Organizaciones han denunciado que en Coahuila suman más de mil 963 desaparecidos, y que pese a la cifra sólo 28 ministerios públicos trabajan para coordinar acciones de búsqueda alrededor de las regiones. En el Marco del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, mientras decenas se manifestaban por la ausencia de sus familiares, recibieron dos coronas fúnebres por parte de Fiscalía General de Coahuila, acto que calificaron como “insensible y falto de respeto”.
Por Francisco Rodríguez
Coahuila/Ciudad de México, 31 de agosto (Vanguardia/SinEmbargo).– La Fiscalía General de Coahuila envió dos coronas fúnebres a los dos memoriales de desaparecidos en Torreón, Coahuila, por motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, acción que las familias calificaron de “insensible y falto de respeto”.
“No sé qué insensibilidad de las autoridades. O es el mensaje que ellos nos quieren dar, pero un mensaje a medias, sin verdad”, reclamó María Elena Salazar, miembro de Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).
María Elena contó que llegaron al memorial de desaparecidos en la Alameda Zaragoza para preparar la misa y el evento por el Día Internacional, cuando llegó una persona con la corona. “¿Esto qué significa?”, preguntaron. “La mandan de la Fiscalía”, respondieron.
“El llegar y encontrarnos esa ofrenda floral que los gobiernos ponen cuando conmemoran un acto luctuoso. Nosotros no estamos conmemorando un acto luctuoso. Estamos aquí exigiendo una lucha, una búsqueda, para nosotros es muy fuerte”, comentó Salazar.
Los colectivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos en México, se dieron cita para marchar por sus familiares el día de ayer: Foto: Orlando Sifuentes, Vanguardia
Óscar Flores, también miembro de Fuundec, dijo que es un insulto porque las familias recuerdan un día que no debería de celebrarse ni existir. “Se recuerda este día gracias a las autoridades”, señaló el padre de Jesús Daniel, desaparecido hace ocho años.
Después que las familias se negaron a aceptar la corona, elementos de la Fiscalía de Coahuila retiraron una corona fúnebre que ya habían dejado en el memorial de Grupo Vida, del otro lado de la Alameda. La corona tenía dos listones blancos, uno de la Fiscalía General de Coahuila y otro con la leyenda de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.
“Estamos buscando justicia y verdad y exigiendo que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Eso que nos mandaron para nosotros fue el primer chingazo que recibimos ahorita en la mañana”, expresó la madre de Hugo González Salazar, desaparecido hace nueve años.
Para María Elena es algo que les pegó y les caló. “Pareciera que el mensaje es que quieren enterrar los casos pero después de tantos años seguimos en nuestra esperanza. Les dijimos que no queríamos eso aquí. Nuestros hijos no están muertos mientras las autoridades no demuestren lo contrario”, comentó.
Para Óscar Flores la corona fue como querer por parte de las autoridades, que las familias olviden a sus desaparecidos.
CENTENAS DE DESAPARECIDOS
De acuerdo con la información de la organización Data Cívica, actualmente en Coahuila existen por lo menos mil 609 personas desaparecidas –según registros cruzados con datos de Sedesol, Seguro Social y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas–, de las más de 33 mil registradas a nivel nacional. Sin embargo, colectivos y organizaciones de la sociedad civil estiman hay más de 200 mil desaparecidos en el país.
Los datos reflejan que dentro de Coahuila, el mayor índice de desapariciones fue contra 861 personas menores de 30 años; lo cual quiere decir que este universo supera el 53 por ciento del total de los registros del Estado.
Dichos datos reflejan que del total de jóvenes desaparecidos y cuyos familiares en su mayoría se ubican en Coahuila, existen por lo menos 208 mujeres, de las cuales por lo menos 50 no sobrepasan de los 15 años, y hasta 88 todavía eran menores de edad la última vez que se supo de ellas.
Por otra parte, en el último informe del 2017 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reflejó una cifra de mil 666 casos en el estado de Coahuila, en las que trabajan apenas 28 ministerios públicos para coordinar acciones de búsqueda alrededor de las cinco regiones, según la Fiscalía Especializada en temas de Desaparecidos.
No obstante, la última cifra de las organizaciones Fuundec, y Fray Juan de Larios, dice que a marzo de este año hay en Coahuila una suma de mil 963 desaparecidos, lo que implica, que por cada uno la suma es de al menos 70 ministerios por cada caso.
La problemática, se traduce en que hasta hoy, según las madres integrantes de Fuundec y Fundem en Coahuila, no se tienen registros de la recuperación de alguno de sus familiares desaparecidos, y por otro lado, Grupo Vida, ha indicado que en vida ha encontrado a más de cinco personas, sin tomar en cuenta la recuperación de los restos que por iniciativa propia recuperaron, y por los que se ha recuperado el perfil de más de 120 personas desaparecidas que han compartido con perfiles genéticos de familias denunciantes.
A nivel nacional, en términos de procuración de justicia, Coahuila está en el lugar número 14 de los Estados con mayor número de asuntos ingresados para turnar a un Ministerio Público, con 195 casos por cada MP para la persecución del delito, según el ranking de Procuradurías y Fiscalías Estatales de la organización Impunidad Cero en el 2017.
José Antonio desapareció hace más de nueve años en Coahuila. Fue privado de la libertad un 25 de enero de 2009, desde entonces no se sabe nada de él.
Sus padres lo buscan y en el camino se han topado con los nexos entre funcionarios, empresarios y Los Zetas. Hubo varios detenidos por la desaparición, algunos de ellos liberados por un proceso sospechoso…
Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- “Yo en su momento pensé que lo iba a recuperar en días… y ya han pasado nueve largos años”, dice María Guadalupe Fernández Martínez, madre del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, plagiado la tarde del 25 de enero de 2009 en Coahuila mientras hablaba por teléfono con su novia.
La madre acusa que a lo largo de este tiempo “vimos la corrupción de personal de la empresa en la que trabajaba y la policía con los criminales”. La mujer ha visto como dos de los presuntos involucrados fueron liberados por “la mala integración de las diligencias policías”.
José Antonio Robledo estudió en el Instituto Tecnológico de la Construcción en la Ciudad de México. Se tituló como ingeniero civil foráneo y empezó a trabajar en el citado sector.
El joven, originario y residente de la Ciudad de México, fue contratado por la Constructora ICA Flour Daniel en el 2007. Su admisión se realizó en esta ciudad y fue asignado a Monclova, Coahuila, para el proyecto de Altos Hornos, El Fenix. “Eran dos hornos monumentales para que la acerera fuera la más grande de América Latia”, resalta María Guadalupe Fernandez Martínez.
“Toño”, como le decía su familia de cariño, llevaba un año con un mes en Coahuila. Laboraba en el departamento de subcontratos, es decir, su trabajo era en una oficina”.
“Él nunca notó que la ciudad estuviera totalmente infiltrada por el crimen organizado. Él estaba contento porque a nivel curricular era un buen proyecto. La inversión era de más de dos mil mdd”, pero todo cambió: el 25 de enero de 2009 fue privado de la libertad.
José Antonio Robledo Fernández fue a trabajar a Coahuila y fue secuestrado por Los Zetas. Foto: Cortesía para SinEmbargo
¿DÓNDE ESTÁ?
Un día antes “Toño” cumplió su media jornada laboral en la constructora. Era sábado. Al salir del trabajo, acudió a Monterrey a visitar a unos primos. En la ciudad regia compró una pistola de Gotcha y se regresó al día siguiente a Coahuila.
El joven mantenía comunicación constante con sus padres, José Antonio Robledo Chavarría y María Guadalupe Fernández Martínez. Ese día ellos estaban en Puebla por motivos de trabajo.
Telefoneó a su mamá a las cinco y media de la tarde del domingo. “Había interferencia, entonces hablamos muy poco”, cuenta la madre.
“Ya regresé de Monterrey. Estoy llegando con luz del día. Mañana te llamo”, son las últimas palabras que María Guadalupe recibió de su hijo.
La madre narra que Antonio llamó una hora después a su novia, quien radicaba en la Ciudad de México. Manejaba una camioneta Xtrail 2004 de su propiedad con placas del DF y se estacionaba en un local de venta de autopartes.
La joven le narró a la madre que mientras hablaban por teléfono, “Toño” observaba un carro Audi R8.
“No lo veas, no te vayas a meter en problemas”, dijo la joven a su novio, pero tan pronto terminó la frase escuchó voces alteradas dirigiéndose con groserías. Los sujetos cuestionaban al ingeniero su identidad, procedencia, lo insultaban y lo golpeaban.
“Él les dijo que era de ICA. Le preguntaron que si traía logos, contestó que los traía en la parte de atrás pero que la camioneta era de su propiedad”, detalla María Guadalupe.
El celular de Toño se cayó pero su novia aún se escuchaba lo que transcurría: con una voz muy desesperada, preguntaba por qué lo golpeaban, describe la madre.
–¡Dame las llaves y súbete!” es lo último que la pareja del ingeniero escuchó por ese auricular.
La joven de inmediato se comunicó a la casa campamento [donde Toño vivía con los compañeros], habló con el Gerente de Proyecto, quien le dijo que alguien de la empresa ya había entablado comunicación con los agresores, cuenta la madre de la víctima. “Le dijeron [a la chica] que a las ocho de la mañana iban a liberar al muchacho”.
A la mañana siguiente, el lunes 26 de enero, al no tener noticias de José Antonio, su novia acudió a las oficinas de la empresa en la Ciudad de México, pidió hablar con el gerente de proyecto y exponerle el plagio de su pareja.
“El gerente muy tranquilo le dijo a ella ‘no le digas a sus papás, esto es cuestión de tiempo y dinero. Yo ahorita voy para allá y no te preocupes’”, detalla María Guadalupe con base al relato de su nuera.
La joven hizo caso omiso y asistió a la casa de sus suegros para notificarles del plagio. El señor José Antonio, padre de la víctima, llamó al gerente de proyecto, quien expresó enojo contra la novia por haberles notificado.
Guadalupe cita la conversación:
–Ay, esta niña ya les fue a informar–
–Claro, que bueno que nos informó. ¡Somos sus papás! No sé por qué ustedes no nos informaron– contestó el señor José Antonio
–Porque es cuestión de horas y dinero–
–Nosotros ahorita nos vamos para allá– dijo el padre de “Toño”
La madre del ingeniero afirma que el gerente de proyecto trató de disuadir a su esposo sobre el viaje a Coahuila.
“Ese señor, Raúl es una persona que se ha burlado de la justicia y nunca ha colaborado, la empresa se deslindó del plagio por medio de él y nunca ha movido un dedo para encontrarlo”, acusa.
Los padres de la víctima acudieron a Coahuila y llegaron el lunes por la noche a Monclova.
El martes 27 de enero, la madre señala que visitaron al gerente de proyecto porque pensaron que los acompañaría a interponer la denuncia, pero que no fue así. Acusa que sólo los llevó al lugar de trabajo de su hijo, les enseñó la oficina, les presentó a unos compañeros de cuarto y al jefe de seguridad de la mina, Joaquín Benito de Ángel Martínez.
“El jefe de seguridad nos dijo que quería hablar con nosotros a solas pero el gerente de proyecto nunca lo dejó”, platica.
Guadalupe recuerda que en esa primer visita, la compañía se deslindó de los hechos por medio del gerente. “Él nos dijo que ya había hablado al jurídico y que se deslindaba porque [el día de los hechos] no tenía un vehículo de la empresa, ni andaba haciendo ningún trabajo de la empresa”.
La mujer y su esposo se dirigieron de Monclova a Saltillo después de la infructuosa reunión. Cuando iban en el autobús -acusa- el gerente los llamó para solicitarles un número telefónico.
“Nos dijo que las personas que tenían a mi hijo se habían enterado que nosotros estábamos por allá y se iban a comunicar con nosotros para negociar el rescate. Él dijo así: ‘hoy mismo o a más tardar mañana, ellos se comunican con usted’. Pasaron los días y nunca nos hablaron”.
Al día siguiente, el 28 de enero, acudieron a la interponer la denuncia.
“Cuando iniciamos la averiguación previa, ya llevábamos los movimientos financieros que realizaron, dato que un amigo de mi hijo nos ayudó a encontrar. Había retiros de la tarjeta de crédito de mi hijo, ya sabíamos al monto, la hora y el lugar. Eso lo aportamos al denunciar”, señaló.
La madre de José Antonio canceló la tarjeta de crédito.
El reporte financiero que obtuvieron, explica, mostraba que los retiros se realizaron cerca del lugar donde privaron de la libertad a José Antonio. En total sacaron cerca de 5 mil pesos de su tarjeta bancaria. “Nosotros entregamos eso, incluso el MP nos dijo que casi nunca iniciaban con esos datos que eran muy valiosos. ”
María resalta que el gerente Raúl llamó al padre de José Antonio para cuestionar si ya había interpuesto la denuncia. El padre lo negó. “Le dijo a mi esposo que antes de denunciar le avisara a él. Nosotros optamos por no decirle porque ellos ya se habían deslindado ¿Para qué le íbamos a decir si ellos no nos iban a ayudar en nada? Pero ese señor por varios días le llamó a mi esposo, llamándole y preguntándole si había denuncia”.
María y José llevan más de nueve años buscando a su hijo. Foto: Cortesía para SinEmbargo
VISITA DE LOS ZETAS
El jueves, 5 de febrero, Joaquín Benito del Ángel, jefe de seguridad de la empresa, se comunicó con el señor Antonio Robledo y acordaron verse en el hotel en Monclova donde el matrimonio se hospedaba.
