Blindar una camioneta con el nivel 3 se hace para evitar armas convencionales, el costo ronda los 32 mil dólares (alrededor de 640 mil pesos); los niveles 4 y 5 pretenden proteger los vehículos de armas militares y el nivel 6 de fusiles de asalto de cartuchos de 7.62 por 63, su precio puede superar los 72 mil dólares.
Ciudad de México, 26 de junio (Economía Hoy).- La camioneta en la que viajaba el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch quedó visiblemente perforada por los balazos que se dispararon en su contra durante el atentado perpetrado este viernes pese a que el vehículo contaba con un fuerte blindaje.
Este tipo de protección para automóviles tiene distintos niveles y precios, en México se ha convertido en un buen negocio debido a la crisis de inseguridad que atraviesa el país desde hace años.
MERCADO DE BLINDAJE EN MÉXICO
Datos de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA) arrojan que en 2018 se blindaban 2 mil 500 autos en el país. La cifra aumentó 23 por ciento en 2017 y se esperaba que aumentara hasta 3 mil 200 unidades en 2019, debido a los altos niveles de inseguridad que hay en el país.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resguardaron las inmediaciones de las calles que rodean avenida Monte Blanco, donde ocurrió el ataque. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.
El año pasado las búsquedas de autos blindados aumentaron 32 por ciento en la plataforma Mercado Libre con relación al 2018, de acuerdo con información de aquellas fechas provista por Rodrigo Hütt, director de Clasificados de Mercado Libre México, a el periódico El Financiero.
NIVELES Y COSTOS
La camioneta en la que se transportaba el secretario García tenía el nivel de blindaje 7, que es nivel es el más resistente de todos y está hecho para resistir municiones potentes de fusiles tipo Barret, de de acuerdo con la empresa especializada en esta materia Protecto Glass.
Con el calibre 50 de esta arma fue atacado García Harfuch. El fusil de asalto pertenece al armamento comúnmente utilizado por el crimen organizado en México, lo que coincide con las declaraciones del funcionario. Antes de ser intervenido por las heridas que le dejó el ataque, el propio Secretario aseguró que los perpetradores del crimen fueron miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La camioneta tiene un blindaje nivel 7. Foto: Especial, Cuaroscuro.
Los blindajes en nivel 1 y 2 están pensados para repeler violencia urbana. El nivel 3 para evitar armas convencionales.
Los niveles 4 y 5 pretenden proteger los vehículos de armas militares (como el AK-47) y el nivel 6 de fusiles de asalto de cartuchos de 7.62 por 63, desarrollados en la Segunda Guerra mundial.
En el lugar se localizó un fusil Barrett calibre .50. Foto: Especial, Cuartoscuro.
Los costos para blindar una camioneta en en el nivel 3 rondan los 32 mil dólares, con un tipo de cambio en 20 pesos por dólar, el costo asciende a 640 mil pesos.
El nivel 4, puede costar 50 mil dólares (un millón de pesos) y el monto puede superar los 72 mil dólares (1 millón 440 mil pesos) en casos mayores al nivel 5, de acuerdo con datos de la WBA Blindajes recogidos por el portal Manufactura.
Los delincuentes utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército. Foto: SSC.
Empresas como Fiat Chrysler Automobiles, Mercedez-Benz, BMW y Audi han ofrecido a sus clientes la venta de vehículos blindados de fábrica.
Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido displicente con reforzar su seguridad y la de los funcionarios, la Secretaría de la Defensa Nacional hasta el momento ha adquirido 2 mil 234 camionetas para la Guardia Nacional y Policía Militar, de las cuales 184 están a cargo de ser blindadas por la empresa TPS ARMORNIG, de acuerdo con una licitación en Compranet.
El Secretario Herrera destacó, como el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó por la mañana en su conferencia de prensa, que México es un país que aboga por la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo armónico a nivel mundial.
Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El conflicto entre Irán y Estados Unidos no afectará negativamente ni al tipo de cambio ni la mezcla mexicana de petróleo porque tenemos una economía “blindada”, aseguró el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera.
“Ha tenido dos efectos (tipo de cambio y petróleo), pero yo diría efectos menores (…)”, afirmó “la economía está claramente blindada“, dijo a medios después de su participación en la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules en la Ciudad de México.
