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La investigación ordenada a la Secretaría de Hacienda surge al detectar que estas tres empresas recibieron un 60 por ciento de las compras que durante 2018 realizó el IMSS y el ISSSTE. También investigan la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Auditoría señaló que mil 60 policías quedaron sin becas para estudiar y certificarse, y que, además, el Gobierno de Sinaloa gastó 2 millones 910 mil pesos en otras cosas, las cuales no han sido comprobadas.
Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud en Sinaloa, es buscado por la justicia, acusado de los delitos de uso indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
La votación a favor de Malova, cuyo último año de ejercicio estuvo plagado de señalamientos de corrupción, fue interpretado como la consumación de un pacto de impunidad entre gobernadoe entrante y saliente.
Por actos presuntamente constitutivos de delito, que suman malos manejos por 275 millones de pesos, la Auditoría Superior de Sinaloa presentó las primeras 13 denuncias en contra de les servidores públicos del Gobierno de Mario López Valdez. Los funcionarios pertenecen a las secretarías de Salud, Turismo, Obras Públicas, así como del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, y algunos municipios.
En la auditoría de seis meses se revisaron los saldos de 841 cuentas de cheques; 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal; 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de pesos de gasto federalizado y no federalizado; 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras, y el cumplimiento de 700 proveedores con la Secretaría de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria.
Ernesto Echeverría Aispuro firmó 25 contratos de obra pública a favor de una red de empresas que posee su socio Javier Salido, empresario que lo impulsó al cargo de Secretario de Salud en el Gobierno de Mario López Valdez. En seis de ocho concursos el ex funcionario eligió dos o tres empresas suyas o vinculadas con él para que compitieran en los procesos de contratación, de principio a fin, desde la convocatoria, las juntas de aclaraciones, la entrega de propuesta económica, así como en la apertura y el fallo, como pudo acreditarse en el sitio oficial de Compranet.
Los domicilios de estas empresas son desconocidos, pues no aparecen en las actas constitutivas obtenidas en el Registro Público de la Propiedad, ni en los contratos concedidos por los Servicios de Salud de Sinaloa.
El Gobernador defendió que Malova recurrió a un derecho que le otorga la Ley de Seguridad Pública del Estado, y aunque Malova y su familia podrían pagar al Gobierno de Sinaloa por recibir este servicio de protección, no lo hacen.
«No hay impunidad, quedó muy claro, como yo no prometí que iba ha dar el informe de la situación en que se recibieron las finanzas públicas, la administración. Y creo que fue muy objetivo y muy contundente [el Secretario de Finanzas], y creo que quedó claro ese compromiso cumplido, bueno, está en proceso como ahí mismo se señala muchas observaciones, procedimientos administrativos y todo lo que se ahí surja y las nuevas auditorías que están haciéndose por parte de las instancias federales pues nosotros vamos a dar toda la facilitación para que se aplique la Ley” (el priista Quirino Ordaz Coppel, actual Gobernador de Sinaloa, al hablar sobre “Malova”, en entrevista con Noroeste tras encabezar el evento de entrega de escrituras en Agüita Caliente, Concordia, el 22 de febrero de 2017).
A pesar de los reclamos, Ordaz Coppel ha declarado que no habrá “cacería de brujas” contra Mario López Valdez.
Rata. Cínico. Corrupto. Son las palabras que utiliza Manuel Clouthier Carrillo para referirse a Mario López Valdez, «Malova», el Gobernador que hace 6 años levantó esperanzas y expectativas de un cambio para Sinaloa. Y que mañana, se va.
En la víspera de su despedida, alardea que cumplió con el 87.26 por ciento de las metas establecidas en el rubro de Desarrollo Urbano del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
En la madrugada del viernes pasado, un grupo armado atacó un convoy militar en Culiacán, Sinaloa. Cinco soldados murieron y 10 quedaron heridos –seis de ellos de gravedad–, además de que un socorrista fue lesionado. Tras la incursión, el Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el hecho no quedará impune y el jefe de la Novena Zona Militar aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias. Esto levantó rumores de un posible toque de queda para la capital del estado, que fue desmentida por el Gobernador Malova. Sin embargo, este sábado sus calles lucen semi desiertas por la incertidumbre y el miedo de los pobladores… que saben mucho de violencia.
El 19 de agosto pasado, el Gobierno de Mario López Valdez publicó el Decreto 768, el cual permite que los Magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia de lo Contencioso Administrativo puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
Mandos de la Policía Ministerial han dirigido actos de tortura para forzar declaraciones de culpabilidad u obtener información de grupos del crimen organizado.
Con el desbordamiento de la violencia, el Gobernador Mario López Valdez manifestó que en Sinaloa se delinque por tradición, y señaló que los delincuentes son criados en hogares en los que incluso las telenovelas forman su conducta.
A unos meses de que concluya el periodo de Mario López Valdez como Gobernador de Sinaloa, el estado tiene serios problemas en sus finanzas y la violencia se ha recrudecido. Además, la oposición representada en el panismo está al servicio del PRI y la izquierda es casi inexistente, mientras que el sector empresarial de la entidad mantiene un serio descontento con el Gobierno local por el poco impulso que se ha dado a la economía, entre muchas otras razones.