Este domingo colectivos marcharon para protestar por la construcción de un museo en el Jardín Botánico Nezahualcóyotl, del Bosque de Chapultepec, al asegurar que el proyecto implicaría un ecocidio.
Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Colectivos marcharon este domingo en protesta por el proyecto para construir un museo en el Jardín Botánico Nezahualcóyotl, ubicado en la primera sección de Chapultepec, en la Ciudad de México.
A través de redes sociales se difundieron imágenes de la manifestación que se realizó a las afueras del Jardín, en la que solicitaron a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno capitalino, que detenga la construcción del recinto de arte contemporáneo que está a cargo del artista Gabriel Orozco.
Los inconformes aseguraron que el proyecto es un ecocidio, debido a que el jardín cuenta con 52 mil metros cuadrados, en los que se encuentran decenas de ahuehuetes, fresnos y más de 300 variedades de especies exóticas, entre ellas un orquidiario.
Integrantes de la organización Frente Ciudadano por la Mejora y Defensa de Chapultepec pidieron a la mandataria capitalina que el museo se construya en otro lugar, por ejemplo, en el Parque Bicentenario. Incluso, recordaron que ya existen dos museos de este tipo, el de Arte Moderno y el Tamayo, por lo que sería redundante otro de este género.
En su lugar, exigieron que se destinen mayores recursos para el jardín botánico, pues consideraron que debe ser rehabilitado, ya que, afirmaron, en los dos últimos años los han ido abandonando.
Asimismo, solicitaron al Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec, que apoya el proyecto del museo, que dé claridad de éste, ya que refirieron el objetivo del organismo es recaudar fondos para que se preserve y rehabilite el Bosque de Chapultepec en beneficio de toda la ciudadanía.
Desde hace meses el Frente Ciudadano para la Mejora y Defensa del Bosque de Chapultepec denunció la tala de árboles en la Tercera Sección del pulmón de la Ciudad de México, donde se pretende construir el Pabellón de Culturas Urbanas como parte del proyecto biocultural más grande del país, el “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura” que contará con mil 100 millones de pesos para este año.
Este colectivo de ciudadanos y académicos ha rechazado el proyecto federal de restauración e interconexión de las secciones del Bosque coordinado por el artista Gabriel Orozco porque, han acusado, implica la reubicación del Orquidiario del Jardín Botánico y, ya habían advertido, la tala de árboles.
“En la Tercera Sección –la más abandonada en palabras de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum– tienen semanas que están haciendo el experimento de ‘Islas de Fertilidad’ (permacultura). Es una técnica utilizada por un artista brasileño, quien la utilizó en el Amazonas. Pero los biólogos y los especialistas en árboles afirman que de acuerdo a la particularidad del suelo de Chapultepec no es posible implantar la misma técnica”, dijo Pablo Gaytán, sociólogo miembro del colectivo, quien aseguró que se trata de 750 árboles talados.
A pesar de las denuncias públicas e intervención de organismos de gobierno para defender el Valle de Guadalupe, la agencia APM Producciones aseguró que contaba con todos los permisos necesarios.
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de octubre (AP).- Defensores de la región vitivinícola de Valle de Guadalupe en México protestaron el sábado contra el desarrollo inmobiliario desenfrenado que —afirman— amenaza el medio ambiente y la agriculturade la zona.
El sábado, las autoridades federales anunciaron haber parado los trabajos de limpieza en un terreno donde se utilizó maquinaria para retirar vegetación natural de una parte semidesértica en una ladera donde se pretende construir un escenario para conciertos.
“A partir de denuncias públicas, esta madrugada la autoridad federal inspeccionó y clausuró un predio donde se pretende instalar un foro de conciertos masivos”, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un comunicado de prensa.
Los manifestantes del grupo “Por un Valle de Verdad” se reunieron cerca para protestar con el lema “más viña, menos rapiña”.
“Esta es la devastación de la flora y fauna de más de 20 hectáreas de zona agrícola que realiza en El Valle de Guadalupe el grupo APM Producciones”, señaló el grupo en un comunicado. “Una obra sin la menor consideración por el medio ambiente”.
APM Producciones afirmó en su propio comunicado que el proyecto tenía todos los permisos necesarios y sólo abarcaba 4.4 hectáreas (nueve acres). Señaló que el proyecto final incluiría la construcción de viviendas y plantación de árboles y viñas.
La compañía sostuvo que se efectuará un concierto previsto para el fin de semana.
Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales subrayó que los desarrolladores no cuentan con un permiso para cambiar el uso de suelo de la propiedad.
El espacio del Valle de Guadalupe iba a ser ocupado para el desarrollo de conciertos masivos, cosa que no agradó a los locales, manifestándose al respecto. Foto: Omar Martínez, Agencia Cuartoscuro.
La zona situada entre Ensenada y la ciudad fronteriza de Tijuana se ha convertido en víctima de su propio éxito como la respuesta en México al preciado Napa Valley de California.
Rutas del vino, hoteles, apartamentos de lujo y lugares de entretenimiento amenazan el agua ya de por sí escasa, la capa de tierra poco profunda y la relativa calma de la región.
Aunque es un poco más polvorienta y accidentada en su perímetro que Napa Valley, la zona vinícola de Baja California tiene numerosos viñedos a lo largo de una carretera principal conocida como la Ruta del Vino.
Esta meca del vino de veloz crecimiento y a sólo dos horas al sur de San Diego cuenta con hoteles de moda tipo boutique, un impresionante panorama culinario y más de 100 cavas.
La asamblea acusó al Gobierno capitalino de beneficiar a desarrolladores inmobiliarios e incluso lo calificó de “corrupto y ecocida”.
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco, de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, denunció la tala ilegal de árboles cerca de la construcción de la Torre Mítikah. Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente aseguró que se trató de un “transplante autorizado”.
A través de su cuenta de Twitter, la organización señaló que un grupo de personas no identificadas estaban talando varios árboles de la calle Real de Mayorazgo, durante la mañana de este miércoles.
En los tuit, la Asamblea de Xoco detalló que en un inicio el personal que taló los árboles no se identificó ni exhibió “permiso alguno”, por lo que solicitaron el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
— Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco (@AsambleaXoco) August 25, 2021
La organización ahondó que sólo a los uniformados, el personal de la Torre Mítikah les mostró los permisos correspondientes, los cuales, aseguró la Asamblea, “no exhiben a la comunidad”, por lo que exigieron que “pare el asedio y los daños ambientales a Xoco”.
Acaba de llegar a nuestro llamada la fuerza Pública y sólo a ellos personal de @TorreMbyMitikah, sale para exhibir supuestos permisos, mismos que no exhiben a la comunidad. Exigimos se pare el asedio y los daños ambientales a #Xocopic.twitter.com/GRKmJ55dPU
— Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco (@AsambleaXoco) August 25, 2021
En otro video que se difundió, la organización cuestionó los trabajos que se realizaban, pues afirmó que sólo respondían a intereses comerciales sin tomar en cuenta “al Pueblo”.
“Por qué tanta saña y agresión al Pueblo de Xoco? Por qué empecinarse en dañar nuestro hábitat y entorno ecológico por intereses meramente comerciales?”. Aquí solo se validan el poder del dinero está por encima de los derechos el pueblo. Basta del ecocidio en #Xoco!!! (sic)”, enfatizó.
Por qué tanta saña y agresión al Pueblo de Xoco? Por qué empecinarse en dañar nuestro hábitat y entorno ecológico por intereses meramente comerciales? Aquí solo se validan el poder del dinero está por encima de los derechos el pueblo. Basta del ecocidio en #Xoco!!! pic.twitter.com/bgKruEkXa0
— Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco (@AsambleaXoco) August 25, 2021
En una última publicación, la Asamblea mostró varios árboles que fueron talados, así como algunas láminas que utilizaron para tapar los hoyos que quedaron.
“Varios árboles talados, y utilizan sus propias láminas para tapar los hoyos que dejan, para eso querían los tápiales que retiramos el pasado 14 de agosto, para que el pueblo no pudiera observar la tala clandestina de los árboles (sic)”, indicaron.
Varios árboles talados, y utilizan sus propias láminas para tapar los hoyos que dejan, para eso querían los tápiales que retiramos el pasado 14 de agosto, para que el pueblo no pudiera observar la tala clandestina de los árboles pic.twitter.com/M6JK47OPFx
— Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco (@AsambleaXoco) August 25, 2021
Tras la denuncia virtual, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) respondió, también mediante una publicación en Twitter, que la supuesta tala ilegal se trató de un “proceso es un trasplante autorizado”.
“Buenos días, les comentamos que la actividad en proceso es un trasplante autorizado”, y proporcionó un enlace para consultar los detalles de los trabajos.
Buenos días, les comentamos que la actividad en proceso es un trasplante autorizado, pueden consultar más información en el siguiente enlace: https://t.co/fCELV4yFon MM
Sin embargo, la organización replicó a la dependencia e incluso calificó al Gobierno capitalino de “corrupto y ecocida”, al que acusó de beneficiar a desarrolladores inmobiliarios. Mientras que, afirmó, la Sedema está “subrogando sus funciones ante un particular”.
“Desde este momento les advertimos que no permitiremos más la dilapidación ambiental de nuestro pueblo por parte de este gobierno corrupto y ecocida que beneficia única y exclusivamente a desarrolladores inmobiliarios, inobservando los derechos de los pueblos y habitantes”, advirtió la asamblea.
“Los pobladores de Xoco ni sus entes representativos como es la Asamblea o la COPACO, han sido notificados de dicha autorización”, añadió.
La deforestación en la selva amazónica escaló un 64 por ciento tan solo en abril de 2020, comparado con el mismo mes del año anterior y los pronósticos son pesimistas para el futuro.
Por Javier Romualdo
Los Ángeles, 28 mayo (EFE).- Activistas y personalidades del espectáculo como Jane Fonda, Carlos Santana, Sting, Morgan Freeman y Cara Delevingne participaron este jueves en un evento digital en favor de la Amazonía, donde la deforestación avanza sin frenos durante la pandemia del coronavirus.
A lo largo de más de tres horas de retransmisión por internet, celebridades de Hollywood, músicos y representantes indígenas alertaron de que el virus afecta de manera crítica a las comunidades que protegen el mayor bosque tropical del planeta con una consecuencia: Su destrucción se acelera.
La deforestación en la selva amazónica escaló un 64 por ciento tan solo en abril de 2020, comparado con el mismo mes del año anterior y los pronósticos son pesimistas para el futuro.
“El coronavirus tiene un efecto devastador para las comunidades indígenas que protegen el bosque, que son muy vulnerables ante la pandemia”, alertó el músico Carlos Santana en una de las intervenciones de “Artistas por la Amazonía”.
MÁS DE 92 MIL CASOS Y 5 MILMUERTES EN LA REGIÓN AMAZÓNICA
El evento se enmarcó en una campaña que busca recaudar fondos para prestar atención médica y evacuar en caso de necesidad a las poblaciones asentadas en esta región natural que abarca nueve países.
En la actualidad hay más de 92 mil casos y 5 mil muertes asociadas al coronavirus a lo largo de la Amazonía, informó la fundadora de Amazon Watch, Atossa Soltani.
La actriz Oona Chaplin (Game of Thrones) ejerció como conductora de la cita.
“No estamos solo para recaudar dinero, también para concienciar e informar de la mano de quienes conocen mejor la situación”, explicó.
A Chaplin se unió el oscarizado Jeff Bridges al recordar que la Amazonía es fundamental para “regular el clima del planeta” ya que además aporta el 20 % del oxigeno y retiene emisiones de carbono.
Ambos dieron la palabra a representantes indígenas que, en español, portugués e inglés, denunciaron la violencia con la que actúan los grupos criminales en sus asentamientos.
Por su parte entre los rostros conocidos, la modelo y actriz Cara Delevingne calificó de “ecocidio” la destrucción de los ecosistemas naturales y reclamó más atención de la comunidad internacional.