Recordó que luego de que Irán lanzó un grupo de misiles en contra la base aérea iraquí de Al Asad, que alberga tropas estadounidenses, como represalia por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani el tipo de cambio observó una depreciación “pero ni siquiera llegó a cruzar los 19 pesos por dólar” y destacó que a la apertura de este miércoles el dólar abrió en 18.81 pesos.
“Tenemos 180 mil millones de pesos en reservas, tenemos una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por más de 60 mil millones de dólares, tenemos una línea de crédito contingente con el Tesoro de Estados Unidos de 9 mil millones de dólares”, aseguró el funcionario.
@ArturoHerrera_G participó en la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules, en la cual compartió los tres principios que guían la política económica de México:
1. Promover el crecimiento y desarrollo económico
2. Cerrar las brechas de desigualdad
3. Abatir la corrupción
Herrera expuso que México tiene acceso pleno a los mercados, lo que le permite colocar bonos a 10 o 30 años “siendo las mejores condiciones que México ha hecho en su historia, en esa parte nos sentiremos tranquilos”.
El efecto del conflicto en Medio Oriente no ha sido necesariamente malo, afirmó el Secretario, pues ha sido históricamente secundario.
“Siempre que hay un conflicto en Medio Oriente lo que se piensa es que pueda haber una disminución de la oferta de petróleo y, en los hechos, este hecho más el tema de la OPEP, ha llevado a que el precio de la mezcla mexicana esté hoy casi en 57 dólares por barril”, dijo.
Apuntó, como el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó por la mañana en su conferencia de prensa, que México es un país que aboga por la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo armónico a nivel mundial.
COBERTURAS PETROLERAS
Sobre el costo de las coberturas petroleras para este año, el titular de Hacienda dijo que es un tema con el que el Gobierno federal es cuidadoso.
Adelantó que mañana dará a conocer el monto de cobertura y el número de barriles con el que cuenta el país.
Herrera aseguró que “es muy temprano para empezar a hacer revisiones de expectativas económicas, hay dos o tres elementos que hay que esperar de este rompecabezas”, como los datos de inversión pública y privada, a partir de las licitaciones para el desarrollo de los mega proyectos de la Administraciñon actual.
Otro elemento de importancia será el que tiene que ver con el efecto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que “nos pone en condiciones mucho más favorables que muchas economías” pero recordó que “el que esté firmado y listo para ser finalizado no es suficiente, lo que tenemos que asegurarnos es de aprovechar esas oportunidades y tendremos que salir a buscar esa inversión”, aseguró.
Ben Kallo, de Baird, pronostica que el precio de las acciones de Tesla volverá a situarse en los 355 dólares porque dijo creee que las virtudes del nuevo modelo superarán el efecto negativo provocado por el fracaso de la presentación.
El evento de presentación del 21 de noviembre incluía una prueba del “vidrio blindado” del vehículo, pero cuando un asistente lanzó una bola metálica contra una de las ventanas, esta se rompió.
EU, 25 de noviembre (RT).- Tras la desafortunada presentación de su nueva camioneta eléctrica Cybertruck, el precio de las acciones de la empresa estadounidense Tesla cayó el 22 de noviembre desde 355 hasta 333 dólares, una bajada del 6 por ciento.
De este modo, la riqueza personal del fundador y director ejecutivo de la firma, Elon Musk, disminuyó en un día en 768 millones de dólares, calcula la revista Forbes.
Analistas consultados por Bloomberg no coinciden en sus vaticinios sobre la futura cotización de la compañía. Según los pronósticos de estos, el precio se estabilizará en algún lugar entre los 190 y 355 dólares por acción.
“En una noche que será recordada por la falla del ‘vidrio blindado’, la presentación de la Cybertruck de Tesla probablemente decepcionará a los actuales propietarios de camionetas y vemos que el vehículo sigue siendo un producto de nicho y no convencional”, valoró Jeffrey Osborne, de la compañía financiera Cowen.
La riqueza personal de Elon Musk disminuyó en un día en 768 millones de dólares. Foto: Captura de pantalla.
En cambio, Ben Kallo, de Baird, que pronostica que el precio volverá a situarse en los 355 dólares, cree que las virtudes del nuevo modelo superarán el efecto negativo provocado por el fracaso de la presentación.
