Ángela Buitrago destacó que la investigación por la desaparición de los normaliastas evidenció que el Estado mexicano no puede recurrir a la tortura como medio de investigación porque ahora sabe que es una consecuencia directa de la pérdida de pruebas.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha demostrado que el Estado mexicano debe dejar de usar la tortura como medio de investigación, aseguró Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Entrevistada en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela y que se transmite por SinEmbargo al Aire en la plataforma de YouTube, la abogada destacó el daño que ha ocasionado la tortura de autoridades a personas investigadas por la desaparición de los normalistas.
Buitrago expuso que la tortura ha provocado “no solo la nulidad de las pruebas, sino la pérdida de información que podría ser cierta, y esto lleva también a la reflexión: El Estado no puede acudir a la tortura como medio de investigación porque sabe que es una consecuencia directa de su actitud la pérdida de prueba y por lo tanto, la impunidad”.
Destacó que con la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa el cerco de la autoridad se ha ampliado a tres clases de responsables: “A los que realizaron el acto de agresión contra los desaparecidos y se los llevaron, a los que realizaron una investigación que impidió dar con el paradero de los estudiantes y a los que a través de la tortura generaron la pérdida de información y, obviamente, las decisiones inclusive de absolución o de pérdida de información”.
Ángela Buitrago también recordó que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto el GIEI recibió una seria de ataques por parte de algunos periodistas, pero afirmó que se sobrepusieron colaborando para esclarecer el caso con la administración actual.
–El clima que había contra ustedes en específico contra el GIEI en el Gobierno de Peña y el que existe hoy, ¿qué enfrentaron en aquellos años, el acoso, el hostigamiento, incluyendo el mediático? –cuestionó Álvaro Delgado.
–Yo creo que hay cosas que uno prefiere olvidar, esas son unas de las cosas. Pero sí es bueno decirlo, también hay algunos periodistas en particular que todavía siguen generando esa posición. Deberían realizar un acto de verificación de todo lo que significa esta cartografía de la violencia. Creo que cuando recibimos los mayores golpes mediáticos, en particular de, y lo digo claramente, en particular de unos pocos periodistas, lo hacían dentro de una función que cumple, una labor que cumplen que no es propiamente la periodística, si no era de agresión. Por eso digo yo, prefiero dejarlo en el olvido, pero fueron dos años en donde permanentemente se atacó al GIEI y lo único que quiere y seguirá queriendo el GIEI es colaborar en la investigación para el esclarecimiento de los hechos.
Tan es así que el nuevo Gobierno inmediatamente se posesiona, tramita la solicitud de reintegro del GIEI, entendiendo, por la petición de los padres, que podemos apoyar de una u otra manera. Creo que hemos trabajado de la mano con Secretaría de Gobernación, en las instituciones, aportando en la medida del conocimiento y de la capacidad que tenemos sobre la base de las experiencias y de los diferentes especialidades que tenemos –respondió Ángela Buitrago.
Y agregó: “Lo único cierto es que la realidad nos muestra que era mucho más grave la situación que la que nosotros mencionamos a la salida en el año 2016. Era mucho más grave porque nosotros hablamos de las torturas, ahí está; hablamos de las simulación en San Juan, ahí está. Hablamos de todos los elementos que poníamos en necesidad de conocer la información y gracias también a la apertura actual se ha podido abrir esos espacios. Así que yo creo que la historia nos permite decir categóricamente que había elementos que se veían claramente desde esa época que no eran invenciones y que hoy en día no sólo se ratifican, sino se magnifican”.
Buitrago resaltó que ahora se sabe que la tortura, el ocultamiento y el uso de documentos falsos, llevaron a perder información fundamental y se evidenció “un método simulador y mentiroso” usado por las autoridades.
La abogada también reconoció la apertura de la Secretaría de Gobernación, la Presidencia y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como lo logrado al colaborar con testigos de los hechos.
“Los avances significan también poder haber logrado encontrar el nivel en donde se establezca también colaboración de los perpetradores y colaboración de los testigos para incluso halla nuevamente dos restos de dos estudiantes que todavía no habían sido establecidos, como el caso de Cristian Rodríguez y el caso de Jhosivan Guerrero de la Cruz”, mencionó.
La también integrante de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa reconoció que el Estado aún tiene grandes pendientes con las familias de los estudiantes, quienes, a siete años de las desapariciones, exigen saber dónde están sus hijos.
