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Juicio del actor Pablo Lyle iniciará en septiembre después de 3 años de aplazamientos

viernes, agosto 5th, 2022

El proceso judicial contra Lyle comenzó en abril de 2019 y hubo cerca de una decena de postergaciones del juicio desde entonces.

Por Gisela Salomon

MIAMI, 5 de agosto (AP).— Tres años después de haber sido acusado de homicidio por la muerte de un hombre al que golpeó durante un incidente vehicular, el actor mexicano Pablo Lyle finalmente enfrentará un juicio.

La defensa de Lyle y la Fiscalía de Miami dijeron el jueves que están listos para iniciar el 19 de septiembre el juicio que determinará la responsabilidad del actor de telenovelas en la muerte de un hombre cubano en Miami en 2019. Un jurado de seis miembros será el que decida si es culpable o no.

En caso de ser declarado culpable, Lyle podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión.

El actor mexicano Pablo Lyle, acompañado por su esposa Ana Araujo, comparece en una corte en Miami-Dade, Florida, el lunes 8 de abril del 2019. Foto: AP

En una breve audiencia judicial frente a la Jueza Marisa Tinkler Mendez, las partes dijeron que no avizoran obstáculos antes de la fecha prevista. El 8 de septiembre, sin embargo, habrá otra audiencia de evaluación.

“No preveo que usted vaya a tener que resolver temas que requieran mucha disputa entre ambas partes”, le dijo a la Jueza el abogado de Lyle, Philip Reizenstein. “Gran parte de las cosas ya han sido resueltas. No estamos en desacuerdo con las cosas pequeñas”, expresó, tras indicarle que existe evidencia y que lo que se discutirá es cómo se aplica la ley.

Minutos antes, el Fiscal Shawn Abuhoff manifestó también que el estado se encuentra preparado para iniciar el juicio.

El actor Pablo Lyle podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

El proceso judicial contra Lyle comenzó en abril de 2019 y hubo cerca de una decena de postergaciones del juicio desde entonces.

El incidente vehicular ocurrió cerca del aeropuerto de Miami y quedó captado en cámaras de seguridad. Sucedió a finales de marzo de 2019, cuando el cuñado de Lyle trasladaba al aeropuerto al actor, su esposa y dos hijos, y su automóvil se cruzó con el de Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años que posteriormente falleció en un hospital a causa de una lesión cerebral.

Lyle, quien le dio a Hernández un puñetazo en la cara, ha dicho que actuó en defensa propia porque temía que el hombre lo atacara con un arma. Ese alegato, sin embargo, fue desechado por otro Juez y por una Corte de mayor jerarquía, que devolvió el caso al tribunal de Miami para que vaya a juicio.

El actor mexicano Pablo Lyle, a la izquierda, comparece el jueves 11 de julio del 2019 en una corte en Miami. Foto: AP

En la audiencia del jueves, Lyle y su abogado estuvieron presentes vía Zoom. El actor no hizo declaraciones y tampoco se lo vio. Sólo estaba conectado por audio.

La Jueza dijo que se convocará a unas 300 personas, de entre las cuales se seleccionará a los seis jurados titulares y tres suplentes durante varios días.

El Fiscal anticipó que planea presentar entre siete y ocho testigos, aunque podrían ser más si fuera necesario. La defensa de Lyle, por su parte, indicó que convocará a “varios” testigos, pero no especificó cuántos. Ninguna de las partes detalló quiénes serán.

El 31 de marzo de 2019 Lyle golpeó al cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien cuatro días después murió en un hospital. Foto: AP

“La selección del jurado podría llevar más tiempo que los procedimientos mismos del juicio”, dijo la Jueza, y calculó que las declaraciones de siete testigos representarían tres o cuatro días de juicio.

El abogado de Lyle, Reizenstein, expresó que uno de los temas a considerar para la selección del jurado es la resonancia que ha tenido el caso en la prensa, especialmente en México. Tras escucharlo, la Jueza les pidió a las partes que sugieran preguntas que se harían a los convocados antes de elegirlos como jurados.

De acuerdo con los videos de seguridad, Hernández detuvo su vehículo en un semáforo en rojo, bajó y se acercó a la ventanilla del conductor del automóvil que trasladaba al actor para quejarse de que le habían cerrado el paso. El cuñado de Lyle bajó del auto y discutió con Hernández, pero cuando vio que su vehículo se movía, regresó a su asiento.