Joaquín arribó con unos ingenieros que eran compañeros de Toño, uno de ellos con quien habló la novia de tras el plagio.
Previamente, “Joaquin Benito había dicho que los criminales se habían comunicado con él por medio de chismes o de boca en boca. Esa versión fue secundada por el gerente de proyecto, pero no fue así”, detalla la señora María Guadalupe.
Los padres encararon al jefe de seguridad. Con las sábanas de llamadas en mano, menciona, le revelaron que ya sabían que los responsables le llamaron directamente a él desde el celular de su hijo.
“Joaquín aceptó que lo telefonearon cuatro veces: [manifestó que] en la primera, le dijeron que el secuestrado estaba bien; la segunda, que le comentaron ‘no te metas en lo que no te importa’; la tercera y cuarta fue en el mismo sentido”.
María recapitula que cerca de las doce de la noche de ese día, el jefe de seguridad le marcó nuevamente al padre de Toño para verse en otro punto.
“Ya estábamos a punto de dormir, nos habíamos tomado una pastilla porque al día siguiente teníamos cita con el Procurador de Coahuila pero por la esperanza de una noticia, ilusamente pensamos que a lo mejor iban a devolvernos a mi hijo. Entonces nos vestimos y bajamos al lobby del hotel”, cuenta María Guadalupe
Una camioneta tipo suburban con vidrios polarizados se detuvo enfrente del hotel, sin apagar el motor ni luces, se quedó varios minutos.
María Guadalupe refiere que en seguida llegó el jefe de seguridad y evoca los diálogos de esa noche:
–Los señores de la camioneta quieren hablar con ustedes– dijo el jefe de seguridad de la empresa
–Si quieren hablar con nosotros pues que pasen– contestó el señor José Antonio.
Dos hombres jóvenes, con buena vestimenta bajaron de la camioneta y se dirigieron al matrimonio. “Nos dicen que son representantes de la última letra”, recuerda María Guadalupe.
–La última letra ¿de qué?– respondió el señor José Antonio, a quien empezaba a hacer reacción el somnífero.
–La última letra del abecedario: Zetas– respondió uno de los jóvenes.
La señora Fernández Martínez detalla que el tono de sus visitantes era amable, “pero era una amabilidad intimidante y amenazante”.
–Ustedes ya denunciaron, ¿verdad?– cuestionaron dos sujetos.
–No– negaron los padres de Toño
–Sí, porque ustedes ya dijeron que hubo retiros– les refutaron.
El matrimonio quedó perplejo. Guadalupe dice que pensó “Dios mío, ya saben todo”, pero aún así negaron la denuncia.
El par de “representantes” ordenaron al matrimonio que no denunciaran con la advertencia de que ellos sabían quién tenía a su hijo.
–Y cualquier llamada que ustedes tengan, háganmela saber, el contacto va a ser Joaquín– les recalcaron.
“Ellos nos dijeron que tenían controladas a todas las policías: las de Monclova, Saltillo y las de Monterrey. Yo creo que ellos ya tenían conocimiento de la cita del día siguiente y quisieron evitar que nosotros fuéramos con el Procurador”, deduce la señora María.
Apenas se fueron los hombres, la pareja recogió todo lo que tenía en el hotel y partieron de inmediato a Saltillo.
El viernes 6 de febrero de 2009 asistieron a la cita con el entonces Procurador General de Coahuila, Jesús Torres Charles, a quien le contaron todo lo acontecido.
La madre comenta que el funcionario les advirtió que mejor se regresaran a su lugar de origen.
Con el ánimo destrozado, María Guadalupe y el señor José Antonio volvieron a la Ciudad a México, donde había una averiguación previa abierta en la PGR, interpuesta por su hija en la unidad de secuestros durante el tiempo en que ellos estaban en Coahuila.
Se presentaron en la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para ampliar la declaración y para narrar lo ocurrido en Coahuila. Los padres del ingeniero regresaban al estado norteño cada diez días para ver los avances.
“Siempre que íbamos nos hacían la misma pregunta: ‘¿Traen algo que aportar?’. Nosotros nos poníamos a investigar, recabar papeles, sabanas de teléfono, que obteniamos porque mi esposo se llama igual que mi hijo. Analizamos los números frecuentes a los que llamaban desde el teléfono de mi hijo. Encontramos un domicilio de donde habían entrado y salido llamadas. Ya teníamos datos que considerábamos importantes”, abunda la mujer.
La señora María sostiene que entregaron a las autoridades de Coahuila recibos bancarios, sabanas telefónicas, llevaron el estado de cuenta de nómina, de la cual extrajeron cerca de 16 mil pesos, aparte de los 5 mil pesos que sacaron de la tarjeta de crédito, pero que no había avances.
El 27 de abril de 2009 fue la última vez que el matrimonio se dirigió con las autoridades de Coahuila ante el nulo avance. “Ese día el Procurador Torres Charles nos comentó: ‘Pues ya un informante nos dijo que el líder local de los Zetas, ‘El Pepillo’, se había llevado a su hijo; que se había equivocado pero como es muy sanguinario se le pasó la mano”.
Desde entonces, los padres acodaron avocarse a la averiguación previa en la federación.
Cuatro meses después se elaboraron los retratos hablados de los dos hombres que se presentaron como miembros de los Zetas.
María Guadalupe y José Antonio Robledo presentaron la acusación formal contra Joaquín Benito de Ángel, el jefe de seguridad de la empresa ICA, porque él llevó a los Zetas hacía ellos y porque fue señalado como el enlace, “lo que evidenciaba que conocimiento del plagio”.
María, lucha incansable por saber el paradero de su hijo José Antonio. Foto: Sugeyry Gándara, SInEmbargo
FUNCIONARIOS EN ACTIVO
De los retratos hablados se obtuvieron las fotografías y la identidades de los dos hombres que se presentaron como Zetas. María Guadalupe señala que uno de los criminales, de nombre José David Galindo Flores resultó ser auxilio del Procurador de la Defensa del Trabajo en el municipio de Monclova, Coahuila, dependencia de la Secretaría de Trabajo del estado.
El segundo era un hombre de buena posición identificado como Carlos Arturo Jiménez Encinas, El Gúero
Las autoridades les mostraron las fotos del hombre al matrimonio. Reconocieron a Carlos Jiménez y se le dictó la orden de aprehensión. Y en abril de 2011, se realizó el cateo en la casa del acusado, pero ya había huido.
En marzo de 2011 detuvieron al empleado Joaquín Benito de Ángel y al chofer de la compañía, Julio Cesar García Zapata.
Al conductor lo capturaron con una metralleta y con 188 dosis de cocaína.
Tras la detención del jefe de seguridad de la empresa surgieron más nombres de involucrados. En marzo y abril, se capturaron a otras dos personas. Joaquín Benito de Ángel declaró que un familiar del chofer de la empresa era quien cuidaba la casa de seguridad en donde tenían plagiado a José Antonio.
Por su parte, el conductor imputó a Jesús Lira Hernández, como una de las personas que presuntamente cuidaba la casa donde tenían plagiado al ingeniero, y “manejaba sexoservidoras, se encargaba de darles placer a Los Zetas y también a cuidar a los secuestrados en las casas de seguridad”, agrega la señora María Guadalupe.
A su vez, el vigilante de la casa de seguridad involucró a una joven de nombre Rubí Lizbeth Z. R, quien presuntamente también cuidaba las casas donde retenían a los secuestrados.
Posteriormente, el empresario Carlos Enrique Haro Villareal, quien brindaba la seguridad privada a la empresa Ica Flour, fue detenido tras una orden de aprehensión por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, detalla María Guadalupe.
La consignación contra Haro Villareal fue enviada al Juzgado Sexto de procedimientos penales federales con sede en Toluca, Estado de Mexico, donde no prosperó.
“El juez, de un plumazo, le quita los delitos de secuestro y de delincuencia organizada. Este empresario, es una persona con poder adquisitivo alto y aparte con buenas influencias políticas”, destaca la madre de José Antonio.
Durante el cateo, realizado el 11 de abril de 2011, encontraron siete armas en la casa del empresario, pero solo lo imputaron por tres. También localizaron un expediente nombrado “Caso Robledo”. En esas carpetas el empresario tenía información y noticias que bajaba de internet sobre el tema o lo que denunciaban los padres.
El juez, dice la mujer, argumentó que no había suficientes elementos para validar los delitos de secuestro y sólo dejó la detención por los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejercito.
Carlos Haro Villareal fue liberado en el 2012 por un Tribunal unitario que inhabilitó el proceso por el plagio y delincuencia organizada.
“Tenemos la convicción de que esa persona fue el cerebro de la desaparición de mi hijo, por todo lo que declararon los demás imputados y porque se le ubica dentro de la plataforma de ese grupo delincuencial (Los Zetas) en un puesto alto, como compadre del líder local de ‘El Pepillo’”, abunda María Guadalupe.
El empresario volvió a la cárcel en ese mismo año, pero por el delito de operación con recursos de manera ilícita, el cual se desprendió de la averiguación previa abierta por el secuestro del ingeniero José Antonio.
Fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero y salió de la cárcel el junio de 2017 porque le conmutaron cinco meses de la pena.
No obstante, Carlos Haro nuevamente fue aprendido hace poco mes de un mes. De acuerdo al medio coahuilense Vanguardia, agentes de investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada cumplimentaron la órden de aprehensión debido a una denuncia en su contra interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Carlos Arturo Jimenez Encinas, alias “El Güero” o “El Plátano”, quien inicialmente huyó, fue detenido el 4 de marzo de 2015 cuando fue capturado junto al “Z–42”, Omar Treviño Morales, líder del grupo criminal.
Dos semanas después del arresto, Carlos Arturo Jiménez fue vinculado a proceso por el caso de José Antonio Robledo Fernández.
En tanto que Joaquín Benito de Ángel fue liberado el 3 septiembre de 2017, luego de que apeló y se repuso el proceso penal en su contra.“Aquí hubo una resolución muy parcial a su favor porque cuando repusieron su proceso, el juez no tomó en cuenta las declaraciones de nosotros donde imputamos a ese hombre, porque al final de cuentas él fue el que nos llevó a los Zetas y él tenía un delito que pagar”, critica María Guadalupe.
Los padres de “Toño” apelaron la liberación. A finales de marzo de 2018 fueron notificados de que ganaron la apelación y que se dictó la reaprehensión, pero no ha sido ejecutada porque el ex jefe de seguridad se amparó.
“Estamos en espera de que se reaprehenda y también, en relación a los otros detenidos, estamos esperando el cierre de instrucción previo a la sentencia”, señaló María Guadalupe.
Los padres aún buscan a su hijo tras estos nueve años de luchar por justicia.
“Ha sido un calvario, su búsqueda, porque desde el primer día, uno cree que nunca le va a pasar y nunca pone uno atención a ese tiempo de cosas y cuando le pasa queda uno, no logras dimensionar la magnitud del problema. Yo en su momento pensé que lo iba a recuperar en días…. ya han pasado nueve largos años”, lamenta la señora Fernández Martínez.
Noé Antonio Méndez desapareció hace casi ocho años cuando fue a visitar a su novia a Torreón, Coahuila. La forma y los motivos de su desaparición no están claros.
Ana Luisa Romo Díaz, su madre, lo buscó apenas no supo de él. Acudió ante autoridades que la revictimizaron y se sumió en una depresión por cuatro años, en los que abusó de antidepresivos para poderse “desconectar de todo”. Luego, intentó recuperarse y se topó de nueva cuenta con la indolencia de encargados de procurar justicia, quienes le reclamaron que no buscara a su hijo mayor en el lapso en que enfermó. Y recayó nuevamente.
Las autoridades no buscaron al joven y archivaron el caso, pero la madre ha retomado fuerzas de nuevo: se unió a la Asociación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en México (ASINBUDESMX), comenzó a presionar a las autoridades para que empiecen a investigar la desaparición y no pierde la esperanza de hallar a Noé Antonio.
Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).- Noé Antonio Méndez Romo fue visto por última vez cuando iba a visitar a su novia en Torreón, Coahuila. Ya pasaron casi ocho años y aún no hay rastro de él.
Ana Luisa Romo Díaz, su madre, ha superado la depresión que la mantenía bajo medicamentos y ahora lo busca por todo el país. La señora Romo formó parte del contingente de familiares de víctimas de la inseguridad que desde Coahuila vinieron a la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el centro de la Ciudad de México, para la presentación del informe “Corrupción que mata”.
El trabajo realizado por la organización internacional Open Society y grupos civiles mexicanos es contundente: México necesita urgentemente de ayuda internacional para superar su crisis de corrupción que incentiva la impunidad de los crímenes que sacuden al país.
La desaparición de Noé Antonio Méndez Romo es un retrato vivo del demoledor estudio. Su madre ha reconstruido la la desaparición de su hijo con sus propios medios, ha padecido la inacción y revictimización por parte de las autoridades y sigue en búsqueda de una respuesta.
Noé Antonio Méndez Romo tenía 18 años. Es alto y corpulento. Vivía en Durango, en los límites con Coahuila. Era desempleado, poco tiempo antes de su desaparición había renunciado a su trabajo en la Plaza Galerías.
Fue la mañana del 27 de junio de 2010 cuando el apenas adulto acudió a jugar. Regresó al medio día, se arregló y entre las 5:00 o 5:30 de la tarde salió de nuevo de su casa para ir a ver a su novia al municipio de Torreón, Coahuila.