Un contingente de aproximadamente 200 personas se dirigen a la Procuraduría General de la República para exigir la destitución de Tomás Zerón por la manipulación de pruebas en el río San Juan, durante la investigación del GIEI.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marchan a la PGR. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
Ciudad deMéxico, 26 mayo (SinEmbargo).– Los padres de los 43 normalistas desaparecidos iniciaron una marcha desde el Ángel de la Independencia a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir justicia tras 20 meses de los hechos de Iguala Guerrero.
La principal consigna es la destitución de su cargo de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por la manipulación de la escena del crimen en el río San Juan.
A diferencia de otros meses, el contingente está conformado por unos cientos y no miles.
El contingente estuvo conformado sólo por los padres, algunos estudiantes y miembros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata.
La cantidad de personas que acompaña el contingente es menor que en meses anteriores. Foto: Valentina López, SinEmbargo.
Los padres de los 43 se apostaron frente a la puerta principal de la PGR y encabezaron un mitin en donde exigieron la destitución de Tomás Zerón de Lucio.
“Hace una semana le dijimos a Arely Gómez la separación del cargo de Tomás Zerón y cada día vamos a aumentar las acciones, no vamos a permitir que una persona que ha incurrido en múltiples irregularidades continúe al frente de Agencia de Investigación Criminal”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres.
Los padres acusan a Zerón de Lucio de su sufrimiento, porque sembró evidencia en el río San Juan, violó la Ley y puso obstáculos a los familiares para encontrar a sus hijos desaparecidos.
“Nosotros queremos ver ese mecanismo internacional, pero si ese personaje sigue ahí, va a inventar otra verdad”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
Los familiares indicaron que Zerón es el “artífice de la verdad histórica”, por lo que exigieron además de su destitución, una investigación profunda sobre su actuar al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Los padres de los normalistas desaparecidos marcharon 20 meses después, para exigir la aparición de sus hijos. Foto: Valentina López, SinEmbargo
A pesar de la lluvia los padres marcharon. Foto: Valentina López. SinEmbargo
Los padres de los 43 se apostaron frente a la puerta principal de la PGR. Foto: Valentina López, SinEmbargo
Los familiares indicaron que Zerón es el “artífice de la verdad histórica”. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
En documentos obtenidos por The Associated Press, a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guión casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentaran lo que decía el Gobierno.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos acuden a escuchar a un grupo de expertos que elaboró una investigación sobre el caso, en Ciudad de México el 24 de abril de 2016. Los expertos internacionales reportaron torturas y obstáculos en investigación de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, en estado de Guerrero. Foto; Marco Ugarte, AP
Por Mark Stevenson
CIUDAD DE MEXICO (AP) — En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes universitarios en septiembre de 2014, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso.
En una apresurada conferencia de prensa los fiscales mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río.
Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.
En documentos obtenidos por The Associated Press, a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guión casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.
Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir.
Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los diez archivos conseguidos por la AP, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles de torturas en todos ellos.
“En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo”, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.
“En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino”, dijo el hombre a un juez en julio de acuerdo con los documentos obtenidos por la AP. “Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”.
La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basural de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.
Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.
Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.
Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos escuchan a un grupo de expertos que elaboró una investigación sobre el caso, en Ciudad de México el 24 de abril de 2016. Los expertos internacionales reportaron torturas y obstáculos en investigación de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, en estado de Guerrero. En la foto, una mujer sostiene una manta con la leyenda “Nos faltan 43”. Foto: Marco Ugarte, AP
“Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente, no hay caso”, dijo Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana de México.
La creencia generalizada de que las fuerzas de seguridad mexicanas recurren a torturas al investigar los delitos cometidos por los traficantes de drogas se reforzó con el video de un caso separado que circuló el mes pasado en las redes sociales. Mostraba a una mujer soldado y un oficial de la policía federal interrogando a una mujer joven a la que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. El ejército confirmó la autenticidad del video que, dijo, se filmó durante un enorme despliegue de soldados en febrero de 2015 para combatir a los carteles.
En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la policía federal o de las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cartel Guerreros Unidos.
La Procuraduría General de la República, como se conoce a la fiscalía en México, dice que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que se los entregó la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala.
Hay evidencias médicas que corroboran las denuncias de torturas.
Un informe de médicos de la fiscalía mexicana, preparado dos meses después de la detención de Reyes Landa, dijo que tenía moretones, rasguños y “lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o “chicharras”) en abdomen y muslos”.
Igual de escalofriante es el testimonio del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un detective de la procuraduría abusó de él horas después de su detención en febrero del 2015.
“El señor aquí presente fue un uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plásticos, que además me violó con una pieza metálica”, dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia el detective Gabriel Valle Campos, según los documentos.
“Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo”.