El actor mexicano Pablo Lyle, en el centro, habla con sus abogados en una audiencia en Miami el 15 de enero del 2020. Foto: AP

Fue entonces cuando Lyle, que iba en el asiento del copiloto, bajó, corrió hacia Hernández y le dio un puñetazo en el rostro, de acuerdo con las imágenes. El automóvil de Lyle y su familia se alejó mientras que el hombre cubano quedó solo, tendido en el piso. Unas horas después, el actor fue detenido en el aeropuerto de Miami, cuando se disponía a viajar a México.

Cuatro días más tarde, Hernández murió de una lesión cerebral causada por el traumatismo en un hospital de Miami.

Traduce en cortes de EU. Ha visto el horror en migrantes: ella misma cruzó el río

lunes, octubre 25th, 2021

En enero, una caravana más grande trató de partir de Honduras pero las autoridades guatemaltecas le impidieron seguir adelante. Estos grupos son similares, aunque ni de cerca tan grandes, a los que cruzaron México en 2018 y 2019.

Por Claudia Torrens

Nueva York, 25 de octubre (AP).— Johanna Valle conoce bien el temor que se refleja en los rostros de los migrantes que acuden a las cortes de migración. Ahora ocupa un asiento cerca del Juez, pero durante años vivió en carne propia el proceso judicial tras haber cruzado el Río Bravo en un neumático y sufrir una deportación que la devolvió a su natal Nicaragua en 1997.

Valle es una intérprete de español que es enviada a las cortes migratorias de todo Estados Unidos para que los jueces puedan entender a los migrantes de habla hispana.

Sin embargo, antes de ser intérprete esta mujer de 50 años pasó más de dos décadas como migrante sin autorización para residir en el país, con miedo a trabajar o ser separada de sus hijos, nacidos en Estados Unidos.

Los migrantes, en su mayoría de América Central, caminan hacia el norte por una carretera costera en las afueras de Huixtla, estado de Chiapas, México, el lunes 25 de octubre de 2021. Foto: AP

“Yo les veo el miedo, yo les veo la necesidad de querer entender qué les está pasando, de entender lo que se les está diciendo, porque a veces se les ve en las caras que no entienden, aunque se lo estamos diciendo en español”, dijo Valle a The Associated Press. “Yo conozco esas caras porque yo la tenía antes”.

Últimamente Valle trabaja mucho. La intérprete sospecha que se debe al fuerte aumento en la llegada de familias latinoamericanas a la frontera entre México y Estados Unidos que se ha registrado desde que el Presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Y las cifras de menores no acompañados han batido récords.

El Gobierno estadounidense anunció recientemente que, aunque se opone, por una orden judicial reinstaurará el plan “Permanecer en México” por medio del cual familias y adultos que piden asilo deben esperar en territorio mexicano sus audiencias en las cortes migratorias estadounidenses. A los menores no acompañados no se les aplica ese programa.

Valle salió de Nicaragua con su madre, una hermana y dos sobrinos en 1988, cuando el país vivía una guerra civil entre los contras y los sandinistas. Su madre había sido interrogada por las autoridades debido a que había sacado a un hijo del país para evitar que hiciera el servicio militar obligatorio.

Tras llegar a México, otro de los hermanos de Valle, que vivía en California, fue a recoger a la familia a la frontera con Estados Unidos en el Río Bravo, en Texas.

Una caravana de migrantes, la mayoría de Centroamérica, atraviesa por la fuerza una barricada de la policía mexicana en Tapachula. Foto: AP

Los Valle cruzaron el río en neumáticos. Cuando ya en territorio estadounidense el hermano los llevaba en su automóvil, fueron parados por la patrulla fronteriza en la carretera. Permanecieron detenidos unos días y luego iniciaron una nueva vida en California, donde Valle y su familia tenían que presentarse a las citas en la corte de migración.

Su madre logró obtener el asilo, pero la abogada de la familia le dijo a Valle que ella probablemente no lo conseguiría: la persecución por parte de las autoridades nicaragüenses la había sufrido su madre, no ella, y Violeta Chamorro, una aliada de Estados Unidos, era entonces presidenta de Nicaragua. Justificar su asilo resultaba más difícil, le dijo la abogada.

Aún así, Valle tenía un permiso de trabajo que le dieron al solicitar el alivio migratorio y empezó a laborar en restaurantes y de recepcionista en una clínica.

