos que dan cierta luz al caso.
Tras la polémica versión del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en los dos primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la investigación parece haberse encaminado para saber qué pasó la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Estas son cinco claves para adentrarse en el tema:
1.- ¿Qué sucedió aquella noche?
La noche del 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa se apoderaron de varios autobuses para trasladarse, en días posteriores, a la manifestación del 2 de octubre en la capital mexicana. Entonces fueron atacados a tiros por policías en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
En los ataques murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por los policías municipales y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula, según la versión de la Administración Peña Nieto, llamada la “verdad histórica”.
2.- ¿Por qué fue refutada la llamada “verdad histórica”?
Tras una investigación de seis meses y casi un año después del episodio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH negó la hipótesis ofrecida por el Gobierno mexicano de que los estudiantes habían sido quemados en un basurero.
El GIEI argumentó que el fuego que desprende una pira como la que se hubiera generado en el vertedero de basura habría provocado una columna de humo de 300 metros que no podría pasar desapercibida para ningún habitante de los alrededores.
“No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis”, dijeron los expertos del GIEI que fueron nombrados por la CIDH y además denunciaron graves fallos en las investigaciones.
3.- ¿Qué avances registra la investigación?
Con el caso como uno de grandes pendientes a resolver, en medio de un clima de violencia e inseguridad en el país, en diciembre de 2018, recién iniciado su Gobierno, el presidente López Obrador ordenó la creación de una Comisión de la Verdad.
Seis meses después, en junio de 2019, la Fiscalía estableció una unidad especial autónoma e independiente a cargo de Omar Gómez Trejo, un defensor de derechos humanos con experiencia en el caso y cuya designación tuvo el respaldo de los familiares de las víctimas.
Posteriormente, en febrero de 2020, López Obrador ordenó reponer la investigación con ayuda de la Fiscalía y la Suprema Corte y un mes después firmó un acuerdo con la Corte y la Fiscalía para esclarecer la desaparición de los estudiantes.
A finales de junio pasado, la Fiscalía ordenó la detención de 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero por su presunta relación con la desaparición de los estudiantes y en los primeros días de julio las autoridades mexicanas identificaron los restos de uno de los 43 jóvenes lejos del basurero de Cocula, hecho que tumbó la versión oficial del Gobierno anterior y abrió camino a la certeza.
4.- ¿Cómo hallaron la prueba más reciente?
A inicios de julio, Omar Gómez Trejo informó que la identificación de una pieza ósea correspondía a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
El joven fue el tercer estudiante identificado por el Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck ya que durante la investigación del gobierno anterior se hallaron restos de Alexander Mora y de Jhosivani Guerrero, también desaparecidos.
El funcionario explicó que se identificó al estudiante mediante restos de su cuerpo encontrados en el municipio de Cocula, pero a un kilómetro del basurero donde, según la criticada versión oficial, fueron incinerados.
“La pieza no fue tirada ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el río San Juan, como se decía en la versión que sostuvo la anterior administración. La verdad histórica se acabó y el caso sigue abierto”, señaló Gómez Trejo.
5.- ¿En que etapa está la investigación?
El Presidente de México aseguró a inicios de septiembre que la investigación del caso estaba “en el momento crucial para avanzar”.
“Son, diría yo, buenos los resultados (de las pesquisas). No puedo hablar más por el sigilo que requiere toda la investigación que está abierta, yo les diría que en el momento crucial para avanzar”, dijo en una de su conferencia de todos los días.
Mientras que esta semana, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la dependencia a su cargo tenía información “sobre lo verdaderamente ocurrido” la noche de la desaparición de los estudiantes.
A pesar que en un inicio tanto Rodríguez Lozano como Bonilla Valdez mantuvieron a “Caminante” en el Gobierno, la visita de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a Tijuana el miércoles 22 de enero, fue decisiva para la salida del sospechoso de participar como enlace en los hechos de Ayotzinapa.
Por Adela Navarro Bello
Tijuana, Baja California, 31 de enero (Zeta).- La tarde del jueves 23 de enero, Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno de Baja California, citó en las oficinas de Tijuana a quien llama compadre y nombró director de Centros de Reinserción Social en el Estado, el General en el retiro Marcos Esteban Juárez Escalera alias “Caminante”. Le transmitió el mensaje que el Gobernador Jaime Bonilla Valdez le había dado al propio Rodríguez: debía separarse del Gobierno, dejar la administración pública morenista a partir de ya.
Para el viernes 24, Juárez Escalera había convocado a una carne asada a funcionarios de la dirección que encabezaba, directores de reclusorios, custodios, administrativos. Su idea, consideran algunos de los convidados, era “reforzar” los lazos laborales, ahora que estaba en el ojo del huracán. Seis días antes, en ZETA se reveló parte de la investigación que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que ubica a Juárez Escalera como enlace informativo entre criminales y policías la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa estaban siendo secuestrados y posteriormente desaparecieron.
A pesar que en un inicio tanto Rodríguez Lozano como Bonilla Valdez mantuvieron a “Caminante” en el Gobierno, la visita de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a Tijuana el miércoles 22 de enero, fue decisiva para la salida del sospechoso de participar como enlace en los hechos de Ayotzinapa. Una fuente gubernamental confió que Durazo recomendó al Gobernador, sacar a Juárez Escalera.
Amador Rodríguez Lozano intentó convencer de lo contrario a Bonilla, argumentando que lo publicado eran falsedades y que el mandatario no podía basar su criterio en publicaciones de medios. Pero la suerte de “Caminante” ya estaba echada. Al día siguiente sería retirado.
A “Caminante” se le identifica entre los que participaron en la desaparición de los 43. Foto: ZETA.
La información que lo ubica como sospechoso, no se generó en un medio de comunicación, en realidad es parte de la recomendación 15VG/2018 de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH, donde investigadores establecieron: que de las indagatorias ministeriales que “podrían contribuir” a conocer la identidad de “Caminante”, se encuentra que “once agentes de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, declararon que a quien fue su director en esa corporación, el General Brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera, se le conocía con la clave de ‘Caminante’ en las comunicaciones que sostenía vía radio, lo cual fue corroborado por el propio ex servidor público en su declaración ante el agente del Ministerio Público de la Federación”.
Para la CNDH, “Caminante” cumplió una función de intercomunicación entre autoridades estatales y sicarios de Guerreros Unidos, debido a que el 26 de septiembre de 2014, en su calidad de ex director de la Policía Ministerial de Guerrero, Juárez Escalera tuvo acceso a información en tiempo real de lo que estaba sucediendo en Iguala, misma que llegó tanto al Gobierno del Estado como a los criminales.
Públicamente el Gobernador Jaime Bonilla Valdez declaró no “tener el gusto” de conocer a Juárez Escalera, y que, efectivamente, fue Rodríguez Lozano quien lo contrató.
A decir del contacto de ZETA, la relación entre Juárez y Rodríguez data del tiempo que trabajaron juntos en el Gobierno del Estado de Chiapas hace más de doce años y llegó al compadrazgo, incluso confió que un hermano de “Caminante” es encargado de entrenar los caballos del secretario general de Gobierno.
Marcos Esteban Juárez Escalera posa junto a otras dos personas. Foto: ZETA.
