La iniciativa fue presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco (CDHT) y el partido Movimiento Ciudadano (MC).
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Ministro Fernando Franco de la Suprema Corte de Justiciade la Nación (SCJN)admitió hoy a trámite tres acciones de inconstitucionalidad contra la “Ley Garrote”, vigente y aprobada en Tabasco.
Las acciones consisten en reformar artículos del Código Penal estatal, que contempla penas de 10 a 20 años de prisión para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.
La iniciativa fue presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco (CDHT) y el partido Movimiento Ciudadano (MC).
La “Ley Garrote”, vigente desde agosto, ha sido criticada por defensores de derechos humanos, pues afirman que su objetivo es reprimir las manifestaciones sociales en contra de obras como la Refinería de Dos Bocas en Tabasco.
“Es una legislación que viola flagrantemente los artículos Sexto y Noveno de la Constitución, es decir, la libertad de expresión y de asociación, son vulneradas por esta legislación”, dijo en la sesión el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
Por su parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco pidió suspender la vigencia de las leyes impugnadas, pero el Ministro argumentó que esa figura no se aplica cuando son acciones de inconstitucionalidad.
Luego de la toma de protesta del Gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, Sánchez Cordero instó a la ciudadanía que no esté conforme a presentar los recursos legales para impugnar la reforma al Código Penal de Tabasco.
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo/EFE).– La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que la “Ley Garrote” que hoy entró en vigor en Tabasco criminalice a las personas que deseen manifestarse.
La funcionaria negó que la ley busque evitar manifestaciones contra proyectos de Gobierno. Al ser cuestionada sobre si se criminaliza la protesta, la Secretaria respondió brevemente “no”.
Luego de la toma de protesta del Gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, Sánchez Cordero instó a la ciudadanía que no esté conforme a presentar los recursos legales para impugnar la reforma al Código Penal de Tabasco.
“Quien no esté conforme con alguna disposición legal, puede recurrirla ante las instancias correspondientes”, dijo.
La reforma publicada en el Periódico Oficial de Tabasco ayer y que entró en vigor hoy eleva las penas contra la extorsión a través de bloqueos a accesos en instalaciones u obras privadas o públicas.
La llamada “Ley Garrote”, una reforma del Código Penal de la entidad, fue aprobada el pasado lunes por el Congreso estatal con los votos del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Dicha modificación legal impondrá penas de cárcel de entre 6 y 13 años a quien impida “el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similares para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación”.
El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ha dicho en distintas oportunidades que no se trata de una norma represiva y argumentó que su objetivo es limitar “la extorsión y chantaje” de grupos sindicales, pero quienes se oponen creen que va mucho más allá.
Este jueves en su conferencia de prensa de todos los días, el Presidente López Obrador dijo que es necesario que haya orden en la entidad “porque había una situación de anarquía y de corrupción, de extorsiones y eso no se puede permitir”.
Consideró que ese tipo de actos no son por una causa justa y es más bien “un modus operandi” para “chantajear para obtener recursos, para obtener dinero, porque proliferaron grupos, supuestamente sindicatos, que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar”.
El mandatario espera que en el caso de Tabasco y en otros estados no haya extorsiones y que los dirigentes de sindicatos que actúan de esa manera “vayan entendiendo que ya no se puede estar pidiendo ‘moches’ (partidas), o estar chantajeando, extorsionando, que eso no está bien visto, eso no se va a aplaudir, no se va a permitir”.
La postura de López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, ha generado críticas pues él mismo, durante décadas, lideró como opositor manifestaciones y bloqueos tanto en Tabasco, su estado natal, como en la capital y el resto del país.
El artículo de mayor controversia fue el 308 bis, que señalaba: “Al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de ciento cincuenta a doscientas 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Ciudad de México, 31 de julio (Economía Hoy).–La “Ley Garrote” en Tabasco fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor a partir del jueves para su aplicación por las autoridades. Esta ley, es una modificación del Código Penal que eleva las penas contra la extorsión a través de bloqueos a accesos en instalaciones o propiedades privadas o públicas. A un día de su entrada, se registran manifestaciones.
El Periódico Oficial del Estado, publicó el decreto 115, referente a la “Ley Garrote” en el suplemento D de la edición 8024.
