Sandoval Ballesteros recordó que los protocolos anteriores establecían obligaciones no vinculantes, por lo que las disposiciones permanecían como recomendaciones no cumplidas, volviéndose “letra muerta”. Señaló que la propuesta es un protocolo vinculante para todos los órdenes de Gobierno.
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- Ayer, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública (SFP), presentó un proyecto de Protocolo de actuación para contrataciones públicas, el cual busca evitar posibles conflictos de interés y que los participantes manifiesten vínculos familiares, laborales o personales.
En un comunicado, la dependencia señaló que el documento sentará las bases en la regulación del contacto entre servidores públicos y particulares para los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
En reunión virtual durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Sandoval Ballesteros recordó que los protocolos anteriores establecían obligaciones no vinculantes, por lo que las disposiciones permanecían como recomendaciones no cumplidas, volviéndose “letra muerta”. Señaló que la propuesta es un protocolo vinculante para todos los órdenes de Gobierno.
“Se trata de un protocolo de carácter vinculante, que rija la actuación de las personas servidoras públicas en cualquier procedimiento de contratación, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y que prevenga los conflictos de interés”, aseveró.
La titular de la SFP comentó que el protocolo establecerá criterios generales para la observancia de entes públicos, pero también vigilancia por parte de la dependencia, así como de sus homólogas en los estados y por los órganos Internos de Control de los organismos autónomos.
“Un aspecto relevante del protocolo es la presentación de un manifiesto por el que los particulares se encuentran obligados a declarar los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales y familiares que puedan tener con personas servidoras públicas de alto nivel de los entes públicos”, explicó.
Se presentaron dos propuestas de formato del manifiesto, una para personas físicas y otra para personas morales. Además, se propuso establecer una interfaz electrónica para que la declaración de vínculos de los particulares puedan ser consultados por los responsables de las áreas de contrataciones públicas, quienes revisarán que los participantes existan y no tengan un conflicto de interés con servidores públicos.
Comentó que el documento, que incluye las mejores prácticas internacionales para detectar situaciones de conflictos de interés, establece criterios generales para la observancia por parte de servidores públicos.
En el mismo sentido, dijo, estipula reglas para vigilar y transparentar llamadas telefónicas, reuniones virtuales o presenciales, visitas y actos públicos. También incorpora un reglamento para el contacto entre servidores públicos que forman parte en la tramitación, atención y resolución de la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso, autorización y prórrogas.
El documento también admite la posibilidad de filmar los eventos de contacto entre servidores públicos y particulares, en caso de que los procedimientos de contratación rebasen determinado monto.
Sandoval Ballesteros aseguró que esta propuesta permite a los servidores públicos identificar y gestionar conflictos de interés, así como monitorear a las empresas con intención de participar en contrataciones públicas, con el fin de prevenir actos de corrupción.
“Tenemos una deuda con la ciudadanía, no más abuso en el uso de los recursos públicos. Este instrumento robustece nuestra tarea de identificar e investigar oportunamente los conflictos de intereses, para prevenir los actos de corrupción”, agregó.
“En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SNA también se presentaron la Metodología para el diseño del Programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción, el Informe sobre el proceso para la elaboración del Anteproyecto de metodología de seguimiento y evaluación de la Política Nacional Anticorrupción, y el Informe de avances de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción en el desarrollo de la Plataforma Digital Nacional”, enlistó en el comunicado.
En su más reciente declaración patrimonial, presentada ante la Secretaría de la Función Pública, José Antonio Meade Kuribreña declaró no tener casa, y sí poseer un terreno de 254 metros cuadrados y un auto Honda modelo 2007; también desechó la opción de hacer público un “posible conflicto de interés”. Los servidores públicos en México no están obligados por Ley a presentar una declaración patrimonial que incluya bienes patrimoniales, obligaciones fiscales y posibles conflictos de interés. Sin embargo, es el ocultamiento de este último rubro el que ha metido en serios problemas al Gobierno de Enrique Peña Nieto, incluidos poderosos funcionarios de su Gabinete, como Luis Videgaray Caso, ahora ex Secretario de Hacienda.
