Posts Tagged ‘paramilitares’

“Ya casi no estudian”. Conflicto armado y COVID-19 pone en riesgo educación de niños indígenas en Chiapas

jueves, septiembre 17th, 2020

Niñas, niños y adolescentes enfrentan problemas para acceder a la educación por los conflictos armados que protagonizan comunidades indígenas en Chenalhó, Chiapas. “Ya tiene más de dos años que ya casi no están estudiando”, lamentó María, una de las mujeres de la zona.

Por Mitzi Mayauel Fuentes Gómez

Aldama (México), 17 sep (EFE).- María Luciana Lunes, de 13 años, aún convalece tras recibir dos balazos de grupos paramilitares en un conflicto armado en el sureste mexicano que, al combinarse con la pandemia, ha dejado sin educación a cientos de niñas y niños indígenas en Chiapas.

María Luciana cuenta con timidez este jueves a Efe que ella y sus siete hermanos pasan el mayor tiempo en el refugio del municipio de Aldama, donde viven bajo el acecho de los paramilitares por los conflictos agrarios con el pueblo de Chenalhó, que tienen sin escuela a menores de edad de primaria y secundaria.

Grupos armados en los límites de Santa Martha causan un ambiente de terror en 13 comunidades, lo que ha paralizado todas las actividades, incluyendo la educación, explica a Efe Rosas Santiz, representante de los comuneros desplazados de Aldama.

“Está muy difícil porque entraron los de Santa Martha en la comunidad de Tabac a disparar fuertemente, había como dos o tres gentes disparando en la zona conocida Telemach, por eso las personas se están desplazando, se esconden los ancianos y los niños, es solo una lomita la que nos divide”, relata.

Vista de indígenas desplazados de Aldama Foto: Carlos López, EFE.

CONFLICTO Y PANDEMIA

Las agresiones en Aldama se agudizan desde hace cuatro años por una disputa de 60 hectáreas con el municipio de Chenalhó.

Y de hecho, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este jueves que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentará este viernes un informe sobre el conflicto de Aldama.

Al conflicto que ya existía ahora se suma la pandemia de COVID-19, que ha dejado cerca de 72 mil muertos y alrededor de 680 mil casos, por lo que las familias prefieren esperar para continuar con la educación de sus hijos.

La mayoría ni siquiera contempla sumarse al programa Aprende en Casa, con el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) imparte educación en radio y televisión desde el 23 de marzo, cuando inició el confinamiento.

“Ya tiene más de dos años que ya casi no están estudiando, no están aprendiendo, pobres niños, ya están grandes sin que sepan leer”, comenta María Jiménez, una de las mujeres de un grupo de madres indígenas con entre cinco y nueve hijos cada una.

Aunque la SEP prometió contenido en 24 idiomas indígenas, las mujeres de habla tzotzil advierten deficiencias en los programas, lo que dificulta que ellas hagan la enseñanza.

“Yo estoy segura de que no van a poder los niños aunque los maestros quieren que le enseñemos a nuestros hijos, que nos dediquemos a ellos pero no podemos, tenemos que buscar trabajo, en nuestro terreno ya no podemos trabajar”, opina Jiménez.

VIOLENCIA Y ESPERANZA

Los conflictos armados han dejado seis personas asesinadas y 21 heridas, incluyendo tres menores de edad, de 2017 a la fecha, según los pobladores.

La rivalidad de Santa Martha, en Chenalhó, y las comunidades de Aldama, data de la década de los 70, aunque por mucho tiempo llegaron a acuerdos.

Los conflictos armados han dejado seis personas asesinadas y 21 heridas, incluyendo tres menores de edad, de 2017 a la fecha, según los pobladores. Foto: Carlos López, EFE.

Sin embargo, el Gobierno creó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) para realizar nuevos planos de los bienes comunales, con los que una porción de tierra que era de Aldama quedó dentro de Santa Martha.

A mediados de 2016 los conflictos se intensificaron en la zona limítrofe, que sigue bajo ataque permanente, al grado de forzar el desplazamiento de familias de las comunidades de Xuxch’en, Coco’, Tabak, San Pedro Cotzilnam, Sepelton, Yoc Tontik, Yeton, Ch’ivit, Stzelejpotobtik, Juxton y Ch’ayomte’.

