Las farmacéuticas, junto con Amazon y el fondo israelí, establecerán un laboratorio computacional que tendrá como objetivo apoyar a emprendedores y start-ups en sus primeros pasos con proyectos que tengan como finalidad la industria de la salud.
Jerusalén, 27 de diciembre (EFE).- La Autoridad de Innovación de Israel y el Ministerio Digital Nacional israelí anunciaron hoy que cuatro farmacéuticas (Pfizer, AstraZeneca, Merck y Teva) el Fondo Biotech de Israel y Amazon Web Services se unirán para crear un laboratorio en el país para la Salud Digital y Biología Computacional.
El Innovation Lab (Laboratorio de Innovación) estará situado en el Parque de la Ciencia de Rehovot, comenzará a funcionar en 2021 y tiene asignado un presupuesto de 32 millones de shéqueles (ocho millones de euros) para los próximos cinco años, que se completará con aportaciones de las propias empresas socias. La propuesta de este grupo fue seleccionada en un concurso en competición con otros proyectos.
Las farmacéuticas, junto con Amazon y el fondo israelí, establecerán un laboratorio computacional que tendrá como objetivo apoyar a emprendedores y start-ups en sus primeros pasos con proyectos que tengan como finalidad la industria de la salud. Las empresas que se unan al “Lab” recibirán financiación de la Autoridad de Innovación y del Ministerio Digital Nacional, lo que les permitirá avanzar en sus operaciones.
“El rápido desarrollo de las vacunas para el virus de la COVID-19 debe su éxito en parte a las capacidades de Inteligencia Artificial de farmacéuticas líder como Pfizer y Moderna. Se espera que estas áreas sean más significativas en los próximos años”, explicó la Autoridad de Innovación en un comunicado.
“El propósito del laboratorio es asistir en el establecimiento y avance de nuevas start-ups que desarrollen tecnologías computacionales innovadoras basadas en Inteligencia Artificial y destinadas a descubrir tratamientos y soluciones personalizadas. También ayudará a las start-ups con asistencia de los socios del laboratirio y el acceso que den a su conocimiento científico y a expertos mundiales para desarrollar medicinas y tratamientos revolucionarios”, añade la nota.
La coordinación general de Órganos de Vigilancia y Control de a función Pública dio a conocer que entre las acciones prioritarias están la investigación por presunta corrupción de funcionarios federales con las empresas extranjeras Odebrecht y Teva, mientras que la indagatoria en el NAICM es para verificar todas las áreas o procesos que pudieron haberse visto vulnerados y ser motivo de actos de corrupción.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró desde el año pasado irregularidades en la construcción del nuevo aeropuerto, entre ellas, qu no se solicitaron los proyectos de inversión conforme a la obra pública.
Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este día que investiga posibles actos de corrupción en el proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), así como en la constructora Odebrecht y la farmacéutica Teva.
Durante la Primera Reunión Plenaria de Órganos de Vigilancia y Control del Gobierno Federal, la titular de la SFP, Arely Gómez González, dio a conocer identificado 30 casos prioritarios, aunque no especificó cuáles.
Por su parte, Christian Noé Ramírez, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la dependencia, informó a medios que entre las acciones prioritarias están la investigación por presunta corrupción de funcionarios federales con las empresas extranjeras Odebrecht y Teva.
“Los temas prioritarios que tenemos identificados, invariablemente, es el tema de Odebrecht, Teva, del Nuevo Aeropuerto; tenemos que estar muy vigilantes y actuar de manera preventiva en estos tres asuntos”, informó en entrevista.
Mientras que en el caso del NIACM, Noé Ramírez, detalló que está desarrollándose un plan de investigación, “no queremos hacer acciones aleatorias ni al azar, estamos desarrollando una auditoría transversal en la Administración Pública Federal para identificar todas estas áreas o procesos que se pudieron haber visto vulnerados y ser motivo de actos de corrupción”.
Expuso que, en el caso del NAICM, la SFP atendió la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de fortalecer el Órgano Interno de Control.
“Tenemos siete personas solamente para un proyecto bastante grande, ya han sido aprobadas 24 plazas más, y entonces, a partir de eso, tendremos posibilidad de desarrollar una estrategia de atención preventiva a este gran proyecto”, señaló.