“La deforestación está envuelta en prácticas que incluyen esclavitud, tráfico humano y lavado de dinero”, añadió por su parte el pianista Herbie Hancock.
MÚSICA DE STING Y EL MENSAJE ESPERANZADOR DE MORGAN FREEMAN
Varias actuaciones musicales se intercalaron entre los discursos, como la que ofreció Sting, quien interpretó el tema “Fragile”, cuya letra -“a todos los nacidos bajo una estrella enojada, no olviden lo frágiles que somos”- cobró un nuevo sentido.
Sobre las estrellas habló después Barbra Streisand: “Hay más árboles en la Amazonía que estrellas en la vía láctea”.
Aunque fue Morgan Freeman quien dio el mensaje más esperanzador al recordar que “ahora tenemos una oportunidad sin precedentes para hacer las cosas diferentes y mejor”.
La organización del Catrina Fest generó diversas inconformidades entre los poblanos por los daños que causaría la realización del festival al parque y a los animales que se encuentran resguardados en dicho lugar.
Incluso los asistentes hicieron fila para ingresar al evento entre los patos que habitan en el Parque Ecológico, ya que dichas aves no pudieron ser resguardadas y se encontraron paseando por el parque mientras centenas de asistentes llegaban.
Por Jessica Zenteno
Ciudad de México, 9 de diciembre (PeriódicoCentral).- Las principales avenidas del Parque Ecológico amanecieron este domingo con montañas de basura, como cartones de cerveza, envolturas de comida, colillas y cajas de cigarrillos, envolturas de alimentos, plástico y unicel, generada por los asistentes y ambulantes instalados durante el Catrina Fest.
Este sábado 7 de diciembre, el Ecológico fue sede por primera vez del Festival Catrina, lo que dejó como resultado que los asistentes de forma irresponsable dejaran montones de desechos de basura en calles como la 24 Sur, 39 Oriente y la 30 Sur.
A través de redes sociales, vecinos del Parque Ecológico denunciaron que las calles terminaron completamente sucias, ya que había basura tirada a lo largo de las avenidas, que volaba y se propagaba a otras calles debido a la circulación de los automóviles.
Las principales avenidas del Parque Ecológico amanecieron con montañas de basura. Foto: Rayas
No obstante, alrededor de las 9:00 de la mañana el Organismo Operador de Limpia del Ayuntamiento de Puebla comenzó a recoger la basura acumulada como parte del compromiso que la empresa y la Comuna hicieron para la realización del evento en el sitio.
CENTRAL realizó un recorrido para verificar el estado del Parque Ecológico, sin embargo, la zona de los escenarios estaba protegida con vallas, que impedían la entrada al perímetro donde fueron instalados las carpas de alimentos y los cinco escenarios.
La organización del Catrina Fest generó diversas inconformidades entre los poblanos por los daños que causaría la realización del festival al parque y a los animales que se encuentran resguardados en dicho lugar.
Incluso los asistentes hicieron fila para ingresar al evento entre los patos que habitan en el Parque Ecológico, ya que dichas aves no pudieron ser resguardadas y se encontraron paseando por el parque mientras centenas de asistentes llegaban.
Algunos patos fueron vistos esquivando a las miles de personas que llegaban. Foto: Revista Rayas
Revista RAYAS publicó que cinco días antes de que se llevará a cabo el Festival Catrina, empezaron a llegar al Parque Ecológico tráilers y grandes estructuras que ingresaron a las instalaciones de este lugar, colocándolos incluso encima de árboles recién plantados.
Ante ello, el gobierno del estado de Puebla obligó a la empresa organizadora del festival a donar 400 árboles como “medida de mitigación”.
Fue a través de un boletín que la administración informó que ante la situación que se suscitó con la instalación del escenario del Festival Catrina 2019, ordenó a la empresa a que el próximo lunes 9 de diciembre entregue 400 pinos Moctezuma al personal del parque, mismos que deberán ser plantados en lugares estratégicos.
El líder religioso recordó que el Sínodo de obispos de la Amazonía ya propuso definir el pecado ecológico como acción u omisión contra Dios, contra el vecino, la comunidad y el medio ambiente.
Ciudad del Vaticano, 15 nov (EFE).- El papa Francisco dijo hoy que la Iglesia Católica está pensando introducir el “pecado ecológico” en el catecismo, ya que los comportamientos contra el medio ambiente son también contra “la casa común”.
“Un sentido elemental de justicia implicaría que algunos comportamientos, de los cuales las empresas son generalmente responsables, no queden impunes. En particular, todos aquellos que pueden considerarse como ‘ecocidio'”, afirmó el pontífice al intervenir en el XX Congreso Internacional de la Asociación de Derecho Penal, que se celebra en Roma esta semana.
“Estamos pensando en introducir en el Catecismo de la Iglesia Católica el pecado ecológico, el pecado contra el hogar común”, anunció.
El papa Francisco dijo que la Iglesia Católica está pensando introducir el “pecado ecológico” en el catecismo. Foto: EFE.
Sobre el “ecocidio”, dijo que pueden considerarse como tal acciones como “la contaminación masiva del aire, de la recursos de tierra y agua, destrucción a gran escala de la flora y la fauna, y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema”.
En opinión de Francisco nos enfrentamos en esos casos a “crímenes contra la paz”, que deberían ser reconocidos como tales por la comunidad internacional.
“En esta circunstancia, y a través de ustedes, me gustaría hacer un llamamiento a todos los líderes y representantes en el sector para que contribuyan con sus esfuerzos a garantizar una protección legal adecuada de nuestro hogar común”, añadió.
El pontífice recordó que, recientemente, el Sínodo de obispos de la Amazonía ya propuso definir el pecado ecológico como acción u omisión contra Dios, contra el vecino, la comunidad y el medio ambiente.
Y como un pecado contra las generaciones futuras que se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del medio ambiente”.
Benjamín, de 26 años, y Ricardo, de 40, fueron detenidos en flagrancia el pasado 29 de mayo, en el rancho “La Almendra”, ubicado en la colonia La Polka, municipio de Tonalá. Se encontraban talando árboles de cedro.
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Dos hombres deberán plantar 3 mil árboles y limpiar el río Zanatenco para reparar el daño que causaron al talar árboles de cedro de forma ilegal, en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, informó la Fiscalía General del Estado.
Benjamín, de 26 años, y Ricardo, de 40, fueron detenidos en flagrancia el pasado 29 de mayo, en el rancho “La Almendra”, ubicado en la colonia La Polka, municipio de Tonalá.
Las autoridades les decomisaron a los dos hombres una motosierra, dos garrafas de gasolina y una camioneta Ford de color gris con las placas del estado de Chiapas.
Ante el hecho, la Fiscalía de Distrito Costa inició una carpeta de investigación por el delito de ecocidio en agravio de Benigno Mantecón Martínez, dueño del rancho. Posteriormente, los detenidos fueron vinculados a proceso.
Durante la audiencia de control de detención, la defensa de los acusados solicitó la suspensión condicional del proceso y propuso un acuerdo reparatorio: los imputados deberán plantar 3 mil árboles de pochota y limpiar el río Zanatenco.
El juez aprobó la propuesta y por seis meses, los imputados deberán presentar bimestralmente los avances del acuerdo.
Es la primera vez que se celebra un acuerdo reparatorio por el delito de ecocidio y tiene el objetivo de priorizar la justicia del patrimonio ambiental de la comunidad chiapaneca, aseguró en un comunicado la Fiscalía General del Estado.
Germán Larrea, dueño de Grupo México. Foto: Cuartoscuro
Washington, D.C.– Grupo México, propiedad de Germán Larrea, no limita sus actos delictivos a México. En Estados Unidos, Asarco, filial de Grupo México, tiene un historial tan tóxico como la basura que sus minas derraman en nuestros ríos y mares. La gran diferencia está en que mientras en México Larrea es intocable, en Estados Unidos Grupo México ha sido castigado con todo el rigor de la ley. En las últimas dos décadas, minas de Larrea han tenido que cerrar y pagar multas récord por incumplimiento de leyes contra la polución. En 2013, en un acto sin precedente, las autoridades demolieron dos chimeneas de Asarco en El Paso tras dejar una secuela de muertes y enfermedades por intoxicación.
Entre 1992 y 1997, la hoy clausurada mina de Larrea en El Paso quemó secretamente residuos venenosos que provocaron la muerte de casi la mitad de la planta laboral en ese período. En Copper Stain, publicado en enero pasado, las investigadoras Elaine Hampton y Cynthia C. Ontiveros, dan voz a más de 100 trabajadores méxico-americanos que padecieron enfermedades graves tras su paso por Asarco en ese periodo. Docenas murieron. Otros tantos enfermaron de cáncer.
En 1999, Asarco, fundada en 1888, cerró sus operaciones en El Paso después de que las autoridades, presionadas por la comunidad y autoridades locales, le revocaron el permiso de emisión atmosférica. Larrea intentó renovarlo, pero la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) dijo no.
El sábado 13 de abril de 2013, alrededor de las 6:55 a.m., las dos chimeneas de la mina, con el nombre de “ASARCO” en letras rojas, fueron demolidas con explosivos, poniendo fin a una larga historia de choques entre los habitantes de colonias aledañas y la empresa vuelta símbolo de impunidad. Fue un logro icónico en la lucha social por la justicia ambiental.
Tal era la prepotencia de Asarco que cuando soplaba el viento hacia el sur, elevaba la producción para poder desviar intencionalmente la emisión de gases hacia México. La polución viciaba la atmósfera hasta extremos alarmantes para la salud pública. Dado que la afectación era en el lado mexicano, Grupo México sabía que gozaba de plena impunidad para hacer lo que le diera la gana. En Ciudad Juárez, en donde las autoridades estadounidenses no tienen jurisdicción, la gente respiró aire con dióxido de azufre. Habitantes en el lado mexicano, a 800 metros de la fundidora en El Paso, se quejaron de irritación de la piel, alergias y asma.
Una investigación del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos descubrió que la mitad de los niños que vivían dentro del perímetro de la fundidora tenían niveles de plomo en la sangra cuatro veces mayor a lo normal. Un estudio espejo en Ciudad Juárez encontró niveles de plomo similares en niños mexicanos. Fue después de esos descubrimientos que Asarco fue forzada a dejar de fundir plomo en El Paso.
En 2005, Asarco se declaró en bancarrota para tratar de blindarse contra acusaciones de polución ocurrido antes de que Larrea comprara la totalidad de la mina. Pero no le salió el truco. No pudo eludir la justicia sin arriesgar perder a Asarco a potenciales clientes ansiosos de comprarla en tiempos en que el precio del cobre se había disparado.
Después de años de litigios, en los que la empresa estuvo representada por la firma de abogados Baker Botts, Asarco llegó a un acuerdo histórico con el gobierno de Barack Obama en diciembre de 2009. Aceptó pagar a la EPA la suma récord de 1.79 mil millones de dólares para saldar cuentas de polución pendientes en 19 estados, incluidos Arizona, California, Nuevo México y Texas. Con la multa, se crearon tres fondos para cubrir costos de limpieza y restauración de recursos naturales en más de 80 lugares contaminados (Departamento de Justicia 10/12/2010).
En la actualidad, Grupo México tiene tres minas en Estados Unidos bajo la mira de la EPA. En 2013, la EPA multó a la fundidora de Asarco en Hayden, Arizona por el uso de edificios contaminados y el desecho inapropiado de residuos tóxicos (Cooper Stain). Dos años después, tras descubrirse que la mina en Hayden estaba violando leyes federales, Asarco se comprometió a invertir 150 millones de dólares en nuevas tecnologías y equipo para reducir emisiones de tóxicos como arsénico, plomo y cobre (EPA 03/11/2015).