La violencia de estas confrontaciones se ha combinado con el riesgo de la pandemia.

Esto ha dejado en la incertidumbre a jóvenes como Eduardo Galdino Pérez, quien cursa el tercer semestre del Colegio de Bachilleres (Cobach).

Eduardo ahora solo se dedica a tejer junto a sus dos hermanos para sostener la economía familiar.

El adolescente indica a Efe que pasa los días sin dejar de tejer, con la esperanza de que la enfermedad del nuevo coronavirus y las balas cesen.

Pero ahora solo quisiera salir con seguridad de la comunidad para vender sus textiles.

Paramilitares disparan contra una adolescente desplazada de comunidad en Aldama, Chiapas

sábado, julio 18th, 2020

La disputa que llevó al desplazamiento forzado de los 2036 indígenas de Aldama es por 60 hectáreas de tierra que demandan para si los grupos de civiles armados que se ubican en el municipio de Chenalhó.

Por Ángeles Mariscal

Aldama, Chiapas, 18 de julio (ChiapasParalelo).- En medio de una situación de hambruna por las condiciones de desplazamiento forzado y agresiones en las que viven 2036 indígenas de Aldama, la niña María Luciana Luna Pérez, de 13 años de edad, recibió dos disparos de arma de fuego, cuando se encontraba bordando en el patio de una vivienda del poblado Cocó, una de las 11 localidades que viven bajo el asedio de grupos de civiles armados.

El reporte del hospital de Aldama señala que María Luciana recibió dos impactos de bala, uno por el ojo y el otro en el pecho. Los disparos provinieron del poblado de «Nech’en» Santa Martha Chenalhó, y fueron dirigidos en dirección a la comunidad de Cocó Aldama.

De acuerdo a testimonios que recogió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, esta madrugada, desde las 00:40 horas, se intensificaron los ataques por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó a comunidades del Pueblo Maya Totsil de Aldama: Tabak, San Pedro Pedro Cotsilnam y Koko’. Hasta las 14:00 horas persistían los disparos con armas de alto calibre.

Mapa de las agresiones. Foto: Chiapas Paralelo.

Apenas el pasado martes, los indígenas desplazados de Aldama denunciaron que hasta ese día, habían contabilizado 98 agresiones armadas que en los tres meses recientes, han recibido por parte de personas que les disparan desde las montañas colindantes a sus localidades.

Martin Sántiz Sántiz denunció que llevan esa bitácora para hacer el reporte que entrega a la Fiscalía de justicia de Chiapas. Detalló que, desde el inicio de la pandemia, disminuyó el patrullaje que en la zona realizan policías y militares. Ahora solo una vez a la semana recorren el camino principal de la zona, “se dan una vuelta por la carretera, miran de donde vienen los disparos, y se van. Lo que nos dicen es: ustedes guarden silencio, no caigan en provocación”.

La disputa que llevó al desplazamiento forzado de los 2036 indígenas de Aldama es por 60 hectáreas de tierra que demandan para si los grupos de civiles armados que se ubican en el municipio de Chenalhó.

La situación de violencia y despojo del territorio data de hace siete años. Sin embargo, en 2019 se agudizó, y en los meses que lleva la pandemia, las agresiones con disparos se dan todos los días.

Ello ha ocasionado que los indígenas ya no puedan llegar a sus campos de siembra, por lo que están pasando por una situación de insuficiencia alimentaria.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CHIAPASPARALELO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Venezuela inicia la búsqueda de supuestos grupos irregulares luego de frustrado intento de invasión por mar

lunes, mayo 4th, 2020

Este lunes se activó la búsqueda de supuestos grupos irregulares que intentaron invadir Venezuela por mar; el Gobierno de Nicolás Maduro denunció a Estados Unidos y Colombia por “nueva agresión mercenaria y terrorista”.

