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El Gobierno mexicano ha protegido a los hermanos Moreira del alcance de la justicia, incluso los ha premiado a ellos y a sus funcionarios, reclaman familiares de víctimas de desaparecidos en Coahuila.

Ante el informe de la Universidad de Texas, las madres y activistas señalaron que la información ahí contenida debe de servir para investigar y castigar en México a los mandatarios por los crímenes cometidos durante sus gestiones a manos de grupos criminales.

“Salta a la vista que hay una omisión por parte del Estado mexicano de investigar el tema de los Moreira, no sólo por el tema de los desaparecidos, lavado de dinero, corrupción, sino por la megadeuda”, señaló Ariadna García, activista de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, en entrevista con SinEmbargo.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El informe de la Universidad de Texas sobre la operación del cártel de los Zetas durante los gobiernos de Humberto Moreira Valdés y Rubén Moreira Valdez evidencia, una vez más, la protección de la que gozan por parte del Gobierno que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, dijeron familiares de desaparecidos y activistas en derechos humanos.

Ayer la Universidad de Texas dio a conocer el informe de 53 páginas “Control…sobre todo el Estado de Coahuila” basado en el análisis de 24 declaraciones de testigos en tres juicios federales que se realizaron en San Antonio, Austin y del Río, Texas, donde concluyó que el grupo criminal pagó sobornos millonarios a las autoridades de todos los niveles de Gobierno en Coahuila y Veracruz para operar con total impunidad.

En el caso de Coahuila, los testimonios revelan sobornos en millones de dólares pagados a Humberto y Rubén Moreira a cambio del control de la entidad.

“El Estado mexicano no ha hecho nada, lejos de investigarlos se les premia. Ahí tenemos el caso de Armando Luna Canales, a quien nombraron presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, algo que nos molesta mucho”, señaló Ariadna García, activista de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, en entrevista con SinEmbargo.

Armando Luna Canales fue Secretario de Gobierno durante las administraciones de Huberto y Rubén Moreira, además de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad entre 2011 y 2012. Actualmente es Diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y preside la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara baja.

“Salta a la vista que hay una omisión por parte del Estado mexicano de investigar el tema de los Moreira, no sólo por el tema de los desaparecidos, lavado de dinero, corrupción, sino por la megadeuda”, agregó la activista.

Ariadna García se refirió a la deuda que dejó Humberto Moreira, quien  recibió una endeudamiento en diciembre de 2005 de 323 millones de pesos y a su salida en 2011, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, dejó endeudado al estado con 36 mil 509.6 millones de pesos.

Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, de la organización Grupo Vida, recordó que el ex Gobernador Huberto Moreira fue detenido en España sin que se le pudiera comprobar nada, lo que derivó en su libertad.

“Es bien sabido que había involucramiento; a Humberto lo agarraron en España y no le pudieron comprobar nada. Estos que están hablando en Estados Unidos no sé si tengan pruebas fehacientes, los pelos de la burra en la mano, porque yo no me emociono hasta que no se compruebe, no sólo con los testimonios, sino con las pruebas”, acotó.

En enero de 2016 Humberto Moreira Valdés fue detenido en España por una investigación relacionada con lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho; pero fue liberado siete días después. El diario El País reveló que el Gobierno mexicano desplegó de manera puntual a funcionarios en el caso.

Ortiz, madre de una joven desaparecida en Coahuila, dijo que espera que las autoridades mexicanas retomen información de las investigaciones en Estados Unidos para dar con el paradero de los desaparecidos de Coahuila y castigar a los culpables.

“Para nosotros es importante porque una cosa llevaría a la otra. Tiene una gran relevancia que los casos se investiguen. Espero que realmente se hable con testimoniales y pruebas, que nos puedan llevar no sólo a lavado, sino a recuperación de personas. Yo no quiero emocionar a la gente del grupo, porque desde hace años se está manejando esto, y no hay resultados”, lamentó.

Los investigadores del La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas resaltaron en su informe que el Estado mexicano no ha investigado las declaraciones a las que ellos tuvieron acceso: datos concretos de matanzas y desapariciones.

“Los testimonios y las investigaciones llevadas a cabo para estos ensayos incluyen información clave, como los lugares donde tuvieron lugar las desapariciones y los asesinatos. Sin embargo, los testigos dejaron en claro que el Estado mexicano no ha llevado a cabo investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de EU compartió información vital directamente”, dice el documento en sus conclusiones.

El informe también resalta el patrón de secuestros, asesinatos, tortura y desapariciones del grupo criminal.

“Lo menos que esperamos es que el Gobierno federal empiece a investigar esos testimonios. Nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones la impunidad, hemos hecho visible el tema de los graves crímenes. Aquí también se está dando que las víctimas que han denunciado por las masacres de Allende y Piedras Negras, que son víctimas y también testigos, se les está poniendo en riesgo porque no hay ningún tipo de protección”, agregó Ariadna García.

