Productores de café de Cuetzalan sufren la crisis económicas ante la falta de ventas. Piden el apoyo en redes sociales para conseguir compradores.
El Café Cuezali se produce de forma 100 por ciento tradicional por pobladores de la Sierra Nororiental de Puebla.
Por Carmen González
Puebla, 13 de mayo (Periódico Central).- Lamentablemente, la contingencia sanitaria provocada por la coronavirus en Puebla, ha afectado seriamente las ventas de los productores cafetaleros de Zoquiapan, municipio de Cuetzalan del Progreso.
Daniel Vázquez Cruz, dueño de la Finca Cafetalera Vázquez, y creador de la marca de café Cuezali, ha tenido que buscar la forma de vender su café para continuar brindando empleos a sus colaboradores y prácticamente, para sobrevivir ante la crisis económica derivada de la pandemia.
Desde marzo que inició la cuarentena sus ventas han caído un 50 por ciento. Sin embargo, Daniel y su familia, se han negado a despedir a sus colaboradores, ya que este es el único sustento económico que poseen las familias del municipio y serían los principales afectados.
“No los puedo dejar porque son prioridad, no se pueden quedar sin trabajo, son los que más necesitan”, comentó Daniel.
La preocupación de los trabajadores cafetaleros por la COVID-19 en esta parte de la Sierra Norte, está más enfocada a la falta de empleos y ventas, pues de no poder comercializar el café, no tendrán recursos para comer.
Café Cuezali tampoco ha desamparado a los habitantes de Cuetzalan: los precios de las bolsas económicas dirigidas a la población más vulnerable se han mantenido en 20 pesos en tiendas y comercios locales, pues es una bebida esencial en el día a día de miles de familias.
Ahora buscan la venta del café molido en otros municipios y estados de la República, haciendo uso del servicio de paquetería para no dejar morir esta actividad esencial, de la que dependen cientos de poblanos.
El costo de un kilo de café con empaques de celofán, papel y bolsas metálicas es de 100 pesos, mientras que el empaque en bolsa de yute y bolsa resellable tienen un costo de 110 pesos, más gastos de envío que corren a cuenta del comprador.
Sin embargo, las personas pueden realizar pedidos de café molido o en grano, desde 250 gramos, medio kilo o cantidades a granel, sin importar la ciudad o el estado de la República Mexicana en el que se encuentren, aunque puede tardar en llegar de 3 a 7 días hábiles.
Para adquirir este café se puede hacer a través de estos números telefónicos: 233 134 4952 o al 233 109 9518, con Daniel Vázquez, quien informa sobre la dinámica de compra, de manera segura y confiable.
La marca es 100 por ciento poblana, “de la mejor calidad” y con la compra se puede apoyar a cientos de familias de la Sierra Norte y puedan comer.
En Puebla, el homicidio se instaló como patrón sistemático de persecución. Los asesinatos de Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tihuilit –el 14 y 31 de mayo de este año, en Cuetzalan del Progreso y Zacapoaxtla, en la sierra nororiental– son el epílogo de una larga historia de agresiones en contra de activistas y defensores de derechos humanos. En 2012, Frumencio Solís Cruz y Antonio Esteban Cruz fueron asesinados en Cuetzalan. A partir de ahí, el crimen, avalado por una profunda impunidad, no se detuvo.
Pero nada frenó la resistencia. Ni esta amenaza constante de muerte y silencio. Las comunidades indígenas continúan con su trabajo de oposición a los megaproyectos de desarrollo, como hidroeléctricas y mineras a cielo abierto. Quieren respeto a su derecho constitucional de ser consultados sobre cualquier tipo de obra que pueda amenazar su autodeterminación, sus territorios y los recursos naturales de sus entornos.
SÉPTIMA ENTREGA DE UNA SERIE
Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).– No sólo están amenazados los recursos naturales, el futuro de poblaciones enteras o las tierras consideradas sagradas por los pueblos originarios; los activistas que han tomado como bandera la protección del medio ambiente y luchan contra los llamados “proyectos de muerte” ahora son víctimas de una cacería en Puebla.