“El diseño radical probablemente será un punto de discusión, pero con el tiempo esperamos que las características impresionantes ganen a un público más amplio. […] Creemos que las especificaciones del vehículo llegaron al extremo superior de las expectativas”, dijo el experto a Bloomberg.
La camioneta Cybertruck fue presentada por Musk el 21 de noviembre. El evento incluía una prueba del “vidrio blindado” del vehículo, pero cuando un asistente lanzó una bola metálica contra una de las ventanas, esta se rompió. Segundos después, el asistente repitió la prueba y lanzó la bola en otra ventana, que tampoco resistió el golpe. La red se llenó de inmediato de memes que se burlaban tanto del aspecto futurista del auto como de la resistencia del vidrio.
“En dicho marco de colaboración, el 15 de diciembre de 2017 ambas instituciones celebramos un convenio para realizar, con el respaldo de herramientas tecnológicas, planes de continuidad de operaciones para procesos y sistemas relacionados con el proceso electoral federal 2017-2018. En el convenio se establecieron tiempos de implementación específicos atendiendo al calendario electoral”, reza un comunicado realizado por ambas instituciones.
Votaciones en el Estado de México, 2017. Foto: cuartoscuro
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) informaron sobre la cancelación del acuerdo para blindar la elección del próximo primero de julio.
En un comunicado conjunto, las instituciones informaron que su acuerdo tenía como objetivo “el uso de la tinta indeleble producida por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas; así como pruebas funcionales a los sistemas informáticos para el Proceso Federal Electoral 2017-2018”.
Sin embargo, los convenios de “continuidad de operaciones” y “respaldo de herramientas tecnológicas” que el IPN ofrecería, ahora serán asumidos por el INE con sus recursos humanos y técnicos
El blindaje que ofrecerá el INE –según este comunicado– será autónomo porque “el proyecto no podría concluirse en los tiempos originalmente acordados ni con las especificaciones técnicas necesarias”.
El convenio para dar por terminado anticipadamente y de mutuo acuerdo el instrumento jurídico firmado el 15 de diciembre de 2017, fue firmado el pasado el 15 de marzo de 2018. Ante la cancelación, el único pago que dio el órgano electoral a la institución educativa, tuvo que ser devuelto.
La Procuraduría General de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 768, publicado por el Gobierno de Mario López Valdez, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa en Sinaloa que permite que los magistrados puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
La PGR considera que el Decreto de Malova viola el párrafo Tercero del Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo/Noroeste).- La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 768, publicado por el Gobierno de Mario López Valdez, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, aprobado el 7 de febrero de 2013 y publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 19 de agosto.
La PGR considera que el citado Decreto viola el párrafo Tercero del Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, ya que permite que los magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo, contraviniendo la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados.
De igual forma, la institución estima que el Congreso del Estado transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídica, toda vez que detrás del mandato del Constituyente de crear, primero, un sistema nacional, para luego, constreñir a las entidades federativas al diseño de sistemas locales, debió reconocer la existencia de un “principio de integralidad” según el cual, tales sistemas no pueden ser creados a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre jurídica.
Lo anterior, ya que los operadores jurídicos no tendrán, en torno a un Sistema Local Anticorrupción, la certeza de cuáles son las normas que lo rigen; es decir, carecerán del conocimiento pleno respecto de las reglas establecidas en las leyes que regirán y delimitarán la actuación de las autoridades dentro de dicho Sistema Local Anticorrupción. La creación de un “sistema” implica el diseño de un conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.
La Procuraduría General de la República promovió acciones de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo en materia de combate a la corrupción, obteniendo, por lo que hace a las dos entidades primeramente mencionadas, resoluciones favorables por parte de la SCJN.
El día 5 del mes en curso, el Pleno de la SCJN resolvió las acciones de inconstitucionalidad 56/2016 por Veracruz y 58/2016 Chihuahua, promovidas por esta institución, en el sentido de declarar inválidos los decretos impugnados, por lo que se espera que al igual que esos juicios, el presente sea resuelto favorablemente.
