Sandoval Ballesteros recordó que los protocolos anteriores establecían obligaciones no vinculantes, por lo que las disposiciones permanecían como recomendaciones no cumplidas, volviéndose “letra muerta”. Señaló que la propuesta es un protocolo vinculante para todos los órdenes de Gobierno.
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Ayer, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública (SFP), presentó un proyecto de Protocolo de actuación para contrataciones públicas, el cual busca evitar posibles conflictos de interés y que los participantes manifiesten vínculos familiares, laborales o personales.
En un comunicado, la dependencia señaló que el documento sentará las bases en la regulación del contacto entre servidores públicos y particulares para los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
En reunión virtual durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Sandoval Ballesteros recordó que los protocolos anteriores establecían obligaciones no vinculantes, por lo que las disposiciones permanecían como recomendaciones no cumplidas, volviéndose “letra muerta”. Señaló que la propuesta es un protocolo vinculante para todos los órdenes de Gobierno.
“Se trata de un protocolo de carácter vinculante, que rija la actuación de las personas servidoras públicas en cualquier procedimiento de contratación, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y que prevenga los conflictos de interés”, aseveró.
La titular de la SFP comentó que el protocolo establecerá criterios generales para la observancia de entes públicos, pero también vigilancia por parte de la dependencia, así como de sus homólogas en los estados y por los órganos Internos de Control de los organismos autónomos.
“Un aspecto relevante del protocolo es la presentación de un manifiesto por el que los particulares se encuentran obligados a declarar los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales y familiares que puedan tener con personas servidoras públicas de alto nivel de los entes públicos”, explicó.
Se presentaron dos propuestas de formato del manifiesto, una para personas físicas y otra para personas morales. Además, se propuso establecer una interfaz electrónica para que la declaración de vínculos de los particulares puedan ser consultados por los responsables de las áreas de contrataciones públicas, quienes revisarán que los participantes existan y no tengan un conflicto de interés con servidores públicos.
Comentó que el documento, que incluye las mejores prácticas internacionales para detectar situaciones de conflictos de interés, establece criterios generales para la observancia por parte de servidores públicos.
En el mismo sentido, dijo, estipula reglas para vigilar y transparentar llamadas telefónicas, reuniones virtuales o presenciales, visitas y actos públicos. También incorpora un reglamento para el contacto entre servidores públicos que forman parte en la tramitación, atención y resolución de la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso, autorización y prórrogas.
El documento también admite la posibilidad de filmar los eventos de contacto entre servidores públicos y particulares, en caso de que los procedimientos de contratación rebasen determinado monto.
Sandoval Ballesteros aseguró que esta propuesta permite a los servidores públicos identificar y gestionar conflictos de interés, así como monitorear a las empresas con intención de participar en contrataciones públicas, con el fin de prevenir actos de corrupción.
“Tenemos una deuda con la ciudadanía, no más abuso en el uso de los recursos públicos. Este instrumento robustece nuestra tarea de identificar e investigar oportunamente los conflictos de intereses, para prevenir los actos de corrupción”, agregó.
“En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SNA también se presentaron la Metodología para el diseño del Programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción, el Informe sobre el proceso para la elaboración del Anteproyecto de metodología de seguimiento y evaluación de la Política Nacional Anticorrupción, y el Informe de avances de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional”, enlistó en el comunicado.
El gasto gubernamental en México está concentrado en unos cuantos proveedores, según cifras de CompraNet analizadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo. En los últimos tres sexenios, en promedio, casi cuatro de cada 100 contratos gubernamentales y 19.5 de cada 100 pesos erogados terminó en manos de 52 proveedores.
Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- Gran parte de las compras del Gobierno mexicano, en los últimos 17 años, estuvo concentrada en 52 proveedores. Los integrantes de esta élite corporativa figuraron, por lo menos durante un sexenio, entre las 10 empresas con más contratos, o bien, con mayores ingresos derivados de contrataciones gubernamentales.
Durante los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el Grupo Fármacos Especializados (GFE) tuvo más contratos (3 mil 225 en total) que ninguna otra empresa; y con Enrique Peña Nieto (2013-2018) y lo que va de Andrés Manuel López Obrador (al corte de abril) se impuso la distribuidora de perecederos Summa (12 mil 809 contratos en total).
En cuanto a las ganancias por sexenio, la especialista en comunicaciones y transportes Alstom, la empresa automotriz Pego, la distribuidora médica Cyber Robotic Solutions y GFE estuvieron a la cabeza con ingresos equiparables, en promedio, al cinco por ciento del gasto sexenal por contrato público.