Caracas, Venezuela, 4 de mayo (AP).- Las fuerzas militares venezolanas activaron el lunes la búsqueda de supuestos grupos irregulares luego de que el Gobierno denunció un frustrado intento de invasión por mar del que responsabilizó a Estados Unidos y Colombia.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de las fuerzas armadas, almirante en jefe Remigio Ceballos, anunció que más de 25 mil militares ejecutarán “operaciones de escudriñamiento” en todo el país para buscar “posibles amenazas” y garantizar que el territorio quede libre de “mercenarios y paramilitares”.

Las operaciones especiales se dan un día después de que las autoridades anunciaron que habían frustrado un intento de invasión en la localidad costera de Macuto, unos 30 kilómetros al norte de la capital venezolana, en el que perecieron varias personas y otras fueron detenidas.

Venezuela responsabilizó el lunes a Estados Unidos y Colombia de los incidentes y dijo en un comunicado que la “nueva agresión mercenaria y terrorista” fue “organizada” en territorio colombiano y “planificada por agentes de los Estados Unidos”.

“Venezuela responsabiliza a los gobiernos de Donald Trump e Iván Duque por las imprevisibles y peligrosas consecuencias de esta ola de provocaciones y agresiones mercenarias”, señaló el escrito del Gobierno venezolano en el que se alertó al secretario general de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad sobre el uso de “mercenarios”.

Colombia rechazó la víspera las acusaciones y dijo que el supuesto incidente fue un intento “por desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela”.

El mandatario Nicolás Maduro ha denunciado durante sus siete años de Gobierno varios complots en los que ha implicado a Washington y Bogotá.

El Ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, expresó a la televisora estatal que un “grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia” pretendió realizar una “invasión por vía marítima” que fue enfrentada por militares y policías, lo que dejó algunos fallecidos y otros detenidos, pero no ofreció más detalles.

Pero el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, informó que al menos ocho personas murieron en el incidente y que uno de ellos era un oficial desertor de las fuerzas armadas al que identificó con el alias de “Pantera”.

Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del oficialismo luego de Maduro, sostuvo que entre los detenidos estaba un “narcotraficante que admitió que era un supuesto agente de la DEA” y que las autoridades incautaron un lote de armas de alto calibre, teléfonos satelitales, uniformes, otros equipos y documentos.

Las fuerzas de seguridad abandonan una instalación en el área del balneario de Macuto en La Guaira, Venezuela, el domingo 3 de mayo de 2020. Venezuela aseguró el domingo haber frustrado un intento de invasión marítima por parte de hombres armados procedentes de Colombia. Foto: Matías Delacroix, AP

La denuncia fue desestimada por el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien dijo en un mensaje de su cuenta de Twitter que las autoridades “buscan confundir y sembrar evidencias” mientras “ignoran” un motín en el que perecieron al menos 46 reclusos y los enfrentamientos armados entre bandas en una barriada del este de la capital.

Cabello vinculó al hecho al mayor general retirado Cliver Alcalá, un excolaborador militar del oficialismo que se entregó en marzo en Colombia a las autoridades estadounidenses poco después que fuera acusado por Washington de narcoterrorismo junto con Maduro, Cabello y otras 12 personas.

Alcalá Cordones, quien vivía desde hace un par de años en Colombia, dijo en marzo que había coordinado el traslado de un lote de armas hacia Venezuela, que fueron incautadas por las autoridades colombianas, y que el contrato de adquisición del armamento fue suscrito por Guaidó y asesores estadounidenses.

A raíz de la denuncia de Alcalá Cordones la Fiscalía General abrió una investigación a Guaidó, quien ha sido reconocido como Presidente interino de Venezuela por casi 60 países, por supuesto golpe de Estado y lo citó para que compareciera. Pero el dirigente no concurrió a la citación.

The Associated Press informó el viernes sobre un aparentemente mal financiado intento por conformar una fuerza de invasión de 300 hombres en Colombia. La operación sufrió un revés con el arresto de Alcalá Cordones, uno de sus principales organizadores, y el decomiso de armas y la huida de algunos de los participantes.

