Un contingente de aproximadamente 200 personas se dirigen a la Procuraduría General de la República para exigir la destitución de Tomás Zerón por la manipulación de pruebas en el río San Juan, durante la investigación del GIEI.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marchan a la PGR. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
Ciudad deMéxico, 26 mayo (SinEmbargo).– Los padres de los 43 normalistas desaparecidos iniciaron una marcha desde el Ángel de la Independencia a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir justicia tras 20 meses de los hechos de Iguala Guerrero.
La principal consigna es la destitución de su cargo de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por la manipulación de la escena del crimen en el río San Juan.
A diferencia de otros meses, el contingente está conformado por unos cientos y no miles.
El contingente estuvo conformado sólo por los padres, algunos estudiantes y miembros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata.
La cantidad de personas que acompaña el contingente es menor que en meses anteriores. Foto: Valentina López, SinEmbargo.
Los padres de los 43 se apostaron frente a la puerta principal de la PGR y encabezaron un mitin en donde exigieron la destitución de Tomás Zerón de Lucio.
“Hace una semana le dijimos a Arely Gómez la separación del cargo de Tomás Zerón y cada día vamos a aumentar las acciones, no vamos a permitir que una persona que ha incurrido en múltiples irregularidades continúe al frente de Agencia de Investigación Criminal”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres.
Los padres acusan a Zerón de Lucio de su sufrimiento, porque sembró evidencia en el río San Juan, violó la Ley y puso obstáculos a los familiares para encontrar a sus hijos desaparecidos.
“Nosotros queremos ver ese mecanismo internacional, pero si ese personaje sigue ahí, va a inventar otra verdad”, dijo Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
Los familiares indicaron que Zerón es el “artífice de la verdad histórica”, por lo que exigieron además de su destitución, una investigación profunda sobre su actuar al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Los padres de los normalistas desaparecidos marcharon 20 meses después, para exigir la aparición de sus hijos. Foto: Valentina López, SinEmbargo
A pesar de la lluvia los padres marcharon. Foto: Valentina López. SinEmbargo
Los padres de los 43 se apostaron frente a la puerta principal de la PGR. Foto: Valentina López, SinEmbargo
Los familiares indicaron que Zerón es el “artífice de la verdad histórica”. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo
Activistas y organismos internacionales reprobaron la actuación del Gobierno mexicano hacia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que este domingo rindió su último informe sobre el caso Iguala. Las conclusiones acusan que no se siguieron líneas de investigación clave, que se manipuló evidencia y que se protege a sospechosos. La PGR afirma que seguirá las recomendaciones de los expertos independientes.
Los representantes del GIEI en la presentación de su informe final. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.
Por Sandra Rodríguez y Shaila Rosagel
Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, muestra una división dentro del Estado, así como una nueva mancha en el historial de violaciones a los derechos humanos que ya acumula el Gobierno mexicano, consideraron activistas y organismos internacionales.
El informe del GIEI, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contradice la versión oficial de los hechos y critica la investigación del Gobierno mexicano hasta la fecha.
Acusa al Gobierno de no haber seguido líneas de investigación clave, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechados de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”. El Gobierno negó un pedido de los expertos y familiares de extender su mandato y continuar con su investigación.
Mary Speck, directora del Crisis Group para México y América central, consideró que el informe no sólo deja una vez más en evidencia la crisis de derechos humanos en el país sino que también muestra una división dentro del mismo Estado mexicano, ya que el haber permitido la operación del GIEI muestra que hay un sector dentro del Gobierno que sí busca que se resuelva el tema de los normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, pero al negarse a que continuara su mandato, demuestra que otro parte no quiere esclarecer la situación.
“Por lo que hemos escuchado [la relación entre los expertos y el Gobierno] ha terminado de la peor manera para el Gobierno y para las víctimas que en lugar de esclarecer la situación se quedan con más preguntas que respuestas. El Gobierno tiene que reconsiderar la posibilidad de extender si no el mandato del GIEI, el de algún otro grupo independiente, con apoyo internacional, que pueda esclarecer este caso y los otros de desaparición forzada. En Guerrero la violencia está aumentado, no hay soluciones, como dijeron al final, es una encrucijada de la que México tiene que salir”, expresó.