Mientras, en México, Larrea se ha negado a responsabilizarse económicamente por la limpieza y reparación de daños por el desastre ambiental en los ríos de Sonora, el peor en la historia. El segundo hombre más rico de México tiene las manos manchadas de sangre color cobre.
La semana pasada, más de 400 ONG y personalidades, exigieron a AMLO frenar a Grupo México y poner fin a la impunidad de su dueño. El detonador fue el reciente derrame en Guaymas. López Obrador se ha limitado a pasarle la bolita a la Semarnat. No está deseoso de moverle el tapete a Larrea con quien parece tener un pacto de no agresión.
Si el gobierno no quiere ser cómplice por omisión de la destrucción de bosques, corredores biológicos, ecosistemas y fuentes de agua, debe cerrar de inmediato la mina Buena Vista de Cananea. Es hora de pasar de promesas vacías a la acción. AMLO debe mostrar con hechos que “nadie ni nada por encima de la ley”. ¿O sólo es cliché para consumo mañanero?
El pasado nueve de julio Grupo México vertió accidentalmente ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. No es el primer accidente provocado por la compañía minera propiedad del multimillonario Germán Larrea. La clausura en la planta de Grupo México sería la primera acción por parte de las autoridades.
-Con información de Astrid Arellano vía Proyecto Puente
Ciudad de México/Sonora, 20 de julio (ProyectoPuente/SinEmbargo).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) clausuró la Terminal Marítima de Grupo México donde ocurrió el derrame de 3 mil litros de ácido Sulfúrico en Guaymas, Sonora.
De acuerdo con información compartida a Proyecto Puente por una fuente cercana a la Administración Portuaria de Guaymas (Apiguay) fue a las 02:00 horas de este sábado que personal de la Profepa ingresó a las instalaciones a colocar el sello de clausura.
Aclaró que la zona clausurada fue únicamente la que corresponde al embarque de ácido sulfúrico, pues la que trabaja en el concentrado de cobre, continúa en operaciones.
Durante 2018, Grupo México movilizó 17 millones de litros de ácido sulfúrico y un millón de toneladas de concentrado de cobre.
Fue el pasado 9 de julio que la filial del consorcio minero vertió accidentalmente 3 metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, por lo que a nivel federal se solicitó una investigación en torno a las operaciones de Grupo México e iniciaron las inspecciones en las instalaciones de Apiguay.
DIALOGO CON GRUPO MÉXICO
Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se dialogará con Grupo México, del multimillonario Germán Larrea, por los 22 accidentes que ha provocado en perjuicio del medio ambiente tanto en el país como en el extranjero.
Advirtió que procurará defender los empleos pero nada justifica el daño a la naturaleza.
“Vamos a convencer, vamos a persuadir, antes de tomar medidas drásticas”, dijo el Presidente.
Ayer, más de 400 organizaciones, defensores de los derechos humanos de varios países, académicos, artistas y personalidades de la cultura como el director de cine Alfonso Cuarón, exigieron al Presidente frenar la impunidad de Grupo México.
A través de una carta pública dirigida al Presidente y a las autoridades ambientales de México, los firmantes pidieron justicia a las comunidades afectadas por las actividades de Grupo México e iniciar un proceso efectivo de remediación y reparación de los daños que ha causado la empresa.
La carta condena el derrame más reciente de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, “uno de los mares de mayor biodiversidad del mundo y cuna de la vaquita marina”, y señala que este nuevo ecocidio de Grupo México se da a unos días del próximo aniversario del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, “el mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México”.
“En estos días nos hemos enterado de un nuevo desastre ambiental ocasionado por Grupo México, el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, Patrimonio de la Humanidad y cuna de la vaquita marina”, dice la misiva.
Los firmantes destacaron que esta tragedia se suma a decenas de otras en México y en otras latitudes que por más de 20 años han sido responsabilidad directa de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.
EL DERRAME
El fallo de una de las válvulas en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, de Grupo México, cuyo propietario es Germán Larrea, causó que se derramaron 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés.
La empresa dirigida por Larrea informó en un comunicado que el derrame registrado ayer no generó daño a alguna persona y afirmó que se aplicaron medidas de atención y la situación fue controlada rápidamente.
“El día de hoy en nuestra Terminal Marítima de Guaymas, aproximadamente a las 15:00 Hrs se presentó un evento que ocasionó el vertido de ácido sulfúrico por el fallo de una válvula que ocasionó la liberación de 3 (tres) m3 del tanque que recibe las purgas de las líneas de embarque”, informó Grupo México.
La empresa aseguró que dio aviso a la Administración Portuaria Integral de Guaymas (API) y a la Secretaría de Marina, dependencia que estuvo presente en el lugar y al constatar que la situación estaba controlada determinó que no era necesario activar un plan de emergencia.
En la Terminal Marítima de Guaymas se presentó un evento que ocasionó el vertido de ácido sulfúrico que ocasionó la liberación de 3 (tres) m3. Se aplicaron de inmediato medidas de atención y la situación se controló rápidamente. pic.twitter.com/6ePgl4zyTu
Tan solo el pasado 13 de mayo otro caso de contaminación por el Grupo México se registró en Zacatecas. Habitantes de San Martín denunciaron que el río de su comunidad había sido contaminado desde hace días por un derrame de material tóxico producido por una mina de la empresa.
El derrame de la mina San Martín llevaba más de tres días y la afectación repercutió en dos mil habitantes de la comunidad, además de aquellos que se encontraban río abajo como lo son las localidades de San Antonio de Belén y Carretas, las cuales utilizan el agua para consumo humano y doméstico, denunciaron habitantes.
De acuerdo con las denuncias, el derrame contenía reactivos como cianuro, sulfato de zinc, sulfato de cobre, y desemboca en los sembradíos frutales y demás cultivos de granos básicos.
El grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) denunció el hecho e hizo un llamado para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendiera la contaminación n y acusaron que las autoridades de la región ocultar información.
Washington, D.C.— AMLO ha tenido una relación de amor y odio con los amos de México. Durante la campaña, acusó a Germán Larrea de “trafico de influencias” y de “presuntos actos de corrupción”. Sin embargo, cuando Larrea envió una carta a sus empleados (Forbes 29/05/2018), exhortándolos a emitir un voto “razonado e inteligente” para impedir el arribo del “populismo”, López Obrador le mandó decir que no lo odiaba.
AMLO no odia a Larrea, pero millones de mexicanos sí. No sabemos a ciencia cierta cuántas muertes, enfermedades, pérdidas económicas y daños al medio ambiente ha causado su voraz avaricia. Cuántas vidas de hombres, mujeres, niños y ancianos ha destruido explotando salvajemente las riquezas naturales del país. No hay datos duros. Ni el gobierno ni las ONGs lo han cuantificado.
Germán Larrea es el segundo hombre más rico de México, sólo detrás de Carlos Slim Helú. Ocupa el lugar 98 en la lista mundial de multimillonarios de Forbes. La revista calcula su fortuna en 14 mil millones de dólares. Larrea se volvió multimillonario con la complicidad y complacencia de gobiernos del PRI y PAN.
Grupo México, del que es socio mayoritario, es dueño de la minera más grande de México y de las reservas de cobre más cuantiosas del mundo. También es dueño de ferrocarriles, constructoras y cadenas de cines. Tiene presencia en Perú, Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y España.
En cualquier otro país, donde las leyes se cumplen y nadie está por encima de ellas, por más rico que sea, Larrea ya hubiera sida acusado de ecocidio. Cuestión de ver tres de sus crímenes más emblemáticos.
• En 2000, Grupo México prestó oídos sordos a reportes sobre serias fallas de seguridad en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila. Seis años después, se registró una mortal explosión por acumulación de gas que dejó atrapados a 65 mineros. Sólo dos cuerpos fueron recuperados. En febrero pasado, en el aniversario de la explosión, AMLO dijo que se reiniciará el rescate de los cuerpos y vaticinó que Larrea “no va a oponerse, porque es una decisión con dimensión humanitaria”. Golpe de timón en sus sentimientos. En 2018 acusó a Larrea de tener, “poco corazón, poco humanismo, no invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros” (Proceso 29 mayo 2018).
• En 2014, le tocó a Sonora. Buenavista del Cobre, en Cananea, subsidiaria de Grupo México, derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi. Sus diáfanas aguas azules se pintaron de rojizo metálico. El desastre ambiental afectó la salud de 24 mil personas e indirectamente la vida de 250 mil pobladores de siete municipios que vieron destruidas sus cosechas y fuentes de trabajo. La catástrofe es considerada la peor en la historia de la minería. Se teme que el daño a la fauna y la flora sea irreparable.
• Su último crimen se dio el miércoles pasado, también en Sonora. Metalúrgica de Cobre de México, propiedad de Grupo México, derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico en el puerto de Guaymas, en el Mar de Cortés en el Golfo de California. En Twitter, aparecieron imágenes de peces muertos atribuido al derrame. En el área del accidente habitan pelícanos, lobos marinos, delfines y una amplia variedad de peces. Grupo México se justificó diciendo que el derrame “no generó ningún daño a persona alguna”.
Larrea es un multimillonario enigmático. Cuando hay desastres, como el de Guaymas, no da la cara. Desprecia los reflectores. Pocas personas fuera de su familia y de la élite empresarial conocían su aspecto físico.
Eso cambió en 2014, cuando Presidencia publicó en su página web una foto de Larrea sonriente, saludando a Enrique Peña Nieto. Es un hombre alto, grueso, con cabello muy rubio, casi rojizo como el color del sulfato de cobre que derrama en los ríos. Los datos básicos sobre su biografía siguen siendo un misterio.
Larrea viaja seguido a Estados Unidos donde es dueño de ASARCO, empresa integral de minería, fundición y refinería. Explota tres grandes minas en Arizona. No hay registro de daños al medio ambiente.
También es dueño de inmuebles de lujo en Chicago y Florida que compró no sin antes regatear precios. Cree que como Salinas le malbarató la mina de Cananea, el resto del mundo está obligado a hacer lo mismo. Tiene fama de codo. Quiere vivir como rey pero sin pagar el costo.
En México, sus crímenes no tienen consecuencias. Actúa bajo el manto de la impunidad. El gobierno de Peña Nieto se negó a multarlo o tomar acciones legales tras el desastre en Sonora. No hay indicios de que habrá cambio.
A principios de mes, AMLO desestimó la posibilidad de un desencuentro con Grupo México, argumentando que no pretende “anclarse” al pasado sino “inaugurar una etapa nueva”. “Qué hacer con el saqueo… con las injusticias, sólo teníamos dos opciones: meternos a juzgar a los responsables o decir punto final” (Proceso 04/07/2019). Su respuesta al derrame en Guaymas fue en el mismo tono. No condenó el acto. Se limitó a decir que la Semarnat iba a intervenir. Cero sentido de urgencia.
Germán Larrea hace en México lo que quiere porque puede. Tiene cheque en blanco. Es dueño del subsuelo y opera con derecho de suelo. Es intocable. Está por encima de las leyes y de los gobiernos. Sean del partido que sean.
El Lago Nabor Carrillo es una de las únicas fuentes captadoras de lluvia en el Valle de México, con una capacidad de 12 héctometros cúbicos. Y hoy se enfrenta a su extinción. La disyuntiva es: ¿seguridad hídrica o aeropuerto?.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– Martha Ángeles López es una joven arquitecta que vive en la colonia Transportistas del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, a unos cuantos kilómetros de donde se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y del Lago Nabor Carrillo, un cuerpo de agua de mil hectáreas implementado con el objeto de respetar la vocación lacustre del Valle de México y del Lago de Texcoco, en donde en 1325 se fundó la ciudad de México-Tenochtitlán.
Martha se preocupa porque ha escuchado rumores del drenado del lago en el que habitan miles de patos y otras especies de aves que enriquecen el Valle de México y que, además, protege de inundaciones a los pobladores cercanos que ya “de por sí” tienen que cuidar sus casas en cada temporal de lluvias, porque “los ríos tienen memoria” y recorren sus viejos caminos ocultos bajo la urbanización.