El Presidente Enrique Peña Nieto nombró este miércoles a José Antonio Meade Kuribreña como Secretario de Hacienda. Foto: Especial
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– José Antonio Meade Kuribreña, nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó su más reciente declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 24 de septiembre de 2015, casi un mes después de que el 27 de agosto de ese año asumió como responsable de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en sustitución de Rosario Robles Berlanga, y una modificación sobre ésta misma registrada el 30 de mayo de 2016.
En ese documento oficial, en el rubro “datos patrimoniales”, el hombre que ha ocupado en su carrera pública cinco veces el cargo de Secretario de Estado desde el 7 enero de 2011 a la fecha [Secretario de Energía y de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y Secretario de Relaciones Exteriores, de la Sedesol y de Hacienda, en la administración de Enrique Peña Nieto] plantea que no es propietario de ninguna casa o departamento.
De acuerdo con esa declaración ante la SFP posee un terreno de 254 metros cuadrados, con 145 metros cuadrados de construcción, que fue adquirido al contado, aunque no se precisa el monto. También afirma ser el dueño de un vehículo Honda Fit, modelo 2007, que compró al contado en ese mismo año.
Entre sus bienes muebles registra muebles y accesorios, así como obras de arte –pinturas y esculturas–, que adquirió al “contado” entre 2007 y 2009.
Además reporta como “inversiones” una cuenta bancaria y un seguro de separación individualizado, de los que no incluye montos, mientras que en el rubro de “adeudos”, registra cuatro tarjetas de crédito, también sin incluir cantidades.
Meade Kuribreña optó con esto por una de las dos opciones de declaración que ofrece la Función Pública, la que plantea: “SI ESTOY DE ACUERDO EN HACER PÚBLICOS PARCIALMENTE MIS DATOS PATRIMONIALES”.
Ésta excepciona los siguientes puntos:
En ingresos netos, aquellos que se declaren por actividad industrial, comercial, financiera y otros.
En bienes inmuebles, el valor de la contraprestación y moneda.
En bienes muebles, el valor de la contraprestación y moneda.
En vehículos, el valor de la contraprestación y moneda.
En inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, el saldo.
En adeudos, el monto original, el saldo y el monto de los pagos realizados.
El ahora titular de la SHCP, además, decidió no registrar ningún dato en la segunda opción que destaca: “DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS”.
En ese renglón, Meade Kuribreña se apegó a la leyenda “NO ESTOY DE ACUERDO EN HACER PÚBLICO MI POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS”.
Los servidores públicos en México no están obligados por Ley a presentar una declaración patrimonial que incluya –como era el reclamo de organizaciones civiles en la redacción del Sistema Nacional Anticorrupción– bienes patrimoniales, obligaciones fiscales y posibles conflictos de interés.
Es decir, no depende de la Ley sino de la voluntad de cada político si lleva a cabo o no ese ejercicio de transparencia.
Sin embargo, es el supuesto conflicto de interés y las declaraciones patrimoniales parciales las que han metido en serios problemas al propio Presidente Enrique Peña Nieto y a algunos de sus funcionarios más influyentes, incluido el propio Luis Videgaray Caso, hasta hace unos horas titular de la Secretaría de Hacienda.
En agosto pasado, y a propósito del más reciente escándalo en torno a dos departamentos en Miami, Florida, que ocupa Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente, Ernesto Gómez Magaña, de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, expuso a SinEmbargo que el primer eslabón de una cadena que debe hacerse cuanto antes es la declaración patrimonial.
“Tal como quedó [el Sistema Nacional Anticorrupción], la declaración patrimonial de los políticos mexicanos escapa a los estándares internacionales. Más que clave de confianza, es fuente de suspicacia. Los funcionarios de todos los ámbitos generan más lagunas que precisiones cuando declaran sobre sus fortunas”, dijo a la periodista Linaloe R. Flores.
También Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habló sobre los huecos que se abren por falta de claridad en la información.
“Queda claro que hay un desdén hacia la Transparencia y una convicción personal de resistencia. No hay voluntad política. El Presidente ha dicho que es parte de nuestra cultura. Pero es falta de voluntad. Entonces, lo hace a cuenta gotas, con menoscabo, cuando la Transparencia debe ser un ejercicio exhaustivo”, dijo a este diario digital.