En menos de un mes asesinaron a dos activistas en la región de Cuetzalan, Adrián Tilihuit y Manuel Gaspar Rodríguez, que encabezaban la lucha en contra de la empresa Gaya S.A de C.V., que trabaja en la construcción de dos plantas hidroeléctricas que se beneficiarán del agua del río Apulco.
Gerardo Pérez Muñoz, representante de la Asamblea de Afectados Ambientales Capítulo Puebla, calcula que existen alrededor de 64 defensores amenazados en las regiones de Ocotepec, opositores a la empresa Living Water International; Cuetzalan, donde se confrontan con la empresa hidroeléctrica Gaya S.A de C.V, y en Pahuatlán, territorio amenazado por el gasoducto Tula-Tuxpan, megaproyecto de TransCanada.
Tras el asesinato de Tilihuit y Gaspar en Cuetzalan, los activistas de Pahuatlán han preferido prevenirse y tomar en serio las amenazas que comenzaron con pedradas a sus puertas. Ahora hacen sus reuniones en domicilios secretos y evitan informar abiertamente cuándo realizarán sus próximos eventos, explicó Oliveria Montes Lazcano, una de las voceras del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo, encargada de articular a los pobladores involucrados en la lucha en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan.
Cuetzalan protesta por el asesinato del líder activista Manuel Gaspar, perpetrado el 14 de mayo pasado. Foto: Especial
Puebla, un cementerios de activistas opositores a los megaproyectos. Foto: Especial
DOS EJECUTADOS EN CUETZALAN
En mayo de este año, la pesadilla resurgió. El día 14 fue encontrado sin vida dentro de un motel de Cuetzalan, Manuel Gaspar Rodríguez, el dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) quien era objeto de amenazas por encabezar la oposición a la instalación de una hidroeléctrica en la región.
El hallazgo del cuerpo ocurrió alrededor de las siete de la mañana en uno de los cuartos del motel Quetzal, ubicado en el libramiento del municipio, a un costado del Centro de Convenciones.
Los empleados del lugar acudieron a la habitación para pedir que fuera desalojada y al no tener respuesta, entraron y descubrieron el cuerpo de un hombre. El piso de la habitación se encontraba manchado de sangre, como si la víctima intentara defenderse y presentaba varias heridas hechas con arma punzocortante, estaba desnudo y en el suelo.
Horas después se confirmó que el cuerpo correspondía al líder activista del MIOCUP. Al respecto, la organización envío un comunicado condenando el homicidio e informaron que Manuel Gaspar había recibido amenazas de muerte vía telefónica por desconocidos y fue citado por la Procuraduría General de la República (PGR) por la lucha que dieron comunidades contra la imposición de una de las subestaciones eléctricas.
“Exigimos una investigación seria, eficaz e imparcial, acorde con el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia. El fiscal tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos”, exigió el MIOCUP en su comunicado.
El segundo activista asesinado fue Adrián Tilihuit. Desapareció el miércoles 30 de mayo. Su cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza, a diez metros de un automóvil Chevy, en el fondo de un barranco en la zona de Zacapoaxtla, población a 20 minutos de Cuetzalan.
Según versiones de los activistas de la sierra nororiental, el miércoles no volvió a su casa y comenzaron su búsqueda hasta que dieron con un vehículo al fondo de la cañada y el cuerpo del activista a unos metros.
Tilihuit apoyó a los indígenas de San Juan Tahití en el movimiento que se opone a la instalación de la empresa Gaya S.A. de C.V. en la zona del río Apulco para comenzar con la construcción de plantas hidroeléctricas
ANTONIO ESTEBAN: UNA EJECUCIÓN PREVIA
El MIOCUP ha sido una organización constantemente acosada. A los dos homicidios les precede uno más, perpetrado en 2014 en la misma región.
Antonio Esteban Cruz, quien desde entonces lideraba la oposición a la entrada de Gaya SA de CV, fue asesinado la mañana de este miércoles 3 de junio del 2014, con cuatro balazos.