Marcos Medina Filigrana, Secretario de Gobierno, dijo a Notimex que el gobierno del estado se encuentra listo para dar respuesta mediante el marco legal las posibles impugnaciones que pudieran presentarse en contra de las modificaciones al Código Penal.
De acuerdo a la perspectiva gubernamental, enfatizan en que no se viola ningún derecho y se harán vales los argumentos a lo que respecta.
El artículo de mayor controversia fue el 308 bis, que señalaba: “Al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de ciento cincuenta a doscientas 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Se aumentará al doble la pena de prisión y multa que le corresponda, cuando el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.
No obstante, durante la sesión de periodo extraordinario realizada el pasado lunes, la redacción fue modificada: en el momento de su aprobación, habían abandonado el salón los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI y dos diputados del PRD; sin embargo, los dos perredistas que permanecieron en la sesión, dieron su voto a favor.
Al final, el artículo 308 bis fue cambiado y quedó tal como hoy se publicó en el Periódico Oficial:
“Al que extorsione, coaccione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito d personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de trabajo u obras pública o privada en las vías o medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida de actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
En caso de que en el momento en que se efectúe el delito, el individuo activo esté acompañado por menores de edad o emplee violencia, la pena se incrementará en una mitad más.
En el artículo 307 se indica que se aplicará prisión de dos a diez años y multa de 70 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación destruyendo o dañando algún medio local de transporte público o pasajeros de carga.
En caso de que el transporte esté ocupado por una o más personas, las sanciones tendrán un aumento en una tercera parte.
De igual forma, en el artículo 299 se precisa: “Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras de las que hace mención el párrafo anterior. La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo, por sí o por interpósita persona, pida o exija dádivas, cuotas o la obtención de un empleo; cuando se utilice violencia o se cometa por dos o más personas”, se añade.
A un día de su promulgación, distintos legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se han pronunciado en contra de dicha ley.
“HAY VICIOS DE UN GOBIERNO REPRESOR Y AUTORITARIO”
Kenia Ley, Senadora del PAN, aseguró que los morenistas que tienen un origen en el PRD, jamás habrían votado a favor de una ley así en los tiempos en los que militaban en la Revolución Democrática.
“Es sistemática la violación a los derechos humanos por este Gobierno: no van a confundir a la ciudadanía, es claro que hoy México sufre un detrimento de sus derechos; suena increíble pensar que discutamos sobre la libre manifestación. AMLO tomó cuatro veces los pozos petroleros, hubiera estado más de 50 años en cárcel” añadió la panista.
Por su parte, Verónica Noemí Camino Farjat, Senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comparó los códigos penales de Yucatán y el Estado de México, ambos polémicos por sus leyes que sistemáticamente impiden las manifestaciones contra obras.
“Respetemos las formas de arreglar sus problemas en los Estados, si son inconstitucionales a la Corte y con el tiempo lo sabremos”, dijo.
La Diputada del Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano, declaró que esta ley representa una criminalización de la protesta social.
“La ley es una especie de censura previa y viola lo establecido en artículos de la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
Además, advirtió que existe la posibilidad que otras entidades legislen en la misma dirección.
“Si esta soberanía no manifiesta su conformidad con esta ley, estará permitiendo la violación del orden constitucional en Tabasco y la posibilidad de que otras entidades legislen en el mismo sentido”, dijo Lozano.
Mientras, la diputada priísta, Soraya Pérez calificó a la “Ley Garrote” como un vicio de un “gobierno represor y autoritario”.
“Hay vicios de un gobierno represor y autoritario, por muy buenas intenciones que tengan, es la otra cara de la moneda y por eso le llaman la ‘Ley Garrote'”, dijo la priista
Sin embargo, el morenista, el Senador Eduardo Ramírez expresó que esta ley pretende combatir las extorsiones en obras públicas y privadas que busquen un beneficio económico y en ningún momento busca impedir la protesta. Ante el cuestionamiento sobre cuando el presidente hizo plantones en Reforma, Ramirez justificó la acción orientándola hacía un “no tenía intenciones económicas”.
“No nos equivoquemos, no lo hizo a cambio de un dinero para dejar que pasar a la gente, se hizo contra el fraude electoral, se hizo para que el sistema democrático fuera más transparente, no confundamos una cosa con otra, esta es una ley en contra de la extorsión en contra del lucro, en contra del agandalle”, dijo el legislador.
