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“Es un dolor que no se supera”. A 24 años de la masacre de Acteal marcha por justicia

miércoles, diciembre 22nd, 2021

Indígenas tzotziles participaron en una misa en memoria del 24 aniversario de la masacre de Acteal este miércoles en el municipio de Chenalhó, Chiapas.

Chenalhó (México), 22 dic (EFE) .- A 24 años de la matanza de 45 indígenas tzotziles en el paraje de Acteal, en Chenalhó, Chiapas, familiares y sobrevivientes de la masacre perpetrada por un grupo paramilitar, marcharon para exigir cárcel para los autores intelectuales y materiales de los hechos.

Con cantos, rezos, cruces, incienso y velas los miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, recordaron a sus muertos en la tumba colectiva donde descansan los cuerpos de las víctimas del crimen de Estado, entre los que se encontraban 15 niñas y niños, nueve hombres y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas. La agrupación Las Abejas es un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas de esta organización oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, cuando fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas.

“Es un dolor que no se supera, que no se olvida a más a 24 años porque no hay justicia. El gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han avanzado y tampoco hay informes de fondo del caso”, indicó Guadalupe Vázquez, una de las sobrevivientes.

Entre cantos, rezos, cruces, incienso y velas Las Abejas de Acteal recordaron a sus muertos en la tumba colectiva donde descansan los cuerpos de las víctimas de la masacre. Foto: EFE

El obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, ofició la misa en memoria de las víctimas y los sobrevivientes, exhortando a los presentes a no “engancharse en el dolor y la ira”.

“Estamos acompañando a quienes tienen un gran dolor por el acontecimiento, pero también por la ofrenda que Dios nos hable de este acontecimiento, que estemos dispuesto a defender la vida pero siempre con criterios de paz y legalidad”, dijo el obispo.

Durante la peregrinación recordaron a todos los asesinados y a los que les han ayudado a sobrellevar esta tragedia como lo fue el obispo Samuel Ruiz García, quien, dijeron, los apoyó en los momentos más difíciles donde fueron perseguidos y criminalizados por buscar justicia.

Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y tratando de dar a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsando una lucha pacífica y redignificando a las víctimas y sobrevivientes de la masacre.

Este crimen de Estado dejó 45 víctimas: 15 niñas y niños, nueve hombres y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas. Foto: EFE

…Mientras, en México, el Estado ofrece disculpas por la matanza de Acteal, que fue con Zedillo…

jueves, septiembre 3rd, 2020

Aunque ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se demandó al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León por el delito de lesa humanidad, el caso no tuvo avances durante 22 años y 8 meses para alcanzar la justicia.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– 22 años y 8 meses después, el Gobierno de la República reconoció y se responsabilizó este jueves por la llamada “Matanza de Acteal”, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en Chiapas.

Ese día, indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas” fueron atacados por un grupo armado cuando oraban en una iglesia cristiana protestante. El saldo del ataque fue de 45 muertos, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas.

Aunque ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se demandó al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León por el delito de lesa humanidad, el caso no tuvo avances durante 22 años y 8 meses para alcanzar la justicia.

Desde la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dijo hoy que la masacre de Acteal fue cometida por grupos paramilitares que habrían actuado con la tolerancia del Estado.

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Recordó que el ataque dejó entre sus víctimas mortales a cuatro mujeres embarazada y 18 menores de edad, así como a 26 personas heridas “en un acto cometido presuntamente por personas paramilitares que habrían actuado con la tolerancia del Estado y sus autoridades”.

A partir de entonces, las víctimas sus familias han buscado justicia incluso de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ello, desde el inicio de esta administración federal, y con el acompañamiento del Gobierno de Chiapas, se tuvo acercamiento con un grupo de familiares directamente afectados, para llegar a un Acuerdo de Solución Amistosa.

“Hoy culmina este proceso de diálogo con la firma del Acuerdo de Solución Amistosa, entre las víctimas, familiares de las víctimas fallecidas y el Estado mexicano, donde se manifiesta la suma de voluntades para aceptar el reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano de los graves acontecimientos ahí sucedidos y la aceptación de medidas de reparación integral”, afirmó el funcionario.

Frente a los medios de comunicación, precisó que dicho acuerdo incluye a 18 víctimas fallecidas y a 12 víctimas sobrevivientes, respetando y dejando a salvo el derecho de otro grupo de víctimas que han asumido otras vías diferentes, en espera del informe de fondo que elabora la CIDH, organismo que reconoció en 2010 a 45 muertos y 26 sobrevivientes por los hechos.

“El día de hoy celebramos un acto de justicia, en el que a nombre del Estado mexicano asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos ocurridos contra la comunidad de Acteal el pasado 22 de diciembre de 1997. Estamos en este acto para ofrecer una disculpa a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo Tzotzil por este profundo agravio”, aseguró Encinas Rodríguez.

“Lo hacemos con convicción y sin condiciones, lo hacemos porque las omisiones y negligencias del Estado mexicano arrancaron la esperanza a 45 personas indígenas tzotziles y a sus familias. Asumo, a nombre del Estado mexicano, el reconocimiento de la responsabilidad por la violaciones de derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron paso a esta masacre”, dijo en el evento.

Por su parte, Fernando Luna, sobreviviente y representante de las víctimas, aceptó la disculpa porque “no sólo reconoce que el Estado mexicano fue incapaz de proteger a la población de Acteal, sino además reconoció y asumió la responsabilidad por acción u omisión de los paramilitares que perpetraron la masacre”.

LA MASACRE CONTRA INDÍGENAS

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en el suroriental estado de Chiapas, fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas.

En la matanza fallecieron 45 tzotziles -21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos- y fueron heridos otros 26.

Las víctimas formaban parte de la agrupación Las Abejas, un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.

Esta organización ha señalado al entonces Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el de Defensa Nacional, Enrique Cervantes, de llevar a cabo ese operativo para debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla indígena levantada en 1994 en Chiapas.

Los sobrevivientes de la masacre realizan una conmemoración anual para no olvidar y seguir exigiendo justicia y castigo a los culpables.

Los sobrevivientes de la masacre realizan una conmemoración anual para no olvidar y seguir exigiendo justicia y castigo a los culpables. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

Los zapatistas urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dicte ya su informe de la queja que tienen ante ese organismo internacional.

Los zapatistas urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dicte ya su informe de la queja que tienen ante ese organismo internacional. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un Juez federal, pero los supervivientes llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

EL ACUERDO, 23 AÑOS DESPUÉS

El actual Gobierno mexicano firmó este jueves un acuerdo de solución amistosa frente a la CIDH en el que pide disculpas y se compromete a entregar compensaciones económicas a las víctimas, así como entregar becas y apoyos a la vivienda, y mejorar la infraestructura hidráulica y hospitalaria de la comunidad.

El Subsecretario Encinas definió la matanza como un “suceso doloso e indolente” y lamentó que el Estado mexicano “pretendió ocultar esta tragedia alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas”.

“Asumimos este acto de reconocimiento para que junto con la comunidad de Acteal avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad”, expresó.

Fernando Luna, vestido con ropajes tradicionales, expresó que este compromiso “no habría sido posible de lograr en administraciones pasadas” y añadió: “Aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo tzotzil tenemos un corazón enorme y somos un pueblo de paz”.

Además, celebró que quedó desacreditada la versión del Gobierno de entonces de que la masacre había sido fruto de enfrentamientos entre indígenas por un conflicto religioso y de tierras.

Denunciaron que la masacre fue planeada desde la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acabar con los zapatistas y otras organizaciones.

Denunciaron que la masacre fue planeada desde la Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para acabar con los zapatistas y otras organizaciones. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

El expresidente Ernesto Zedillo.

El expresidente Ernesto Zedillo. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

“Demandamos que se juzgue a Ernesto Zedillo porque hacer justicia en el más alto nivel del Gobierno es una forma de garantizar la no repetición de los hechos”, concluyó.

Desde que asumió el poder López Obrador, el Gobierno se ha disculpado por violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado en casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o las torturas contra la periodista Lydia Cacho.

-Con información de EFE

“Las Abejas” exigen que AMLO pida perdón por víctimas de Acteal y que CIDH libere informe aplazado

sábado, marzo 30th, 2019

Las Abejas han reactivado una campaña para exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la publicación del informe de fondo que desde 2015 se encuentra pendiente. Actualmente, los abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han buscado a los sobrevivientes de la masacre, para realizar un censo que desde hace 10 años no se había hecho, en el cual se expone la postura frente a este proceso jurídico.

Por Andrés Domínguez

Chiapas, México, 30 de marzo (Chiapas Patalelo/ SinEmbargo).- La Organización Sociedad Civil “Las Abejas de Acteal”, a través de su vocero, expresó que Andrés Manuel López Obrador debería pedir perdón a las víctimas del Estado, como fue su caso, suscitado el 22 de diciembre de 1997, cuyos 118 sobrevivientes siguen en la búsqueda de verdad y justicia.

Patrocinio Hernández, vocero de Las Abejas, expuso que el primer día de abril viajarán a la Ciudad de México, con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones que se comprometió realizar Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en su última reunión el pasado 24 de diciembre de 2018.

En el marco de estas reuniones, Las Abejas han reactivado una campaña para exigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la publicación del informe de fondo que desde 2015 se encuentra pendiente.

Hernández indicó que pese a que existen dos representaciones por el caso, una por parte del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” y otra independiente, ambas han tomado la decisión de respetar la decisión que tomen los 118 sobrevivientes de la masacre de 1997.

