Diversos testigos coinciden en que los hoy desaparecidos fueron detenidos por civiles armados en presencia de elementos de la Gendarmería y de la Policía Estatal, quienes permitieron que el grupo detuviera a varias personas, que incluso desarmaron a la Policía Municipal y que en las patrullas que les quitaron se cometieron las detenciones.
Por Zacarías Cervantes
Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo/El Sur).- Un año ha transcurrido de que al menos 16 personas fueron detenidas y desaparecidos durante la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, Guerrero, en donde permanecieron del 9 al 14 de mayo de 2015 sin que alguna autoridad interviniera. En la noche, o a plena luz del día, civiles armados se los llevaron, la Gendarmería estaba ahí y no hizo nada, acusan las familias de las víctimas que hasta el momento no saben nada de ellos.
Jorge Luis Salmerón Hernández es estudiante de desarrollo de negocios en la Universidad Tecnológica de Chilapa.
El domingo 10 de mayo de 2015 se encontraba en su casa, y aproximadamente a las 8 de la noche le informó a su hermana que iría a ver a su novia. Su familia le pidió que no saliera por la presencia del grupo de civiles armados que andaba en la ciudad.
Él les respondió a sus familiares que no tenía miedo porque no debía nada, y que además portaba sus credenciales del INE y de la escuela.
Salió de su casa pero aproximadamente a las 10 y media de la noche su hermana le envió un mensaje para saber dónde estaba, pero ya no tuvo respuesta.
A las 11 de la noche su hermana le llamó a su celular y no contestó. Al día siguiente observó que su última conexión de WhatsApp fue a las “5:00 pm”.
La hermana del ahora desaparecido fue a preguntarle a su novia, quien le informó que sólo estuvo unos momentos con ella y que se retiró aproximadamente a las 9 y media de la noche.
El 11 de mayo de 2015 la hermana de Jorge lo buscó con sus amigos y compañeros de su escuela pero no le dieron información, entonces fue con el grupo autodenominado comunitarios por la Paz y la Justicia, quienes se encontraban armados y la amedrentaron.
Les preguntó por su hermano y le informaron que habían detenido a varias personas, pero que las habían puesto a disposición de la Gendarmería, y que de su hermano no sabían nada.
Se dirigió a la Gendarmería ubicada temporalmente en el Palacio Municipal, a quienes les reportó la desaparición.
Recuerda que fue atendida por el comandante a cargo y que cuando le estaba dando los datos de su hermano y las características de la motocicleta que conducía la noche anterior, un oficial federal “al parecer subordinado del comandante”, se acercó y mencionó que él vio a su hermano que manejaba esa moto, cuando aproximadamente a las 10 de la noche del día anterior le marcaron el alto los hombres armados, que según el obispo Salvador Rangel son del grupo criminal «Los Ardillos», frente a la parada de taxis cerca de la Gendarmería.
El oficial fue interrumpido por el comandante, quien no le permitió que continuara relatando su testimonio.
Ella le insistió al oficial que completara la información preguntándole por su nombre, pero su superior ya no le permitió seguir hablando.
“Con lo anterior hago mención que la Gendarmería fue testigo y permitió la detención de mi hermano”, dijo la hermana del desaparecido.
Indicó que han buscado a su hermano ante todas las dependencias y han participado en dos marchas de protesta contra las desapariciones.
Informó también que interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero no ha recibido información.
PAGARON 25 MIL POR UNO DE LOS DESAPARECIDOS, NUNCA VOLVIÓ
El día 18 de mayo la hermana de Jorge Luis Salmerón Hernández, otro de los desaparecidos, fue extorsionada mediante una llamada telefónica a su celular. Le pidieron 25 mil pesos para que le entregaran a su hermano, los pagó pero no se lo entregaron.
La persona fue ubicada con el GPS de su celular en la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, sin que haya sido detenida.
Denunció que un año después esa persona la sigue molestando, ahora le pide 40 mil pesos supuestamente para liberarlo.
Le indicaron que a Jorge Luis lo tienen detenido en una comunidad del municipio de Huitzuco, pero no ha recibido pruebas de que lo tengan.
Sergio Derramona Abarca, otro de los desaparecidos hace un año, se encontraba a las 3 y media de la tarde del 13 de mayo en el mercado de Chilapa.
Testigos vieron que varios civiles armados lo tiraron al suelo, lo golpearon, le dieron patadas y se lo llevaron en una camioneta junto a otra persona en estado de ebriedad.
Eran alrededor de siete personas vestidas de civil los que se lo llevaron, todos portando armas cortas y largas.