La #LeyGarrrote, aprobada ayer por el Congreso de Tabasco, fue ampliamente criticada incluso por integrantes de la izquierda y de Morena –el partido que fundó el Andrés Manuel López Obrador y que lo llevó a la Presidencia–, quienes han padecido represión en carne propia.
La modificación al Código Penal estatal impone penas de cárcel de hasta 13 años a quien impida “el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similares para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación”. Al respecto, el Gobernador tabasqueño, Adán Augusto López, también de Morena, negó que se trate de una norma represiva y argumentó que su objetivo es limitar “la extorsión y chantaje” de grupos sindicales, pero los opositores insisten en que va mucho más allá y tiene por objetivo reprimir la protesta social y evitar suspensiones a la construcción de la mega obra del sexenio de AMLO: la refinería de Dos Bocas.
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo/EFE).– Personajes de la izquierda mexicana, incluidos integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco, criticaron la aprobación de la llamada #LeyGarrote en Tabasco por considerarla que es sólo “un pretexto” para reprimir la manifestación de las ideas y evitar protestas y bloqueos en torno a la construcción de la Refinería de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso.
Pablo Gómez Álvarez, Diputado federal de Morena, planteó este martes en su cuenta de Twitter que la reforma al Código Penal de Tabasco no se justifica, como dijeron los legisladores locales –por cierto en su mayoría de Morena–, como instrumento para castigar la extorsión.
“El delito de extorsión se puede perseguir sin que tenga vínculo con alguna acción colectiva. No es necesaria la ‘ley garrote’ de Tabasco para combatir la extorsión. ¿Para qué crear un problema donde no lo había? Es mejor aplicar la ley vigente sin excusas”, escribió Gómez Álvarez, quien es un experimentado político de izquierda que ha apoyado la lucha por la libertad política del país desde el movimiento estudiantil de 1968, pasando por el fraude electoral de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el movimiento que llevó a la Presidencia a López Obrador.
El delito de extorsión se puede perseguir sin que tenga vínculo con alguna acción colectiva. No es necesaria la “ley garrote” de Tabasco para combatir la extorsión. ¿Para qué crear un problema donde no lo había? Es mejor aplicar la ley vigente sin excusas.
Flavio Sosa Villavicencio, quien actualmente es Diputado del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Oaxaca, dijo en el programa “Los Periodistas”, que conducen Alejandro Páez y Álvaro Delgado en Radio Centro, que es “una aberración” que alguien que se diga de izquierda o morenista defienda la #LeyGarrote, esto en franca referencia al Presidente López Obrador.
En 2006, Sosa Villavicencio participó en las manifestaciones de apoyo a las demandas laborales de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que derivaron en la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de la que es fundador, y fue protagonista ese año del conflicto social que detonó la exigencia de renuncia del Gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz. Sosa fue detenido el 4 de diciembre de 2006 en la Ciudad de México, acusado de sedición, robo, secuestro, lesiones y despojo agravado y encarcelado en una cárcel de máxima seguridad, de la que salió año y medio después.
Además, Magú, monero del diario La Jornada, quien simpatizó con el movimiento de AMLO hace años, ahora también critica los excesos de Morena. En su cuenta de Twitter, el periodista expuso: “Si esta Ley Garrote hubiera existido en Tabasco, en tiempos del PRI, otro gallo cantaría en el Palacio Nacional”, en referencia a los plantones, tomas de pozos y protestas que el hoy Presidente realizó hace casi tres décadas en tierras tabasqueñas.
Si esta Ley Garrote hubiera existido en Tabasco, en tiempos del PRI, otro gallo cantaría en el Palacio Nacional pic.twitter.com/rnSwFvReez
Conocida como “Ley Garrote”, la reforma del Código Penal de Tabasco fue aprobada el lunes pasado por el Congreso estatal con los votos del partido gobernante Morena, fundado por López Obrador.
Esta modificación legal prevé imponer penas de cárcel de entre 6 y 13 años a quien impida “el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similares para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación”.
El Gobernador tabasqueño, Adán Augusto López, de Morena, negó que se trate de una norma represiva y argumentó que su objetivo es limitar “la extorsión y chantaje” de grupos sindicales, pero quienes se oponen creen que va mucho más allá.