El vocero detalló que se ha tenido comunicación con los abogados de la Comisión Interamericana, sin embargo, reveló que ellos siguen de forma cronológica el caso, que fue presentado por primera vez en 2005 y que entró en su etapa de fondo en 2015, por tanto, actualmente no existe una fecha tentativa para publicar el informe o emitir un pronunciamiento.

Cabe señalar, que Lorenzo Pérez Gómez, sobreviviente de la masacre, de 47 años falleció el pasado 3 de marzo, por lo que, el vocero señaló que los solicitantes de verdad y justicia siguen muriendo sin que hayan sido encontrados los responsables de los ataques a ellos y sus familias.

Actualmente los abogados de la CIDH han buscado a los sobrevivientes de la masacre, para realizar un censo que desde hace 10 años no se había hecho, en el cual se expone la postura frente a este proceso jurídico.

Asimismo, la reunión con Encinas, es para saber que procedimientos tomará el Estado mexicano, para encontrar la justicia por la muerte de 45 personas y 4 bebés dentro del vientre de sus madres en una iglesia dentro de la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó.

“Se realizará un desglose del expediente correspondiente. Buscamos verdad y justica, hasta agotar los recursos, entender si esta administración tiene voluntad política de atender el caso de Acteal, porque independientemente de lo que diga la CIDH, si el Estado mexicano no tiene voluntad de cumplir las recomendaciones, no tendrá sentido porque no se harán” mencionó.

A casi 22 años, Las Abejas se angustian por no saber si llegaran a  encontrar o no justicia, esperaran otros seis años o qué pasará.

Por tanto, afirmaron que de esta administración buscan un primer reconocimiento y disculpa pública sobre los sucedido en Acteal, además, de señalar a los responsables de la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) por tal crimen.

“El Estado mexicano tiene que responder el crimen, no podemos hablar de otra justicia, si existe un involucramiento del estado en las comunidades originarias y su responsabilidad para desestabilizar la paz (…) En Chiapas, no podemos hablar de una verdadera paz social, si siguen heridas abiertas, crímenes y violaciones a los derechos humanos” agregó.

Finalmente, respecto a la reciente petición de López Obrador para un perdón por parte de la corona española y el Vaticano, indicó “el perdón tiene que empezar en casa, de las violaciones a los derechos humanos a los pueblos indígenas, ahora tiene la oportunidad con 118 sobrevivientes. Reconocer este crimen de estado”.

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A 21 años de la matanza de Acteal, familiares y sobrevivientes recuerdan a las 45 víctimas

sábado, diciembre 22nd, 2018

El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles, principalmente mujeres y niños integrantes de Las Abejas, fueron asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó, por paramilitares presuntamente vinculados al PRI.

Por Mitzi Fuentes

Chenalhó, Chiapas, México, 22 de diciembre (EFE).- Familiares de víctimas y sobrevivientes de la matanza de 45 indígenas tzotziles perpetrada el 22 de diciembre 1997 por un grupo paramilitar en el estado mexicano de Chiapas realizaron hoy una marcha pacífica para exigir justicia.

Hombres y mujeres, incluyendo integrantes de la diócesis de San Cristóbal y de organizaciones civiles se concentraron a un costado de una base militar, donde realizaron una oración para luego iniciar una peregrinación pacífica hasta el cementerio donde fueron sepultadas las víctimas.

Mariano Gómez Ruiz, integrante de la mesa directiva de la organización pacifista Las Abejas y sobreviviente de la matanza registrada hace 21 años en la comunidad de Acteal, recordó el doloroso hecho en que perdió a su madre y a sus hermanas.

“Las Abejas de Acteal decimos que no hay que confundir la justicia y la verdad como venganza. En nuestro corazón tzotzil y como organización pacífica, para nosotros el perdón no es venganza”, declaró Gómez al leer un pronunciamiento en el cementerio.

Foto: Cuartoscuro

“Pero eso no quiere decir dejar impune una grave violación a los derechos humanos, como lo sigue siendo la masacre de Acteal, y otros casos que demandan justicia de sobrevivientes y víctimas en la ciudad y en el campo”, añadió.

Antonio Gutiérrez, coordinador de la agrupación, expresó a Efe la demanda de justicia por el caso Acteal “porque Ernesto Zedillo Ponce de León (Presidente de 1994 a 2000) sigue siendo libre, Emilio Chuayffet (Secretario de Gobernación de 1995 a 1998), Julio César Ruiz Ferro (Gobernador de Chiapas de 1995 a 1998) y otros con sus banda siguen siendo libres, gozan de la impunidad”.

“No tenemos noticias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de para cuándo hay una solución, para cuándo va ver justicia para el caso Acteal”, expuso.

Pese al cansancio, los ataques y el hostigamientos hacia la agrupación, reafirmaron su lucha “no violenta” en busca de “justicia verdadera, la construcción de nuestra autonomía y el fortalecimiento de nuestras áreas de trabajo y de los hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños de las diferentes comunidades quienes le dan vida a la organización”, añadió.

Foto: Cuartoscuro

“La misión es pedir por la paz, pedir la justicia para que haya paz, dignidad, hacia las personas y las comunidades, y así vivir tranquilamente. El Gobierno no nos escucha nuestra palabra, el Gobierno no nos respeta a la gente indígena de Los Altos de Chiapas, a las organizaciones independientes que no son su grupo”, manifestó a Efe Manuel Pérez Guzmán.

Los manifestantes señalaron que no buscan diálogo con el Gobierno actual mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se encuentra el caso Acteal, no emita su informe de fondo, en el cual esperan que se pronuncie por la responsabilidad del Estado mexicano.

“El verdadero objetivo de nuestra petición ante la CIDH es que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad por acción y omisión en la masacre de Acteal y se garantice la no repetición de hechos como Acteal”, indicó Gómez Ruiz en su alocución.

También se pronunciaron sobre los megaproyectos como el Tren Maya o el Tren Transístmico que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y señalaron “que no son iniciativas de los pueblos sino de las grandes capitalistas”.

Al respecto preguntaron si “es necesario seguir saqueando los recursos naturales que los pueblos hemos defendido ancestralmente, o acaso su interés es el de seguir saqueando a nuestro país en complicidad con los gobiernos como en la época del priismo (la época de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, PRI)”.

El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles, principalmente mujeres y niños integrantes de Las Abejas, fueron asesinados en Acteal, municipio de Chenalhó, por paramilitares presuntamente vinculados al PRI.

Foto: Cuartoscuro

La organización Las Abejas, creada en 1992, fue integrada por un grupo de indígenas en defensa de los derechos de las comunidades que abogaba por la solución pacífica de los conflictos locales, así como la liberación de personas injustamente encarceladas.

Tras el levantamiento del rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, la agrupación se solidarizó con sus objetivos, pero rechazó el uso de la violencia para alcanzarlos.

La matanza de Acteal ha sido atribuida a una campaña gubernamental contra las bases de apoyo del EZLN.

Los más de 30 presuntos autores materiales detenidos y procesados por la masacre han sido liberados a raíz de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida en 2009 que señaló violaciones al debido proceso.

Grupos civiles piden a la ONU que intervenga, a 20 años de Acteal; culpan al Estado de la matanza

viernes, diciembre 22nd, 2017

La organización destacó que víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal e integrantes de “Las Abejas” narraron ante el representante de la ONU que el Estado Mexicano intentó negar y continúa ocultando las graves violaciones a los derechos humanos como estrategia contrainsurgente en la región de los Altos de Chiapas.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– El grupo civil “Las Abejas” y organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su intervención para reconocer al Estado mexicano como responsable de la matanza de Acteal, Chiapas, en donde 45 personas y 4 neonatos fueron masacrados por militares en 1997.

A través de un comunicado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas indicó que Jan Jarab, representante de la Organización de las Naciones Unidas en México, escuchó los testimonios que duelen en la memoria pero se hacen necesarios para continuar la reivindicación de justicia.

La organización destacó que víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal e integrantes de “Las Abejas” narraron ante el representante de la ONU que el Estado Mexicano intentó negar y continúa ocultando las graves violaciones a los derechos humanos como estrategia contrainsurgente en la región de los Altos de Chiapas.

“Señor Jan Jarab, como víctimas sobrevivientes de La Masacre y miembros del pueblo tsotsil estamos cansadas y cansados de tanta injusticia, humillación, desprecio y discriminación de parte del Estado mexicano. A pesar de ello, nos hemos propuesto junto con otros pueblos originarios el de construir Otra Justicia, digna y humanizada. No sabemos cuántos años más deben pasar para conocer la verdad y ver la justicia. Acteal sigue siendo una herida abierta, en México no hay justicia. La dilación es discriminación”, dijo Guadalupe Vásquez Luna una de las sobrevivientes.

“Las Abejas” solictaron a la ONU su intervención para que la injusticia de este crimen de lesa humanidad no siga prologándose, para evitar que se repitan este tipo de hechos, para que Acteal sea reconocido como un sitio de memoria y esperanza, pero sobre todo para que el Estado mexicano sea reconocido como el responsable de la matanza.

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En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que a 20 años de la matanza de Acteal no sólo permanece el dolor por el ataque, además se la ha sumado el olvido, la desmemoria y la indiferencia de la sociedad.

La Organización aseguró que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior el Gobierno mexicano afirma su lenguaje de guerra

“Lo que ha dejado como resultado muerte y más muerte, impactos de la cultura de la violencia, de una cultura de la masacre donde familias enteras huyen de sus casas por la amenaza de grupos armados. Son la herencia de la militarización, del paramilitarismo y de la contrainsurgencia en Chiapas que aún persiste”.

El Fraybay aseguró que los desplazamientos forzados y la destrucción comunitaria son resultado del desprecio del gobierno mexicano hacia los pueblos originarios.