El NAICM, con una inversión en su primera fase de 169 mil millones de pesos, parece atravesar una etapa de incertidumbre y el Gobierno federal no entrega información sobre los avances al Congreso.
El 17 de febrero de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un recorte presupuestal de 132 mil millones de pesos, de los cuales 189 millones corresponden al NAICM.
A pesar de esa medida, el Secretaria de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruíz Esparza, anunció que el costo para la construcción del aeropuerto aumentaría, lo que implicaba que se hiciera una revaluación con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para establecer el plazo en el que empezaría a funcionar.
El Gobierno federal prevé que el NAICM inicie operaciones el 20 de octubre de 2020, sin embargo, algunas anomalías han retrasado la construcción.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró desde el año pasado irregularidades, entre ellas, que no se solicitaron los proyectos de inversión conforme a la obra pública.
Tanto el Grupo Aeroportuario como la SCT no han transparentado los mecanismos de financiamiento, los cuales se realizarían a través del capital privado y préstamos bancarios.
El escándalo de los sobornos millonarios de la constructora Odebrecht en varios países de Latinoamérica ha sacudido a la región. En Venezuela, los diputados buscan impulsar la investigación para detectar a los funcionarios corruptos,: República Dominicana ya solicitó información a Estados Unidos sobre las acusaciones; el presidente Juan Manuel Santos dijo que solicitará información “que involucre a funcionarios y/o contratos” y su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, negó haber recibido sobornos de Odebrecht mientras fue primer ministro en el gobierno del mandatario Alejandro Toledo. En México, La Secretaría de la Función Pública (SFP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) recoplina información para determinar si funcionarios del gobierno recibieron los pagos por 10.5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña.
LIMA, Perú (AP) — La revelación de que Odebrecht pagó millonarios sobornos durante 15 años en diez países de Latinoamérica amenaza con sacudir gobiernos como el de Venezuela, Ecuador, Colombia o Panamá, algunos de ellos todavía en funciones.
Varios países anunciaron este jueves que abrirán indagaciones y pedirán información a Estados Unidos y Brasil luego que el gigante brasileño de la construcción se declaró culpable en una corte de Nueva York de violar leyes contra los sobornos en el extranjero, tras una intensa investigación de corrupción en Brasil.
José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, dijo a The Associated Press que en el corto plazo “se viene una crisis política, similar a la que está viviendo Brasil, en varios de estos países de Latinoamérica”.
Ugaz, un abogado criminalista peruano, añadió que la confesión del pago de los sobornos “revela que la región está seriamente impactada por temas de gran corrupción y esto no es un problema ideológico, hay expresidentes y gobiernos de tendencia de izquierda, socialdemócratas y de derecha”.
En un amplio acuerdo de culpabilidad con una corte federal neoyorquina difundido la víspera por el Departamento de Justicia estadounidense donde se mencionan los sobornos en diez países de la región, Odebrecht detalló que entre 2006 y 2015 pagó en Venezuela unos 98 millones de dólares a funcionarios e intermediarios no mencionados.
El gobierno de Venezuela no comentó el caso pero la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, anunció que impulsará una investigación sobre todos los proyectos que desarrolló Odebrecht para determinar quiénes estuvieron implicados en los sobornos.
“La mayoría de las obras que hoy están manos de Odebrecht no sólo tienen sobreprecio sino que no han sido culminadas y algunas de ellas están paralizadas a pesar de que se dieron millonarios anticipos”, dijo el diputado opositor Julio Montoya a The Associated Press.
El legislador precisó que la firma brasileña logró numerosos contratos para la construcción de puentes, carreteras, líneas férreas y proyectos eléctricos en Venezuela gracias a las estrechas relaciones del fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro con Odebrecht y sus aliados políticos de Brasil, los ex gobernantes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
En República Dominicana, la Procuraduría General informó que ha pedido a las autoridades estadounidenses información sobre los 92 millones de dólares en sobornos que la firma brasileña realizó a funcionarios entre 2001 y 2014, lo cual le permitió ganar 163 millones.