El 14 de mayo alrededor de las 9 de la mañana, la madre de Sergio se presentó a la Policía Estatal para ver si lo tenían detenido, y encontró a la persona que había sido detenida con su hijo, quien le dijo que a su hijo lo habían llevado a la colonia Las Palmas.
Sin embargo en la Policía Estatal le dijeron que no habían visto a su hijo, aunque según los testigos agentes de esa corporación estaban en ese momento con la Policía Municipal, que había sido desarmada por los civiles armados, y tenía “pleno conocimiento” de que se llevaron armas, uniformes y patrullas de los municipales.
La madre del joven no puso denuncia en un primer momento porque pensó que antes de que se fueran los del grupo Paz y Justicia, dejarían en libertad a todas las personas, pero dice que se “espantó” cuando vio que los civiles armados se retiraban de la ciudad sin entregar a los retenidos.
Un día después de la salida de estas personas, el 15 de mayo, puso la denuncia ante el Ministerio Público de Chilapa.
Al cabo de los días regresó a preguntar si ya sabían algo del paradero de su hijo le contestaron que no, pero que en cuanto ella supiera algo regresara a darles información.
Otro de los desaparecidos, Arturo Gutiérrez Jaimes, de 19 años, es ayudante de albañil.
El domingo 10 de mayo de 2015 estaba en su comunidad, El Paraíso, rumbo a la escuela David Bliches.
Según testigos fue detenido a las 11 y media y fue llevado hacia un destino desconocido, por los comisarios que encabezaron la irrupción en Chilapa.
Un año después su familia no tiene información sobre su suerte y paradero.
NO IMPORTABA SI ERA NOCHE O DE DÍA, LOS GOLPEARON Y SE LOS LLEVARON
Carlos Emmanuel Meza Nava hace un año tenía 21 años de edad, estudiaba la carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica de Chilapa.
A las 7 de la noche del 9 de mayo salió de su casa con un amigo. Posteriormente su hermana recibió un mensaje que decía que varias personas armadas que llegaron al municipio estaban deteniendo a ciudadanos, se dio cuenta de que Carlos Emanuel no se había llevado su celular y no pudieron llamarle. Junto con su madre lo estuvieron esperando toda la noche sin que apareciera.
Al día siguiente la madre contactó al amigo de su hijo y éste le informó que al llegar al centro de Chilapa se tomaron una copa de mezcal y se despidieron.
Los familiares del joven llamaron a varias de sus amistades y algunos informaron que lo vieron cerca del mercado.
Varias personas les informaron también, que vieron que esa tarde fue detenido por los civiles armados en presencia de elementos de la Gendarmería y de la Policía Estatal, quienes permitieron que el grupo detuviera a varias personas, que incluso desarmaron a la Policía Municipal y que en las patrullas que les quitaron se cometieron las detenciones.
La familia de Carlos Emmanuel presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, pero no han recibido ninguna información a un año de su desaparición.
Aproximadamente a las 7 de la mañana del 10 de mayo Crispino Carreto González y su hijo de 15 años de edad Samuel Carreto González, salieron de su casa y un año después todavía no regresan.
Según testigos fueron detenidos por los hombres armados cerca del crucero denominado La Botella, por la entrada a la cabecera municipal.
Los testigos informaron que los civiles armados se los llevaron con rumbo a Chilpancingo y que observaron cuando fueron obligados a bajar de su vehículo, golpeados y detenidos.
La detención ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la tarde, cuando al parecer ya regresaban a su casa de su trabajo.
La esposa y madre de los desaparecidos se enteró horas más tarde e intentó contactar a su esposo vía celular, pero entraba la llamada sin que nadie respondiera.
Ese día un grupo de personas armadas apedrearon su casa y se robaron ropa del patio, y en días posteriores otro grupo de personas irrumpió en su casa robándose pertenencias y ganado bovino que tenía en su patio.
Los vecinos confirmaron que fueron comisarios de varias comunidades de Chilapa los que detuvieron a Crispino Carreto González y a Samuel Carreto Vázquez, y que fueron los mismos comisarios los que regresaron a robar y causar daños a su vivienda.
Daniel Velázquez Romero tenía 23 años cuando el 14 de mayo de 2015 fue levantado aproximadamente a las 9 de la mañana.
Estaba en una gasolinería junto a su esposa abasteciendo su moto cuando fue rodeado por varios civiles armados y encapuchados y subido a la fuerza a una camioneta blanca.
Cuentan los que vieron que iban dos Urvan y dos camionetas blancas en total, pero de ninguna vieron el número de placas.