“Las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal e integrantes de Las Abejas, nos interpelan a labrar nuevos horizontes de lucha, nuevos vías para la liberación, para que vayamos hacia los caminos de la autonomía y libre determinación como pueblos que somos”.

Impunidad y hasta complicidad de autoridades ahondan crisis de desplazados en Chiapas, acusan

lunes, diciembre 11th, 2017

En Chiapas hay grupos paramilitares que, dado que el gobierno estatal no los ha desarmado, operan al margen de la ley con absoluta impunidad, han asegurado centros de derechos humanos locales. A raíz de un conflicto territorial antaño entre Chalchihuitán y Chenalhó que renació en octubre, 5 mil tzotziles vivieron desplazados en las montañas durante casi un mes. El Alcalde de Chalchihuitán reportó que seis personas murieron por hambre y frío.

El miércoles pasado, de acuerdo con el Gobierno estatal, el grupo armado de Chenalhó reabrió la carretera bloqueada que mantenía aislado al municipio rival desde mediados de noviembre, pero al menos mil siguen entre las frías montañas.

“Hay un desastre en el estado de Chiapas, pero hay impunidad y en muchos casos complicidad de las autoridades con grupos que actúan al margen de la ley”, aseguró Federico Ovalle, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, con presencia en la entidad desde 1979.

Tzotziles en Chenalhó, Chiapas. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– Chiapas atraviesa una ola de violencia incluyendo el conflicto territorial entre dos comunidades indígenas que ha mantenido durante un mes a miles de tzotziles desplazados en las montañas, por lo que han muerto seis de hambre y frío. Centros de derechos humanos locales y el pueblo de Chalchihuitán exigen al Gobierno de Manuel Velasco Coello desarmar al grupo paramilitar de Chenalhó que hace más de 20 años participó en la masacre de Acteal y que, dicen, sigue arropado por la Alcaldesa Rosa Pérez Pérez.

“Los conflictos son diversos en la entidad sureña pues van desde los relacionados con la tenencia de la tierra, los religiosos, sociales, entre municipios y entre partidos políticos”, aseguró en entrevista Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), con presencia en la entidad desde 1979. Exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso del asesinato en el último año y medio de seis líderes campesinos de su organización que siguen en la impunidad, ya que han liberado a los culpables.

Dado que en Chiapas “se acostumbra reprimir a los que no se someten al gobierno estatal”, advirtió que el clima de violencia e inseguridad se puede recrudecer en los próximos días ante el interés del Gobernador, Manuel Velasco Coello, de que el presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sea su sucesor en 2018. El legislador del Partido Verde es “una persona indolente que controla ciertos grupos de choque y no goza de buena reputación”. Fue Secretario de Gobierno estatal, pero durante su gestión no resolvió las amenazas y asesinato de uno de los campesinos.

“Hay un desastre en el estado de Chiapas, pero hay impunidad y en muchos casos complicidad de las autoridades con grupos que actúan al margen de la Ley. No hay atención ni respuesta, y no se puede hacer denuncia a través de los medios estatales porque también están controlados”, aseguró Ovalle.

DESPLAZAMIENTO DE UN MES

En octubre, el pánico ante el incendio de viviendas, amenazas y disparos de grupos armados obligó a casi cinco mil indígenas a huir de sus hogares para refugiarse en el bosque montañoso, en el marco de un antaño conflicto de límites territoriales entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán.

El miércoles seis de diciembre los inconformes que mantenían bloqueada la carretera que comunica con el municipio de Chalchihuitán desde el 13 de noviembre decidieron retirarse y entregar la vía a una comisión de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno con lo que se restableció el libre tránsito en la zona, informó el gobierno de Chiapas.

Pero, a días de que entre el invierno, al menos mil indígenas siguen escondidos en chozas improvisadas y fogatas en las montañas entre los que figuran mujeres embarazadas, niños sin clases y adultos mayores. Al menos seis han muerto por hambre y frío, de acuerdo con el Presidente Municipal de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez.

“Siento mucho dolor en mi corazón”, dijo una mujer de Chalchihuitán tras perder sus pertenencias y cosechas. También había enfermos de tos, gripe y fiebre. “Estamos exigiendo al gobierno que nos atienda, que los grupos armados nos liberen los caminos. Que el gobierno nos dé seguridad y que nos garantice el libre tránsito en nuestras comunidades”, declaró Efraín López Gómez, otro de los afectados, a la prensa local.

Aunque el conflicto comenzó desde octubre y se agudizó en noviembre, hasta finales de mes el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó sobre la entrega de víveres, artículos de limpieza personal, cobertores y colchonetas, así como brigadas médicas para la atención oportuna de la población afectada. También se instaló un albergue provisional y la Secretaría de Salud ha otorgado casi dos mil consultas en comunidades de ambos municipios.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reportó que el 17 de octubre hubo un muerto de Chalchihuitán, por lo que llamó al Gobierno de Chiapas a desarmar a los grupos que actúan de manera impune. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, en Chenalhó subsiste el grupo paramilitar que actuó en la masacre de Acteal, pero ahora está más armado y más numeroso.

“El caso es que Chiapas vive una crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos muy grave que ya ha costado vidas y sufrimiento, situación por la que será recordado como Gobernador”, escribió el Centro Ku’untik a Manuel Velasco Coello.

El 29 de noviembre las autoridades municipales, tradicionales y de Bienes Comunales de Chalchihuitán acusaron al gobierno chiapaneco de encubrir a la Alcalde de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a su grupo civil armado. Pérez Pérez estuvo fuera del cargo durante casi un año porque la comunidad la acusó de incumplir sus promesas de campaña.

La organización Serapaz también urgió a que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal, la matanza de 45 indígenas –nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños– en ese municipio chiapaneco de Chenalhó, por un conflicto intracomunitario. La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas ha reiterado durante años que la masacre de Acteal es un crimen de Estado, porque el Gobierno pudo detener el conflicto para evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias, justo como sucede ahora.

El Gobierno del Estado llamó a los presidentes municipales de Chalchihuitán y Chenalhó a resolver las diferencias por medio del diálogo, y acordaron respetar las resoluciones judiciales sobre el conflicto de límites. Asimismo las autoridades formaron una Base de Operaciones Mixtas (BOM) con el objetivo de disuadir la portación de armas de fuego.

Además, 117 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 150 elementos de la Policía Estatal arribaron el jueves pasado a la cabecera municipal de Chalchihuitán para brindar ayuda a la población.

“Debieron de haber actuado desde hace mucho tiempo. En un problema muy añejo. Ayer ya quitaron las barricadas, pero hay otros problemas en Chenalhó, Pueblo Nuevo y las Margaritas donde operan una serie de grupos al margen de la ley con absoluta impunidad. El gobierno del estado no ha hecho ninguna acción”, aseguró Federico Ovalle del CIOAC. “El riesgo de que se den otros enfrentamientos está muy latente”.

EL CONFLICTO DE CUATRO DÉCADAS

El conflicto corría el riesgo de escalar al nivel de la matanza de Acteal, ocurrida en 1997. Foto: Cuartoscuro.

La confrontación entre los municipios vecinos de Chalchihuitán y Chenalhó comenzó desde hace 45 años a raíz de que la Secretaría de la Reforma Agraria trazó una línea recta para establecer los límites territoriales de cada región, en vez de basarse en el recorrido natural del río que los separa. A Chalchihuitán autoridades les entregaron tierras que indígenas de Chenalhó reclaman como suyas.

El Gobernador Manuel Velasco Coello promovió en 2015 la firma de convenios de civilidad y respeto a la resolución del Tribunal Unitario Agrario entre ambos municipios, pero no fueron respetados.

El 13 noviembre grupos armados, quienes se identificaron como habitantes de Chenalhó, bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán, por lo que la población quedó incomunicada hasta el 6 de diciembre.

El Centro Frayba alertó que los negocios cerraron y dejó de haber maíz, fruta, tortilla y gasolina.

“No podemos cruzar a pie porque están vigilando el camino y dicen que van a matar a quien pase”, aseguró hace unos días al diario Chiapas Paralelo el párroco Sebastián López López. “Los desplazados están viviendo en las montañas sin ninguna protección”.

Como desapareció la Reforma Agraria, ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es la responsable de buscar y resolver el conflicto, aseguró el Obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, al diario Chiapas Paralelo.

“Nadie quiere recordar lo que pasó en Acteal, pero el ambiente es muy semejante al que era previo a la matanza. Lamentablemente ya todos andan buscando qué les va a tocar en la siguiente elección”, agregó.

El Obispo Arizmendi alerta que 5 mil indígenas de Chiapas huyeron a la montaña y habrá violencia

jueves, noviembre 30th, 2017

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció que en las comunidades de Chalchihuitán prevalece “un ambiente de terror” generado por grupos armados ilegales que actúan en la impunidad. Como consecuencia, unos 5 mil habitantes se desplazaron a una zona montañosa, donde se han establecido distintos campamentos improvisados con chabolas realizadas a partir de palos y cobijas, y expuestos a las inclemencias del tiempo.

Por Eduard Ribas

San Cristóbal de las Casas (México), 30 nov (EFE).- Unas 5 mil personas viven desplazadas y en condiciones precarias en las montañas de Chiapas a raíz de un conflicto agrario entre dos poblaciones indígenas de la región.

“El peligro de que haya más violencia es inminente. El ambiente es semejante al que había antes de la matanza de Acteal”, denunció el Obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, en referencia a la masacre ocurrida en 1997 que se cobró la vida de 45 personas de la etnia tzotzil.