El viaje en camión desde su hogar al de su pareja le llevaba alrededor de 45 minutos.
Ocho años de ausencia de Noé Antonio. Imagen: Especial
“Mami, ya voy para allá. Te aviso cuando vaya llegando”, escribió Noé a su madre a las 9:27 de la noche de ese domingo.
“Desde ahí hasta la fecha sigo esperando su siguiente mensaje, su siguiente llamada. Han sido ocho años terribles para mí, en los que no encuentras consuelo, no ves transcurrir los días”, explica la señora Ana Luisa tras escuchar el informe que aborda las desapariciones y el contubernio del Gobierno de Coahuila con Los Zetas en los últimos años.
Noé tenía la costumbre de avisar cuando salía de casa y cuando estaba por llegar. Ya había transcurrido casi una hora de su partida y no se había reportado. Extrañada, Ana Luisa le marcó, y el buzón de voz fue su única respuesta.
Cerca de las 11 de la noche, Ana Luisa recibió una llamada. Era la novia de Noé, quien preguntaba si él ya había llegado. La madre le respondió que aún no.
–Ahorita le vuelvo a marcar –, recuerda la señora Romo Díaz que le contestó la chica.
Pasaron cerca de 15 minutos cuando la menor volvió a telefonear y le notificó a la madre que recibió una llamada desde el celular de Noé y que, entre groserías, le preguntaron “quién era”, “que qué quería”.
“Ella me dijo que era una voz de hombre”. Luego colgó, rememora.
Ana Luisa Romo Díaz recobró fuerzas y busca a su hijo Noé Antonio, desaparecido desde hace 8 años. Foto: SinEmbargo
Otros 10 ó 15 minutos transcurrieron y la menor nuevamente marcó. En esta ocasión le avisó que iba rumbo a su casa, pero la chica no llegó hasta el siguiente día.
Ana Luisa marcó a sus familiares para saber si el joven había pernoctado con alguno de ellos pero la respuesta fue negativa.
La familia salió a las calles a buscarlo, preguntaron por él en los camiones que correspondían a la ruta que habitualmente usaba. A la Cruz Roja, hospitales, separos de la policía se extendió la búsqueda. No había rastro de su hijo mayor.
Ya en su vivienda, narra Ana Luisa, la novia le comentó acerca de una tercera llamada en la que aseguró escuchar gritar a Noé “que él no tenía la culpa”, “que él no era” y “que lo dejaran irse”.
Ana Luisa no cree en la versión que le dio la pareja de su hijo. “Mi pregunta es: ¿por qué a ella [le marcaron]? y no a mí. No es lógico que ella recibiera llamadas que eran para mí”.
A los 15 días, la novia de Noé cambió de celular y se cambió de casa argumentando que estaba bajo amenaza. Las dudas de Ana Luisa se acumulan: “¿Por qué amenazarla a ella y no a mí?
“TIENE CARA DE MALO”
Ana Luisa acudió a las autoridades al siguiente día.
“El judicial que en ese momento me atendió me dice. ‘Que a qué iba’. Yo le respondí que quería saber si mi hijo estaba ahí porque no lo hallaba. El servidor publico sí me trató mal con la punta del pie y, casi como burla, me dice: ‘¿Trae fotografía?'”.
María Luisa sostiene que el funcionario se le arrebató la imagen. Y la sometió a una serie de preguntas y respuestas que jamás ha podido olvidar:
–¿Cuantos años tiene?
–18.
–¿Y cuánto mide?
–1.70, 1.80, no recuerdo bien.
–¿Y cuánto pesa?
–80 kilos.
–¡Ay, señora!, pues para eso se lo llevaron, se lo llevaron para trabajar –, dijo el funcionario mientras veía la foto–. Y todavía tiene cara de malo.
Ana Luisa caminaba tras él cuando el funcionario matizó: “Bueno, tiene cara de malo, pero tiene una mirada muy noble”.
Siete días después –en los que guardó la esperanza que su hijo regresara– Ana Luisa interpuso la denuncia. Desde entonces, dice, solo ha escuchado el mismo discurso de parte de las autoridades: Noé se fue por su propia cuenta.
“Como mamá, uno conoce a sus hijos y él no hubiera sido capaz de irse sin avisarnos”, dice Ana Luisa. “De allá para acá es lo mismo: ‘No hay nada’, ‘no se sabe nada’”.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reporta que en Coahuila hay un total de mil 666 de desaparecidos. Sin embargo, las organizaciones civiles Fuundec, y Fray Juan de Larios, reportan más de mil 963 desaparecidos.
En el Foro Nacional para la Implementación de la Ley General de Desaparición Forzada, realizado en marzo pasado en Saltillo, la Fiscalía Especializada en temas de Desaparecidos reconoció que solo 28 ministerios públicos trabajan para coordinar acciones de localización en las cinco regiones en que se divide el estado.
EVADIR EL DOLOR
Ana Luisa ha tenido que soportar ser juzgada por las autoridades por no dedicarse de lleno a buscar a su hijo tras la desaparición. El dolor la paralizó por años.
“Yo me medicaba. Abusaba de mi mismo medicamento. La tristeza me tumbaba, así era de quererme desconectar de todo”, explica la mujer. “Yo caminaba en el viento, por lo mismo que abusaba de mi medicamento, era todo el tiempo estar ingiriendo antidepresivo, para dormir. Yo me los tomaba para no reaccionar”.
Ana Luisa cuenta que duró así durante cuatro años y que cuando intentó dejar los fármacos acudió a la Fiscalía de Lerdo, Durango. “La persona que estaba en ese momento, me dijo que el expediente de mi hijo no existía que porque eran muchos años de que se dejó en blanco […]. Esa persona me recomendó que regresara en 15 días para ver qué novedades tenía. En 15 días yo regresé y me dijo lo mismo: ‘aún no tengo nada, están en una bodega’”.
Ana Luisa recayó anímicamente y así duró otro cuatro años, pero en diciembre del año pasado decidió “no dejarse caer” y reiniciar la búsqueda intensa de su hijo.
Regresó a la dependencia encargada de procurar justicia y le dijeron lo mismo: “Que no había expediente, que estaba en una bodega insalubre”. Pero esta vez una funcionaria de la Fiscalía de Lerdo le explicó que no tenían el expediente físico, y le ayudó a recopilar información que tenían en electrónico.
Ana Luisa decidió también unirse a la caravana internacional de víctimas que empezó el 2 de marzo de este año, y fue “lo que le dio más fuerzas”.
La denuncia y la investigación está estancada y radicada en Lerdo, pues cuando trató de interponerla en Coahuila, no se lo permitieron porque Noé vivía en Durango.
Ahora que retomó la búsqueda ya solicitó la colaboración de Coahuila, pero aún no ha llegado. Explica que su intención es que la novia de su hijo declaré su versión sobre las supuestas llamadas que recibió para que la autoridad de Durango se declare incompetente y la de Coahuila tome la indagatoria.
“Mi caso está en el Limbo. Es muy pesado, es un peregrinar porque no te hacen caso para nada […] y además te juzgan. Un ministerio público me preguntó que por qué en 8 años no hice nada, le dije: ‘estuve mal salud’”, señala.
El Gobierno mexicano ha protegido a los hermanos Moreira del alcance de la justicia, incluso los ha premiado a ellos y a sus funcionarios, reclaman familiares de víctimas de desaparecidos en Coahuila.
Ante el informe de la Universidad de Texas, las madres y activistas señalaron que la información ahí contenida debe de servir para investigar y castigar en México a los mandatarios por los crímenes cometidos durante sus gestiones a manos de grupos criminales.
“Salta a la vista que hay una omisión por parte del Estado mexicano de investigar el tema de los Moreira, no sólo por el tema de los desaparecidos, lavado de dinero, corrupción, sino por la megadeuda”, señaló Ariadna García, activista de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, en entrevista con SinEmbargo.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El informe de la Universidad de Texas sobre la operación del cártel de los Zetas durante los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Rubén Moreira Valdez evidencia, una vez más, la protección de la que gozan por parte del Gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, dijeron familiares de desaparecidos y activistas en derechos humanos.
Ayer la Universidad de Texas dio a conocer el informe de 53 páginas “Control…sobre todo el Estado de Coahuila” basado en el análisis de 24 declaraciones de testigos en tres juicios federales que se realizaron en San Antonio, Austin y del Río, Texas, donde concluyó que el grupo criminal pagó sobornos millonarios a las autoridades de todos los niveles de Gobierno en Coahuila y Veracruz para operar con total impunidad.
En el caso de Coahuila, los testimonios revelan sobornos en millones de dólares pagados a Humberto y Rubén Moreira a cambio del control de la entidad.
“El Estado mexicano no ha hecho nada, lejos de investigarlos se les premia. Ahí tenemos el caso de Armando Luna Canales, a quien nombraron presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, algo que nos molesta mucho”, señaló Ariadna García, activista de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, en entrevista con SinEmbargo.
Armando Luna Canales fue Secretario de Gobierno durante las administraciones de Huberto y Rubén Moreira, además de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad entre 2011 y 2012. Actualmente es Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y preside la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara baja.
“Salta a la vista que hay una omisión por parte del Estado mexicano de investigar el tema de los Moreira, no sólo por el tema de los desaparecidos, lavado de dinero, corrupción, sino por la megadeuda”, agregó la activista.
Ariadna García se refirió a la deuda que dejó Humberto Moreira, quien recibió una endeudamiento en diciembre de 2005 de 323 millones de pesos y a su salida en 2011, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, dejó endeudado al estado con 36 mil 509.6 millones de pesos.
Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, de la organización Grupo Vida, recordó que el ex Gobernador Huberto Moreira fue detenido en España sin que se le pudiera comprobar nada, lo que derivó en su libertad.
“Es bien sabido que había involucramiento; a Humberto lo agarraron en España y no le pudieron comprobar nada. Estos que están hablando en Estados Unidos no sé si tengan pruebas fehacientes, los pelos de la burra en la mano, porque yo no me emociono hasta que no se compruebe, no sólo con los testimonios, sino con las pruebas”, acotó.
En enero de 2016 Humberto Moreira Valdés fue detenido en España por una investigación relacionada con lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho; pero fue liberado siete días después. El diario El País reveló que el Gobierno mexicano desplegó de manera puntual a funcionarios en el caso.
Enrique Peña Nieto y Humberto Moreira, acusado de proteger a Los Zetas durante su gestión. Foto: Cuartoscuro
Ortiz, madre de una joven desaparecida en Coahuila, dijo que espera que las autoridades mexicanas retomen información de las investigaciones en Estados Unidos para dar con el paradero de los desaparecidos de Coahuila y castigar a los culpables.
“Para nosotros es importante porque una cosa llevaría a la otra. Tiene una gran relevancia que los casos se investiguen. Espero que realmente se hable con testimoniales y pruebas, que nos puedan llevar no sólo a lavado, sino a recuperación de personas. Yo no quiero emocionar a la gente del grupo, porque desde hace años se está manejando esto, y no hay resultados”, lamentó.
Los investigadores del La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas resaltaron en su informe que el Estado mexicano no ha investigado las declaraciones a las que ellos tuvieron acceso: datos concretos de matanzas y desapariciones.
“Los testimonios y las investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen información clave, como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y los asesinatos. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado mexicano no ha llevado a cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de EU compartió información vital directamente”, dice el documento en sus conclusiones.
El informe también resalta el patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones del grupo criminal.
“Lo menos que esperamos es que el Gobierno federal empiece a investigar esos testimonios. Nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones la impunidad, hemos hecho visible el tema de los graves crímenes. Aquí también se está dando que las víctimas que han denunciado por las masacres de Allende y Piedras Negras, que son víctimas y también testigos, se les está poniendo en riesgo porque no hay ningún tipo de protección”, agregó Ariadna García.
Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), opinó que el informe de la Universidad de Texas tendría que ser estudiado e incorporado en el proceso de investigación en México.
En el país existen denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por parte de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de Humberto Moreira desde 2016 por lavado de dinero y desde 2017 por el presidente de ese partido Ricardo Anaya Cortés por enriquecimiento ilícito, operación con recursos de procedencia ilícita y peculado.
A inicios de este año, el diario español El País reveló que en junio de 2011 se inició una indagatoria en contra de Humberto Moreira por enriquecimiento ilícito, pero que 16 meses después fue archivada.
La PGR concluyó en 2012 decretar el no ejercicio de la acción penal, debido a que no pudo acreditar una violación a la Ley por parte de Moreira Valdés, publicó el rotativo.
“En el caso de los Moreira, es probable, me atrevo a ventilar la hipótesis de que fueron artífices y participaron en los procesos electorales de 2012 para llevar a Enrique Peña Nieto a la Presidencia. Probablemente esos favores que hicieron impide investigarlos, en parte porque no saben investigar en México y porque no les conviene que ellos pudieran decir alguna información que pudiera involucrar al Presidente o a las dirigencias del PRI. El tema es que hay una red de complicidades que finalmente juega junto con la incapacidad de investigar y el condicionamiento de que algunas investigaciones sí avancen y otras no. Es el uso político de la justicia: se usa para ayudar a los aliados y amigos y para afectar y hostigar a los enemigos”, explicó Cortez Moralez.
El activista de los derechos humanos, quien forma parte del movimiento #FiscalíaQueSirva, resaltó la importancia de una Fiscalía General y fiscalías locales autónomas que no respondan a intereses políticos.
A largo plazo, dijo, en México se debe discutir la necesidad de generar un mecanismo extraordinario de cooperación internacional para “apoyar y obligar a la PGR y a las fiscalías locales a realizar buenas investigaciones”.