“Se está utilizando el derecho penal para inhibir la manifestación y la protesta pública”, criticó José Ramón Cossío Díaz, Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en declaraciones a la agencia Efe.
El jurista dijo tener “claro que es una medida inconstitucional” y pronosticó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará un recurso de inconstitucionalidad que previsiblemente derive en la suspensión de la reforma.
Cossío sostuvo que hay “medidas mejores” para combatir las extorsiones y proteger obras públicas sin restringir “el legítimo derecho a la protesta”.
También destacó que esta reforma no es fruto de un desconocimiento del derecho constitucional por parte del Gobierno tabasqueño, sino una “acción deliberada” cuyo objetivo es el de “controlar la protesta social”.
Autoridades de Tabasco y líderes de Morena han dicho abiertamente que esta “Ley Garrote” busca evitar que haya manifestaciones que frenen la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, en Tabasco, el proyecto petrolero estrella del Gobierno federal.
Adán Augusto López, Gobernador de Tabasco con el Presidente López Obrador durante los inicios de Trabajos de la Nueva Refinería de Dos Bocas. Foto: Edgar Jasso, Cuartoscuro.
Efraín Rodríguez, asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), dijo a Efe que se trata de “un atentado a la libre manifestación” y tiene claro que es una medida “anticipada” para proteger la futura refinería.
Desde la década de 1960, Tabasco ha sido una de las principales zonas de la industria petrolera mexicana frente la oposición de comunidades rurales e indígenas que tradicionalmente se habían dedicado a la ganadería y la pesca.
“Los campesinos indígenas en muchas ocasiones cierran caminos a las empresas que causan el deterioro de sus tierras para pedir justicia a las autoridades”, relató Rodríguez.
Con la nueva refinería, que tendrá un costo de 8 mil millones de dólares, llegarán más empresas al estado que, según el activista, provocarán más contaminación que afectará a las comunidades rurales.
“Esta reforma sirve para blindar a las empresas y que puedan hacer lo que quieran”, recriminó Rodríguez.
Por su parte, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, anunció que la fuerza política que dirige interpondrá amparos contra la ley por considerar que el objetivo es a reprimir a la sociedad.
“Quiero informarles, que por este motivo Acción Nacional va a poner a través de su portal de internet amparos individuales y colectivos en favor de los tabasqueños, que quieran defender sus garantías constitucionales”, dijo Cortés entrevistado en la sede del partido.
Criticó que López Obrador, a quien recordó porque hace 26 años tomó pozos petroleros por más de 10 días y hace 13 años también tomó la avenida Reforma en la Ciudad de México como protesta, ahora busque castigar la libertad de manifestación.
“En Acción Nacional estamos a favor de que se regulen las marchas, pero que no se repriman y criminalicen. Nosotros estamos a favor de que se hagan con orden, pero que no se lleve a prisión a quienes se manifiestan con su derecho constitucional. Y hoy por eso reprobamos otro intento más de este gobierno, de construir un sistema totalitario, un sistema controlador, que viene poco a poco limitando los contrapesos, las libertades de todos los mexicanos”, expuso.
AMLO Y NAHLE SALEN A LA DEFENSA
En su conferencia de prensa de esta mañana en el Palacio Nacional, López Obrador defendió esta reforma porque “no se afectan los derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos”.
El también líder de Morena dijo que en Tabasco había “extorsiones y corrupción y era necesario poner orden”, aunque defendió que los ciudadanos tienen “el derecho a disentir”.
AMLO defendió la “Ley Garrote” en su conferencia mañanera de ayer. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.
La postura del Presidente, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, no deja de sorprender dado que durante décadas lideró como opositor manifestaciones y bloqueos tanto en Tabasco, su estado natal, como en la capital y el resto del país.
“Es un doble discurso porque él construyó su capital político a base de manifestaciones y bloqueos de instalaciones petroleras y de edificios gubernamentales, pero ahora que está en el Gobierno lo criminaliza”, reprochó Rodríguez.
Más tarde, Rocío Nahle, Secretaria de Energía, rechazó que la “Ley Garrote” se planeara para proteger la construcción de Dos Bocas, pues, dijo, está será resguardada por la Guardia Nacional.
Rocío Nahle ayer en la conferencia matutina de ayer. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro.