Bonilla Valdez declaró a los reporteros de Tijuana que “personalmente” investigaría a Juárez Escalera:
“Va a ser una entidad separada (la encargada de investigar), no va a ser la Fiscalía y no va a ser el secretario de Gobierno; va a ser una investigación independiente por parte mía. El Gobernador va a hacer un comité, yo personalmente, no quiero que esté inclinada a nada, a ningún elemento, yo personalmente voy a supervisar eso y voy a apoyarme en el Gobierno Federal y en el Ejército para que me informen particularmente. El Ejército y la Guardia Nacional son mis ojos en todo esto, les doy la anuencia para que una vez que esté confirmado y esté investigado, se va la persona”.
Mientras en la Fiscalía General de la República aún no responden a la recomendación de la CNDH de investigar de manera profunda a “Caminante”, el mandatario bajacaliforniano conducirá su propia investigación, apoyado por el Ejército Mexicano y Guardia Nacional.
¿QUIÉN ES “CAMINANTE”?
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró el 8 de enero de 2019, en conferencia de prensa en Ciudad de México, que uno de los objetivos más importantes en la investigación sobre el homicidio y desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, era encontrar la verdadera identidad de “Caminante” y de “El Patrón”, señalados de ser partícipes de los hechos sucedidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
A “Caminante” se le identifica como el enlace entre policías municipales, policías ministeriales de Guerrero, autoridades del Estado de Guerrero y sicarios de una célula del cártel Guerreros Unidos que participaron en la desaparición y homicidio de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” aquel 26 de septiembre.
Mientras en las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), “Caminante” fue identificado como Alejandro Tenescalco Mejía, un agente municipal de Iguala sin relevancia, el análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la investigación oficial y una propia, les permitió determinar que en realidad “Caminante” es un General Brigadier en el retiro que, hasta días antes de la desaparición de los estudiantes normalistas, fungía como director de la Policía Ministerial de Guerrero en el gobierno de Ángel Aguirre.
“Caminante” ahora trabaja en el Gobierno de Baja California. Foto: ZETA.
Su nombre es Marcos Esteban Juárez Escalera. La identificación de “Caminante” en la persona del General Juárez Escalera es una hipótesis a la que también llegaron miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI).
En enero de 2019, Alejandro Encinas confirmó esa identidad, y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) profundizar en sus investigaciones para que no se cometiera el error de juzgar a la persona equivocada, pues para esa instancia, se trata de Tenescalco Mejía. De hecho, el subsecretario de Derechos Humanos se refirió a Marcos Esteban Juárez Escalera no solo como “Caminante”, también en calidad de “prófugo”.
A “Caminante” se le identifica entre los que participaron en la desaparición de los 43. Foto: ZETA.
Al inicio de la administración de Jaime Bonilla Valdez en Baja California, a finales de 2019, Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno del Estado, nombró al General Marcos Esteban Juárez Escalera, director de Centros de Reinserción Social de BC.
Así, uno de los hombres más buscados, al menos por los organismos autónomos –CNDH, CIDH y GIEI- que revisaron y analizaron la investigación del caso Ayotzinapa realizada por la FGR, “Caminante”, ahora trabaja en el Gobierno de Baja California.
María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, instruyó a la Primera Visitaduría, a cargo de José Martínez Cruz, acompañar a los padres y familias de los normalistas desaparecidos en esta nueva etapa, además de que ordenó valorar el alcance de las investigaciones y encontrar la forma de avanzar hacia una conclusión.
México, 28 ene (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México anunció este martes el desmonte de la oficina especial dentro de esta institución para el caso Iguala, que investigaba la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
“La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, dispuso la desaparición de la Oficina Especial para el caso Iguala”, indicó la CNDH en un comunicado.
Además, indicó este martes que Piedra Ibarra instruyó a la dirección general de la Primera Visitaduría “encabezar los trabajos de acompañamiento y seguimiento” a los familiares de las víctimas.
Igualmente “ordenó valorar el alcance de las investigaciones” y, principalmente, “encontrar la forma de avanzar hacia una conclusión de las investigaciones”.
La Oficina Especial fue creada el 18 de diciembre de 2014 como parte de las investigaciones en torno a los hechos del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas desaparecieron tras un enfrentamiento contra policías municipales y miembros de la delincuencia organizada.
La titular de la CNDH instruyó a la Primera Visitaduría, a cargo de José Martínez Cruz, “brindar todas las condiciones materiales, asesoría jurídica y atención para tener acceso a la verdad y a la impartición de justicia”.
La oficina especial para el caso Iguala fue creada el 18 de diciembre de 2014 como parte de las investigaciones que se siguieron en torno a los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014
Desde el inicio de su gestión, Piedra Ibarra anunció que la Recomendación 15VG/2018, realizada al final de la administración anterior de este organismo, “sería analizada” junto con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos.
Ello “con la finalidad de valorar el alcance de la misma” y principalmente encontrar la forma de “avanzar hacia una conclusión de las investigaciones”.
En la nota se apuntó que la titular de la CNDH, “instruyó a la coordinación general de seguimiento de recomendaciones y de asuntos jurídicos completar el seguimiento de la recomendación y dio a Martínez Cruz la encomienda de acompañar a los padres y familias de los normalistas desaparecidos en esta nueva etapa”.
El pasado 8 de enero, la CNDH informó que el Gobierno de México aceptó reinstalar el Grupo Interdiciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La reinstalación del GIEI “es muy fuerte mensaje y compromiso” con los derechos humanos para avanzar con las investigaciones y alcanzar la verdad y la justicia para los familiares de los 43 estudiantes”, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un mensaje en Twitter aquel día.
Los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre por policías municipales del Iguala, estado sureño de Guerrero, que los entregaron a un grupo criminal que los asesinó e incineró en un basurero para después arrojar sus restos a un río, según la polémica versión oficial.
El grupo de expertos de la CIDH estudió el caso entre marzo de 2015 y abril de 2016 y en su reporte final cuestionó las conclusiones del informe oficial además de denunciar irregularidades graves en el curso de la investigación.
Al inicio del actual Gobierno, en diciembre de 2018, fue creada una comisión para la verdad y el acceso a la justicia para el caso Ayotzinapa como parte de una serie de acciones para intentar resolverlo en un plazo razonable.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) de México creó, mediante un decreto, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa como responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados con los eventos de la desaparición de los 43 estudiantes.
“El basurero de Cocula no fue el destino final de los estudiantes”, aseguró el abogado Vidulfo Rosales. En septiembre de 2019 se cumplieron cinco años desde el ataque a normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 26 de diciembre (EFE).- Nuevas investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa indicarían que los jóvenes fueron llevados en pequeños grupos a diferentes lugares cercanos a la ciudad de Iguala, reveló este jueves a Efe el abogado Vidulfo Rosales.
“Los datos de prueba recabados apuntan a que muy probablemente los estudiantes habrían sido dispersados en varios grupos y llevados a lugares aledaños a Iguala. Se está investigando”, manifestó a Efe Rosales, abogado de los padres de los 43, tras una marcha de los familiares.
Durante la peregrinación a la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México que realizaron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el abogado de los familiares señaló que esta conclusión se derivó de un análisis de más de 10 mil llamadas realizadas después de la noche del 26 de septiembre de 2014, día en que desaparecieron los estudiantes.
Indicó que no existen datos que apunten a que los jóvenes terminaran en el basurero de Colula, tal como lo indicó la llamada “verdad histórica” del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual concluyó que en ese lugar los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos fueron incinerados.
“El basurero de Cocula no fue el destino final de los estudiantes”, aseguró Rosales, quien puntualizó que también se está buscando a los jóvenes “en vida”.
Camino rumbo al basurero de Cocula. Foto: Cuartoscuro.