La empresa brasileña ha suscrito en el país caribeño varios contratos millonarios para la construcción de obras de infraestructura, que incluyen autopistas, hidroeléctricas y acueductos. En la actualidad construye la central termoeléctrica de Punta Catalina, en el oeste del país, cuya adjudicación en 2014 fue cuestionada por supuesta sobrevaluación.
De acuerdo con los documentos divulgados por el Departamento de Justicia -que consideró al escándalo “el mayor caso de soborno extranjero en la historia”- en Panamá Odebrecht pagó 59 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La constructora brasileña se convirtió en los últimos 12 años en la mayor contratista en Panamá y se adjudicó contratos por más de 9 mil millones de dólares. Entre ellos estuvo la construcción de la primera línea del metro capitalino, que se licitó en mil 452 millones de dólares pero terminó costando casi un 40 por ciento más.
Odebrecht forma parte del consorcio que construye una segunda línea del metro adjudicada en 2015 por casi 2 mil millones de dólares e integra otros multimillonarios proyectos de vivienda impulsados por el gobierno del actual presidente Juan Carlos Varela.
En Perú el presidente Pedro Pablo Kuczynski negó haber recibido sobornos de Odebrecht mientras fue primer ministro en el gobierno del mandatario Alejandro Toledo (2001-2006).
“Puedo garantizar que no recibí nada, ni hice nada”, dijo a la prensa Kuczynski, a quien se le reabrió a inicios de diciembre una investigación fiscal que indaga si hace una década, como primer ministro, favoreció con una ley a Odebrecht para que obtenga licitaciones.
Autoridades estadounidenses afirman que Odebrecht pagó 29 millones de dólares a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, periodo en el que recibió más de 143 millones en ganancias. Los pagos se hicieron durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
En Perú existen otras cuatro investigaciones ligadas a una gran red de corrupción en Brasil pero sólo una de ellas involucra a la constructora brasileña y se refiere a una licitación en 2014 de un plan para construir un gasoducto en la que Odebrecht fue el único postor y ganó.
En Colombia la oficina del presidente Juan Manuel Santos dijo que solicitará información “que involucre a funcionarios y/o contratos”.
Según los documentos estadounidenses, Odebrecht detalló que entre 2009 y 2014 pagó en Colombia unos 11 millones de dólares. El Secretario de Transparencia de la presidencia colombiana, Camilo Enciso, dijo a la radio local Caracol que los sobornados serán colocados “en la picota pública y tendrán que ser judicializados y sancionados”.
Ecuador también pedirá detalles sobre pagos ilegales que la firma brasileña hizo entre 2007 y 2016 y sumaron 33.5 millones de dólares.
“Con la investigación se busca identificar nombres, cuantías y conocer adónde fueron a dar esos recursos”, dijo el fiscal general Galo Chiriboga entrevistado por la radio pública de Ecuador.
En Guatemala el gobierno del Jimmy Morales aún no se ha pronunciado pero la fiscal general Thelma Aldana confirmó que existen dos investigaciones referentes al caso.
Según los documentos estadounidenses Odebrecht pagó 18 millones de dólares en sobornos entre 2013 y 2015 durante el gobierno de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron a sus cargos en 2015 y están presos por acusaciones de corrupción.
En Argentina, la diputada nacional opositora Margarita Stolbizer presentó el jueves una denuncia ante la justicia para que se inicie una investigación sobre el destino de los 35 millones de dólares que Odebrecht dijo haber pagado en concepto de sobornos a funcionarios locales para obtener contratos por 275 millones de dólares durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
“A esta altura a nadie le asombra una denuncia de episodios de corrupción que vinculan al Ministerio de Planificación”, la dependencia que tenía bajo su órbita la obra pública durante el gobierno de Fernández. “Si en un lugar estuvo focalizada la corrupción en los últimos años fue justamente ese ministerio”, agregó en referencia a las múltiples causas judiciales que salpican a ex funcionarios del área.
La constructora brasileña participó de la ampliación de un gasoducto, la construcción de una planta de la estatal petrolera argentina YPF y el soterramiento de un ramal del ferrocarril.