Se casó en 1992 con un salvadoreño y tuvo dos hijos. Al no comparecer en una de sus audiencias migratorias en la corte, un Juez ordenó que la deportaran sin que ella supiera.

En 1997 agentes migratorios fueron a buscarla al banco en el que trabajaba en ese momento como ejecutiva de ventas y la deportaron ese mismo día, dejando a su marido y dos niños de 3 y 6 años solos en California. Le tomó ocho meses poder regresar a Estados Unidos, esta vez en avión y con una visa de turista que logró desde El Salvador.

Los operativos del Gobierno mexicano fueron denunciados por organizaciones internacionales por el uso excesivo de la fuerza, pero las autoridades aseguraron que se respetarían los derechos humanos. Foto: AP

Pero la visa expiró.

“No volví a trabajar. Me daba miedo. Me volví ama de casa. Dependía económicamente de él”, dijo Valle, quien empezó a sufrir abuso psicológico y físico de su esposo. Tuvieron dos hijos más y vivían de un negocio de venta de automóviles de segunda mano que él tenía.

En 2009 Valle se separó de su esposo. Solicitó la visa U para víctimas de la violencia doméstica y se dedicó a limpiar casas. Empezó a estudiar en la universidad y pagaba la comida de la familia con ayudas del Gobierno federal. No fue hasta 2015 que logró graduarse y comenzó a trabajar como intérprete, primero de forma voluntaria y luego profesionalmente.

En 2017 obtuvo la tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos.

Ahora vive en Atlanta y trabaja para una agencia de intérpretes que la envía a las cortes de migración. Ella no puede hablar con los migrantes fuera de la sala de la corte debido a normas de la agencia y judiciales.

Los cruces fronterizos ilegales de México a Estados Unidos disminuyeron en septiembre por segunda vez en 17 meses, pero el año fiscal terminó con el conteo más alto de la historia, dijeron las autoridades. Foto: AP

Cuando se le pregunta qué les aconsejaría, Valle hace referencia a la lista de abogados gratuitos o con bajos honorarios que los tribunales entregan a los migrantes. Muchas familias dicen que ninguno les toma los casos.

“Yo les diría que tienen que seguir insistiendo, sigan llamando, hagan su propia búsqueda”, dijo Valle al recordar su experiencia intentando lograr un abogado que la ayudara a conseguir la visa U.

“Pregunten en su comunidad. No dejen de preguntar, hay muchas ayudas”, agregó. “Encontrarán un lugar donde les van a escuchar”.

Juez de EU reclama al expresidente Toledo de Perú para juzgarlo por Odebrecht

martes, octubre 5th, 2021

En casos similares —como el del expresidente panameño Ricardo Martinelli, que estaba acusado en su país de malversación de fondos y escuchas telefónicas— el proceso se demoró cerca de 10 meses desde que el Juez la certificó, en agosto de 2017, hasta que Martinelli llegó a su país, en junio de 2018.

Por Gisela Salomón

MIAMI (AP).— Un Juez federal de Estados Unidos determinó que el expresidente peruano Alejandro Toledo puede ser extraditado a su país para que enfrente allí acusaciones de corrupción relacionadas con la empresa constructora brasileña Odebrecht. La extradición del exmandatario, sin embargo, podría aún demorarse.

Perú pidió la extradición de Toledo en 2018. A continuación una mirada a cómo funcionan los procesos de extradición en Estados Unidos.

¿CÓMO EMPIEZA UN PROCESO DE EXTRADICIÓN?

Comienza con un pedido del Gobierno —de Perú, en el caso de Toledo— o del país que requiere a la persona fugitiva, al Gobierno de Estados Unidos. La solicitud generalmente la hace la Embajada en Washington o representantes diplomáticos de ese país.

En general los tratados de extradición también requieren que las solicitudes de arresto sean por vía diplomática.

En esta foto de archivo publicada el lunes 18 de marzo de 2019 por la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo muestra al expresidente peruano Alejandro Toledo.

En esta foto de archivo publicada el lunes 18 de marzo de 2019 por la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo muestra al expresidente peruano Alejandro Toledo. Foto: Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo, vía AP, Archivo

¿QUE HACE EL DEPARTAMENTO DE ESTADO UNA VEZ QUE RECIBE EL PEDIDO?

Éste revisa el pedido de extradición para ver si hay algún problema de política externa y para asegurarse de que haya un tratado de extradición con ese país. Se fija también que el o los delitos por los que se requiere a la persona estén incluidos en ese pacto como razones de extradición y que los documentos que avalan el caso estén certificados y cumplan con todos los requisitos.