En un comunicado emitido en ese entonces, el MIOCUP y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) acusaron a los gobiernos estatal y federal de estar implicados en el homicidio de este luchador social, quien también fue uno de los principales coordinadores del Encuentro Nacional Indígena y Campesino “En defensa de la tierra y el territorio”, realizado en marzo del 2014 en Cuetzalan, una de las primeras asambleas que informaban sobre el “proyecto de muerte”.
A partir de este encuentro, refierieron las organizaciones, se conformó el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) para defender la tierra como un bien colectivo de los pueblos y exigir respeto al derecho a la consulta ante las autorizaciones que ha hecho el Gobierno federal de megaproyectos, minas e hidroeléctricas.
Junio de 2014. Integrantes de la Coordinadora Plan de Ayala, Movimiento Nacional, protestan por el asesinato de su compañero Antonio Esteban Cruz, dirigente regional del Movimiento Independiente, Obrero, Campesino, Urbano y Popular en la Sierra Norte de Puebla ocurrido el pasado 4 de junio en el paraje “El Rincón”, a orillas del río Apulco, municipio de Cuetzalan, Puebla. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
EL TERRITORIO DEL GASODUCTO TULA-TUXPAN
Oliveria Montes Lazcano se enteró del asesinato de los dos activistas de Cuetzalan cuando se encontraba en una gira por Europa para dar a conocer las acciones de la lucha contra el Gasoducto Tula-Tuxpan.
A su regreso a tierra mexicana, su preocupación es evidente y han redoblado medidas de seguridad. Para realizar la entrevista con SinEmbargo, Oliveria Montes solicitó primero acudir a un territorio cercano a Pahuatlán, pero de ya ahí confirmó su verdadera ubicación por temor a que cualquier mensaje sea interceptado para localizarla a ella y sus compañeros.
La joven de 28 años de edad es una de las líderes voceras del movimiento que se ha encargado de dar la lucha en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan en los municipios de Tenango de Doria, Pahuatlán y Tlacuilotepec.
Los aciertos de la organización provocaron dos suspensiones definitivas de los cinco amparos que promueven contra la obra que tenía que ser entregada a inicios del 2018 por la empresa TransCanada y que pone en peligro a casi 500 poblaciones indígenas.
Los activistas en contra del Gasoducto Tula-Tuxpan ya son amedrentados. Hombres armados han pasado se pasean por sus domicilios, y han recibido todo tipo de mensajes a través de personeros de las autoridades municipales que apoyan la instalación del proyecto en Pahuatlán.
“A los compañeros van y les apedrean sus casas, los han amenazado. Están sobre ellos. Hay muchas presiones de parte de los operadores locales y de las autoridades que sirven como apoyo a las transnacionales, el problema es que ellos viven ahí”, comentó Raymundo Espinoza, el asesor legal del Consejo de Pueblos Originarios de Puebla e Hidalgo.
“TENEMOS QUE DOMINAR EL MIEDO”
Para Oliveria Montes, el miedo es natural pero que no puede frenarlos.
“Sí ha habido amenazas. Nos han amenazado tocándole las puertas a los compañeros diciendo que los van a desaparecer, que no se metan. Aventándole piedras a las casas de los compañeros, escuchando disparos afuera de las casas, ha habido amenazas de muerte. Sí ha habido muchas amenazas en nuestro entorno, pero eso no nos puede inmovilizar porque no estamos en una lucha vacía estamos luchando no solamente por nosotros y por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos”, dijo.
— ¿Han caído dos activistas en Cuetzalan por oponerse a proyectos de muerte? ¿Tienen miedo?
—El miedo es natural que se tenga; sin embargo, lo tenemos que dominar. El miedo no nos tiene que inmovilizar porque es lo que buscan las empresas y el Gobierno. Buscan inmovilizarnos. No reaccionar y no defendernos. Y estamos en todo nuestro derecho de defendernos. El miedo no nos tiene que dejar manipular ni inmovilizar, debemos ser dominantes de ese miedo.