Odebrecht, que es considerado el mayor conglomerado de construcción e ingeniería de Latinoamérica, también admitió haber pagado sobornos en Brasil por 349 millones de dólares y en México por 10,5 millones.
El Departamento de Justicia informó en la víspera que Odebrecht y su petroquímica Braskem acordaron pagar una multa combinada de al menos 3.500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones de que sobornaron desde 2001 a funcionarios en 10 países de Latinoamérica y dos de África para obtener contratos por un centenar de proyectos públicos.
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Los periodistas de The Associated Press en Venezuela, Fabiola Sánchez; en Colombia, César García; en Panamá, Juan Zamorano; en Guatemala, Sonia Pérez; en República Dominicana, Ezequiel Abiu López y en Argentina, Débora Rey colaboraron en esta nota.
Otra vez corrupción y otra vez sobornos. El Gobierno federal, en tan sólo dos semanas, se vio involucrado en cuatro casos de corrupción con empresas internacionales. En dos de ellos, la acusación por la licitación de la Red Compartida y el contrato a una compañía española investigada por fraude, está directamente señalada la SCT a cargo del intocable Gerardo Ruiz Esparza. Los otros dos escándalos exhiben que la corrupción no es exclusiva de los partidos, sino parte de un sistema: el caso de la farmacéutica Teva, se registró en el último año del sexenio de Vicente Fox Quesada y el de la constructora Odebrecht, se dio bajo el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y ha continuado durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Si los escándalos hoy salen a la luz es porque tres de las firmas señaladas han sido investigadas o multadas en sus países de origen o en los que operaron. Sin embargo, aquí, los funcionarios ya se preparan sin ningún contratiempo para sus vacaciones decembrinas…
Por Daniela Barragán y Dulce Olvera
Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).- Justo en la última semana laboral del año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y empleados del Gobierno federal se han visto implicados en cuatro distintos casos de corrupción con empresas extranjeras: la constructora brasileña y líder en América Latina Odebrecht, la farmacéutica israelí Teva, el Consorcio Altán –constituido por Morgan Stanley, y las mexicanas Axtel y Megacable–, y la española Copisa Constructora Pirenaic.
Dos especialistas en corrupción y transparencia exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue a los que recibieron los sobornos en México e hicieron un llamado a apresurar el mecanismo para prohibir contratos a empresas acusadas de irregularidades en otros países.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios de Impunidad y Justicia, aseguró que “la PGR se está jugando su credibilidad y prestigio si no castiga con contundencia a estas empresas y a los funcionarios que aceptaron los sobornos”.
Por su parte, Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), consideró que desde el momento en que se filtraron las primeras informaciones sobre el caso de la constructora brasileña, la PGR debió iniciar una investigación de oficio vinculada al caso sin esperar una denuncia:
“Antes y después del Sistema Nacional Anticorrupción, es inexplicable la inacción de la PGR al no haber investigado después de toda la historia de Odebrecht”.
Petróleos Mexicanos (Pemex) le dio dos contratos millonarios a la brasileña Odebrecht para grandes proyectos: el Complejo Petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Ramones II Norte, el de más importancia en México. Esto a pesar de que era investigada en Argentina y Perú por corrupción.
El director de Gesoc destacó que “lamentablemente”, de acuerdo con la actual Ley mexicana, no se puede prohibir un contrato a una empresa con antecedentes de sanción administrativa.
“Antes del Sistema Nacional Anticorrupción no había ninguna previsión que obligara al Gobierno a emitir una alerta de alto riesgo sobre alguna empresa particular. Una vez que opere el Sistema y se aliñe a las disposiciones internacionales hay empresas que se podrán señalar de alto riesgo y su participación estará sujeta a una serie de previsiones”, aseguró.
El académico Gerardo Rodríguez dijo que “los países que tienen las legislaciones más avanzadas en combate a la corrupción, sobre todo en Europa y Estados Unidos, tienen listas negras de aquellas empresas que hayan caído en el pago de sobornos. En México debería avanzar una legislación de castigar o penalizar a las empresas señaladas”.