En México, las contrataciones públicas “representan alrededor del 21 por ciento del gasto gubernamental y [el] 5 por ciento del Producto Interno Bruto”, de acuerdo con un estudio (2018) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre 2002 y 2019, los distintos órdenes de gobierno firmaron 1.9 millones de contratos por un monto aproximado de 6.5 billones de pesos, según las cifras de los reportes de “datos relevantes de los contratos ingresados a CompraNet”.
El 6.03 por ciento (111 mil 982) de esos contratos estuvo concentrado en 52 proveedores que acapararon el 19.1 por ciento (1.2 billones de pesos) del gasto total en contrataciones públicas del periodo.
A finales de 2007, el entonces Presidente Felipe Calderon (medio der.) y el ex Gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel (chamarra café), visitaron las instalaciones de Alstom México para inaugurar la primera fase de inversión de su Gobierno en turbinas de vapor. Foto: Alfredo Guerrero, Agencia Cuartoscuro.
Este nivel de concentración coincide con los hallazgos del Índice de Riesgos de Corrupción (2018) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Según el documento, en México persisten dos tendencias: una alta concentración del gasto en unos cuantos proveedores, así como un grupo selecto de proveedores que se ve beneficiado por el sexenio en turno.
Las cifras oficiales indican que en 2002-2019, en promedio, el 80 por ciento de los contratos de las 52 empresas referidas fue adjudicado de manera directa, o bien, otorgado sin concurso público de por medio.
Esta situación, aunque puede deberse al grado de especialización de las empresas o a su capacidad de competencia en sus respectivos mercados, no obstante podría estar “asociada con la utilización ineficiente de los recursos públicos” y en algunos casos, con “actos de corrupción entre particulares y servidores públicos”, de acuerdo con la Agenda de Competencia (2018) de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
LAS PREFERIDAS
El año pasado, la Cofece determinó que en el sistema de contrataciones públicas existe una situación tal que “la búsqueda de la mayor concurrencia y competencia [en las contrataciones gubernamentales] no constituye la regla”.
En los últimos tres sexenios y lo que va del actual, hubo más de 205 mil proveedores gubernamentales, de acuerdo con las cifras oficiales analizadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo. De ellos, 52 destacaron por sus altos niveles de contratación y/o de ingresos; aunque sólo 13 lograron mantenerse, por más de un sexenio, entre los 10 mayores proveedores gubernamentales.
En esta lista figuran las compañías Farmacéuticos Maypo y GFE, mismas que predominan hoy, tal como lo hicieron en las últimas tres administraciones. También están Nestlé, Summa Company y Procter & Gamble México (tres sexenios cada una), además de Alstom, Laboratorios Pisa, Solar Turbines, Efectivale, Grupo Industrial Maseca, Pepsico México, Conservas La Costeña y Unilever de México (dos, respectivamente).
Con Fox, por ejemplo, tres de cada 100 contratos y 14 de cada 100 pesos gastados, fueron obtenidos por al menos 10 empresas; y con Calderón la proporción en contratos fue la misma, aunque la concentración de ganancias (40 de cada 100 pesos) en unas cuantas manos fue casi tres veces mayor.
Durante los años de gobierno de Peña, en cambio, cinco de cada 100 contratos –casi el doble que con Fox y Calderón– fueron obtenidos por al menos 10 empresas, no obstante que la concentración del gasto fue a la baja, con ocho de cada 100 pesos –entre la mitad y cinco veces menos que con Fox y Calderón, respectivamente– en manos de 10 proveedores.
En los primeros cuatro meses de la actual administración, las cifras oficiales indican la mayor tasa de concentración de contratos (seis de cada 100) de los últimos 17 años, así como una tasa de concentración del gasto similar a la del calderonismo (16 de cada 100). Este dato, empero, únicamente refleja la tendencia del sexenio pasado, ya que muchos de los contratos vigentes fueron licitados en el año previo.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el Gobierno del Presidente López Obrador combatirá “de manera frontal” las prácticas de desvío de recursos, de concesiones por actos de colusiorios, tráfico de influencias, compadrazgos y nepotismo, así como “el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo”.
Para ello, el Ejecutivo federal se comprometió a “prohibir las adjudicaciones directas” que, según el PND, son sinónimo de “corrupción” (aunque no necesariamente sea el caso).
ADJUDICACIÓN Y PRIORIDADES
Las adjudicaciones directas fueron el pan de cada día durante los últimos 17 años. En lo que va del nuevo Gobierno, así como en los tres sexenios anteriores, siete de cada 10 contratos fueron adjudicados.