MEADE, EL 5 VECES SECRETARIO
José Antonio Meade ha sido Secretario de Energía, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y dos veces Secretario de Hacienda, una con Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto. de Foto: Cuartoscuro
José Antonio Meade Kuribreña es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También se tituló en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y realizó un doctorado en la misma área en la Universidad de Yale, en Estados Unidos.
Su trayectoria en el sector público comenzó en 1991, como analista de planeación en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Posteriormente, entre 1997 y 1999, fue Director General de Planeación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
De 2000 a 2002 fue Director General de Banca y Ahorro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A mediados de ese año ocupó el mismo cargo en el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y encabezó la transición hacia el nuevo organismo que sustituyó dicha banca: Financiera Rural. Tras su creación, Antonio Meade permaneció como Director General de Financiera Rural hasta diciembre de 2006.
A finales de ese año fue designado por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa a la Secretaría de Hacienda: primero como jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario, luego como subsecretario de Ingresos y finalmente como subsecretario de la dependencia.
Como subsecretario de Hacienda, José Antonio Meade fue una pieza clave para la aprobación de la Reforma Hacendaria de 2009. Asimismo participó en la negociación de reformas a la Ley de Competencia en la Cámara de Diputados, junto con Felipe Duarte, subsecretario de la Secretaría de Economía, y Manuel Minjares, subsecretario de Gobernación.
En enero de 2011, el Presidente Felipe Calderón lo designó Secretario de Energía en sustitución de Georgina Kessel Martínez. Ese mismo año, en septiembre, el propio Calderón lo puso al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cargo que desempeñó hasta el 30 de noviembre de 2012.
Luego, al inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, asumió como Canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER). El 27 de agosto de 2015, Peña Nieto lo nombró al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, y este miércoles el Primer Mandatario anunció en Los Pinos que Meade Kuribreña es el nuevo responsable de la SHCP, dependencia que tiene como misión “proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad”.
Los escándalos inmobiliarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto continúan como en cascada. De haber puesto acento especial en el ámbito de la Transparencia y la Rendición de Cuentas, la figura presidencial no habría resultado con tanto daño, indican observadores de la política nacional. No ha pasado un mes de su petición de perdón por la “casa blanca” y es de nueva cuenta una propiedad inmobiliaria la que pone al Presidente y a su esposa, Angélica Rivera, en el centro de la suspicacia. El diario inglés The Guardian asegura que la llamada Primera Dama usa un departamento de lujo en Miami, que es propiedad de un posible contratista del Gobierno. Mientras, la Secretaría de la Función Pública -dependencia eje del combate a la corrupción- permanece acéfala.
El interior del condominio en Miami, Florida, donde toma sus vacaciones la Primera Dama. Foto: Sanjuana Martínez.
Por Linaloe R. Flores, Alejandra Padilla y Dulce Olvera
Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– En jaque. Bajo los espejos de la suspicacia. Frente a posibles y potenciales escándalos. Así es como se mantienen los políticos mexicanos debido a la inconsistencia de sus declaraciones patrimoniales y la resistencia a la Transparencia y Rendición de Cuentas, desde el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; los Secretarios de Estado, los Gobernadores estatales hasta los alcaldes … Y también, aunque sin ser funcionaria pública, la esposa del Primer Mandatario, Angélica Rivera Hurtado.
Es ella, otra vez, la imagen de un nuevo escándalo. Es quien, de nuevo, por una propiedad inmobiliaria de lujo hasta ahora desconocida en su peculio, se encuentra en el punto crítico del ámbito gubernamental. El diario británico The Guardian sostiene que la esposa del Presidente de la República usa un departamento de dos millones de dólares en Cabo Vizcaya, en el sur de Miami Beach. La propiedad es de Grupo Pierdant, una empresa que podría significar un conflicto de interés si es que recibe contratos de la presente Administración.
Es un paisaje de costos altos que según observadores de Transparencia y politólogos pudo evitarse muy bien si el Presidente de la República hubiera puesto dedicación especial al ámbito de la Transparencia, la Rendición de Cuentas y en consecuencia, al Combate a la Corrupción. No sólo hablan de la legislación, también del ejercicio.