Dos de los casos de corrupción exhibidos en días recientes se registraron en sexenios pasados, por lo que ambos especialistas coincidieron en que es un fenómeno estructural del Estado mexicano que “no respeta colores partidistas”.
Es, dijo González Arreola, “un problema de sistemas y de redes de intereses que se coluden más allá de quien está en el poder, pero la responsabilidad de quien está en el poder es hacerse cargo y tomar acciones una vez que suceda”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó hoy una serie de documentos en los que la empresa brasileña Odebrecht acepta que pagó en sobornos aproximadamente 788 millones de dólares a funcionarios de 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos México.
Los documentos refieren que, entre 2010 y 2014, altos funcionarios federales de México recibieron por parte de la constructora 10.5 millones de dólares, con el objetivo de obtener contratos de obras públicas. Al final obtuvo beneficios equivalentes a 39 millones de dólares derivados de las obras otorgadas, confesó la misma compañía en Estados Unidos.
El ex presidente de la empresa, Marcelo Odebrecht, es un personaje que tiene acusaciones de soborno, lavado de dinero y asociación delictiva. Fue condenado a 19 años de prisión en su país. La Justicia de Argentina y Perú investiga a la compañía.
Sin embargo, mientras estaba bajo la lupa en otros países, en México se le dieron contratos millonarios para proyectos de gran magnitud.
En el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) hay el registro de tres contratos públicos con Pemex Refinación. Dos fechan del 2005: uno de febrero por 317 millones de dólares y el otro, de una semana antes, por 317 millones 900 mil dólares.
Un contrato más le fue otorgado en febrero de 2014, ya bajo la administración de Enrique Peña Nieto y cuando Emilio Lozoya Austin ocupaba la Dirección general de Pemex. Se le pagaron mil 794 millones 628 mil 950 pesos para el Acondicionamiento, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Residuales de la Refinería Miguel Hidalgo.
Marcelo Bahia, presidente de Odebrecht, está preso desde el 2015 y fue condenado a 19 años y 4 meses de cárcel por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. Foto: EFE
Odebrecht es una de las empresas que se mostró más entusiasta frente a la Reforma Energética implementada en el actual gobierno, especialmente en la infraestructura para el gas natural.
En febrero de 2016, su director en México, Luis Weyll, afirmó en una entrevista con El Economista que la constructora había invertido 2 mil 400 millones de dólares de los 5 mil previstos para este sexenio. Su interés estaba puesto, principalmente, en los proyectos de gasoductos, además de las carreteras y las hidroeléctricas.
A raíz de la Reforma Energética, obtuvo el contrato para el Complejo Petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Ramones II Norte, el de más importancia en México. El primero tuvo un costo de 5 mil 200 millones de dólares y ya opera desde marzo y el segundo, lo obtuvo con una oferta de 935 millones de dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht y su petroquímica acordaron pagar una multa combinada de al menos 3 mil 500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones sobre sobornos desde 2001 a funcionarios en 10 países de Latinoamérica y dos de África para obtener contratos por un centenar de proyectos públicos.
SOBORNOS PARA MEDICINA
De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la farmacéutica Teva, de origen israelí, aceptó pagar una multa de 519 millones de dólares a las autoridades de ese país, luego de que se inició una investigación sobre sus métodos de ventas y promoción en Rusia, Ucrania… y México.
Teva sobornó a médicos empleados del Gobierno desde 2005 –el último año del primer sexenio panista– para que esos médicos prescribieran el medicamento Copaxone, para tratar la esclerosis múltiple.
De acuerdo con la información difundida, altos ejecutivos de Teva, encargados de desarrollar programas internos de anticorrupción, sabían desde 2009 de los sobornos en México. Aquí es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) la encargada de otorgar las autorizaciones a los medicamentos que se pondrán a la venta.
La Reforma de Telecomunicaciones continua siendo enfatizada en los discursos durante los eventos públicos federales, a pesar de que desde hace dos años se continúa presumiendo lo mismo.
El 2016 era el año de la Red Compartida, proyecto que busca desplegar infraestructura necesaria para una cobertura mínima del 85 por ciento del territorio para servicios de telecomunicaciones y se espera empiece a operar en 2018.