Pese a que la tasa de adjudicaciones por número de contratos fue al alza (+1.4 por ciento) durante el periodo mencionado, el monto proporcional a los contratos adjudicados decayó, año con año, hasta alcanzar su promedio más bajo en 2019.
Entre los sexenios de Fox y Calderón, el monto adjudicado fue reducido en 12.7 puntos porcentuales (pasó de 94.6 a 81.8 por ciento de los egresos en contrataciones públicas). Con Peña, este indicador volvió a caer en 13 por ciento (de 81.8 a 68.8) y en los primeros cuatro meses de 2019, hubo una reducción adicional de 8.5 puntos (pasó de 68.8 a 60.3 por ciento).
Lo anterior indicaría que, aunque el número de contratos adjudicados ha sido el mismo desde hace 17 años, la cantidad de recursos adjudicados es menor en una tercera parte. Esto es que, la composición del gasto por procedimiento ha sido redistribuida paulatinamente, situación reflejada, asimismo, en la diversificación de procedimientos por sexenio.
Por ejemplo, las cifras de CompraNet sobre los 175 mil 982 contratos del periodo 2002-2006 indican el uso de dos tipos diferentes de procedimiento de contratación (adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas). En cambio, en 2007-2012 hay referencia del uso de adjudicaciones y concursos restringidos, además del uso de licitaciones públicas.
En los periodos 2007-2018 y enero-abril de 2019, a esos tres tipos de procedimientos se sumaron las referencias a excepciones de Ley, así como a proyectos de convocatoria.
La diversificación de procedimientos, empero, no implica que hayan mejorado las condiciones de competencia o que los riesgos de corrupción e ineficiencia presupuestaria fueran reducidos. Sin embargo, refieren una complejización creciente del sistema de contrataciones públicas (que habría de ser analizada con mayor detenimiento para conocer sus consecuencias).
Por otro lado, las contrataciones públicas por partida son un indicador que sirve para vislumbrar las prioridades del gasto presupuestario que, idealmente, están diseñadas de acuerdo con objetivos principales y transversales por sexenio.
Durante los años de Gobierno de Fox y de Calderón, el gasto concentrado en las 52 empresas analizadas por SinEmbargo fue para la compra de bienes y servicios médicos (51.1 y 30.4 por ciento, respectivamente), así como para bienes y servicios industriales (35.7 y 22.2) para el desarrollo, por ejemplo, de infraestructura eléctrica, de transporte, tecnológica y para maquinaria, entre otros.
Con Peña, en cambio, el gasto en bienes y servicios médicos (32.2 por ciento) fue menor al gasto en productos alimenticios (43.3 por ciento); y en los primeros meses del nuevo Gobierno, el gasto médico (58.9) superó al de los alimentos (21.7).
En promedio, en los últimos 17 años, el 74 por ciento del gasto concentrado en 52 proveedores gubernamentales fue destinado a la compra de productos médicos, industriales y alimenticios.
Amigos cercanos del Presidente, herederos de centenarios negocios o personajes fantasmagóricos, algunos empresarios mexicanos se cubrieron con el gran manto de la Adjudicación Directa, uno de los signos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Una muestra de diez casos, localizada en la profundidad del mar de los millones de ventas del Gobierno, da fe de esa danza de contratos y dinero sin que medie la competencia.
Según la consulta en Compranet y el Portal de Obligaciones y Transparencia, este procedimiento –el menos transparente de los tres permitidos por la Ley para adquirir bienes y servicios– creció de 94 mil 154 contratos en 2012 a 125 mil 162 en 2016. Así, el 71 por ciento de los contratos –según el IMCO–, fue otorgado de esta manera que volvió a las dependencias federales y organismos autónomos clientes cautivos y seguros.
Por ejemplo, cuando el Papa Francisco pisó suelo mexicano, la empresa Actidea de Eduardo Gama Pizarro no diseñó ninguna estrategia para convencer que era la mejor para la organización de la visita y recibió 30 millones de pesos por ello. Tampoco lo hicieron Kimberly Clark de Claudio X. González Laporte o Pinsa de Eduvigildo Carranza para venderle papel higiénico y atún a Diconsa. Y cuando en 2014, la popularidad del Presidente se vino abajo, nadie compitió para hacer un centro cibernético en Los Pinos porque el contrato por 128 millones de pesos lo tuvo Productos de Consumo O’mega, una empresa cuya directiva no es pública.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– Hubo un tiempo, en México, en que la designación del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República corría a cargo del propio Presidente de la República. Luego, el aspirante ganaba la elección de manera abrumadora. A esa práctica se le llamó “dedazo” porque bastaba que el Jefe del Ejecutivo federal señalara al elegido para sucederlo en el poder.