El 19 de agosto pasado, el Gobierno de Mario López Valdez publicó el Decreto 768, el cual permite que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia de lo Contencioso Administrativo puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
Mario López Valdez Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo/Noroeste).- La Procuraduría General de la República (PGR), instruida por el Presidente Enrique Peña Nieto, interpuso una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas a la Ley de Justicia Administrativa de Sinaloa emitidas por el Congreso del estado de Sinaloa, lo que es contrario a lo establecido en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El 19 de agosto pasado, el Gobierno de Mario López Valdez publicó el Decreto 768, el cual permite que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia de lo Contencioso Administrativo puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
La reforma impugnada por la PGR, permitiría la ratificación en el cargo de los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sinaloa, órgano responsable de juzgar casos sobre corrupción, que incluso, los hacía inamovibles.
De acuerdo con la PGR, dicho decreto viola el Artículo Octavo transitorio de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015 pues contraviene “la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los Magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados”.
La PGR señala que el Congreso local sinaloense, transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas, pues los sistemas estatales anticorrupción no deben ser creados “a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales, ya que ese proceder indefectiblemente genera incertidumbre jurídica”.
La Procuraduría argumentó que con el decreto publicado, los operadores jurídicos, no sabrán cuáles normas los regirán y delimitarán su actuación dentro del Sistema Local Anticorrupción.
“La creación de un ‘sistema’ implica el diseño de un conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí”, señaló la PGR a través de un comunicado.
La PGR también promovió Acciones de Inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de los estados de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo en materia de combate a la corrupción. En los primeros dos casos, la Procuraduría obtuvo resoluciones favorables por parte de la SCJN, ya que los magistrados declararon inválidos los decretos impugnados.
Dichas leyes estatales fueron consideradas por muchos analistas como un blindaje de los gobernadores Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y César Duarte Jáquez, de Chihuahua, todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para no responder a acusaciones de corrupción al término de su mandato, después de que en sus entidades ganaran las elecciones políticos de la oposición que, incluso, los quieren ver tras las rejas.
“Es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice las reformas en materia de combate a la corrupción que hoy impugnamos, toda vez que no podemos dejar a la incertidumbre la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo entonces el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva.
Por su parte, el vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que no había cabida “para legislaciones locales a modo”, y que ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley.
Aunque, días después, reunido con la procuradora general de la República, Arely Gómez González, el gobernador de Quintana Roo fue el único de los mandatarios cuestionados que se echó para atrás y dijo estar disposición de “proceder a la abrogación o derogación en su caso, de los actos o normas generales” de su sistema estatal anticorrupción.
Ante ello, un mes más tarde, el Congreso de Quintana Roo canceló la aprobación de una serie de reformas muy criticadas por la oposición, entidades civiles y el propio Ejecutivo Federal porque podían destinarse a proteger el gobernador saliente.
Después, los ministros de la SCJN determinaron que los congresos de los estados no están facultados para emitir leyes locales antes de que el Legislativo federal emita la ley general correspondiente, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Sin embargo, señalaron que los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua no sufrirán ninguna repercusión legal en caso de que el blindaje sea declarado inconstitucional, ya que las acciones de inconstitucionalidad no pueden aplicarse de manera retroactiva.
“Los congresos locales violaron la veda temporal o condición suspensiva en que se encontraban sus facultades para legislar sobre el tema”, apuntó la SCJN, que dejó así, intactas, las disposiciones dictaminadas desde la promulgación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado 18 de julio.
Tras la resolución de la Suprema Corte, quedó anulada la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción en Chihuahua, y, en el caso de Veracruz, quedaron anulados seis decretos, en los que se incluye el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas, además de una Fiscalía.
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El Congreso de Quintana Roo revocó las modificaciones a la Ley de Seguridad, que le otorgaba la protección de escoltas por 15 años y al Código Penal, que reducía las condenas para los delitos de funcionario públicos.
Roberto Borge, Gobernador de Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- El Congreso de Quintana Roo revocó el día de hoy dos modificaciones de ley que presuntamente beneficiaban al ex Gobernador de la entidad Roberto Borge Angulo.
Se trata de las modificaciones a la Ley de Seguridad, que le otorgaba la protección de escoltas por 15 años y a la Código Penal, que reducía las condenas para los delitos tales como tráfico de influencias, administración fraudulenta y abuso de autoridad.