Eber Betanzos, subprocurador que supervisa el caso del gobierno, dijo que no puede comentar las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se le está haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido torturados.
Betanzos indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucran “mayoritariamente a agentes aprehensores distintos a la PGR”, (Procuraduría General de la República).
Señaló que la Procuraduría General inició nueve investigaciones de torturas y que la mayoría de las denuncias abarcan “heridas que dejan huella”, como moretones, cortes y esquimosis (moretones).
Últimamente la atención se enfocó en Agustín García Reyes, el primer sospechoso que identificó el sitio donde los restos de los estudiantes incinerados habían sido tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con los estudiantes.
El grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana expresó dudas sobre su testimonio luego de que circularan fotos y videos en los que García Reyes aparece caminando junto al río con Tomás Zerón, investigador jefe de la Procuraduría General, el día antes de que los fiscales dijeran que habían sido hallados fragmentos de huesos.
Eso hizo pensar que la evidencia había sido colocada allí. En medio de acusaciones de manejos irregulares, Zerón dio a conocer un video propio en el que aparece en la escena del crimen con García Reyes, pero no se lo ve escarbando la tierra ni encontrando huesos. Eso daría crédito al argumento de los procuradores, que dicen que los restos fueron encontrados al día siguiente por buzos.
En los documentos obtenidos por la AP, García Reyes dice que fue torturado por horas, durante las que se le dijo lo que tenía que confesar cuando fue llevado al río aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes.
“Me pusieron la bolsa en la cabeza y me comenzaron a pegar; yo les dije que no sabía nada”, relató García Reyes, de acuerdo con los documentos. “Me decían más vale que me digas adónde están porque si no vamos a matar a tu esposa y tu hijo y a ti también”.
“Me siguieron pegando hasta que les dije que yo les iba a decir lo que ellos quisieran”, agregó. “Me llevan al río y me dicen en la camioneta ‘ahorita tú vas a hacer como si tú hubieras tirado las bolsas al río y si no lo haces te vamos a seguir golpeando’. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos y yo hice como si tirara las bolsas al río y me llevaron enseguida donde ya tenían una bolsas de plástico, las señalé como diciendo que yo las conocía”.
A pesar de la denuncia de que fue torturado, no obstante, a García Reyes se lo ve caminando normalmente en un video de la fiscalía, sin signo alguno de haber sido maltratado.
González, la especialista universitaria en derechos humanos, admitió que es posible que algunos sospechosos inventen historias sobre malos tratos.
Pero agregó que, “en el contexto de México, donde la tortura es generalizada… toda denuncia debe ser investigada, y a partir del contexto, es muy posible que sea cierto”.
Esta semana, la Organización de las Naciones Unidas sostendrá una Asamblea General para tratar la problemática de las drogas a nivel mundial. Además, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentará su informe final sobre el caso Ayotzinapa y la movilización nacional contra las violencias machistas llegará a la Ciudad de México.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).- Esta semana inicia con la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para discutir la problemática mundial relacionada con las drogas. El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, había cancelado su asistencia y en su lugar iría Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el viernes pasado anunció que sí estará presenta en la Asamblea.
El mandato del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) concluirá el próximo 30 de abril, por lo que este domingo presentará su informe final sobre el caso Ayotzinapa. Además, este mismo día la Movilización Nacional contra las Violencias Machistas partirá de Ecatepec, Estado de México, al Ángel de la Independencia para manifestarse contra todo tipo de violencia sexual.
El fin de semana tendrá lugar la Fiesta del Libro y la Rosa 2016 en cinco sedes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Festival Iberoamericano de Cultura Musical 2016 -Vive Latino-, en el Foro Sol.
En las efemérides:
19 de abril 1998: Muere el escritor mexicano Octavio Paz.
21 de abril de 1914: Empieza la ocupación estadounidense en Veracruz, con la toma del puerto.
22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra
23 de abril : Día Internacional del Libro. En 1897 se crea la Escuela Naval Militar.
24 de abril de 1897: Nace Manuel Ávila Camacho, militar y político poblano que fue presidente de México de 1940 a 1946.
La reunión del Grupo de Expertos Independientes con eurodiputados, las elecciones primarias en Estados Unidos y los 87 años del Partido Revolucionario Institucional marcarán la agenda esta semana.
Ciudad de México, 29 de febrero (SinEmbargo).- Esta semana inicia con elecciones primarias en 12 entidades de Estados Unidos, jornada que definirá al candidato final de cada partido. Esta también es la fecha límite para que los ciudadanos de la Ciudad de México que aspiren a ser candidatos independientes a la Asamblea Constituyente presenten su intención.
