SinEmbargo MX

La Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, ha sido cuestionada por la manera en la que ha atendido los casos de corrupción legados por el peñismo, una situación que se ha exacerbado con el conflicto familiar del Fiscal y con la idea del Presidente López Obrador de poner a consulta si se enjuicia o no a cinco expresidentes, además del proceso al que busca someterse al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Los presuntos casos de corrupción heredados de la administración de Enrique Peña Nieto avanzan a paso lento al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), en especial los referentes a tres personajes del Gobierno anterior: Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex; Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedesol y Sedatu, y Luis Videgaray Caso, excanciller y exsecretario de Hacienda, quien a diferencia de los otros dos exfuncionarios aún no cuenta con una orden de arresto a causa de los intentos fallidos de la institución que encabeza el Fiscal Alejandro Gertz Manero de judicializar este caso.

Mientras las indagatorias de estos casos de alto perfil mantienen a la dependencia sin informar sobre grandes avances, la FGR busca someter al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a un proceso en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la última palabra en relación al fuero del mandatario, el cual le fue quitado por la Cámara de Diputados, pero que la Legislatura local le ha mantenido e incluso le ha asegurado ante la llegada de una nueva mayoría en el Congreso del estado que controlará Morena.

Este lento avance de la Fiscalía pone en duda la promesa del Gobierno federal de erradicar una práctica que marcó a la administración pasada y cuyos efectos persisten a la fecha: la corrupción.

“Estos casos han sido muy importantes para la institución porque básicamente han sido las grandes oportunidades que se han tenido para generar un mecanismo de cambio en tema de impunidad que se tiene en los grandes casos de gran corrupción, y creo que, un poco la forma que se ha percibido, la Fiscalía le apuesta más –por así decirlo– a anunciar como si fueran grandes resultados temas procesales que en realidad no lo son”, expuso en entrevista la abogada Estefanía Medina, cofundadora de Tojil, una organización civil dedicada a litigio estratégico.

Medina señaló que por una parte la Fiscalía se ha visto “rebasada en eficiencia y eficacia” en su labor, y ha demostrado “un actuar eficiente” desde el armado de los casos centrándose únicamente en limitados personajes y no en las grandes redes de corrupción. Refirió que además del rebase técnico y operativo para estos casos, son preocupantes los criterios de política criminal que están aplicando en cada uno de ellos. 

“Estamos enfrentando estos dos grandes problemas. Por una parte deficiencias técnicas y operativas, y por otra parte deficiencias estratégicas en la política de persecución criminal que implementa la Fiscalía”, menciono.

A esto se suma que el próximo 1 de agosto se llevará a cabo —a propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador— una Consulta Popular cuyo tema será determinar si deben ser enjuiciados o no los últimos cinco presidentes que han antecedido a López Obrador: el propio Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari, cuyo resultado daría pauta a la creación de comisiones de la verdad y no iría a parar directamente a la FGR. No obstante, de persistir la idea de llevar ante la justicia a estos mandatarios, sería la FGR la encargada de presentar los casos ante un juez.

La propia Fiscalía dio a conocer el pasado 23 de marzo, en respuesta a la solicitud de transparencia con folio 0001700101121 y tras ser mandatada por el INAI, que ya ha abierto 24 carpetas contra estos mandatarios y el actual Presidente López Obrador por una batería de delitos por los que fueron denunciados que van desde difamación, abuso de autoridad, delito cometido por servidor público, delitos electorales, contra la administración de justicia, usurpación de funciones, ejercicio indebido del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, homicidio, genocidio, traición a la patria. 

Sin embargo, la Fiscalía precisó en su respuesta que el estatus de estas indagatorias son: “no ejercicio de la acción penal”, “incompetencia”, “reserva autorizada”, “archivo definitivo”, “acumulación”, “abstención de Investigar” y en “trámite”.

[pdf-embedder url=”https://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2021/06/0001700101121_065-1.pdf” title=”0001700101121_065 (1)”]

Aunado a este panorama en el que la FGR arrastra casos de corrupción que habrían sido cometidos en la administración peñista, el Fiscal Alejandro Gertz Manero se ha visto involucrado en un conflicto familiar que ha acaparado la atención de la prensa más que su gestión al frente de la institución encargada de investigar y perseguir los delitos del orden federal.

LOS CASOS DE LOZOYA Y VIDEGARAY

El caso de Emilio Lozoya Austin ha sido uno de los que más se le ha cuestionado a la Fiscalía de la República. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, en donde se escondía en un “paraíso” residencial de magnates. El exfuncionario peñista dejó España y fue extraditado el 17 de julio de 2020, sin que se le haya visto a la fecha ya que nunca pisó prisión y en su lugar fue llevado al Hospital Ángeles Pedregal a causa de una supuesta anemia y síndrome de Barrett, una complicación en el esófago. 