La activista señaló que no hay vuelta atrás. La lucha se mantiene y en parte, el viaje a Europa y la reunión con los activistas que pelean contra la colocación del proyecto MidCat, un gasoducto similar que afectará zonas de España y Francia, los ha vuelto más visibles ante las organizaciones internacionales.
“Lo que ellos nos dicen es que sigamos luchando, que no nos desesperemos, que no nos derrotemos, que nos van a apoyar dando visibilidad y apoyo a nuestra lucha”.
La resistencia por el medio ambiente y la forma de vida en Cuetzalan, Puebla. Foto: Especial
LA PERSECUCIÓN DEL GOBERNADOR MORENO VALLE
La represión de activistas en Puebla es una puesta en escena conocida. Durante su sexenio los opositores a megaproyectos, Enedina Rosas, José Luis Flores y Abraham Cordero fueron perseguidos.
El 6 de abril del 2014, quince patrullas de la Policía Estatal detuvieron a la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez, de 60 años. Presidía una reunión entre comisarios ejidales donde se firmaba la negativa a que sus tierras fueran utilizadas para la construcción de las obras relacionadas con el Gasoducto Morelos.
La detención de Enedina fue violenta y con exceso en el uso de la fuerza. En ese entonces, el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas –a través de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado– tenía en sus manos una denuncia por robo agravado y obstrucción de obra en contra Enedina Rosas. Fue presentada por empleados de la empresa Bonatti, filial italiana que tiene el encargo de llevar a cabo las obras del gasoducto en el Proyecto Integral Morelos y que actualmente no puede laborar para TransCandada en la zona de Pahuatlán y Tlacuilotepec.
A Enedina se le acusó de robar “de manera violenta” dos celulares a empleados de Bonatti y fue ecarcelada. Estuvo en el penal de Atlixco hasta el 2 de octubre del 2014 y después fue trasladada a su casa en prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.
En su más reciente aparición ante los medios de comunicación, Enedina Rosas indicó que se encuentra con mejor salud y tranquila. Ella, como muchos de los comisarios ejidales de la zona de Atlixco, mantenían reuniones y asambleas informativas desde el 2012, fecha en que su patrimonio fue amenazado por la empresa Bonatti, que entraba poco a poco a intervenir en tierras de la zona sin los permisos correspondientes.
Mayo de 2014. Resguardados por el Ejército Mexicano, la Policía Federal y Estatal, maquinaria y tubería arribaron a distintas comunidades del Valle de Atlixco de Puebla con lo que oficialmente se dio inicio a la instalación del gasoducto Morelos. Foto: Hilda Ríos. Cuartoscuro
El segundo caso fue Juan Carlos Flores, vocero del Frente de los Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, quien participa activamente desde el 2009 coordinando acciones informativas y asesorando legalmente a los vecinos de tierras afectadas por mega proyectos emprendidos en los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala.
Tras la detención de Enedina Rosas, fue aprehendido Juan Carlos el 7 de abril del 2014, Juan Carlos Flores Solís a la salida de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Puebla (CEDHP).
Contra Juan Carlos Flores existía un proceso por motín, despojo, ataques contra la infraestructura hidráulica y extorsión, por lo que no alcanzó libertad bajo caución por tratarse de delitos graves y fue enviado al penal de San Pedro Cholula.
Sin embargo, el activista dejó la prisión el 23 de enero del 2015, a casi diez meses de permanecer en prisión, por encabezar la oposición al gasoducto del Proyecto Integral Morelos.
Este proyecto implica un ducto de 30 pulgadas de diámetro que recorrerá unos 160 kilómetros por las faldas del Popocatápetl y a través de unas 60 comunidades campesinas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y transportaría a diario nueve mil millones de litros de gas natural.
El 21 de febrero del 2018, un juez federal ordenó suspender la construcción y el financiamiento del gasoducto de la compañía Autoabastecedora de Gas Natural, obra que habría de servir a instalaciones de los parques industriales de Cuautla y Cuernavaca, así como a dos centrales termoeléctricas en la localidad de Huexca, municipio de Yecapixtla.