Además, el Grupo de Expertos Independientes estará en Bruselas el jueves para presentar sus avances sobre el caso Iguala ante el Parlamento Europeo.
El viernes 4 de marzo es el aniversario número 87 del Partido Revolucionario Institucional.
En las efemérides:
El 2 de marzo de 1959, el canal 11, del Instituto Politécnico Nacional, emitió su primera transmisión.
El 3 de marzo de 1908, el diario El Imparcial publicó la entrevista Díaz-Creelman, en la que Porfirio Díaz declaró que México estaba preparado para la democracia.
El 5 de marzo de 1993 se elevó a rango constitucional el derecho a la educación, así como la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria.
El 5 de marzo es también el Día Mundial de la Eficiencia Energética.
El GIEI reveló ayer que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014 como afirmó el ex Procurador Jesús Murillo Karam en su “verdad histórica”. Hoy, organizaciones con presencia internacional acusaron a “diversos grupos” de emprender contra los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El GIEI reveló ayer que de acuerdo con imágenes satelitales no hubo un incendio en Cocula la noche del 26 de septiembre de 2014. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Amnistía Internacional (AI), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Robert F. Kennedy Human Rights, y otras cinco organizaciones internacionales, manifestaron este día su preocupación “por los recientes intentos de algunos grupos” para difamar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH).
“Estamos profundamente preocupados por los recientes intentos de algunos grupos por difamar al GIEI y a las organizaciones de derechos humanos que representan a los estudiantes y sus familias […]. Estos esfuerzos suman dolor innecesario a un caso ya vergonzoso, desvían la atención de la investigación misma y buscan deslegitimar la presencia del GIEI”, manifestaron las 10 organizaciones.
El GIEI está integrado por cinco expertos independientes, reconocidos a nivel internacional en las áreas de la investigación penal, derechos humanos y la atención a las víctimas: Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia Villa.
El día de ayer, el GIEI reveló que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014 como afirmó el ex Procurador Jesús Murillo Karam en su “verdad histórica”.
En relación con la nueva evidencia presentada por el Grupo de Expertos, la PGR pidió no adelantar conclusiones y no descartar la posibilidad de un incendio con base en la revisión aislada de imágenes satelitales y meteorológicas, sin considerar integralmente otros elementos.
Este martes, mediante un posicionamiento, las 10 organizaciones internacionales dijeron que es importante la cooperación del gobierno de México en la investigación del caso Iguala, incluyendo la cooperación del Ejército mexicano.
“Seguimos preocupados de que, a pesar de varias solicitudes, el GIEI aún no haya podido entrevistar a los soldados del batallón local, quienes estaban conscientes del ataque contra los estudiantes y presentes en algunas escenas del crimen”, dijeron.
Reconocieron además “la importante labor” que el Grupo de Expertos de la CIDH ha hecho sobre el caso. “Han llevado a cabo una investigación muy profesional y elaboraron un informe detallado y ampliamente fiable”, manifestaron.
Además dieron la bienvenida a la decisión del gobierno mexicano de transferir el caso de los normalistas desaparecidos a la autoridad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y que se esté formando un nuevo equipo de investigadores para trabajar junto con el GIEI, solicitudes que los Expertos hicieron con el fin de poder continuar con su importante labor.
Aunque expresaron su preocupación de que algunas corrientes dentro del mismo gobierno mexicano continúan resistiéndose a la apertura de nuevas líneas de investigación e insisten en la validez de los hallazgos originales del gobierno.
Indicaron que a medida que la investigación avanza, el Gobierno federal tiene una nueva oportunidad de mostrar “liderazgo y apoyo” en el caso, mediante la cooperación con el GIEI y la garantía de que el nuevo equipo de investigadores de la Subprocuraduría de Derechos Humanos está equipado con los recursos humanos y financieros necesarios para cumplir con su trabajo.
Dijeron que con el apoyo del gobierno mexicano para la investigación, el GIEI “demostrará su nivel de compromiso para lograr la verdad y la justicia en este caso emblemático y para avanzar la protección de los derechos humanos en el país”.
Las organizaciones dijeron que lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala “es un doloroso ejemplo de la crisis de derechos humanos que enfrenta México y ha provocado indignación en todo el país y a nivel internacional”.
Durante su segunda etapa en la investigación del caso Iguala, el GIEI trabajará más intensamente que en los primeros seis meses. Los expertos internacionales aseguran que este tiempo será suficiente para saber qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), tienen como meta principal durante el segundo periodo de seis meses de su mandato en el caso Ayotzinapa, dar con el paradero de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Los cinco especialistas se quedarán por seis meses más en México, tiempo que debe ser “necesariamente suficiente” para encontrar a los estudiantes.