Si el pedido está en orden, un abogado de la oficina de asuntos legales del Departamento de Estado prepara un certificado en el que asegura que existe un tratado de extradición y se han cumplido con los requisitos. Luego se envía a la oficina de asuntos internacionales junto con el pedido original de extradición que envió el país solicitante.

Esa oficina de asuntos internacionales, conocida como OIA por su nombre en inglés, revisa el pedido formal de extradición para verificar que es correcto. Evalúa también si los documentos establecerán una causa probable para creer que se han cometido delitos y que la persona cuya extradición se solicita los ha cometido. La OIA revisa asimismo el pedido de arresto. Al terminar, reenvía todos los documentos al distrito judicial donde se cree que está la persona —en el norte de California, en el caso de Toledo— con instrucciones a los fiscales —los representantes del Departamento de Justicia en los tribunales— sobre cómo deben proceder.

“La OIA aconseja a los fiscales en todas las etapas del proceso de extradición”, explicó a la AP David Abraham, experto y profesor emérito de la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami.

EL ROL DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), en una fotografía de archivo.

El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), en una fotografía de archivo. Foto: Ernesto Arias, EFE

Desde el Departamento de Estado los casos pasan al de Justicia para que un Juez determine si la persona puede ser extraditada o no.

El Gobierno estadounidense, que ha recibido el pedido de extradición de otro país, estará representado por los fiscales en las audiencias y tratará de cumplir con el acuerdo de extradición. Los fiscales alegarán que, de acuerdo con las leyes y los hechos, el tribunal debería ordenar la extradición de la persona para que enfrente acusaciones en su país.

La persona cuya extradición se busca tendrá su propia defensa en el caso para impedir su extradición. Toledo, por ejemplo, tiene abogados públicos. Podría suceder también que la persona decida no disputar su extradición. En ese caso el proceso sería más corto y Estados Unidos la devolvería al país que la solicita.

“Los casos de extradición no entran en ninguna otra categoría de casos”, dijo Abraham. “No son casos criminales ni casos civiles, aunque muchos conceptos de la ley penal se aplican en los procesos de extradición”.

En el caso de Toledo, el Juez Thomas Hixson, de la corte del distrito norte de California, firmó la orden para extraditarlo el 28 de septiembre.

EL PROCESO JUDICIAL

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), en una fotografía de archivo.

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), en una fotografía de archivo. Foto: Ernesto Arias, EFE

No existen plazos máximos en los procesos de extradición. El de Toledo tomó unos tres años desde que Perú envió el pedido hasta que el Magistrado Hixson certificó que el exmandatario es extraditable. Esa decisión fue comunicada al Departamento de Estado y el secretario Antony Blinken tiene la última palabra.

Ni la decisión del Juez ni la del Secretario de Estado pueden ser apeladas, explicó Abraham.

Al consultarte su decisión sobre Toledo, el Departamento de Estado dijo a la AP que su política es no hacer comentarios sobre casos de extradición.

Aún cuando el Juez haya tomado una decisión, eso no significa necesariamente que la repatriación de Toledo es inminente. Expertos consultados por la AP dijeron que los tiempos son impredecibles y podrían pasar semanas, meses o incluso años hasta que suceda.

En los casos en que los jueces fallan en contra de la extradición, a diferencia de lo que sucedió con Toledo, los fugitivos pueden permanecer en Estados Unidos y ajustar su estatus migratorio.

HABEAS CORPUS

Fotografía de archivo del expresidente peruano Alejandro Toledo.

Fotografía de archivo del expresidente peruano Alejandro Toledo. Foto: Eduardo Muñoz Álvarez, EFE

Aunque no puede apelar la decisión del Juez que lo declaró extraditable, Toledo sí puede presentar ante un Juez de distrito —de menor jerarquía— un recurso de habeas corpus alegando que ha sido detenido de manera ilegal, explicó el exfiscal federal Michael Nadler. Sin embargo, ese recurso por sí solo no garantiza que no será extraditado.

El habeas corpus es una petición para que la persona bajo arresto pueda ser llevada ante un Juez o una corte.

“La presentación de la petición no suspende automáticamente más procedimientos, y en ciertos casos el Gobierno podría intentar seguir adelante con la extradición” mientras no exista un pronunciamiento del Juez de distrito, dijo Abraham.

No existe un plazo para que Toledo presente el recurso de habeas corpus, ni para que el Juez se pronuncie luego.