La confrontación actual entre los municipios vecinos de Chalchihuitán y Chenalhó se remonta a la reforma agraria de hace 40 años, que trazó una línea recta para establecer los límites territoriales de cada municipio, en lugar de respetar el recorrido natural del río que les separa.

Ello conllevó un intercambio forzado de tierras entre ambos municipios que provocó un conflicto entre familias que se ha agudizado en las últimas semanas con ataques armados.

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció que en las comunidades de Chalchihuitán prevalece “un ambiente de terror” generado por grupos armados ilegales que actúan en la impunidad.

El Obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi. Foto: EFE

Como consecuencia, unos 5 mil habitantes se desplazaron a una zona montañosa, donde se han establecido distintos campamentos improvisados con chabolas realizadas a partir de palos y cobijas, y expuestos a las inclemencias del tiempo.

“Cortaron la carretera y muchas personas huyeron por miedo a las montañas. Cerca de 5 mil personas de Chalchihuitán se desplazaron, incluidas mujeres, niños y ancianos. Durante estas últimas semanas hubo balaceras (tiroteos) y algún muerto”, explicó Arizmendi.

También hubo desplazados de Chenalhó, aunque “no en la misma cantidad”, matizó.

Los campamentos de las montañas están distribuidas según las distintas comunidades indígenas y se componen de chabolas de pocos metros cuadrados donde, en algún caso particular, llegan a dormir 8 familias con sus 22 niños.

Para combatir el frío de la noche, encienden fogatas en la intemperie puesto que muchos de los desplazados perdieron todas sus pertenencias a raíz de los asaltos que sufrieron por parte de habitantes del municipio rival.

Aunque la organización humanitaria Cáritas mandó alimentos para los desplazados, algunas víctimas sostienen que sufren hambre y dolor por la situación que están viviendo.

Un mujer de Chalchihuitán narra entre lágrimas que le quemaron todas sus pertenencias, sus cosechas de maíz y fríjol y que “siente mucho dolor en su corazón”.

“No vemos una acción eficaz por parte de las autoridades para solucionar esta situación de emergencia humanitaria, para atender las necesidades inmediatas y la solución de las causas”, aseveró la Diócesis de San Cristóbal.

El Obispo emérito exhortó al Gobierno chiapaneco a que “busque métodos para atender la violencia, puesto que hay muchas personas armadas y la gente de Chalchihuitán está desprotegida en las montañas.”

“Insistimos primero que ambos municipios deben resolver sus problemas de forma pacífica. Y, segundo, la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario) debe meter mano en el asunto porque depende de ellos”, reclamó.

En declaraciones recientes a Milenio Televisión, el Secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García, aseguró que el Ejecutivo chiapaneco ya ha comenzado a elaborar un censo de las personas desplazadas para distribuirlas en albergues públicos.

La violencia entre dos grupos en San Antonio del Monte, en San Cristóbal, causó en 2014 el desplazamiento de los pobladores. Foto: Elizabeth Ruiz, Cuartoscuro.

Conflicto territorial en Chiapas deja casi 5 mil desplazados; habitantes temen que se repita una masacre como la de Acteal

domingo, noviembre 26th, 2017

En noviembre un conflicto territorial entre dos municipios de Chiapas se agravó dejando como saldo varios muertos y casi cinco mil desplazados muchos de ellos en la selva sin lo más mínimo para sobrevivir.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- Un conflicto de límites territoriales entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán ha causado que miles de habitantes de nueve poblaciones de este último se encuentren desplazadas.

El conflicto territorial tiene ya varios años sin resolverse pero de acuerdo con Ciro González, un habitante de la zona entrevistado por SinEmbargo, el problema se agravó a finales de octubre cuando tuvo lugar un enfrentamiento entre pobladores de ambos municipios que generó varias pérdidas humanas.

A pesar de la violencia generada, las autoridades estatales no intervinieron, lo que permitió que el conflicto se agravara y tras la quema de varias viviendas, amenazas y disparos con armas de fuego, casi cinco mil personas huyeron de manera forzada de sus viviendas, dejando sus bienes materiales y parcelas.

De acuerdo con Ciro, el límite territorial está delimitado por un río que divide a las poblaciones. Sin embargo, a principios de noviembre un grupo de habitantes de Chenalhó se introdujo en varias poblaciones de Chalchihuitán y tomó las carreteras, motivo por el que los desplazados no pueden volver a sus hogares.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado encabezado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tampoco ha intervenido en el conflicto y los habitantes temen que se repita una masacre como la ocurrida en Acteal -población que se encuentra también en el municipio de Chenalhó- y en 1997 un grupo de paramilitares asesinó a 45 indígenas Tzotziles de la organización “Las Abejas”.

De acuerdo con información de Notiprensa Soconusco, 4 mil 873 personas, entre ellas mujeres embarazadas, niños y adultos mayores se encuentran afectados. Una parte de ellos refugiados en las montañas de la selva de Chiapas y en la cabecera municipal de Chalchihuitán.

En la Comunidad de Pom, 100 mujeres embarazadas se encuentran desplazadas; otras poblaciones afectadas son Ch’en Mut, Tzomolton, C’analumtic, Bejelton, Tulantic, Vololch’ojon, Cruz c’ac’al nam y Cruz ton.

Los habitantes temen que se repita una masacre como la de Acteal. Foto: Facebook

Casi cinco mil habitantes fueron desplazados este noviembre. Foto: Facebook

Se robó hasta la paciencia/ Sabrosa discusión anticorrupción/ ¡Amenaza paramilitar antizapatista!

miércoles, julio 5th, 2017

Se robó hasta la paciencia
En el Excélsior, la periodista Yuriria Sierra, escribe sobre “burlesca” y confundible imagen que ha proyectado Javier Duarte en las audiencias donde acepta su extradición a México: ” fue entonces, en ese último encuentro con los micrófonos de la prensa, en que decidió dar una declaración y se puso filosófico: “Paciencia, prudencia, verbal contingencia (sic)…dominio de la ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia…”. Yo estaba al aire en mi noticiero de Imagen Televisión. Inevitables las preguntas en mi mente. “¿Qué carajos habrá querido decir? […]. El ex Gobernador de Veracruz volvía a lo suyo: el robo. En este caso, de una frase. Según lo reportó el periódico Excélsior una hora más tarde, esa frase ya había sido usada por Karime Macías, su mujer, en las redes sociales[…]. La frase original (porque la robada por Duarte estuvo, para colmo, mal citada), dice: “Paciencia y prudencia, verbal continencia; no exhibir excesiva ciencia, así como presencia y ausencia, según conveniencia…”, y al parecer es de origen sevillano[…]una atribuida a José Luis Morales, un jefe policial de Castilla y León. La otra refiere a Santiago Montoto, escritor andaluz,[…]. Para los sevillanos, esta frase tiene una explicación: ‘Condensa el chaleco salvavidas necesario para navegar por la Ciudad de la Guasa sin que te lleve la marea…'[…]. Duarte necesita un salvavidas, sin duda[…]. A Javidú se le tiene documentada una red de corrupción que le permitió triangular recursos simulando operaciones[…]. Cuando su primera audiencia, en donde nos sorprendió que Duarte jamás dejó de sonreír (lo mismo hizo durante la segunda y ayer, también, frente a los medios)[…]. Acaso su seudofilosófica frase de ayer no sea sino otra de esas formas de enfrentarse a una realidad de la que desconocemos cuál será su probable desenlace[…]. Ni paciencia ni prudencia y mucho menos continencia… Javier Duarte regresará a México y esa puede convertirse en la mayor, ahora sí, ‘contingencia’ de muchos, muchísimos personajes. La ‘presencia y ausencia, según conveniencia’, ya no es una posibilidad transitable en las épocas de las redes sociales. Porque una vez en México, Duarte no podrá convertirse en un ‘fantasma’”.

Por su parte En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, retoma el caso de extradición del ex Gobernador Javier Duarte y la preparación de su defensa en cuanto arribe a México: “luego de que Javier Duarte aceptara ser extraditado de Guatemala, quien ya se prepara para su defensa en México es Marco Antonio del Toro, abogado de la lideresa del SNTE acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero… mismos delitos que la PGR le imputa al ex Gobernador de Veracruz. Y es que en el país centroamericano, Duarte ya contó con los servicios del despacho Del Toro Carazo Abogados, a través de Pablo Campuzano de la Mora, quien estuvo presente como asesor de la defensa en las tres audiencias que hubo en tribunales guatemaltecos”.

Sabrosa discusión anticorrupción
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, retoma la discusión que hubo entre los miembros del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción respecto a abrir información sobre la adquisición y uso de “Pegasus” y las posturas que cada miembro tomó al respecto: “por amplia mayoría acordaron no avalar la propuesta de su Presidenta, Jacqueline Peschard, de emitir un exhorto al Ejecutivo federal para que entregara información sobre el uso del programa de intervención de comunicaciones ‘Pegasus’, que periodistas y activistas señalan fue utilizado para espiarlos, estuvo más sabrosa de lo que se supo en un principio. Nos dicen que integrantes del Comité Coordinador dijeron a doña Jacqueline que no había falta de voluntad para intervenir en el tema, pero que la propuesta que presentó carecía de los fundamentos legales que habrían permitido al SNA solicitar información del famoso software a las dependencias señaladas como compradoras del mismo. Otro de los miembros argumentó que si el Sistema se dedicara a investigar todos los temas coyunturales, también podría investigar los señalamientos hechos al Comité de Participación Ciudadana del propio SNA, en el sentido de que en la integración de dicho Comité hubo privilegios. Así de sabrosas, y enriquecedoras, se antojan las discusiones en un órgano naciente y conformado por ciudadanos y diferentes dependencias, con diferentes criterios”.