MISA EN LA CDMX
Este jueves, familiares y allegados de los jóvenes, así como organizaciones civiles y simpatizantes de la causa, llegaron a la Basílica de Guadalupe.
En este recinto religioso, alrededor de 500 manifestantes rezaron y pidieron por los estudiantes desaparecidos hace 63 meses en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
Al grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, los familiares de los jóvenes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 ingresaron a la basílica para pedir por sus hijos y por la verdad sobre el suceso que, a decir de ellos, se les negó en el sexenio pasado.
Con fotografías de los rostros de sus hijos, padres y madres de los estudiantes aseguraron que no han perdido la fe y esperan que llegue la justicia en el caso de los jóvenes, de quienes no se tiene rastro desde aquel día.
Una de las madres de los normalistas subió al altar para pedir por los jóvenes.
“Estamos aquí, a seis navidades sin nuestros hijos”, lamentó y pidió a la virgen ayudar a sus hijos “a encontrar el camino de regreso con bien”.
Los familiares, fueron recibidos por el Obispo Salvador Rangel Méndez. Foto: Cuartoscuro
El obispo de Chilpancingo Salvador Rangel Mendoza fue quien los recibió y ofició la misa, durante la cual expresó su solidaridad con padres, familiares y amigos de los estudiantes.
Indicó que si no se encuentra la verdad y no hay justicia, no se podrán sanar las heridas que ha dejado el suceso.
“Es un atentado contra la dignidad de la vida y un pecado contra la vida de los desaparecidos y otros muchos más”, dijo.
Aseguró que las familias no están solas en esta búsqueda, al tiempo que advirtió que con los asesinatos, secuestros y extorsiones que se dan en el país se atropella la vida.
Los padres de los normalistas desaparecidos tienen planeado regresar a la Ciudad de México el próximo 8 de enero donde tendrán una reunión con la Fiscalía General de la República y el 10 de enero se encontrarán con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.
Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió en diciembre de 2018 el caso y estableció la llamada Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) creó una unidad especial sobre el tema, lo que ha reavivado la esperanza de los familiares de hallar a los estudiantes.
Fuentes extraoficiales informaron que en el helicóptero de la Policía Federal viajan agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), que están al frente de las diligencias como parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia.
Iguala, Guerrero, 1 de noviembre (ElSur).- Un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal (PF) que despega y aterriza en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, al parecer como parte de las diligencias de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, se sumó a los trabajos de búsqueda de los 43 en el basurero a cielo abierto de la cabecera municipal de Tepecoacuilco, que ayer continuaba bajo vigilancia militar.
Desde el fin de semana y hasta ayer durante la mañana y la tarde se vio en Iguala el sobrevuelo a baja altura de un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal rotulado con la matrícula PF-204.
Cerca de las 9:30 horas de este viernes se vio pasar la aeronave hacia el norte de la ciudad con dirección hacia Taxco, y a las 15:30 horas se vio que descendió en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.
Fuentes extraoficiales informaron que el uso de helicópteros de la PF es por los trabajos de búsqueda de los normalistas desaparecidos hace cinco años, y en éste se mueve a agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), que están al frente de las diligencias como parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia.
Desde el inicio de las actividades de búsqueda de los 43 normalistas en esta nueva etapa con la Comisión Presidencial, las diligencias practicadas en Iguala y el municipio vecino de Tepecoacuilco, se han realizado en completo sigilo y hermetismo.
En el tiradero permanecen las máquinas retroexcavadoras, camiones de volteo y una pipa, todo bajo el resguardo de militares armados en la zona que sigue acordonada. Después de que se informó que las diligencias en la zona terminaron, el abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa informó que continúan.
Santiago Mazari Hernández es un criminal de primer nivel. Es generador de violencia en al menos dos estados. Era buscado intensamente desde hace años y, detenido, fue liberado. De 43 años recién cumplidos, nació en la comunidad de San Gabriel las Palmas, del municipio Amacuzac, en Morelos. Desde muy temprana edad tuvo nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva, hasta que logró ser jefe de la plaza de su estado natal. Operaba en las sierras.
En 2008, “El Carrete” fue acusado por delitos contra la salud por la Sedena. Sin embargo, a principios de 2009 quedó en libertad, a pesar de que fue encontrado penalmente responsable y se le imputaron cinco años de prisión y 100 días de multa.
–Con información de Associated Press, El Sur e Infobae
Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– El arresto del presunto delincuente Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, líder del grupo criminal de Los Rojos, podría arrojar luz sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y contener uno de los focos rojos de la violencia en al menos dos entidades: Guerrero y Morelos.
“En acción conjunta realizada con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Federal y todas las dependencias del gobierno involucradas en Guerrero, se cumplimentó orden de aprehensión contra Santiago ‘N’, apodado ‘El Carrete’, por delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro”, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Felipe Rodrígurez Salgado, “El Cepillo”, dijo a las autoridades que “El Carrete” había dado dinero a estudiantes para generar disturbios en contra del entonces Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Esa tesis está dentro de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, lo que la somete a dudas. Sin embargo, la detención del violento criminal podría agregar nueva información, ahora que el caso ha sido reabierto por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se desconoce qué sabe, realmente, del caso. Pero eso está por saberse, ahora que las autoridades lo tienen bajo custodia.
“El Carrete” estaba entre los 15 criminales más buscados en Morelos desde hace al menos 5 años. La población donde el presunto líder de Los Rojos fue detenido se encuentra unos 35 kilómetros al oeste de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Su campo de operación incluía Morelos.
“Este presunto delincuente identificado como uno de los principales generadores de violencia en Guerrero y Morelos fue capturado en el municipio de Leonardo Bravo junto a otro sujeto identificado como Marco ‘N’, quien se presume podría ser su principal operador”, detallaron ayer las autoridades federales.
En Morelos se le liga al asesinato de Gisela Mota, Alcaldesa de Temixco. El pasado 2 de enero, un grupo de asesinos a su cargo irrumpió en su casa, golpeó a varios familiares, los reunió en la sala y frente a ellos mató a Mota, también ex Diputada federal.
Mazari Hernández, de 43 años recién cumplidos, nació en la comunidad de San Gabriel las Palmas, del municipio Amacuzac, en Morelos. Desde muy temprana edad tuvo nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva, hasta que logró ser jefe de la plaza de su estado natal.
En 2008, “El Carrete” fue detenido y acusado por delitos contra la salud por la Sedena. Sin embargo, a principios de 2009 quedó en libertad, a pesar de que fue encontrado penalmente responsable y se le imputaron cinco años de prisión y 100 días de multa.
El presunto delincuente también es conocido con otros sobrenombres, como “El señor de los caballos”, “El señor de las cachuchas” y “El ocho de Sonoyta”.
Tras la muerte en 2009 de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, entonces líder del cártel que llevaba su nombre, Mazari Hernández organizó su grupo criminal, al que denominó “Los Rojos”.
Su organización es uno de los principales rivales del grupo llamado “Guerreros Unidos”, que también fue creado después de la fragm
entación de los viejos integrante del cártel de los Beltrán Leyva.
A principios de junio, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, señaló que en al menos 18 municipios de Morelos se pagaba derecho de piso a los cárteles de droga, incluidos “Los Rojos”.
Sin embargo, la Fiscalía general del estado señaló que ninguno de los alcaldes de la entidad había presentado ninguna denuncia. Hace dos años, en 2017, Mazari Hernández ya había sido acusado por extorsionar a 13 alcaldes.
