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La FGR pide a la Función Pública informes sobre el Gobierno Aureoles en Michoacán

domingo, enero 16th, 2022

La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) abrió una carpeta de investigación en contra de Silvano Aureoles Conejo y a mediados de diciembre pasado solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos administrativos que le hayan realizado al exmandatario de Michoacán

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra del exgobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, por posibles actos de corrupción cometidos durante su mandato.

La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021 y a mediados de diciembre pasado solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos administrativos que se hayan abierto en contra del exmandatario con motivo del ejercicio de sus funciones, según un oficio de la FGR que obtuvo SinEmbargo.

La petición de “alta prioridad” fue hecha con la finalidad de obtener elementos necesarios para establecer y agotar las líneas de investigación que se contemplan en la carpeta, en la que se indaga la posible comisión de delitos cometidos por servidores públicos que se contemplan en el catálogo del Título Décimo del Código Penal Federal.

El agente del Ministerio Público Federal a cargo de la indagatoria también pidió a la Función Pública información sobre la trayectoria y carrera pública de Silvano Aureoles, desde el número de los cargos públicos que ha desempeñado y el periodo en que los ejerció, se lee en el documento.

Silvano Aureoles gobernó Michoacán de octubre de 2015 a septiembre de este año. Foto: Cuartoscuro.

Hasta el momento se desconoce cuáles son los delitos y los hechos precisos por los que la FGR investiga a Silvano Aureoles.

En noviembre pasado, el actual Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunció públicamente que habían detectado un presunto fraude por 5 mil 186 millones de pesos en la construcción, arrendamiento y la compra de cuarteles regionales de la policía estatal.

Ramírez Bedolla detalló en ese entonces que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ya investigaba el supuesto desfalco que Aureoles habría cometido junto con la constructora encargada de edificar con sobrecostos los cuarteles regionales en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.

El 8 de noviembre, Salvador García Soto, columnista de El Universal, dio a conocer que el Gobierno de Silvano Aureoles contrató a una empresa tecnológica e informática propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, a la que le pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021, para instalar y operar un sistema de espionaje.

Un día después, el Jefe del Ejecutivo en Michoacán confirmó que la administración de Aureoles pagó 19.5 millones de dólares por una red de espionaje que le habría comprado a una empresa de Álvarez Puga.

El exmandatario perredista, de acuerdo con Ramírez Bedolla, firmó en el año 2017 un contrato para la compra de un software destinado al monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo Michoacán. Dijo que en cada uno de los municipios se utilizaron 12 computadoras para “su servicio y mantenimiento”.

Silvano Aureoles terminó su gestión en medio de escándalos y señalamientos. Foto: Cuartoscuro.

Estas no han sido las únicas denuncias y acusaciones públicas que se realizaron en contra del exgobernador Michoacano. Previamente, en octubre de 2021, el Secretario de Finanzas y Administración del gabinete de Alfredo Ramírez Bedolla, Luis Navarro García, aseguró que Aureoles Conejo dejó vacías las arcas del Gobierno de Michoacán.

El funcionario aseguró que la administración había dejado apenas 85 pesos en una de las cuentas bancarias y 600 pesos en otra.

También a principios de octubre, la administración de Ramírez Bedolla informó que su antecesor habría gastado en seis años mil 200 millones de pesos en la renta de siete aeronaves que se usaron para trasladar a funcionarios, vigilancia y algunas emergencias.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo referencia, el pasado 28 de octubre, a los derroches en que vivían algunos gobernadores, entre ellos Aureoles, quien —dijo— hizo “gastos superfluos” durante su mandato.

EL HALLAZGO DEL BÚNKER 

La serie de críticas hacia el perredista se acrecentaron cuando el actual Gobernador de Michoacán abrió a medios de comunicación las puertas del área exclusiva de la casa de Gobierno, en el sur de la ciudad de Morelia, para mostrar el búnker que habría utilizado Silvano Aureoles durante los últimos cinco años.

Se trata de una habitación con blindaje en sus paredes, techo y ventanales, así como un pasadizo secreto a manera de ruta de escape, de acuerdo con la agencia española EFE, que estuvo presente en el recorrido.

“El Búnker” se compone por tres piezas o secciones: En la primera se encuentra el área para la sala y el dormitorio del Gobernador, divididas únicamente por un muro de piedra. La segunda consta de un espacio de 15 metros cuadrados, con armarios de madera y cristal, totalmente iluminados, así como dos cajoneras para guardar relojes o joyas. La tercera pieza es de 25 metros cuadrados, donde se habilitó un spa que incluye dos baños sauna, un jacuzzi, dos duchas y sanitario.

En ese momento Silvano Aureoles respondió desde su cuenta de Twitter que la residencia en mención —edificada en 1988— fue usada por 10 exgobernadores, de los cuales siete forman parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tres del Partido de la Revolución Democrática (PRD), éste último al que pertenece Aureoles.

Pese a todo lo expuesto, el exgobernador michoacano también aseguró que durante su estancia de tres años en la Casa de Gobierno no había realizado ninguna remodelación, y que nada de lo que hay en esa casa “se construyó en mi administración”.

No obstante, Reforma exhibió un contrato que contradecía la versión de Aureoles y revelaba que sí había pagado al menos 12 millones de pesos para arreglar la casa de Gobierno.

En la publicación del 12 de noviembre, el diario detalló que en el contrato DOP/ADE/200153/2020, el Gobierno estatal le entregó un acuerdo de 12 millones de pesos a la empresa RECAM Construcción para rehabilitar, equipar y mejorar las instalaciones deportivas, de recreo, atención al público y helipuerto en un periodo de 129 días, que iniciaba el 12 de agosto de 2020 con terminación a más tardar el 18 de diciembre de 2020.

La noticia acerca del blindaje de la Casa de Gobierno de Michoacán, a la que le llamaron “búnker”, generó una serie de críticas hacia el perredista. Foto: EFE

Aunado a ello, a Aureoles también se le ha señalado por su gestión en materia de seguridad. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que los delitos de alto impacto aumentaron en Michoacán en su administración.

De acuerdo con una nota publicada por Guadalupe Fuentes en SinEmbargo, en la administración del perredista se registraron un total de 11 mil 320 homicidios dolosos, siendo los años 2019 y 2020 los de más incremento: 2 mil 080 y 2 mil 433, respectivamente. La menor cifra reportada en este delito ocurrió en 2016, el primer año de su administración, con mil 450.

Además, las cifras oficiales muestran que, en un lustro del periodo del perredista Silvano Aureoles, los homicidios crecieron al menos un 155.56 por ciento, pues de 952 que se registraron en el año 2015; para el 2020 la cifra de víctimas se incrementó a un total de dos mil 433.

Colusión del narco y gobiernos le arrebata la paz a Tamaulipas

martes, mayo 11th, 2021

Las masacres de migrantes cometidas por fuerzas del Estado, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y la violencia desatada por la pelea de grupos delincuenciales no se explican sin el contubernio de autoridades estatales y sus superiores con el crimen organizado, señalan expertos.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).- Al menos 11 mil 661 asesinatos y más de 10 mil personas desaparecidas se han registrado en Tamaulipas durante las últimas dos décadas en las que la entidad fue gobernada por mandatarios y actores políticos que han sido señalados, acusados e incluso procesados penalmente por presuntas relaciones con el crimen organizado.

Estado clave por tener una entrada marítima del Golfo de México y por ser frontera con Estados Unidos, Tamaulipas ha sido un punto neurálgico para el tráfico de drogas, armas y migrantes. Sin embargo, la delincuencia organizada ha cambiado de dinámicas, principalmente a partir de la “democratización”, es decir, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el control federal luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) ganara la presidencia en el año 2000, explicó Guadalupe Correa Cabrera, profesora en la Universidad George Mason.

“Cuando el PRI pierde la capacidad de manejar las rutas de migración, entonces cada uno de los gobernadores se empiezan a volver el ‘señor feudal’ y son quienes deciden y reciben cualquier tipo de protección o de ayuda por parte del crimen organizado”, expuso la autora del libro Los Zetas Inc: Criminal Corporations, Energy and Civil War in Mexico.

La violencia en Tamaulipas se elevó durante la llamada “guerra contra el crimen organizado” que emprendió el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, siendo su punto más álgido el año 2012. No obstante, aunque a partir del 2013 las cifras oficiales de violencia homicida en la zona muestran altibajos, Guadalupe Correa destacó que Tamaulipas es un caso “donde sigue habiendo muchísima violencia, secuestros y graves violaciones a derechos humanos”.

Para la especialista con doctorado en Ciencias Políticas por parte de la New School for Social Research, las masacres de migrantes cometidas por fuerzas del estado, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no se explican sin el contubernio forzoso de autoridades estatales y sus superiores con el crimen organizado.

“Tenemos una entidad federativa con muchas células criminales que van operando dependiendo del sexenio y las condiciones […] Hemos visto que hay una corrupción impresionante” dijo.

El pasado 4 de mayo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de procedencia de desafuero en contra del actual Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Al mandatario estatal se le señala por posiblemente estar vinculado con delitos de defraudación fiscal.

Aunque en la declaratoria aprobada por la Cámara de Diputados se le retiraron las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al Gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“García Cabeza de Vaca no es el primero y no creo que sea el último Gobernador que vaya a tener que rendir cuentas a las autoridades mexicanas o extranjeras”, comentó la también profesora asociada de asuntos públicos y estudios sobre seguridad en la University of Texas Rio Grande Valley.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche del lunes que integrará una carpeta de investigación con la información que recibió ayer por la tarde del Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a posibles responsabilidades penales del actual Gobernador de Tamaulipas y sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca y José Manuel García Cabeza de Vaca y empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones.

No obstante, los escándalos, señalamientos de gobernadores tamaulipecos involucrados en actos ilegales no son nuevos. A lo largo de dos décadas, al menos cinco gobiernos han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y al menos cuatro de sus mandatarios han sido investigados formalmente: Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), Tomas Yarrington (1999-2004), Eugenio Hernández Flores (2005-2010) y Francisco García Cabeza de Vaca (2016- a la fecha).

Aunque el priista Egidio Torre Cantú, quien gobernó esta entidad desde el año 2011 al 2016, no fue procesado o investigado formalmente, su administración tampoco quedó exenta de señalamientos de presuntos vínculos con organizaciones de la delincuencia organizada.