El agua y el Lago Nabor Carrillo, como su contenedor, dice la joven, están amenazados por quienes desean continuar con la gran obra millonaria del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construye sobre un terreno blando y bajo el riesgo de inundación, de acuerdo con especialistas.
La carretera y un par de kilómetros de tierra seca separan a Martha del Lago Nabor Carillo, un santuario de aves que se extiende sobre un terreno de tierra en el que distintas tuberías se encuentran para depositar el agua previamente tratada. En él aún son visibles miles de aves que dibujan trayectorias en el sitio y que sirve para su descanso luego de volar desde Canadá y Estados Unidos.
Entre los pobladores del área y el vaso contenedor de lluvia se levanta una cerca que únicamente permite el acceso de enormes góndolas llenas de tierra y tezontle con las que –se presume– se tapa el terreno y se construyen caminos que dan salida y entrada a camiones desde la zona de construcción del NAIM.
En abril de este mismo año, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) admitió la conversión del lago en una pequeña laguna de regulación que no podrá replicar la concentración aviar actual. Es por ello que organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos denunciaron el inicio de la desecación del Lago Nabor Carrillo. El daño provocado por las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto no fue anunciado por ninguna de las evaluadoras del proyecto. Las afectaciones ambientales, ecológicas y sociales simplemente fueron ignoradas.
José Luis Luege Tamargo, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y ex director de la Conagua, argumenta que el Gobierno federal ocultó a los mexicanos la destrucción del hábitat de un número importante importante de aves locales y migratorias. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto omitió tanto esa condición como la de los beneficios en el microclima para el Valle de México, lo cuál viola la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente.
A pesar de la advertencia de un daño ecológico irreversible que se causaría por la extinción del único cuerpo de agua vivo en Texcoco, los trabajos continúan y ya han reducido al 30 por ciento su capacidad total.
El Lago Nabor Carrillo es un cuerpo de agua de mil hectáreas implementado con el objeto de respetar la vocación lacustre del Valle de México y del Lago de Texcoco, en donde en 1325 se fundó la ciudad de México-Tenochtitlán. También es el hogar de miles de aves endémicas y migratorias. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
El LAGO Y LAS AVES
En 1965, el ingeniero Nabor Carrillo Flores, ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1953 a 1961, propuso un plan de rescate para la Ciudad de México que desde tiempos histórico sufría de inundaciones y problemas de desabasto de agua, provocados principalmente por el crecimiento poblacional y la urbanización que acompaño el proceso.
El Plan Lago de Texcoco tenía el objetivo de crear un sistema hídrico completo para el almacenamiento y tratamiento del agua del área metropolitana como una forma de resolver los problemas de hundimiento de la ciudad. Para ello, se construyó un primer modelo a escala de lo que podría representar la recuperación de todo el viejo lago. El Lago Nabor Carrillo nació en 1982 luego de que se colapsaran mil hectáreas para su llenado.
El modelo que para entonces ya era replicado por los ingenieros Fernando Hiriart, Roberto Garau y Gerardo Cruckshank se convirtió en la obra más exitosa de recuperación ambiental del país. De manera gradual miles de aves comenzaron a apropiarse del Nabor por lo que fue reconocida como región hidrológica prioritaria por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y como humedal prioritario para la distribución de aves playeras en México en la Estrategia para la conservación y Manejo de Aves Playeras y su Hábitat en México (Semarnat 2008).
Patricia Escalante Pliego, bióloga e investigadora de la UNAM, explicó en entrevista para SinEmbargo que en el Nabor Carrillo llegaron a ser contabilizadas más de 350 mil aves, alrededor de 250 especies distintas de las cuales 104 son residentes y 146 migratorias o invernales.
Entre las clases reconocidas se han ubicado tres familias endémicas a los humedales del centro de México; cinco en la lista roja de la IUCN; 19 especies consideradas en la NOM-059-ECOL-2010 como en peligro de extinción, amenazadas o en protección ambiental; 23 más enlistadas como prioritarias para la conservación por la Semarnat y 199 en el Acta para la Conversación de las Aves migratorias Neotropicales (NMBCA) .
Especies como el búho llanero, la mascarita transneovolcánica, el pato mexicano, el rascón azteca y el chorlito nevado están siendo amenazadas.
“Es una obligación moral el no permitir que se extingan las especies. Estamos destruyendo poblaciones de animales con una visión antropocentrista y ecocida. Me preocupo por las aves que no se pueden defender y que vamos a exterminar”, dijo Escalante Pliego, quien es especialista en aves y en materia de conservación animal.
La también promotora de la campaña “Yo prefiero el Lago” advirtió que de no revertirse la situación “las aves morirán”, sin alimento y sin poder tomar un descanso después de la gran hazaña que representa cruzar dos países.
El investigador Fernando Córdova, doctor en Ecología también por la UNAM, ha explicado en diversos foros que para evitar esta clase de riesgos para la fauna y la flora, las normas internacionales establecen un mínimo de ocho kilómetros entre un aeropuerto y un cuerpo de agua, norma que no corresponde con el kilómetro y medio existente entre el NAIM y el Lago Nabor Carrillo.
Ignorar lo que ocurre con el lago dañará a los animales que lo han convertido en su hábitat, insisten los especialistas. A su vez tendrá fuertes consecuencias para el Valle de México, ya que el Nabor Carrillo se comporta como un vaso contenedor de precipitación que regula la temperatura del área.De acuerdo con algunos especialistas acabar con el lago aumentará el problema del agua, ya catastrófico para una cuenca que tiene un déficit de recarga de sus mantos acuíferos de 6 mil 103 metroc cúbicos por sefgundo (m3/s), y que presenta inundaciones y problemas de desabasto en diferentes épocas del año.
Entre los pobladores del área y el vaso contenedor de lluvia se levanta una cerca que sólo permite el acceso de enormes góndolas llenas de tierra y tezontle con las que –se presume– se tapa el terreno y se construyen caminos que dan salida y entrada a camiones desde la zona de construcción del NAIM. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
LOS PROBLEMAS HIDRÍCOS
Las causas de inundaciones y de las desigualdades en abastecimiento de agua en el Valle de México es la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la falta de infiltración de agua de lluvia. En esta zona caen al año alrededor de 45 mil 358 metros cúbicos por segundo (m3/s) de precipitación, de esta cantidad sólo el 11 por ciento se filtra a los mantos acuíferos –10 mil 685 m3/s… mientras que se extraen para consumo 16 mil 788 m3/s.
El Lago Nabor Carrillo es una de las únicas fuentes captadoras de lluvia –con una capacidad de 12 hectómetros cúbicos (hm3)– que ofrece una alternativa al problema de gestión de aguas, el mal aprovechamiento de la precipitación que se conjuga con la sobreexplotación, por lo que su desecación lleva implícita una disyuntiva: o seguridad hídrica o aeropuerto.
El hectómetro cúbico equivale a un Gigalitro (mil millones de litros) y por ser una unidad de medida de alta envergadura se usa para definir la capacidad de los embalses o de los trasvases de agua.
Miguel Ángel Montoya, consultor independiente que asesoró la incorporación del Derecho Humano al Agua al Artículo 4 de la Constitución Mexicana, explica que este cuerpo de agua es una barrera natural contra las inundaciones, que a la vez produce corrientes de aire benéficas para todo el Valle de México, el cual se caracteriza por un exceso de cemento que ha aumentado su temperatura.
“La desecación no es aislada, lo están disecando para que sea útil al aeropuerto”, dijo Oscar Monroy
En el Lago de Texcoco confluyen nueve ríos del Oriente del Valle que serán saneados; es decir, entubados y encausados, con el objeto de no permitir inundaciones en el área del aeropuerto. Dicho tratamiento, explica el investigador, traerá problemas de sobre carga para el sistema hidráulico del que depende la Ciudad de México. La pretensión es que toda esa agua que de manera natural va a Texcoco salga por el Túnel Emisor Oriente, una obra inacabada presupuestada en 9 millones de pesos, pero en la que ya se ha invertido 46 millones.
“Dependeremos de tubos y bombas para sacar el agua del Valle pero, ¿con qué costo energético?”, expuso Oscar Monroy, ex Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
Oscar Monroy, académico del departamento de Biotecnología de la UAM, coincidió que encausar el agua del oriente y el poniente será una gran carga para el drenaje profundo. Por lo que se tendrá que recurrir al bombeo para la movilización, lo que a su vez aumentará los costos monetarios pero también los energéticos ya que se requerirá de más petróleo para el funcionamiento del sistema.
A lo anterior habrá que sumar la demanda de agua que se producirá al urbanizar los 3.7 kilómetros que rodean al NAIM y que podrían dejar en desventaja con el suministro a las comunidades cercanas como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Iztacalco o Iztapalapa.
En el Lago de Texcoco confluyen nueve ríos del Oriente del Valle de México que serán saneados; es decir, entubados y encausados para impedir inundaciones en el área del NAIM. Dicho tratamiento, dice Miguel Ángel Montoya, traerá problemas al sistema hidráulico del que depende la CdMx. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
El VALLE, EL CLIMA Y LA CONTAMINACIÓN
Los lagos funcionan como reguladores térmicos de sus áreas adyacentes. Durante más de 20 años, el Lago Nabor Carrillo ha contribuido al control del clima del área metropolitana, por lo que su desaparición tendrá un impacto directo en la zona.
En la investigación La importancia de la cobertura del suelo en el pronóstico del tiempo realizada por del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM, se determinó que la desaparición de los lagos ubicados en la zona metropolitana ha incrementado la temperatura en los últimos 500 años de 1.4 a 5.2 grados centígrados en épocas de secas y de 1.0 a 5.7 en periodo de lluvias, lo que provoca días más calurosos.
De acuerdo con los datos ofrecidos por Omar Arellano, integrante de los Científicos Comprometidos por la Sociedad, en los últimos 15 años la temperatura ha aumentado 2 grados centígrados, porcentaje que irá en ascenso en caso de construirse el aeropuerto y su zona urbana.
Aunado a esto tendrá que considerarse que urbanizar el área traerá consigo problemas como el deterioro de la calidad del aire que, de acuerdo con el investigador, ya ha resultado afectado con las primeras construcciones. El dióxido de azufre (SO2) ha aumentado un 12.5 por ciento, mientras que los óxidos de nitrógeno (NOx) un 64. 9 por ciento; ambas sustancias con consideradas tóxicas para la salud humana cuando rebasan apenas el 10 por ciento de emisión.
Imagen actual de las inmediaciones del Lago Nabor Carrillo, que durante durante más de 20 años, ha contribuido al control del clima del área metropolitana de la Ciudad de México y de municipios colindantes del Estado de México, por lo que su desaparición tendrá un impacto directo en la zona. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
AFECTACIONES SOCIOAMBIENTALES
Las consecuencias más visibles e inmediatas para los pobladores de las áreas cercanas son las inundaciones. Miguel Ángel Montoya afirma que estas lograrán afectar a los municipios mexiquenses de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Los Reyes, Ixtapaluca, Ecatepec, así como las alcaldías de Iztacalco, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
Los efectos se vivirán de manera gradual en todo el Valle de México, sin embargo algunas comunidades ya experimentan las consecuencias de la construcción del NAIM y del desecamiento del lago y entubamiento de ríos.
La investigadora del CRIM-UNAM, Fernanda Paz, reconoce tres ejes de afectaciones directas: la extracción directa de tezontle, el que se presume se usa para dar estar estabilidad al terreno del aeropuerto y para tapar el lago; el transporte del material dañino y las afectaciones por disposición de los lodos tóxicos.