Consideró que la partida del GIEI muestra un “Estado dividido: el Estado los invitó, hay gente que los quiere, por eso no debemos condenar a todo el Estado; hay divisiones y bloqueos que no se explican ¿por qué invitarlos y luego no participar [en el trabajo del grupo]?”.
El último informe del GIEI afirma que la última vez que se usaron los teléfonos de algunos normalistas desaparecidos fue después de que se reportaron como desaparecidos. Foto: Twitter @GIEIAYOTZINAPA
En un comunicado, Amnistía Internacional (AI) consideró que el informe del grupo de expertos representa “una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del Gobierno mexicano”.
“La determinación absoluta del Gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites,” dijo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes, negar el pedido de extender el mandato del GIEI y no haber estado en la presentación hoy, las autoridades Mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto”, agregó el comunicado.
“La respuesta oficial a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de tres personas es la trágica ilustración de la actitud que tiene Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: Esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen. Esto no es solo ilegal, es inmoral y es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas”, añadió.
El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia Zardain, expuso que la manera en la que los integrantes del GIEI se van de México, no sólo cuestionando la investigación oficial, sino acusando al Gobierno de obstruir su labor, habla aún peor del Gobierno.
“Se ve que hay una falta de voluntad del Gobierno de México, un Gobierno que es partidocracia de criminales que no está dispuesto a servir al país sino a intereses de otros grupos”, expresó.
A su juicio, el tema Ayotzinapa es la muestra de que el sistema está “completamente podrido, no hay voluntad política, lo que requerimos es un cambio radical, decisivo, así no se puede”.
LA REACCIÓN DEL GOBIERNO
Tras conocer el último informe del GIEI, el Presidente Enrique Peña Nieto, expresó a través de su cuenta de Twitter que “La @PGR_mx analizará el informe completo, para enriquecer su investigación sobre los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
Peña Nieto agradeció la “información” y “recomendaciones” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Con apertura, responsabilidad y apego a Derecho, la @PGR_MX seguirá trabajando para que haya justicia”, escribió el Presidente en el último de sus tres mensajes.
Posteriormente, en un mensaje a medios, Eber Omar Betanzos Torres, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, aseguró que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público.
Y afirmó que la confianza entre víctimas y autoridades “es fundamental”, para la solución del caso, misma que dijo, “se ha fortalecido”. Se comprometió a que la PGR mantendrá el acercamiento con los familiares de los desaparecidos, intensificará las búsquedas, analizará las nuevas evidencias y tendrá reuniones constantes con expertos.
Anunció también que esta semana se dará a conocer un informe con toda la investigación sobre la desaparición de los normalistas, que incluye 201 tomos y 14 anexos.
Con antorchas, carteles y la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, los manifestantes quemaron simbólicamente dos libros que representaban la “verdad histórica”.
Los asistentes pintaron en la valla del edificio el mensaje: “Desencuartelen la verdad” Foto: especial
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– Padres y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestaron frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Paseo de la Reforma, CDMX.
La manifestación ocurrió luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) emitió un dictamen en el cual dice que no existe evidencia científica que asegure que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, desmintiendo así la “verdad histórica” del ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam.
Con antorchas, carteles y la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, los manifestantes quemaron simbólicamente dos libros que representaban la “verdad histórica”.
Mario González, padre de uno de los desaparecidos, utilizó un megafono para exclamar: “Refrendamos lo que siempre dijimos, que fue un montaje de las autoridades del Gobierno”. Melitón Ortega, otro de los padres de los desaparecidos, expresó que la Procuradora, Arely Gómez, debe investigar a Jesús Murillo Karam, por afirmar que los normalistas fueron incinerados en el basurero.
Al termino de la protesta, los asistentes pintaron en la valla del edificio el mensaje: “Desencuartelen la verdad” y sobre el pavimento colocaron un enorme “43”.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
