Con la esperanza de que los trabajos de rescate no se retrasen, que ya no se excluyan a familias de reuniones e informes, y con la incertidumbre sobre la empresa que se eligió para el rescate no sea la adecuada por la falta de experiencia en el ramo, es como algunos de los familiares de los mineros atrapados en la mina de Grupo México en Pasta de Conchos llegan al 16 aniversario de esta tragedia.

Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- El siniestro en la mina Pasta de Conchos, de Grupo México, llegará a su conmemoración número 16 con una esperanza de rescate, pero con la incertidumbre por parte de algunos familiares de los mineros en cuanto a la empresa que se eligió para los trabajos de localización y rescate de 63 de los 65 mineros fallecidos, pues indicaron que no cuenta con la experiencia en minas del carbón.

El pasado 16 de febrero, el Gobierno federal informó que ya iniciaron las operaciones para recuperar los cuerpos los mineros que murieron, las cuales se acordaron desde el 14 de septiembre de 2020. “Ya se inició con la primera fase, que tiene que ver con unos tiros verticales para llegar a los puntos donde, según las bitácoras, se encontraban buena parte de los mineros”, dijo Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo de México, en un mensaje desde Coahuila.

Sin embargo, se trata de trabajos previos, pues las labores más significativas están programadas hasta marzo de este año, mes en el que se prevé que comiencen los trabajos físicos para el rescate, es decir, que arranque las excavaciones para construcción de los tiros.

Elvira Martínez, esposa del minero fallecido Jorge Bladimir Muñoz Delgado, indicó en entrevista con SinEmbargo que algunos de los familiares de las víctimas llegarán a la conmemoración con los ánimos desalentados porque todo el proceso que empezó en torno al rescate se postergó desde que se designó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que fuera la responsable de darle continuidad a los trabajos de rescate.

“Nosotros venimos trabajando todo esto desde el año 2019, en mayo, cuando se dio el anuncio por parte del Presidente de su intención de hacer el rescate, entonces hubo acercamiento. Hubo un comité con el cual se colaboró. Se trabajó muy bien porque se estuvo avanzando en tiempos y fechas de lo que ellos decían. Trajeron a los expertos para analizar la viabilidad del rescate. Las conclusiones de los expertos eran de que el rescate sí se podía. Todo iba perfecto hasta que se anunció que los trabajos de rescate los haría la CFE”, explicó la viuda.

Fue 14 de septiembre de 2020 cuando el Gobierno federal anunció que la CFE sería la encargada de iniciar “de inmediato” con el proceso de rescate de los cuerpos; en tanto que la Secretaría de Gobernación se encargaría la indemnización y un memorial a las víctimas.

“Pero entonces todo, en cuanto al rescate, empezó a ir muy lento”, dijo Martínez.

De acuerdo con la planeación de rescate que la CFE presentó en ese momento a las familias en 2020, se indicó que los trabajos comenzarían en septiembre del 2021, de tal manera que para febrero de este 2022 ya se tendrían que estar conectando las rampas con las galerías antiguas “para que ya estuviéramos a punto de empezar con la búsqueda, pero es cosa que ahorita lo que te puedo decir es que el tema de rescate —en lo físico— sigue siendo una promesa”, detalló.

Familiares de los mineros caídos tuvieron una reunión el pasado 16 de febrero con las autoridades, en la cual, se esperaba que tanto de la CFE y de Segob informaran sobre los avances de los compromisos establecidos.

Elvira Martínez indicó que en la reunión la CFE no dio información detallada del rescate, sino que presentó datos muy globales, en los cuales, les indicaron que el rescate será en tres etapas: la primera que consiste en la construcción de tiros verticales o lumbreras como ellos lo llaman; la segunda fase, la construcción de estas rampas, y la tercera empezar con la búsqueda de los cuerpos.

La primera etapa —les indicaron a los familiares— durará 14 meses; la segunda etapa, 20 meses, y de la tercera fase no dieron plazo, sin embargo, no especificaron a partir de cuando inician esos 14 meses de la primera etapa.

“La verdad este tipo de planeaciones no nos resultaron muy confiables ni creíbles porque desde el 2020 ya se había hecho una planeación que no se cumplió, ya había una planeación y no se cumplió”, dijo.

El rescate de los cuerpos, reiteró Elvira, es una lucha que han llevado los familiares porque además de significar cerrar un ciclo para las víctimas, también conlleva poder tener acceso a verdad y saber qué pasó.

“Muchas familias pensamos que ellos estuvieron esperando ser rescatados; que por las pésimas condiciones de seguridad, la mina colapsó en la entrada, pero que no toda la parte se cayó. Entonces creemos, nosotros siempre hemos pensado que ellos esperaron a ser rescatados. Nosotros queremos saber realmente lo que pasó ahí, porque eso es parte de rescatar también un poco la dignidad de nuestros mineros”, dijo la familiar.

DUDAN DE EMPRESA ELEGIDA

La elección de la empresa Desarrollo de Terracerías S.A junto con Proacon México, es otro aspecto que ha alertado y preocupa a familiares de los mineros —quienes llevaron el tema de Pasta de Conchos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual están en proceso de llegar a un acuerdo amistoso— pues indicaron que dicha empresa a la que le concedieron la licitación de manera directa —luego de que las cuatro anteriores se declararon desiertas— no tiene experiencia en minas o trabajos en minas.