“Hemos tomado la decisión de que es necesariamente suficiente; es decir nosotros hemos hablado de que en esta segunda etapa, trabajaremos más intensamente que los primeros seis meses para intentar dar con el paradero de los muchachos. Esa es nuestra es decisión y pretensión”, dijo Ángela María Buitrago.
La experta aseguró que seis meses no son suficientes para investigar un delito de desaparición, pero que en el caso de los 43, los cinco expertos harán lo necesario para dar los “mayores elementos posibles como coadyuvantes de la PGR [Procuraduría General de la República] para que se logre el objetivo final que es el hallazgo de dónde están los 43 normalistas”, expuso.
A la fecha hay nuevos hallazgos y evidencia que se encuentra en análisis. Hay nuevos lugares en donde, a solicitud del GIEI, acudirán las autoridades a realizar búsquedas.
“El Grupo ha señalado a la nueva unidad la importancia de que no se fragmente la investigación de escenarios de búsqueda conexos y que deben estar acumulados en el caso. Además, ha pedido que se procese una evidencia recogida que aún no ha sido analizada y que se acumule a la investigación 01/2015 con participación de peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al igual que en otros escenarios”, agregó.
Los expertos siguen estudiando el tema del quinto autobús. Actualmente se encuentran cotejando que el vehículo presentado por la PGR, sea el mismo que salió de la central de autobuses con estudiantes a bordo la noche del 26 de septiembre.
Debido a las “fuertes contradicciones en la información existente”, el grupo solicitó que se revisen las reconstrucciones realizadas posteriormente sobre el autobús, como si éste estuviera plenamente identificado, y que deben ser reconsideradas a la luz de la evidencia.
Ángela Buitrago también informó que el GIEI solicitó a la PGR indagar si existe la posibilidad de obstrucción y destrucción de evidencia en la indagatoria abierta por los 43 normalistas desaparecidos.
Aún buscan dos videos desaparecidos en la escena: uno de las cámaras colocadas en el Palacio de Justicia y otro que fue tomado por un miembro del 27 Batallón destacado en Iguala, Guerrero.
Sobre ambos videos hay evidencia de que existieron y también versiones que indican que es evidencia que se perdió en el camino o que alguien mantiene oculta.
NO HUBO INCENDIO EN EL BASURERO DE COCULA
El GIEI reveló que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la PGR, no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014 .
La evidencia fue otorgada por una institución meteorológica, la cual reservaron su nombre, por tratarse de información delicada en el expediente, a solicitud de la misma Procuraduría.
Ángela Buitrago reveló que las imágenes satelitales, entregadas el 30 de septiembre de este año, indican que entre la 1:00 y 4:00 de la madrugada del 27 llovió en la zona con una precipitación de 21.8 milímetros.
“El hecho de que no sea en el basurero de Cocula, no genera la liberación automática de los presuntos responsables. No quita la desaparición de los muchachos, que fueron tomados y llevados por policías. La desaparición existe”, dijo Carlos Beristain, otro de los expertos, sobre los más de 100 detenidos por la PGR en torno a la “verdad histórica”.
Los expertos informaron que le indicaron a la PGR que no es necesario realizar un segundo peritaje en el basurero de Cocula, porque éste no existió.
En cuanto a la nueva evidencia científica de lo ocurrido en el basurero, los expertos de la CIDH dijeron que a raíz de la petición de la PGR de realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, se tomó el acuerdo conjunto de establecer las características de los peritos y las condiciones adecuadas para hacer un nuevo dictamen.
En la actualidad, la PGR trabaja con el GIEI en dicho proceso de selección, definición de la metodología y de los tiempos de trabajo. “Se están traduciendo al inglés los insumos para el nuevo dictamen, entre ellos el material de José Torero –el experto peruano en fuegos– y de los peritajes de la PGR, y una síntesis de las declaraciones de los inculpados, que serán enviados previamente para su estudio a los expertos en fuego que participen”, informó el GIEI.
El Grupo de Expertos planteó que no hay ninguna constancia en el expediente, ni en declaraciones de inculpados ni en la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, “de que un grupo mucho más reducido de normalistas fuera llevado a dicho basurero”, por lo que pidió no especular sobre nuevas hipótesis sin base y que los objetivos del peritaje se centren en evaluar los hechos señalados.
En septiembre, el perito independiente José Torero Cullen indicó a través de un peritaje de la dinámica del fuego en el basurero de Cocula y concluyó que no existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la PGR.
