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A la Ley de Seguridad Interior le sigue un camino de acciones de inconstitucionalidad, así lo vaticinan diputados federales opositores a esa legislación, quienes apuestan por derrumbar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Ley que da facultades al Ejército para realizar tareas de seguridad pública.

Los ojos de las organizaciones civiles y de las instancias internacionales que han condenado los riesgos que representa la aprobación hecha hoy por la Cámara de Diputados se encuentran en los legisladores que pueden presentar estos recursos legales.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- A la aprobación en la Cámara de Diputados de los cambios hechos en la Ley de Seguridad Interior por el Senado, las fracciones parlamentarias de oposición coinciden en la necesidad de presentar una acción de inconstitucionalidad.

“Estamos en diálogo con los grupos parlamentarios necesitamos 167 firmas y creemos que las podemos lograr si la mayoría PAN, PRD y Movimiento Ciudadano [MC] suman esfuerzos”, dijo José Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de la bancada de MC.

Al contraataque de las fracciones que conforman el llamado Frente Ciudadano por México, que rechazaron la Ley de Seguridad Interior, también podría sumarse por separado la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Es una posibilidad que la ley se caiga en la Suprema Corte, varios juristas así lo han dicho. Habría que ver, lo que importa es promover la acción de inconstitucionalidad”, sostuvo el Diputado federal Vidal Llerenas Morales de Morena.

El acto de inconstitucionalidad que puede solicitar la Cámara de Diputados aún no encuentra fechas. Castañeda indicó que primero el Presidente Enrique Peña Nieto tiene que promulgar la Ley para que se pueda presentar esta acción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La consumación de esta presentación en la Cámara de Diputados oscila sobre el Partido Acción Nacional (PAN). Hoy 11 panistas votaron a favor de los últimos cambios que necesitaba la Ley de Seguridad Interior, en tanto que 95 se ausentaron de la votación.

El jefe de la bancada blanquiazul Marko Cortés justificó que aún con sin los votos del PAN, el PRI tenía los suficientes como para pasar la ley que regulará las operaciones del Ejército en las calles. De los 262 votos que terminaron por aprobar la ley, 199 fueron del PRI.

“La gran mayoría decidimos no estar presentes en la votación. Igualmente así lo hizo el PRD y MC, que conformamos el frente ciudadano por México porque consideramos que se requeriría fortalecer a las policías de nuestro país”, explicó Cortés.

Hoy la organizaciones del Colectivo Seguridad Sin Guerra acusaron al PRI y a un sector aliado del PAN de darse la espalda a las voces de alerta.

Ante la pregunta expresa sobre si la mayor bancada de oposición apoyará la votación para enviar un acto de inconstitucionalidad a la SCJN, Cortés contestó: “Lo tendremos que revisar con nuestros abogados la pertinencia y los alcances de la misma”.

La Constitución marca que los diputados o senadores tienen 30 días una vez publicada la norma para presentar este acto, en el que se requiere el respaldo de al menos el 33 por ciento de sus integrantes.

El 4 de noviembre del 2016, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados César Camacho Quiroz presentó la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior. Y hoy, más de un año después, en el día de su aprobación final, considera que está blindada de controversial constitucionales, pero no desestima que la acción de inconstitucionalidad llegue a la SCJN.

“A mí juicio dado el apego a la Constitución y a los tratados, [esta Ley] los soporta. Pero la última palabra la tendrá la Suprema Corte. Entendemos de este régimen de pesos y contra pesos, que la Corte tiene un papel fundamental”, dijo Camacho, quien insistió en que la Ley garantiza el respeto a los derechos humanos.

Una visión contraria a la del Colectivo Seguridad Sin Guerra que consideró que el resultado final de la Ley amenaza los derechos humanos, no soluciona los problemas de inseguridad y no cuenta con controles para supervisar un despliegue militar extraordinario.

En 15 días, desde su aprobación el 30 de noviembre en la Cámara de Diputados, los 34 artículos de la Ley de Seguridad Interior fueron aprobados. Castañeda señaló que existe cree que no hay coincidencia entre la aprobación “fast track” con el periodo de electoral que atraviesa el país.

“Yo creo que es una Ley que le urge al Presidente de la República, porque le paga un favor a las Fuerzas Armadas. Segundo, porque podrá disponer de ellas sin contrapesos. Y tercero, porque lo que se asoma en el ambiente electoral es un esquema de mantener una política de miedo sobre la población civil, a eso le va a apostar el PRI”, señaló el jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano.

También el Ejecutivo puede presentar una acción de inconstitucionalidad, pero el Presidente Enrique Peña Nieto hizo oídos sordos a los llamados internacionales, recordó el Diputado del Sol Azteca Jesús Zambrano.

Sobre este punto el Colectivo Seguridad sin Guerra refirió ante la inacción presidencial también puede la Comisión nacional de Derechos Humanos puede presentarla, en concordancia con los pronunciamientos hechos en los que advertían su peligro.

Ayer, siete áreas de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas hicieron un llamado al Congreso mexicano para considerar los peligros a los derechos humanos que esconde dar facultades a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad en las calles.

“Cualquier nueva Ley de Seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles”, reza el comunicado.

Los diputados dijeron que alimentarán la acción de inconstitucionalidad por lo expuesto en los órganos nacionales e internacionales.

 

Hoy, el Colectivo Seguridad Sin Guerra demandó activar controles sobre el papel del Ejército.

Lucía Chávez, coordinadora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), refirió que la emisión de un estado de Seguridad Interior va mucho más allá de lo que ya estaba previsto en el artículo 29 de la Constitución, en el que se prevé la suspensión de garantías.

Asimismo, señaló que la Ley perpetua la presencia de los militares en tareas que no le corresponden.

“El articulado de la Ley es que podría determinar a hacer acciones a Seguridad Interior que en realidad son acciones a brindar apoyo a seguridad pública. El Concepto de Seguridad Interior es inventado y no tiene que ver con tener militares haciendo acciones de seguridad pública”, destacó Chávez.

Las organizaciones civiles coincidieron en que la designación que hará el Ejecutivo, junto a la Secretaría de la Defensa y Marina, de un Comandante para dirigir las acciones de seguridad interior en un lugar y plazo no mayor a un año es un importante revés a la democracia.

“El corazón de nuestro cuestionamiento era que la ley modifica en 180 grados lo que debería ser una democracia y un Estado de Derechos. Donde los militares están bajo mando de los civiles. A esta regla se le dio un giro, para quedar al revés, son los militares ahora quienes van a tener el mando”, reclamó Edgar Cortés Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

El 8 de diciembre, Peña Nieto llamó a los senadores a incluir todas las voces. Un proceso que Camacho aseguró que se cumplió al aprobar esta ley. No obstante, las organizaciones calificaron a los legisladores de cerrarse a sus propuestas.

Chávez indicó que las discusiones carecieron de sustento técnico.

“Hicimos señalamientos en todos los artículos que tiene la Ley, en particular el 20, y fue uno de los que no se movió [en las discusiones del Senado]. La conclusión fue que hubo simulación. Ningún Senador a favor se prestó a hacer un debate técnico, sino político”.