Posteriormente se daría a conocer que se apegaría a la figura de testigo colaborador, mientras los jueces de control ante los que compareció vía remota por los casos Odebrecht y la compraventa irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, casos por los que fue extraditado, le otorgaron la libertad condicional a cambio de no dejar el país, de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes y de portar un brazalete electrónico. 

Desde su posición de colaborador, Lozoya denunció en agosto pasado ante la FGR al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de organizar los sobornos que fueron utilizados para para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de Reformas Estructurales.

Sin embargo, no sólo se limitó a eso: la denuncia de Lozoya también abarcó los hechos de Odebrecht durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), en específico, los privilegios del contrato de Etileno XXI  y a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien habría presionado para lograr contratos para su hijo. Con los datos brindados por Lozoya, los principales implicados en estos hechos serían Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Felipe Calderón, José Antonio Meade y los titulares de Pemex de ese periodo: Jesús Reyes-Heroles González-Garza y Juan José Suárez Coppel.

Además, dijo que en 2013 varios legisladores de la oposición –entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca– recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, que liberalizó el sector.

José Antonio Meade y Luis Videgaray se deslindaron de los señalamientos hechos por Lozoya. No obstante, en el caso de este último la FGR ha intentado llevarlo ante un Juez sin éxito aún. El pasado 3 noviembre, la Fiscalía confirmó que solicitó una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso. Aunque dos días después, la institución dio a conocer desistió de la demanda para presentar una nueva, en la cual serán incluidos nuevos elementos para perfeccionar la acusación y así volver a requerir una orden de captura contra el también excanciller que es señalado de cohecho, asociación delictuosa, traición a la patria y delitos electorales. 

A la fecha, no se han dado más avances sobre el caso de Luis Videgaray, mientras que desde el Gobierno federal se le ha inhabilitado por 10 años a causa de inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales como funcionario público de los últimos tres años. Con Lozoya ha sucedido algo similar, aunque la Fiscalía no ha dado cuenta de avances, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, informó el pasado de 26 de mayo que alistaba otra denuncia por el presunto desvío de 3 mil millones de pesos hacia la empresa brasileña Odebrecht y el desvío de mil 400 millones en favor de otra empresa.

En ese sentido, Estefanía Medina señaló que en lo que respecta con Emilio Lozoya pareciera ser que la Fiscalía en lugar de estar enfocada en investigar y sancionar este gran caso con toda la evidencia que se tiene ha tomado “decisiones desde mi punto de vista completamente ilegales y erráticas, en la cual le ofrece un esquema de exoneración de todos sus cargos a cambio de información que pueda ser útil para investigar a otras personas”.

“Sin embargo, de esas otras personas sólo se tiene el conocimiento de la vinculación a proceso del (ex)Senador Lavalle y parecieran ir más enfocadas a la red de supuestos sobornos que se generaron en el tema de la Reforma Energética, dejando de lado lo que pudo haber ocurrido en el caso de Odebrecht, que es un caso gravísimo no sólo en México sino a nivel internacional”, refirió.

ROSARIO ROBLES, LA ÚNICA EN PRISIÓN

Paralelo al caso de Emilio Lozoya y Luis Videgaray ha naufragado el de Rosario Robles Berlanga, quien fuera titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a quien se le acusa de uso indebido del servicio público en la trama conocida como la Estafa Maestra a través de la cual se emplearon a universidades públicas para subcontratar servicios y así desviar recursos. Robles es señalada de permitir estas irregularidades, situación que la mantiene desde hace 21 meses en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.

Robles Berlanga se declaró inocente el pasado 26 de marzo de las acusaciones que se le imputan por el fraude de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos relacionado con la Estafa Maestra, mientras que la FGR busca imponerle una pena de al menos 21 años en prisión.

Su defensa ha explorado varias vías para lograr su libertad: amparos, cartas, cambio de equipo legal e incluso solicitaron negociar con la Fiscalía un criterio de oportunidad o apegarse a la figura de procedimiento abreviado. No obstante, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la diferencia entre ella y Emilio Lozoya Austin es que Robles no ha querido hablar sobre los implicados en la trama de corrupción como sí lo ha hecho Emilio Zebadúa, quien fuera su Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu, a quien sí se le otorgó el criterio de oportunidad bajo el cual le atribuyó cargos a Robles por el desvío de recursos públicos. 

No obstante, el jueves un Juez ordenó revisar la orden que mantiene a Rosario Robles Berlanga privada de la libertad desde agosto de 2019, por lo que su situación se definirá en los próximos 10 o 15 días. Sergio Arturo Ramírez, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que la orden contempla revisar la prisión preventiva de Robles Berlanga ya que se le concedió un amparo sobre las medidas cautelares que fueron emitidas con una licencia para conducir, la cual, según determinó un peritaje, no corresponde a una licencia original, porque la foto fue obtenida de Internet.