En el Gobierno de Enrique Peña Nieto esa usanza continuó con mucho éxito. Y no fue precisamente en lo político –el candidato José Antonio Meade Kuribreña perdió en las elecciones del pasado 1 de julio y llevó al partido a la tercera posición como fuerza política–, pero sí en las ventas del Gobierno. La administración que expira otorgó el 71 por ciento de los contratos mediante Adjudicación Directa, el procedimiento menos transparente de los tres que permite la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y que implica una asignación del Gobierno en automático, según el estudio “El Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
¿Cómo eran esos empresarios beneficiados? Amigos cercanos, herederos en segunda o tercera generación o personajes misteriosos a quienes jamás se les vio la cara en los eventos protocolarios del Presidente, ni en ningún otro lugar. La Unidad de Datos de SinEmbargo tomó una muestra de diez casos que ejemplifican el beneficio de la Adjudicación Directa en el sexenio que está por concluir. Son historias de cómo, el Gobierno firmó contratos con compradores únicos por servicios necesarios como la organización de eventos como El Grito de Independencia o la visita del Papa, los abarrotes para Diconsa o los seguros de vida de los funcionarios.
Pequeños, medianos o grandes, incluso con malas notas de las calificadoras o serias crisis, el Gobierno les dio los contratos sin obligarlos a la menor competencia. En lo político, un signo de Enrique Peña Nieto fue la lealtad con viejos amigos a los que designó en puestos clave de la Administración, en lo empresarial también. Una consulta en el portal Compranet da cuenta que el número de contratos otorgados mediante Adjudicación Directa crecía conforme transcurría el Gobierno. Mientras que en 2012 -el año en que EPN se puso la banda presidencial- se otorgaron 94 mil 154 contratos, en 2014 esa cifra fue de 108 mil 503. En 2016, fue de 125 mil 162. En cuanto a los montos, de 101 millones de pesos en 2012 se pasó a 151 mil 346 millones en 2014, y a 138 mil 120 millones en 2016.
Con ello, el panorama cambió y los rostros de los ganadores fueron otros. Una de las conclusiones del estudio del IMCO fue que durante la Administración de Felipe Calderón, había cien empresas con el 43 por ciento adjudicado de manera directa y para 2016 –el tercer año de EPN–, sólo tenían 20 por ciento. En cambio, las empresas con más contratos de 2016 pasaron de tener el 16 por ciento del monto total en 2012 al 51 por ciento. Un incremento de 218 por ciento. Además, 73 entidades que no figuraban al concluir en 2012, tenían el 32 por ciento a la mitad del sexenio.
El panorama anterior no coincide con las tendencias internacionales que marcan que la Adjudicación Directa debe ser excepcional y no predominante. Para el índice del IMCO, el porcentaje que completó el Gobierno que concluirá el próximo 30 de noviembre es tan grande que entraña el terrible riesgo de la corrupción y abre las puertas para un nuevo marco jurídico en las ventas del Gobierno.
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LAS EMPRESAS
1.- Pescados Industrializados (Pinsa)
Giro: Atún.
Empresario: Eduvigildo Carranza.
Contratos: 1,693.
Monto: 455 millones 522 mil 400 pesos con 42 centavos.
Relación con EPN: En tres ocasiones, el Presidente pasó sus vacaciones en el complejo turístico Estrella del Mar, propiedad del empresario. Ambos declararon ahí que son amigos y permitieron que se les retratara juntos. El resort se encuentra en la Isla de la Piedra en Mazatlán, Sinaloa; cuenta con un campo de golf profesional de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones Jr. arquitecto reconocido en el mundo, 5.6 kilómetros de playa virgen, un spa, cancha de tenis y 68 habitaciones. Para jugar golf se les unió el Gobernador del estado, Quirino Ordaz.
En 2017, Eduvigildo Carranza recibió el Premio Nacional Agroalimentario. Se lo entregó el propio Presidente en la 33 Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario. Pinsa, con sus marcas Atún Dolores, Mazatún y El Dorado, genera más de cuatro mil empleos. Casi todo el atún que compró Diconsa, lo vendió esta empresa sinaloense que hace unas década era pequeña.
En la imagen, Eduvigildo Carranza recibe el Premio Nacional Agroalimentario de manos de Enrique Peña Nieto. El Jefe del Ejecutivo federal ha pasado vacaciones en el complejo turístico Estrella del Mar, situado en la Isla de la Piedra en Mazatlán y que es propiedad del empresario sinaloense. Foto: Presidencia de la República
2.- Actidea
Giro: Eventos.