LOS 43 Y “EL CARRETE”
Durante años, Los Rojos estuvieron involucrados en luchas territoriales con una pandilla rival, Guerreros Unidos, para tener el control del narcotráfico en las montañas de Guerrero. El área es una de las principales regiones para cultivo de opio en México. En 2014, la policía se alió con Guerreros Unidos y secuestró a 43 estudiantes normalistas porque creían que los jóvenes trabajaban para los Rojos. Los fiscales afirmaron que hombres armados de Guerreros Unidos mataron a los estudiantes e incineraron sus cuerpos, pero todavía se cuestiona esa hipótesis, ya que los fragmentos de huesos encontrados sólo coincidían con uno o dos de los estudiantes.
“Algunos sospechosos en aquella masacre afirmaron que Mazari pagó a los estudiantes para alterar las actividades normales en la ciudad de Iguala, un baluarte de Guerreros Unidos. Por ese y otros motivos, algunos creen que Mazari podría tener información sobre cómo y en dónde fueron asesinados los estudiantes, o a dónde se llevaron sus cuerpos”, dice Associated Press.
El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de fuerzas del Estado que los habrían entregado a un grupo criminal, luego de haber tomado de la terminal de Iguala cinco autobuses para trasladarse a un mitin.
El caso, que cimbró al país, no se ha resuelto a pesar de que están por cumplirse cinco años del hecho. Ni siquiera hay una versión creíble de lo que sucedió en aquellas horas. La versión oficial fue desmentida por videos hechos públicos sobre el uso de torturas por parte de las autoridades para obtener declaraciones de los supuestos involucrados.
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Uno de las docenas de detenidos es Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, que pertenecía al grupo de Guerreros Unidos, rival de Los Rojos, y uno de los presuntos responsables de ordenar el homicidio de los normalistas. Según la entonces Procuraduría General de la República (PGR, ahora FGR), el hombre de 28 años fue quien señaló a “El Carrete” como el que ordenó a los normalistas “reventar” un acto político que desató los hechos posteriores e incluso habría pagado al director de la Normal.
De acuerdo con la declaración de Rodríguez Salgado, su grupo delincuencial creía que “Los Rojos” querían tomar la plaza de Iguala, a donde se dirigían los normalistas, a quienes “confundieron” con una operación rival. “Guerreros Unidos” es la organización supuestamente responsable de su desaparición.
El Gobierno mexicano concluyó después de las primeras investigaciones que los jóvenes habían sido asesinados en incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero. La llamada “verdad histórica” fue rechazada a nivel nacional e internacional y hasta ahora no se ha podido localizar a los normalistas ni sus restos.
LA DETENCIÓN
El líder de Los Rojos fue detenido la tarde de ayer en un operativo conjunto de la División de Inteligencia de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la sierra de Chichihualco, municipio de Leonardo Bravo.
El Gobernador Héctor Astudillo Flores expresó anoche mismo su reconocimiento en un mensaje de Twitter a las instituciones de seguridad federal, pero destacó que la detención se logró “en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero” y subrayó que la acción es “a favor de la tranquilidad y paz social en Guerrero”.
En imágenes difundidas por la misma dependencia federal, tomadas anoche, aparece “El Carrete” flanqueado por dos policías federales, en un lugar no identificado, en apariencia sin heridas y no se informa a dónde fue trasladado.
La SSPC informó que junto a Santiago Mazari fue detenido otro hombre identificado como Marco “N”, del que se presume, dice el breve comunicado, “podría ser su principal operador”. En noticieros de televisión éste fue identificado como Marco Gerardo Paz Hernández, “La Kika”.
Por la tarde el vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), había informado que después de los enfrentamientos que tuvieron a partir del domingo en los poblados de Corral de Piedra y Polixtepec, “El Carrete” huyó herido y “disminuido”, pero que la Policía Comunitaria suspendió su persecución ante la presencia de soldados del Ejército y de la Guardia Nacional que se comprometieron a continuar su búsqueda para detenerlo.
Ayer la sierra ya estaba en paz, dijo el Gobernador ayer por la mañana.
Por la mañana, el Gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que la sierra de Guerrero está en “paz”, y lo que hubo en días pasados fue un choque entre dos grupos que dejó un muerto que no se ha podido identificar.
“Las informaciones que ustedes tienen son informaciones que nosotros tenemos, no puedo confirmar nombres derivado de que yo mismo debo ser prudente y cuidadoso, pero por supuesto la información que tenemos del choque, hay una muerte, una fotografía, en este momento todavía no se puede tener la certeza de las identidades”, afirmó.
En un comunicado conjunto, las organizaciones que acompañan a los padres de los estudiantes desaparecidos urgieron al Gobierno federal a investigar el papel de las Fuerzas Armadas la noche y madrugada de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotizinapa, porque, dijeron, podría existir una investigación paralela a la de las autoridades centrales.
Luego de la difusión de dos videos en los que se sugeriría que uno de los estudiantes formaba parte del Ejército, el vocero de los familiares de los estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, rechazó la difusión de las grabaciones, dijo que éstas se debieron de conocer en los primeros días de los hechos y lamentó la forma en que fueron expuestos para lastimar a las familias de los jóvenes ausentes.
Por Jacob Morales Antonio
Guerrero/Ciudad de México, 14 de marzo (ElSur/SinEmbargo).– Las organizaciones civiles que acompañan a los padres de los 43 normalistas desparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, urgieron al Gobierno federal a investigar el papel de las Fuerzas Armadas la noche de los hechos y acusaron que podría existir una investigación paralela del caso, esto luego de que se difundieran videos sobre sobre la presunta pertenencia de uno de los normalistas a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, rechazó la difusión de los videos, los que se debieron de conocer en los primeros días de los hechos, y lamentó la forma en que fueron expuestos para lastimar a las familias de los estudiantes desaparecidos.
“Desconocíamos completamente esta información y creemos que posiblemente por la cercanía del trabajo de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia, pues están tratando de desvirtuar la situación que se ha dado en los últimos cuatro años y medio”.
Rechazó que el estudiante fuera infiltrado porque no hay evidencia real que lo compruebe, de ser así “eso quiere decir que el Ejército tiene la verdad en sus manos y la obligación de decirlo. Porque si él era el informante del Ejército, si el comandante que entrega el sobre a la mamá de Julio César por qué mejor no lo indemnizan porque se supone que él ya murió cuando le avisan a ella, entonces hay muchas cuestiones que no coinciden, y nosotros nos preguntamos por qué lo hacen de esa manera y hasta este tiempo”.
Andrés Manuel Lopez Obrador, presidente de México, acompañado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la normal Raúl Isidro Burgos. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro.
INVESTIGACIÓN PARALELA
En un comunicado conjunto, las organizaciones que acompañan a los padres de los estudiantes desaparecidos: Servicios y Asesoría para la Paz, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, urgieron al Gobierno federal a investigar el papel de las Fuerzas Armadas la noche y madrugada de los hechos, porque podría existir una investigación paralela a la de las autoridades centrales.
Las organizaciones señalan que los videos difundidos en un noticiero confirman que el Ejércitob, y que a más de cuatro años y medio no se las ha brindado a la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República), y a nadie.
“Siendo innegable que el material revelado hoy –ayer– fue grabado en instalaciones militares y proviene de una grabación del personal del Ejército”, agrega.
“En este sentido destacamos que el coronel que aparece en el material no ha rendido declaración alguna en el caso y la muestra de sangre extraída por personal castrense a la madre del estudiante Julio César López Patolzin, no obra en los expedientes de la PGR, lo cual sugiere la posible existencia de una investigación paralela en el ámbito militar”.