En diciembre de 2014, las acusaciones alcanzaron a su gabinete cuando el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) informó haber asegurado una cuenta bancaria al entonces Secretario de Desarrollo Social del estado, Homero de la Garza Tamez, quien también fungió como director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) en el sexenio de Hernández Flores. De acuerdo con la División San Antonio del FBI en ese entonces, el esquema de lavado de dinero implicaba procedimientos institucionales para la asignación de obras públicas en el estado.

GOBERNADORES Y VIOLENCIA

Tamaulipas es la segunda entidad con mayor número de desaparecidos a nivel nacional con un total de 11 mil 420 registros desde el año 1964 al 3 de mayo de 2021, de acuerdo con las cifras oficiales.

En los últimos cinco gobiernos estatales, es decir, desde el año 1993 a la fecha, se estima que al menos 10 mil 105 personas desaparecieron en ese estado, sin embargo, no se descarta que el número sea mucho mayor, pues en el registro existe una cifra de personas desaparecidas que fue registrada sin año de referencia.

El periodo Egidio Torres Cantú (2011-2016) es el que más acumula homicidios dolosos y desapariciones, pues el 46 por ciento (cinco mil 256) del total de las desapariciones corresponden sólo a la administración del priista.

En cuanto a homicidios dolosos, entre los años 2011 al 2016 se registraron cuatro mil 182 carpetas de investigación por dicho delito, es decir, un 83 por ciento más en comparación con el sexenio de Eugenio Hernández (2005-2010).

Tamaulipas, donde es común el tránsito de migrantes, ha sido un lugar de terror para quienes cruzaron por la entidad. Foto;: Cuartoscuro

Precisamente el aumento de la violencia en Tamaulipas y las desapariciones empezó a reflejarse en las cifras oficiales justo durante el Gobierno de Eugenio Hernández Flores. Las carpetas iniciadas por homicidio doloso se dispararon en el año 2010 al crecer un 150.34 por ciento a comparación del 2009, cuando el número de asesinatos fue de 288. La desaparición de personas también incrementó durante esta administración, al pasar de 220 en 2009 a mil 29 en el año 2010.

Eugenio Hernández Flores, preso en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, por peculado y lavado de dinero, fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas por un enriquecimiento ilícito por el orden de los 40 millones 977 mil 749 pesos. La Fiscalía señaló que los ingresos del exgobernador fueron de 13 millones 328 mil 675 pesos provenientes de sus salarios y compensaciones. Sin embargo, su patrimonio en ese periodo está estimado en una cantidad de 54 millones 306 mil 469 pesos, una discrepancia de más de 40 millones de pesos.

La cifra de homicidios dolosos (dos mil 285) registrados en todo el periodo de Hernández Flores fue 76.85 por ciento superior a la cifra de los asesinatos registrados en la administración de su antecesor Tomás Yarrington, otro mandatario ligado al crimen organizado.

Agentes del grupo de operaciones especiales de Tamaulipas han sido cuestionados pues se les ha acusado en diversos momentos de corrupción.  Foto: Facebook @Fuerza Tamaulipas

Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba (1999-2004) es otro de los exgobernadores procesados penalmente por el delito de lavado de dinero, incluso él mismo se declaró culpable ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, en donde aceptó que recibió más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales.

Durante su periodo se registraron al menos mil 292 homicidios dolosos, un 43.39 por ciento más que su antecesor y al menos 27 desapariciones se registraron también en el tiempo de duró su administración, las cuales, son más del doble que las reportadas con Manuel Cavazos Lerma.

En los dos últimos años en que gobernó Manuel Cavazos Lerma, cuyo mandato fue desde el 5 de febrero de 1993 a febrero de 1999, se registraron al menos 901 homicidios dolosos, 12 secuestros y se denunciaron al menos cuatro extorsiones. Las cifras no abarcan toda su administración, pues los datos oficiales de la incidencia delictiva datan del año 1997.

Manuel Cavazos Lerma fue el primer Gobernador tamaulipeco en ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico incluso antes de su periodo. En 1997 fue acusado por Omar Durán, entonces subdirector de Inspección y Vigilancia Agropecuaria, Forestal y Pesca de Tamaulipas, de permitir el tráfico de armas y droga en la entidad en camiones de ganado.

No obstante, y a pesar de los señalamientos, fue elegido Gobernador en 1993 y ya durante su mandato, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) comenzaba a indagar vínculos de políticos en Tamaulipas con el crimen organizado.

Fue en el año 2009, la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) inició lo que después fue conocida como la investigación “Caso Tamaulipas”, en la cual, se señalaba tanto a Cavazos como a sus sucesores Yarrington y Hernández por delitos contra la salud y lavado de dinero; sin embargo, la indagatoria fue cerrada en 2013, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, “por falta de elementos probatorios”.

Francisco García Cabeza de Vaca es el más reciente Gobernador de Tamaulipas que ha sido señalado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

El mandatario fue desaforado por la Cámara de Diputados, aunque el Congreso local de Tamaulipas rechazó quitarle esta protección para enfrentar la justicia, por lo que el proceso se resolverá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además de eso, Cabeza de Vaca enfrentará otra investigación, pues la fiscalía de Alejandro Gertz Manuero anunció que abrirá otra indagatoria contra el mandatario y sus hermanos con nuevos datos aportados por el Gobierno de Estados Unidos.

La carpeta de investigación, según explicó la FGR, “se conformará con las diligencias que deban de hacer tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso”. Al respecto, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, respondió que es inocente y pidió a sus abogados defensores que revisaran la información que proporcionó Estados Unidos a autoridades mexicanas sobre su caso.

En materia de seguridad, durante la administración de Cabeza de Vaca se han registrado tres mil y un homicidios dolosos, 304 por secuestro y 604 por extorsión.

Para la especialista Guadalupe Correa la relación que existe entre el actual Gobernador de Tamaulipas y la delincuencia organizada, “no es un chisme”.

“Yo que he investigado, pues no me parece de ninguna forma que sea un linchamiento político. Muchas personas sabemos, y más los tamaulipecos, que no se trata de linchamiento político”.

TAMAULIPAS Y EL HORROR

Tamaulipas ha sido escenario de actos atroces, verdaderas historias de terror y graves violaciones a los derechos humanos que han trascendido internacionalmente; desde la masacre de 72 migrantes en San Fernando, la ola de desapariciones masivas con al menos 37 víctimas entre febrero a mayo de 2018 en Nuevo Laredo, enfrentamientos, hasta el asesinato a tiros de 19 personas en Camargo a manos de policías en enero de 2021.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha dicho en entrevistas con SinEmbargo que se estima que desde 2010 al año 2020 hay más de 300 carpetas de investigación que involucran a fuerzas armadas o a policías en ejecuciones extrajudiciales.

“Ha quedado demostrado que Tamaulipas es uno de los estados con el mayor número de violaciones graves a los derechos humanos con casos de recientes de ejecuciones extrajudiciales que van encaminadas a la impunidad por la inacción de la Fiscalía General de la República”, dijo.

Correa Cabrera, quien por años ha estudiado la violencia en Tamaulipas, señaló que las redes de tráfico humano que operan con el crimen organizado no han sido desmanteladas porque “muy probablemente operen bajo la protección de autoridades locales y estatales”.

“Lo que sucedió en Camargo nos muestra el nivel de control que tiene la delincuencia organizada y el nivel de contubernio que existe con las autoridades”, apuntó.

Peritos forenses reúnen evidencias en la zona donde fueron localizados cuerpos calcinados. Foto: EFE.

Correa Cabrera destacó que en Tamaulipas existe un deterioro grave de las instituciones, no solo de Gobierno estatal, sino de otros poderes como el Legislativo y el Judicial, e incluso en sindicatos, como el del magisterio.

“Recordemos que Javier García Cabeza de vaca no es el único, sino que también ha operado con compañeros de partido, políticos y empresarios. Es mucho más complejo. No es un Gobernador narco o un Gobernador corrupto, es un Gobernador que opera de la mano de otras autoridades igualmente corruptas”.

La académica consideró que, ante el nivel de contubernio y corrupción, se deben desaparecer los poderes en Tamaulipas “para volver a empezar de nuevo y reconstruir el tejido social, reconstituir el andamiaje institucional y que se haga justicia en los casos que todavía se encuentran abiertos”.

“Se podría pensar que no sea tan malo está desaparición de poderes porque los poderes están fallidos”, apuntó.

CRÓNICA | El nuevo jefe político del país, AMLO, se sienta con los virreyes para decirles de qué va

jueves, julio 12th, 2018

Es un momento simbólico. Los gobernadores, escudados en el federalismo, hicieron y deshicieron durante el sexenio de Peña. López Obrador ahora instaurará delegados poderosos que representarán directamente a la Presidencia de la República y vigilarán el gasto. Básicamente les ha cambiado la jugada y muchos gobernadores no estaban contentos.

El discurso de López Obrador fue claro: no se permitirá la corrupción, símbolo del sexenio que termina.

Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Unos ya se van y perdieron todo en la elección del 1 de julio; otros aún se mantendrán en el poder por medio sexenio más, acusados de corrupción y de no poder con la inseguridad en sus estados. Otros son impresentables para él, como Alfredo del Mazo Maza, el único Gobernador de la escuela del Presidente Enrique Peña Nieto que consiguió el Estado de México en una cuestionada elección, el año pasado.

De caras largas, quienes han gobernado hasta hoy como virreyes se reunieron este día con Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de la República, como Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). AMLO es el nuevo jefe político del país. Es el que dictará las reglas. Se sentaron con el hombre al que atacaron y que traicionaron, como el caso de Graco Ramírez, a quien el tabasqueño apoyó en 2012 para llegar a la gubernatura de Morelos y que abiertamente le dio la espalda al llegar al poder.

Es un momento simbólico. Los gobernadores, escudados en el federalismo, hicieron y deshicieron durante el sexenio de Peña. López Obrador ahora instaurará delegados poderosos que representarán directamente a la Presidencia de la República y vigilarán el gasto. Básicamente les ha cambiado la jugada y no estaban, muchos, contentos.

Los gobernadores tuvieron que dar la cara y López Obrador les informó, “aclaro, no les advertí”, que el objetivo principal de su Gobierno sería el combate a la corrupción.

 

AMLO, reunión con personajes cuestionados y con los que tendrá que gobernar. Foto: Prensa AMLO

“No fue advertencia, les informé que era la prioridad de mi Gobierno”, dijo al finalizar la reunión durante una conferencia de prensa. “No se va a tolerar la corrupción de nadie, cero corrupción, trátese de quien se trate. Nadie por encima de la ley, ni familiares”, les dijo.