“No sólo es investigar a los Moreira: ellos tuvieron funcionarios, empresarios, empresas que participaron en redes de corrupción. Son las redes que se han construido en muchos niveles y son las que permiten que se mantenga esta impunidad y el tema de la corrupción”,apuntó.
Yolanda Morán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México (FUNDEM) y quien busca a su hijo desaparecido en Coahuila desde 2009, consideró que el trabajo académico se trata de “pleitos políticos entre Felipe Calderón contra los priistas, los Moreira”.
“Nosotros no hemos querido opinar al respecto. Pero qué aportan los alumnos de la Universidad: es un informe sobre lavado de dinero, hablan de sobornos, no están hablando de desaparecidos, ¿dónde están los desaparecidos? Todos los juicios que se llevan en Texas es por lavado de dinero. Ya ha contestado Humberto Moreira a las acusaciones derivadas de estos juicios, no es un tema nuevo. En Coahuila hubo muchas desapariciones, asesinatos, predominaba el cártel de los Zetas, pero también Coahuila se ha caracterizado por ser el único estado donde el Gobernador recibe a todas las familias”, dijo.
Aunque Morán consideró que el Gobernador Rubén Moreira ha trabajado con las familias de los desaparecidos, señaló que “a quien le tenga que hacer cuentas que se las hagan. Este informe se trata de lavado de dinero, ahora sí que Don Rubén y Don Humberto tendrán que dar la cara por esto”.
FRENTE EXIGE A PGR Y EPN INVESTIGACION
El Frente por un Coahuila Digno, integrado por los ex candidatos a la Gubernatura Guillermo Anaya Llamas, Armando Guadiana Tijerina, Javier Guerrero García, José Ángel Pérez Hernández y Luis Horacio Salinas Valdez, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Presidente Enrique Peña Nieto investigar a Rubén y a Humberto Moreira por sus vínculos con el crimen organizado.
“Que los hermanos priistas, permitieron a la delincuencia organizada operar libremente a cambio de la seguridad e integridad de los coahuilenses”, expusieron los integrantes del Frente quienes coincidieron que debe haber justicia en comunicado.
El Frente exigió justicia para Coahuila y pidió el gobierno Federal actuar sin consentimientos tras la investigación de la Universidad de Texas que señala a los hermanos de recibir sobornos de Los Zetas.
“Todos los coahuilenses fuimos víctimas de la delincuencia y testigos de masacres que trataron de esconder, como la de Allende, Patrocinio o el Penal de Piedras Negras”, agregó el Frente que acusa a Procuraduría Estatal de actuar de manera impune en los casos.
La pesadilla arrancó en noviembre de 2011 cuando viajó, invitada por un pretendiente, desde Reynosa a la vecina ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, para pasar el fin de semana, pese a la advertencia de su madre: “No te vayas con ese hombre”. Norma y Juan Manuel y Ricardo fueron detenidos por hombres uniformados y armados. El “comandante” le dijo a la mujer: “Vente conmigo 15 días y te soltamos”. Ella se negó y el oficial le respondió: “Pues vas a quedar detenida por apretada”.
Los detenidos fueron recluidos en el Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, donde Los Zetas mandan y los guardias están a su servicio. Norma sufrió ocho días de torturas y abusos sexuales. “A diversas horas del día me golpeaban. Querían que les confesara que yo era parte del Cártel del Golfo”, dijo.
Cuando fue dada de alta, las autoridades ordenaron su regreso a la prisión de Nuevo Laredo, lo que motivó que su padre, Sergio Mendoza Gómez, pidiera la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y enviara cartas al Presidente Enrique Peña Nieto con fotos de las lesiones de su hija. La Presidencia, dice Norma, nunca respondió y la CEDH se encargó de mantener en secreto su caso, como muchos otros en Tamaulipas.
Reynosa (Coahuila), 9 jul (EFE).- Norma Mendoza estaba en el lugar y el momento equivocado. Se atravesó en el camino de un grupo de militares que la acusaron de ser espía de un cártel y allí comenzó un calvario que no termina porque, aunque recuperó su libertad, su paso por la prisión la marcó de por vida.
Norma Mendoza López fue la primera mujer mexicana certificada por el Protocolo de Estambul, en 2012. Se confirmó que la mujer sufrió tortura en una prisión en Nuevo Laredo, donde fue encerrada después de que el Ejército Mexicano la acusó de un falso delito.
En entrevista con Efe, esta madre mexicana de cuatro hijos cuenta que en 2011 fue detenida injustamente por miembros del Ejército, acusada de ser “halcón” (vigilante del crimen organizado), y torturada en prisión por integrantes del cártel de Los Zetas hasta que creyeron que estaba muerta.
La pesadilla arrancó en noviembre de 2011 cuando viajó, invitada por un pretendiente, desde Reynosa a la vecina ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, para pasar el fin de semana, pese a la advertencia de su madre: “No te vayas con ese hombre”.
Allí se encontró con Juan Manuel y se hospedaron en un hotel donde también estaba alojado Ricardo, un amigo de su pretendiente.
Norma recuerda que salió de su habitación rumbo a una tienda y cuando pasó por la piscina un grupo de hombres le invitaron a bañarse con ellos.
Al día siguiente, ella, Juan Manuel y Ricardo fueron detenidos por los hombres de la piscina, quienes ahora estaban uniformados y armados. El “comandante” le dijo a la mujer: “Vente conmigo 15 días y te soltamos”. Mendoza se negó y el oficial le respondió: “Pues vas a quedar detenida por apretada”.
El subteniente Sergio Luna García, adscrito al Décimo Noveno Regimiento de Caballería con sede en Nuevo Laredo, entregó a la Fiscalía estatal a los “tres civiles, dos radios Nextel, tres teléfonos celulares”.
En el parte militar, del que Efe tiene una copia, especificó que hacia “las 14:30 horas del 12 de noviembre del 2011 circulaba sobre la avenida Reforma, cuando a distancia nos percatamos de la presencia de tres personas, dos del sexo masculino y una del sexo femenino”, quienes “hablaban por teléfono”.
Norma cuenta que en la Fiscalía les impidieron hacer una llamada. “Me trajeron a un abogado de oficio para que estuviera en mi declaración”, pero “yo declaraba una cosa y ellos escribían otra”, recuerda.
Cuando le entregaron su “confesión” para que la firmara, se puso a leerla. “¿Qué haces?”, le dijeron los agentes, y le ordenaron que firmara. Ante su negativa, su abogado le dijo: “Nos saliste muy fierita”, pero ella le pidió que se retirara si no la iba a defender.
“Nunca firmé lo que ellos querían”, narra orgullosa Norma, cuyo expediente señala que fue detenida por “atentado contra la seguridad de la comunidad”.
Los móviles supuestamente usados para reportar los movimientos de los militares fueron presentados como pruebas contra Mendoza, cuando -según el expediente- estaban quebrados, sin pilas y no funcionaban.
Los detenidos fueron recluidos en el Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, donde Los Zetas mandan y los guardias están a su servicio.
Norma sufrió ocho días de torturas y abusos sexuales. “A diversas horas del día me golpeaban. Querían que les confesara que yo era parte del Cártel del Golfo (CDG)”.
Los Zetas, que en 2010 se enfrascaron en una guerra con el CDG, sus antiguos aliados, utilizaron una tabla diseñada especialmente para torturar a sus rivales.
Los sádicos Zetas la golpeaban en tandas de 15 “tablazos” en la espalda, los glúteos y las piernas. En esos largos días casi no probó alimentos ni agua y las internas la levantaban con un balde de agua fría. “Me arrancaron las uñas, me quemaban el cuerpo con cigarrillos”.
En el octavo día, una mujer obesa brincó sobre su estómago, lo que hizo que vomitara grandes cantidades de sangre antes de desmayarse.
Los internos la dieron por muerta y al noveno día salió en un vehículo de la prisión rumbo a la morgue, pero un leve quejido evidenció que seguía con vida.
Los custodios la trasladaron a la clínica del doctor de la prisión, donde le dieron los primeros auxilios, y después la trasladaron al Hospital General de Nuevo Laredo, donde le practicaron 14 cirugías.
Tenía hemorragias internas, la vesícula rota, el cerebro inflamado, el hígado destrozado, así como varias costillas quebradas.
El cirujano plástico Alejandro Caraveo, quien pasó varios días removiendo tejidos necrotizados en espalda y glúteos, relata a Efe que “frecuentemente tenía que realizar la misma operación” en reos que le llegaban de las prisiones de Tamaulipas.
Uno de los hombres detenidos con Norma falleció en el penal, mientras el otro perdió la noción del tiempo y espacio después de las torturas y ahora es el “loquito” de esa cárcel.
Norma estuvo casi seis meses en varios hospitales y no fue sino hasta que llegó a uno de la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, cuando su madre pudo verla.
Cuando fue dada de alta, las autoridades ordenaron su regreso a la prisión de Nuevo Laredo, lo que motivó que su padre, Sergio Mendoza Gómez, pidiera la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y enviara cartas al Presidente Enrique Peña Nieto con fotos de las lesiones de su hija.
La Presidencia, dice Norma, nunca respondió y la CEDH se encargó de mantener en secreto su caso, como muchos otros en Tamaulipas.
Así, los familiares llevaron el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ordenó el Protocolo de Estambul realizado por Abel Édgar Hassan, perito de la Procuraduría General de la República (PGR).
Norma contó su tragedia durante seis días; terminó en el piso, llorando y en posición fetal. “El doctor Hassan me levantó y me dio un abrazo”, recuerda.
El Protocolo confirmó la tortura, lo que llevó a las autoridades federales a ordenar que siguiera su condena en una prisión de Reynosa, donde 85 por ciento de los internos eran miembros del CDG. Allí los reos le aseguraron que la iban a tratar como “si estuviera en casa”.
Después de casi seis meses volvió a ver a sus hijos y luego de tres años de litigio, un juez ordenó en enero de 2015 su libertad porque no se encontraron pruebas del supuesto delito.
Ahora que Norma comenzó los trámites para ser indemnizada, la Fiscalía estatal “tiene perdido” el expediente con los resultados del Protocolo de Estambul.
Debido al escaso apoyo de las autoridades mexicanas, Norma dice que buscará la asesoría del relator de la ONU para los Derechos Humanos y de otras organizaciones para demandar a la Secretaría de la Defensa y obtener la reparación del daño.
Se desconoce el paradero de las estudiantes de la escuela Secundaria Federal número 2 desde el pasado lunes, cuando salieron de su casa para el plantel educativo.
Por Josué Rodríguez
Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo/Vanguardia).– Cuatro estudiantes de secundaria de Acuña, Coahuila, fueron reportadas como desaparecidas, en La delegación Norte II de la Procuraduría General de Justicia Coahuila.
Se desconoce el paradero de las estudiantes de la escuela Secundaria Federal número 2 desde el pasado lunes, cuando salieron de su casa para el plantel educativo.
La denuncia se hizo por la mañana de este martes por parte de familiares de estas jovencitas que están identificadas como Jennifer Alderete Casillas de 14 años, Débora Lizet Hernández Hernández de 13 años y Mireya García Santos de 12 años, existe una cuarta menor la cual no ha sido identificada, además de que los padres de esta no han acudido a poner el reporte de la desaparición de la menor.
Julia Casillas Hernández madre de Jennifer, aseguro que su hija salió el lunes por la mañana a la escuela, pero según las autoridades de la escuela esta no asistió a ninguna de la clases.
El mismo lunes por la tarde a través de las redes sociales empezaron la búsqueda denunciando su desaparición, pero no hubo respuesta por lo que se decidió acudir a las autoridades para que inicien la ubicación.
Por su parte la señora Laura Patricia Hernández madre de Débora señalo que por el momento se conoce que su hija y las otras menores fueron vistas en un domicilio del fraccionamiento la Ribera.
Las autoridades deben de esperar el cumplimiento de las 96 horas para declarar oficial de la desaparición de las menores, para recibir la denuncia, mientras se invito a la comunidad a ayudar en la búsqueda de las cuatro estudiantes de la secundaria Dos.
Silvia Ortiz, madre de Silvia Estefanía Sánchez Viesca —desaparecida desde el 5 de noviembre de 2004 en Torreón—, sostuvo que en 8 visitas recientes que han realizado al ejido han localizado aproximadamente 9 mil 700 fragmentos óseos o más. Ante el hallazgo, Silvia Ortiz solicitó que familiares de personas desaparecidas de la región acudan a realizarse pruebas genéticas de ADN que permitan identificar de manera más sencilla los fragmentos óseos.
Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo/Vanguardia).– El colectivo Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida) en coordinación con la Procuraduría de Justicia y otras fuerzas de seguridad, localizaron durante una búsqueda realizada este fin de semana cerca de 4 mil fragmentos óseos en el ejido Santa Elena, perteneciente al municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila.
Silvia Ortiz, madre de Silvia Estefanía Sánchez Viesca —desaparecida desde el 5 de noviembre de 2004 en Torreón— sostuvo que en 8 visitas recientes que han realizado al ejido han localizado aproximadamente 9 mil 700 fragmentos óseos o más.
El predio —estimado en un área de 10 por 8 metros— es uno de los 4 puntos a los que se está asistiendo al mismo tiempo, fue localizado por agentes de la Procuraduría de Justicia de Coahuila, quienes dieron aviso a Grupo Vida del lugar probable donde encontrarían los fragmentos óseos.