Requerirá de inversiones por 7 mil millones de dólares. Sin embargo, el conflicto y las acusaciones contra la SCT surgieron luego de la conclusión del proceso de licitación, ya que hay indicios de supuestas irregularidades por parte de dos funcionarios públicos de esa Secretaría durante el proceso: la subsecretaria de Comunicaciones Mónica Aspe Bernal y Mario Góngora Preciado, de acuerdo con la declaración de un funcionario de la consultoría Deloitte ante una corte de Virginia.
El Consorcio Altán, constituido por Morgan Stanley, Axtel, Megacable y otras, ganó en noviembre el contrato para la Red Compartida.
Ante ello, el presidente ejecutivo de Rivada Networks, Declan Ganley, una de las empresas que aspiraba a la Red, dijo: “francamente, el proceso en México apesta” porque se favoreció “a un ganador preelegido” e interpuso un juicio de amparo por su descalificación y otro en contra del fallo, el cual fue rechazado.
La SCT descalificó del concurso a esta firma, con sede en Estados Unidos, porque no cumplió en tiempo y forma con su garantía de seriedad para avalar mil millones de pesos.
Inverosímil. Incumplen requisito básico en licitación y atacan el proceso que elogiaron antes de ser descalificados. https://t.co/bfqD7saIyz
De acuerdo con la acusación de Rivada, Mario Góngora Preciado, ex director general en la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, pidió a la consultoría Deloitte que favoreciera al Consorcio Altán para ganar la Red Compartida.
Como respuesta, la SCT aclaró que Mario Héctor Góngora Preciado no labora en la SCT desde junio de 2015, más de medio año antes de la publicación de la convocatoria del concurso de la Red Compartida, por lo que “no tuvo injerencia alguna en el proceso de licitación, ni contacto con los consorcios participantes en el concurso”.
Pero Rivada tuiteó que el proceso de la Red comenzó cuando el funcionario señalado aún laboraba en la SCT y “tuvo acceso a la información”.
La dependencia federal anunció que ya contrató a una firma de abogados para iniciar acciones penales en contra del consorcio de Rivada. El proceso será en Estados Unidos y la acusación es por los “daños ocasionados” al “honor y reputación” al realizar “diversas manifestaciones sin sustento que pretenden desprestigiar” a las instituciones mexicanas.
En noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó un contrato por 466 millones para ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción, informó Reforma. Antes, ganó otra licitación por 200 millones de pesos para modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz.
Copisa Constructora Pirenaic, empresa propiedad del catalán Jordu Pujol Ferrusola, es investigada en España por una serie de fraudes cometidos en México, en los que empresarios y autoridades de este país están vinculadas.
Pujol Ferrusola era investigado por haber realizado cobros encubiertos en un proyecto turístico de México, donde habría invertido un peso pero cobró comisiones por 243 mil euros a través de GBI; Monic Productions, una empresa fantasma; el cobro lo realizó por un asesoramiento en el proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en Ecatepec, Estado de México, y en las ciudades de Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y Ciudad de México.
Fue en 2014 cuando se dio a conocer que Jordi Pujol Ferrusola, empresario e hijo del ex Presidente de la Generalidad de Cataluña, era investigado en España por una serie de fraudes cometidos en México, caso en el que autoridades y empresarios mexicanos estaban vinculados.
Jerusalén, 27 jul (dpa) – El grupo farmacéutico israelí Teva anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con la empresa irlandesa Allergan para comprar su división de genéricos por 40 mil 500 millones de dólares, en lo que será la adquisición más grande en la historia de una compañía israelí.
Teva precisó que pagará 33 mil 750 millones de dólares en efectivo y el resto en acciones. Si las autoridades dan luz verde a la transacción, se prevé que se haga efectiva en el primer trimestre de 2016.
Teva es el mayor productor mundial de medicamentos genéricos y una de las 15 compañías farmacéuticas más grandes del mundo, con filiales en Israel, Estados Unidos, Europa y América del Sur. La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Nueva York como en la de Tel Aviv.
La división de genéricos de Allergan tiene presencia en unos 100 países, por lo que la adquisición le permitirá a Teva reforzar aún más su posición como líder de mercado.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