En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que una vez más los puntos que siguen pendientes por discutir respecto al SNA continua sin ser prioridad para el legislativo: “el Senado tienen claro que Emilio Gamboa está más preocupado por irse de viaje que por sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción. EL priista convocó ayer a a los coordinadores parlamentarios supuestamente para ver los pendientes, pero… ¡no llegó! Y sus achichincles del Partido Verde tampoco se aparecieron, con lo que prácticamente quedó descartado convocar a un periodo extraordinario para nombrar al fiscal y a los magistrados anticorrupción. La idea de Emilio Gamboa es abordar esos temas en las vacaciones todo pagado, perdón, en la misión legislativa que llevará a un grupo de senadores a Pontevedra, España, el 10 de julio. Y obviamente el priista es el primero en la lista”.

¡Amenaza paramilitar antizapatista!
En el Excélsior, el periodista especializado en temas parlamentarios, Francisco Garfías, advierte sobre un nuevo ataque paramilitar contra comunidades indígenas en Chiapas, tras recibir una carta de Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación: “su texto advierte sobre los riesgos de que se produzca un nuevo Acteal en el municipio de Oxchúc, Chiapas, donde existen grupos paramilitares armados. El municipio ha sido gobernado a golpes y sangre por el matrimonio que ha detentado el poder en los últimos cuatro trienios, Norberto Sántiz y su esposa, María Gloria Sánchez. Ella es la alcaldesa. Lo sucedió a él. Sántiz ha sido dirigente del grupo paramilitar MIRA (Movimiento Indígena de Resistencia Antizapatista), creado a mediados de los noventa a raíz del surgimiento del movimiento que encabezó el entonces subcomandante Marcos, hoy Galeano. Hay tensión en Oxchúc. Simpatizantes del paramilitar y de la alcaldesa golpearon la semana pasada a opositores (Jaime nos mando imágenes). Los golpeadores dicen que sus compañeros cuentan con un arsenal de armas, desde calibre .22 hasta fusiles R-15”.

No saben qué hacer con Felipe
En El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola, señala que ser la ex primera dama y como esposa de un ex Presidente son puntos claves que pueden hundir -aún más- la carrera política de Margarita Zavala, pues en ella es en quien recae los efectos negativos de la administración de su esposo:  “Un pejelagarto a la vez’, dijo Margarita Zavala […]. Fue el primer momento simpático, suelto, de la precandidata presidencial panista en mucho tiempo. Porque últimamente ha lucido errática, perdiendo, fallando[…]. Margarita Zavala arrancó con ímpetu su aspiración a obtener la candidatura presidencial del PAN y fijó la agenda en su partido y en sus adversarios. Pero ese ímpetu se ha ido apagando[…]. Empujó para que Ricardo Anaya deje la dirigencia nacional de su partido y anuncie oficialmente la aspiración que todo mundo sabe que tiene. No lo logró[…]. Anaya mantiene el control interno del partido, Moreno Valle empieza a sacar la cabeza[…]. Encima, la conversación pública se ha tornado hacia el escenario de que el PAN y el PRD conformen una alianza y se sabe que Margarita Zavala es uno de esos nombres que el PRD vetaría, fundamentalmente por tratarse de la esposa del ex Presidente Felipe Calderón. Si no quiere irse desdibujando, ella necesita sacudir su campaña y quizá resolver un asunto central: qué hacer con Felipe Calderón. De pronto se presenta como un estratega que presume haber vencido ya una vez a López Obrador, de pronto salta al ring como el más entrón de los golpeadores, de pronto quiere dárselas de presidencial, de pronto parece ser él quien busca la candidatura. Un día jefe de campaña, otro día porro, otro día hombre de Estado, otro día candidato. ‘Tienen que resolver qué hacer con Felipe’, me dijo un ex funcionario que colaboró cercanamente con él en su administración federal y que ya no forma parte de lo que queda del calderonismo[…]. No olvidemos que en el primer año de Gobierno de Peña Nieto, Calderón y su familia tuvieron que salir casi huyendo de México para refugiarse en una prestigiada universidad estadounidense hasta donde lo persiguió el saldo de muertes de la guerra que declaró al crimen organizado. Los escándalos de corrupción del actual régimen le abrieron la puerta de regreso, no una revaloración histórica de su gestión como para que ahora sea trampolín de continuidad o modelo inspirador”.

¿Hay remedio?
En el Reforma, el académico, columnista y politólogo, Sergio Aguayo, escribe que aunque los ánimos electorales para los comicios de 2018 y para la solución a los problemas políticos, sociales y económicos a los que se enfrenta México, existen remedios que puede revertir el estado de las problemáticas que llegan a los mexicanos: “impartí una conferencia en Puerto Vallarta titulada ‘El México bronco y la sociedad organizada'[…]. Presenté evidencia de que en América Central y México la mayor organización social […] provoca menos delitos y viceversa[…] en la sesión de preguntas y respuestas, un tajante ‘México no tiene remedio’. No comparto tanta desesperanza. Nuestro principal problema es que tenemos más conciencia que organización. Conocemos nuestros derechos pero no logramos que se respeten por lo tenue y desigual del tejido social[…]. La brecha aparece por doquier[…]. Pese a su diversidad tienen tres rasgos comunes: 1) un profundo malestar con el sistema político existente; 2) una claridad sobre lo que quieren y proponen; y 3) una frustración por no encontrar autoridad que los atienda o les responda. […]. Tenemos dos maneras de participar en la vida pública. La primera es la electoral que recibe mucha atención[…]. Durante el próximo año nos inundarán de anuncios prometiéndonos tiempo compartido en el paraíso, nos abrumarán con encuestas que se contradicen[…]. Los cancerberos de lo electoral se harán los desentendidos con la compra del voto pobre, los desvíos de recursos públicos, las intimidaciones del crimen organizado y las tropelías de algunos partidos. El Partido Verde Ecologista de México, por ejemplo, regresa con promesas de dudosa viabilidad y moralidad[…]. Una vez más, ese partido político se olvidará de lo ambiental y manipulará una causa noble para seguir jineteando el presupuesto[…]. Pese a la mediocridad de la democracia electoral, tendremos que decidir si votamos[…]. Es posible que Andrés Manuel López Obrador sea el triunfador, pero ocupará una Presidencia profundamente debilitada. La segunda opción es la democracia participativa; involucrarse de manera constante en asuntos públicos para incrementar el grosor del tejido social. Me resulta una veta más promisoria porque la evidencia demuestra que en la medida en la cual se organiza la sociedad en torno a propuestas concretas, es posible frenar a los simuladores y corruptos y forjar alianzas con los funcionarios y políticos comprometidos[…]. Nos presentan la democracia electoral como la mejor forma de resolver nuestros problemas. Si les hacemos caso les transferiremos la responsabilidad que tenemos, como ciudadanos, de involucrarnos en la resolución de nuestros problemas inmediatos . Sentarse a esperar que “alguien” resuelva de manera milagrosa las carencias de la vida pública es el camino más corto hacia la frustración. En tanto no mejoren los partidos y los árbitros electorales la urna es un lastre para el involucramiento ciudadano que debe concentrarse en la construcción de islotes de civilidad democrática”.

“Los suspirantes 2018”
En El Universal, el periodista Ricardo Rocha, escribe una crítica sobre  “Los suspirantes 2018” título del nuevo libro coordinado por Jorge Zepeda Patterson, el cual lo señala como un instrumento que orientará a la ciudadanía en los comicios presidenciales de 2018: “un total de 373 páginas que radiografían la vida y obra de 15 mujeres y hombres que, con mayor o menor fortuna, aspiran a la Presidencia de México[…]. Los suspirantes 2018 es revelador porque abre al escrutinio público infinidad de información tan valiosa como novedosa —aun para quienes nos dedicamos al oficio— sobre orígenes de nacencia, entorno, formación académica, trayectorias personal y profesional que los definen hasta cierto grado. Pero también es devastador en tanto desentraña esa otra vida paralela que incluye a sus padrinos políticos, sus compromisos inconfesables, sus alianzas, simpatías, antipatías, empatías y hasta traiciones; el recuento de sus años y sus daños, sus intrigas palaciegas, sus debilidades y hasta sus pasiones que han trascendido el ámbito de lo privado para instalarse en el rumor de lo público[…]. El propio Jorge me dice que no es un manual para votar en 2018[…]. Pero más allá de los retratos individuales, me parece que estamos ante una gran provocación a nuestras neuronas para reflexionar sobre cómo es posible que se hayan forjado estas trayectorias que ahora anhelan llegar al interior de Los Pinos[…]. Así, en una mirada más amplia, Los Suspirantes 2018 nos da claves muy precisas de lo poco que pueden representar una sólida formación académica y una clara imagen pública frente a los beneficios de la cortesanía y las oscuridades de los pasillos del poder. Porque quienes hoy aspiran a la Presidencia, con más o menos posibilidades de lograrlo, son una representación del país en su conjunto”.