En entrevista con SinEmbargo, el perito dijo que la PGR ponía en duda el peritaje independiente que él realizó por petición de los expertos del GIEI y volcaba la atención sobre un tema que debió ya ser descartado, en lugar de investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente y otras revelaciones del informe.
“Esta investigación se hizo como una investigación independiente. Lo que yo entendí es que en un principio la PGR y el Gobierno iban aceptar esa investigación y en función a eso seguir trabajando para resolver este problema. Lo que han hecho es objetar la investigación y en el momento que lo hacen, se genera un debate enorme acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula”, dijo.
El perito prosiguió: “Si una analiza lo que está pasando, básicamente no estamos eliminando esa posibilidad [la quema de los 43 estudiantes en el basurero], sino que nos estamos enfocando nuevamente en ella”.
Torero fue contundente: no existe la posibilidad de que otros peritajes serios avalen la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam: que los 43 fueron quemados e incinerados en el basurero de Cocula. Eso nunca ocurrió, afirmó.
El experto encontró evidencia de pequeños fuegos o fogatas encendidas en ese basurero, de hasta tres a cinco años atrás.
La versión de la PGR se sostiene solamente en declaraciones de inculpados, completamente imposibles.
“Si uno agarra los testimonios de los inculpados, ellos dicen que había un incendio de una magnitud enorme, podríamos olvidarnos de los cadáveres, la incineración del cuerpo y nada, simplemente agarremos el testimonio de los inculpados que dicen que había un incendio de dimensiones de 15 metros por cuatro metros: con un incendio así toda la vegetación y la basura del basurero debió ser involucrado. Eso no se puede esconder, no hay manera de esconder que la hipótesis que se basa en testimonios es incorrecta. No hay evidencia material”, dijo.
DE NUEVO MILITARES INACCESIBLES
El grupo de expertos demandó nuevamente acceso a las declaraciones de militares del 27 Batallón. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.
Ayer, el GIEI enfatizó en la necesidad de estar presentes en la ampliación de declaración de los militares del 27 Batallón, en Iguala. Luego de una revisión de los últimos tomos del expediente, los expertos se percataron de que entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre declararon varios militares, sin que el Grupo fuera informado.
Destacaron la necesidad de que se amplíen las declaraciones, pues lo que hay en el expediente no es suficiente para aclarar la participación e información que los militares poseen sobre lo sucedido esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
Los militares estuvieron en al menos cuatro de los escenarios estudiados por los expertos la noche de la desaparición.
El GIEI recordó que durante nueve meses, a pesar de contar con declaraciones muy relevantes de numerosos militares tomadas en diciembre de 2014 sobre aspectos específicos de los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal información, no la contrastó con otras fuentes y no recabó el material fotográfico en posesión de miembros del ejército, tal como alertó el GIEI.
“Los días 26 de agosto y 11 de septiembre pasados, 11 militares se presentaron a dar su declaración o a ampliar la misma ante la PGR, sin que esto se informara al GIEI. Estos 11 militares están en la lista de 27 proporcionada por el Grupo a las autoridades en abril de 2015, como parte de los que requiere entrevistar. El Grupo ya analizó sus declaraciones, sin embargo, debido a la forma cómo se toman las declaraciones, no se sabe qué preguntó el Ministerio Público en tales entrevistas. Sus declaraciones dejan igualmente muchos aspectos clave pendientes de profundizar, pues no se responden ni se evalúan”, denunciaron.
Los expertos pidieron volver a entrevistar a todos los militares, para desahogar las preguntas contenidas en un documento realizado por el GIEI. Sin embargo, el Grupo señaló que si no está presente en dichas entrevistas, no podrá evaluar la calidad de la información aportada, ni repreguntar sobre la misma, ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves. La ampliación o toma declaraciones de agosto es una muestra de ello.
El Grupo también pidió agilizar los trámites legales para concluir la evaluación de la autopsia hecha a Julio César Mondragón, y aclaró que el normalista Aldo Gutiérrez se encuentra en estado vegetativo y no de muerte cerebral como se ha manejado.
Los expertos ofrecieron la rueda de prensa en el marco de su segundo mandato de seis meses sobre el caso, que expira en abril de 2016, luego de que la CIDH y el gobierno sellará una segunda etapa de trabajo sobre la base de 10 compromisos, entre ellos el cambio de la oficina que lleva la investigación del caso.