Empresario: Eduardo Gama Pizarro.
Contratos: 150.
Monto: 500 millones de pesos.
Relación con EPN: Jamás apareció en público ni hizo alarde del crecimiento exponencial de su empresa. No se tomó fotos al lado del Presidente, ni aceptó entrevistas en las que contara sobre su estrategia empresarial. ¿Alguna foto? No hay ninguna que ilustre su historia de éxito. Mientras mantenía este bajo perfil, su empresa se convirtió en la reina de los festejos y actos públicos del Gobierno federal. De hecho, en la dominante. Fue la que, por 30 millones de pesos, organizó la recepción del Papa Francisco a México en febrero de 2016. También estuvo a cargo de El Grito de Independencia de 2013 a 2015 en el Zócalo capitalino. Ese evento le dejó por tres años 55 millones 556 mil pesos.
No sólo recibió contratos del Gobierno para organizar eventos. También un perdón. Dejó de pagar 167 mil 958 pesos por una multa al Sistema de Administración Tributaria (SAT), entidad a la que también le organizó eventos a los que asistió el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Actidea organizó decenas de eventos en el sexenio de Enrique Peña Nieto en diversos escenarios: Palacio Nacional, el Zócalo capitalino y la recepción del Papa Francisco a México, entre muchos otros, por lo que sumó 150 contratos con valor de 500 millones de pesos. Foto: Actidea
3.- Grupo Herdez
Giro: Alimentos enlatados.
Empresarios: Enrique Hernández Pons y Héctor Hernández Pons.
Contratos: 2,090.
Monto: 208.4 millones de pesos.
Relación con EPN: En el preámbulo de las votaciones del pasado 1 de julio, Héctor Hernández Pons Torres le envió una carta a sus empleados en la que les pedía tomar las medidas necesarias para “amortiguar un posible deterioro a su patrimonio” ante el eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Les dijo: “En estos 104 años que tiene Grupo Herdez de existir, hemos pasado por muchas situaciones adversas y de alguna u otra forma hemos salido adelante, aunque no sin sufrir daño económico que nos limitara la posibilidad de crecer y generar más bienestar”.
Herdez es la líder en México del sector de alimentos procesados y tiene un siglo de operaciones. Empresa familiar, su dirección y gestión ha pasado de generación en generación. La de Héctor Hernández Pons Torres es la tercera. Ha promovido de manera pública su respaldo a los Gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional, pero no se llevó mal con los dos que surgieron del Partido Acción Nacional.
Héctor Hernández Pons es presidente de Grupo Herdez, además es presidente de la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias, Consejero Regional de Banamex y de Nafin, presidente del Capítulo de la CdMx del Business Alliance for Secure Commerce y miembro del Consejo de Papalote Museo del Niño. Foto: Especial
4.- Grupo Televisa
Giro: Contenidos televisivos y editoriales.
Empresario: Emilio Azcárraga Jean.
Contratos: 260.
Monto: 6,036 millones de pesos.
Relación con EPN: Un signo del Gobierno que concluirá el próximo noviembre fue el gasto en publicidad oficial que ascendió a 40 mil millones de pesos. Televisa fue la más beneficiada. Sólo en 2016, el presupuesto de anuncios oficiales fue de 10 mil 699 millones de pesos y Televisa recibió dos mil 600 millones de pesos.
Desde que fue Gobernador del Estado de México, Peña Nieto conformó un binomio con Televisa. En 2010, se casó con Angélica Rivera Hurtado, actriz de esta casa productora. La unión fue televisada con la misma producción de un final feliz de telenovela. Pero los años trajeron más drama que felicidad. En su segundo año en la Presidencia de la República, a Peña Nieto le fue descubierta la posesión de una mansión en Las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México concedida por Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario del Gobierno. Fue Rivera Hurtado quien apareció para explicar que ella era la dueña. En su alocución, en un video publicado en su página oficial, indicó que se hizo de la propiedad con el sueldo que percibió por más de veinte años en Televisa. Pero su discurso resultó increíble y la popularidad del Gobierno se fue en declive.
A la par, la empresa también vio el precipicio. 2016 cerró como el año menos rentable de la compañía en una década, según el reporte ante la Bolsa Mexicana de Valores. A partir de entonces, se cancelaron contratos lucrativos, se desecharon programas emblemáticos y se le retiraron los contratos de exclusividad a actores. Todo ello, los especialistas lo explicaron por la competencia que impuso Netflix y YouTube y el fracaso en el gusto del público del género de la telenovela. El 26 de octubre de 2017, Emilio Azcárraga Jean –el heredero en tercera generación– renunció a la Dirección General y se quedó como presidente del Consejo de Administración del consorcio. Una de sus últimas declaraciones [septiembre] fue que el recorte a la publicidad oficial, anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no afectará a Televisa.