“En  el caso de Rosario Robles se busca dar la imagen de que con el sólo hecho de que la persona esté en prisión preventiva pareciera ser que se está haciendo justicia, que está resolviendo un caso, pero en la realidad es que eso no está pasando. La realidad es que en ninguno de estos casos se tiene una sentencia firme que se haya llevado a cabo a través de un juicio completo en donde se hayan desahogado las pruebas, se hayan acreditado los hechos y que haya derivado tanto en una sanción como en una reparación”, comentó en ese sentido Estefanía Medina.

LA EXONERACIÓN A CIENFUEGOS

A la par de estos casos de alto perfil, la Fiscalía de la República informó el pasado 14 de enero que no ejercería acción penal en contra del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien llegó el 18 de noviembre pasado al país procedente de Estados Unidos, en donde fue detenido el 15 de octubre por narcotráfico, acusaciones que el Gobierno de Unión Americano retiraría tras una intervención de su contraparte mexicana.

A su llegada al país, la FGR realizó una investigación al general y uno de los encargados de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto. No obstante, la Fiscalía determinó que Cienfuegos no se relacionó con narcotraficantes “ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos” por lo cual desechó las pruebas obtenidas por la agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) con las cuales se pretendía que el mando militar fuera enjuiciado. 

Incluso la dependencia “transparentó” el expediente del caso, el cual lució en su mayoría testado, una situación que le valió críticas y que llevó a que se difundiera una nueva versión a inicios de este mes luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se lo ordenara.

CABEZA DE VACA, EN LA MIRA

La Fiscalía General de la República obtuvo desde el pasado 19 de mayo una orden de aprehensión en contra del Gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, convirtiéndolo en el primer mandatario en funciones de la historia reciente del país en contar con una orden de arresto. Tras el anuncio de la FGR, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó sobre el congelamiento de cuentas de Francisco García Cabeza de Vaca, algunos de sus familiares, personajes cercanos y empresas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El pasado 10 de mayo, la FGR recibió información del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las posibles responsabilidades penales del Gobernador de Tamaulipas sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca y José Manuel García Cabeza de Vaca y empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones, una situación que negó la defensa del mandatario. No obstante, estos personajes fueron denunciados por la UIF ante el Ministerio Público Federal.

De hecho, desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al Gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la DEA.

A la par, la Fiscalía General acusa al mandatario de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal. En lo que respecta a este último ilícito, el Gobernador es señalado por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos, según la Fiscalía.

El Gobernador y el PAN han denunciado una “persecución política” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabeza de Vaca también figura en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht en 2013 para aprobar la Reforma Energética del entonces Presidente Enrique Peña Nieto.

No obstante, Cabeza de Vaca, cuyo mandato finaliza en 2022, permanece libre a la fecha a causa de que la mayoría panista del Congreso local no ha homologado el juicio de procedencia en su contra que avaló la Cámara de Diputados —con mayoría de Morena y sus aliados— para ser enjuiciado e incluso ha blindado su fuero de cara a la integración de una nueva Legislatura donde Morena tendrá los riendas. Esto ha dado paso a una controversia legal que está a la espera de ser atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

LA CONSULTA SOBRE EXPRESIDENTES

Antes de asumir la presidencia y ya como mandatario electo, López Obrador anunció su intención de llevar a cabo una consulta para que las personas fueran las que determinaran si habría que enjuiciar o no a los cinco presidentes que le antecedieron en el cargo.

“Quiero que los mexicanos tratemos el tema, como ciudadanos responsables. Yo ya fijé mi postura y dije punto y aparte y vamos hacia adelante, y no voy a participar, no voy a votar porque se juzgue a los expresidentes, pero no voy a pasar a la historia como tapadera”, dijo López Obrador apenas esta semana al referirse al tema.

El planteamiento se formalizó el 15 de septiembre de 2020 cuando la petición de López Obrador de organizar una consulta popular sobre este tema fue enviada al Senado. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el 1 de octubre la materia del referéndum y el Congreso lo avaló en ambas cámaras a finales de ese mes.

La pregunta que envió el presidente nombraba a los expresidentes y especificaba si se estaba de acuerdo en investigarlos por su proceder en su contra.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, fue la pregunta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, los ministros de la Suprema Corte modificaron el planteamiento de esta manera:

“¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Un día después de que fuera avalada por la Corte la materia de la consulta, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, aclaró en entrevista con Radio Fórmula “que esta consulta no podría obligar de modo alguno ni al Fiscal General de la República ni al Poder Judicial de la Federación, (ya que) los sistemas de impartición y procuración de justicia, no son sujetos a consulta porque se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública”.