“Le dije a la antropóloga que me llamaba mucho la atención que no hay ropa, y ella respondió que dentro de lo quemado estaban encontrando muchos botones parecidos a los de pantalón de mezclilla”, por lo que la especialista consideró que probablemente las víctimas fueron calcinadas con ropa.
Ante el hallazgo, Silvia Ortiz solicitó que familiares de personas desaparecidas de la región acudan a realizarse pruebas genéticas de ADN que permitan identificar de manera más sencilla los fragmentos óseos.
Apenas el viernes por la noche, durante un encuentro que sostuvieron con el Gobernador Rubén Moreira, les habló de la necesidad de realizar una campaña donde se les pida a los familiares de las personas desaparecidas que se realicen la prueba.
“De los trabajos que se comenzaron a hacer en Patrocinio (del 23 de noviembre a la fecha) los restos han sido enviados al laboratorio de ADN en la Ciudad de México, el cual ya arrojó en menos de 3 meses 8 perfiles: 2 mujeres y 6 hombres; más los 3 perfiles que ya tenían son 11 perfiles que están ahí y que no están las familias. Eso significa que hay quienes faltan de hacerse la prueba de ADN y por la cual no se les han podido entregar estos restos”, explicó.
Por otro lado, la activista informó que desde el hallazgo de la fosa clandestina donde se encontraron sepultados 56 cuerpos en el Cerro El Fraile, en García, Nuevo León, Grupo VIDA solicitó al estado vecino que se indague si alguna de las personas desaparecidas en la Comarca Lagunera podría estar entre las víctimas.
A finales del mes pasado, Silvia Ortiz confirmó que durante una búsqueda realizada en coordinación con peritos de la Procuraduría de Justicia local en un cuadrante del ejido Patrocinio encontraron diversos fragmentos, aunque ésta vez no precisó cuántos podrían ser, pues los enviaron de inmediato para su valoración a la Policía Científica.
Asimismo, detalló que pese a las bajas temperaturas que se han registrado en la entidad no se han suspendido los trabajos de búsqueda en campo pues eso retrasaría los trabajos de exploración, por lo que únicamente será en condiciones de lluvia que dejen de buscar momentáneamente.
“Ahorita aquí andamos, muertos de frío, pero aquí andamos. Sólo vamos a suspender si hay lluvia, si no, le seguimos”, respondió Silvia Ortiz. Ortiz adelantó que será la próxima semana cuando ya reciban los resultados de algunas pruebas genéticas de algunos restos encontrados en Patrocinio.
Esta es la voz de una de muchas madres de Coahuila que sí saben quién se llevó a sus hijos. El de Hortensia es un comerciante de Piedras Negras, fue llevado en 2013 por unos agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales del estado. Las estadísticas de la Comisión de Derechos Humanos dicen que de 2012 a la fecha, se han presentado 482 quejas relacionadas con las actuaciones del GATE, como la detención arbitraria, lesiones, allanamiento de morada, robo, amenazas, retención ilegal, entre otras violaciones.
Por: Jesús Peña
Fotos: Héctor garcía
Edición: Kowanin Silva
Diseño: Edgar de la Garza
Ciudad de México/Saltillo, 23 de octubre (SinEmbargo/Vanguardia).– Yo no sé si creer lo que me cuenta. Pero Hortensia me está contando que a su hijo, un comerciante –jura ella– de Piedras Negras, se lo llevaron los Gates.
Sucedió el 10 de julio de 2013, como a las 3:30 de la mañana, cuando a Víctor Manuel Guajardo Rivas, 37 años, el hijo de Hortensia, a su mujer y a sus gemelos de cinco años, que dormían a pierna suelta, los despertaron los ladridos desaforados de sus perros.
Víctor y su mujer saltaron de la cama y se precipitaron, él, hacia el patio trasero de la casa, desde donde se oían lardar los perros, y su esposa rumbo a la puerta principal.
Para entonces unos agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, que en total eran 15 ó 16, habían roto el candado de la cerca y cortado la tela de la reja con una navaja hechiza.
El resto de los hombres, había brincado al traspatio de la casa por la azotea y se abalanzaban sobre Víctor.
Que la iban a matar, le dijeron los oficiales a la esposa de Víctor, si no abría la puerta de la calle y los dejaba pasar.
Desde una ventana, en un cuarto del fondo, los gemelos de la pareja, miraban atónitos cómo unos policías sumergían a su padre por la cabeza en el agua de la alberca y lo golpeaban en el cuerpo con la culata de sus armas largas.
Que les entregara el dinero, si no iban a matar a la familia, le decían los Gates a Víctor.
Luego los Gates, el rostro tapado con sus máscaras negras, llevaron a Víctor, que apenas estaba vestido con un short, en rastra hasta el interior de la casa.
Que les diera el dinero, le decían y lo golpeaban.
“Ellos iban por dinero. Que según mi hijo tenía dinero y que querían que les diera dinero y que si se los daba ahí quedaba, se iban”.
-¿Había dinero en la casa?
-Había 100 dólares y parece que 500 pesos. Les dice mi hijo ‘es lo que tengo, nada más’, dice Hortensia.
-¿Y eran Gates?
-Traían sus uniformes, sus chalecos antibalas que dicen GATE, traían un vehículo negro y un vehículo oficial con las siglas del GATE.
Los oficiales comenzaron entonces a revolver y esculcar la casa por todas partes.
Hacía calor y algunos de los policías se habían quitado la máscara.
Sus caras se quedarían congeladas como una fotografía, una película pausada, en la mente de la esposa de Víctor.
Que si salía a la calle, la mataban, le dijeron, el gélido cañón de una pistola en la cabeza.
Después regresaron al patio posterior y agarraron unos tenis, recién lavados, y una camiseta, al parecer, rosa, que estaban colgados en un tendedero.
Que la iban a matar, si denunciaba, advirtieron de nuevo a la mujer de Víctor y partieron, llevándose a Víctor, el dinero y los móviles, en un coche negro sin logotipos y una camioneta oscura, doble cabina y con las siglas GATE.
Jamás, Hortensia, su nuera y los gemelos, volvieron a ver a Víctor.
“Que me digan ¿dónde quedó mi hijo?, ¿qué le hicieron?, ¿dónde está?”.
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Un mediodía de martes estoy con María Hortensia Rivas Rodríguez, la presidenta de la Asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en el recibidor de su casa: sillones voluptuosos, paredes crema, ventanales con las cortinas echadas y recuerdos familiares.
A mi llegada me impresionó ver la casa de Hortensia custodiada por tres o cuatro escoltas cuarentones, y amurallada con cercas de metal, concertinas y cámaras de seguridad mirando para todos lados.
Le pregunto a Hortensia que a qué se debe tanta parafernalia y dice que está incorporada al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
-¿La han amenazado?
-Varias veces.
-¿Qué le dicen?
– Que ya deje de estar con ésta, malas palabras, asociación, pero yo no me voy a callar.
“Mire aquel es mi hijo, el que está en el altar”, dice Hortensia y me señala la fotografía de un rostro obeso, morocho y con el cabello al ras.
Hortensia dice, yo se lo he preguntado, que hasta antes de su desaparición Víctor era el feliz propietario de un asadero de pollo y carne.
También vendía ropa, perfumes, zapatos, en fin, llevaba una vida normal.
-Entonces, ¿por qué se lo llevaron?
-Es lo que queremos saber, por qué motivo o causa se lo llevaron.
Y yo no sé si creer lo que me dice Hortensia:
“Si fueron por mi hijo por un delito, ¿por qué no lo pusieron a disposición de la autoridad?, es lo que, conforme a derecho, deben de hacer, no desaparecer a la gente.
“Yo no estoy en contra, como asociación ni como madre, de que si ellos tienen un delito, que (las autoridades) actúen conforme a la ley ¿Por qué golpearlos?, ¿por qué torturarlos?, ¿por qué tenerlos desaparecidos? También nos afectan a nosotros, a la familia”.
Dice Hortensia, la cara rota por la furia.
A raíz de la desaparición de Víctor en 2013, Hortensia funda la Asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, de la que ella es presidenta. Foto: Vanguardia
Otro mediodía, desde su oficina en un moderno edificio del Centro Metropolitano José Luis Chapa Reséndez, el Comisionado Estatal de Seguridad le responde a Hortensia:
“No tenemos ningún dato de prueba para establecer que miembros del GATE participaron en alguna desaparición que tenga que ver, no con ese grupo colectivo en particular, sino con cualquier desaparición en general”.
Los registros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dicen que, desde 2013 a la fecha, se han recibido 79 quejas por desaparición forzada, en contra de diferentes corporaciones de seguridad pública.
Más del 50 por ciento de tales quejas corresponden al Grupo de Armas y Tácticas Especiales.
Después sabré que en Piedras Negras pululan por las calles historias como la de Hortensia.
Hortensia dice que mucha gente, con historias como la suya, se va, se ha ido de Piedras Negras, sin denunciar por temor a represalias del GATE.
Hortensia es más bien bajita, gruesa, atezada, y tiene la voz áspera, rasposa, de una mujer temperamental, intransigente, diría yo.
Al menos eso me pareció desde la primera vez que la vi, hace ya cosa de cinco meses.
Era de tarde, el calor a madre en Piedras Negras.
Hortensia me había llamado porque quería que me fuera yo volando al edificio de la PGJE, Región Norte 2, mejor conocido por la gente de acá como el Palacio Amarillo, donde unas madres de su asociación tendrían una encuentro con autoridades de la Subprocuraduría de Desaparecidos, para acordar lo un operativo de búsqueda.
Cuando llegué Hortensia me recibió en la puerta del Palacio Amarillo, dijo que solicitaría autorización para que me dejasen entrar en la junta con las madres y escuchar.
Después que un funcionario salió al pasillo y me dio en la nariz con la puerta de la sala donde se hallaban congregadas las madres de desaparecidos, supe que el permiso había sido denegado y me marché.
Que por qué me había ido, me preguntó algo más que enfadada Hortensia cuando le marqué.
Le respondí que un burócrata malencarado me había echado de la reunión sin mediar palabra y le propuse vernos en su
casa esa misma tarde.
Dijo que no, que ya no, que estaría ocupada, que después, que mañana, que otro día, que no.
Después ya no contestó el celular.
Y no volvimos a hablar, hasta esta tarde.
Hortensia lleva la furia en los ojos, los mismos que vieron a su hijo arriba de una camioneta del GATE. Esa fue la última vez que supo de él. Foto: Vanguardia
Hortensia suena como desesperada, cansada, harta, frustrada, encorajinada y habla atropelladamente.
“Ahorita ya lo único que quiero es que me digan dónde está mi hijo”, dice Hortensia.
Y dice que desde hace más de tres años, todos los días, se despierta a eso de las 4:00 de la mañana, la hora en que su nuera le avisó que un comando del GATE se había llevado a Víctor.
Ya en el cuartel de los gates Hortensia preguntó sí tenían a su hijo, le respondieron que no, fue un “no” tajante.
Entonces se plantó a las afueras de la base policial, esperando a que Víctor apareciera por alguna parte.
En eso vio llegar un convoy de tres camionetas negras, que entró por el portón del cuartel.
En la caja de uno de los vehículos iba un hombre recargado, la cabeza balanceando como un péndulo.
Parecía inconsciente.
Era Víctor.
“Dije ‘lo van a presentar’”.
Hortensia entró en el cuartel y volvió a preguntar por su hijo.
Que no lo tenían, le dijeron.
“No lo traían, según ellos, que no había llegado, ‘cómo que no, si yo vi’, les dije”.
Entonces le digo a Hortensia que quizá se le hubiera ocurrido correr tras el convoy, gritarle a su hijo, verlo, hablar con él, no sé.
“No me dio tiempo de nada, de reaccionar, pero yo nunca pensé que me lo iban a desaparecer, dije ‘lo van a poner a disposición de la autoridad. Ya cometieron la detención arbitrariamente, ya lo golpearon y todo’, yo nunca pensé que lo iban a desaparecer.
“Por qué actuar así ¿o son también delincuentes?, porque nomás la delincuencia organizada trabaja así de ir y sacar a la gente, entonces son lo mismo…”.
Dice Hortensia otra vez el rostro roto por la furia.
A cargo del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, debe una explicación a las familias que vieron cómo irrumpieron en sus casas y se llevaron a su gente. ¿limpia? Foto: Vanguardia
Lejos de acá, José Luis Chapa Reséndez, el Comisionado Estatal de Seguridad en Coahuila, está nervioso y transpira, pero dice que “ahorita” sus miembros del GATE (“todos”), están certificados y (“todos”), tienen sus exámenes de control de confianza vigentes.
“A todos, cuando inició Fuerza Coahuila se les volvió a hacer sus exámenes de control de confianza y los que no pasaron, que han sido bastantes, se han dado de baja”.
En el tiempo que llevo en su despacho, he visto cómo Chapa se pasa los clínex por la cara brillante muchas veces.
Está sudando, suda copiosamente y su lengua trastabilla, pero no ceja y dice que no hay que perder de vista que, “precisamente”, en la zona norte del estado, “particularmente” en Piedras Negras, no en una, sino en varias ocasiones ha detenido a personas que tienen que ver con un grupo delincuencial que opera en esta región, y ha decomisado chalecos antibala, que portan la leyenda del GATE, uniformes tácticos, con la leyenda del GATE y patrullas clonadas del GATE.
“La delincuencia organizada estuvo orquestando una campaña de desprestigio en contra de este grupo, porque les estábamos disminuyendo su capacidad de reacción.