Si el Juez falla en favor del habeas corpus, ordena una audiencia para abordar la legalidad de su detención y podría pedirle al Juez que certificó la extradición que levante la orden. Si esto sucede el Gobierno podría apelar y la extradición quedaría en pausa.

Si el Juez federal de distrito fallara en contra del habeas corpus, en cambio, representaría un revés para el fugitivo pero de todos modos podría apelar esa decisión ante un tribunal de mayor jerarquía, dijeron Nadler y el exfiscal federal Adam Fels.

Fotografía de archivo fechada el 28 de mayo de 2017 que muestra al expresidente peruano Alejandro Toledo.

Fotografía de archivo fechada el 28 de mayo de 2017 que muestra al expresidente peruano Alejandro Toledo. Foto: Eduardo Muñoz Álvarez, EFE

Incluso cuando existan posibilidades de recursos de habeas corpus y de apelaciones de esas decisiones, el Departamento de Estado podría ignorarlas y decidir hacer cumplir la orden del Juez que certificó la extradición.

“El fugitivo puede ser extraditado aún si hay una apelación por resolver o un pedido de habeas corpus”, dijo el exfiscal Nadler, aunque aclaró que por lo general el Gobierno espera.

Toledo aún no ha presentado ningún recurso de habeas corpus y sus abogados han declinado hacer declaraciones públicas. Al ser contactados por la AP dijeron que por el momento no tenían comentarios para efectuar.

DETENCIÓN

Por lo general, mientras se ventila el proceso en las cortes, la persona permanece bajo detención.

En el caso de Toledo, el Juez le concedió hace tiempo una fianza para que cumpla con prisión domiciliaria. Sin embargo, pocos días después que el Magistrado certificó la extradición a finales de septiembre, los fiscales estadounidenses le pidieron que lo regrese a una cárcel al considerar que podría fugarse de su domicilio mientras el Departamento de Estado toma una decisión.

El Juez Thomas Hixson le dio a Toledo hasta el 15 de octubre para que responda al pedido de la Fiscalía y le explique por qué debería quedar en su casa en lugar de ir a una cárcel. Luego el Juez decidirá si lo mantiene en su domicilio o ordena su regreso a una prisión federal.

Los desarrolladores de Sputnik V demandarán al regulador brasileño por difamación contra el fármaco

viernes, abril 30th, 2021

Los desarrolladores de Sputnik V, rechazaron las críticas brasileñas al afirmar que carecen de base científica y al opinar que la decisión de no permitir la importación del preparado tiene un “carácter político”.

Moscú, 30 de abril (EFE).- Los desarrolladores de la vacuna rusa anticovid, Sputnik V, iniciarán en Brasil un proceso judicial de difamación contra el regulador sanitario de ese país por difundir información “falsa e imprecisa” sobre el preparado.

“Después de admitir el regulador brasileño Anvisa que no ha testado la vacuna, Sputnik V está iniciando un proceso judicial de difamación en Brasil contra Anvisa por difundir intencionalmente informaciones falsas e imprecisas”, señaló el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) en un tuit de la cuenta del preparado ruso.

De acuerdo con los desarrolladores de Sputnik V, el regulador hizo declaraciones “incorrectas y engañosas sin haber testado la vacuna” y está desechando la carta oficial del Centro Gamaleya, donde fue creado el fármaco, de que no hay ningún adenovirus capaz de replicarse (RCA) y que “sólo se utilizan vectores no replicantes desprovistos del (gen) E1”.

Además el FIDR cita un medio brasileño, Super, que publicó el jueves que Anvisa no ha sometido a la vacuna rusa a pruebas sobre la presencia de replicantes virales.

Sputnik V ha sido registrada en más de 60 países. Foto: AP

Uno de los argumentos empleados por el regulador brasileño para desautorizar el lunes la importación en carácter de emergencia del preparado ruso fue el de que se detectó en todos los lotes presentados por Sputnik V a Anvisa un adenovirus capaz de replicarse.

Los desarrolladores de la vacuna rusa -registrada en más de 60 países- rechazaron el miércoles las críticas brasileñas al afirmar que carecen de base científica y al opinar que la decisión de no permitir la importación del preparado tiene un “carácter político”.

“La calidad y la seguridad de Sputnik V están garantizadas, entre otras cosas, por el hecho de que, a diferencia de otras vacunas, utiliza una tecnología de depuración de cuatro fases que incluye dos etapas de purificación cromatográfica y dos etapas de filtración de flujo tangencial”, señalaron el miércoles en un comunicado.