Además señalan que se confirma también que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “practica la infiltración” en la Normal Rural de Ayotzinapa porque en el video “aparentemente” se “reconoce una relación entre el estudiante Julio César López Patolzin y el Ejército para la realización de labores de inteligencia”.
Se presume también que este vínculo de la Sedena habría brindado algún tipo de asistencia a la familia del estudiante sin que esto fuera del conocimiento de las autoridades civiles, ni de los representantes de las familias.
Subraya “que la posible confirmación de este vínculo no deslegitima en modo alguno la exigencia de los familiares de Julio César de conocer el paradero de su hijo”.
También indicaron que el video confirma que las “Fuerzas Armadas han ocultado información relevante al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso a la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH)” porque los videos nunca fueron brindados a dichas instancias.
Mencionan la negativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto a que las y los expertos entrevistaran a los militares, y la resistencia castrense a entregar material de inteligencia completo.
Las exigencias de justicia no han cesado. Foto: Especial.
“Sobre el particular la Sedena incluso proporcionó información distorsionada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues le reportó que Julio César López Patolzin contaba con autorización para realizar estudios en instituciones educativas civiles”, lo que no se refleja en el video pues se da cuenta de una relación laboral activa para fines de inteligencia.
“En este contexto el material de hoy viene a confirmar la urgente necesidad de que en esta nueva etapa se investigue a profundidad el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos”.
Las organizaciones expresaron que para las familias de los desaparecidos y sus representantes, “es innegable que todas las dependencias deben brindar ya, sin pretextos ni dilaciones, toda la información en su poder que sea relevante para el esclarecimiento pleno del paradero de los 43 estudiantes, tal y como se ordena en el decreto presidencial por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia, signado, entre otras autoridades, por el presidente de la República, la secretaria de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina”.
EL VIDEO
Julio César López Patolzin, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa y que desapareció junto con sus compañeros, era un informante en activo del Ejército, informó el coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor, Gregorio Espinoza Toledo, en una conversación con la mamá del joven, Joaquina Patolzin de la Cruz, que fue video-grabada dentro de instalaciones militares.
La grabación se dio a conocer en el noticiero del periodista Ciro Gómez Leyva que se emite por Radio Fórmula en televisión de paga y satelital. Las imágenes, según información recopilada por el reportero Humberto Padgett, se obtuvieron el 29 de septiembre de 2014 en las instalaciones del 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo.
El reportero dice que el estudiante tenía un celular i-Phone que utilizaba en las tardes y noches para enviar la información de las actividades de los estudiantes de la Normal, incluso habría informado del plan para retener camiones que iban a ser utilizados en el traslado de los estudiantes a la conmemoración del 2 de Octubre en la Ciudad de México.
Según la investigación del reportero, el joven estudiante tenía un año de antigüedad en el Ejército.
Sin embargo, Rafael López, padre del normalista, dijo, en distintas entrevistas en 2015, que su hijo había desertado del Ejército para seguir sus estudios en Ayotzinapa, y los padres del resto de los estudiantes desaparecidos ya sabían esa información.
De los dos videos difundidos, en uno que dura 4 minutos con 40 segundos se observa a la mamá del estudiante y a una acompañante sentadas en una banca junto al coronel, además de otro militar parado y el que graba la escena.
En la grabación casi inaudible se escucha decir al mando, “nosotros la entendemos, hacemos todo lo posible para encontrarlos, sabemos lo que se siente. Cuando se raspa la rodilla sufre uno”.
La madre del estudiante llora pero no se oye lo que le dice al militar, después dice que un año antes en la inundación de Tixtla por el paso de la tormenta “Manuel” y el huracán “Ingrid” apoyó a sus vecinos.
–Aunque él llegó no sé quién me avisó. Me dijo ‘mamá me avisaron que no tiene que comer’, le digo no te preocupes hijo. Gracias a Dios es muy joven.
Ante el llanto de la mujer, el mando le pide al militar que le dé pañuelos. La grabación se corta y luego reinicia.
El militar que está parado le dice a la mujer, “nosotros seguimos buscando a ver por dónde y a donde nos manden (inaudible), y la preocupación es muy grande”. La madre del joven menciona que el 28 de septiembre de 2014 hubo una marcha en Tixtla, pero que a pesar de eso no les daban solución. El militar le dice que el hermano de Julio César puede ir al batallón y que no habría problema.
El otro militar agrega, “porque si usted no viene por su quincena (inaudible). Tome por favor”. El militar le da un sobre amarillo con 5 mil 667 pesos. La conversación continua pero es inaudible.
La incesante búsqueda. Foto: José Hernández, Cuartoscuro.
Después se observa al mando militar entregarle otro sobre a la mamá del normalista, además se alcanza a oír que le insiste en que tiene que recoger la quincena del estudiante aún en activo, y la señora firma un documento.
–Por favor no se sienta usted mal, cuando venga usted a visitarnos o hable nosotros nos sentimos a gusto cuando la escuchamos (inaudible) esto que le di fueron mil 500 (el segundo sobre) lo del taxi que tomó usted ahorita se lo voy a pagar.
En un segundo video que se mostró en el noticiero se muestra cómo a la mamá del joven se le toma una muestra de sangre en las instalaciones militares y firma un documento.
El reportero dice que se da en un momento posterior a cuando fueron presentados los restos supuestamente hallados en el río San Juan.
A 46 de meses del crímen de Ayotzinapa, familiares de los 43 marchan en la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, para reclamar el esclarecimiento del caso.
Ayer, los padres dijeron que ven una esperanza para su caso con el próximo Gobierno, sin embargo, alertaron que les preocupa que “antes de irse esta administración termine de manipular el expediente para enterrar la verdad”.
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo). A 46 meses del crimen contra los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, familiares de los desaparecidos marchan del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, para exigir el esclarecimiento del caso.
La marcha hizo una parada en el antimonumento, ubicado en el cruce de avenida Reforma y Bucareli, para realizar un pase de lista simbólico.
46 meses han pasado desde el crímen de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro
La protesta forma parte de la XLVI acción global por Ayotzinapa, los familiares piden solidaridad ante la insistencia del Gobierno de Enrique Peña Nieto para ocultar la verdad de los hechos.
El día de ayer, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos hicieron un llamado el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que: “estén del lado de la verdad y de las víctimas”, a la hora de resolver los recursos legales impuestos contra la sentencia del Tribunal que ordenó conformar una Comisión de la Verdad.
Los familiares exigen el esclarecimiento de los hechos. Foto: @CDHVitoria, Twitter
Las familias denunciaron que es “una vergüenza” que a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de sus hijos. Y que sí estén dedicando mucha energía y coordinación a revertir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, que –tras considerar que la indagatoria de la PGR carecía de independencia y efectividad- ordenó la conformación de una comisión investigadora con controles externos para garantizar los derechos de las víctima.
La marcha partió del Ángel de la Independencia. Foto: @CDHVitoria, Twitter
Con una camiseta que en la espalda destaca la leyenda “Nos faltan 43”, ysin hacer otro tipo de protesta o comentario público, Rosaura Martínez Ruiz, investigadora de la UNAM, recibió el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología por su trabajo en el área de Humanidades.