Abraham Cordero, fue un tercer activista detenido en tiempos de Rafael Moreno Valle, identificado como uno de los principales opositores del Arco Poniente.
El proyecto del Arco Poniente fue originalmente propuesto en la administración del exgobernador Mario Marín Torres. Desde ese entonces Abraham Cordero ya se encontraba organizado con gente de la zona de San Martín Texmelucan.
Aunque el proyecto fue finalmente pospuesto y jamás finalizó en la administración marinista, con el gobierno de Rafael Moreno Valle se dio la modificación del trazo, puesto que se necesitaba para la construcción del gasoducto que integra el Proyecto Integral Morelos en su conexión al estado de Puebla y Tlaxcala.
Fue entonces que se retomó el trabajo y los pobladores de la zona de San Martín Texmelucan y otros municipios de la zona, en su mayoría situados en tierras de labriego, conformaron el frente de Pueblos de la Sierra Nevada.
El 8 de abril del 2014, Abraham Cordero fue detenido mientras lo acompañaba su esposa Obdulia García, quien denunció que fue llevado por agentes ministeriales quienes lo acusaron de robo de cable de cobre, sin embargo de último minuto la entonces Procuraduría General de Justicia en Puebla informó mediante un comunicado que se le achacaban otros delitos contra funcionarios públicos, amenazas y privación ilegal de la libertad.
Fue hasta el 2 de octubre del 2014 que Cordero fue liberado del penal municipal de Atlixco, donde pasó seis meses en una pequeña celda.
Decenas de activistas han luchado en Cuetzalan, Puebla, desde desde hace cinco años en contra de la instalación de proyectos eléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, y en el camino han sufrido amenazas, agresiones, denuncias penales y el asesinato de dos de sus compañeros.
Alfredo Guerreo Santos, integrante del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), resume así su lucha en Cuetzalan: “estamos a favor del desarrollo, pero no de este tipo de desarrollo de imposición, de despojo. Estamos a favor del desarrollo para los pueblos, donde haya seguridad, educación y mejores caminos. A los megaproyectos que quieren imponer les decimos: ‘NO'”.
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- Cuetzalan es un Pueblo Mágico ubicado al norte de la sierra del estado de Puebla y es bien conocido por sus bellezas naturales, santuarios, café aromático y pipián. Pero poco se dice de las grandes luchas que los habitantes y defensores de los derechos humanos han tenido que emprender frente a los megaproyectos impulsados por el propio Estado mexicano y por las empresas trasnacionales.
Durante al menos el último lustro, las amenazas, ataques, intimidaciones e incluso los asesinatos han envuelto a la población situada en los límites con el estado Veracruz, hogar de indígenas totonacos y nahuas.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) buscó imponer una subestación eléctrica denominada Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II-Tajín sobre terrenos cubiertos con vegetación de bosque, selva y pastizal cultivado, en la que invertiría más de 200 millones de pesos, de acuerdo con información de la propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
A falta de una consulta previa, libre e informada, la comunidad cuestionó el proyecto desde un inicio y fue entonces cuando las autoridades del municipio de Cuetzalan del Progreso y funcionarios de la CFE aseguraron que la subestación beneficiaría a la población. Pero la realidad, dijo Alfredo Guerreo Santos, integrante del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), es que la obra favorecería al proyecto minero “El Aretón”, propiedad de la empresa minera Autlán, que actualmente tiene denegado el permiso de explotación.
“En 2107, en abril, durante la Semana Santa y la Feria anual de octubre, ellos hicieron apagones de manera intencional, con ello empezaron a meter la idea de que hacía falta una subestación, pero vimos que en realidad era para abastecer de energía eléctrica a la mina de ‘El Aretón'”, denunció en entrevista con SinEmbargo.