Emilio Azcárraga Jean y Enrique Peña Nieto tienen una vieja amistad. La imagen corrresponde al 27 de noviembre de 2007, cuando el actual Presidente de México era aún Gobernador del Edomex, durante la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Neza. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro
5.- Expectras y Propiedades inmobiliarias de México (Grupo Homex)
Giro: Construcción.
Empresario: Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez.
Contratos: 17.
Monto: 272.18 millones de pesos.
Relación con EPN: El empresario compartió casa con Enrique Peña Nieto cuando los dos estudiaban en la Universidad Panamericana. En 1989, constituyó en Culiacán, Sinaloa, a Homex, un consorcio con varias divisiones en la construcción y comercialización de viviendas. Desde 2005, De Nicolás es miembro del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores y fue presidente y vicepresidente regional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).
La firma empezó a arrastrar deudas desde 2010. Se enfrascó en litigios, expropiaciones de predios y reclamos millonarios de adeudos. Una de sus medidas fue reducir al mínimo su personal, lo que le ocasionó demandas laborales. En 2013, la empresa adquirió más problemas por una emisión de bonos por 11 mil 869 millones de pesos y enfrentó demandas de grupos bancarios como Barclays y Credit Suisse, tras incumplir con los pagos de garantías.
En 2016, la Comisión de Valores de Estados Unidos le abrió una investigación en su contra por presunto fraude. Durante el peñanietismo y pese a la crisis de la empresa, el grupo recibió 272 millones de pesos por Adjudicación Directa.
Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez es el presidente del Consejo de Desarrolladora Homex. La empresa fue fundada en Culiacán, Sinaloa en 1989, y se enfocó, primero, al desarrollo de áreas comerciales y, luego, al diseño, comercialización y construcción de vivienda de interés social y media. Foto: Homex
6.- Sixsigma Networks
Giro: Tecnología.
Empresaria: María Asunción Aramburuzabala.
Contratos: 53.
Monto: 6,933 millones de pesos.
Relación con EPN: Heredera del empresario español Félix Aramburuzabala, quien en conjunto con Pablo Díez, fundara en 1925 la cervecería Modelo, esta mujer –nacida el 2 de mayo de 1963 en la Ciudad de México y Licencia en Contaduría Pública en el Instituto Tecnológico autónomo de México (ITAM)– se convirtió en la más adinerada de México, según la revista Expansión. Pese a que su empresa de tecnología no obtuvo buenas calificaciones en los años peñanietistas, el Gobierno federal se mantuvo como su principal cliente de software. Incluso, tuvo el contrato para expedir la Clave Única de Identidad, compromiso que el Presidente hizo bajo el Pacto por México y que repitió cuando se generó la crisis de Ayotzinapa en el decálogo en el que reasumió el Estado de Derecho en 2014. Pero no lo cumplió. La clave no estuvo lista y el proyecto fue abandonado.
La empresa es dueña de la marca KIO que brinda servicios de tecnología en México, Panamá, Guatemala, República Dominicana y España. En 2015, la calificadora Standard and Poor’s (S&P) evaluó sus bonos como “basura”, lo que no impidió que el Gobierno mexicano continuara como su cliente.
En la imagen, el Presidente Peña y María Asunción Aramburuzabala el 9 de julio de 2015, día en que el Consejo Mexicano de Negocios anunció inversiones en México por 33 mil millones de dólares, equivalentes a más de 520 mil millones de pesos para ese año. Foto: Presidencia de la República
7.- Grupo Nacional Provincial y Grupo Profuturo GNP
Giro: Seguros.
Empresario: Alberto Bailléres.
Contratos: 77.
Monto: 580.61 millones de pesos.
