Ángela Buitrago destacó que la investigación por la desaparición de los normaliastas evidenció que el Estado mexicano no puede recurrir a la tortura como medio de investigación porque ahora sabe que es una consecuencia directa de la pérdida de pruebas.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha demostrado que el Estado mexicano debe dejar de usar la tortura como medio de investigación, aseguró Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Entrevistada en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela y que se transmite por SinEmbargo al Aire en la plataforma de YouTube, la abogada destacó el daño que ha ocasionado la tortura de autoridades a personas investigadas por la desaparición de los normalistas.
Buitrago expuso que la tortura ha provocado “no solo la nulidad de las pruebas, sino la pérdida de información que podría ser cierta, y esto lleva también a la reflexión: El Estado no puede acudir a la tortura como medio de investigación porque sabe que es una consecuencia directa de su actitud la pérdida de prueba y por lo tanto, la impunidad”.
Destacó que con la creación de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa el cerco de la autoridad se ha ampliado a tres clases de responsables: “A los que realizaron el acto de agresión contra los desaparecidos y se los llevaron, a los que realizaron una investigación que impidió dar con el paradero de los estudiantes y a los que a través de la tortura generaron la pérdida de información y, obviamente, las decisiones inclusive de absolución o de pérdida de información”.
Ángela Buitrago también recordó que durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto el GIEI recibió una seria de ataques por parte de algunos periodistas, pero afirmó que se sobrepusieron colaborando para esclarecer el caso con la administración actual.
–El clima que había contra ustedes en específico contra el GIEI en el Gobierno de Peña y el que existe hoy, ¿qué enfrentaron en aquellos años, el acoso, el hostigamiento, incluyendo el mediático? –cuestionó Álvaro Delgado.
–Yo creo que hay cosas que uno prefiere olvidar, esas son unas de las cosas. Pero sí es bueno decirlo, también hay algunos periodistas en particular que todavía siguen generando esa posición. Deberían realizar un acto de verificación de todo lo que significa esta cartografía de la violencia. Creo que cuando recibimos los mayores golpes mediáticos, en particular de, y lo digo claramente, en particular de unos pocos periodistas, lo hacían dentro de una función que cumple, una labor que cumplen que no es propiamente la periodística, si no era de agresión. Por eso digo yo, prefiero dejarlo en el olvido, pero fueron dos años en donde permanentemente se atacó al GIEI y lo único que quiere y seguirá queriendo el GIEI es colaborar en la investigación para el esclarecimiento de los hechos.
Tan es así que el nuevo Gobierno inmediatamente se posesiona, tramita la solicitud de reintegro del GIEI, entendiendo, por la petición de los padres, que podemos apoyar de una u otra manera. Creo que hemos trabajado de la mano con Secretaría de Gobernación, en las instituciones, aportando en la medida del conocimiento y de la capacidad que tenemos sobre la base de las experiencias y de los diferentes especialidades que tenemos –respondió Ángela Buitrago.
Y agregó: “Lo único cierto es que la realidad nos muestra que era mucho más grave la situación que la que nosotros mencionamos a la salida en el año 2016. Era mucho más grave porque nosotros hablamos de las torturas, ahí está; hablamos de las simulación en San Juan, ahí está. Hablamos de todos los elementos que poníamos en necesidad de conocer la información y gracias también a la apertura actual se ha podido abrir esos espacios. Así que yo creo que la historia nos permite decir categóricamente que había elementos que se veían claramente desde esa época que no eran invenciones y que hoy en día no sólo se ratifican, sino se magnifican”.
Buitrago resaltó que ahora se sabe que la tortura, el ocultamiento y el uso de documentos falsos, llevaron a perder información fundamental y se evidenció “un método simulador y mentiroso” usado por las autoridades.
La abogada también reconoció la apertura de la Secretaría de Gobernación, la Presidencia y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como lo logrado al colaborar con testigos de los hechos.
“Los avances significan también poder haber logrado encontrar el nivel en donde se establezca también colaboración de los perpetradores y colaboración de los testigos para incluso halla nuevamente dos restos de dos estudiantes que todavía no habían sido establecidos, como el caso de Cristian Rodríguez y el caso de Jhosivan Guerrero de la Cruz”, mencionó.
La también integrante de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa reconoció que el Estado aún tiene grandes pendientes con las familias de los estudiantes, quienes, a siete años de las desapariciones, exigen saber dónde están sus hijos.