La dimensión del huachicoleo
En El Universal, su Editorial, asegura que poco se ha hablado o dado a conocer a los empresarios que han contribuido al robo de combustible: “el daño económico que ha causado al país el problema del huachicoleo puede ser más grande del que se conoció en un principio: “el robo de combustible por medio de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos es un problema más allá de la posterior venta en algunos puntos o en algunas gasolineras. El sector del transporte de carga da a conocer ahora que la tercera parte de sus unidades se mueven con diesel robado, lo que equivale a 180 mil vehículos. En la información que publica hoy EL UNIVERSAL, se da cuenta de que 550 mil unidades de carga y de pasaje son blanco de la delincuencia, pues las bandas criminales también ordeñan los tanques de combustible del transporte para forzarlos luego a comprar diesel robado. Tres de cada 10 camiones han adquirido combustible a grupos delictivos, reconoce el sector. Los huachicoleros han actuado, entonces, como lo que son: crimen organizado[…] El robo de carga y de vehículos de ese sector aumentó 60 por ciento en el primer trimestre del año, principalmente en el corredor México-Puebla-Veracruz, en Tamaulipas y en Michoacán. El problema de la ordeña de combustible lleva al menos una década y en su permanencia ha habido omisiones por parte de los tres niveles de gobierno. Luego del enfrentamiento entre soldados y presuntos huachicoleros hace dos meses, la extracción de combustible se mantiene en la que se supone debe ser el área más vigilada[…]. Aunque el transporte bien habría hecho en denunciar el ilícito meses antes y no ahora cuando las corporaciones de seguridad han puesto los ojos en el combate a huachicoleros, se reconoce la actitud de modificar la situación[…]. En la solución del fenómeno se requieren más actitudes como la de transportistas para conocer la verdadera dimensión de la extracción ilegal del combustible, pero también el señalamiento claro de autoridades y empresarios que han contribuido a fomentar la ilegalidad. Poco se ha hablado de estos últimos”.

Las inundaciones qué. El día que nos quedemos sin agua
En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe respecto a la conversación que tuvo con Ramón Aguirre, Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México: “en las últimas Dudas razonables, he hablado del problema de las inundaciones en la capital, lo viejo del drenaje, la necesidad de inversión a largo plazo[…]. Lo primero que me dijo apenas nos saludamos es que entiende que en estas épocas el tema sean las inundaciones, pero que el verdadero problema de la ciudad es el suministro del agua. Y me refirió a otras partes del documento. En especial la situación de los acuíferos en el Valle de México que proveen de la mayor cantidad de agua a quienes lo habitamos. Sacamos tanta agua de ellos que no hay manera de recargarlos. Los déficits empiezan a ser alarmantes[…]. Por si esto fuera poco, la poca agua que tenemos es, en algunas zonas, de mala calidad. Mientras que el agua proveniente de los pozos en el centro, poniente, y sur de la ciudad es de calidad aceptable y cumple con la norma, según el documento, ‘la zona oriente de la ciudad tiene agua de muy mala calidad, con muchos parámetros fuera de norma, tales como los referidos a niveles de fierro, manganeso, nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, gas sulfhídrico, entre otros’. Potabilizar esa agua, la poca que quede, será más caro y complicado. Si a eso agregamos un grave problema de fugas, un sistema que no permite compensar zonas sin agua con agua de otras zonas, la poca agua que reciclamos, no sería extraño que en algún momento durante los próximos 20 años de repente, algún día, un par de millones de habitantes de la ciudad se quede sin agua. Aguirre lo tiene claro, si no se comprometen unos 8 mil millones de pesos anuales durante los próximos 40 años, no está claro que la ciudad sea viable a finales del siglo”.

Generalizar no basta
En Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe respecto a las declaraciones en la que se ha pronunciado una postura el New York Times sobre el espionaje y sobre quienes deben responsabilizarse: “el NYT tuvo el pudor de acotar: ‘No hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó…’. Y NSO Group: ‘No se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo’. La herramienta solo pueden comprarla gobiernos, pero se ignora cuáles o de qué nivel. PGR y Sedena la compraron. Arely Gómez dice que se usó conforme a derecho (y nada indica que mintiera) y el Ejército la desechó en 2013 por lo transa del proveedor Susumo Azano. Un tercer adquiriente, indica Citizen Lab, fue el Cisen, pero sus contratos se mantienen en reserva. Decir que quien la compra la usa es una vaguedad si no se sabe a qué gobiernos y dependencias les fue vendida ni quién exactamente espía violando leyes y derechos elementales. Ingenuo pensar que el malware de NSO es el único para husmear con la trampa del link, pues el mismo NYT (Mattathias Schwartz, Ciberguerra a la venta, 12 de enero de 2017) detalla el uso de la italiana Hacking Team en casos tales como el de la elección del presidente del PAN”.

Claridad
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, señala como acertada la declaración del Senador independiente, Armando Ríos Piter, respecto a los comicios de 2018 y la postura del Instituto Nacional Electoral (INE ): ” el Senador Armando Ríos Piter, quien aspira a ser candidato independiente a la Presidencia, expresó que las autoridades electorales deberán cumplir cabalmente con su responsabilidad para que la gente vote en paz y defina por qué autoridad quiere hacerlo. ‘No sé a qué se refiere el Presidente del INE (Lorenzo Córdova) cuando dice que los comicios serán turbulentos’, comentó el ex perredista. Señaló que los recientes comicios fueron un laboratorio de lo que no debe ocurrir, pues hizo que nos diéramos cuenta del tiradero y gastadero de recursos, casi 25 mil millones de pesos, en sólo cuatro entidades. Ríos Piter tiene muy claro lo que ha causado indignación y malestar en la gente. Es momento de comenzar a tomar con seriedad el 2018”.

ONG acusa al Partido Verde de apoyar fuerzas paramilitares en cinco municipios de Chiapas

viernes, enero 1st, 2016

Activistas de derechos humanos denuncian el vínculo entre el Partido Verde Ecologista de México y grupos paramilitares de Chiapas. Una problemática que agrava la falta de institucionalidad en el estado, aseguran.

Paz y Justicia ha sido señalada por familiares como responsable de la masacre de Acteal. Foto: Cuartoscuro

Paz y Justicia ha sido señalada por familiares como responsable de la masacre de Acteal. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que el partido Verde Ecologista de México (PVEM) está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en los municipios de Tila y Sabanilla en el norte de Chiapas.

“Nosotros que hemos trabajado la zona desde hace muchísimos años conocemos perfectamente la presencia de este grupo de Paz y Justicia, y su vínculo que tienen con los partidos políticos, sobre todo en este momento con el Partido Verde Ecologista”, dijo Jorge Luis Hernández, coordinador del área de incidencia en la organización.

El partido ganó ambos municipios en las elecciones de junio en coalición con Nueva Alianza. Esta acusación respaldaría la también hecha por parte de ejidatarios de Tila, quienes el 26 de diciembre, acusaron al apoderado legal del ayuntamiento de Tila, Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez de amedrentar a los locales a través del grupo paramilitar Paz y Justicia.

“Digamos que desde la última elección que fue en julio, en donde el Partido Verde Ecologista hace una elección de estado [en referencia al respaldo del Gobierno estatal a los candidatos del PVEM], y se da una situación de violencia y de temor, obligando a la gente a votar por este partido. Pues los ejidatarios en realidad se molestaron mucho”, dijo Hernández.

El centro refirió que desde entonces el cargo de la Presidencia Municipal no se ha podido ejercer desde las oficinas del Ayuntamiento en la cabecera municipal, sino de manera itinerante.

Lo que también obedece, de acuerdo con Hernández, a la disputa que mantienen los ejidatarios de Tila para que las autoridades les devuelvan 130 hectáreas, que de acuerdo con una resolución presidencial de 1934 les pertenecen, y de las cuales la cabecera municipal ocupa 52 hectáreas.

Los ejidatarios, que toman decisiones bajo un gobierno comunitario de asambleas, llevan esperando cinco años la resolución de un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impidió una resolución de un tribunal agrario en el 2008, el cual había fallado a favor de devolver las tierras a los ejidatarios.

Además del apoderado legal del ayuntamiento de Tila, en el comunicado del 26 de diciembre, los ejidatarios señalaron de tener vínculos con los grupos paramilitares a cuatro personas más, de la zona baja de Tila, identificadas como: Mateo Rey, de la comunidad de Cruz Palenque, a Mateo Guzmán, de Agua Fría, a “don Pascual” de el Lima.

“El grupo Paz y Justicia nunca fue desmantelado como tal. Desde la década de los 90 hasta el 2000 fue cuando realizaron sus acciones mucho más ofensivas. Pero a partir de ahí la estructura como tal nunca fue desarmada, ni desmantelada”, detalló Hernández.

Además, descartó que la presencia de este grupo paramilitar se tratase de uno distinto a Paz y Justicia “porque el control territorial lo mantienen ellos, y está bastante focalizado en la zona norte de Chiapas”.

Un informe del Frayba titulado “La paramilitarización en la Zona Norte de Chiapas. El desarrollo de Paz y Justicia, de acuerdo a Paz y Justicia“ del 2004 refirió que dicho grupo paramilitar surgió en 1995 a raíz de la necesidad del Gobierno federal a través del Ejército mexicano de llevar acabo ”estrategias de Guerra Irregular [sic] para lo cual fue necesaria la creación de grupos paramilitares”.

Con especial presencia en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua, para mantener una guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

CAUSAS DE PERMANENCIA

Ejidatarios de Tila protestaron hace tres años por que se les devuelvan sus tierras. Foto: Cuartoscuro

Ejidatarios de Tila protestaron hace tres años por que se les devuelvan sus tierras. Foto: Cuartoscuro

Por su parte el especialista en seguridad, Pablo Monzalvo, refirió que el fenómeno de los grupos paramilitares en la actualidad no está relacionado con la pérdida de protagonismo político del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Esto está relacionado con la debilidad del Estado local, y nada tiene que ver con el EZLN, que es una quimera política social, que efectivamente en los tiempos de Salinas tuvo una preponderancia”.

“Sin embargo, la pobreza y la ignorancia siguen siendo un caldo de cultivo, de los grupos del poder fáctico. Y no sólo en Chiapas sino en Guerrero, y otros, donde vemos que la gente toma la justicia por su mano”, agregó.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) del 2014, en Chiapas el 76 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, de las cuales el 44.4 por ciento se ubica en “moderada” y el 32.2 por ciento en “extrema”.