Precisó que en todo caso darían paso a comisiones de la verdad emprendidas por el Legislativo y Ejecutivo, aunque señaló que “si el Ministerio Público tiene elementos para proceder en contra de cualquier persona lo puede hacer y los jueces actuarán conforme a la Constitución y a las leyes”.

“La pregunta (de la consulta) no habla de juzgar, habla de emprender procesos de esclarecimiento de decisiones políticas. Va encaminada más a la creación de comisiones de la verdad y a procedimientos judiciales”, dijo en ese entonces.

No obstante, la Ley Federal de la Consulta Popular establece que el resultado “es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan”.

La cofundadora de Tojil precisó que este tema ya debería estar en la cancha de la Fiscalía. “Ni en términos de lo que dice la Constitución y la ley, la Fiscalía no necesita de ninguna consulta y mucho menos de ningún análisis de ninguna comisión porque la persona legalmente y constitucionalmente facultada para investigar estos hechos y advertir si hay responsabilidades y que además debería tener las capacidades técnicas para ello es la Fiscalía”, aclaró.

Para ella, lo de la Consulta no es un tema que tenga ninguna aplicación de carácter operativo, en la operación del Sistema de Justicia criminal, sino que queda completamente en un ámbito político. Respecto a si tuviera la capacidad para hacerlo la Fiscalía, opinó que mucho dependerá del caso a caso. 

“Por ejemplo, se habla que muchos de los posibles delitos que están señalándose, de los que pudiera haber datos, pudieran incluso ya estar prescritos, decir que ya no ameritan llevarse ni siquiera a tribunales. No advertiría un problema que pudiera detonarse sobre capacidad, las facultades de la Fiscalía, sino que es algo que de facto ya debería estarse investigando”, reiteró.

EL CONFLICTO FAMILIAR DE GERTZ MANERO

El abogado Federico Gertz, hermano de Alejandro Gertz Manero, murió en septiembre de 2015 en la Ciudad de México a causa de una “congestión visceral generalizada, producto de una neumonía y un choque séptico por una úlcera en la espalda”, según el estudio de los forenses que fue citado por El País en diciembre pasado. 

Sin embargo, el titular de la Fiscalía General de la República denunció que esa congestión había sido provocada por el maltrato que sufría Federico, de 82 años, por parte de su pareja y las hijas de ella. Gertz Manero, quien en 2015 dirigía la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, dijo que las autoridades de la capital no investigaban el caso de su hermano por asuntos políticos. Ahora Alejandra Cuevas, una de las hijas de la pareja de Federico, está en la cárcel. Se le acusa de homicidio.

El periodista Pablo Ferri ha exhibido en El País como Gertz Manero denunció que el único “motivo por el que las denunciadas no estaban en prisión era su parentesco con Alfredo del Mazo, primo del entonces Presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018)”. Y es que la nieta de la pareja de Federico es la esposa del actual Gobernador del Estado de México.

“¿Qué más quieres de mí?, por favor, Alejandro”

La súplica de Laura Morán, quien fue pareja de Federico Gertz Manero, al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Pide #LibertadParaAlejandra, su hija, acusada del homicidio del hermano del funcionario.pic.twitter.com/oKcu1OGyG8

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 18, 2021

“Lo que se buscaba era proteger al señor que quería ser Gobernador y que no quería un escándalo a ningún precio en una situación de esta naturaleza”, dijo Gertz a la revista Proceso en agosto de 2017. 

De acuerdo con el expediente, citado por el diario español, fue el 16 de octubre pasado cuando se determinó el auto de prisión contra Alejandra Cuevas, quien es tía de la esposa de Alfredo Del Mazo. 

Federico y su pareja, Laura Morán, tenían 50 años de conocerse. Nunca se casaron y las hijas de ella eran de una relación anterior. Morán tiene actualmente 93 años de edad, y ha recurrido a las redes sociales para pedir al Fiscal Gertz Manero la libertad de su hija. Incluso la familia de ella ha dicho que ya se han cumplido las demandas que el titular de la FGR les hizo para que Alejandra Cuevas saliera de prisión, como quedó demostrado en un audio difundido por El País.

“Esas noticias que se han tenido solamente suman aspectos mucho más negativos a la imagen que tiene no sólo de la persona, sino de la institución en general, donde pareciera que lejos de ser una institución transformadora y de cambio que va a ser cosas diferentes por la procuración de justicia en realidad pareciera simplemente repetir la mismo fórmula tanto en su nivel operativo y repetir la misma fórmula de hacer mal uso de influencia del cargo para motivos personales. Son hechos que aún están en notas, que no tiene una prueba a nivel legal, pero que sin lugar a dudas por lo menos al nivel mediático que ha tenido esto, pues da una muy mala imagen a la labor que debería estar haciendo alguien con todo uso de sus atribuciones de manera imparcial, eficaz, con honradez y con independencia”, compartió sobre este conflicto Estefanía Medina.