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Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- La doctora Rosaura Martínez Ruíz, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), protestó de manera simbólica al recibir el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en la categoría de Humanidades de manos del Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
La galardonada subió al templete a recibir dicho reconocimiento portando una playera estampada con la leyenda “Nos faltan 43”, haciendo referencia a los normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Para recoger la distinción académica, Martínez Ruíz caminó por el lugar donde se encontraban distintos funcionarios públicos como José Ramón Narro Robles, Secretario de Salud; el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, y Gerardo Ruíz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes. En silencio recibió de forma afable el galardón.
La tarde de este viernes, el Presidente Peña Nieto inauguró el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas (CENTA) e hizo entrega de la condecoración a los investigadores más sobresalientes del país en sus distintas categorías.
A 34 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, un contingente marcha por la avenida Reforma para exigir más información sobre la líneas de investigación acerca del paradero de los estudiantes que desde 26 de septiembre de 2014 no volvieron a ver más.
Cerrada la circulación en Reforma entre Glorieta Colón y Glorieta de Violetas en ambos sentidos por manifestantes a la altura de Bucareli. pic.twitter.com/2M6qfkMw61
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- A 34 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, padres, familiares, estudiantes y amigos de los estudiantes marcharon a lo largo del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.
A pesar de la lluvia, el contingente partió del Ángel de la Independencia y el Hemicíclo a Juárez sería su fin, donde planean realizar un mitin; esta marcha pretende exigir a las autoridades competentes más información acerca del paradero de sus hijos, parientes, compañeros, amigos, porque la “verdad histórica” no les cuadra.
La marcha está encabezada por dos de los padres de familia, y a ellos se les unen algunas escuelas normales rurales y universidades; además del Movimiento de Estudiantes Excluidos de la Educación Superior (MAES).
Dentro de dos meses se estarán cumpliendo tres años de la desaparición. Foto: cuartoscuro
Dentro de dos meses se estarán cumpliendo tres años de la desaparición. Foto: cuartoscuro
Tambien tienen plaeado hacer un alto en el “antimonumento” que se encuentra a la altura de Bucareli, del mismo modo una protesta en las puertas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Unos 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina se encuentran resguardando el paso del contingente.
A la par de la Ciudad de México, en San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas y Puebla, y ocho estados más, se unieron al grito de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos de Escuela Normal Isidro Burgos
El Centro de Información Vial de la SSP informó en su cuenta de Twitter sobre el corte de la circulación por la marcha de los manifestantes, sin embargo, el tránsito en ambas direcciones ya se reabrió.
Se normaliza la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre la Glorieta de Colón y Violetas, luego del paso de manifestantes. pic.twitter.com/chMVuEQlQW
En el bus viajaban miembros del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad (Covic) 19 de junio Nochixtlán y maestros de la sección de la Cnte para participar en la marcha de hoy por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
El autobús fue baleado de acuerdo con una denuncia de la organización. Foto: Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad (Covic)
El ataque ocurrió la madrugada de este miércoles entre Nochixtlán y Coixtlahuaca, en el estado sureño de Oaxaca, cuando unos desconocidos dispararon contra el vehículo, denunció a la prensa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte).
El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) confirmó a Efe que el autobús llegó a la Ciudad de México sin ningún problema y que no se reportaron víctimas entre los pasajeros, aunque algunos sufrieron crisis nerviosas.
En el bus viajaban miembros del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad (Covic) 19 de junio Nochixtlán y maestros de la sección de la Cnte para participar en la marcha de hoy por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
El Covic surgió después del operativo policiaco del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, que pretendía dispersar un bloqueo de la Cnte y que dejó un saldo de dejó ocho muertos y un centenar de heridos.
Desde la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 a manos de la policía de Iguala, estado sureño de Guerrero, los padres hacen marchas con regularidad, especialmente los días 26 de cada mes.
Representantes de la CIDH explicaron que recibieron denuncias de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indicaban que fueron víctimas de espionaje por parte del Gobierno federal mediante el malware Pegasus.
Lima, 7 jul (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a México que le informe sobre la fórmula que tomará para investigar la denuncia de presunto espionaje a las víctimas y a los expertos que investigaron la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en paradero desconocido desde 2014.
La segunda vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, aseguró hoy en conferencia de prensa que la Comisión tomó nota de la denuncia manifestada por el abogado de los familiares de las víctimas durante una audiencia dentro del 163 periodo de sesiones del organismo, celebrado en Lima.
Durante la sesión, realizada este jueves, el representante de las víctimas aseguró que los abogados y los familiares fueron “víctimas del software malware Pegasus, adquirido por el Gobierno federal, con el que se intentó infectar celulares para extraer ilegalmente información, según el estudio canadiense The Citizen Lab”.
El comisionado James Cavallaro leyó seguidamente una reciente carta que recibió la CIDH del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde decía que sus miembros y su secretario ejecutivo “recibieron mensajes muy similares” a los recibidos por los familiares de las víctimas para intentar infectar sus celulares.
Cavallaro indicó que “es un tema muy serio porque levanta la sospecha de una posible implicación de agentes del Estado mexicano en este asunto”, ya que el software infeccioso era únicamente utilizado por el Gobierno.
En la conferencia de hoy, Arosemena de Troitiño recordó que el GIEI, designado por la CIDH, fue el puente entre la Comisión y el Estado mexicano, y “el resultado de la participación de estos expertos aportó a este caso elementos muy importantes”.
El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva aseguró en la misma conferencia que Ayotzinapa es un caso emblemático para la Comisión y anunció que el mecanismo de seguimiento especial de la CIDH para este caso visitará en agosto la zona donde desaparecieron los estudiantes.
“Es un esfuerzo que no vamos a abandonar hasta sacarlo adelante”, agregó Vargas, quien recordó que el GIEI hizo “un trabajo muy importante para recolectar las pruebas iniciales”.
Asimismo, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, recordó que un mecanismo especializado para seguir un caso como este “tiene un alto costo” que corre a cuenta del Estado mexicano, y que en el primer periodo alcanzó los dos millones de dólares.
Según la versión oficial de lo ocurrido en septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes asesinaron y quemaron sus restos en un basurero.
Esta teoría ha sido puesta en duda por organismos internacionales como los expertos del GIEI nombrados por la CIDH, que tras meses colaborando en el caso presentaron en abril un informe donde denunciaron graves fallos en las investigaciones.
El abogado indígena Vidulfo Rosales Sierra tiene ya casi tres sexenios luchando por los derechos humanos y contra el abuso de poder de autoridades de todos los niveles que, afirma, van de la mano con los grupos del crimen organizado que operan en Guerrero. Actualmente es el representante de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Pero ese caso, que le puso una mancha indeleble al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, no es el único de alto impacto que ha estado en manos de Vidulfo: mujeres violadas por el Ejército, despojo de tierras, indígenas esterilizados por autoridades de salud, etcétera. En todos, recuerda, siempre ha habido amenazas, hostigamiento y, como ahora, espionaje del Gobierno.
Sin embargo, destaca en esta entrevista con SinEmbargo, en estos casi 20 años no había sentido una represión como la que se vive con el Gobierno de Peña Nieto. Hoy el delincuente es el que protesta, el que exige justicia; ese es al que hay que atacar, al que hay que llevar a la cárcel, al que hay que silenciar… “y ahí estamos periodistas y defensores de derechos humanos que alzamos esta voz crítica de la realidad lacerante que hay en México”, dijo.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– Ataques, amenazas, hostigamiento y hasta espionaje. Ese es el precio por defender los derechos humanos en México, dice el abogado indígena Vidulfo Rosales Sierra, quien ha encabezado una lucha que trasciende ya los últimos tres sexenios: el de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón Hinojosa y, actualmente, el de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el actual defensor legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, de los tres últimos mandatarios del país es el Presidente Peña Nieto quien ha redoblado la mano dura contra sus críticos.