“Cero corrupción, cero impunidad”, insistió.

Pero antes se dio una pasarela en la que había varios perdedores: de los nueve que se irán este año, cinco de ellos perdieron sus estados precisamente frente al partido que López Obrador fundó para poder llegar a la Presidencia: el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Uno de ellos, Graco Ramírez Garrido, Gobernador de Morelos por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y quien perdió la entidad frente al candidato de Morena Cuauhtémoc Blanco, esta tarde se sentó enseguida de Alfredo del Mazo. Las caras eran largas. Era el lado perdedor de la mesa.

Ramírez tiene acusaciones de corrupción, nepotismo y persecución de detractores políticos por organismos de la sociedad civil y activistas, entre los que destacan Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien fue amenazado de muerte apenas hace unos meses. Sobre el perredista pesa el incumplir su promesa de campaña de reducir los niveles de inseguridad en la entidad y de querer imponer a su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda en la gubernatura de Morelos.

El equipo del próximo gobierno federal en la primera reunión con los mandatarios estatales. Foto: Conago

Otro de los Gobernadores cuestionados que en dos años de gestión desilusionó a sus electores es Miguel Ángel Yunes Linares. Yunes, quien llegó al Gobierno de Veracruz en 2016 y le arrebató el reinado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que pesaba sobre los veracruzanos desde hacía más de 80 años, quemó sus naves en menos de dos años al dejar un estado bañado en sangre y con uno de los principales problemas de inseguridad del país.

Yunes Linares, como Graco Ramírez, también trató de impulsar a su hijo en la gubernatura de Veracruz y perdió frente a Cuitláhuac García Jiménez, el académico abanderado de Morena que había competido con él en la elección de 2016.

Pero además Yunes Linares mantuvo una abierta confrontación con López Obrador durante la precampaña y la campaña política rumbo a la elección de este 1 de julio.

Con López Obrador se reunieron otros perredistas que perdieron sus cotos de poder y conquistas históricas frente a Morena. Arturo Núñez, Gobernador de Tabasco, y José Ramón Amieva, quien se quedó en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México luego de la renuncia de Miguel Ángel Mancera Espinosa, el hombre que esfumó su popularidad en sus primeros años de su Gobierno y que dejó a la capital del país con serios problemas de inseguridad como ejecuciones, asaltos a restaurantes y lugares de reunión de las personas, secuestros y feminicidios.

 

Con todos. Foto tuiteada por @Risco

Morena logró una conquista histórica en la capital del país: le arrebató al PRD casi todo: el Gobierno, la mayoría de las alcaldías y la mayoría de las curules en el que será el primer Congreso de la Ciudad de México y envío al Sol Azteca a un tercer sitio.

Pero Mancera Espinosa no estuvo frente al hombre que lideró esa conquista, y en su lugar asistió el encargado de cerrar su administración, el que fue su Secretario de Salud.

Aunque más sonriente y más tranquilo, pero también un perdedor en su estado, lideró la reunión con el futuro Presidente de México, el Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello.

 

Juez federal cancela cargo de lavado a Guillermo Padrés, fallo que lo acerca a su libertad: Reforma

jueves, diciembre 14th, 2017

Ahora es decisión de un juzgado federal con sede en Toluca, Estado de México, concrete en su otro juicio la cancelación del delito de delincuencia organizada y determine si continúa procesado por otra acusación de lavado por más de 178 millones de pesos.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Un juez federal canceló la acusación de lavado de dinero contra el ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, aunque sí confirmó formal prisión por un caso de defraudación fiscal, informó este día Reforma.

De acuerdo con el diario capitalino, fue Guillermo Francisco Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien determinó que no existen evidencias para sostener un juicio contra el ex Gobernador de Sonora por lavado de 8.8 millones de dólares.

Sin embargo, en la misma causa penal, se le dictó la formal prisión por defraudación fiscal por el mismo monto, al estimar que la Procuraduría General de la República (PGR) al menos ofreció los indicios básicos.

Con este fallo, Padrés Elías, preso en el Reclusorio Sur desde noviembre de 2016, está cada vez más cerca de conseguir su libertad.

Ahora es decisión de un juzgado federal con sede en Toluca, Estado de México, concrete en su otro juicio la cancelación del delito de delincuencia organizada y determine si continúa procesado por otra acusación de lavado por más de 178 millones de pesos.

Guillermo Padrés obtuvo un amparo por la acusación de delincuencia organizada, único delito que impedía a llevar su proceso en libertad, y el cual no fue impugnado por la PGR.

Los Padrés (el ex Gobernador, su hijo, padre y hermanos) son investigados desde 2014, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó en diciembre de 2015 que se encuentran abiertos más de 30 expedientes diferentes para investigar las sospechas de casos de corrupción durante la administración del ex Gobernador panista.

El 21 de mayo de 2015, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la Procuraduría General de la República (PGR) que había iniciado una investigación contra Padrés Elías en Arizona y solicitó intercambiar información con México para reforzar sus pesquisas.

 

Padrés, a punto de enfrentar proceso en libertad: PGR no impugnó amparo contra delincuencia organizada

sábado, noviembre 25th, 2017

Para salir del Reclusorio Sur, donde permanece desde hace exactamente un año, Padrés Elías ahora sólo debe presentar por escrito a los dos jueces sus solicitudes de revisión y modificación de la medida cautelar.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- El ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quedó absuelto en forma definitiva de delincuencia organizada, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) no impugnó el amparo en el que se le suspendió dicho cargo.

La PGR tuvo 10 días hábiles para impugnar el amparo que, a inicios de este mes, un juez federal otorgó a Padrés Elías contra delincuencia organizada y lavado de dinero; pero no lo hizo.

La delincuencia organizada era el único delito que impedía a Padrés Elías llevar su proceso en libertad.

A partir de este viernes, la defensa del ex mandatario sonorense, que encabeza el despacho de Antonio Lozano Gracia, puede presentar su solicitud de sustitución de la prisión preventiva para enfrentar en libertad los procesos que tiene pendientes por lavado de dinero y defraudación fiscal.

En el juicio de Toluca, que instruye Guillermina Matías Garduño, Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales, Guillermo Padrés fue acusado originalmente de delincuencia organizada y lavado por 178 millones de pesos; ya sólo prevalece este último ilícito.

En la Ciudad de México, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, que preside Guillermo Urbina Tanús, le instruye otro juicio por defraudación fiscal y lavado por 8.8 millones de dólares.

Para salir del Reclusorio Sur, donde permanece desde hace exactamente un año, Padrés Elías ahora sólo debe presentar por escrito a los dos jueces sus solicitudes de revisión y modificación de la medida cautelar.

 

Narco y evasión fiscal generan 58mmdd cada año en México, y la mayoría se va al lavado: informe

domingo, noviembre 5th, 2017

El Gobierno mexicano ha notado serias deficiencias en su lucha contra la corrupción, de acuerdo con un informe clasificado, que fue preparado antes de una evaluación internacional de los esfuerzos del país para combatir el lavado de dinero. Sobre la riqueza ilícita en México, el Gobierno concluyó que se necesitaban “mecanismos más eficientes” para prevenir el soborno, incluidas nuevas leyes que complementaran la arquitectura nacional anticorrupción.

Según Reuters, la suma de los fondos ilícitos identificados en el documento fue equivalente al 6.6 por ciento de la economía mexicana en 2014. La evasión fiscal y los delitos asociados representaron la mayor fuente de riqueza ilícita identificada por el estudio en 484 mil millones de pesos (25.3 mil millones de dólares), seguidos del comercio de cocaína y mariguana, en 404 mil millones de pesos.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Un informe del Gobierno mexicano reveló que el tráfico de drogas, el fraude fiscal y otros delitos generan al menos 1.13 billones de pesos (58 mil 500 millones de dólares) al año, monto que resulta susceptible para el lavado de dinero, de acuerdo con la agencia Reuters.

El informe– al que Reuters tuvo acceso– consta de 321 páginas y fue publicado en octubre del año pasado; es el primero de su tipo y se recopiló a partir de datos oficiales e investigaciones independientes. En él, el Gobierno federal describió ampliamente los riesgos del lavado de dinero, pero no entró en detalles con algún caso en particular.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), conformado por agencias gubernamentales dedicadas a combatir el lavado de dinero, preparó el informe antes de una evaluación internacional del desempeño de México en la prevención de dicho delito.

Según la agencia de noticias británica, la evasión fiscal y los delitos asociados representaron la mayor fuente de riqueza ilícita, identificada por el estudio en 484 mil millones de pesos (25.3 mil millones de dólares), seguidos del comercio de cocaína y mariguana, en 404 mil millones de pesos.

El informe no abordó los ingresos de la heroína y la metanfetamina, que constituyen una gran parte del tráfico de drogas. Tampoco incluyó delitos de “cuello blanco”, como malversación de fondos públicos y tráfico de información privilegiada, tráfico de personas y armas, robos de combustible y explotación sexual.

Según datos del Gobierno federal, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo 11.4 millones de dólares y 543.2 millones de pesos en sus esfuerzos contra el lavado de dinero.

Asimismo, señaló Reuters, la suma de los fondos ilícitos identificados en el documento fue equivalente al 6.6 por ciento de la economía mexicana en 2014, año en que se compilaron los datos. Sin embargo, en esta no se incluía una estimación del valor de la corrupción ni de otros delitos.

Los escándalos de corrupción han perseguido por décadas a la élite política en México– principalmente durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto–, que ocupa el lugar 128 entre 137 países en cuanto a ética y corrupción de acuerdo al Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial, refirió Reuters.

En 2016, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad calculó que la corrupción valía entre el 2 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto de México, según datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y otros.

Reuters recordó que el Presidente Enrique Peña Nieto ha sido criticado por referirse a la corrupción como un problema “cultural” en México, un comentario que, para grupos de la sociedad civil y legisladores de la oposición, restó importancia a la gravedad del problema y al papel del Gobierno para solucionarlo.

“El riesgo que representan los fondos ilícitos susceptibles de lavado de dinero en México, generados dentro de la jurisdicción, es ALTO”, señaló el informe que instó al Gobierno a estandarizar las leyes a nivel estatal para resolver las diferencias en la forma en que las autoridades abordan la corrupción, así como mejorar la colaboración entre las agencias encargadas de implementar políticas y recopilar datos.

Las políticas públicas deberían revisarse para “comprender mejor el fenómeno de la corrupción en México”, concluyó el informe.