PGR PIDE NO ADELANTAR CONCLUSIONES SOBRE INCENDIO
Luego de que el GIEI reveló que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la PGR, no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014, la dependencia federal pidió no adelantar conclusiones y no descartar la posibilidad de un incendio con base en la revisión aislada de imágenes satelitales y meteorológicas, sin considerar integralmente otros elementos.
“Es indispensable agotar el estudio de todos los elementos que requieren analizarse en este evento, sin adelantar ninguna conclusión, como puede ser la revisión aislada de imágenes satelitales y meteorológicas, sin considerar integralmente otros elementos”, expuso la PGR en un comunicado difundido la anoche.
La PGR informó que acordó con el GIEI la realización de un nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, mismo que contará con la participación de un grupo colegiado de especialistas de reconocido prestigio internacional, quienes comenzarán su trabajo en las próximas semanas.
“Debe referirse que el interés de realizar este nuevo estudio obedece a la necesidad, indicada en el propio informe del GIEI de septiembre de este año, de contar con un análisis exhaustivo en esta materia para que se establezca una posición científica definitiva al respecto”, destacó.
La dependencia federal reiteró que la investigación sobre los lamentables hechos ocurridos en Iguala, en septiembre del año pasado, permanece abierta y se sigue trabajando en ella ya que su esclarecimiento es una prioridad para el Estado Mexicano, contando con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el marco de la prórroga conclusiva de su gestión solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició el pasado 31 de octubre.
El GIEI aclaró que se debe agilizar los trámites legales para concluir la evaluación de la autopsia hecha a Julio César Mondragón, y aclaró que el normalista Aldo Gutiérrez se encuentra en estado vegetativo y no de muerte cerebral como se ha manejado.
El Grupo de Expertos de la CIDH en la conferencia de prensa de esta mañana. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) reveló hoy que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014 .
La evidencia fue otorgada por una institución metereológica, de la cual no dieron el nombre por reserva de información en el expediente, a solicitud de la misma Procuraduría.
Angela Buitrago, del Grupo de Expertos reveló que las imágenes satelitales, entregadas el 30 de septiembre de este año, indican que entre la 1:00 y 4:00 de la madrugada del 27 llovió en la zona con una precipitación de 21.8 milímetros.
“El hecho de que no sea en el basurero de Cocula, no genera la liberación automática de los presuntos responsables. No quita la desaparición de los muchachos, que fueron tomados y llevados por policías. La desaparición existe”, dijo Carlos Beristain sobre los más de 100 detenidos por la PGR en torno a la “verdad histórica”.
El GIEI enfatizó en la necesidad de estar presentes en la ampliación de militares del 27 Batallón. Luego de una revisión de los últimos tomos del expediente, los expertos se percataron de que entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre declararon varios militares, sin que el Grupo fuera informado.
Destacaron la necesidad de que se amplien las declaraciones, pues lo que hay en el expediente no es suficiente para aclarar la participación e información que los militares poseen sobre lo sucedido esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
Los militares estuvieron en al menos cuatro de los escenarios estudiados por los expertos la noche de la desaparición. El GIEI indicó que hay nuevos lugares de búsqueda para la PGR, sin mencionar los nombres por confidencialidad de la investigación.
El Grupo aclaró que se deben agilizar los trámites legales para concluir la evaluación de la autopsia hecha a Julio César Mondragón, y aclaró que el normalista Aldo Gutiérrez se encuentra en estado vegetativo y no de muerte cerebral como se ha manejado.
En cuanto a la nueva evidencia científica de lo ocurrido en el basurero, los expertos de la CIDH dijeron que a raíz de la petición de la PGR de realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, se tomó el acuerdo conjunto de establecer las características de los peritos y las condiciones adecuadas para hacer un nuevo dictamen.
En la actualidad, la PGR trabaja con el GIEI en dicho proceso de selección, definición de la metodología y de los tiempos de trabajo. “Se están traduciendo al inglés los insumos para el nuevo dictamen, entre ellos el material de José Torero y de los peritajes de la PGR, y una síntesis de las declaraciones de los inculpados, que serán enviados previamente para su estudio a los expertos en fuego que participen”, informó el GIEI.
El Grupo señaló que no hay ninguna constancia en el expediente, ni en declaraciones de inculpados ni en la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, “de que un grupo mucho más reducido de normalistas fuera llevado a dicho basurero”, por lo que pidió no especular sobre nuevas hipótesis sin base y que los objetivos del peritaje se centren en evaluar los hechos señalados.