Manifestación por el asesinato de Manuel Gaspar. Foto: Especial
El activista denunció que “ni la CFE ni el Ayuntamiento nos consultaron a nosotros como pueblos originarios sobre si estábamos o no de acuerdo con que esa subestación se instalara. Desde ahí violaron nuestro derecho a la consulta”. El Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio (POET) de Cuetzalan –publicado en el Periódico Oficial del estado el 3 de diciembre de 2010– indica que el territorio municipal “es un componente de una multiplicidad de territorios de carácter geográfico, hidrológico, social y ambiental, de los cuales depende, para que sus habitantes gocen de un bienestar colectivo, por lo que el impacto de las obras es de carácter regional”.
Las afectaciones por el inicio de las obras de la subestación –que hoy están suspendidas– fueron la deforestación de cultivos de café y pimienta, violaciones a los derechos humanos, el despojo y la muerte masiva de abejas meliponas por falta de alimento.
Gracias a las movilizaciones del MIOCUP, de las Cooperativas Tosepan “TosepanTitataniske” y del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (COTIC) las obras de la subestación fueron suspendidas. No obstante, la CFE interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Alfredo Guerrero y siete defensores más: Rufina Edith Villa Hernández, Álvaro Aguilar Ayón, Nazario Diego Téllez, Luis Enrique Fernández Lomelín, Leonardo Durán Olguín, Francisco Jiménez Pablo y Manuel Gaspar Rodríguez, quienes fueron notificados el 31 de enero de este año.
Los defensores se presentaron a la cita, pero se reservaron el derecho a declarar para pedir las carpetas y saber exactamente de qué iba la demanda en su contra.
Actualmente existe un clima de miedo, pues el pasado 14 de mayo, Manuel Gaspar fue hallado sin vida con tres lesiones en el cuerpo, provocadas por arma blanca y con evidentes signos de tortura, en un hotel de Cuetzalán.
Sus compañeros de lucha mantienen su exigencia justicia y han señalado que el móvil del crimen es justamente la labor activista.
“Cuando comenzamos con las movilizaciones, llegó la represión directamente con el compañero Manuel. Le empezaron a hacer llamadas amenazantes, robaron como dos veces el lugar que él habitaba. Era un manera de intimidarnos para que no nos siguiéramos organizando, pero lo que nosotros estábamos haciendo era defender los usos, las costumbres, la cosmovisión, que vivimos en la sierra”, dijo Guerrero Santos, quien teme ahora por la integridad y vida de los defensores.
Después de la denuncia, “lo que podía pasar en primera instancia ya pasó: nos asesinaron a nuestro compañero Manuel. Lo que ahora puede pasar es otro asesinato, una desaparición forzada o que nos detengan. Esos son nuestros temores […] Responsabilizamos a los tres niveles de Gobierno y a la propia CFE de cualquier ataque”, alerta.
Hoy pide a la CFE que retire la denuncia, pues no hay “justificación real” para llevar a cabo el proyecto y que de ser llevado a otra parte de la República Mexicana, se haga una consulta para que la población emita su opinión.
DEFENSORES, EN LA MIRA
El asesinato de Manuel Gaspar no fue el único que manchó de rojo la lucha en Cuetzalan: el 4 de junio de 2014, fue asesinado Antonio Esteban Cruz, quien se oponía a la construcción de una hidroeléctrica en el río Apulco y a la minería en la región.
En su momento, integrantes del MIOCUP, liderado por Antonio Esteban, advirtieron que la hidroeléctrica Cuamono-Cuetzalan podría incluso desaparecer dos comunidades cercanas y lograron suspender las obras.
“Con la movilización, con la denuncia y con los foros logramos frenar esa hidroeléctrica, pero nos asesinaron al compañero Antonio Esteban Cruz”, lamentó Guerrero Santos.
Ante ese panorama, el defensor afirmó que “definitivamente, el país no es un lugar seguro para los defensores de derechos humanos ni para los periodistas […] El Gobierno de México no tiene ni la sensibilidad ni la voluntad política para brindarnos seguridad”.
Finalmente, envió un mensaje a los gobiernos federal, estatal y municipal: “en Cuetzalan estamos a favor del desarrollo, pero no de este tipo de desarrollo de imposición, del despojo. Estamos a favor del desarrollo para las propias comunidades y pueblos, donde haya seguridad, educación y mejores caminos. A los megaproyectos que quieren imponer les decimos ‘no'”.