En Texcoco se han llegado a contabilizar 150 minas para la extracción de tezontle y basalto, la mayoría de ellas ilegales. De dichas excavaciones se saca la tierra que se transporta a través de góndolas que pasan las 24 horas del día por la calles de la región, produciendo ruido y daños a las carreteras, y dejando esporas de polvo que causan enfermedades respiratorias.
Algunos de estos agujeros también son usados de manera ilegal para soltar los lodos tóxicos que resultan de la extracción de la tierra y que quedan a la intemperie soltando sustancias tóxicas sin ningún control.
Las consecuencias de acabar con el lago han sido denunciadas por los pobladores de Texcoco, por lo que han iniciado un movimiento ciudadano de oposición que ha tenido diferentes salidas, entre ellas la campaña Yo prefiero el Lago que de la mano de académicos denuncia el ecocidio. Por otro lado, desde el pasado 2 de junio los vecinos de la comunidad Trinidad, en Texcoco, han alertado sobre la desaparición de flora y fauna que crece a la orilla de los ríos que ya se están recubriendo con cemento.
Los ríos Teotihuacán, Papalotla, Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, Chapingo, San Bernardino, Santa Mónica y Coatepec –que actualmente desembocan en el Lago de Texcoco– son parte del Plan de regulación y saneamiento de ríos del Oriente, obra complementaria al Nuevo Aeropuerto Internacional de México que dejará fuera las áreas verdes necesarias para completar los ciclos de agua, incluido su almacenamiento, además de que controlan los niveles de contaminación.
La extinción del Lago Nabor Carrillo no es un fenómeno aislado, insisten los investigadores. Por el contrario es parte de todo un gran entramado que a causado dañado al ambiente y los pobladores que dependen de él, alertan.
“Tenemos que continuar con la obra, porque es una inversión que ya se hizo y no se puede detener, es dinero de todos los mexicanos (…) Imagínense, si se detiene la obra, lo que se perdería, entonces tenemos que terminarla”, dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, sobre el Tren México-Toluca.
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, defendió la construcción del Tren México-Toluca, a pesar de que pobladores denuncian que la obra provocará un ecocidio.
“De una vez les digo: no podemos parar la obra (del Tren) porque ya se ha invertido 40 mil millones de pesos. ¡Imagínense lo que pierde la nación!, porque el presupuesto no es del Gobierno, es dinero del pueblo. Se los digo para que quede claro: vamos a buscar la forma de reparar el daño”, dijo a los que reclaman por la destrucción de ecosistemas, después de la conmemoración del 208 aniversario de la Independencia.
“Vamos a atender las peticiones de la gente por afectaciones, pero no sólo por eso, es importante llevar a cabo un programa de apoyo a las comunidades donde pasa el Tren. Ya en algunos casos se pagó a comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, ya se indemnizó, pero hacen falta obras en los pueblos, y hay que resolver también todo lo que tiene que ver con el agua en esta zona”, señaló.
Y añadió: “Tenemos que continuar con la obra, porque es una inversión que ya se hizo y no se puede detener, es dinero de todos los mexicanos (…) Imagínense, si se detiene la obra, lo que se perdería, entonces tenemos que terminarla”.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de los últimos cinco años, el presupuesto destinado al Tren Interurbano pasó de 21 mil 504 millones 965 mil 473 pesos en 2014 a 59 mil 216 millones 751 mil 582 pesos para 2018, un 175 por ciento más de lo presupuestado en un inicio.
Este es el único proyecto que sobrevivió a aquel plan de “Mover a México en trenes” que Enrique Peña Nieto presumió tanto por el año 2013, tiempo en el que su administración era muy diferente a la de ahora. Los recortes fueron minando varios megaproyectos -el México-Querétaro, uno de ellos y que fue cancelado por la participación de Grupo Higa-, pero éste que es el más pequeño de los que se plantearon se mantuvo.
En Puebla, el homicidio se instaló como patrón sistemático de persecución. Los asesinatos de Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tihuilit –el 14 y 31 de mayo de este año, en Cuetzalan del Progreso y Zacapoaxtla, en la sierra nororiental– son el epílogo de una larga historia de agresiones en contra de activistas y defensores de derechos humanos. En 2012, Frumencio Solís Cruz y Antonio Esteban Cruz fueron asesinados en Cuetzalan. A partir de ahí, el crimen, avalado por una profunda impunidad, no se detuvo.
Pero nada frenó la resistencia. Ni esta amenaza constante de muerte y silencio. Las comunidades indígenas continúan con su trabajo de oposición a los megaproyectos de desarrollo, como hidroeléctricas y mineras a cielo abierto. Quieren respeto a su derecho constitucional de ser consultados sobre cualquier tipo de obra que pueda amenazar su autodeterminación, sus territorios y los recursos naturales de sus entornos.
SÉPTIMA ENTREGA DE UNA SERIE
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– No sólo están amenazados los recursos naturales, el futuro de poblaciones enteras o las tierras consideradas sagradas por los pueblos originarios; los activistas que han tomado como bandera la protección del medio ambiente y luchan contra los llamados “proyectos de muerte” ahora son víctimas de una cacería en Puebla.
En menos de un mes asesinaron a dos activistas en la región de Cuetzalan, Adrián Tilihuit y Manuel Gaspar Rodríguez, que encabezaban la lucha en contra de la empresa Gaya S.A de C.V., que trabaja en la construcción de dos plantas hidroeléctricas que se beneficiarán del agua del río Apulco.
Gerardo Pérez Muñoz, representante de la Asamblea de Afectados Ambientales Capítulo Puebla, calcula que existen alrededor de 64 defensores amenazados en las regiones de Ocotepec, opositores a la empresa Living Water International; Cuetzalan, donde se confrontan con la empresa hidroeléctrica Gaya S.A de C.V, y en Pahuatlán, territorio amenazado por el gasoducto Tula-Tuxpan, megaproyecto de TransCanada.
Tras el asesinato de Tilihuit y Gaspar en Cuetzalan, los activistas de Pahuatlán han preferido prevenirse y tomar en serio las amenazas que comenzaron con pedradas a sus puertas. Ahora hacen sus reuniones en domicilios secretos y evitan informar abiertamente cuándo realizarán sus próximos eventos, explicó Oliveria Montes Lazcano, una de las voceras del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo, encargada de articular a los pobladores involucrados en la lucha en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan.
Cuetzalan protesta por el asesinato del líder activista Manuel Gaspar, perpetrado el 14 de mayo pasado. Foto: Especial
Puebla, un cementerios de activistas opositores a los megaproyectos. Foto: Especial
DOS EJECUTADOS EN CUETZALAN
En mayo de este año, la pesadilla resurgió. El día 14 fue encontrado sin vida dentro de un motel de Cuetzalan, Manuel Gaspar Rodríguez, el dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) quien era objeto de amenazas por encabezar la oposición a la instalación de una hidroeléctrica en la región.
El hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de las siete de la mañana en uno de los cuartos del motel Quetzal, ubicado en el libramiento del municipio, a un costado del Centro de Convenciones.
Los empleados del lugar acudieron a la habitación para pedir que fuera desalojada y al no tener respuesta, entraron y descubrieron el cuerpo de un hombre. El piso de la habitación se encontraba manchado de sangre, como si la víctima intentara defenderse y presentaba varias heridas hechas con arma punzocortante, estaba desnudo y en el suelo.
Horas después se confirmó que el cuerpo correspondía al líder activista del MIOCUP. Al respecto, la organización envío un comunicado condenando el homicidio e informaron que Manuel Gaspar había recibido amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos y fue citado por la Procuraduría General de la República (PGR) por la lucha que dieron comunidades contra la imposición de una de las subestaciones eléctricas.
“Exigimos una investigación seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia. El fiscal tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos”, exigió el MIOCUP en su comunicado.
El segundo activista asesinado fue Adrián Tilihuit. Desapareció el miércoles 30 de mayo. Su cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza, a diez metros de un automóvil Chevy, en el fondo de un barranco en la zona de Zacapoaxtla, población a 20 minutos de Cuetzalan.
Según versiones de los activistas de la sierra nororiental, el miércoles no volvió a su casa y comenzaron su búsqueda hasta que dieron con un vehículo al fondo de la cañada y el cuerpo del activista a unos metros.
Tilihuit apoyó a los indígenas de San Juan Tahití en el movimiento que se opone a la instalación de la empresa Gaya S.A. de C.V. en la zona del río Apulco para comenzar con la construcción de plantas hidroeléctricas
ANTONIO ESTEBAN: UNA EJECUCIÓN PREVIA
El MIOCUP ha sido una organización constantemente acosada. A los dos homicidios les precede uno más, perpetrado en 2014 en la misma región.
Antonio Esteban Cruz, quien desde entonces lideraba la oposición a la entrada de Gaya SA de CV, fue asesinado la mañana de este miércoles 3 de junio del 2014, con cuatro balazos.
En un comunicado emitido en ese entonces, el MIOCUP y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) acusaron a los gobiernos estatal y federal de estar implicados en el homicidio de este luchador social, quien también fue uno de los principales coordinadores del Encuentro Nacional Indígena y Campesino “En defensa de la tierra y el territorio”, realizado en marzo del 2014 en Cuetzalan, una de las primeras asambleas que informaban sobre el “proyecto de muerte”.
A partir de este encuentro, refierieron las organizaciones, se conformó el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) para defender la tierra como un bien colectivo de los pueblos y exigir respeto al derecho a la consulta ante las autorizaciones que ha hecho el Gobierno federal de megaproyectos, minas e hidroeléctricas.
Junio de 2014. Integrantes de la Coordinadora Plan de Ayala, Movimiento Nacional, protestan por el asesinato de su compañero Antonio Esteban Cruz, dirigente regional del Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular en la Sierra Norte de Puebla ocurrido el pasado 4 de junio en el paraje “El Rincón”, a orillas del río Apulco, municipio de Cuetzalan, Puebla. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
EL TERRITORIO DEL GASODUCTO TULA-TUXPAN
Oliveria Montes Lazcano se enteró del asesinato de los dos activistas de Cuetzalan cuando se encontraba en una gira por Europa para dar a conocer las acciones de la lucha contra el Gasoducto Tula-Tuxpan.
A su regreso a tierra mexicana, su preocupación es evidente y han redoblado medidas de seguridad. Para realizar la entrevista con SinEmbargo, Oliveria Montes solicitó primero acudir a un territorio cercano a Pahuatlán, pero de ya ahí confirmó su verdadera ubicación por temor a que cualquier mensaje sea interceptado para localizarla a ella y sus compañeros.
La joven de 28 años de edad es una de las líderes voceras del movimiento que se ha encargado de dar la lucha en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan en los municipios de Tenango de Doria, Pahuatlán y Tlacuilotepec.
Los aciertos de la organización provocaron dos suspensiones definitivas de los cinco amparos que promueven contra la obra que tenía que ser entregada a inicios del 2018 por la empresa TransCanada y que pone en peligro a casi 500 poblaciones indígenas.
Los activistas en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan ya son amedrentados. Hombres armados han pasado se pasean por sus domicilios, y han recibido todo tipo de mensajes a través de personeros de las autoridades municipales que apoyan la instalación del proyecto en Pahuatlán.
“A los compañeros van y les apedrean sus casas, los han amenazado. Están sobre ellos. Hay muchas presiones de parte de los operadores locales y de las autoridades que sirven como apoyo a las transnacionales, el problema es que ellos viven ahí”, comentó Raymundo Espinoza, el asesor legal del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo.
“TENEMOS QUE DOMINAR EL MIEDO”
Para Oliveria Montes, el miedo es natural pero que no puede frenarlos.
“Sí ha habido amenazas. Nos han amenazado tocándole las puertas a los compañeros diciendo que los van a desaparecer, que no se metan. Aventándole piedras a las casas de los compañeros, escuchando disparos afuera de las casas, ha habido amenazas de muerte. Sí ha habido muchas amenazas en nuestro entorno, pero eso no nos puede inmovilizar porque no estamos en una lucha vacía estamos luchando no solamente por nosotros y por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos”, dijo.