Esta técnica, añaden, “ayuda a obtener un producto altamente purificado que también se somete a un control obligatorio que incluye el análisis de la presencia de RCA o de cualquier aditivo”.

Sarahí, de 15 años, regresa con su familia después de estar secuestrada 2 años en Coahuila

miércoles, noviembre 25th, 2020

La joven de 15 años de edad que escapó de su raptor, luego de que estuvo dos años raptada, logró reunirse con sus familiares en su estado natal, Veracruz, luego de que fue raptada cuando tenía 13 años de edad; el sujeto, de 39 años de edad, ya fue detenido por los delitos de violación y violencia familiar.

Saltillo, 25 de noviembre (Vanguardia).- Luego de un proceso judicial iniciado, la joven Sarahí, de 15 años de edad que recientemente logró escapar de su agresor quien la mantuvo privada de la libertad durante dos años, logró reunirse con su familia en el estado de Veracruz; de donde fue extraída.

El caso fue presentado a la autoridad judicial el pasado 18 de noviembre, poco después de que Sarahí logró escapar de un predio en la colonia Tierra y Libertad de Saltillo, donde pasó los últimos dos años, luego de ser extraída por un hombre en su natal Veracruz.

De acuerdo con el relato del caso, el hombre de 39 años de edad extrajo a la menor de su estado cuando tenía 13 años de edad, y en ese ínter de tiempo, también pasó por el estado de Tamaulipas donde vivió varios meses.

La menor escapó del domicilio luego de que ya tenía un hijo de siete meses de edad, que concibió a raíz de la violencia sexual que sufrió por parte de su agresor.

Por los delitos de violación equiparada en menor de 15 años de edad agravada y violencia familiar, Jesús fue vinculado a proceso a espera de continuarlo en tres meses cuando concluya la etapa de investigación complementaria.

Por su parte, la autoridad dio a conocer que la menor tomó la decisión de reunirse con su familia y regresar al estado de Veracruz, donde tendrá medidas de protección y seguridad para salvaguardar su integridad.

¿LO RECUERDA?

Sarahí fue extraída de su natal Veracruz cuando tenía 13 años de edad.

Su raptor, preso en la actualidad, tiene 39 años de edad.

En noviembre la jovencita logró escapar de un predio de la colonia Tierra y Libertad.

Actualmente la jovencita tiene 15 años de edad y un hijo de su captor.

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Una juez deniega la libertad bajo fianza a Ghislaine Maxwell, quien se declara inocente

martes, julio 14th, 2020

La defensa había solicitado la libertad para Maxwell a cambio del pago de una fianza de 5 millones de dólares y bajo la condición de que permanecería en confinamiento domiciliario con un aparato de rastreo.

Nueva York, 14 jul (EFE).- La británica Ghislaine Maxwell, acusada en Nueva York de ayudar al magnate financiero Jeffrey Epstein en una trama de abuso sexual a menores, tendrá que permanecer entre las rejas durante el proceso judicial al que se enfrenta, al denegar una Juez de Manhattan la libertad bajo fianza en una vista en la que se declaró inocente de los cargos.

“Ninguna combinación de condiciones podría razonablemente asegurar la presencia de la acusada en la corte”, dijo este martes la juez Alison Nathan en la vista, donde se valoraba el riesgo de una posible huida de Maxwell, y en la que la togada enumeró para su decisión las tres nacionalidades que tiene, sus importantes recursos financieros y sus conexiones internacionales.

Asimismo, Nathan señaló que su riesgo de contraer la COVID-19 en prisión, que había planteado la defensa, no es razón suficiente “por sí sola” para conceder una libertad bajo fianza, puesto que no sufre ninguna enfermedad preexistente, y subrayó que los 35 años de cárcel a los que se enfrenta son otro factor a tener en cuenta ante la posibilidad de fuga.

“Los riesgos simplemente son demasiado grandes”, apuntó la juez.

Maxwell, de 58 años, tendrá que permanecer en prisión por lo menos un año, ya que la togada dictaminó, asimismo, que el juicio contra la socia de Epstein, que se estima se alargará unas 3 semanas, empezará el 12 de julio de 2021 mientras que la acusación y la defensa preparan sus casos.

Maxwell compareció en la vista de forma remota a través de una videoconferencia e intervino sólo para declararse inocente, mientras que apenas reaccionó a la decisión de la Juez.