“Sabemos que Desarrollo de Terracerías es una empresa que no tiene experiencia en minas de carbón y mucho menos en rescate minero. Sabemos que el Senador Armando Guadiana, que estuvo participando en unos trabajos y relacionado con la licitación, cosa que él niega rotundamente, pero nosotros sabemos y tenemos manera de demostrar”, comentó.

 

La ahora activista explicó que el tema es delicado porque los trabajos en Pasta de Conchos son delicados y muy riesgosos.

“Una mina siniestrada desde hace 16 años debe de tener mucho más cuidado. No se le puede asignar a una empresa que no conoce o tienen experiencia en minas”.

Elvira Martínez indicó que la Organización Pasta de Conchos se mantendrá vigilante de los trabajos, luego de que esta semana lograron reunirse con las autoridades federales —después de meses en que ellos no eran notificados y los excluyeron de reuniones— y ahí acordaron que sostendrían juntas periódicas para informarles sobre los trabajos de rescate.

“Esperamos nosotros que, para el 1 de marzo, que es la primera reunión que tendremos con todos los familiares, podamos recibir un informe de los trabajos que han hecho desde el inicio que dijeron, del 11 de febrero hasta la fecha de cuanto es lo que han avanzado en cuanto a la construcción de los tiros verticales”.

 

¿QUÉ PASÓ EN PASTA DE CONCHOS?

Alrededor de las 02:10 horas del domingo 19 de febrero de 2006,  en los últimos meses del sexenio de Vicente Fox y los primeros del entonces Gobernador Humberto Moreira, la acumulación de gases provocó una explosión en la mina ocho de la unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, S.A. de C.V. (IMMSA), de Grupo México, en la que quedaron atrapados 65 trabajadores.

Al menos 11 carboneros que se encontraban en un nivel superior de la mina salieron “casi por su propio pie” con quemaduras de primero y segundo grado, así lo informó el entonces coordinador de seguridad de la empresa Minerales Monclova S.A, Gerardo Armando Díaz Cárdenas.

Durante los trabajos de rescate, sólo pudieron recuperar dos cuerpos de los 65 mineros, que correspondían a Felipe de Jesus Torres Reyna y José Manuel Peña Saucedo.

El 4 de abril de 2006, la empresa Industrial Minera México, S.A de C.V, ordenó el cierre de la mina y el cese definitivo del rescate de cuerpos, argumentando que entre el 25 por ciento y 75 por ciento de la mina estaría inundada y que existía “contaminación bacteriológica que podría contagiar a los rescatistas, sus familiares y poblaciones enteras”, según un peritaje realizado por ellos mismos.

Posteriormente el argumento fue por las supuestas altas concentraciones de gas metano.

Cuando ocurrió la tragedia, el Gobierno mexicano —entonces encabezado por Vicente Fox— encargó atender la emergencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Francisco Javier Salazar Sáenz era el Secretario del Trabajo en febrero de 2006. No pasaron ni siete días cuando anunció el fin del intento de rescate con vida de los trabajadores. Su dependencia dictaminó que la mina había sido destruida por un estallido de gas metano, asociado a la explotación carbonífera, y que todos los mineros habían muerto en el primer minuto.

Cuando Felipe Calderón Hinojosa asumió en diciembre de 2006 como Jefe del Ejecutivo, nombró en esa Secretaría a Javier Lozano Alarcón, quien recibió a los deudos de Pasta de Conchos en su despacho y asumió como compromiso un peritaje que permitiera conocer las condiciones de la estructura de la mina y saber así si los restos de los mineros podrían ser recuperados. El peritaje se hizo, pero no condujo al rescate, al contrario, se aferró a la teoría que no era posible.

En 2008, un grupo de viudas y familiares decidieron emprender un rescate independiente, acusando de abandono a la empresa y al gobierno. Sin embargo, días después, cuerpos policiacos del estado llegaron a detener el rescate. En búsqueda de justicia, y después de agotar todas las instancias a nivel nacional, en 2010 el caso se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que retomarían los trabajos de excavación para recuperar los cuerpos de los mineros que quedaron sepultados en la mina.

El caso de Pasta de Conchos también está en mesa de instancias internacionales. En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de los 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas en la explosión.

Pasaron ocho años para que el organismo internacional tomara la decisión. La queja fue interpuesta el 19 de febrero de 2010 por 235 familiares de los 65 mineros sepultados en la mina y la Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese momento representaba a más de 600 familiares.

En julio de 2018, la OFPC entregó un extenso informe a la CIDH. El 29 de abril de 2019, el organismo internacional notificó a los peticionarios que las observaciones fueron remitidas al Estado mexicano para que éste responda.

Grupo México jamás ha sido sancionada por la muerte de los 65 trabajadores en Pasta de Conchos.

“El caso permanece impune, pues ningún funcionario ha sido sancionado penalmente, aun cuando el propio Estado omitió garantizar que diversas fallas de seguridad detectadas en la mina antes del siniestro se subsanaran, como lo documentó la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación 26/2006”, explicó la CIDH en febrero de 2018 al admitir el caso.

El 26 de julio del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicó a las familiares peticionarios que trasladó al Estado Mexicano las condiciones que piden las familiares que cumpla a fin de que puedan llegar a una solución amistosa.

Entre las petición es que haya reparación del daño y garantías de no repetición, es decir, que las empresas mineras ya no operen con fallas en su seguridad.  Sin embargo, hasta el momento las familiares peticionarias desconocen si el Gobierno de México contestó y si aceptará las condiciones.