— ¿Han caído dos activistas en Cuetzalan por oponerse a proyectos de muerte? ¿Tienen miedo?
—El miedo es natural que se tenga; sin embargo, lo tenemos que dominar. El miedo no nos tiene que inmovilizar porque es lo que buscan las empresas y el Gobierno. Buscan inmovilizarnos. No reaccionar y no defendernos. Y estamos en todo nuestro derecho de defendernos. El miedo no nos tiene que dejar manipular ni inmovilizar, debemos ser dominantes de ese miedo.
La activista señaló que no hay vuelta atrás. La lucha se mantiene y en parte, el viaje a Europa y la reunión con los activistas que pelean contra la colocación del proyecto MidCat, un gasoducto similar que afectará zonas de España y Francia, los ha vuelto más visibles ante las organizaciones internacionales.
“Lo que ellos nos dicen es que sigamos luchando, que no nos desesperemos, que no nos derrotemos, que nos van a apoyar dando visibilidad y apoyo a nuestra lucha”.
La resistencia por el medio ambiente y la forma de vida en Cuetzalan, Puebla. Foto: Especial
LA PERSECUCIÓN DEL GOBERNADOR MORENO VALLE
La represión de activistas en Puebla es una puesta en escena conocida. Durante su sexenio los opositores a megaproyectos, Enedina Rosas, José Luis Flores y Abraham Cordero fueron perseguidos.
El 6 de abril del 2014, quince patrullas de la Policía Estatal detuvieron a la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, de 60 años. Presidía una reunión entre comisarios ejidales donde se firmaba la negativa a que sus tierras fueran utilizadas para la construcción de las obras relacionadas con el Gasoducto Morelos.
La detención de Enedina fue violenta y con exceso en el uso de la fuerza. En ese entonces, el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas –a través de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado– tenía en sus manos una denuncia por robo agravado y obstrucción de obra en contra Enedina Rosas. Fue presentada por empleados de la empresa Bonatti, filial italiana que tiene el encargo de llevar a cabo las obras del gasoducto en el Proyecto Integral Morelos y que actualmente no puede laborar para TransCandada en la zona de Pahuatlán y Tlacuilotepec.
A Enedina se le acusó de robar “de manera violenta” dos celulares a empleados de Bonatti y fue ecarcelada. Estuvo en el penal de Atlixco hasta el 2 de octubre del 2014 y después fue trasladada a su casa en prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.
En su más reciente aparición ante los medios de comunicación, Enedina Rosas indicó que se encuentra con mejor salud y tranquila. Ella, como muchos de los comisarios ejidales de la zona de Atlixco, mantenían reuniones y asambleas informativas desde el 2012, fecha en que su patrimonio fue amenazado por la empresa Bonatti, que entraba poco a poco a intervenir en tierras de la zona sin los permisos correspondientes.
Mayo de 2014. Resguardados por el Ejército Mexicano, la Policía Federal y Estatal, maquinaria y tubería arribaron a distintas comunidades del Valle de Atlixco de Puebla con lo que oficialmente se dio inicio a la instalación del gasoducto Morelos. Foto: Hilda Ríos. Cuartoscuro
El segundo caso fue Juan Carlos Flores, vocero del Frente de los Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, quien participa activamente desde el 2009 coordinando acciones informativas y asesorando legalmente a los vecinos de tierras afectadas por mega proyectos emprendidos en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala.
Tras la detención de Enedina Rosas, fue aprehendido Juan Carlos el 7 de abril del 2014, Juan Carlos Flores Solís a la salida de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla (CEDHP).
Contra Juan Carlos Flores existía un proceso por motín, despojo, ataques contra la infraestructura hidráulica y extorsión, por lo que no alcanzó libertad bajo caución por tratarse de delitos graves y fue enviado al penal de San Pedro Cholula.
Sin embargo, el activista dejó la prisión el 23 de enero del 2015, a casi diez meses de permanecer en prisión, por encabezar la oposición al gasoducto del Proyecto Integral Morelos.
Este proyecto implica un ducto de 30 pulgadas de diámetro que recorrerá unos 160 kilómetros por las faldas del Popocatápetl y a través de unas 60 comunidades campesinas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y transportaría a diario nueve mil millones de litros de gas natural.
El 21 de febrero del 2018, un juez federal ordenó suspender la construcción y el financiamiento del gasoducto de la compañía Autoabastecedora de Gas Natural, obra que habría de servir a instalaciones de los parques industriales de Cuautla y Cuernavaca, así como a dos centrales termoeléctricas en la localidad de Huexca, municipio de Yecapixtla.
Abraham Cordero, fue un tercer activista detenido en tiempos de Rafael Moreno Valle, identificado como uno de los principales opositores del Arco Poniente.
El proyecto del Arco Poniente fue originalmente propuesto en la administración del exgobernador Mario Marín Torres. Desde ese entonces Abraham Cordero ya se encontraba organizado con gente de la zona de San Martín Texmelucan.
Aunque el proyecto fue finalmente pospuesto y jamás finalizó en la administración marinista, con el gobierno de Rafael Moreno Valle se dio la modificación del trazo, puesto que se necesitaba para la construcción del gasoducto que integra el Proyecto Integral Morelos en su conexión al estado de Puebla y Tlaxcala.
Fue entonces que se retomó el trabajo y los pobladores de la zona de San Martín Texmelucan y otros municipios de la zona, en su mayoría situados en tierras de labriego, conformaron el frente de Pueblos de la Sierra Nevada.
El 8 de abril del 2014, Abraham Cordero fue detenido mientras lo acompañaba su esposa Obdulia García, quien denunció que fue llevado por agentes ministeriales quienes lo acusaron de robo de cable de cobre, sin embargo de último minuto la entonces Procuraduría General de Justicia en Puebla informó mediante un comunicado que se le achacaban otros delitos contra funcionarios públicos, amenazas y privación ilegal de la libertad.
Fue hasta el 2 de octubre del 2014 que Cordero fue liberado del penal municipal de Atlixco, donde pasó seis meses en una pequeña celda.
La Reforma Energética, impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se concretó en varios proyectos extractivos y de infraestructura, entre ellos 13 gasoductos. No han traído el desarrollo prometido, pero con sus pesadas y extensas obras han encajado inquietud en los pueblos originarios.
En la sierra hidalguense y la sierra norte de Puebla, contra toda previsión, los pobladores otomíes, nahuas y totonacos han detenido, al menos por unos meses, el paso del gasoducto Tula-Tuxpan, obra de la empresa TransCanada que busca llevar gas natural entre los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México a través de un tubo de 91 centímetros de diámetro que amenaza manantiales y cerros ceremoniales y la vida de 260 mil personas.
SEXTA PARTE DE UNA SERIE
Puebla/Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Imagina vivir con un ducto de gas que cualquier día, en segundos, podría acabar con tu familia, con tu casa, con tu vida. Para su construcción, los ríos y manantiales fueron contaminados, los centros ceremoniales y cerros sagrados fueron violados; todo para que pasen litros y litros de gas natural. Imagina vivir en esa incertidumbre.
Eso, imaginar, fue lo que llevó a indígenas otomíes, nahuas y totonacos a iniciar una resistencia en Puebla e Hidalgo y ahora, contra todo pronóstico, han detenido por unos meses el paso de lo que ellos llaman “proyecto de muerte”: el gasoducto Tula-Tuxpan, obra de la empresa TransCanada que busca transportar gas natural entre los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México a través de un gran tubo de 36 pulgadas de diámetro (91 centímetros) que amenaza manantiales, destrozaría cerros ceremoniales y afectaría a más de 260 mil personas de al menos 459 localidades de 34 municipios en esas entidades.
El proyecto ya estaba por finalizar y debía arrancar operaciones en enero del 2018. Pero la lucha que ha dado el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo –que agrupa a los vecinos de poblaciones como Pahuatlán, Tlacuilotepec, Honey y Tenango de Doria– mantiene paradas las máquinas de Bonatti, la empresa constructora que debía realizar los trabajos.
El Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo ha conseguido interponer cinco distintos procesos de amparo, tres en tribunales del estado de Puebla y dos más en el estado de Hidalgo, apoyados por asesores legales de la Asamblea Nacional de Abogados Ambientalistas, quienes lo auxilian sin cobrar un solo peso.
Oliveria Montes, una de las cabezas más visibles de la lucha contra el gasoducto Tula-Tuxpan. Foto: David Arroyo Ortega
“Hemos logrado dos suspensiones definitivas. Una en San Pablito Pahuatlán, Puebla, en la cual se suspendió el permiso al manifiesto de impacto ambiental, a la evaluación de impacto social, a la construcción, al igual que se suspendió la consulta. Y otra más en Cuautepec, Tlacuilotepec, en Puebla, con lo que se tiene suspendida la consulta. Mientras estén las suspensiones definitivas la empresa no puede pasar, no puede continuar con el proyecto y no pueden seguir con la consulta. Estamos hablando de las empresas TransCanada y Bonatti”, relata Oliveria Montes Lazcano, una joven de 28 años de edad, una de las voceras y que además articula al resto de sus compañeros de lucha.
Oliveria Montes encabezó una gira de los activistas serranos por Europa entre el 24 de mayo y el 2 de junio por ciudades de Italia, España y Francia con habitantes y activistas de las organizaciones Gasactivists, 350.org y La Rosa Luxemburgo que se oponen a la instalación del ducto MidCat, que, así como ocurre en México, amenaza comunidades de Francia y España.
De regreso de su viaje, Oliveria Montes encabezó una reunión con más de 50 vecinos de las comunidades amenazadas en la Sierra Norte para mantener la lucha legal. En esta reunión SinEmbargo pudo hablar con varios de los vecinos de las comunidades amenazadas.
“Vamos a llegar hasta donde sea necesario, nosotros buscamos la cancelación de este proyecto, no queremos que se destruya nuestro hogar, no queremos que nuestras comunidades se vean afectadas no queremos el desplazamiento de nuestros pueblos. Hasta donde sea necesario nosotros pararemos esto”, advierte la joven activista.
CUANDO NACIÓ LA AMENAZA
Pahuatlán se encuentra localizado a más de 170 kilómetros de la Ciudad de México; la neblina, el aroma a tierra mojada y el ruido de las aves entre los árboles que copan las verdes barrancas indica que has llegado. Entre la quietud de la sierra fue muy fácil que los vecinos de las comunidades notaran la entrada de camionetas a inicios de 2016. En los vehículos se advertían los rótulos de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH).
María de Lourdes Hernández Sampayo, una ama de casa y artesana de la comunidad de Zoyatla, perteneciente a Pahuatlán, recuerda que la entrada de las camionetas no fue para nada sigilosa:
“Empezamos a escuchar camionetas que subían y bajaban. Por medio de las redes sociales, por los jóvenes de la comunidad, nos enteramos de que se trataba de que querían construir un gasoducto. Eso fue cuando lo supimos, fue ya casi en mayo y en julio del 2016”, recuerda María de Lourdes.
La obra consiste en un ducto privado de 91 centímetros de diámetro para transportar todos los días 886 millones de pies cúbicos de gas natural proveniente de los Estados Unidos a lo largo de 263 kilómetros.
El proyecto significa un tiempo de vida útil de 25 a 30 años, pero su trazo afecta a más de 260 mil personas de, al menos, 459 localidades de 34 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.
De todos estos lugares, la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener) únicamente consideró que 15 localidades son comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas por el proyecto y, por tanto, sólo tenían que consultarle a ellas para echar a andar la obra para generar el gasoducto.
Jeremías afirma que ante la negativa de las autoridades municipales de Pahuatlán, los habitantes decidieron organizarse para frenar el megaproyecto. Foto: David Arroyo Ortega
“Esto excluye a 444 comunidades, que para esta Secretaría, según sus criterios, no son indígenas o no resentirán los impactos del gasoducto”, explicó el abogado Raymundo Espinoza, uno de los asesores legales del Consejo Regional de Pueblos Originarios.