Ernesto Villanueva Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), exclama frente al reciente escándalo inmobiliario: “Queda claro que hay un desdén hacia la Transparencia y una convicción personal de resistencia. No hay voluntad política. El Presidente ha dicho que es parte de nuestra cultura. Pero es falta de voluntad. Entonces, lo hace a cuenta gotas, con menoscabo, cuando la Transparencia debe ser un ejercicio exhaustivo”.
Después de la revelación periodística del equipo de Noticias MVS de la llamada “casa blanca”, el Presidente Enrique Peña Nieto dio marcha atrás a sus planes de desaparecer a la Función Pública y promulgó la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero la propuesta de decenas de Organizaciones no Gubernamentales de que la declaración patrimonial de los servidores públicos incluyera bienes patrimoniales, obligaciones fiscales; además de posibles conflictos de interés –la Ley 3de3– no pasó. Tampoco se volvió obligatoria. De modo que hoy, como ayer, la declaración patrimonial depende de la voluntad del político. Informa lo que quiere y si es que quiere.
Ernesto Gómez Magaña, de la iniciativa #YoContraLaCorrupción, expone que el primer eslabón de una cadena que debe hacerse cuanto antes es la declaración patrimonial. “Tal como quedó, la declaración patrimonial de los políticos mexicanos escapa a los estándares internacionales. Más que clave de confianza, es fuente de suspicacia. Los funcionarios de todos los ámbitos generan más lagunas que precisiones cuando declaran sobre sus fortunas”, expone.
Al cierre de este texto y horas después de la publicación de The Guardian, de la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aún colgaba la declaración patrimonial actualizada al 31 de mayo de 2016 por el Presidente de la República. El documento tiene el mismo contenido que tanto fue cuestionado en medio del escándalo de la “casa blanca”. No muestra escrituras públicas, documentos contractuales ni otros instrumentos que ayudarían a tener claro el origen de su fortuna. Expone que seis de las nueve propiedades que posee le fueron donadas por su padre o su madre, mientras una le fue heredada por quien fuera su esposa, Mónica María Pretelini Sáenz. Sólo compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años de edad.
Por la casa que adquirió en 1982 –en su adolescencia, con esos 15 años– pagó 924 viejos pesos. Según el documento, el 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento en Acapulco con un valor de 2.6 millones de pesos. El traspaso tuvo que haber ocurrido en vida de Pretelini porque ella falleció seis años después. El valor de sus propiedades no está actualizado. En algunas, está expresado en viejos pesos, lo que genera confusión más que certeza.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara es coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla y uno de los autores del Índice de Impunidad México. Frente al nuevo affair que ocupa las planas de los periódicos, piensa que todos los escándalos de corrupción en el futuro pueden ser subsanados desde ahora con un recurso que en apariencia es simple: la declaración detallada de posibles conflictos de interés. No se aleja de lo que piensa Alejandro González de la Organización no Gubernamental Gestión Social (Gesoc), quien sostiene que la declaración del Presidente aún carece de detalles y tales huecos abren una gran zanja de suspicacia.
Nada obliga a la esposa del Presidente a la Rendición de Cuentas. Su papel escapa de toda legislación y reglamento. Pero vista desde la lupa de la Transparencia y a estas alturas, ya no se trata de un personaje que pueda esconderse en los entretelones, ni bajo el traje del bajo perfil. Hoy, de nuevo, es ella la protagonista del escándalo.
Villanueva Villanueva exclama: “Estamos en una situación de claroscuros. Ella no ejerce recursos públicos. Pero de manera directa o indirecta vive cerca de ellos. Tras la experiencia de este sexenio, es una figura que más que nunca debe ser regulada”.
El nombre de Angélica Rivera Hurtado ha generado una lista de preguntas durante la presente administración ante el INAI. Y hasta ahora, para no especificar cuánto gasta, la Presidencia, apegada a la Ley, responde siempre que ella no es funcionaria pública. El Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de julio de 2013 registra las compras, pagos y erogaciones por capítulos, conceptos y partidas de los funcionarios públicos y en efecto, Rivera Hurtado no aparece ahí ni por asomo.