Destaca el hecho de que la revocación haya sido de maner unánime, es decir, que también estuvieron de acuerdo este las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Los legisladores de Quintana Roo también aprobaron aumentar la penas para los delitos cometidos por funcionarios de Gobierno.
La reforma la Ley de Seguridad establecía que quienes cometieran peculado (utilizar indebidamente recursos del erario público) recibirían penas simbólicas y no podrían ser encarcelados, pues estos delitos no serían considerados graves. También podrían alcanzar la libertad bajo finaza.
El 25 de junio, el Congreso aprobó, en sesión extraordinaria, una reforma a la Ley de Seguridad Pública que establecía una modificación al artículo 51.
Con esto Borge Angulo y su familia podrán gozar de la protección de escoltas durante 15 años y no ocho como estaba establecido anteriormente, a costa de erario público.
Los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo realizan distintas acciones en sus congresos, aún mayoritarios, para “blindarse” de la justicia al dejar su mandato. Los ciudadanos y el Partido Revolucionario Institucional deben detenerlos, exigen políticos de oposición.
El priista César Duarte Jáquez podría estar quemando papeles relacionados con corrupción en Chihuahua, acusó el miércoles pasado Javier Corral Jurado, Gobernador electo de la entidad. Foto: Archivo
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Legisladores y un Gobernador electo piden al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también a los ciudadanos poner un alto a los gobernadores del tricolor que están por dejar el poder y que están tratando de blindarse por distintos medios.
El miércoles pasado, Javier Corral Jurado, Gobernador electo de Chihuahua, lanzó una plataforma digital para que funcionarios y ciudadanos puedan denunciar de manera anónima irregularidades y presuntos actos de corrupción, luego de que se propagara el rumor de que la administración del priista César Duarte Jáquez destruyó documentos vinculados con estos delitos.
“Atendiendo a los rumores de la destrucción de papelería dentro de la Administración actual que encabeza el Gobernador César Duarte, [se] lanzó este formato digital con la finalidad que empleados del Gobierno y ciudadanos puedan hacer sus denuncias anónimas sobre irregularidades, manejos indebidos y actos de corrupción en las dependencias estatales”, informó el panista en un comunicado.
El Gobernador electo de Chihuahua detalló que las denuncias podrán realizarse en el sitio web Denuncia Chihuahua, que tiene un apartado para subir fotos, videos y documentos que evidencias irregularidades cometidas por servidores públicos del actual Gobierno estatal.
Mucho antes de ser candidato a la gubernatura de Chihuahua, Corral Jurado denunció al priista Duarte Jáquez por diversos delitos relacionados con corrupción, enriquecimiento ilícito y uso ilegal de recursos públicos, entre otros.
Un día después de su triunfo en las elecciones del pasado 5 de junio, el panista confirmó que uno de sus objetivos centrales será limpiar a la entidad de la corrupción.
“Chihuahua será el estado donde realmente toque fondo el sistema de intereses y de complicidades que llevó al enriquecimiento del Gobernador [César Duarte Jáquez], para que pueda liberarse una orden de aprehensión e inicie el proceso de recuperación de los bienes, que Duarte habría adquirido con dinero público”, expuso.
“Es irreversible nuestro compromiso, en eso vamos a documentar una de las acciones más importante que demanda el cambio político en el país que es romper el pacto político de impunidad”, expresó entonces.
En casi seis años de Gobierno, el priista César Duarte aumentó 233 por ciento la deuda pública de Chihuahua, por motivos que aún no quedan claros para legisladores y ciudadanos. Al recibir la gubernatura, los pasivos del estado sumaban 12 mil 547 millones de pesos, y de acuerdo con cifras oficiales de marzo de 2015 ahora son de 41 mil 926 millones .
Desde hace dos años existe ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia interpuesta por el activista Jaime García Chávez por el caso del banco Progresa Chihuahua. La misma denuncia se interpuso ante autoridades estatales, pero fue desechada, ante lo cual Corral Jurado afirma que se buscarán nuevos elementos para interponer una nueva querella.
Martha Angélica Tagle Martínez, Senadora independiente, dijo a SinEmbargo que el PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto deben hacer un llamado al Gobernador Duarte Jáquez y a otros gobernadores, como Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, para detenerse en su intento de blindarse contra posibles demandas cuando en unos meses abandonen sus cargos.