Cuando los pobladores comenzaron a investigar el proyecto atendieron primero a sus autoridades y buscaron al Alcalde de extracción panista, Arturo Hernández Santos, quien se dijo limitado para apoyarlos bajo el argumento de que la obra era planteada desde la Federación, por lo que salía de sus manos.
“Vino el Presidente Municipal a la comunidad y le preguntamos que qué estaba pasando y porqué pasaban las camionetas. Y nos dijo que ‘no había nada’. ‘No tienen por qué preguntar’, nos dijo. Además dijo que éramos unos pocos los que nos quejábamos y tenía que ser el pueblo completo si queríamos preguntar. De ahí nos empezamos a reunir más gente que comenzó a inquietarse por eso mismo”, relata el vecino de Zoyatla, Jeremías Castillo Santiago.
A mediados de junio de 2016, nuevamente los pobladores de Pahuatlán solicitaron al Alcalde que explicara el proyecto. Hernández Santos estuvo presente en la clausura de los cursos escolares de las cuatro escuelas del municipio en la localidad de Ahuacatitla, donde los vecinos, aun sin un comité que los organizara, lo encararon.
“En la clausura de cursos de las instituciones, ese día hizo presencia esa vez el Presidente Municipal y se le preguntó si tenía conocimiento del gasoducto que iba a construir. Él dijo que no tenía nada que ver, que no era de su competencia, que era un proyecto federal y que ni él ni nosotros podíamos hacer nada. Que ni nos moviéramos para nada”, recuerda María de Lourdes Hernández.
Lourdes Hernández aseguró que no solo es el gasoducto el que atentará contra la naturaleza y su forma de vida, pues otros proyectos como el fracking están en camino. Foto: David Arroyo Ortega
Los vecinos comenzaron a perseguir a su Alcalde. El siguiente 16 de septiembre tuvo que cancelar los festejos patrios porque los pobladores de distintas comunidades organizaron una manifestación en la que lo esperaban para exigir explicaciones sobre el proyecto. No solamente se encontraban vecinos de Pahuatlán, también llegaron de poblaciones como Honey, Tlacuilotepec e incluso vecinos de Tenango de Doria, municipio de Hidalgo.
Pero las cosas se tornaron violentas la tarde del 25 de octubre del 2016. Desesperados, los vecinos de la comunidad indígena ñañu de San Pablito, en Pahuatlán, retuvieron al Alcalde Arturo Hernández cuando ingresó con otros funcionarios municipales. Con machetes y palos, los indígenas cerraron todos los accesos e impidieron la entrada de agentes de la Policía Municipal y Estatal cuando intentaron rescatar al funcionario.
En el lugar, los vecinos obligaron al Presidente Municipal a firmar un documento en donde se comprometió a no aceptar el paso del gasoducto por el municipio. El documento fue acompañado por mil 500 rúbricas de habitantes opositores al proyecto. Sin embargo, meses después desconoció la petición de la comunidad.
Tras el incidente, el ex Diputado federal priista, Carlos Barragán Amador, señaló al Alcalde de Pahuatlán por recibir un moche de 2 millones de pesos por parte de la empresa TransCanada para permitir el libre paso del ducto por las comunidades del municipio. Los dichos del ex legislador solamente provocaron más encono contra el representante municipal aunque hasta la fecha no se ha comprobado la entrega de dádivas de parte de la empresa.
Rogelio Marroquín Aparicio, presidente auxiliar y opositor al gasoducto. Foto:
Contrario a lo que ocurre con Hernández Santos, el presidente auxiliar de San Pablito, Rogelio Marroquín Aparicio, se ha mantenido al lado del pueblo que gobierna y se ganó respeto por sumarse al movimiento contra el gasoducto.
“Me pidieron que se hiciera una reunión para saber de qué se trataba ese trabajo de esas personas con las camionetas. Me dijeron que se trataba del gasoducto. Se reunió la gente, se hizo una asamblea general. Y la mayoría de la gente se preguntó, qué hacemos, cómo lo paramos. […] Yo soy el único presidente auxiliar que he estado con mi pueblo y con la gente, más que nada. Nos apoyamos porque ellos me eligieron como presidente auxiliar”, relató Rogelio Marroquín, quien ha pasado de ser autoridad a convertirse en uno de los activistas del movimiento y representante de la comunidad ñañu de Pahuatlán.
Tanto el Edil como los vecinos de las distintas poblaciones saben que el ducto será el primer paso de muchos proyectos de muerte. Tan sólo la construcción del ducto en la zona dañaría los afluentes de agua en la comunidad de Montellano, en Pahuatlán; el afluente subterráneo que pertenece a la cuenca del río San Marcos y los cerros sagrados en donde tres veces al año la gente de San Pablito, Zoyatla, y otras comunidades de la región acuden a dejar ofrendas ceremoniales.
“Para el pueblo de San Pablito es un riesgo que pase ese gasoducto porque afectaría tierra sagrada, un cerro sagrado muy significativo para el pueblo indígena otomí ñañu. Lo veneran tres veces al año. El 2 de febrero, 3 de mayo, 24 de diciembre, fechas importantes desde hace mucho. Veneran a los cerros, a la madre tierra”, recalca el servidos público convertido en activista.
LA BATALLA LEGAL
Al ver que al presionar al presidente de Pahuatlán no llegaban a ningún punto, los habitantes comenzaron a tocar otras puertas. Ahí entraron en juego los asesores de la Asamblea Nacional de Abogados Ambientalistas (ANAA), encabezados por Raymundo Espinoza Hernández.
“Al día siguiente de la retención del Alcalde comenzó a circular una lista de gente que podía ser detenida por privación ilegal de la libertad entonces eso genera los primeros problemas fuertes. A raíz de eso nos reunimos en San Pablito. Ya con toda la gente platicamos cómo estaba la situación y acordamos que el colectivo de abogados tomara la representación”, recuerda Raymundo Espinoza Hernández de la ANAA.
A través del catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Octavio Rosas Landa, informaron en asambleas a las comunidades de toda la región, pero por motivos políticos los asesores legales de mantuvieron escépticos en un inicio, pues temían que gente ligada a partidos políticos tomaran la bandera.
Protesta de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra contra los “proyectos de muerte”. Foto: Cuartoscuro
Un grupo de mujeres de la región buscaron a Raymundo Espinoza en la UNAM, las encabezaba Oliveria Montes Lazcano y llevaban mapas de todo el trazo, así como representantes de todas las etnias que serían afectadas. Conocían el proyecto perfectamente y sabían todo lo que estaba en riesgo:
“Fue muy importante porque no partimos de cero. La gente había leído del proyecto, conocía todo y sabía las implicaciones. Fue impresionante porque las mujeres de Zoyatla eran las más activas”, subrayó Espinoza.
A partir de abril de 2017 acordaron eliminar cualquier tipo de movilización violenta o agresiva contra las autoridades para evitar procesos penales en su contra que quitaran tiempo o pusieran en amenaza a los vecinos activamente involucrados en la lucha. Todo se atacaría por la vía legal, en los tribunales federales.
El análisis de todos los documentos generados por TransCanada permitió encontrar que en los estudios de impacto ambiental se admite que hay 459 comunidades de totonacos, nahuas y ñañus en el área influencia del proyecto, la cual incluye todo aquellos situado a 2 mil 500 metros de donde pase el ducto. Casas, cerros, manantiales y todo lo que se encuentre en ese radio está en riesgo en caso de que haya una explosión.
Pahuatlán ganó temporalmente la batalla a TransCanada, pero no la guerra. Foto: David Arroyo Ortega
“La defensa es muy complicada porque son tres áreas de influencia, municipal, estatal y federal. En mucho le toca a autoridades federales que estaban estrenando funciones por la Reforma Energética. Muchos desconocían leyes muy complicadas por la sofisticación que tiene la Ley de Hidrocarburos. Son un montón de leyes. En una demanda entregamos cajas y cajas porque fueron 200 documentos de actos reclamados. Eso lo complica”, explica el asesor Raymundo Espinoza.
En comunidades indígenas existían organizaciones muy fuertes que ya tenían sus propios comités y consejos que después fueron encabezados por el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo que logró articular a todos los vecinos afectados.
El asesor Raymundo Espinoza explica que, ante lo retorcido de las leyes mexicanas, tenían que entrar con un bombardeo de demandas de juicio de amparo indirecto ante los juzgados federales de Puebla e Hidalgo.
“Empezamos una primer batería de demandas. Una sola demanda habría sido echar un volado. Fueron cinco demandas que entraron en octubre de 2017. Dos en Hidalgo y tres en Puebla. Las dos demandas de Hidalgo incluyen representante de Huehuetla y Tenango de Doria y en Puebla, los de Honey, Pahuatlán y Tlacuilotepec”.
Mientras sigue el litigio y se mantiene la resistencia de los pueblos, TransCanada pierde dinero: tiene a sus filiales constructoras pagando en dólares por la renta de maquinaria y aún no finaliza la construcción del proyecto entre las poblaciones de Francisco Z. Mena, en Puebla y Tenango de Doria en Hidalgo. Esto atrasa el proyecto y que cada vez los gastos se multipliquen para la trasnacional.
“Elaboramos una demanda madre, la inicial que explicara todo. El acto reclamado, las fechas, el proyecto, todo. Nos llevó cinco meses hacerla porque planteaba leyes tratados y toda la defensa, el tema de la violación de la consulta, los temas de salud, la discriminación que sufre la gente y lo que plantea y pide el Consejo Regional. Es una base de datos o un mapa de ruta completo del caso que nos sirve para generar más y más denuncias”, explicó Raymundo Espinoza.
En una segunda demanda se exigen que se repongan los procedimientos de consulta a los que está obligada la empresa TransCanada ya que solamente consideran comunidades indígenas 15 localidades de más de 400. En tres demandas más se plantean los casos en Puebla, en específico con pobladores de las comunidades de Chila de Juarez, de Honey; San Pablito, de Pahuatlan y Cuautepec de Tlacuilotepec.
“TransCanada planteaba el arranque del funcionamiento del gasoducto a partir del 1 de enero de 2018. Ya anunció que iniciará hasta 1 de enero del 2019. Ya ganamos un año. tiempo muy bueno, estamos por ver si podemos atrasarlo más”, dice Espinoza.
VIENEN POR TODO
Los integrantes del Consejo Regional de Pueblos Originarios tienen como primer opción la cancelación del proyecto, aunque reconocen que es muy complicado. La segunda opción es que cambien el trazo para no afectar casas, comunidades, cerros ceremoniales, manantiales y ríos subterráneos de la región y que, finalmente, le permitan a la gente participar de manera activa en la generación de los estudios de impacto social y ambiental así como de medidas para prevenir riesgos porque eso le da certeza a la gente.
“Sí, se trata de un tema legal, pero vamos más allá. Hemos tratado de que se de una transformación de víctimas a sujetos activos de su propio proceso legal para empoderarlos. Y eso ha pasado, eso ha sido la gran clave. La gente lo entendió”.
Los vecinos de las comunidades que integran la resistencia al gasoducto de TransCanada saben que la construcción acabará con el agua, el bosque mesófilo de montaña, las especias endémicas, además de que tendrán que modificar sus cultos si sus cerros sagrados son violados.
“El trazo, que hemos comparado que la empresa presentó a la Secretaría de Energía lo hemos recorrido a pie. Y casualmente, todo el trazo pasa por los manantiales de agua más grandes que tenemos y esto va a generar desplazamiento a largo plazo de nuestras comunidades. O utilizar el agua para hacer otros proyectos como la fractura hidráulica o como son las minas”, comenta Oliveria Montes.