 

EN MÉXICO LA JUSTICIA PARA USO POLÍTICO

Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), opinó que el informe de la Universidad de Texas tendría que ser estudiado e incorporado en el proceso de investigación en México.

En el país existen denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por parte de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de Humberto Moreira desde 2016 por lavado de dinero y desde 2017 por el presidente de ese partido Ricardo Anaya Cortés por enriquecimiento ilícito, operación con recursos de procedencia ilícita y peculado.

A inicios de este año, el diario español El País reveló que en junio de 2011 se inició una indagatoria en contra de Humberto Moreira por enriquecimiento ilícito, pero que 16 meses después fue archivada.

La PGR concluyó en 2012 decretar el no ejercicio de la acción penal, debido a que no pudo acreditar una violación a la Ley por parte de Moreira Valdés, publicó el rotativo.

 “En el caso de los Moreira, es probable, me atrevo a ventilar la hipótesis de que fueron artífices y participaron en los procesos electorales de 2012 para llevar a Enrique Peña Nieto a la Presidencia. Probablemente esos favores que hicieron impide investigarlos, en parte porque no saben investigar en México y porque no les conviene que ellos pudieran decir alguna información que pudiera involucrar al Presidente o a las dirigencias del PRI. El tema es que hay una red de complicidades que finalmente juega junto con la incapacidad de investigar y el condicionamiento de que algunas investigaciones sí avancen y otras no. Es el uso político de la justicia: se usa para ayudar a los aliados y amigos y para afectar y hostigar a los enemigos”, explicó Cortez Moralez.

El activista de los derechos humanos, quien forma parte del movimiento #FiscalíaQueSirva, resaltó la importancia de una Fiscalía General y fiscalías locales autónomas que no respondan a intereses políticos.

A largo plazo, dijo, en México se debe discutir la necesidad de generar un mecanismo extraordinario de cooperación internacional para “apoyar y obligar a la PGR y a las fiscalías locales a realizar buenas investigaciones”.

“No sólo es investigar a los Moreira: ellos tuvieron funcionarios, empresarios, empresas que participaron en redes de corrupción. Son las redes que se han construido en muchos niveles y son las que permiten que se mantenga esta impunidad y el tema de la corrupción”,apuntó.

Yolanda Morán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México (FUNDEM) y quien busca a su hijo desaparecido en Coahuila desde 2009, consideró que el trabajo académico se trata de “pleitos políticos entre Felipe Calderón contra los priistas, los Moreira”.

“Nosotros no hemos querido opinar al respecto. Pero qué aportan los alumnos de la Universidad: es un informe sobre lavado de dinero, hablan de sobornos, no están hablando de desaparecidos, ¿dónde están los desaparecidos? Todos los juicios que se llevan en Texas es por lavado de dinero. Ya ha contestado Humberto Moreira a las acusaciones derivadas de estos juicios, no es un tema nuevo. En Coahuila hubo muchas desapariciones, asesinatos, predominaba el cártel de los Zetas, pero también Coahuila se ha caracterizado por ser el único estado donde el Gobernador recibe a todas las familias”, dijo.

Aunque Morán consideró que el Gobernador Rubén Moreira ha trabajado con las familias de los desaparecidos, señaló que “a quien le tenga que hacer cuentas que se las hagan. Este informe se trata de lavado de dinero, ahora sí que Don Rubén y Don Humberto tendrán que dar la cara por esto”.

FRENTE EXIGE A PGR Y EPN INVESTIGACION

El Frente por un Coahuila Digno, integrado por los ex candidatos a la Gubernatura Guillermo Anaya Llamas, Armando Guadiana Tijerina, Javier Guerrero García, José Ángel Pérez Hernández y Luis Horacio Salinas Valdez, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Presidente Enrique Peña Nieto investigar a Rubén y a Humberto Moreira por sus vínculos con el crimen organizado.

“Que los hermanos priistas, permitieron a la delincuencia organizada operar libremente a cambio de la seguridad e integridad de los coahuilenses”, expusieron los integrantes del Frente quienes coincidieron que debe haber justicia en comunicado.

El Frente exigió justicia para Coahuila y pidió el gobierno Federal actuar sin consentimientos tras la investigación de la Universidad de Texas que señala a los hermanos de recibir sobornos de Los Zetas.

“Todos los coahuilenses fuimos víctimas de la delincuencia y testigos de masacres que trataron de esconder, como la de Allende, Patrocinio o el Penal de Piedras Negras”, agregó el Frente que acusa a Procuraduría Estatal de actuar de manera impune en los casos.