En entrevista para SinEmbargo, acusó que durante la administración peñista se han intensificado las expresiones de violencia y desprestigio hacia los críticos del Estado.
En abril del año pasado, recordó, se desató una campaña de desprestigio contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) encargados de investigar el caso de los 43, con el fin de terminar con su legitimidad y prestigio.
Al mes siguiente fueron filtradas dos supuestas llamadas que involucraron al abogado Rosales Sierra con una mujer, y al padre de uno de los jóvenes desaparecidos.
En una de ellas, Vidulfo platica con una mujer y llama “piojosos” a los padres de los normalistas de Ayotzinapa. No obstante, aclaró, fueron un conjunto de llamadas que realizó diferentes tiempos con familiares, compañeros y amigos, y que finalmente fueron “pegadas” para dañarlo.
“Fueron pegando un conjunto de llamadas que se hicieron en otros contextos y en otros momentos de manera distinta, se pegaron y salió eso como si fuera una sola conversación”, explicó en entrevista con SinEmbargo.
En otra filtración, con Mario César González Contreras, padre de unos de los normalistas, se sugieren nexos con el crimen organizado. La conversación giraba en torno a 200 mil pesos que supuestamente envió el grupo delictivo “Guerreros Unidos” a los padres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pero que los recursos nunca habían llegado a manos de los padres.
En ese caso, Vidulfo Rosales aclaró que la charla fue sacada de contexto, ya que el dinero al que hacían referencia obedecía a una donación que habría realizado el sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
“Algunos padres decían que no [hubo tal donación] y otros que sí, y no se sabía qué había pasado con los recursos […] Estábamos en un proceso de esclarecimiento dentro de la asamblea de padres, ese fue el caso”, comentó.
Además, el defensor indígena narró que después de la “verdad histórica” del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), el priista Jesús Murillo Karam –con la que el Gobierno federal concluyó que los 43 normalistas fueron asesinados y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula, además que sus cenizas fueron esparcidas en el río San Juan–, las amenazas de muerte estuvieron a la orden del día.
“Durante ese tiempo, cada cinco días recibía una amenaza vía telefónica, por mensajes de texto que muchas fueron soslayadas, ignoradas de mi parte, y no por todas puse denuncia. En el estado de Guerrero tengo interpuestas tres denuncias por amenazas que sí me preocuparon. Ha sido muy duro para mí este sexenio de Enrique Peña Nieto. Es como si se tratara de un Estado delincuencial, un Estado que acude a mecanismos sucios, a mecanismos ilegales para que tu desistas de la crítica, para que desistas de los señalamientos”, lamentó.
El defensor aseguró que tras un análisis con compañeros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, de donde es miembro, concluyeron que las filtraciones de las llamadas quedó de manifiesto que al menos durante un año anterior su teléfono móvil estuvo intervenido. ¿Quién era el sospechoso de esa vigilancia? El propio Estado.
“En este país ningún grupo, ni la delincuencia organizada ni ninguna organización criminal tiene esa tecnología. El único que tiene esa tecnología para hacer ese tipo de intervenciones es el Gobierno […] y lo está haciendo con recursos públicos. La finalidad de esas intervenciones es la lucha contra el crimen organizado, pero se ha utilizado contra los defensores, menos contra los criminales”, recriminó.
Hoy, dijo, está seguro que su aparato telefónico continúa intervenido.
“Cuando hago mis llamadas escucho situaciones raras: ecos, sonidos, teclados y justamente cuando hablamos temas que tienen que ver con el caso de los 43, y que tienen relación con las normales rurales”, comentó.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, considera que hay una mancuerna entre criminales y autoridades. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargoMx.
LA DEFENSA DE LOS INDÍGENAS
Vidulfo Rosales ha defendido lo mismo los derechos humanos de indígenas esterilizados por autoridades de salud, que a mujeres violadas por el Ejército mexicano.
Entre 1998 y 1999, durante el la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, 13 indígenas fueron esterilizados por autoridades de salud en la comunidad del Camalote, en el municipio guerrerense de Ayutla. Los funcionarios persuadieron a los jóvenes, de entre 27 y 32 años, para que aceptaran someterse a una vasectomía. Para convencerlos, contó Vidulfo, les prometieron múltiples beneficios: construcción de centros de atención médica, escuelas, despensas y apoyos económicos. Pero nada de eso llegó.
Pasaron los años y en 2004 algunas víctimas de la esterilización forzada, como se refiere a ella Vidulfo, comenzaron a presentar problemas de salud que se manifestaron con cansancio excesivo. Al ver la indiferencia por parte de las autoridades que no cumplieron con lo prometido, decidieron pedir apoyo en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el caso fue tomado por el hoy abogado de los padres de los 43 normalistas.
“Básicamente ellos acudieron porque no habían recibido los apoyos que les habían prometido, y no tanto por la preocupación de esta violación a los derechos humanos”, dijo. El abogado comenzó a trabajar en el tema y logró conseguir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableciera que existió violación en la Norma Oficial Mexicana para obtener el consentimiento previo e informado, por lo tanto, destaco, “hubo violación grave a los derechos humanos”.
Además, el organismo emitió una recomendación para invitar al Gobierno de Guerrero a indemnizar a cada varón con 500 mil pesos, pero hasta hoy no se ha acatado.
Otra de las luchas en las que Vidulfo tuvo participación fue La Parota, un proyecto hidroeléctrico del Gobierno de VicenteFox, que según el abogado pudo afectar a 25 mil comuneros directamente, además de otros 75 mil de manera indirecta e implicaría la inundación de 17 mil hectáreas de selva, a 30 kilómetros de Acapulco, Guerrero.
Rosales aseguró que gracias a la oposición de los pueblos y a la evidencia de que el proyecto era ilegal, fue suspendido. Sin embargo, aseguró, cada año –al menos hasta 2016– en el presupuesto de la Federación hay una partida de recursos para la presa.
“Incluso hicimos trabajo en la Cámara de Diputados para destinar ese dinero a temas de vivienda y salud, por ejemplo […] El ejercicio del mismo [presupuesto] no sabemos quién lo está llevando a cabo, cómo se está ejecutando, esa falta de transparencia es la única parte que está pendiente, pero en suma el proyecto está suspendido”, expresó.
El asunto de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002, también estuvo en sus manos.
En octubre de 2010, durante la administración de Felipe Calderón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) notificó dos sentencias contra el Estado Mexicano por dichos casos, pues determinó que ambas mujeres indígenas del pueblo me’phaa habían sido abusadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en diferentes momentos.
“La Corte Interamericana establece que hay un patrón de militarización en el estado de Guerrero, de violencia institucional. Hace un análisis de que desde los años sesentas ese fenómeno de la militarización se viene dando. Las fuerzas armadas, al no tener un marco legal, al no ser tareas propias que ellos deban realizar, han venido violando los derechos humanos de manera reiterada a la población”, destacó.
Para 2011, Vidulfo defendió estudiantes que al exigir mejores condiciones en Escuela Normal la Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron baleados, torturados y asesinados. Hace seis años, policías federales y estatales hirieron de muerte a dos de ellos durante el desalojo de un grupo de alumnos del plantel, quienes bloqueaban la Autopista del Sol México-Acapulco, a la altura de Chilpancingo.