El pasado jueves, el Gobierno aseguró que la evaluación del GAFI– que aún no es pública– mostró que México había logrado un progreso “significativo” en la lucha contra el lavado de dinero desde la última evaluación en 2008.

Reuters contactó a Acción Financiera y a los titulares de Finanzas, Economía, Gobernación, Marina, PGR y Banxico– todos identificados como contribuyentes al informe–, pero ninguno respondió de inmediato.

Un juez dicta formal prisión para el ex Gobernador priista Eugenio Hernández, detenido por corrupción

jueves, octubre 12th, 2017

De acuerdo a la Causa Penal 67/2017, Hernández Flores y otros implicados se apropiaron en 2007 de una superficie territorial de mil 600 hectáreas que pertenecen al patrimonio estatal.

Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).- Un juez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, dictó este día auto de formal prisión en contra del ex Gobernador Eugenio Hernández Flores por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción precisó el Juez Segundo Penal encontró suficientes pruebas para sujetar a proceso penal a Hernández Flores, a quien ya se le notificó la resolución.

El ex mandatario tamaulipeco permanece desde hace seis días en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, luego de ser detenido en esa ciudad.

De acuerdo a la Causa Penal 67/2017, Hernández Flores y otros implicados se apropiaron en 2007 de una superficie territorial de mil 600 hectáreas que pertenecen al patrimonio estatal.

El predio se localiza en el Puerto Industrial de Altamira y tiene un valor actual que supera los mil 580 millones de pesos, mismo que fue asegurado el pasado 7 de octubre por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas.

Agentes de la Procuraduría estatal mantienen la búsqueda de otras personas implicadas en el mismo caso para cumplimentar las respectivas órdenes de aprehensión y continuar la integración por la participación en diversos hechos delictivos.

La justicia de Estados Unidos acusa al ex Gobernador de lavar al menos 30 millones de dólares procedentes de actividades criminales. Pero él, en México, andaba libre y sin cargos.

Eugenio Hernández, quien hasta el día de hoy cuenta con los derechos partidistas otorgados por el Revolucionario Institucional (PRI), es el segundo ex Gobernador de Tamaulipas detenido por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El primero en caer fue Tomás Yarrington Ruvalcaba, buscado por la Interpol desde 2012. El también ex priista tenía una vida de lujos en Italia, donde fue detenido el pasado 9 de abril.

Moreno Valle y Roberto Sandoval se suman a la “generación podrida” de gobernadores en este sexenio

sábado, septiembre 2nd, 2017

Con ocho ex mandatarios estatales presos, dos prófugos y otros tantos en la mira, los gobernadores han sido un lastre para el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el último tramo de su ejercicio, no dejan de darle dolores de cabeza.

Ciudad de México, 2 de septiembre (Infobae/SinEmbargo).- Dos personajes más se unen a la lista de gobernadores y ex gobernadores con conductas reprobables durante la administración del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Uno lo espiaba, el otro está en la mira de EU.

Los gobernadores han sido una de las patas cojas del gobierno de Enrique Peña Nieto en México. Algunos han contribuido de manera importante a los escándalos de corrupción que han perseguido a toda la administración que ya entra en su última etapa.

Con ocho gobernadores detenidos y dos prófugos, lo que menos necesitaba el mandatario mexicano en este momento es un nuevos casos que resucitaran el escándalos de corrupción en los estados.

El 30 de agosto, una juez amparó al ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, acusado por el Gobierno de Estados Unidos de lavado de dinero.

A la lista de se unen dos más: Roberto Sandoval, quien el 18 de septiembre termina su periodo al frente del estado de Nayarit y Rafael Moreno Valle, el ex Gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Puebla.

El 23 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa al Gobernador de Nayarit. El diario Reforma advirtió que la cancelación podría ser el indició de que en EU existe una investigación en su contra, luego de que su ex Fiscal Édgar Veytia fuera detenido en marzo acusado del tráfico del marihuana, heroína, cocaína y metanfetaminas.

Semanas antes, medios mexicanos habían revelado que no sólo enfrentaba señalamientos por enriquecimiento ilícito sino que en su cuadrilla de caballos tenía puras sangre de la razas más caras del mundo, además de una silla de montar de oro de 24 quilates con incrustaciones en diamantes que tiene sus iniciales.

El 11 de julio, el diario El Financiero reveló que el Gobernador de Nayarit, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) gastó 1 millón 190 mil 322 pesos por la transportación de nueve de sus caballos pura sangre desde Sevilla, España, hasta Nayarit.

En su contra existe también una averiguación por la importación de 3 mil cabezas de ganado de Nueva Zelanda hechas presuntamente con recursos públicos por el ex Gobernador prófugo de Chihuahua, Javier Duarte de Ochoa, también del PRI. Parte de estos ejemplares los habrían mandado a Nayarit a través de un prestanombres.

En la averiguación abierta en la Fiscalía Federal también se investiga el origen de 350 yeguas que llegaron al rancho de Sandoval durante su administración.

Sandoval ha negado las acusaciones en su contra y ha señalado que al terminar su administración permanecerá en su tierra y que dejara deuda al estado.

“En este momento, aunque existiera una orden de aprehensión no se le puede detener”, dice a Infobae Nicolás Loza, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

La justicia mexicana le da a los gobernadores lo que se llama “fuero” una protección para que durante su ejercicio no puedan ser detenidos por la justicia.

En el caso de Sandoval, afirma Loza, la cuenta regresiva empieza el 19 de septiembre, el día después de entregar el cargo. “Estaremos atentos de si ese día no huye al extranjero o se cumple alguna orden de aprehensión que se haya dado en Estados Unidos en su contra”.

Otro ex Gobernador que se vio envuelto en escándalos esta semana es Rafael Moreno Valle, quien además busca lanzarse como candidato a la Presidencia de México.

Moreno Valle dejó la gubernatura el 1 de enero de este año. Durante su gestión crecieron en Puebla las bandas de huachicoleros (ladrones de gasolina) y se realizaron una serie de obras que fueron cuestionadas por su costo, como una réplica del “London Eye”.

La acusación más grave en contra del ex Gobernador fue hecha esta semana por el ex agente de inteligencia, Rodolfo Raúl González Vázquez, quien aseguró que a través de un equipo llamado Galileo, comprado en Italia, Moreno Valle espió llamadas de alcaldes, diputados, ministros federales y del presidente Enrique Peña Nieto.

González Vázquez presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal a la que entregó una lista de 25 personas que habrían sido espiadas por el ex Gobernador, en la que aparece el nombre del presidente.

A través de ese equipo, Moreno Valle habría grabado más de tres horas de conversación del mandatario, aunque no se dieron a conocer más detalles.

“En Puebla lo que prevalece es un estado de miedo, de la clase política, de los empresarios. No estoy exagerando. A los periodistas, a muchos de ellos, a sus hijos los han ‘levantado’ (secuestrado), han llegado a robarles, a hacerles destrozos en sus casas, a sus oficinas. Eso es lo que se vive en Puebla”, señala el senador por el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Miguel Barbosa Huerta.

Para Loza, el “Gobergate” que estalló durante el sexenio es la “bancarrota” del modelo de relación entre la Federación y los estados. En México, a pesar de que los estados son autónomos, los gobernadores no tomaban decisiones sin consultar con el presidente, pero ahora esa figura ya no se impone ante los mandatarios estatales.

 

 

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Corrupción de ex gobernadores y parcialidad de EPN golpearán al PRI en 2018, afirman politólogos

sábado, agosto 12th, 2017

Politólogos consultados por SinEmbargo coinciden en que el fracaso de la llamada “nueva generación del PRI”, específicamente en el caso de los ex gobernadores señalados y presos por diversos crímenes, se centra en la escasa fiscalización de los recursos públicos que manejan y en la poca voluntad política que mostró el propio Presidente de la República para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas.

Esto produjo desde 2011, comenzando por quien entonces era presidente nacional del partido, Humberto Moreira Valdés, una generación marcada por la corrupción, donde destacan el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, y César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua.

Estos últimos, dicho por priistas, gozaron de impunidad por el aparente compromiso económico que hicieron en la campaña federal de 2012 y que ahora limita al Presidente para combatirlos con todo el peso de la Ley.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Endeudaron a sus estados, desviaron recursos, crearon empresas fantasmas; uno de ellos, en Chihuahua, se convirtió en accionista de un banco y, como en el Gobierno de Veracruz, presuntamente permitió suplantar con agua medicamentos destinados para la población enferma de cáncer.

Son los ex Gobernadores priistas de la era de Enrique Peña Nieto, seis detenidos y dos prófugos de la justicia; entre ellos el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, el quintanarroense Roberto Borge Angulo y el chihuahuense César Duarte Jáquez, a quienes en 2012 el hoy Presidente llamó una “nueva generación política” y que, al cabo de cinco años, protagonizan “uno de los momentos de mayor corrupción que se haya dado en el país”, como considera el investigador Alberto Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

“Este va a ser uno de los temas más importantes durante el proceso que viene en 2018, porque se ha llegado a tales niveles de gravedad que no se habían conocido, tanto los niveles de endeudamiento, de fraude y de corrupción, que es ya intolerable para la sociedad”, agrega Aziz, que investiga procesos democráticos e instituciones en México.

“En cuanto a su corrupción, probablemente en promedio han sido de verdad más corruptos que sus antecesores”, coincide Andrew Paxman, profesor de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Con el fin del control mayoritario del Congreso en 1997, México perdió un sistema de rendición de cuentas que había causado la caída de docenas de gobernadores hasta esa fecha. Es decir, creció la impunidad. Segundo, hubo más narco dinero en juego que nunca, y mayor interés por parte de los cárteles en surtir a la población mexicana”, agrega el también autor.

En la lista de ex gobernadores con problemas legales hay de sexenios pasados, como el tamaulipeco Tomás Yárrington Ruvalcaba, quien gobernó de 1998 a 2004 y fue detenido este año en Italia por lavado de dinero; o el quintanarroense Mario Villanueva Madrid, detenido desde 2001 por el mismo delito. Y hay, también, integrantes de otros partidos, como el panista sonorense Guillermo Padrés Elías, detenido en 2016 por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, o el ex Gobernador blaquiazul de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, sentenciado por peculado y uso indebido del ejercicio público, aunque amparado para enfrentar el proceso en libertad.