Relación con EPN: Según la lista de Forbes es el tercer hombre más rico del país. Es hijo de Raúl Bailléres, quien fundó el Instituto Tecnológico Autónomo de México de donde egresaron hombres que fueron piezas clave en el Gobierno peñanietista como José Antonio Meade, Luis Videgaray Caso y Virgilio Andrade Martínez. Emblema de los negocios en México, ha mantenido relaciones cordiales con los Gobiernos en turno. El de EPN no fue la excepción. Durante el sexenio de Felipe Calderón, la fortuna de la familia Baillères pasó de 2.8 mil millones a 16.5 mil millones de dólares, según el cálculo de Forbes. La clave de este crecimiento: las acciones de Peñoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que se apreciaron 450 por ciento. Pero este relumbrón se disipó debido a la estrepitosa caída del oro y la plata en el mundo. Durante el peñanietismo, Alberto Bailléres se concentró en la diversificación de su consorcio, Grupo BAL del que se desprende la aseguradora GNP que le vendió 580 millones de pesos 511 mil pesos por Adjudicación Directa al Gobierno mexicano para los seguros de vida de los funcionarios públicos.
El empresario Alberto Baillères González y el Presidente Peña Nieto en una imagen del 2 de noviembre de 2016, durante la ceremonia conmemorativa del 70º Aniversario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Foto: Presidencia de la República
8.- Estudios Azteca
Giro: Televisión.
Empresario: Ricardo Salinas Pliego.
Contratos: 290.
Monto: 4,164 millones de pesos.
Relación con EPN: La televisora fue una de las beneficiarias de la publicidad oficial en la que este Gobierno gastó de manera indiscriminada. Como Televisa, la casa de Salinas Pliego también le sirvió de escaparate para su principal característica: la empatía con el público televidente. En 2017, en la celebración de 15 años del Banco Azteca, realizado en Campo Marte, le hizo un reconocimiento al dueño de Azteca, muy en su estilo. Peña Nieto dijo: “Lo digo con respeto a Ricardo Salinas. Hablando de que el progreso se construye a través de los inconformes, yo tendría que inconformarme con tal afirmación, porque debería decir que el progreso efectivamente es de aquellos que están en la actitud de ser innovadores, de tener proyecto, de tener visión, no sólo de ser inconformes”.
En 2013, el Gobierno de Peña Nieto lanzó el programa “Ponte al Corriente” que otorgó facilidades a deudores de impuestos. Pero más que aumentar la recaudación, sirvió para otorgar perdones a empresarios acaudalados. A Salinas Pliego le fueron condonados 13 millones 280 mil pesos a su filial Azteca Novelas por los impuestos de 2015.
Ricardo Salinas Pliego y Enrique Peña Nieto –al centro en la imagen–, durante el evento conmemorativo a los 15 años de Banco Azteca –propiedad de Salinas Pliego–, que se celebró en el Campo Marte de la Ciudad de México. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
9.- Productos de Consumo O’mega
Giro: Tecnología.
Empresario: No es público. La dirige Juan Carlos Ordóñez Rojas.
Contratos: Cuatro.
Monto: más de 200 millones de pesos.
Relación con EPN: No se trata de una empresa fantasma, pero su directiva no es pública. Aun con esa falta de transparencia, el Presidente le otorgó un contrato por 128 millones de pesos sin mediar licitación para que construyera un centro de datos en la casa oficial de Los Pinos, en 2014, el año en que la aceptación de su gestión se derrumbó. El dinero para dicho proyecto cibernético equivale al monto destinado por el Gobierno Federal y el de Puebla a los Bancos de Alimentos de ese estado, un programa que fue parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre que ese mismo año se puso en marcha en ciertos municipios del país para amainar la pobreza extrema.
Pero la parte técnica del contrato fue puesto bajo reserva hasta 2026. Ese año, Enrique Peña Nieto tendrá ocho años de haber dejado la residencia oficial de Los Pinos, su edad será de 60 años y la tragedia de Ayotzinapa que descarriló su Gobierno tendrá 12 años de haber ocurrido. La revelación de que poseía una mansión en las Lomas de Chapultepec, el affair conocido como “casa blanca, cumplirá 12 años. Y habrá pasado un año de que Andrés Manuel López Obrador haya dejado la Presidencia.
10.- Kimberly Clark
Giro: Papel.
Empresario: Claudio X. González Laporte.
Contratos: 2,360.
Monto: 296.11 millones de pesos.
Relación con EPN: La familia de Claudio X González Laporte ha mantenido de manera pública inclinación hacia los Gobiernos tanto del PRI como del PAN. El consorcio que formó tiene 93 años de operaciones con productos de consumo personal como toallas femeninas, pañales, servilletas, papel higiénico, jabón y toallitas húmedas.
En este sexenio, los abarrotes no comestibles de la compañía no faltaron en las tiendas de la Distribuidora Conasupo (Diconsa), parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Las más de dos mil adjudicaciones a Kimberly-Clark se dieron cuando Héctor Eduardo Velasco Monroy, hoy Diputado federal por el PRI por Atlacomulco, Estado de México, fue Director de Diconsa. Lo que más le vendió Kimberly Clark fue papel higiénico, servilletas, toallas y pañales.