“La parte desafortunada es que los congresos están controlados por ellos y es por eso que están aprobando estas reformas. Al único que le queda poder hacer algo es al titular del Ejecutivo Federal y a su propio partido para exigir que no se decreten y publiquen estas reformas para concluir este tema y promover cuestiones de juicio político, porque ellos están a punto de salir en un par de meses”, expuso.
La Senadora destacó que el principal problema en estados como Veracruz es que el Congreso local está totalmente controlado por el Gobernador.
“Estos congresos aprueban todo lo que los gobernadores manden: las cuentan públicas, el endeudamiento y ahora este tipo de reformas que están aprobando al fast track. Eso no se puede permitir. En Veracruz, por ejemplo, se controla incluso a los partidos opositores y hay varios partidos locales que han salido para servir al Gobernador”, destacó.
Jorge López Martín, Diputado federal del PAN, dijo que las maniobras de los gobernadores salientes del PRI se han dado porque no tienen otra forma de poder “salvar el pellejo”, debido al cúmulo de acusaciones de corrupción que pesan sobre sus cabezas.
“Es importante que la información fluya y se pueda conocer de qué monto y qué cantidad han sido los desvíos y desfalcos, y cuáles son las estrategias que están realizando”, consideró.
El Diputado afirmó que la impunidad en México es insostenible y que los legisladores del PAN pedirán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que “verifique y revise con lupa” lo que sucede en entidades como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
“Es indispensable que exista una voluntad política de las procuradurías de los estados para que los gobernadores sean procesados con todo el rigor de la Ley. Será indispensable que el PRI vea más allá de sus intereses políticos y ve más por los intereses de los ciudadanos y puedan plantear mecanismos de manera urgente para que estos delincuentes puedan ser procesados a través de los mecanismos legales y el estado de derecho que debe de prevalecer”, dijo.
Hasta el momento el PRI nacional tomó hoy distancia solamente del Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, quien echó andar toda una estrategia a través del Congreso local para blindarse de acuerdo con sus detractores políticos.
“En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”, dijo Carolina Monroy, quien es la Presidenta interina del partido tricolor.
En conferencia de prensa Monroy dijo que “nada ni nadie por encima de la Ley. En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”.
CONGRESO DE VERACRUZ FRENA A JAVIER DUARTE
El priista Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz, es acusado por tratar de blindarse de la acción de la justicia cuando deje su cargo. Foto: Cuartoscuro
Ayer, el Congreso de Veracruz frenó la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción en la entidad, cargo en el que se preveía se ratificara a Francisco Portilla Bonilla. Lo anterior luego de la presiones sobre el presunto blindaje que el Gobernador Javier Duarte pretendía con este nombramiento.
Se preveía que durante la novena sesión ordinaria del Congreso de Veracruz se sometería al pleno la designación de un Fiscal Anticorrupción, sin embargo en un primer momento el tema fue retirado del dictamen del día debido a que no alcanzó el consenso necesario entre los legisladores.
La propuesta fue frenada ya que no reunió los 34 votos a favor necesarios para ser subida al pleno. Incluso la mayoría priista del Congreso local dio un giro y decidió no respaldar la moción.
El Congreso veracruzano discutió la creación de una sala Especializada en materia de Anticorrupción, sin embargo, la discusión se volteó en críticas en contra de la propuesta que aseguran, es una Ley a modo para blindar al Gobernador Javier Duarte. Incluso, dentro del Recito Legislativo, diversas personas protestan con pancartas en las que lee: “#QueNoSeEscapeDuarte”.
Diversos legisladores de oposición subieron a la Tribuna y aseguraron que una Nueva Sala no es necesaria, ya que este trabajo lo puede llevar a cabo el Poder Judicial de la entidad e insistieron en que se trata de un intento por legislar a una Ley “a modo” para proteger a los funcionarios corruptos del Gobierno de Javier Duarte.
La Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Cristina Ledezma, consideró que “crear una sala especializada no implica una sola reforma, significa un nuevo atraco a las finanzas públicas del Estado”.
“Lamentablemente en este Congreso se siguen inventando magistrados. Ustedes están ocupando un Sistema Anticorrupción adecuándalo a su modo, para proteger a todos los funcionarios corruptos de este Gobierno”. Además, aseguró, el dictamen invade las facultades del Poder Judicial.