La coronación marcó el momento cumbre de la 54 Feria del Huipil de Cuetzalan, una festividad con orígenes en la época prehispánica y que fue retomada a partir de 1963 para rescatar las costumbres indígenas de la región.
Por Nuria Monreal Delgado
Puebla (México), 4 oct (EFE).- La comunidad náhuatl de Cuetzalan, en el central estado de Puebla, coronó hoy a su Reina del Huipil, la prenda femenina típica de los indígenas de México, en su tradicional fiesta patronal anual dedicada a San Francisco de Asís.
Siete mujeres de Cuetzalan del Progreso, municipio formado por 168 pueblos indígenas, pugnaron por la corona al desfilar ante el jurado con grandes y elaborados tocados de lana en su cabeza, listón en mano, descalzas y con sus trajes regionales.
La ganadora de este año ha sido Hilda Fernanda Márcito Mora, de Santiago Yancuitlalpan, comunidad con 78.9 por ciento de habitantes indígenas y con el 47.3 por ciento de hablantes de náhuatl.
La coronación marcó el momento cumbre de la 54 Feria del Huipil de Cuetzalan, una festividad con orígenes en la época prehispánica y que fue retomada a partir de 1963 para rescatar las costumbres indígenas de la región.
a Feria del Huipil tiene sus raíces en la festividad prehispánica a Xochitlquetzal, la diosa náhuatl del amor. Foto: Oscar Paula Cruz, Facebook
La celebración fue retomada en 1963 para rescatar las costumbres de esta comunidad. Foto: Oscar Paula Cruz, Facebook
Cuetzalan, que cuenta con un 82 por ciento de población indígena. Foto: Oscar Paula Cruz, Facebook
El colorido, la música y la tradición de más de medio siglo se adueñaron de las calles de este pueblo situado en la Sierra Norte de Puebla y reconocido por sus cultivos de café.
“Sin duda este es uno de los eventos que engrandecen a nuestra Feria ya que muestra toda nuestra cultura, costumbre, tradición, lengua, vestimenta, forma de vida y orgullo por el sentido de pertenencia”, dijo el presidente municipal de Cuetzalan, Óscar Paula Cruz.
Para participar, las mujeres deben ser tener entre 15 y 20 años de edad, dominar el náhuatl y el castellano y exponer ante el público y el jurado una reseña de su comunidad en la plaza central de Cuetzalan.
Un jurado integrado por autoridades de los pueblos indígenas, llamados “Tatiaxkas”, y personas de la sociedad con conocimientos sobre la cultura del municipio, se encarga de la elección de la reina por medio de un sistema tradicional de listones de colores.
Cada jurado tiene en sus manos listones de colores idénticos a los que llevan las concursantes y expresan su voto al depositar el de su favorita en una especie de urna.
Terminada la votación se abre la urna, los listones se arrojan al aire y el color que predomine indicará a la nueva Reina del Huipil, considerada representante de Cuetzalan y promotora de la cultura local.
“La reina nace para resaltar la identidad de nuestro pueblo”, señaló a Efe el director de Casa de Cultura de Cuetzalan, Alfonso Mateo Guerra Arroyo.
La Feria del Huipil tiene sus raíces en la festividad prehispánica a Xochitlquetzal, la diosa náhuatl del amor, y fue retomada en 1963 para rescatar las costumbres de esta comunidad.
Cuetzalan, que cuenta con un 82 por ciento de población indígena, es uno de los principales destinos turísticos del estado de Puebla y forma parte del circuito de Pueblos Mágicos de México.
LaReina del Huipil. Foto: Oscar Paula Cruz, Facebook
La ganadora de este año ha sido Hilda Fernanda Márcito Mora. Foto: Oscar Paula Cruz, Facebook
La coronación marcó el momento cumbre de la 54 Feria del Huipil de Cuetzalan. Foto: Oscar Paula Cruz, Facebook
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