El fallo de Nathan se produce 12 días después de que Maxwell fuera detenida en una mansión en el estado de New Hampshire (EU), tras lo que fue trasladada a un centro de detención de Brooklyn luego haber estado en paradero desconocido.

La defensa había solicitado la libertad para Maxwell a cambio del pago de una fianza de 5 millones de dólares y bajo la condición de que permanecería en confinamiento domiciliario con un aparato de rastreo, mientras que había expuesto el riesgo al que se enfrentaría Maxwell de permanecer encarcelada por el coronavirus.

Además, su equipo sostiene que si la británica quisiera huir de la justicia de EU ya lo hubiera hecho.

Según dijo en la vista este martes su abogado Mark Cohen, Maxwell ha hecho “lo opuesto a esconderse”, puesto que “estaba viviendo en una casa en EU”.

Maxwell está acusada de cuatro delitos relacionados con su “papel” en la presunta trama de abusos sexuales a menores en torno al magnate, hace unos 25 años, y dos cargos de falso testimonio a la Justicia, más recientes.

Médico que ayudó a capturar a bin Laden languidece en prisión desde hace años

lunes, enero 22nd, 2018

Shakil Afridi no ve a su abogado desde el 2012 y durante dos años su archivo desapareció demorando su proceso judicial. Los tribunales ahora afirman que no hay fiscal para su caso.

Afridi empleó un programa falso de vacunas para conseguir muestras del ADN de la familia de bin Laden. Foto: AP/Especial

Por Kathy Gannon

Pakistán, 22 de enero (AP).- Shakil Afridi languidece en la cárcel desde hace años, desde el 2011, cuando ayudó a identificar el escondite de Osama bin Laden, permitiendo que soldados estadounidenses ubicasen y matasen al líder de Al Qaeda.

Más de uno se preguntará cómo puede ser que se detenga a un hombre que ayudó a eliminar al artífice de los ataques del 11 de septiembre del 2001. En Pakistán, en cambio, se hacen otra pregunta: ¿Cómo puede ser que Estados Unidos traicione la confianza y vulnere su soberanía con una incursión secreta nocturna que avergonzó a las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia.

“La saga de Shakil Afridi es la metáfora perfecta de las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán”, caracterizadas por la desconfianza y una mala comunicación, que amenazan con comprometer los esfuerzos para combatir el terrorismo, declaró Michael Kukelman, Vicedirector del programa de Asia del Centro Woodrow Wilson de Washington.

Estados Unidos considera que el apoyo financiero que presta, justifica el apoyo de Pakistán a su lucha contra el Talibán. Como candidato, Donald Trump se comprometió a lograr la libertad de Afridi. En declaraciones a Fox News en abril del 2016 aseguró que tomaría “dos minutos (liberarlo)… porque le dimos mucha ayuda a Pakistán”.

Pakistán, sin embargo, resiente lo que ve como la interferencia de Estados Unidos en sus asuntos.

Mohammed Amir Rana, Director del Instituto Pakistaní de Estudios de la Paz, con sede en Islamabad, dijo que la desconfianza entre las dos naciones es algo de vieja data, que no cambiará en tanto y cuanto Estados Unidos y Pakistán no reconsideren lo que esperan del otro, admitan que tienen inquietudes divergentes en el ámbito de la seguridad y elaboren una estrategia en torno a la guerra en Afganistán, que vaya más allá de la actual, que consiste en matar y hablar con el Talibán.

“Shakil Afridi (es) parte de un rompecabezas mucho más grande”, señaló.

Afridi no ve a su abogado desde el 2012. Sus únicos visitantes son su esposa y sus hijos. Durante dos años su archivo desapareció, lo que demoró el proceso judicial. Los tribunales dicen ahora que no hay un fiscal disponible, según afirmó su abogado Qamar Nadeem Afridi a la Associated Press.

“Todo el mundo tiene miedo de hablar de él, de mencionar su nombre”, y ello no debería extrañar, de acuerdo con Nadeem, quien es sobrino de Afridi.

La oficina de Nadeem está llena de agujeros de bala. Otro abogado de Afridi fue baleado afuera de su casa en Peshawar y un subdirector de una cárcel de Peshawar, que pedía la liberación de Afridi, fue asesinado a tiros, de acuerdo con Nadeem.

Afridi usó un programa falso de vacunas contra la hepatitis para conseguir muestras del ADN de la familia de bin Laden. Pero no se lo acusó de nada en relación con la operación de bin Laden.