En los primeros lugares, sin embargo, al menos por grados de endeudamiento público, están quienes Peña Nieto elogió como parte de una “generación nueva” –Duarte Jáquez y Borge Angulo– y quienes incluso lo rodean en la fotografía que tomó con los mandatarios el día de su toma de posesión, en 2012.

“Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua que son cuatro de las cinco entidades federativas con mayor porcentaje de deuda respecto a las Participaciones Federales y, también, son cuatro de las cinco entidades con mayor endeudamiento por habitante”, advirtió en 2016 el Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, del Poder Legislativo.

A la fecha, Duarte de Ochoa protagoniza un proceso oral por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada después de meses de evasión de la justicia, mientras que su homólogo, el quintanarroense Roberto Borge Angulo, espera en un penal Panamá su extradición a México por cargos de corrupción.

César Duarte Jáquez, mientras, continúa prófugo de órdenes de aprehensión que lo buscan por delitos tanto de peculado como electorales y, a diferencia de Duarte de Ochoa y Borge, continúa sin ser expulsado de las filas del PRI.

Esto, pese a la insistencia del Comité Ejecutivo Nacional priista de que el partido está “a favor de que los corruptos terminen en la cárcel” y de combatir la impunidad.

“Enrique Ochoa [presidente del CEN priista] se propuso limpiar la casa y lo hizo”, aseguró esta semana el secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones populares priista, el Senador Arturo Zamora Jiménez.

“Desde que llegó a la Presidencia de nuestro partido emprendió acciones decididas de combate a la corrupción y ahora en la Asamblea incluyó una mesa temática para generar propuestas que le permitan al PRI prevenir casos como los vistos con ex gobernadores”, agregó el político.

 

CACICAZGOS Y ABUSOS

Varios elementos se combinaron para permitir la formación de estos “cacicazgos” políticos. De acuerdo con diversos análisis, a partir de 2000, cuando en diversos sectores se celebraba la primera derrota del PRI en la Presidencia de la República, también inició un periodo de aumento de transferencias de recursos públicos de parte de la Federación a las entidades que, sin embargo, no se ejercieron con contrapesos por parte de órganos revisores, como congresos, poderes judiciales o incluso medios de comunicación.

“Las estructuras de poder, verticales, del PRI, mantenían cierto control, un poco la descentralización de recursos, la descentralización de facultades, las alternancias, todo eso ha ido debilitando los mecanismos de control, las formas de rendición de cuentas; entonces, los recursos en los estados se repartieron y se compraron a los medios en muchos casos, congresos locales, etcétera; entonces, los gobernadores se convertían en amos y señores de su territorios, compraban y repartían y esto generó problemas de corrupción gravísimos”, explica Aziz Nassif.

“El problema es que, como no existen mecanismos que permitan la fiscalización de ese dinero, a final de cuentas podían hacer uso del dinero casi casi como quieran”, coincide Gustavo López Montiel, politólogo y académico en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Tan sólo entre 2000 y 2010, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el aumento en las participaciones de la Federación a los estados fue de más del doble (al pasar de 178 mil 136.2 millones de pesos a 437 mil 327.6). Recursos que, luego, agrega la misma revisión, fueron utilizados por los mandatarios para la obtención de cada vez mayores niveles de endeudamiento.

“La tendencia del crecimiento de la deuda de los gobiernos locales y sus organismos dependientes es consecuencia, entre otros, de los factores siguientes: las mayores participaciones federales han brindado más oportunidades de contratación de crédito, al quedar como garantía o fuente de pago”, advirtió desde 2011 la Auditoría Superior de la Federación en un análisis de las deudas públicas.

“Las entidades federativas y algunos municipios han emitido certificados bursátiles en el mercado de valores con fuente de pago en sus ingresos y en las participaciones”, agrega el documento.

En la trayectoria de los endeudamientos se observa que la deuda en Quintana Roo se disparó, por ejemplo, entre 2009 y 2010, al pasar de tres mil 743.2 millones de pesos a 10 mil 37 el siguiente año, el primero de Borge Angulo. En Chihuahua, entre 2010 y 2013 –la primera mitad del sexenio de Duarte Jáquez– pasó de 12 mil 547 millones de pesos a 41 mil 768.

En esa última entidad, en 2013, el Gobierno del Estado formó un fideicomiso que le permitió a una ya endeudada administración pública acceder a otros once préstamos bancarios que, en total, le generaron un flujo de 19 mil 725 millones de pesos adicionales.

La administradora del Fideicomiso, de acuerdo con datos oficiales, fue la empresa Evercore, fundada por el ex Secretario de Hacienda del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, y antiguo lugar de trabajo del entonces secretario de Hacienda con Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, y de su primer Subsecretario, Fernando Aportela Rodríguez.

Evercore, de acuerdo con la información de su página en línea, trabajó también en 2006 en el Estado de Coahuila, entonces gobernado por el luego dirigente nacional priísta y luego detenido por la justicia española, Humberto Moreira Valdés, además de varias entidades más, como Tabasco, Michoacán o Puebla.

“Un grupo de priistas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, dijo desde agosto de 2016 a este medio una fuente del CEN del PRI.

Tribunal concede un amparo a Andrés Granier contra formal prisión por defraudación fiscal: CJF

viernes, agosto 11th, 2017

Un Tribunal Colegiado confirmó el amparo concedido a Andrés Granier, ex Gobernador de Tabasco, contra el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de defraudación fiscal agravada.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier, obtuvo un amparo contra el auto de formal prisión dictado en su contra en el 2014 por defraudación fiscal agravada.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó en un comunicado que el Tribunal Colegiado ordenó emitir un nuevo amparo debidamente fundamentado y motivado, como lo exige el Artículo 19 constitucional.

“El amparo concedido es para que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco deje insubsistente el actor reclamado, y en su lugar ordene se subsane la omisión apuntada, y para ello, deberá remitir comunicación oficial al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), por ser la autoridad que emitió el acto reclamado en su auxilio, a fin de que acredite el tercer elemento del cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparada”, precisó.

El 2 de julio de 2013, preció el CJF, la Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó auto de formal prisión en contra de Granier por el delito de defraudación fiscal equiparada calificada.

El ex mandatario promovió un juicio de amparo indirecto contra dicha sentencia, el cual se registró con el número 1710/2013-VII del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, que fue otorgado el 29 de noviembre de 2013.

En 17 de enero de 2014, la Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en Ciudad de México dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, por el delito de defraudación fiscal equiparada calificada.

Granier promovió otra demanda de amparo contra esta sentencia, en el que previa declaratoria de incompetencia del Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco.

Posteriormente, el 21 de agosto de 2014, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, en auxilio al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, otorgó el amparo y protección de la justicia federal al ex Gobernador.

El Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco y el Agente del Ministerio de la Federación, adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, interpusieron recursos de revisión que se registraron con los números 105/2015 y 296/2015. Finalmente, eb el recurso de revisión 105/2015, el quejoso interpuso revisión adhesiva, la cual fue resuelta por el Tribunal Colegiado.

Andrés Granier Melo fue detenido el 8 de junio de 2013 en Reynosa, Tamaulipas, cuando intentaba escapar a Estados Unidos, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) iniciara una investigación en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Actualmente está en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México y ha sido el único ex Gobernador priista detenido por corrupción.

El hijo de Padrés sale de la cárcel; la PGR retira acusaciones de narco y lavado de dinero

miércoles, agosto 9th, 2017

En noviembre del año pasado, cuando padre e hijo fueron detenidos, se determinó que existían los indicios suficientes de que Padrés Dagnino era cómplice de la red de lavado que supuestamente dirigió su padre cuando gobernó Sonora.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, fue puesto en libertad la mañana de este miércoles, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) desistiera de las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.

A las 9:36, el joven abogado abandonó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, donde estuvo retenido un poco más de 9 meses.

Medios nacionales reportaron ayer que Guillermina Matías Garduño, Jueza Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, instruyó la liberación de Padrés Dagnino.

De acuerdo con los reportes obtenidos, la PGR retiró la acusación contra Guillermo Padrés porque llegó a la conclusión de que no se le podría acreditar la comisión de dichos delitos, uno de ellos–delincuencia organizada– considerado grave y sin derecho a libertad provisional en el Sistema de Justicia Penal Mixto.

El pasado 10 de noviembre, Padrés Dagnino fue detenido en el estacionamiento de los juzgados del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, minutos después de que su padre fuera aprendido.

Seis días después se le dictó auto de formal prisión porque se determinó que existían los indicios suficientes de que Padrés Dagnino era cómplice de la red de lavado que supuestamente dirigió su padre cuando gobernó Sonora. Fue encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Meses después, el 25 enero, el hijo del ex Gobernador fue trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano, al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, tras una huelga de hambre que realizó su padre en protesta por el supuesto maltrato del era víctima su hijo.

En ese momento, Padrés Elías dijo a los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que consideraría levantar la huelga de hambre sólo si se garantizaba el pleno respeto a los derechos humanos de su hijo.

Guillermo Padrés Elías actualmente permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, acusado de defraudación fiscal y lavar de dinero de al menos 8.8 millones de dólares.

La Fiscalía de Panamá pide que Borge espere preso hasta que se decida su extradición a México

martes, agosto 1st, 2017

Borge Angulo está acusado de al menos seis delitos cometidos durante su administración. Cuatro denuncias han sido interpuestas en la Procuraduría General de la República (PGR) y dos en la Fiscalía General del Estado (FGE) que gobernó corrompiendo y sometiendo a la prensa.

El ex Gobernador de Quintana Roo fue detenido en junio pasado en Panamá. Pasó sus últimos días como prófugo de la justicia entre viajes al extranjero que incluían paseos y hospedaje de lujo.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía de Panamá solicitó que el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, permanezca preso en ese país hasta se formalice la solicitud de extradición por parte del Gobierno de México.

Borge Angulo acudió la tarde de este martes al Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, donde compareció por los delitos de lavado de dinero, peculado, aprovechamiento de poder y desempeño irregular de la función pública.

El ex mandatario quintanarroense fue detenido en un hotel de Panamá el pasado 5 de junio, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a París, Francia.

Desde ese momento, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que ya había iniciado una solicitud para la extradición de Roberto Borge.

Roberto Borge es, junto con los ex gobernadores Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua, respectivamente, parte de la nueva generación de priistas que, según el Presidente Enrique Peña Nieto, transformarían al país.

Hoy, Javier Duarte de Ochoa, quien permaneció más de 180 días prófugo, se encuentra preso y es juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero, todos cometidos en Veracruz.