“El Gobierno ha provocado en los medios de comunicación, especialmente en los oficiales, la idea de generar una estigmatización contra el que grita, contra el que denuncia, contra el que se inconforma y contra el que sale hoy a las calles a manifestar esa inconformidad, pues hoy en día es el delincuente, es al que hay que atacar, es al que hay que llevar a la cárcel, es al que hay que silenciar y ahí estamos periodistas y defensores que llevamos esta voz crítica de una realidad lacerante para México”, dijo.
Las autoridades, agregó, proyectan en los medios de comunicación que es más criminal quien bloquea una carretera que quien desaparece estudiantes.
Los jóvenes torturados fueron apoyados legalmente por Rosales y ese fue precisamente el caso que desató las amenazas en su contra, rememoró.
Lo que tocó fondo fue el tema de los estudiantes normalistas asesinados 12 de diciembre de 2011.
“Encontramos en las investigaciones que un fiscal y un comandante regional de Chilpancingo, Guerrero, habían torturado a ocho estudiantes”, expuso. Por ello presentó una denuncia ante Procuraduría General de Justicia de Guerrero, pero fue advertido por un “alto funcionario”: si ratificaba la denuncia habría consecuencias.
Aún con la amenaza latente, decidió continuar con el procedimiento legal.
“Continuamos y a los quince días efectivamente el director de averiguaciones previas Marciano Peñaloza Gama, quien trabajaba en la investigación de tortura, sufrió un atentado en el que dos de sus escoltas perdieron la vida. En un segundo ataque, al salir de la PGJ estatal, fue rescatado por elementos del Ejército”, relató.
Una semana después, narró, vivió en carne propia una persecución de gente armada, al salir de la Procuraduría. “Efectuaron disparos en mi contra, pero por azares del destino no fui agredido. Llegué a la oficina y me pude resguardar”.
No obstante, el hostigamiento continuó. Poco después del ataque recibió amenazas anónimas en el que le recordaron tres de los casos en los que se desempeñó: “Me dicen: ‘te andas metiendo en el caso de las mujeres violadas, en el de los huarachudos de La Parota y ahora con los vándalos de Ayotzinapa. Te vas a morir, tienes quince días para salir, no estamos jugando, vamos a ir por ti a donde estés, sabemos dónde te mueves'”.
Al sostener una reunión con los compañeros de Tlachinollan deciden que la mejor forma de resguardar su vida y su integridad era abandonando el país. Por lo que cerca de un año vivió en Estados Unidos y Costa Rica.
“Estamos hablando de aproximadamente un año que estuve en el exilio”, dijo. Nuevamente las sospechas sobre quién amenazó apuntaron al Estado y también a estructuras criminales.
“Vinieron del crimen organizado, pero también de la autoridad, concretamente yo creo que de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero. […] Hay un hilo muy delgado entre la autoridad y entre el crimen organizado. En estados como Guerrero y Veracruz, y en el norte, la línea entre autoridad y delincuencia organizada lamentablemente es muy delgada y los defensores de derechos humanos y periodistas justamente en estos casos es cuando sufrimos esas consecuencias”, manifestó.
“Nosotros los que señalamos, que nos inconformamos con esta realidad de pobreza, de exclusión social, de insatisfacción de los derechos a la salud, a la educación; los que exigimos verdad, justicia, que los crímenes contra gente inocente sean castigados, que el uso de la fuerza policiaca sea usada de manera razonable y sea usada efectivamente para contener la delincuencia, para contener a aquellos que hacen mal a este país, esas voces nos colocamos al filo del peligro. Es vivir día con día en el peligro”, sostuvo.
El abogado dijo tener miedo, y tiene razones de sobra para experimentarlo. Al menos contabilizó 30 amenazas durante los puntos medulares de la investigación sobre los 43. A pesar del temor, expuso, la lucha no se detendrá, pues este caso le cambió la vida, especialmente cuando vio “en un charco de sangre” a Julio César Mondragón, uno de los muchachos asesinados aquella madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Ya no hay paso atrás, aunque a veces tengamos miedo, aunque a veces queramos regresar a la normalidad de la vida ya no se puede. Tenemos que estar en este camino, tenemos que cumplir con nuestro rol y tenemos que dar nuestro pequeño aporte para construir una sociedad mejor”, insistió.
–¿De quién tiene miedo? –se le preguntó.
–Principalmente del Estado, de las autoridades estatales, de los cuerpos policiacos. El fenómeno de la macrodelincuencia nos coloca en mucho más vulnerabilidad, con esta mimetización del crimen organizado y Gobierno que forman parte ya de una misma estructura delincuencial; entonces, tú no puedes distinguir si un Ayuntamiento, un policía federal, un policía ministerial, está actuando como Estado, como autoridad o está actuando como delincuencia organizada. Tú puedes recibir una agresión de un policía o de un grupo delincuencial, que para el caso conviven y tienen además un nexo orgánico.
El General Alejandro Saavedra era comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo y responsable directo del 27 Batallón de Infantería en Iguala, cuando se orquestó la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto promovió este día al General Alejandro Saavedra Hernández, quien era responsable del 27 Batallón de Infanteria en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, encabezó el ascenso de los generales Daniel Velasco Ramírez, Oficial Mayor de la Sedena; Gilberto Hernández Andreu, subsecretario de la misma dependencia, y Alejandro Saavedra Hernández, ahora contralor de Ejército y Fuerza Aérea.
El evento se desempeño en las inmediaciones del Heroico Colegio Militar.
El General Alejandro Saavedra era comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo y responsable directo del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando se orquestó la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Los jóvenes sobrevivientes del ataque de la noche del 26 de septiembre de 2014 denunciaron que los militares los detuvieron y amedrentaron cuando intentaron ir en auxilio de sus compañeros.
Los padres de los estudiantes desaparecidos acusan al mando militar de tener información clave sobre el caso.
El General Saavedra, ascensos desde la desaparición de los 43. Foto: Especial
De acuerdo con fuentes consultadas por el diario La Jornada, el ex Alcalde de Cocula, César Miguel Peñaloza Peñaloza, aseguró el General Saavedra recomendó a los ex militares que ocuparon los cargos de directores de seguridad pública de Cocula, cuyo cuerpo policiaco estuvo involucrado en el ataque a los jóvenes.
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos y compañeros de los estudiantes han acusado públicamente al general Saavedra, pues aseguran que el mando militar pudo haber ordenado a elementos del 27 Batallón que se mantuvieran omisos ante las agresiones que sufrieron los normalistas.
El ex mandatario local, preso desde diciembre de 2015, aseguró que los ex militares responsables de las fuerzas policiacas de dicho municipio actuaban de manera unilateral, sin que me rindieran cuentas de sus acciones o de sus operativos.
Después de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas en Iguala, y en medio de señalamientos en su contra, el Presidente Enrique Peña Nieto ascendió a Saavedra a General de División, con lo que dejó la 35 Zona Militar para hacerse cargo de la Novena Región Militar con sede en Acapulco.
El 27 de octubre del 2015, día en que Héctor Astudillo Flores tomó posesión de la gubernatura, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong dio a conocer que el General Saavedra Hernández fue designado como coordinador de la nueva estrategia de seguridad para el estado.
La salida de Saavedra Hernández de la Novena Región Militar se da en medio de la creciente violencia en Guerrero, como el enfrentamiento entre las policías comunitarias de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG); los secuestros en la comunidad de San Jerónimo, municipio de Ajuchitlán del Progreso, y el hallazgo de las fosas clandestinas de Zitlala, de donde fueron exhumados 32 cuerpos y nueve cabezas.
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