Pero nada detiene las preguntas que su ser ha generado ante el INAI. Los ciudadanos han pedido el presupuesto para regalos navideños, el reporte de su gasto del viaje realizado al Vaticano, otro tipo de viajes, gastos de ella y sus hijas, acompañantes, guardarropa, staff, asistentes, asesores, cuánto se le paga a su maquillista Alfonso Whaitsman, el contrato con la empresa que montó su sitio web, así como su agenda de trabajo. Todo, para la Presidencia, está declarado como “inexistente”.
En cuanto a los gastos, las solicitudes han sido turnadas a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, la cual ha indicado en varios oficios: “… Hago de su conocimiento que derivado de una búsqueda exhaustiva tanto en el estado del ejercicio del presupuesto asignado al Ramo 02 Oficina de la Presidencia de la República, como en los registros físicos y electrónicos que obran en la DGFP [Dirección General de la Función Pública], no se identificaron erogaciones presupuestarias por los conceptos requeridos…”.
Hace 16 años, la Transparencia y la Rendición de Cuentas se convirtió en el ámbito estelar del Gobierno federal. Era 2000, había cambiado el siglo y en México había ganado por primera vez un político que no provenía del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De Acción Nacional (PAN), el entonces Presidente Vicente Fox Quesada promulgó la Ley General de Transparencia en 2002 que dio origen al Instituto Federal de Acceso a al Información (IFAI, hoy INAI).
Con este avance legislativo, México se convirtió en la inspiración para otros países latinoamericanos como Chile. Así lo reconoció el presidente del Consejo para la Transparencia de ese país, Raúl Urrutia, en agosto de 2005, en una visita a nuestro país.
El impulso por la Transparencia se redujo cuando Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), también panista, llegó a la Presidencia y su política se concentró en el combate al crimen organizado. Para 2010, las cosas habían cambiado. The Corruption Perceptios Index (CPI), un reporte anual de Transparencia Internacional, puso a México en la posición 98 y a Chile en la 21.
En 2012 ganó de nuevo el PRI con Enrique Peña Nieto como candidato. Y la Transparencia se marchitó. En su Plan Nacional de Desarrollo (PND), el documento impronta de los Presidentes mexicanos, le dedicó sólo tres párrafos y no expuso ninguna ruta de lo que pensaba hacer en ese ámbito pese a que se proponía impulsar un andamiaje de reformas estructurales en los sectores educativo, económico y petrolero.
Aunado a ello, la Secretaría de la Función Pública se mantuvo acéfala durante 17 meses. Conforme a la Reforma de la Ley de Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, debía desaparecer para dar paso a la Comisión Nacional Anticorrupción; de modo que sobrevivió con un encargado de despacho mientras el Gobierno transcurría.
En campaña, ante Notario Público, Enrique Peña Nieto presentó una lista de 266 compromisos. El número uno fue crear esa Comisión que abatiría la corrupción. Pero pronto, las cosas cambiaron. No fue el combate a la corrupción un tema en su Primer Informe de Gobierno. Tampoco en el Segundo. Menos en el tercero. La noche del 19 de agosto de 2014 en el Foro “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, defendió que en cuanto a la corrupción en México, “hay un tema cultural, lamentablemente”.
La “casa blanca” modificó el panorama. El 3 de febrero de 2015, Virgilio Andrade Martínez fue nombrado por el Presidente Secretario de la Función Pública. Para esta decisión de trascendencia no obstó la amistad del político con Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que surgió en 1986 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.
Andrade Martínez tuvo el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido. Ambos le dieron propiedades con condiciones relajadas. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a precios más baratos del mercado.
En agosto de 2015 los exoneró de cualquier conflicto de interés. Luego, el 18 de julio de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Horas antes, Andrade Martínez presentó su renuncia. Los suyos fueron 17 meses de gestión durante los cuales percibió dos millones 380 mil pesos.
Como en una historia circular, la Secretaría de la Función ha vuelto a estar vacante. El cargo, figura central del combate a la corrupción, implica una percepción bruta de 205 mil 122 pesos al mes.
He atendido algunas investigaciones recientes en las que las personas han sufrido daños patrimoniales al verse afectados en sus cuentas financieras, incluso con el cambio…
Las escuelas pueden y deben brindar alimentos adquiridos a los productores locales, fortaleciendo las economías de sus comunidades, pueden y deben contribuir activamente a restaurar…