En octubre de este año, el Presidente de la República le entregó el galardón al Mérito Centenario CONCAMIN a González Laporte.
Claudio X. González Laporte y el Presidente Enrique Peña. El empresario es uno de los más influyentes del país: presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark de México, y fundador del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Foto: Guillermo Perea, Cuartoscuro
El estudio “El Sistema Mexicano de Contrataciones Publicas” revela que las opacidad y la falta de competencia son la regla en las adquisiciones con dinero de los mexicanos: El 1.9 por ciento de los 129 mil 411 proveedores concentran el 80 por ciento del monto total destinado a compras públicas; el 71 por ciento de los contratos fueron otorgados por adjudicación directa, las 73 empresas con mayores recursos adjudicados en 2016, en 2012 se les entregó sólo el 2 por ciento del total…
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) son las dependencias que tienen las unidades compradoras con más riesgo.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- En los 700 mil procedimientos de compras públicas federales realizadas de 2012 a la fecha, en las que se invirtieron 2.3 billones de pesos, se detectaron anomalías, prácticas poco transparentes y falta de competencia, lo que genera graves riesgos de corrupción.
De acuerdo con el estudio “El Sistema Mexicano de Contrataciones Publicas” realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 2 mil 512 proveedores, que son el 1.9 por ciento de los 129 mil 411 proveedores, concentraron el 80 por ciento del monto total destinado a compras públicas.
El 71 por ciento de los contratos fueron otorgados por adjudicación directa, cuando la licitación pública es lo que debe ser la regla. La causa: tres años en que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no tuvo titular y porque las unidades de vigilancia dejaron de vigilar, resulta más fácil una adjudicación directa que un concurso público y no hay nadie que castigue esa irregularidad.
El 36 por ciento de las empresas en las que se concentró el gasto, han ganado el 50 por ciento de los procedimientos, ganan 2 de cada 3 concursos.
Otro dato que sobresale es que las 73 empresas con mayores montos adjudicados en 2016, en
2012 tenían sólo el 2 por ciento del monto total adjudicado.
Gráfico: IMCO
Tras la llegada de Enrique Peña Nieto, tienen ya el 32 por ciento, es decir, contratos por 127 mil millones de pesos.
Mientras que las empresas que concentraban el gasto en 2016, su participación se redujo un 96 por ciento.
Esto refleja un comportamiento “poco normal” porque el cambio, sostiene el estudio, no debería ser tan drástico.
De las que empresas que hoy son más beneficiadas, las dependencias que más las han contratado, son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM),Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), Servicio de Acción Tributaria (SAT), Caminos y puentes federales (Capufe), Diconsa y Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Mientras que en 2012 esas empresas recibieron el 53 por ciento de los contratos por adjudicación directa, el porcentaje ya era de 66 por ciento. Sólo el 21 por ciento de las ocasiones tuvieron que participar en una licitación pública.
Son la CFE , el ISSSTE, IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, las unidades compradoras en las que estos riesgos se concentran; las primeras tres suman casi un billón de pesos gastados en contratos.
Sobre el control de la legalidad, Max Kaiser, uno de los elaboradores del estudio, resaltó el caso de la SCT, que de 2012 a 2017, se interpusieron 174 inconformidades y sólo 54 resultaron procedentes; hubo una inhabilitación, 30 suspensiones y cero destituciones.
En el IMSS se interpusieron mil 874 inconformidades y sólo 487 resultaron procedentes.
Káiser pidió poner atención en la División de Bienes Terapéuticos del IMSS, en la Subdirección de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada y la Gerencia de Abastecimiento al ser las tres unidades que más compras realizan.
De parte de los proveedores, se encontró que 30 de ellos, es decir el 0.02 por ciento del total, tienen una quinta parte del gasto en contrataciones.
Las empresas que mas contratos recibieron por adjudicación directa, fueron Summa Conpany, Grupo Fármacos Especializados, Fármacos Maypo, Marcas Nestlé, Fábrica de Jabón La Corona, Alen del Norte, Infra y Laboratorios Pisa.
Entre quienes más concentraron recursos, son Operadora Cicsa, Sixsigma Networks México, Coconal, Operbes, La Peninsular Compañia Constructora y Comercializadora Milenio.
El Imco propuso que se elabore una nueva plataforma en la que se muestre el ciclo completo de la compra: planeación, licitación y ejecución.
También que se focalicen los esfuerzos de detección, investigación y sanciones en las unidades de compras donde se detectaron más riesgos.
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