Además, los datos oficiales reflejan que el 30.7 por ciento de la población padece de rezago educativo, el 82.8 por ciento seguridad social y el 78.7 por ciento vive con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Monzalvo refirió que estos grupos también han surgido en otros estados como Guerrero y Michoacán, donde el Estado es débil y la corrupción hace que las autoridades se confabulen con las fuerzas fácticas.

“Ese es un error jurídico no se puede establecer una diferencia [entre paramilitar y autodefensa]. Y desde el punto de vista social, tampoco, porque los paramilitares siguen una tendencia policiaca. Son grupos que están al margen del derecho”, explicó.

No obstante, diversos líderes de opinión han advertido de las repercusiones que ambos representan.

“El fenómeno de autodefensas es el inicio del paramilitarismo. Así empezaron en Colombia los grupos de civiles en 1990, para defenderse de la guerrilla de las FARC. Los pobladores fueron armados por ganaderos, empresarios, políticos, militares […]. Se convirtió en una organización paramilitar, responsable de miles de asesinatos de civiles y campesinos”, opinó en una columna publicada en SinEmbargo en el 2013, Sanjuana Martínez.

PARAMILITARES DE RETORNO

La estrategia de reclutar a los indígenas jóvenes fue con la finalidad de “justificar” que el caso Acteal era para ir contra insurgentes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Frayba denunció que el retorno de paramilitares exculpados ha hecho que la problemática resurja en el área. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Otra de las razones, de acuerdo con el Frayba, para que aumente la presencia de paramilitares en el norte de Chiapas es el retorno de algunos miembros de Paz y Justicia después de que la SCJN se abstuviera de castigar a los responsables de la masacre de Acteal, municipio chiapaneco de Chenalhó.

El 22 de diciembre se cumplieron 18 años de la masacre de 45 indígenas –nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños – en Acteal. Sin embargo, a la fecha las autoridades federales niegan haber tenido algún vínculo con los paramilitares de la zona que los familiares acusan de estar involucrados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a todos las personas involucradas, además de eliminar la sentencia que tenían. En 2009 el máximo tribunal liberó a 20. Y luego, con el pasó de los años todos los demás.

En 2013 los 86 acusados por la matanza habían sido liberados porque la SCJN determinó que no se cumplió el debido proceso, no había pruebas en su contra, además que hubo con inconsistencias en las acusaciones.

“La sociedad civil de Las Abejas aclaramos que los paramilitares se están reactivando porque los que fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen en las comunidades de Chenalhó. En especial el ex Presidente municipal Jacinto Arias Cruz, de la colonia Puebla que ya se encuentra libre y todavía organiza a sus cómplices”, dijeron hace 10 días.

El Frayba advirtió que el papel de la SCJN afectó la seguridad de la percepción de seguridad que tiene la gente en la zona norte de Chiapas,

“Los que estuvieron en otras regiones de Chiapas, en la selva, en realidad tampoco fueron desmantelados porque estaban muy vinculados con los partidos políticos que gobernaban ahí, que era el PRI, ahora se han mimetizado hacia el Verde. En ese sentido yo creo que al menos en los altos del Chiapas tiene que ver con aquellos que Suprema Corte de Justicia liberó. En especial en el municipio de Chenalhó [donde se registró la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997]”.

Un Tribunal de Conciencia en EU culpa al Estado mexicano de “crímenes de lesa humanidad”

martes, diciembre 22nd, 2015

Durante el juicio público, el Tribunal –compuesto por académicos y activistas– expuso casos como la masacre de Acteal, ocurrida en Chiapas el 22 de diciembre de 1997; la masacre de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron encontradas fosas con decenas de cuerpos de migrantes, así como los distintos casos de violencia de género y feminicidios y la desaparición de los 43 normalistas.

La desaparición de los normalistas fue uno de los casos por los que México fue juzgado. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.

La desaparición de los normalistas fue uno de los casos por los que México fue juzgado. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.

Ciudad de México, 22 de diciembre (SinEmbargo).– Un jurado internacional conformado en Nueva York por académicos y defensores de derechos humanos encontró que el Estado mexicano es culpable de crímenes contra la humanidad; de una guerra de exterminio contra los migrantes; de violar sistemáticamente los derechos económicos, sociales y culturales de su población; de un patrón generalizado de terror estatal y ataques a la seguridad pública, del mal uso de sus recursos públicos, de omisiones en materia de violencia de género y de complicidad trasnacional.

El pasado 26 de septiembre de 2015, en el marco del primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se conformó en la Ciudad de Nueva York el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento. El jurado lo integraron 19 catedráticos, expertos y defensores de derechos humanos, entre ellos Jorge Bustamante, ex Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Migrantes y Cruz Reynoso, ex Magistrado adjunto del Tribunal Supremo de California.

Los integrantes del jurado escucharon los testimonios sobre graves violaciones de los derechos humanos en México, y en contra de los mexicanos y otros latinos en los Estados Unidos. En el Tribunal se expuso la masacre de Acteal, ocurrida en Chiapas el 22 de diciembre de 1997; la masacre de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, donde fueron encontradas fosas con decenas de cuerpos de migrantes centroamericanos; la muerte de la menor ecuatoriana Noemí; los distintos casos de violencia de género y feminicidios en el país, así como el caso Iguala.

PROMO-ACTEAL

Los testigos fueron voceros de las organizaciones de derechos de los inmigrantes, como el Movimiento por Justicia del Barrio, la Asamblea Popular de Familias Migrantes. También habló el sacerdote Alejandro Solalinde, director fundador del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino” en Ixtepec, Oaxaca, quien testificó sobre la corrupción y los abusos de las autoridades mexicanas.

Los testigos también incluyeron a representantes de grupos de derechos humanos con sede en Chiapas y Oaxaca, y otros de la región de la frontera entre Estados Unidos y México en Las Cruces, El Paso y Ciudad Juárez.

En su veredicto, el cual se dio a conocer de manera preliminar en un documento, el jurado encontró que el Estado mexicano es culpable de crímenes contra la humanidad por casos de desaparición forzada como es el caso de los normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“La evidencia presentada al jurado establece claramente la presencia de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) en las escenas del crimen, su participación activa en los crímenes, la acción coordinada, y el fracaso/ rechazo para prevenir estos crímenes a pesar de distintas oportunidades para hacerlo”, dice el veredicto con respecto al caso Iguala.

Destaca la necesidad de “una investigación creíble, completa e independiente sobre el papel de las fuerzas armadas en la comisión de los delitos, y el papel de la Procuraduría General de la República en comprometer la investigación y encubrir evidencia crítica”.

El veredicto menciona, además, que se tiene constancia, mediante testimonios, de “la persecución sistemática, la deportación, el encarcelamiento y la violencia sexual contra los migrantes”.

El jurado dijo que en lo referente a “la guerra de exterminio contra los migrantes”, de la que acusa al Estado mexicano, halló “indicios de posible genocidio social contra los migrantes como grupo objetivo”, con base a los testimonios detallados sobre la masacre de los 72 migrantes en San Fernando y las fosas comunes que contienen cerca de doscientos cuerpos, “donde quedó demostrada la participación del gobierno en estos crímenes”.

“También [la acusación] se basa en abusos, como extorsión, violación, tortura y la falta de protección de, principalmente, pero no exclusivamente, los migrantes centroamericanos en su tránsito por México. También tomamos nota de la violación de los derechos sociales, económicos y culturales básicos en sus países de origen, que fallan sistemáticamente para proporcionar una vida decente y derechos básicos a las comunidades, en particular a las poblaciones indígenas y campesinas”, dice el veredicto.

El veredicto dice que el Gobierno de Estados Unidos es el responsable de promover la guerra contra las drogas dentro de sus propias fronteras, y en México a través de la Iniciativa Mérida con más de 3 mil millones de dólares y el apoyo político incondicional a las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. “La financiación apoya la militarización, un factor importante en muchos de los casos que revisamos”, dice el documento.

Los testigos presentaron ante el Tribunal de Conciencia “pruebas convincentes” de que en México el Instituto Nacional de Migración (INM) es cómplice de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, incluyendo el secuestro, la extorsión, el abuso sexual y la violación, detención arbitraria, y homicidio”.

“Funcionarios del INM coludidos con el crimen organizado facilitan o permiten que individuos u organizaciones criminales tengan acceso a los migrantes para sus propios fines ilícitos. […] Las organizaciones criminales se dedican sistemáticamente a secuestrar, extorsionar, a la trata de personas, la prostitución forzada, la esclavitud, el asesinato e incluso al tráfico de órganos en el mercado negro”, dice el documento.

El veredicto menciona además que se tiene constancia, mediante testimonios, de "la persecución sistemática, la deportación, el encarcelamiento y la violencia sexual contra los migrantes". Foto: Cuartoscuro.

El veredicto menciona además que se tiene constancia, mediante testimonios, de “la persecución sistemática, la deportación, el encarcelamiento y la violencia sexual contra los migrantes”. Foto: Cuartoscuro.

El padre Alejandro Solalinde dijo ante el jurado que los migrantes son tratados como mercancía en México. Mencionó que funcionarios estatales, y otros actores que no operan bajo el manto de la Ley, participan en el uso de personas como “mercancías desechables, con precios que ponen sus vidas y cuerpos con poca consideración a su humanidad o la de sus familias”.

El jurado también halló al Estado mexicano culpable de la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales de su población.