“El mismo grupo delincuencial que estaba aterrorizando a esa zona se hacía pasar por el GATE y la gente, desafortunadamente, se deja llevar por lo que se dicen en redes sociales, en presan escrita o en radio, y se quedan con la idea de que los que se los llevan son los del GATE”.
Hortensia me está contando que mientras el convoy de camionetas cruzaba el bunker de los gates, observó en la troca que venía adelante algo así como unas mochilas verdes.
“Les dije ‘¿es droga?, ¿y atrás traen a los responsables?, ¿y ahí viene mi hijo?, muy bien, preséntenmelo’. Dijeron que era ropa de ellos. Siempre me lo negaron y me lo siguen negando”.
Otra tarde en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le pido a Javier Eduardo Roque Valdés, el visitador general, que me explique qué entiende por desaparición forzada:
“La característica de la desaparición forzada, de acuerdo a los criterios que se han estado emitiendo, tanto por la Corte Interamericana, la Comisión Nacional, los manuales de voces de violación, involucra una conducta desplegada por una corporación de seguridad pública estatal o municipal, en la que se le priva de la libertad a una persona y se busca evadir todo los rastros y se niega el hecho, o sea la autoridad nunca va reconocer que se lo llevó”.
Hortensia está parada en medio de su sala de piso blanco luminoso y muebles relucientes.
Quiere que el fotógrafo le haga una toma con la lona de la Asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, de la que ella es fundadora y presidenta.
Dice que esta organización nació el 30 de agosto de 2013, a raíz de la desaparición de Víctor, su hijo.
Ella miró que a las instituciones donde iba a buscar a su hijo, llegaban muchas personas preguntando por sus familiares que estaban desaparecidos.
“Pregunto qué pasa y pos nada, que los gates, que los Élite, que el GATEM (se los llevaron)”.
Al rato la gente se juntó y se formó la asociación.
Al principio eran 15 familias.
Desde entonces la asociación ha rescatado a unos 75 personas, víctimas de desaparición forzada y tortura, por parte de autoridades del gobierno, en su mayoría del GATE.
“Hemos encontrado a varias personas, que las han dejado todas golpeados, pero vivas y las hemos rescatado”, dice.
Hortensia no disimula la frustración que le causa el hecho de que entre los rescatados no esté su hijo.
“¿Dónde está mi hijo?, ¿por qué lo desaparecieron?”, pegunta al viento.
Su desesperación se ve, se huele, se palpa.
Y yo pienso que he escuchado tantas y tantas veces sobre la ruta, el viacrucis, el peregrinar de los familiares de desaparecidos por dependencias públicas, que me parece francamente ocioso, estúpido, molestar a Hortensia con esas preguntas.
Sólo diré, para no hacer el cuento largo, que horas después de que los gates se llevaron a su hijo, ella fue donde la Marina, el Ejército y la Policía Federal, a rogarles que le ayudaran a encontrarlo.
Ya han pasado más de tres años y nada.
“Son tres años dos meses que estoy luchando por obtener información sobre mi hijo y no sé dónde está, si lo consignaron por algún delito… Mi hijo nunca tuvo que ver con la delincuencia organizada, es comerciante, no tenía dinero, la casa donde vivía era mía”, dice Hortensia.
Y yo no sé si creerle, yo no soy fiscal, sino un simple contador de historias.
Pero José Luis Chapa Reséndez, el Comisionado Estatal de Seguridad, dice que la mayoría de las actuaciones de los elementos del GATE, era en contra gente involucrada con grupos delincuenciales.
– ¿Y entre las actuaciones del GATE estaba la tortura?, ¿no?, le pregunto a Chapa.
-Dentro de los procedimientos administrativos, tanto en el Órgano de Control, como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no tenemos procesos contra nuestros elementos de Fuerza Coahuila que tengan que ver con tortura.
-¿Y aplicar choques eléctricos o asfixiar con bolsas en la cabeza, cómo se llama?
-Pues mira son prácticas que se venían realizando hace muchísimo tiempo. Yo estoy cierto de que ahorita ya no se llevan a cabo y bueno nosotros como institución no vamos a permitir que se den este tipo de prácticas…
Las estadísticas de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila dicen que de 2012 a la fecha, se han presentado 482 quejas relacionadas con las actuaciones del GATE, como la detención arbitraria, lesiones, allanamiento de morada, robo, amenazas, retención ilegal, entre otras violaciones.
“Nos ha tocado emitir recomendaciones por tortura, por tratos inhumanos, crueles o degradantes, por retención ilegal. Yace en un criterio que viene desde la Corte Interamericana, que lo aterriza ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando hay un retraso en poner al detenido ante la autoridad que sea, se presume tortura psicológica. El hecho de que la traigan dando la paseadita y no la lleven ni al Ministerio Público ni al juez, hace que la gente se intimide. Estamos hablando de retenciones ilegales de días que hemos documentado”, dice Javier Eduardo Roque Valdés, visitador general de la CDHC.
Hortensia ha caminado por montes, cerros, riveras, buscando a su hijo.
“Hemos encontrado a mucha gente en fosas clandestinas: quemada, torturada, con evidencias de haber sido descuartizada. Horrible”.
Y Hortensia se conoce ya todos los Ceferesos del país.
Pero nada.
No hay indicios ni avance en la localización de su hijo.
Y yo me pregunto, ¿para qué estará la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos de Coahuila?
“Yo no le veo mucho avance, ya son tres años”, dice Hortensia.
Un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dice que, de 2014 a la fecha, se han emitido 60 recomendaciones dirigidas a la Subprocuraduría de Personas no Localizadas, principalmente por dilaciones e irregular integración de averiguaciones previas que tienen que ver con el tema de personas desaparecidas.
“Porque no se les ha dado celeridad, no se hacen las diligencias, no se les da información a las personas, En muchos casos se quejan de la atención o porque aportan elementos para que la autoridad investiguen y la autoridad no los toma en cuenta…”, dice desde su escritorio Javier Eduardo Roque Valdés, el visitador general de la CDHC.
Una mañana de finales de junio de 2014 Hortensia y su nuera, la mujer de Víctor, vieron en la televisión la noticia sobre la captura de una banda de secuestradores.
Se trataba de tres hombres y una mujer, que habrían sido pillados tras participar en el plagio de una pareja de jóvenes en Piedras Negras.
Entre los delincuentes se hallaban dos de los gates que se habían llevado a Víctor.
Su esposa pudo identificarlos, gracias a que la madrugada en que entraron a la casa de la familia, algunos de los oficiales se despojaron de su máscara, atosigados por el calor.
Los dos ex policías, que resultaron ex escoltas del otrora director de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras, el mayor José Antonio Campa Arredondo, fueron enviados al Cereso de Torreón, por el delito de secuestro.
Hortensia dice que ha tratado muchas veces de carearse con los ex gates secuestradores en el penal, para preguntarles qué fue de su hijo Víctor, pero los ex oficiales se han negado a hablar con ella.
María Hortensia Rivas Rodríguez, la presidenta de la Asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Foto: Vanguardia
De vuelta con Hortensia le hago una pregunta idiota: que qué se siente, que cómo es, tener un hijo desaparecido, pidiendo al cielo que nunca me pase a mí.
“Es la muerte. Me dejaron muerta en vida, como zombi, porque actúo como zombi”.
-¿Cómo es actuar como un zombi?
-Vives por vivir, comes por comer, duermes por dormir.
“Son horas y minutos en el día, – dice Hortensia -, de estar pensando si mi hijo come, si está sufriendo, si todavía lo están golpeando, ¿dónde está? Te llevas un taco a la boca y es estar pensando si mi hijo tendrá sed, si tendrá hambre. Se me atraganta la comida de pensar. Yo ya no soy la misma de antes. En tres años parece que me avejenté, esto te acaba. Vivo nada más para buscar a mi hijo y espero tener la vida suficiente para encontrarlo”.
Hortensia me está pintando al hombre obeso, morocho y con pelo al ras, de la fotografía que tiene en el altar.
“Muy cariñoso, muy amiguero, un buen padre, un buen hijo. Si acaso cometió algo debe estar detenido, no tienen por qué desaparecer a nadie”.
Hortensia, me cuenta, yo se lo he preguntado, que hubo un tiempo en que los gemelos de Víctor, que ahora tienen ocho años, estuvieron afectados por lo que vieron la madrugada aquella en que el GATE irrumpió en su casa y se llevó a su padre.
“Se despertaban por las noches gritando que su papá, que no le pegaran más a su papá. Ellos lo vieron, ellos lo vivieron”.
-¿Sigue habiendo desapariciones en Piedras?
– Ya no tanto. El Presidente Municipal (Fernando Purón Johnston) decía que no había desaparecidos y sigue diciendo que es una frontera blanca, que es frontera segura ¿Entonces todos los desaparecidos? Ni modo que se los haya llevado un ovni.
A víctor se lo llevó el Grupo de Armas y Tácticas Especiales, pero fue como si se lo tragara la tierra.
Lo que dice la ley y no se cumplió:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal
Código Nacional de Procedimientos Penales
Artículo 132. Obligaciones del Policía
Vl. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables.
Organizaciones de Coahuila calificaron el hallazgo de tres mil 500 restos óseos en el ejido Patrocinio como un campo de exterminio y exigieron a los gobiernos federal y de Coahuila informar qué pasó en ese lugar, quiénes son los responsables de esta masacre y de quiénes son los restos localizados ahí. Homero Ramos Gloria, Procurador de justicia estatal, señaló a Los Zetas como los autores de los asesinatos y desaparición de cuerpos. Pero, como en su momento con la masacre de Allende, no parece muy proclive a aceptar lo que dicen las familias: que esos campos fueron escenario de una tragedia humanitaria de grandes dimensiones.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Organizaciones y colectivos que buscan a personas desaparecidas en Coahuila calificaron el hallazgo de tres mil 500 restos óseos en el ejido Patrocinio como un campo de exterminio y exigieron a los gobiernos federal y estatal identificar los fragmentos encontrados y explicar qué pasó en ese lugar y quiénes son los responsables de esa masacre.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila aseguró en un comunicado que las osamentas fragmentadas encontradas en el ejido de Patrocinio, municipio de San Pedro, estaban con “un alto grado de carbonización y calcinación” y pertenecían sólo a tres personas.
Sin embargo, este martes, Homero Ramos Gloria, Procurador de justicia estatal, dijo que habían encontrado seis perfiles genéticos en el terreno. es decir, al menos ya reconoció otros tres cuerpos.
Silvia Ortiz, representante y líder del Grupo Vida en Torreón, consideró que el Estado busca minimizar los hallazgos de restos óseos encontrados, pues sin ir lejos, agregó, el pasado domingo hallaron dos colmillos, dos muelas y 9 piezas dentales en un nuevo operativo de búsqueda en el lugar.
“Que chinguen a su madre”, expresó Ortiz en entrevista para Vanguardia cuando se le preguntó por la postura del Gobierno del Estado respecto que los presuntos restos humanos pertenecen únicamente a tres personas.
En entrevista para Despierta con Loret, el funcionario dijo que Patrocinio “es un paraje muy solitario”. Explicó que la zona donde se encontraron los más de tres mil restos humanos abarca un área de cinco hectáreas.
“En el terreno se han realizado siete visitas de trabajo conjuntas entre las autoridades”, explicó.
Indicó que las investigaciones han arrojado fracciones de restos óseos de 5 o 6 milímetros y molares de personas. “Hay evidencia de que algunas fueron combustionadas”, mencionó.
El Procurador estimó que podría haber entre tres y seis perfiles genéticos más entre los tres mil restos de huesos. Señaló a Los Zetas como los autores de los asesinatos y desaparición de cuerpos en el terreno de Patrocinio.
El funcionario dijo que tienen conocimiento de tres lugares que se usan para la desaparición de cuerpos en Coahuila: Piedras Negras, Allende y Patrocinio.
Dijo que hay 27 autoridades detenidas por los hechos y 17 más se encuentran en proceso.
Es decir, ya dio por investigado y concluido el caso.
“Son una cantidad de restos que se han recogido en diferentes puntos del ejido que no pueden ser de tres personas nada más”, dijo Silvia Ortiz.
Sobre las declaraciones del subprocurador de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, respecto a que la mayoría de los probables responsables estarían muertos o detenidos, Silvia Ortiz exigió que le presentaran a los detenidos y dieran nombres.
En una entrevista para Univisión, la señora Ortiz y su esposo Óscar Sánchez Viesca, ambos padres de Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, “Fanny” – quien desaparecieron en la ciudad de Torreón, Coahuila, el 4 de noviembre de 2004–, declaró que desde hace más de un año realizan recorridos en Patrocinio y han denunciado a las autoridades los restos óseos que han encontrado.
“Nosotros desde hace más de un año hemos venido a este ejido de El Patrocinio, aquí ya hemos hecho 14 búsquedas de campo y hemos entregado a las autoridades muchísimos restos óseos… hemos denunciado el horror de este campo de exterminio y hasta un año después es que no están escuchando”, narró al medio Óscar Sánchez Viesca.
El Patrocinio, de acuerdo con una investigación de Univisión, es un ejido que por muchos años fue ocupado por Los Zetas para literalmente deshacerse de sus víctimas de múltiples y dolorosas maneras.
“En una extensión de aproximadamente dos kilómetros de largo y 80 metros de ancho se extendió el horror, ya que el canal de riego ubicado en la zona fue utilizado para verter los restos humanos que este grupo delictivo sin piedad deshizo durante años sin que ninguna autoridad se lo impidiera”, expone el medio en una nota firmada por Darwin Franco.