Los otros proyectos incluyen el fracking utilizando el agua de manantiales de la zona, hidroeléctricas en la cuenca del río San Marcos y la explotación de minas de berilio en Cuautepec, comunidad de Tlacuilotepec. El berilio es un mineral utilizado para construcción de reactores nucleares.
“Ya lo dijo bien el Presidente Municipal, Hernández Santos, dijo que era el primero de muchos proyectos que estaban por iniciar y ahora nosotros ya sabemos cuáles son esos proyectos que están por empezar y es el fracking, la construcción de hidroeléctricas porque allá abajo tenemos un río y la explotación de las minas porque también quieren entrar a Cuautepec, porque ahí hay una gran mina de berilio. También aquí en Chila de la Sal. Eso les está llamando la atención, quieren venir por los recursos naturales que todavía tenemos en la sierra norte de Puebla”, asegura María de Lourdes Hernández, una de las más activas de la comunidad de Zoyatla.
María de Lourdes tienes seis hijos, la más pequeña de ellos la mira mientras concede la entrevista. “Yo quiero que vivan lo que yo viví, que conozcan las cosas”, dice mientras cruza la mirada con la niña.
Organizaciones de la sociedad civil alertan que el sitio Ramsar del Valle de Cuatro Ciénegas –ecosistema considerado de importancia internacional– está bajo amenaza por el desvío ilegal de su agua a zonas aledañas, principalmente para uso agrícola ante la indiferencia de los gobiernos estatal y federal.
El área natural es famosa por los cuerpos de agua que surgen en medio del desierto del estado de Coahuila y por ser hogar de especies endémicas.
“Todo lo que se tiene que hacer es crear las estructuras de control que permitan otorgar solamente los volúmenes que tiene una concesión y dejar el resto como caudal ecológico dentro del Valle. Es facilísimo, no se requiere una gran cantidad de dinero, no se requiere mas que voluntad política”, explicó Mauricio de la Maza-Benignos, director general de Pronatura Noreste.
Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Los ecosistemas del Valle de Cuatro Ciénegas, sitio Ramsar donde habitan más de 70 especies endémicas, están amenazados gravemente por el transvase ilegal de agua, alertan organizaciones de la sociedad civil.
El lugar es famoso por los cuerpos de agua que surgen en medio del desierto del estado de Coahuila y por ser hogar de especies que no habitan ningún otro sitio del planeta, tales como el cachorrito del Bolsón, mojarra de Cuatro Ciénegas, bagre Yaqui, carpa Potosina, tortuga Casco Suave, hierba del Escorpión, hierbabuena silvestre, maguey de Parras e isópodo acuático; además de moluscos, crustáceos y peces.
Especies, Sociedad y Hábitat AC y Pro Natura Noreste publicaron el estudio Seguridad Hídrica del Valle de Cuatro Ciénegas en el que analizaron las concesiones superficiales, volúmenes y usos del agua en el hábitat ubicado en Coahuila. El documento señala la existencia de 19 títulos de concesión del vital líquido en el territorio, amparados en 23 aprovechamientos superficiales por un volumen que supera los 18 millones de metros cúbicos al año.
La conservación ecológica abarca más del 51 por ciento del uso, le sigue el uso agrícola con el 47 por ciento y en menor medida el uso público urbano y el pecuario, con menos del 1 por ciento cada uno.
Por ello, Mauricio de la Maza-Benignos, director general de Pronatura Noreste, explicó a SinEmbargo que el problema en este caso no es el concesionamiento excesivo, ya que de los 104 millones de metros cúbicos que genera el Valle de Cuatro Ciénegas, únicamente una quinta parte corresponde a algún tipo de concesión.
Aún existen altas posibilidades de que Cuatro Ciénegas se recupere, no en su totalidad, pero sí al 80 por ciento al menos. Foto: Luis Salcedo/ Vanguardia.
La verdadera amenaza que impacta negativamente al ecosistema considerado de importancia internacional es el desvío ilegal del vital líquido a otras zonas aledañas: el agua se entuba, sale del Valle, pasa por las poblaciones de Sacramento y La Madrid para desembocar en el río Nadadores, explicó el doctor en Biología y Desarrollo Sustentable.
“O sea, el 80 por ciento restante lo están mandando hacia el Valle de a lado sin que exista alguien que tenga derecho a esta agua. Eso es una ilegalidad”, reprochó.
Por si fuera poco, De la Maza-Benignos agregó que durante la administración federal de Felipe Calderón Hinojosa se entubó el canal Santa Tecla, pero aún incompleta, la obra se ejecutó: comenzó a operar sin que se clausurara previamente el canal antiguo, situación que ha continuado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y ha provocado la extracción de volúmenes más grandes.
El especialista asegura que dar solución a dicha problemática requiere alrededor de 150 mil pesos y horas de maquinaria para clausurar el canal obsoleto.
“Hoy se están robando el agua que sale por el canal viejo, ya hay hasta sistemas de riego [para siembra de alfalfa, principalmente] instalados por todo Cuatro Ciénegas. Es un volumen impresionante lo que se está sacando”, recriminó.
La situación, advirtió, ya está cobrando factura: ha provocado desecación, degradación e incluso extinción de especies endémicas, es decir, que sólo vivían en esa región y en ninguna otra parte del mundo. Por si fuera poco, de acuerdo con la propia Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Valle es considerado el humedal más relevante en el desierto de Chihuahua y uno de los más destacados de la República Mexicana.
“Dicha cifra está siendo trasvasada fuera del Valle, poniendo en riesgo el caudal ambiental, consecuentemente afectando la recarga del acuífero y el equilibrio ecológico de este importante lugar en donde ya se han desecado sistemas hidrológicos, devastados por esta explotación desmedida”, indica el análisis.
Incluso, tras peticiones de organizaciones civiles, centros de estudio e investigación y organismos internacionales, Valle fue declarado Área Natural Protegida (ANP), en noviembre de 1994, a fin de resguardar los ecosistemas, asegurar la continuidad de sus procesos evolutivos ecológicos, aprovechar sostenidamente sus recursos naturales y guarecer la diversidad genética de sus especies.
A pesar de la situación, el ambientalista aseguró que aún existen altas posibilidades de que Cuatro Ciénegas se recupere, no en su totalidad, pero sí al 80 por ciento al menos, pero subrayó que para ello se necesita voluntad política e implementación de algunas medidas.
“Ya brincó el umbral, no vamos a poder tener nunca más en Cuatro Ciénegas el ecosistema que tuvimos hace 100 años, pero podemos salvar todavía cerca del 80 por ciento si actuamos ahorita”, dijo.
Para lograr redimir al ecosistema, el análisis plantea llevar a cabo las siguientes recomendaciones:
-Calcular y reservar el caudal ecológico necesario para recuperar y mantener la salud ecológica del Valle de Cuatro Ciénegas, a través de un grupo especializado que incluye actores académicos y de los distintos niveles de Gobierno.
-Comenzar el ordenamiento y regularización de las concesiones otorgadas que actualmente no están ligadas a una fuente de suministro de agua legal, siempre y cuando no afecten el volumen establecido en el caudal ecológico, asegurando así la seguridad y sostenibilidad del sistema.
-Establecer un sistema de ordenamiento y control sobre los volúmenes concesionados y los volúmenes que salen del Valle hacia regiones aledañas a través de estructuras físicas de control.
“Todo lo que se tiene que hacer es crear las estructuras de control que permitan otorgar solamente los volúmenes que tiene una concesión y dejar el resto como caudal ecológico dentro del Valle. Es facilísimo, no se requiere una gran cantidad de dinero, no se requiere mas que voluntad política”, afirmó e hizo un llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a tomar cartas en el asunto.
A través de un comunicado, la organización que dirige se pronunció al respecto: “le exigimos a Conagua que cumpla con su compromiso y obligación de cancelar la infraestructura obsoleta que está desangrando al Valle de Cuatro Ciénegas”.
Los ejidatarios de los municipios de Motul, Cansahcab y Suma de Hidalgo están asustados por las firmas de energía Aldesa y Aldener, que intentan despojarlos de sus tierras con base en unos arrendamientos de 30 años firmados sin consentimiento de los campesinos y que posibilitan la edificación. Dichos contratos fueron autorizados en 2014 por el comisario anterior del ejido, Santos Nicolás Chunab Celis, y permiten la renta de mil 89 hectáreas en Sinanché.
Por Martha López Huan
Mérida (México), 26 may (EFE).- Sobre los regios árboles de la costa mexicana de Yucatán -tan antiguos como la civilización maya que antaño pobló esa tierra- y las especies endémicas como los ambarinos pájaros Yuya o el pájaro Thó, se cierne la sombra de un posible ecocidio a raíz de la construcción de parques eólicos.
El comisario del ejido de Sinanché, Severiano Gutiérrez Celis, cuenta a Efe que tanto él como los ejidatarios de los municipios de Motul, Cansahcab y Suma de Hidalgo están asustados por las firmas de energía Aldesa y Aldener, que intentan despojarlos de sus tierras con base en unos arrendamientos de 30 años firmados sin consentimiento de los campesinos y que posibilitan la edificación.
“Esa belleza natural y nuestras milpas podrían desaparecer para siempre con los parques eólicos que pretenden construir en el oriente con contratos irregulares”, expresa Gutiérrez Celis.
Dichos contratos fueron autorizados en 2014 por el comisario anterior del ejido, Santos Nicolás Chunab Celis, y permiten la renta de mil 89 hectáreas en Sinanché.
Sin embargo, los campesinos no tienen certeza de si lo que afirman las empresas es cierto, ya que estas -asegura Gutiérrez Celis- no quieren darles “copia del contrato que firmó en 2014 el comisario anterior”.
Ese año, al descubrir la irregularidad, los campesinos denunciaron los proyectos y se detuvo la construcción de los parques denominados Chacabal I y Chacabal II de acuerdo con una resolución del Tribunal Superior de Justicia Administrativa.
El fallo a favor de los pobladores vino a partir del estudio de impacto ambiental que presentaron los empresarios, el cual no cumplía los requisitos establecidos por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
Según el portavoz de los ejidatarios, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) realizó un dictamen que reconocía el riesgo de pérdida de hábitat de especies endémicas, así como la muerte de aves residentes y migratorias.
La próxima audiencia será el 3 de noviembre en el Tribunal Agrario, en la ciudad de Mérida, donde los campesinos esperan conseguir que se cancele la construcción del proyecto.
“No queremos que nuestros nietos o bisnietos afronten un desastre ecológico por la complicidad de funcionarios estatales y federales que quieren construir parques ecológicos en nuestras tierras”, asevera Gutiérrez Celis, quien asegura que buscarán ayuda internacional para evitar a toda costa daños en el ecosistema.
Por lo pronto, el comisario ejidal de Sinanché y sus habitantes exigen una copia del contrato de arrendamiento, “porque en la asamblea que se organizó para dar a conocer el arrendamiento de mil 89 hectáreas no se contó con la mayoría mínima” de campesinos presentes, que es 419.
El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Edgar Ocampo cuenta a Efe que los efectos derivados de la construcción de estas estructuras no solo traerían daños ecológicos, sino también problemas de salud relacionados con la audición y problemas cardíacos.
En lo relativo al daño al medioambiente, preocupan los daños y muertes de aves, ya que los cinco últimos metros de las aspas de los postes eólicos llegan a obtener una velocidad de 400 kilómetros por hora.
Según el experto, en otras regiones del mundo se contabilizan aproximadamente 20 aves muertas por año por cada poste instalado.
También las máquinas, al no ser totalmente herméticas, presentan constantemente fugas y fluidos de aceite y estos normalmente se escapan por las aspas alcanzando una dimensión muy grande en los terrenos, “convirtiendo finalmente a la torre eólica en un aspersor de aceite”.
El líquido puede causar impactos especialmente en los terrenos agrícolas, concluye el también catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). EFE
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