La esposa de Daniel acudió de inmediato a denunciar los hechos ante la Policía Estatal, y justo en ese momento pasaron las camionetas blancas de civiles armados frente a los elementos policiacos, pero a pesar de que les pidió que los detuvieran los policías arrancaron en sus patrullas supuestamente para perseguirlos, pero no hicieron ningún intento por alcanzarlos, después se estacionaron cerca del Zócalo.
Al ver la actuación de la Policía Estatal, la esposa fue a informar lo sucedido a la Gendarmería, que se encontraba cerca de la estatua a Eucaria Apreza, y le reprocharon que debiera haber ido con ellos y no con la Policía Estatal.
Ese mismo día pusieron una denuncia ante el Ministerio Público en Chilapa. Allí les dijeron que les avisarían cuando tuvieran resultados de las investigaciones, pero a un año no han recibido ningún informe.
Otro testimonio es el de los familiares de Gemino Neri Agustín, también desaparecido durante la irrupción.
Relatan que el 9 de mayo salió en una camioneta Grand Cherokee Laredo, modelo 1993 roja, a las 4 de la mañana de la comunidad de Zilacayota municipio de Acatepec, en compañía de su vecino Josefino Jesús Cruz. Su destino era la ciudad de Chilapa en donde dejarían la camioneta y de allí se trasladarían a Chilpancingo.
Su intención era tomar un autobús en Chilpancingo con rumbo a Petatlán, en la Costa Grande, en donde cobrarían aproximadamente 10 mil pesos como pago de un trabajo.
La persona que le pagó el dinero le dijo después a la esposa de Gemino que éste salió a las 3 de la tarde de regreso para Chilapa, donde llegaría aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche, allí recogería la camioneta para regresar a su comunidad de Zilacayota, sin embargo después de que llegó a Chilapa ya no supo nada de él.
Aunque posteriormente se enteró de que en esa ciudad estaban instalados retenes “de la policía comunitaria” que sitiaron Chilapa del 9 al 14 de mayo, por lo que ella deduce que fueron capturados por este grupo.
NINGUNA CORPORACIÓN SABÍA NADA
El 10 de mayo aproximadamente a la 1 y media de la tarde, un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto que se trasladaban en una camioneta Pick Up y en una patrulla del Ayuntamiento de Chilapa detuvieron a Jaime Eduardo Villanueva Altamirano.
Él se encontraba en la esquina de su casa en su moto. Los hombres armados lo subieron a la camioneta a punta de golpes y patadas, le dijeron que se calmara o le iba a ir mal, ya que Jaime luchaba por bajarse del vehículo.
Los hombres le dijeron a su esposa que lo fuera a recoger a la comandancia de la Policía Municipal, pero al llegar los familiares allá les informaron que no lo tenían detenido.
También fueron a preguntar a la Policía Federal (Gendarmería) si estaba detenido, porque los civiles armados que se autodenominaban policía comunitaria les dijeron que lo habían entregado a la Gendarmería pero la Policía Federal negó esa información. También preguntaron en el cuartel de la Policía Estatal sin obtener ninguna información.
Los familiares supieron después que a Jaime lo tenían a los “comunitarios” a quienes les suplicaron que les permitieran entregarle los medicamentos que por prescripción médica debe tomar, ya que padece de diabetes, pero no pudieron convencerlos.
Jorge Abarca Jaimes desapareció el 12 de mayo a las 6 y media de la tarde, después de que salió con su patrón Alberto del negocio de tortillas Los tres Hermanos, ubicado frente al mercado nuevo.
Se dirigían a entregar un pedido de tortillas al pueblo de Zitlala cuando fueron detenidos frente al salón de fiestas California por hombres armados y encapuchados que en esos días se encontraban en la ciudad.
Marcial Saldaña Tiburcio, originario de El Jagüey le informó a la familia que Jorge fue detenido y a golpes lo subieron a una camioneta en la que el grupo de civiles armados patrullaba la ciudad.
El 10 de mayo de 2015 los hermanos Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas salieron a las 7 de la mañana de su comunidad Ahuhuiyuco, municipio de Chilapa, en una camioneta Ford modelo 1990, se dirigían a la cabecera municipal a vender una becerra en el tianguis de ganado que se organizaba ese día.
El padre de ellos informó que aproximadamente media hora después sus hijos fueron interceptados en el punto conocido como El Arco en la entrada de Chilapa, en donde había una operación y unas pancartas que decían “policía comunitaria”.
Recuerda que cuando él llegó a bordo de una camioneta del servicio de pasajeros vio que tenían a sus hijos detenidos y amarrados.