“No es una ley a la medida para Dos Bocas, sí hay una situación de inseguridad fuerte en esa zona, donde sí ha habido actos de intimidación, no para Dos Bocas es para la población”, dijo a medios al salir de una reunión con el Presidente en Palacio Nacional.
Defendió que los cambios los cambios al Código Penal tabasqueño se hicieron para combatir las extorsiones en la entidad.
“Extorsiones diferentes, no es nada más ni exclusivamente para Dos Bocas, los empresarios se quejan de extorsiones, ha bajado los índices de secuestros, pero estaba muy violentada la zona”, expuso.
Además, afirmó que el despliegue de la Guardia Nacional en Paraíso habría sido parte de la estrategia para la instalación del proyecto.
Desde Palacio Nacional, el Presidente insistió en que deben aprobarse “las leyes que sean necesarias” para frenar la corrupción en todos los niveles, no sólo entre los gobernantes.
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a la denominada “Ley Garrote”, la cual fue avalada ayer por el Congreso de Tabasco y contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes realicen manifestaciones. Señaló que uno de los propósitos de esta reforma es terminar con las extorsiones y la corrupción en todos los niveles.
Durante su conferencia matutina, el tabasqueño aseguró que la reforma al Código Penal tabasqueño no afecta los derechos humanos ni limita las libertades de los ciudadanos, e insistió en que deben aprobarse “las leyes que sean necesarias” para frenar la corrupción en todos los niveles, no sólo entre los gobernantes.
“Hay que proteger los derechos de los ciudadanos, no puede afectarse el derecho a disentir, a la manifestación, la libertad en general. Tengo el informe de que no se afectan derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos”, afirmó.
El mandatario señaló en que uno de los propósitos de la llamada “ley Garrote”, promovida por el Gobernador morenista Adán Augusto López Hernández, es frenar las extorsiones en la entidad, lo que ayudará a erradicar la corrupción en todos los niveles y no sólo en las esferas más altas.
“Creo que se estaba abusando, había extorsiones, corrupción y era necesario poner orden ese es el motivo de esta legislación”, dijo.
Finalmente, el Presidente de la República afirmó que si no se penaliza la extorsión, podría suceder que se acabe con la corrupción entre la clase política, pero no entre los ciudadanos.
“¿Qué puede pasar en el mediano plazo? Que limpiemos arriba, que no hay corrupción tolerada y me diga un empresario, un comerciante, ‘el Presidente está en la luna, en otro planeta, porque a mí me extorsionan, yo sigo padeciendo de la corrupción’. Es acabar con la corrupción comenzando arriba, para dar el ejemplo”, declaró.
TABASCO AVALA “LEY GARROTE”
El Congreso de Tabasco, con mayoría de Morena, aprobó ayer lunes la llamada #LeyGarrote, propuesta por el también Gobernador de Morena, Adán Augusto López Hernández.
La reforma al Código Penal de esa entidad, de la que también es oriundo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla penas de 10 a 20 años de cárcel para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.
La negativa para frenar la llamada #LeyGarrote y la discusión del dictamen en el Congreso de Tabasco, provocó protestas. Un grupo de ciudadanos que ingresaron al salón de plenos del edificio legislativo acompañó a los legisladores que aprobaron la nueva ley con gritos de “traidores”, “vendidos” y “nos vemos en 2021”.
La nueva Ley fue aprobada con más de 20 votos a favor.
El dictamen, presentado el viernes pasado, desató protestas no sólo en Tabasco sino a nivel nacional, por lo que lo opositores consideraron una “Le Antimarchas” y busca frenar a quien pretenda manifestarse contra el Gobierno de López Hernández, por lo que en las redes sociales se le bautizó como #LeyGarrote.
#SesiónExtraordinaria | Se aprueba el Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco, para tipificar como delito la conducta conocida como ‘Sexting’.
La iniciativa de Ley contempla penas de 10 a 20 años contra aquellos ciudadanos que realicen manifestaciones, bloqueos carreteros, o impidan la construcción de obras públicas o privadas en la entidad.
Esta determinación, bautizada por los partidos de oposición como #LeyGarrote, modifica los artículos 299, 306, 307 y 308; y la adhesión de los artículos 196 Bis y 308 Bis al Código Penal de Tabasco.