César Duarte Jáquez, se sabe, se encuentra en El Paso, Texas, disfrutando su libertad, pese a que desde marzo pasado un juez giró la primera de tres orden de aprehensión en su contra.

Borge Angulo está acusado de al menos seis delitos cometidos durante su administración. Cuatro denuncias han sido interpuestas en la Procuraduría General de la República (PGR) y dos en la Fiscalía General del Estado (FGE) que gobernó corrompiendo y sometiendo a la prensa.

Entre todos los delitos destaca la “venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del estado de Quintana Roo”.

A Roberto Borge se le atribuye el ecocidio cometido en el manglar Tajamar, en Cancún, por aprobar un proyecto inmobiliario que afectó al menos 57 hectáreas y el cual, gracias a la intervención de activistas, se suspendió.

Durante toda su administración, Roberto Borge, quien hasta abril pasado contaba con más de 200 escoltas, vendió 9 mil 500 hectáreas de la reserva de Quintana Roo.

Además, usó decenas de prestanombres, la mayoría familiares y amigos. Ante la PGR sólo fueron acusadas 11 personas relacionadas con la compra y venta de terrenos a sobreprecio.

Borge Angulo recibió una deuda total por 10 mil 037 millones de pesos, y la elevó 123 por ciento al entregarla en 22 mil 442 millones de pesos. Repartida entre el millón y medio de personas que conforman su población, cada quintanarroense debería 14 mil 946 pesos en comparación con los 7 mil 571 pesos que cargaba en sus espaldas en el 2010.

Javier Duarte apela vinculación a proceso; PGR presentó diferentes hechos en audiencia: defensa

miércoles, julio 26th, 2017

Según la defensa de Javier Duarte, en la audiencia inicial sólo le fue informado de una suma de 38.5 millones de pesos, mientras que en la audiencia de vinculación a proceso, la Procuraduría General de la República (PGR) refirió mil 650 millones con el mismo origen.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- La defensa legal del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, apeló esta miércoles la vinculación a proceso que el pasado sábado dictó un Juez federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y narcotráfico.

Medio nacionales informaron esta noche que, según fuentes allegadas al caso, la defensa de Javier Duarte argumentó que en la audiencia inicial sólo le fue informado de una suma de 38.5 millones de pesos, procedentes de desvíos del erario, mientras que en la audiencia de vinculación a proceso, la Procuraduría General de la República (PGR) refirió mil 650 millones con el mismo origen.

De acuerdo con las fuentes, “no se le permitió al acusado presentar pruebas de descargo ni solicitar aclaración de los mismos”.

La apelación fue presentada vía electrónica y será remitirá la impugnación a un Tribunal unitario penal en la Ciudad de México para que defina si el fallo de vinculación a proceso debe ser confirmado, modificado o revocado.

Javier Duarte es uno de los ex gobernadores del PRI acusados de corrupción, junto con los de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Quintana Roo, Roberto Borge, ya detenidos en Italia y Panamá, respectivamente, y pendientes de extradición.

El volumen de desvío de fondos públicos durante el mandato de Javier Duarte se eleva a más de 3 mil 300 millones de dólares, en lo que se considera uno de los casos más graves de corrupción de los últimos años en un gobierno estatal mexicano.

El pasado sábado, el ex mandatario veracruzano fue vinculado a proceso tras presentarse 82 pruebas que lo inculpaban por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ese día, la PGR señaló que el Ministerio Público federal presentó ante el Juez de control, Gerardo Moreno García, al inculpado y a su defensa, los datos de prueba que hacen suponer la participación del imputado “JDDO”- cómo lo llamó la dependencia-.

Javier Duarte llegará a México entre el 17 y 21 de julio para enfrentar cargos por delitos federales: PGR

miércoles, julio 12th, 2017

El pasado 4 de julio, el ex Gobernador detenido provisionalmente en Guatemala aceptó la segunda orden de extradición a México, en este caso por delitos federales, pero negó los cargos en su contra. Entre 2012 y 2015, Duarte de Ochoa desvió grandes cantidades de recursos públicos, los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país, que se basan en esa documentación y en varias declaraciones de testigos.

México, 12 jul (EFE).- México está cumpliendo conforme al derecho todo el proceso de extradición del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, para evitar una violación al debido proceso, indicó hoy la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), y estimó que entre el 17 y el 21 de julio se haría efectivo su traslado desde Guatemala.

“México está cumpliendo, conforme a derecho y al Tratado Bilateral que en la materia tiene celebrado con la República de Guatemala, y con mucha claridad, todo el proceso de extradición”, a fin de “evitar una violación al debido proceso” en los juicios que tiene por enfrentar en México, señaló la PGR en un boletín.

Refirió que la Suprema Corte de Justicia de Guatemala notificó el 6 de julio a la Cancillería de México que quedaron firmes las dos solicitudes formales de extradición de Duarte, a partir de lo cual “empezaron a correr 60 días para su entrega en extradición, de acuerdo a lo dispuesto en el Tratado”.

“La PGR irá por el señor Javier Duarte, en un vuelo oficial, una vez que se tenga la certeza de que el Poder Judicial está en condiciones de recibirlo y se determine la prisión de orden federal en donde será recluido”, apuntó.

La institución estimó que el ex Gobernador regresará a México entre el 17 y el 21 de julio para ser puesto a disposición de un juez federal.

“También se le notificará a la Fiscalía General de Veracruz para que inicie sus procesos de manera paralela a los que se realizarán a nivel federal”, puntualizó.

El pasado 7 de julio, el Ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Rivas, expresó su esperanza de que el Gobierno mexicano vaya pronto por Duarte, exgobernador del estado de Veracruz (2010-2016), al afirmar que su vida corre peligro.

“Es un privado de libertad de alto riesgo. Hay grupos criminales en Guatemala que se pueden prestar a atentar en contra de su integridad y si vida”, declaró el ministro, y agregó que Duarte, recluido en una cárcel en el cuartel militar Matamoros, tiene información en materia de corrupción importante para México.

Javier Duarte enfrenta en México cargos federales y del fuero común, incluyendo delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias.

Según la acusación mexicana, leída por el fiscal guatemalteco José Antonio Galdámez en esta vista, en contra del político, de 43 años, hay unas 19 pruebas entre las que se incluyen denuncias, entrevistas, compras de bienes, empresas y otras, además del nombre de Duarte y fotografías de su persona en algunos de esos documentos.

El político supuestamente recibía ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados dentro de Guatemala, adonde ingresó ilegalmente por vía terrestre, supuestamente el pasado noviembre.

Duarte está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar “prestanombres” para transferir recursos públicos.

Entre 2012 y 2015, desvió grandes cantidades de recursos públicos, los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país, que se basan en esa documentación y en varias declaraciones de testigos.

Del Mazo huele a la tragedia de Labastida… pero peor, por Peña, dicen analistas e historiadores

miércoles, abril 26th, 2017

Politólogos e historiadores encuentran muchas similitudes en el escenario que hoy enfrenta el priista Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México –gobernado por el PRI hace 88 años– con el que en 2000 afrontó el priista Francisco Labastida Ochoa en la elección presidencial, la primera que el PRI perdió en siete décadas. Del Mazo como Labastida, coinciden, es un candidato “grisáceo” y como el sinaloense enfrenta el hartazgo social de malos gobiernos, por lo que, por primera vez, el tricolor podría perder en el Edomex.

Pero el mayor peso –y una gran diferencia con aquella elección de 2000– es el Presidente de la República. Los analistas aseguran que el gran problema del candidato Del Mazo Maza es el desprestigio de Enrique Peña Nieto, y el hecho de que el Primer Mandatario sea su paisano… y también su pariente.

Del Mazo en la UAEM, el pasado 18 de abril. Foto: Cuartoscuro

PRIMERA DE UNA SERIE

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– Como Francisco Labastida Ochoa, candidato con el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la elección por la Presidencia de la República en 2000, el aspirante tricolor al Gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, enfrenta una elección histórica.

En ese inicio de siglo, los despachos noticiosos destacaban que, por primera vez en sus 71 años de vida, el PRI, hasta entonces el partido más longevo del mundo en un poder nacional, podría resultar derrotado en la elección presidencial ante el candidato opositor, el panista Vicente Fox Quesada.

Este 2017 en el Estado de México, el de la mayor cantidad de electores, recursos económicos y lugar de origen de uno de los grupos más fuertes del priismo, Del Mazo Maza es el primer priista que, como Labastida en 2000, carece de certidumbre sobre su triunfo en una demarcación en la que el PRI había ejercido, hasta su candidatura, un poder casi hegemónico.

“La similitud más importante es que, a pocos meses de la elección hay bastante conciencia, para empezar entre los propios equipos de los candidatos, entre los candidatos, las autoridades electorales, la prensa, una buena parte del electorado, de que puede perder el candidato del PRI”, dice Nicolás Loza Otero, analista político e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

“Hay incertidumbre, porque tampoco es un hecho que vaya a perder, como no lo era tampoco en la elección de Labastida. No hay convicción de que va a ganar el PRI, de que a lo mejor la oposición, puede que ser que con poco o menos gana posiciones pero no puede ganar la principal contienda; en este caso, creo que hoy, como hace casi 20 años, esto es muy parecido”, agrega el académico.

Con esta observación coincide Marco Leopoldo Arellano Toledo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“En este contexto también hay mucha expectativa de sacar al PRI de la casa de Toluca; expectativa de que un partido hegemónico, en una entidad en la que nunca ha perdido, pareciera que este año pudiera sufrir su primera derrota”, comenta Arellano Toledo.

De 41 años y primo del Presidente Enrique Peña Nieto, Del Mazo Maza es el más reciente aspirante a Gobernador de una red familiar y política que ha encabezado el Ejecutivo de esta entidad por casi 20 años.

Antes, entre 1945 y 1961, fue Gobernador su abuelo Alfredo del Mazo Vélez y, entre 1981 y 1986, su padre Alfredo del Mazo González, también ex Secretario de Energía con el Presidente Miguel de la Madrid. Su primo Enrique Peña Nieto [hijo de Enrique Peña del Mazo] gobernó entre 2005 y 2011.

El resto de la red familiar vinculada con Del Mazo Maza y que participa en política la forman Arturo Montiel, ex Gobernador entre 1999 y 2005 y, a su vez, tío lejano de Peña Nieto; sus hermanos Adrián del Mazo Maza, director general de Autotransporte Federal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Alejandro Del Mazo Maza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Su prima Carolina Monroy del Mazo, por su parte, fue ex secretaria general del PRI.