Los que los tenían se identificaron como comisarios de San Ángel, San Pedro, Ahuhuiyuco, El Jagüey, Xiloxuchicán y dijeron que estaban cansados de Chilapa.
Él descendió del vehículo en el que iba y dijo a los comisarios que sus hijos no les habían hecho nada. Les pidió que si habían hecho algo los entregaran a la policía, pero los civiles se negaron. Incluso intentaron detenerlo a él también y al pasaje que traía la combi en que se trasladaba.
El padre de los tres jóvenes se dirigió a la Gendarmería que estaba cerca del centro de la ciudad pero los agentes federales se negaron a ayudarle. Al retornar al lugar de la detención ya no encontró a sus hijos ni el vehículo.
Observo a más personas detenidas en ese lugar a manos de los “comunitarios” que se encontraban encapuchados y portando armas de fuego y palos.
El mismo día un grupo de personas encapuchadas llegó a la comunidad donde vive la familia de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas y causaron destrozos en algunas viviendas.
La familia de Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas presentaron una denuncia sin que un año después hayan tenido resultados y tampoco saben de su paradero.
La Fiscalía les ha dicho que esperen, que están investigando, pero desde la fecha de la detención no tienen información del paradero de sus familiares ni del vehículo.
A un año de los hechos, el padre de los tres jóvenes recuerda que tras la irrupción de los encapuchados, los comisarios entregaron sus armas y se reunieron con el entonces gobernador Rogelio Ortega, quien se comprometió a investigar y a encontrar a sus familiares pero ni él ni el actual gobernador Héctor Astudillo Flores les han entregado a los desaparecidos.
EL OBISPO RANGEL ENCUBRE AL LÍDER DE LOS ROJOS EN CHILAPA, DICE PAZ Y JUSTICIA
El grupo de civiles armados autodenominado comunitarios por la Paz y la Justicia respondió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que la disminución de la violencia en Chilapa y los municipios cercanos no ha sido gratuita, y que se ha logrado por su presencia que ha obligado a los gobiernos federal y estatal a mandar más soldados y policías a la zona.
El asesor jurídico de esa organización, Jesús Escobedo González, entrevistado en Chilpancingo este martes, también contestó al obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, a quien le exigió que se retracte de sus declaraciones en el sentido de que son integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
El abogado informó que ya presentaron una denuncia por difamación en su contra en Chilapa, y que el lunes presentarán otra en la Fiscalía General del Estado. Declaró que el obispo está incurriendo en encubrimiento porque días después de que el Ejército cercó al líder de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, en Chilapa, el obispo lo confesó y la información que tiene de él no la ha dado a conocer a las autoridades escudándose en el “secreto de confesión”.
El abogado explicó que hasta este martes los civiles armados se replegaron porque dieron un ultimátum a los gobiernos estatal y federal para que encuentren a Marisol Alejandro Ramírez, de 30 años, esposa del integrante de esa agrupación de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, César Cantor Gasparín.
El abogado dijo que los civiles armados no salieron por gusto, sino porque los policías estatales y federales no hicieron caso cuando se les pidió buscar a la desaparecida, “entonces los compañeros comenzaron a buscarla porque es esposa de uno de sus integrantes”.
Escobedo González dijo que a pesar de que los familiares de la señora presentaron la denuncia ninguno de los gobiernos hizo caso, “como tampoco han hecho nada para evitar los secuestros, extorsiones, cobros de piso de los que solamente la autoridad no se da cuenta cuando es un secreto a voces”, reprochó.
Denunció que en la cabecera municipal de Chilapa y en las comunidades de la zona baja del municipio la delincuencia sigue vigente.
Agregó que por eso los comisarios y habitantes de las comunidades de la zona baja del municipio han salido para defenderse de los actos criminales.
Escobedo González cuestionó al obispo Rangel Mendoza, quien declaró el domingo que los civiles armados que irrumpieron en Zitlala son del grupo criminal Los Ardillos.
Al respecto dijo que “si él tiene pruebas de que los compañeros de la policía comunitaria son de ese grupo criminal, que haga la denuncia formal y lo retamos a que haga esa denuncia para que se actúe conforme a la ley en contra de nosotros”.
El abogado agregó que “de lo contrario que se abstenga de hacer declaraciones de ese tipo, porque no es posible que hable sin fundamentos”.
Añadió que su señalamiento es riesgoso para el movimiento porque los pone de frente a los grupos del crimen organizado que controlan el municipio de Chilapa.