Iris García, miembro de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), declaró que los restos encontrados en Patrocinio representan un campo de exterminio y puso en duda la capacidad de la Policía Científica para identificarlos.
“Nos queda la duda de que todos estos hallazgos se los lleva la Policía Científica de Coahuila porque no tienen capacidad para identificar. Se están amontonando en bodegas estos fragmentos con el riesgo de perder evidencias y contaminar los hallazgos, se comprometieron a hacer convenios con laboratorios internacionales para aligerar la identificación de estos hallazgos que han recolectado”, dijo al diario Vanguardia Diana Iris García, miembro de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).
No es la primera vez que se acusa a los hermanos Moreira, Rubén y Humberto, de esconder las dimensiones de la tragedia en Coahuila. Con 11 años en el poder, los dos miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tienen una fuerte conexión con el actual gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
La mañana del 13 de septiembre de 2012, la mayor de sus hijas llegó a Eagle Pass para avisarle que alguien, nadie supo y nadie sabe quién, se había llevado a 15 de los de su sangre. Fue cuando a Dora Alicia se le aguadaron las piernas. Le dio una punzada en el cerebro y sintió que iba a derrumbarse. Esa mañana, el miedo hizo que, como tantos desplazados por la violencia en el país, Dora, su hija, su yerno y sus nietos, huyeran de Piedras Negras y se refugiaran en Dallas, Texas.
“Lo más horrible es que no sabía de quién, ni por qué huía. Dije: ‘Me quiero regresar, por favor, me quiero regresar’. Mi hija no me dejó, la mayor. Yo en ese momento quería correr para acá y buscarlos por cielo y tierra, pero mi hija no me dejó. Tenía miedo porque eran muchos los que ya se habían llevado”.
A cuatro de sus nietos, los más pequeños, entre los que se hallaba una nena de 15 días de nacida, los hallaron en la Casa Cuna del DIF Piedras Negras.
Por Jesús Peña
Foto y video: Marco Medina Edición: Kowanin Silva
“No duermo créame, es llorar como un animal herido y no hay noche que duerma completa, me duermo y despierto a ver dónde estoy, a ver si es mentira loque está pasando”, dcie Dora Alicia, quien busca a 11 desaparecidos. Foto: Marco Medina, Vanguardia
Piedras Negras, Coahuila, 10 de junio (SinEmbargo/Vanguardia).- La mañana del 13 de septiembre de 2012, a doña Dora Alicia de la Garza Hernández, se le aflojaron las piernas y sintió que iba a desmayarse.
Le había atacado un agudo dolor en el cerebro después que su hija la mayor fue a buscarla hasta la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en el Estado de Texas, para darle una noticia tremenda: Que 15 de los familiares de Dora Alicia, entre hijos, nietos, nueras y su esposo, estaban perdidos y no los encontraban.
Alguien – casi cuatro años después no se sabe quién y si alguien sabe no habla -, se los había llevado en la madrugada de dos domicilios diferentes:
Uno en Mar Ageo 1120, de la colonia Villas del Carmen; el otro en Río Bravo 800, de la colonia Acoros, en Piedras Negras, Coahuila.
La lista del árbol genealógico de Dora, arrancado a pedazos, es tan larga como enredada.
De Villas del Carmen desaparecieron a su esposo Juan Carlos Tapia Martínez (53 años), a su hijo Juan Carlos Tapia de la Garza, “Junior”, (34 años), y a la esposa de éste, Johanna Michel Rodríguez (24 años ); al otro hijo de Dora Alicia, José Luis Tapia de la Garza (32 años), a su mujer Nelly Elizeth Sánchez Hernández (31 años), a su nena de 15 días de nacida, a su otra hija Lesly Elizabeth Tapia Sánchez (13 años) y a otros cuatro niños, también nietos de Dora, a los que ella no quiere mencionar por temor a que algo más les pase y ya es bastante con lo que les pasó, dice.
De la colonia Acoros, se llevaron a su exnuera Aurora Margarita Pérez Gonzáles (35 años) y a sus cuatro hijos: Aurora Zuzeth Tapia Pérez (16 años), Alejandra Jaquelin Tapia Pérez (15 años), Arleth Lilian Tapia Pérez (11 años) y Juan Carlos Tapia Pérez (13 años).
“Mi hija vino a decirme que no encontraban a mi hijo ‘Junior’, que no había ido a su trabajo, que no los hallaban, que no encontraban a Aurora ni a los niños. Me dice: ‘mami, no es todo, tampoco encontramos a José Luis ni a Nelly ni a los niños”.
Dora solloza. La angustia atorada en la garganta.
En ese tiempo (2008 –2012), la época en que Piedras Negras se había vuelto una perra brava, la radio gritaba noticias sobre granadazos y balaceras por toda la ciudad.
Dora estaba inquieta.
“Se llevaban familias enteras. A ‘ellos’ les valía pura fregada. Se las llevaban, inocentes y como fuera”.
“Ellos”, dice Juanita Huerta Padilla, miembro de un grupo de mujeres, madres de desaparecidos, que el segundo jueves de cada mes se reúnen en la iglesia de San Judas Tadeo de Piedras Negras para orar, ella por Víctor Francisco González Huerta, su hijo.
Un rapero de 26 años, que la mañana del 20 de enero de 2012 salió de su casa rumbo al estudio de un amigo para grabar un disco y ya no regresó. Pero jamás por la mente de Dora pasó que pudiera ocurrirle esto que está platicando.
Se imagina, dice, que es otra persona, no cree que le esté sucediendo a ella, lo jura.
Pero por Dios santo que presintió ese momento, dice Dora Alicia, y no fue cosa de superstición. La madrugada de su desgracia, la mujer de tez blanca, cabello rubio, chaparrita, 55 años, salía de un casino en El Paso, la ciudad norteamericana donde trabaja limpiando casas, con una amiga y el marido de ésta.
Era cerca de la 1:00 de la mañana. Dora no sabe por qué de pronto sintió un deseo irresistible de ir a Piedras Negras, a ver a su familia.
“Le dije a mi amiga que me quería venir para Piedras y dijo: ‘no, mañana te toca trabajar, te vas a ir y luego en la mañana ahí vienes’. Le dije: ‘sí, tienes razón. Me quedo’”.
Cuenta, con los músculos de la cara rígidos de tanta angustia contenida.
Dora tomó entonces su celular y le envió un mensaje a Juan Carlos Tapia Martínez, su esposo. Quería cerciorarse de que todo andaba bien, de que todos estaban bien.
“Le digo a mijo: ‘tú eres un angelito de Dios y Dios los escucha porque ustedes no tienen pecados. Sígale mijo pidiéndole a Dios todos los días y Dios se lo va a cumplir’, le digo y me trago mi dolor”: Dora Alicia. Foto: Marco Medina, Vanguardia
“‘¿Están bien?’, dice mi esposo ‘sí, ¿qué pasó chaparra?’ Le dije: ‘no sé, nomás te pregunto que si están bien’ y contesta ‘estamos bien. Me voy a ir a quedar a’ca Junior’. Mis hijos se habían llevado a su papá porque traía la presión muy alta, estaba malito y le digo ‘no tengo saldo’, dice ‘ahorita te pongo, cuando llegue’”.
Minutos después se encendió el móvil de Dora, vibró y sonó con ese sonido artificial, metálico, electrónico, ringtone, que hacen los celulares cuando los rellenas.
Seguramente Juan Carlos, el esposo de Dora había entrado en el Oxxo que está a la vuelta de con Junior, su hijo, para hacer la recarga y ya estaba con él en su casa de la colonia Villas del Carmen.
Dora se tranquilizó momentáneamente.
Ella piensa que como a la hora y media o dos horas, – 2:30 ó 3:00 de la mañana -, después de que su marido le puso saldo, pasó todo. Se los llevaron.
¿Quién? Nadie sabe nada. Dora trata de atar cabos. Cree que esta pesadilla le vino por un amigo de la infancia de sus hijos, que andaba mal.
-¿Cómo mal?
-Andaba con puros muchachos maleantes, se miraba que andaba mal, se decía que andaba mal.
Dora recuerda que el amigo aquel, hijo de una conocida suya, pasaba como haciendo rondín en una troca de llantas anchas, acompañado por unos hombres con rostro huraño, y se detenía de vez en vez en casa de Dora o de alguno de sus hijos, a saludar.
“Mi jefita. Mis carnales, así nos presentaba”.
Una traición, un cambio de bando, piensa ella, y los hombres de cara seria fueron esa madrugada sobre la familia de Dora.
“Han de haber dicho, ‘pos le dice jefita’, así pienso yo…”.
De otra manera Dora Alicia no se explica quién, y por qué, borró a su familia del mapa de Piedras Negras.
“Mi Dios lo sabe, con la mano en mi corazón y en la Biblia, les digo que mis hijos no andaban mal. Ellos tenían sus trabajos, porque tenían familia que dependía de ellos. Yo soy persona de trabajo, todo mundo me conoce, limpio casas, no me da pena decirlo”.
La mañana del 13 de septiembre de 2012 la mayor de sus hijas llegó a Eagle Pass para avisarle que alguien, nadie supo, nadie sabe, se había llevado a 15 de los de su sangre.
Fue cuando a Dora Alicia se le aguadaron las piernas, le dio una punzada en el cerebro y sintió que iba a derrumbarse.
Esa mañana el miedo hizo que, como tantos desplazados por la violencia en el país, Dora, su hija, su yerno y sus nietos, huyeran de Piedras Negras y se refugiaran en Dallas, Texas, muy a pesar de ella.
“Lo más horrible es que no sabía de quién, ni por qué huía. Dije ‘me quiero regresar, por favor, me quiero regresar’. Mi hija no me dejó, la mayor. Yo en ese momento quería correr para acá y buscarlos por cielo y tierra, pero mi hija no me dejó, tenía miedo porque eran muchos los que ya se habían llevado”.
Años más tarde en Piedras Negras corrió el rumor de que muchos de los secuestrados por el narco, habían sido trasladados, ejecutados y luego desintegrados en tambos con ácido – “cocinados” se llama eso -, al interior del Centro de Readaptación Social de esa ciudad.
La versión fue confirmada después en una pesquisa realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, que habla de al menos 150 víctimas.
“Dicen que de la libre (de la ciudad) se los llevaban allá, al Cereso y allá los mataban”, comentó vía telefónica, María Hortensia Rivas Rodríguez, la dirigente de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C. de Piedras Negras, y madre de Víctor Manuel Guajardo Rivas, un comerciante presuntamente desaparecido por el Gate, a mediados de 2013.
Juanita Huerta Padilla, se encerró por semanas a llorar en su casa cuando una muchacha del barrio donde vive le insinuó que su hijo Víctor Francisco González Huerta, desaparecido desde hace más de cuatro años, había sido ejecutado y luego “cocinado” en el Cererso de Piedras.
“Dice la muchacha: ‘ay pues dicen que Negrito ya huele a pozole’. Le dije ‘¿qué es eso?’, dice, ‘no pos que ya se lo cocinaron’. Eso fue muy fuerte, muy duro para mí, sentí bien feo”.
Dora Alicia se resiste a creer que sus familiares estén ahí. No quiere ni pensarlo.
“Me lo van a comprobar. A mí no me van a decir, para no buscarlos, ‘ahí estaban y punto’, a mí si me dicen que ahí estaban me lo van a comprobar. Yo no me quiero hacer a la idea de que ahí estaban, no creo”.
Estas son las fotografías de los hijos, nueras y nietos de Dora Alicia, quien las lleva consigo a todos lados con la esperanza de un día volverlos a ver. Foto: Marco Medina, Vanguardia
Dora ha preferido contarlo sentada en una banca de una plazoleta con pájaros y árboles alrededor, que está en una transitada avenida de Piedras Negras por donde pasan, sí muchos carros, pero poca gente.
El gorjeo de los pájaros se oye como la ráfaga de una ametralladora. Su colonia está lejos, dijo Dora por teléfono antes del encuentro, y desde que se llevaron a los suyos se ha vuelto desconfiada de la gente.
“Sí hijo, estoy bien, ya estoy en la reunión con los señores del periódico. Sí mi vida, sí gracias…”.
Del otro lado del celular, que ha estado sonando frenético, se oye la voz de uno de los hijos que le quedaron –Dora tuvo seis, se llevaron a dos– y que todos los días están al pendiente de los movimientos de su madre.
Antes de seguir charlando, Dora nos hace close ups con su celular y fotografía nuestras identificaciones, “porque una ya no sabe…”, aclara.
Es una tarde de nubes negras que van y vienen estrujadas por el viento, pero no llueve. En los ojos de Dora Alicia hace casi cuatro años que los aguaceros no ceden.
“No duermo créame, es llorar como un animal herido y no hay noche que duerma completa, me duermo y despierto a ver dónde estoy, a ver si es mentira lo que está pasando”, dice.
Sus ojos son otra vez un río que se desborda a raudales por sus mejillas.
Dora está contando que una semana después del secuestro de sus familiares, una comadre, no dice nombre, la llamó a Dallas para decirle que habían encontrado a cuatro de sus nietos más pequeños, entre los que se hallaba una nena de 15 días de nacida, en la Casa Cuna del DIF Piedras Negras.
Dora marcó entonces a unos parientes suyos para pedirles que recogieran a los cuatro críos y los pusieran en un hogar seguro, “ya iban fuera de la ciudad, por miedo, y se regresaron por los niños”, relata.