Dijo que la PGR, a petición del GIEI, pidió un estudio a un centro especializado en meteorología sobre la situación en la zona de Cocula-Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
El estudio, realizado el 30 de septiembre de 2015 por dicho centro, tras la publicación del informe del GIEI, señala en sus conclusiones que la estación meteorológica de Iguala tuvo una precipitación acumulada de 21.8 mm de la 1 am a las 4 am del 27 de septiembre de 2014. Aunque no se consiguieron registros sobre Cocula, el informe señala que los pronósticos e imágenes de nubes muestran un perfil similar.
En el estudio citado, el monitoreo satelital muestra un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, mismo que no corresponde a las coordenadas de Cocula. Dicho informe concluye que: “sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y que no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días”.
El GIEI consideró que este análisis apoya totalmente las revelaciones incluidas en su informe y que debe ser aportado como un material fundamental en la realización de cualquier estudio.
Además, reiteró que quieren participar en las entrevistas los soldados del Batallón 27 de Infantería, asentado en Iguala, y denunció que no fueron invitados por la PGR a la toma de declaración de 11 militares el 26 de agosto y el 11 de septiembre pasados.
Los expertos ofrecieron la rueda de prensa en el marco de su segundo mandato de seis meses sobre el caso, que expira en abril de 2016, luego de que la CIDH y el gobierno sellará una segunda etapa de trabajo sobre la base de 10 compromisos, entre ellos el cambio de la oficina que lleva la investigación del caso.
El Estado mexicano aceptó integrar el informe de los expertos de la CIDH en la investigación del Caso Iguala. La investigación saldrá de la SEIDO, acordaron ambas partes.
Manifestantes se congregaron afuera de las Audiencias de la CIDH. Foto: Especial.
Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– El Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó hoy en audiencia pública realizada en Washington que el Estado mexicano aceptó trabajar con ellos en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Ángela Buitrago, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), anunció que el día de ayer se firmó un documento con el Estado mexicano en el que acordaron que los especialistas seguirán siendo coadyuvantes en la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el 26 de septiembre del año pasado.
Buitrago dijo que se acordó que la investigación salga de forma inmediata de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se ponga en manos de Eber Omar Betanzos Torres, nuevo titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDDHPDSC).
El GIEI y el Estado mexicano acordaron que el nuevo peritaje en el basurero de Cocula que anunció la Procuraduría General de la República (PGR) será realizado con el consenso de ambas partes. El Estado aceptó integrar el informe de los expertos de la CIDH en la investigación, así como abrir nuevas líneas de investigación propuestas por el GIEI.
En medio de un intercambio de preguntas y aclaraciones sobre la necesidad de que el GIEI entreviste frente a frente a los miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano con destacamento en Iguala, Guerrero, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Roberto Campa Cifrián, dio como respuesta que sólo podrán ser entrevistados a través del Ministerio Público.
Roberto Campa Cifrián recalcó además que el acuerdo que se firmó ayer entre el GIEI y el Estado mexicano, consta de sólo 10 puntos y omite el tema las entrevistas presenciales de los expertos con los militares.
El comisionado de la CIDH James L. Cavallaro le preguntó a Campa si el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, estaba sobre el Presidente Enrique Peña Nieto y si era él quien decide si se interrogaba o no a los militares.
“La respuesta puntual es que en México, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República. En el tema vinculado con la declaración de los miembros del batallón, me parece importante destacar, para identificar cuáles son las preocupaciones principales con respecto a la investigación, que no forman parte de los acuerdos que se tomaron ayer. Me parece relevante destacarlo”, contestó.
Ángela Buitrago, miembro del GIEI respondió:
“Como expertos hemos realizado seis peticiones a la par, sobre la necesidad de entrevistar a los miembros del batallón. En la continuación del mandato está la verificación de las solicitudes que hemos hecho. Lo que no entendemos como Grupo de Expertos, es porqué en el caso concreto del batallón, siempre hay una respuesta evasiva, frente a la necesidad de verificar una serie de información que le pusimos enfrente a la PGR. Seguimos insistiendo y con el mayor y profundo respeto Subsecretario Campa, este documento que firmamos ayer, lo contiene”, indicó.
Los expertos del GIEI aclararon ante la Presidenta de la CIDH Rose Marie Antoine, que entre sus expectativas está el entrevistarse frente a frente con los miembros del 27 Batallón.
Previo a que diera inicio la audiencia sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, un grupo de manifestantes se congregó afuera de la sede de la Comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con una manta que decía: “Desaparecidos, presentes! Ayotzinapa, presente!!”.
Este martes, la Comisión aborda la situación de los derechos humanos en México, con audiencias sobre el uso de la fuerza en las políticas contra las drogas, las ejecuciones extrajudiciales y en la que comparecen el grupo de expertos que investiga la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa.
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