El Congreso de Tabasco aprobó este lunes el Dictamen por el que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Tabasco, mejor conocido como Ley Garrote. Sin embargo, se preve que el dictamen sea modificado. La Ley contempla penas de 10 a 20 años contra aquellos ciudadanos que realicen manifestaciones, bloqueos carreteros, o impidan la construcción de obras públicas o privadas en la entidad.
Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).- El Congreso de Tabasco, con mayoría de Morena, aprobó este lunes la llamada #LeyGarrote, propuesta por el también Gobernador de Morena, Adán Augusto López Hernández.
La reforma al Código Penal de esa entidad, de la que también es oriundo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla penas de 10 a 20 años de cárcel para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.
La negativa para frenar la llamada #LeyGarrote y la discusión del dictamen en el Congreso de Tabasco, provocó protestas. Un grupo de ciudadanos que ingresaron al salón de plenos del edificio legislativo acompañó a los legisladores que aprobaron la nueva ley con gritos de “traidores”, “vendidos” y “nos vemos en 2021”.
La nueva Ley fue aprobada con más de 20 votos a favor.
#SesiónExtraordinaria | Se aprueba el Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tabasco, para tipificar como delito la conducta conocida como ‘Sexting’.
El dictamen, presentado el viernes pasado, desató protestas no sólo en Tabasco sino a nivel nacional, por lo que lo opositores consideraron una “Le Antimarchas” y busca frenar a quien pretenda manifestarse contra el Gobierno de López Hernández, por lo que en las redes sociales se le bautizó como #LeyGarrote.
“Se trata de ‘meter orden’, porque muchas veces se va a realizar una obra y diversos sindicatos no están de acuerdo por ciertos intereses, y tratan de cerrar el paso para frenar el avance de los proyectos que tanto necesita Tabasco”, dijo Julia Pardo Contreras, Diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso tabasqueño.
El Congreso de Tabasco se conforma de cuatro fracciones parlamentarias: Morena, con 21 diputados; Partido de la Revolución Demócratica (PRD), con seis; Partido Revolucionario Institucional, con cinco, y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con tres.
Previamente, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobaron en la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso de Tabasco, modificaciones a la ley para elevar las penas a aquellos ciudadanos que se manifiesten o impidan la ejecución de obras públicas o privadas.
Con tres votos a favor, de Morena, y uno en contra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la iniciativa fue impulsada por el Gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández. Es la misma que se discutió este lunes.
La iniciativa de Ley contempla penas de 10 a 20 años contra aquellos ciudadanos que realicen manifestaciones, bloqueos carreteros, o impidan la construcción de obras públicas o privadas en la entidad.
Esta determinación, bautizada por los partidos de oposición como #LeyGarrote, modifica los artículos 299, 306, 307 y 308; y la adhesión de los artículos 196 Bis y 308 Bis al Código Penal de Tabasco.
Durante la discusión en la comisión, la Diputada del PRI, Ingrid Rosas Pantoja, criticó la iniciativa y dijo que se busca “inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del Gobierno federal, estatal, municipal o de cualquier otro ente público”.
Añadió que se pretende criminalizar a los ciudadanos, y dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente se pronunciará en contra porque “él siempre reclamó el derecho a manifestarse”.
Por su parte, y según información de medios locales, los legisladores de Morena aseguraron que la medida busca “meter un orden, en donde las codas que son justas se hagan”.
La denominada como #LeyGarrote implicaría penas de 10 a 20 años de prisión para ciudadanos; y la inhabilitación de cinco a 10 años de cualquier funcionario que efectúe una manifestación.
ADÁN AUGUSTO LÓPEZ DICE QUE NO ES LEY PARA CRIMINALIZAR
Adán Augusto López, Gobernador de Tabasco, afirmó que la llamada “ley garrote” es solo una reforma al Código Penal del estado, encaminada a atacar el delito de extorsión. Además, negó que fuera diseñada para atacar el derecho a la libre manifestación.
“No es ni siquiera una ley, están desinformados, nosotros lo que presentamos es una iniciativa para reformar el Código Penal de Tabasco por el delito de extorsión”, dijo en entrevista con Azucena Uresti para la emisión de Radio Fórmula.
“Yo no veo dónde hay un atentado contra la libertad de expresión”, agregó.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