Fue procesado bajo una ley tribal que dice que combatió con militantes de la vecina región de Khyber.

De haber sido acusado de traidor, Afridi hubiera tenido derecho a audiencias públicas y numerosas apelaciones, hasta llegar incluso a la Corte Suprema.

Las tensiones hay ido subiendo entre Pakistán y Estados Unidos desde el tuit del año nuevo en el que Trump acusó a Pakistán de aceptar 33 mil millones de ayuda a cambio tan solo de “engaños y mentiras”, y de cobijar a insurgentes afganos que atacan a los soldados estadounidenses en la vecina Afganistán. Pocos días después, Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Pakistán, que era de 2 mil millones de dólares.

Afridi se pasa los días solo, aislado del resto de la población del penal, repleta de militantes que juraron matarlo por haber ayudado capturar a bin Laden. Nadeem dijo que Afridi está siendo bien tratado y goza de buena salud.

En el pasado, Pakistán comparó su caso con el dilema de Afia Siddcci, una mujer paquistaní hallada culpable de tratar de matar a un soldado estadounidense en Afganistán.

“Para EU, ella (Siddcci) es una terrorista”, indicó Kugelman. “Para Pakistán es una mujer que está mal encarcelada”.

Autoridades inician proceso contra “justicieros”; tres víctimas identificadas se niegan a declarar (VIDEO)

lunes, diciembre 18th, 2017

Los delitos que se les acusaron son el de portación ilegal de arma de fuego y posesión de droga, el cual es de índole federal, por lo que la investigación estará a cargo de la Procuraduría General de la República.

Por Marcos Vizcarra

Ciudad de México, 18 de diciembre, (Noroeste/SinEmbargo).- Cuatro jóvenes que aparecen en videos golpeando, desnudando y humillando a personas para que declaren sobre supuestos delitos fueron detenidos y ahora enfrentan un proceso judicial de acuerdo con Gobierno del Estado.

Los delitos que se les acusaron son el de portación ilegal de arma de fuego y posesión de droga, el cual es de índole federal, por lo que la investigación estará a cargo de la Procuraduría General de la República.

En un comunicado, el Gobierno de Sinaloa señaló que esos jóvenes están ligados a los grupos civiles que aparecen en videos que circularon en redes sociales donde se aprecia cómo golpean con tablas y cables a otras personas.

“Se trata de Francisco Javier ‘N’ de 19 años de edad, Jesús Román ‘N’, de 22 años de edad, Edwin Omar ‘N’, de 22 años y Josué de Jesús ‘N’ de 26 años de edad, algunos de ellos participan en un video que circuló en redes sociales en el cual lesionan a otra persona, quienes tuvieron la audiencia inicial de la causa penal 520/2017 derivado de la C. I. 3172/2017”, establece el comunicado.

“De la cual en primera instancia se decretó de legal su detención, misma que se logró por la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la 9/a. Z.M. y de la Policía Municipal”.

Luego de que se les puso a disposición de un Juez federal, este señaló que el Ministerio Público de la Federación tendrá tres meses para completar la investigación y presentar pruebas de que esos jóvenes usan las armas para hechos ilícitos.

“En el juzgado federal y ya decretada su detención se formuló la imputación por parte del Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, y fue el Juez quien los vinculó a proceso por los delitos de Portación de Arma de Fuego de Uso Exclusivo del Ejército”, indica el comunicado.

“Además se expusieron las agravantes, en este caso posesión de cargadores y cartuchos, así como posesión simple de cannabis Sativa L, dentro de los términos de la Ley General de Salud”, se lee.

En el comunicado se agregó un apartado en el que se condenó las acciones de los grupos de “justicieros”, asegurando que estos serán detenidos.

“Con estos primeros avances en el Poder Judicial de la Federación, Gobierno del Estado a través de las corporaciones Estatales, Municipales y Federales, reitera el compromiso de prevenir y perseguir sin distingo a toda aquélla persona que se conduzca fuera de Ley, así como quienes hayan decidido hacer justicia por propia mano”, se señala.

“Ya que combatir la delincuencia cometiendo otros delitos es una situación que no puede ser tolerada cuando se vive en un Estado de Derecho”, se añade.

Las autoridades señalan que ya se han identificado a 3 de las víctimas que aparecen en los videos, sin embargo se niegan a denunciar a los llamados “justicieros de Culiacán”.

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