“Encontramos que la pobreza y la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria, la falta de servicios básicos, el desempleo y el subempleo, y la escasez de vivienda son resultado de la desigualdad inherente en el modelo económico neoliberal, que entró a México desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, dice el veredicto.

“Estamos de acuerdo con otros expertos que el fracaso del Estado para garantizar estos derechos humanos básicos es una grave violación que también deben ser caracterizada como un crimen contra la humanidad. La pobreza implica la violación individual y colectiva del derecho a la libre determinación, y una violación de los derechos sociales, económicos y culturales, incluido el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda digna y el derecho fundamental a la vida, todos los cuales son reconocidos formalmente en la Constitución de México”, dice el documento.

El Tribunal de Conciencia también encontró que el Estado mexicano es culpable de realizar “un patrón generalizado de terror estatal y de ataques a la seguridad pública”. Menciona que el Gobierno de México está acusado de este patrón entendido como la complicidad del Estado con la delincuencia organizada en actos de violencia en contra de distintos sectores poblacionales. “Esta acusación se apoya en el testimonio creíble, sobre todo en los casos de Ayotzinapa, San Fernando y las masacres de Acteal”.

Indicó que también es responsable del mal uso de los recursos públicos. “Estamos de acuerdo con las conclusiones del Tribunal (Capítulo México) Permanente de los Pueblos que el Estado mexicano es culpable de un masivo ‘desvió de poder’ para servir a los sectores de élite y aliados transnacionales en lugar de atender las necesidades básicas y garantizar los derechos básicos de su población.

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Recomendaciones a México

“Esta violación del pacto social se caracteriza por el fortalecimiento del aparato y las acciones represivas contra la población, mientras que, de manera simultánea, las instituciones se debilitan para proteger y cumplir los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales de las personas”, dice el texto.

El jurado dijo que hay constancia de omisiones del Gobierno de México en materia de violencia de género, en especial contra las mujeres y niñas. “El Gobierno de México está acusado de no investigar y procesar a la gran mayoría de los feminicidios en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, donde se han encontrado cientos de cuerpos de mujeres con evidencia de violación y  tortura, mientras el feminicidio en el resto del país se ha disparado desde que comenzó la guerra contra las drogas”, dice el veredicto.

Finalmente se menciona que el Estado es responsable de “complicidad transnacional” debido a la desigualdad que se ha intensificado en gran medida en las economías más pobres de México y otros países centroamericanos bajo el TLCAN y el CAFTA.

“Una consecuencia directa de estas condiciones económicas es la migración forzada de personas procedentes de América Central y México hacia el norte por una cuestión de supervivencia. La hostilidad a la migración abiertamente declarada por las políticas y los políticos estadounidenses no se refleja por los empleadores estadounidenses que buscan mano de obra migrante como una fuente de mano de obra barata y explotable”, menciona el texto.

Dice que la imposición del modelo económico es una causa directa de graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo el desplazamiento forzado, la criminalización y la consiguiente vulnerabilidad de los migrantes que los hace presa de la violencia, la extorsión, el reclutamiento forzoso y la trata de personas, así como la prostitución forzada. “Esto refleja patrones de complicidad transnacional entre los gobiernos y las élites económicas en contra de los derechos e intereses de las personas”, dice el veredicto.

Familias de Acteal acusan que, a 18 años, el Estado olvida la justicia, pero busca comprarlos

lunes, diciembre 21st, 2015

La masacre de Acteal cumple 18 años y no hay un solo culpable tras las rejas. Sobrevivientes y familiares de víctimas afirman que el Gobierno mexicano desea comprarlos con una “solución amistosa”; ellos insisten en conocer la verdad, que les brinden justicia y que les garanticen la no repetición de hechos como este.

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Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– A 18 años de distancia, el Estado mexicano sigue negando su participación en la masacre de Acteal en Chiapas, mientras que los sobrevivientes y familiares de las víctimas, todos ellos de origen tzotzil, aseguran que si el Gobierno federal hubiese brindado justicia en 1997 y garantizado la no repetición, otras violaciones a derechos humanos, como las documentadas en el caso Ayotzinapa, se hubieran evitado.

En la última comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevada a cabo el pasado 20 de octubre, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que el asesinato de 45 indígenas –nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños (uno no había cumplido el año)– en Acteal, municipio chiapaneco de Chenalhó, se trató de un conflicto intracomunitario. Y concluyó con una “solución amistosa” que consistía en indemnizar a las familias de las víctimas.

Además argumentó que la propia Comisión Interamericana, en su informe de 1998, reconoció que no contaba con evidencia que relacionara directamente a cuerpos paramilitares con el Estado, sino que dijo que se trató de grupos de civiles armados que tuvieron conflictos relacionados con tierras y entre comunidades.

Durante esa audiencia realizada en Washington, Estados Unidos, Roberto Campa Cifrían, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó la implicación gubernamental en la masacre, aunque reconoció que “el Estado fue incapaz de prevenir estos hechos y de responder adecuadamente después de ellos”.

Por su parte, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, “Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal”, rechazaron la propuesta de forma inmediata y exigieron verdad y justicia al caso.

“La sangre de nuestros hermanos la quieren cambiar por apoyos, lo quiere olvidar, lo quiere cambiar”, dijo Diego Pérez Jiménez, uno de los representantes de los sobrevivientes.

“La masacre de Acteal es un crimen de Estado, porque el Gobierno bien pudo detener y evitar la masacre y evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias”, expresaron integrantes de Las Abejas.

Por su parte la CIDH cuestionó tanto a Campa como a Ruiz sobre “en qué se basó la Procuraduría General de la República (PGR) para concluir que la masacre de Acteal no fue perpetrada por paramilitares. Si el Estado dijo que no se preservó el lugar de la masacre de Acteal, entonces cómo pueden sacar conclusiones confiables”.

En el informe de la CIDH 146/10, los inconformes testificaron lo siguiente: “El 22 de diciembre de 1997, en el campamento de desplazados en Acteal, municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, 45 indígenas tzotziles (cuatro de ellos mujeres embarazadas y 18 niños y niñas) fueron ejecutados por fuerzas paramilitares que habrían actuado con la aquiescencia de las autoridades mexicanas, en aplicación de una política estatal de lucha contra la insurgencia. En la oportunidad, también habrían resultado heridas 26 personas”.

“Desde el 18 de diciembre de 1997, el grupo paramilitar que actuaba en la zona habría realizado reuniones para acordar un ataque contra personas que habrían sido identificadas como presuntos seguidores del EZLN [Ejército Zapatista de Liberación Nacional] que habitaban en la zona y contra los miembros de la Sociedad de Las Abejas”, denunciaron los hombres que pidieron a la Comisión intervenir.

SIN CULPABLES

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A pesar que el caso sigue adelante en el organismo internacional, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a todos las personas involucradas, además de eliminar la sentencia que tenían. En 2009 el máximo tribunal liberó a 20. Y luego, con el pasó de los años todos los demás.

En 2013 los 86 acusados por la matanza habían sido liberados porque la SCJN determinó que no se cumplió el debido proceso, no había pruebas en su contra, además que hubo con inconsistencias en las acusaciones.

“La sociedad civil de Las Abejas aclaramos que los paramilitares se están reactivando porque los que fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen en las comunidades de Chenalhó. En especial el ex Presidente municipal Jacinto Arias Cruz, de la colonia Puebla que ya se encuentra libre y todavía organiza a sus cómplices”, fue la postura de los familiares.

En 2006, el Gobierno federal a cargo del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, creó la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal, la cual responsabilizó por primera vez al ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, su antecesor.

En un informe de 126 páginas se argumentó que que tanto Zedillo como su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz y el ex Procurador Jorge Madrazo Cuéllar fueron responsables de los homicidios.

En septiembre de 2009, abogados de los familiares de 10 víctimas presentaron en la Corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos, una demanda cuya base fue el informe de la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal. Sin embargo, Felipe Calderón envió una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos argumentando que la “corte estaría decidiendo sobre acciones soberanas del Gobierno de México”.

En septiembre de 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos accedió a la petición del Gobierno mexicano y le otorgó inmunidad al ex mandatario Zedillo. Un juez desestimó la demanda frente a la inmunidad del ex Presidente. Los demandantes se acogieron a la figura del amparo; pero en febrero de 2014, una corte federal rechazó la apelación. El argumento fue que Zedillo, como ex Jefe de Estado, es inmune.

Por otra parte, en cuando a la transparencia del caso, a la fecha el expediente siguen clasificados. La muerte de los 45 indígenas sigue siendo un misterio y ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ni el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAI) detallan la masacre.

En agosto de 2014, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) -hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)- ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores entregar la versión pública del documento que remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso de la masacre de Acteal.

El IFAI resolvió que si bien los documentos refieren los hechos acontecidos, se trata en sí de las consideraciones planteadas por la SRE, para argumentar que las actuaciones de la justicia nacional no son susceptibles de ser revisadas por la CIDH.

Por otra parte, se advirtió que en el rubro que se identificó como “Consideraciones y estrategias del Estado Mexicano”, se contienen los elementos argumentativos e información aportada por la Cancillería y que actualmente valora la CIDH y cuya difusión puede afectar el desarrollo del procedimiento establecido por ese organismo.

Consideró pertinente la clasificación de la información únicamente de los datos relacionados con este apartado, en razón de que su difusión pudiera afectar la impartición de justicia o una posible negociación entre las partes, no obstante, el plazo de reserva se redujo a dos años y no de 12, como lo planteó la SRE.

También se determinó que debe resguardarse la confidencialidad de los datos personales de las víctimas –estado civil, dirección, ideología u opinión política–, y de las personas involucradas en los procesos penales del caso como el nombre, edad o estado civil.