Fuera de esta red de parentesco, sin embargo, dice Loza Otero, Del Mazo Maza carece de mayores méritos políticos. Y como Labastida Ochoa, agrega Arellano Toledo, tiene una “personalidad grisácea”.

También como de la elección de Labastida quedó el reclamo que le hizo a Vicente Fox durante un debate televisivo –“me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho lavestida”–, en esta campaña uno de los videos más populares de Del Mazo Maza es donde muestra no saber que el PRI gobernó Netzahualcóyotl en 2011.

“Te enganchaste Alfredo; ni modo”, le dice a Del Mazo el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Juan Zepeda Hernández, en una imagen que ha sido reproducida más de 2.2 millones de veces en este mes de abril.

Labastida en el Estado de Mexico, 2000. Foto: Cuartoscuro

PRI Y EL DESPRESTIGIO DE EPN

Cada una de estas dos elecciones históricas, sin embargo, dicen analistas, tiene “su propia narrativa” y, en cada caso, si bien por primera vez hay competencia y el tricolor enfrenta un amplio desprestigio, las causas son distintas.

En 2000, plantea Rogelio Hernández Rodríguez, historiador, doctor en Ciencia Política e investigador del Colegio de México (Colmex), el PRI enfrentaba a un candidato de oposición muy fuerte, Vicente Fox Quesada –quien resultó ganador–, con una estructura de movilización de votos más fuerte que la que puede tener, dice, cualquier partido opositor en el Estado de México.

También, agrega, los partidos de oposición viven ahora, como el PRI, una crisis de credibilidad que no era tan grave a principios de siglo.

Crisis generalizada que, a su vez, advierte el también autor del libro “Historia mínima del PRI” [editado por el Colmex], es la causa de lo estrecho de la competencia en el caso mexiquense, a la que se le agrega el desprestigio del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Ninguno [de los partidos de oposición] ha tenido auténtica presencia, partidariamente; en términos de organización no son fuertes como para disputar la gubernatura. Si ahora lo hacen, insisto, no es porque hayan crecido: es porque hay un tremendo desprestigio”, dice Hernández Rodríguez.

“El hecho de haber regresado el PRI a la Presidencia despertó expectativas muy fuertes, y se le añade que el Gobierno de Peña Nieto no ha tenido un desempeño notable”, agrega.

Este medio envió una solicitud de comentarios a la campaña de Del Mazo, pero no fue respondida.

Otra diferencia entre ambas elecciones es la relación de cada candidato y su grupo con el priismo nacional, dice Loza Otero, que observa cómo en 2000 había un Presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, distanciado abiertamente del resto del partido tricolor y “reformista”, al grado de que en su sexenio se generaron los cambios legales que permitieron finalmente la alternancia en México desde 1997.

Peña Nieto, en cambio, dice el investigador, además de primo del candidato Del Mazo, ha encabezado una “cargada” que ha incluido visitas de integrantes de su gabinete e incluso de la primera dama, Angélica Rivera, al Estado de México.

“Labastida era el candidato elegido por este Presidente que deliberadamente había distanciado del partido y que, por otro lado, había emprendido reformas que habían dado fuerza a la oposición, e incluso había enfrentado ya una reacción conservadora o restauradora en el PRI, que era la de Roberto Madrazo [priista, ex Gobernador de Tabasco]; entonces, todo ese escenario en buena medida facilitó la derrota de Labastida, y ninguno de esos componentes está presente en la candidatura de Del Mazo”, dice Loza Otero.

“Y eso puede apuntalarlo. Es decir, Del Mazo cuenta con el respaldo de un partido, que obvio que es un partido debilitado [a nivel nacional], pero a nivel local es un partido muy fuerte, con una gran cantidad de recursos, con una capacidad de movilizar”, agrega.

También en el contexto está la semejanza del descrédito que vive el PRI en cada elección, pero cuyos motivos, advierten los entrevistados, son diferentes.

Si bien en 2000 el PRI enfrentaba la carga histórica de lo que Hernández llama la “conclusión de un proceso de transición a la democracia”, en 2017, coinciden los entrevistados, el principal lastre del PRI es el desprestigio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

“Nunca antes ha habido un Presidente de la República con tan bajos niveles de aprobación, ni priista ni no priista, ni antes había sido tan claro el ‘desalineamiento’, el abandono de electores leales al PRI”, afirma Loza.

“En el Estado de México, la oposición al PRI no es que sea más fuerte o que haya alcanzado mayores números de militantes; el problema del Estado de México tiene que ver con el desprestigio del Gobierno federal, y el hecho de que el Presidente que encabeza ese Gobierno sea del Estado de México. El desprestigio de Peña Nieto está afectando indudablemente al PRI en general y, en particular, al Estado de México”, coincide Hernández.

DEL MAZO Y GOBERNADORES CORRUPTOS

Además de la marca que le quedó al Gobierno del actual Presidente por la investigación periodística que reportó que uno de sus amigos y contratistas, el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, le había financiado mansiones a él y a su funcionario más cercano, Luis Videgaray Caso, Peña Nieto enfrenta ahora el recuerdo de su elogio a un grupo de ex mandatarios prófugos de la justicia.

“Tú observas hoy los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes o actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua…”, dijo Peña Nieto en mayo de 2012, cuando, en una entrevista de televisión, se le pidió poner “nombres” a su afirmación de que el partido se estaba renovando.

En 2016, sin embargo, los tres eran sujetos de señalamientos de corrupción y endeudamiento de finanzas públicas y, en las tres entidades, el PRI perdió las elecciones estatales; en el caso de Veracruz y Quintana Roo, además, por primera vez en su historia.

Las órdenes de aprehensión giradas en contra de Duarte de Ochoa y Duarte Jáquez están también en el contexto de la elección mexiquense, y el impacto del arresto del veracruzano sobre la campaña de Del Mazo ha sido sujeto de especulación política.

La relación de Del Mazo con este grupo de priistas señalados, sin embargo, se observa no sólo en su parentesco con el Presidente Enrique Peña Nieto, sino también en su desempeño como director, entre 2012 y 2015, del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), clave en el financiamiento de las entidades federativas y dependiente de la Secretaría de Hacienda, entonces encabezada por Videgaray Caso.

Desde esa posición, de acuerdo con el contrato DAGA/13/2013, Del Mazo Maza otorgó al empresario Juan Armando Hinojosa –además patrocinador de la campaña de Peña Nieto, coordinada por Videgaray– un contrato por 10.7 millones de pesos para que su empresa Eolo Plus le diera servicio de taxi aéreo.

Un año después, de acuerdo con un reporte de la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, Banobras emitió cuatro créditos a favor del entonces Gobernador César Duarte Jáquez, por cuatro mil 285 millones de pesos. Los préstamos habían sido generados gracias a la creación del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago 152, firmado por el ex mandatario chihuahuense hoy prófugo y la Casa de Bolsa Evercore, fundada por el ex Secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella y antiguo lugar de trabajo de Videgaray Caso.

Ese mismo 2014, de acuerdo con un boletín difundido por el Instituto Técnico para el Desarrollo de las Haciendas Públicas, la dependencia encabezada por Del Mazo Maza también otorgó a Duarte Jáquez una garantía de Pago Oportuno que, indica la fuente, permitió al chihuahuense una “mejora en sus calificaciones” crediticias.

“En 2014 se contrató una Garantía de Pago Oportuno (GPO) con Banobras para los créditos que se encuentran en el fideicomiso F/0152, el cual tiene afectado el 56.98 por ciento del FGP [Fondo General de Participaciones] del Estado”, dice un boletín de la calificadora HR Rating publicado en noviembre de 2015.

“El Estado de Chihuahua, Evercore Casa de Bolsa (Fiduciario) y Banobras (Garante) realizaron la firma del contrato de Garantía Parcial, Incondicional e Irrevocable con el fin de cubrir cualquier insuficiencia de pago a los acreedores de los créditos que cuentan con esta garantía, incluyendo intereses y montos de principal insolutos (…) Con la contratación de esta garantía a los financiamientos inscritos en el Fideicomiso F/0152, se obtuvo una mejora en sus calificaciones crediticias y por lo tanto una disminución en la sobretasa para el cobro de intereses”, agrega el comunicado.

La relación de Del Mazo con este grupo de políticos es entonces, dice Loza, su mayor lastre pero, al mismo tiempo, su mayor y única fortaleza.

“Es su principal activo, ser de ese grupo [de Peña Nieto], digamos es lo que lo ha tenido en posiciones de poder desde hace muchos años, y eso es lo que lo tiene de candidato a gobernador”, dice el catedrático en temas como procesos políticos y comportamiento electoral.

“Ahora, ser de esa dinastía implica cierto desprestigio, estigma a nivel nacional, y de esto no se puede deshacer Del Mazo porque es parte de la esencia del grupo al que pertenece. Pero, visto en términos de un intercambio político, gana más siendo de esa dinastía que no siendo: es lo que lo tiene ahí”, agrega.

En la elección del próximo 4 de junio, sin embargo, nada está escrito, coinciden los entrevistados. Primero, dice Loza Otero, porque en un escenario de fragmentación del voto, en el que las preferencias se reparten entre tres contendientes, la definición puede cargarse hacia el candidato con la mayor “estructura” partidista; es decir, Alfredo Del Mazo.

Y ningún partido de oposición, dice Hernández, cuenta con la homogeneidad del priismo del Estado de México.

“Justo esto es lo que caracteriza al Estado de México: los grupos son lo suficientemente homogéneos como para ser competencias entre sí que son equilibradas; a diferencia de lo que ocurre en otras entidades, los priistas en el Estado de México no están en conflicto, y eso les da mucha unidad”, explica Hernández.

Osorio tuvo a Duarte sentado frente a él un día antes. Y a Cisen, PF, CNS… para seguirlo. Y se le fue…

martes, abril 18th, 2017

El Secretario de Gobernación tiene a su servicio la dependencia más robusta que se tenga registro. Apenas llegó, una serie de reformas le permitieron asumir tareas de seguridad e inteligencia que ninguno otro de sus antecesores tuvo. Miguel Ángel Osorio Chong tuvo sentado en su oficina al todavía Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, un día antes de que renunciara y se diera a la fuga.