En Piedras Negras corrió el rumor de que muchos de los secuestrados por el narco, habían sido trasladados, ejecutados y luego desintegrados en tambos con ácido – “cocinados” se llama eso -, al interior del Centro de Readaptación Social de esa ciudad. Foto: Marco Medina, Vanguardia
-¿Los chicos qué le cuentan?
-No, nada, nada, nada. Estaban dormidos ellos, estaban dormidos y aparte yo no les pregunto nada tampoco, ya están bastante lastimados. Yo estoy de pie porque tengo esos niños que me dejaron sin sus padres, porque tengo que salir adelante para ellos: visten, comen y calzan.
De sus 11 familiares restantes, Juan Carlos Tapia Martínez, su esposo; Juan Carlos Tapia de la Garza, “Junior” y José Luis Tapia de la Garza, sus hijos; Johanna Michel Rodríguez, Nelly Elizeth Sánchez Hernández y Aurora Margarita Pérez Gonzáles, sus nueras; Lesly Elizabeth Tapia Sánchez, Aurora Zuzeth Tapia Pérez, Alejandra Jaquelin Tapia Pérez, Arleth Lilian Tapia Pérez y Juan Carlos Tapia Pérez, sus nietos, nunca volvió a saber más.
Y ha repetido tantas, pero tantas veces esta historia, que esta entrevista es algo así como limón con sal sobre una herida abierta.
“Estoy angustiada, desesperada, enojada de que hagan nada, de que siempre tengo que repetir lo mismo y remover esa herida. No hay avances. Cada vez me mandan a un investigador diferente y ahora resulta que en vez de que vengan a traerme noticias, quieren que yo les informe a ver qué sé, ‘qué ha sabido’ o ‘qué sabe’. No, yo quiero respuestas, quiero que me digan ellos de los avances, pero no hay avances y estoy desesperada, destrozada. Es mucho mi coraje, mi angustia, mi impotencia, ¿qué le puedo decir?”.
A la madre de Dora, que tiene 81 años y está enferma, han tenido que inventarle que sus 11 familiares perdidos andan en un largo viaje.
La verdad es que a ella ya se le hizo mucho, cuatro años, para unas vacaciones.
“No hay razón de nada. Y no nomás de mijo, de todos. Será que las autoridades no trabajan o no estarán echándole ganas”, dice Francisco Rodríguez Ramón, el papá de Édgar Emanuel Rodríguez Vargas, 27 años, que el 7 de octubre de 2014 salió a la tienda y ya no volvió.
Así desaparece la gente en Piedras Negras, como tragada por la tierra.
Ya era diciembre, tres meses después de la desaparición de los 11, cuando Dora, su hija mayor, su yerno y sus nietos, retornaron a Piedra Negras de su exilio forzado en Dallas.
“Digo, ¿por qué nos fuimos?, ¿por qué huímos?, ¿de quién?, no me debería haber ido a Dallas, yo debí de haberlos buscado”, se reprocha Dora.
Tras su llegada a Piedras Negras, Dora se encontró con otra noticia nefasta:
Que las dos casas de donde fueron sustraídos sus familiares, y que por meses permanecieron solas, habían sido saqueadas y sus muebles, que aún se debían, se deben, a varias tiendas departamentales de la ciudad, vendidos en la calle.
Medio anochece.
En la plazoleta aquella de nuestro encuentro, Dora Alicia muestra un retrato donde se ven los rostros de sus 11 desaparecidos, 11, que antes de la entrevista hizo imprimir en la sucursal de una cadena farmacéutica que está muy cerca de aquí.
En plaza vuelve a oírse como ráfaga el gorjeo de los pájaros.
Dora, madre, esposa, suegra y abuela de sus 11 desaparecidos, se está acordando de los de la foto.
Ésta es su niña Arleth Lilian, quien había cumplido años, 11, un día antes de que se la llevaran con otros de sus familiares, la madrugada de 13 de septiembre de 2012, en plena fiesta sorpresa.
Él es Juan Carlos, 13 años, hermanito de Arleth, un apasionado jugador de futbol, a quien su padre gustaba de acompañar a los partidos y emocionarse con las proezas del chiquillo.
A su nieta Alejandra Jaquelin le habían hecho su quinceañera en abril de ese año, 2012.
Dora tiene un repentino ataque de llanto.
Solloza, suspira, moquea, las palabras atragantadas, apenas y puede hablar.
Aurora Zuzeth, 16 años, es la mayor de sus nietas, dice, y el mejor promedio de su escuela.
“Un día estaba en la escuela y dijeron, ‘hay un alumno qué felicitar, porque sacó un 10 en todas sus materias’. Dice mija ‘pero jamás pensé que fuera yo abuelita, porque dijeron un alumno y en eso nombraron Aurora Zuzeth’, dice, ‘y era yo abuelita, saqué puro 10’. Mi hijo le dijo ‘¿qué quieres, mi reina, que te regale por tus calificaciones?”.
Ella es Aurora Margarita, 35 años, su exnuera, muy mujer, muy limpia en su casa, en su persona y con sus hijos.
Hacia 15 años que se habían separado, luego de que él decidiera rehacer su vida con una muchacha a la que conoció en un bar y con la que rompió tiempo después.
Últimamente vivía solo.
“Pero jamás separamos la amistad era algo hermoso. Hacíamos reuniones y ‘háblame a tu papá’. Él siempre estaba con nosotros, siempre, sus hijos eran todo para él, nos llevábamos perfectamente.
“Me dicen mis amigas ‘¿por qué no haces tu vida?, que mira, que te sale un pretendiente, algo’. Les digo ‘porque a lo mejor si regresa renovamos votos’, ‘¿sí harías eso?’, les digo ‘pues estamos casados ante Dios y lo que Dios une…’”.
Ella es Lesly, 13 años, otra de las nietas de Dora, estudiante de primero de secundaria, muy nerviosa y propensa a morderse las uñas por cualquier cosa.
Y ésta que está con su hijo José Luis, 32 años, empleado de la compañía Telcel de Monterrey, es su nuera Nelly Elizeth, 31 años, ama de casa.
Tenía 15 días de haber dado a luz a una nena, cuando se los llevaron.
Quién, nadie sabe y si sabe no habla.
“Todavía esa mañana antes de irme al trabajo me dijo mi hijo José Luis, ‘mami, voy a ir ponerle la
vacuna del tamiz a la niña, de la patita’, le dije ‘sí mi amor’, dijo ‘¿no trae pa la gasolina?, es que no traigo’, le dije ‘sí mijo. Híjole nada más traigo uno de 500 y 50 pesos’, dijo, ‘no le hace mami, nomás pa la gasolina, porque todavía no me depositan’, y le di los 50 pesos”.
Pausa.
A Dora le agarra otro ataque de llanto.
Intachable.
Nada qué decir de ella, muy trabajadora.
“Su separación de mi hijo Juan Carlos para mí no contaba, ella era mi nuera y punto, la madre de mis nietos, bienvenida a mi casa. Todos mis hijos y yo la adorábamos”.
Este de la texana negra y camisa morada es su hijo Juan Carlos, 34 años, empleado de la empresa Gas Económico de Piedras Negras.
Hacía poco que se había quemado la cara por un flamazo en el tanque la pipa que manejaba.
La pipa hubiera explotado, si Juan Carlos no mete su rostro y sus manos al fuego para cerrar una válvula.
“Se quemó toda su cara y quedó ciego por todo un día, Nomás se le caían los pellejos”.
La que está junto a su hijo Juan Carlos es Johanna Michel, 24 años, su actual pareja, la única mujer de una familia de seis hermanos.
Su padre, ciudadano americano, la quería mucho.
El señor de espeso cabello negro y grueso mostacho, 53 años, se llama Juan Carlos Tapia Martínez y es el esposo de Dora.
Juanita Huerta, se reúne junto con otras madres de desaparecidos en la Iglesia para orar. Ella perdió a su hijo Víctor, un rapero que salió un día para grabar su disco y ya no volvió. Foto: Marco Medina, Vanguardia
Sigue.
“Y ahora me arrepiento porque digo ‘cómo no le dejé más dinero a mijo, nomás 50 pesos le di ese día en la mañana’”.
Desde la madrugada aquella Dora Alicia es como una especie de muerto viviente, un zombi, y a menudo la gente a su alrededor le pregunta que cómo es que sobrevive, que cómo es que está de pie.
“Si con uno… A esta señora se le perdieron 11”, dice Ester Guevara Álvarez, la mamá de Héctor Salvador Ibarra Guevara, desaparecido el 28 de octubre de 2014, ella cree, mientras cruzaba por el Río Bravo rumbo a los Estados Unidos donde trabajaba con un primo remodelando casas.
La verdad es que Dora se ha vuelto una maestra en eso de capotear su depresión.
Sólo dos veces, en los últimos cuatro años, no ha podido con ella y se ha dejado tumbar en la cama por días.
También ha engordado, ella no era gorda.
El fin de semana que Dora no va a su trabajo mira a sus nietos, los lleva a pasear a cualquier parte y luego a comer pizza.
“No puedo darme el lujo de estar tirada en una cama, yo tengo que, como sea, trabajar para mis niños. No puedo darme el lujo de que me vean llorar, no quiero ver sus caritas tristes”.
“Papi regresa pronto, tráete a mi mami y a mi hermanita’”, escribió uno de sus nietos en una carta dirigida José Luis, el hijo desaparecido de Dora.
“Le digo a mijo, ‘tú eres un angelito de Dios y Dios los escucha porque ustedes no tienen pecados. Sígale mijo pidiéndole a Dios todos los días y Dios se lo va a cumplir’, le digo y me trago mi dolor”.
Dice Dora. Los ojos inundados.
En cambio a María Elena Talamantes, la mamá de Heladio Serrano, 27 años, a quien sus familiares siguen esperando que regrese de la fiesta a la que se fue el 15 de julio de 2013, los médicos han preferido mantenerla sedada.
“Me entran las crisis, la desesperación, que quisiera verlo, saber dónde está. Los médicos nomás me tienen a puro dormir. Me atacan mucho los nervios”.
-¿Cuánto ha llorado?
-Uuuuh mucho, le lloro día y noche, le digo ‘¿dónde estás, mi amor?, ¿quién te levantó mi corazón?’.
Dora dice que después de la desaparición de sus 11, sus vecinos, conocidos y familiares, dejaron de hablarle, de frecuentarla y hasta la bloquearon del Facebook, ella piensa que por temor y no los culpa ni los juzga.
Dora Alicia es como una especie de muerto viviente, un zombi, y a menudo la gente a su alrededor le pregunta que cómo es que sobrevive, que cómo es que está de pie. Foto: Marco Medina, Vanguardia
“Pero pienso yo que siendo como eran mis hijos, no creo que no les hubieran tendido la mano, pero quién sabe, el miedo es canijo. La prueba de que no debemos nada a nadie es que estoy aquí, de nuevo, en mi tierra, si no yo no hubiera vuelto”.
El caso de Dora Alicia y sus 11 extraviados -que por cierto se volvió el más mencionado entre los cientos de expedientes de desaparecidos en Coahuila?, llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humamos, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General del Estado, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C., el consulado y migración de Estados Unidos.
“Dimos todas las características de cada uno de mis hijos, pero pos no”.
Hace un año que el cura José Luis Hernández Bermea, vicario parroquial del Santuario de Guadalupe, en Piedras Negras, tuvo la idea de organizar unas misas para orar por las personas desaparecidas y sus familias.
Todos los segundos jueves de cada mes el sacerdote lee los nombres de los ausentes ante unas 40 familias de la comunidad, reunidas en la Capilla de San Judas Tadeo, ubicda en el barrio del mismo nombre y donde la delincuencia tuvo su bastión.
“El fin es sanar, sanar la ausencia del familiar, pero ahora en el plano espiritual. Se trata de acompañarlos, de no bajar la guardia, de seguir pidiendo por ellos, donde quiera que estén”.
Dice el sacerdote, quien en 2010 supo lo que siente tener a un familiar desaparecido, después que un comando secuestró por siete horas a su madre, a su hermano mayor, a la esposa de éste y a una sobrina, una noche que volvían de un casino en Estados Unidos.
“Le digo a Dios ‘padre santo, aquí te los vengo a entregar – dice Dora, que ya lleva algunos meses asistiendo a estas misas –. Yo sé que me los prestaste y si tú me los hubieras quitado estaría conforme, pero no fuiste tú Señor, fue otra gente que me hizo daño, mucho daño’”.
Amaneciendo el 10 de mayo pasado, Dora volvió a escuchar, entre sueños, la serenata que año con año le dedicaban sus hijos, acompañados de sus amigos.
En la calle había unas 50 personas cantando Las Mañanitas. Ella buscó entre las caras de la multitud las de sus hijos Juan Carlos y José Luis. No las encontró.
“Les dije a los amigos de mis hijos, perdónenme, perdónenme, pero no puedo aguantarme, porque entre ustedes yo quiero ver las caras de mis hijos y no están’.
“Lloraron junto conmigo. Dos, tres me consolaban y pasaban uno, uno por uno, se lo juro, se forman uno por uno, para darme mi abrazo”.
Cualquiera que intente buscar en Facebook a Dora Alicia de la Garza Hernández, la mujer de Piedras Negras que tiene 11 desaparecidos, no la va a encontrar, porque ahora es Paloma Indomable.
“Soy como una paloma errante y sin nido, porque no encuentro a mis polluelos, no encuentro a mi familia, por lo tanto no encuentro mi lugar, soy una paloma. Indomable porque, a raíz de eso, no me hice dura ni rebelde ni nada, simplemente que ya no es tan fácil creer en nadie”.
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