Dijo que por eso, “independientemente de que vamos a proceder por la vía civil en contra del obispo por daño moral, ya se presentó una denuncia en el Ministerio Público de Chilapa, y el lunes se presentará otra en la Fiscalía General del Estado, “porque el obispo está diciendo que nosotros somos de la delincuencia organizada cuando no es cierto, y lo hace sólo para que se asuste la sociedad”.
Por lo pronto el abogado, en nombre del grupo comunitarios por la Paz y la Justicia, le pidió que “por el bien de la ciudadanía y por el bien de los católicos, que se abstenga de hacer esas declaraciones porque son sin fundamento y temerarias, y si él puede comprobar algo que lo compruebe”.
De lo contrario, advirtió que la organización sí puede comprobar que Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, líder del grupo criminal de Los Rojos se fue a confesar con el obispo días después de que estuvo cercado por el Ejército en Chilapa, en marzo pasado, “y el obispo no quiere entregar la información al gobierno con el argumento de la discrecionalidad del sacerdocio”.
Advirtió que está incurriendo en el delito de encubrimiento, porque “con el pretexto de la secrecía de la confesión no proporcionó al gobierno la información que impide la actuación en contra de la delincuencia organizada”.
Agregó que eso demuestra que la delincuencia organizada está en contubernio no sólo con el gobierno, sino con la Iglesia.
También dijo que la organización a la que pertenecen lo único que pide al gobierno del estado y al federal es que aparezca la señora que buscan, “nosotros no sabemos cómo le van a hacer, pero lo que queremos es que la encuentren sana y salva, y se acabó, sólo así vamos a dejar de implementar acciones y nos vamos a replegar a nuestras comunidades para implementar nuestras acciones, de lo contrario, si no aparece la señora nosotros la vamos a buscar”, advirtió.
Dijo que ayer la seguían buscando de manera discreta, pero dieron un ultimátum a los Gobiernos estatal y federal para que se las entreguen este miércoles, “pero si no la entregan nos vamos a movilizar, y quiero decirle al gobierno del estado que somos alrededor de 2 mil 500 policías comunitarios de 85 comunidades de los municipios de Chilapa, José Joaquín de Herrera y de Zitlala que vamos a salir y yo creo que ni el Ejército nos va a poder parar”.
El abogado dijo que han querido hacer las cosas conforme a derecho y conforme a la ley, “no portamos armas de grueso calibre, a pesar de eso la Policía Ministerial nos ha estado hostigando. Nosotros no les queremos hacer nada pero si los gobiernos federal, estatal y municipal no nos dejan otra opción vamos a tener actuar”.
Agregó que la gente de esas comunidades no teme ir a la cárcel, “porque el gobierno está acostumbrado de mandar a la cárcel a los que se manifiestan como ya lo hizo con el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui, con los promotores de la CRAC Nestora Salgado, Arturo Campos y Gonzalo Molina”.
Después retó: “que no piense el gobierno que estamos atemorizados” y aclaró que no son un grupo fuera de la legalidad como lo declaró el gobierno del estado, “los del movimiento son comisarios y se lo podemos demostrar, estamos credencializados, estamos dando la cara, andamos con la cara destapada, que no diga el gobierno que somos delincuentes, estamos fundamentados en la Ley 701 de la Constitución del Estado”.
La gente que busca a la desaparecida no es gente armada de manera ilegal, “no, estamos legalmente constituidos y si quiere se lo comprobamos con las actas de asamblea en donde fueron legalmente electos los comisarios con su policía comunitaria que tienen un permiso”, dijo el abogado.
Agregó que por lo pronto siguen buscando de manera discreta a la desaparecida, incluso dijo que si los civiles armados agarran a alguien los van a poner a disposición de las autoridades, “ya si el Estado los libera no es bronca nuestra, pero nosotros vamos a hacer las cosas conforme a la ley”.
Insistió que les duele que “obispos de esa calaña”, en referencia a Salvador Rangel, “hagan declaraciones en contra del pueblo, porque eso quiere decir que ellos están protegiendo al gobierno y a la delincuencia”.
De las declaraciones del gobernador, quien dijo que el Gobierno y no Los Ardillos bajaron la delincuencia en Chilapa, aclaró que no fue gratuita la disminución de la delincuencia, que se debió precisamente a la presencia de su grupo armado que obligó a los gobiernos federal y estatal a que mandaran fuerzas federales y estatales a la zona.
Luego aclaró que no se replegaron por esa presencia federal, sino porque le dieron un ultimátum al Gobierno para que les entregue a la esposa de su compañero este miércoles, “pero si no, vamos a volver a salir a los municipios de Chilapa y Zitlala, porque viva o muerta tiene que aparecer”.