Muchas de las tareas que Osorio Chong asumió han estado a la deriva, o han empeorado. Una de ellas es velar por la seguridad de los periodistas: no hay registro de un periodo tan oscuro, en toda América Latina, que el que viven los medios mexicanos en este sexenio. Otra tarea es la seguridad y las cifras –al menos las de las organizaciones civiles– no mienten: la estrategia de seguridad es un fracaso.

Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– Luego de que 2016 cerró como el año más violento de lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mencionó que, entre otros, el cambio de Gobierno en diversas entidades era uno de los motivos del aumento en los asesinatos.

“Se da en el 2016 cuando coincidentemente se da el cambio en gubernaturas de nuestro país. Creemos que si no formáramos instituciones, entonces entramos a aventuras cada vez que llega un nuevo gobierno”, dijo Osorio Chong en enero, de acuerdo con el diario Reforma.

En marzo, en sesión con empresarios, retomó el tema y, de nuevo, mencionó el cambio de Gobierno en diferentes estados del país y la existencia de cientos de municipios con pocos policías y poco preparados como factores que contribuían al aumento de la violencia.

“Eso habla de que no hay capacidad en los municipios, y la cooptación que además hay por la cercanía que se tiene de parte de la delincuencia sobre un policía es impresionante”, dijo Osorio Chong en su encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

“No puede el Gobierno federal, con toda la voluntad que tiene el Presidente, de seguir abarcando todo el país”, agregó entonces.

De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), sin embargo, la política de seguridad pública en el país es responsabilidad del Secretario de Gobernación (Segob) desde el 2 enero de 2013, cuando se asignaron a esta dependencia las tareas que antes tenía la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

“A la Secretaría de Gobernación corresponde (…) formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal”, dice la fracción XII del artículo 27 de la LOAPF.

También, según la misma fracción, “coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.

El titular de Gobernación se convirtió en responsable de la política de seguridad pública a partir de este sexenio, cuando la citada reforma a la LOAPF le asignó las tareas que durante los sexenios panistas realizó la Secretaría de Seguridad Pública, extinta con la misma modificación legal.

Transformación que, de acuerdo con Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, amplió no sólo las tareas del Secretario de Gobernación, sino el espacio de “confusión” sobre qué toca a cada institución en materia de combate a la delincuencia.

“Lo hemos dicho en otras ocasiones: la decisión de pasar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación no fue la mejor decisión”, dijo Rivas Rodríguez en entrevista.

“Creemos que la Secretaría de Seguridad Pública, por sus mismas características, debía permanecer como una institución autónoma; esto, porque genera confusión alrededor de quién tenga el control de qué; en ocasiones, parece que se desdibuja la figura del Comisionado Nacional respecto a la posibilidad que tienen de actuar el comisionado de la Policía Federal o el Secretario de Gobernación con los gobernadores, por tanto se han generado incluso situaciones de duplicidades y de un debilitamiento de la función del Comisionado Nacional. Paralelamente, la Segob debe atender muchos temas”, agregó Rivas.

El traslado de actividades de la SSP a la Segob fue parte de la “transformación institucional” anunciada por Peña Nieto desde el primer mes de su Gobierno, cuando también anunció que su “nueva” estrategia de seguridad estaba basada en la “prevención” y la “planeación” y que ya no sería “reactiva”, en alusión al “combate frontal” decretado el sexenio del Presidente panista Felipe Calderón.

“Vamos a planear la política y los cambios institucionales de mediano y largo plazo, pero, también, cada decisión estratégica y operativo específico. La política de seguridad y de justicia no pretende ser reactiva”, dijo Peña Nieto el 17 de diciembre de 2012, en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Entre esos cambios se concretó, en agosto de 2014, la creación de la División de la Gendarmería de la Policía Federal, dependiente de la SEGOB y a la cual, de acuerdo con el decreto oficial que le dio vida, se le encargó “generar condiciones de seguridad pública ante la presencia de la delincuencia organizada o el alto índice delictivo”.

Dos años después, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que a la nueva corporación le falta evidencia de su eficacia y funcionamiento.

“El número de delitos registrados en las entidades federativas disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la participación de la Gendarmería”, reportó este año la ASF.

“Implementó 75 operativos (de 10 mil) sin disponer del análisis del comportamiento de la criminalidad (…), por lo que realizó acciones de manera inercial y careció de los resultados obtenidos con su intervención”, agrega el dictamen.

LA SUPERSECRETARÍA

Entre 2000 y hasta 2013, a lo largo de los dos sexenios de presidencias panistas, la responsabilidad de “proponer la política criminal en el ámbito federal”, “presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública” y, en general, “salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos”, fueron responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El 2 de enero de 2013, sin embargo, todas esas atribuciones fueron transferidas a la Secretaría de Gobernación encabezada desde el inicio de sexenio por el ex Gobernador priísta de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong.

En ese inicio de sexenio, Osorio Chong acababa de participar en la gestión del “Pacto por México” que le permitió al hoy Presidente la aprobación del paquete de Reformas Constitucionales, como la Educativa y la Energética, que le ganaron los únicos halagos de la prensa internacional a su Gobierno.

Las atribuciones de Osorio Chong se ampliaron entonces no sólo en materia de seguridad pública, sino que, en el mismo decreto que le delegó la “política criminal”, Peña Nieto le dejó también una responsabilidad que, desde que se redactó la actual Ley Orgánica de la Administración Pública, en 1976, no había tenido ningún otro titular de Gobernación: la de “coordinar” al resto de los integrantes del gabinete.

Tal atribución quedó establecida en el Artículo 10 de dicha Ley, que por casi cuatro décadas ordenó que “las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna”.

El decreto del 2 de enero de 2013, sin embargo, ordenó que, “sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes”.

Tal aumento de atribuciones –más de 60, de acuerdo con el artículo 27 de la LOAPF– fue considerada entonces como una marcha atrás en la búsqueda de contrapesos institucionales que, desde 2000, se habían previsto al descargar a la Segob de las responsabilidades de mantener la seguridad pública.

Pero se dio también, planteó el abogado constitucionalista Ulises Corona Ramírez, como un intento de fortalecer a la institución y después las “crisis de capacidad de Gobierno” que se registraron durante los sexenios panistas, periodo al que se atribuye el crecimiento tanto del crimen organizado como de los abusos de los Gobernadores.

“En el sexenio pasado hubo una crisis de gobernabilidad, una crisis de capacidad de Gobierno, y esa crisis de capacidad de Gobierno la veíamos donde el Presidente de la República no podía tomar decisiones, aunque quisiera”, explicó Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Por ello fue la presencia de factores reales de poder como sindicatos, como Elba Esther Gordillo [ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, presa desde 2013]; como la delincuencia organizada, como los gobernadores que tenían el poder político en sus estados”, agregó Corona.

Cuatro años después, sin embargo, los indicadores mensuales de homicidios se encuentran en cifras similares a las registradas en el último año del calderonismo ( mil 941 casos en enero y mil 838 en febrero pasado, además de 20 mil 792 casos en 2016, l más alta del sexenio) y el crimen organizado, pese a la detención de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, sigue presente; ahora bajo el nombre de Cartel Jalisco Nueva Generación, entre otras organizaciones.

“Hay una serie de índices sobre los asesinatos y la violencia, además de información oficial de organismos internacionales que han mostrado que los problemas de violencia y de inseguridad pública se mantienen, y que además hay una severa crisis de derechos humanos”, dijo desde el año pasado el analista Alberto Azis Nassif, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

“Indicadores que nos pueden decir que los resultados han sido negativos en términos de aplicar una política pública distinta para la inseguridad, que no ha resultado, porque se ha profundizado el problema”, agregó entonces el investigador.

“LO RECIBI UN DIA ANTES”

En comparación con lo que ordena la LOAPF, el aumento de la violencia y los problemas de seguridad pública no son la única responsabilidad incumplida por el Secretario de Gobernación.

La huida del Chapo (después recapturado), el crecimiento del Cartel Jalisco Nueva Generación y aun la resistencia de una parte del magisterio para aceptar la Reforma Educativa son hechos, de acuerdo con el artículo 27 de la LOAPF, atribuibles al titular de la Segob.

Y es que las responsabilidades que se le dieron en este sexenio al Secretario de Gobernación son tantas que, de acuerdo con la fracción XI del Artículo 27 de la LOAPF, al mismo Osorio Chong le corresponde “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país”.

En los últimos cuatro años, sin embargo, Osorio Chong no sólo no tomó medidas en contra de los actos de probable enriquecimiento ilícito de diferentes ex mandatarios, varios compañeros de su partido, sino que, en el caso del veracruzano Javier Duarte de Ochoa, tampoco hizo algo para evitar la fuga.

“Yo lo recibí un día antes, cuando me dijo que habría de dejar la Gubernatura, cuando yo le dije que era muy difícil trabajar este Gobierno con alguien tan cuestionado, que estaba lleno de problemas su estado y que estaba, entre otros, el de seguridad, a mí preocupándome mucho, y que el Presidente me había dado instrucción de volver a apoyar y respaldar al estado, pero que en una circunstancia como la de él, nos era muy difícil, y esto fue junto con pegado que me dijo que abandonaría el… Gobierno”, narró Osorio Chong al periodista Joaquín López Dóriga el 24 de octubre pasado.

“Obviamente, te imaginarás que me dijo que no tenía nada que ver en todo lo que señalaban y yo le que le dije que eso tendría que enfrentarlo ante la justicia. Él me dijo que, por supuesto, que lo iba a hacer, porque no tenía nada qué esconder; esto es algo que no había yo comentado, y al otro día renuncia. Se da en coincidencia de un proceso que ya estaba anunciado el que el juez ya libera la orden de aprehensión”, agregó Osorio Chong en la entrevista radiofónica.

Un día después de ese encuentro en Gobernación, Duarte de Ochoa inició un periodo de más de seis meses de evasión de la justicia.

El Secretario de Gobernación no ha develado públicamente tener intención de buscar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, que se disputará en 2018.

Aspiración para la que Osorio Chong, consideró Corona Ramírez, se ve “débil”, sino es que fuera de la competencia. A menos, agregó el académico, de que mostrara “contundencia” en su trabajo de velar por la legalidad.

“Tiene que hacer señalamientos contundentes; como, por ejemplo, decir ‘en la Cámara de Diputados está el diputado Tarek Abdala (ex Tesorero de Duarte de Ochoa entre 2012 y 2015), exijo al Congreso que declare el juicio de procedencia para que se enfrente a las autoridades. Así de concreto, así de textual”, planteó el académico.

La oficina de Comunicación Social de la Segob no respondió una petición de información para este informe.