Hace unos días fue promulgada la reforma constitucional local en materia anticorrupción, con la que se retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a los magistrados.
La reforma constitucional también prevé la creación del Fiscal Anticorrupción, que durará cinco años en el cargo, y del Contralor General, mismo que serán designados por el Congreso veracruzano, controlado aún por el PRI y sus partidos satélites locales.
Ante ello, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo, exhortó al Congreso local a ceder el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para garantizar que Javier Duarte y sus cómplices no queden impunes por casos de corrupción.
Duarte de Ochoa pretende dejar también al Contralor General y extender el poder de Luis Ángel Bravo Contreras, actual Fiscal General de Estado, durante nueve años más.
Con los cambios constitucionales impulsados por Javier Duarte de Ochoa y con el control de los magistrados locales, quienes en mayo de este año determinaron que el Gobernador no interfirió en el proceso electoral ni desvió recursos públicos a favor del candidato del PRI, el mandatario dejaría una estructura que lo libraría de enfrentar cargos por corrupción.
EN QUINTANA ROO, OTRO PRIISTA TAMBIÉN SE BLINDA
El priista Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, también busca acomodar piezas en instituciones de justicia y de supervisión de cuentas, para no ser llamado ante la Ley. Foto: Cuartoscuro
En Quintana Roo, el Gobernador Roberto Borge Angulo se “blindó” ante la amenaza de Carlos Joaquín González, Gobernador electo, de iniciar una indagatoria sobre su gestión.
Borge Angulo impulsó –a través del Congreso de Quintana Roo– la elección de Javier Félix Zetina González, un priista cercano a él y a la administración anterior, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.
Además, Borge diseñó la creación de un Fiscal que sustituya al actual Procurador de Justicia y a tres magistrados del Tribunal Superior. El Constituyente Permanente de Quintana Roo, integrado por los 11 municipios del estado, validaron por mayoría la propuesta de Borge.
De acuerdo con el documento Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos, publicado por la SHCP, los cinco más endeudados al término de 2015 son la capital del país, con 71 mil 083 millones de pesos; Veracruz, con 45 mil 879 mdp; Chihuahua, con pasivos por 42 mil 762 mdp; Quintana Roo, con una deuda de 22 mil 442 mdp, y Baja California, con pasivos que suman 18 mil 169 mdp, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que Quintana Roo ya tiene comprometido más del 87 por ciento de sus participaciones transferidas por la Federación y Veracruz el 85 por ciento; es decir, “ya tienen poco margen para endeudarse”.
La de Borge es una administraciones estatales más cuestionadas por parte de organizaciones sociales y activistas. Las difamaciones en contra de periodistas y legislaciones “a modo”, son algunas críticas que ha recibido en los poco más de cuatro años que lleva como Gobernador y que han colocado a su gestión como una de las más “represoras” en el país.
El 14 de septiembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, promovida por el Gobierno de Borge Angulo, por considerar que atenta contra el derecho a la información.
A principios de agosto de 2015, el Congreso de Quintana Roo aprobó la también llamada “Ley Borge”, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico. De acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes.
En el artículo 3, fracción XII de la nueva Ley de Quintana Roo, al definir el término “periodista”, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepción de este oficio como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando que debe ser una actividad de carácter “permanente con remuneración”.
Por ejemplo, la legislación deja a Pedro Canché Herrera y a Rubén Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el Gobierno de Borge.
La CNDH argumentó respecto al artículo 3 fracción XII, en la que se delimita la calidad de periodistas con la condición de que la actividad sea “permanente”, que este concepto deja “fuera a aquellos que ejerzan el periodismo de manera no permanente, lo cual adolece de razonabilidad al excluir a tales personas del reconocimiento como periodistas, aun cuando ejercitan la libertad de expresión”.
Con esta modificación a la legislación, sostuvo el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez, se podría dar lugar a diversas violaciones de los derechos de las personas “al no otorgarles el reconocimiento de la protección a los periodistas, a quienes no encuadren perfectamente en el supuesto debido a la temporalidad con la que desempeñen su actividad”.
Quintana Roo es la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa, debajo del Distrito Federal, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19.
–Con información de Dulce Olvera y Guadalupe Fuentes
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