El exboina verde Jordan Goudreau dijo en un vídeo publicado la víspera en Twitter desde un lugar no revelado que habían ingresado a Venezuela desde otros puntos y estaban “en el interior de Caracas”. No se atribuyó la supuesta invasión a la playa de Macuto pero dijo que “nuestras unidades han sido activadas”.

El capitán retirado de la Guardia Nacional de Venezuela, Javier Nieto Quintero, apareció en el vídeo con Goudreau instando a los miembros de las fuerzas armadas a ayudar a liberar a la nación.

Venezuela se encuentra en medio de una compleja crisis económica y social que amenaza con agravarse con la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado hasta la fecha 10 fallecidos y 347 contagiados.

https://twitter.com/GuerreroCuba/status/1257110859526082560

Los criminales que salen en las FOTOS con Guaidó controlan todo: droga, migrantes, combustible…

viernes, septiembre 20th, 2019

Las imágenes donde aparece Juan Guaidó, presidente del Parlamento y reconocido como Presidente interino de Venezuela, junto a jefes de una banda paramilitar, fueron difundidas a través de la cuenta de Twitter de Wilfredo Cañizares, presidente de la Fundación Progresar, una organización dedicada a registrar la acción de los grupos irregulares colombianos en Norte de Santander.

Ciudad de México, 20 de septiembre (InSightCrime).- Las polémicas fotos del máximo líder de la oposición de Venezuela junto a los jefes de una banda paramilitar de Colombia confirman que el control que ejercen los grupos criminales en los pasos fronterizos no discrimina. Todo el que intente pasar de un país al otro debe negociar para recibir la bendición de estas organizaciones.

El jueves 12 de septiembre fueron publicadas dos fotografías en las que aparece Juan Guaidó, presidente del Parlamento y reconocido como Presidente interino de Venezuela por más de 50 países, junto a dos líderes de la banda criminal Los Rastrojos —una derivación de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— en la población venezolana de Guarumito, en el municipio Ayacucho del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

Se observa a Guaidó posando en compañía de Albeiro Lobo Quintero, alias “Brother”, y su lugarteniente Jhon Jairo Durán Contreras, alias “El Menor”, quienes para el momento de las fotografías lideraban el grupo criminal dedicado al narcotráfico y el contrabando.

Las imágenes fueron difundidas a través de la cuenta de Twitter de Wilfredo Cañizares, presidente de la Fundación Progresar, una organización dedicada a registrar la acción de los grupos irregulares colombianos en Norte de Santander. Se presume que las fotos fueron tomadas en uno de los pasos fronterizos ilegales, conocidos como trochas, que conecta ambos territorios.

Sin embargo, las imágenes no son nuevas, corresponden al pasado 23 de febrero de 2019, cuando Guaidó retó una orden de prohibición de salida del país emitida por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. El líder de la oposición de Venezuela cruzó al lado colombiano para acudir a un concierto organizado para recolectar fondos para los venezolanos —víctimas de una emergencia humanitaria compleja— y encabezar el fallido ingreso de ayuda humanitaria a su país.

Cañizares aseguró que su organización tuvo conocimiento de que “Los Rastrojos estaban manejando un corredor para el traslado de Juan Guaidó, donde participaron alias El Menor y alias el Brother. Tenemos los testimonios, armaron un operativo donde obligaron a la comunidad por donde pasó Guaidó. Estaban mandando a la gente a dormir y prohibían el paso de motocicletas en Cúcuta y Norte de Santander”.

Carlo Vecchio, Embajador de Venezuela ante Estados Unidos designado por Guaidó, negó cualquier relación de su jefe con el grupo criminal. “Yo tuve la oportunidad de ver al Presidente Guaidó en Colombia cuando se celebró la cumbre de Lima y nada de eso me lo mencionó. Más bien me dijo que fue muy riesgoso (el paso a Colombia) y que no fue fácil cruzar la frontera. En lo que conversamos sobre su salida en ningún momento me dijo que tuviera ayuda [de esos] grupos irregulares, entonces no creo que esa versión sea ajustada con la realidad”, dijo a El Espectador. “No existe ninguna vinculación del gobierno interino de Juan Guaidó con ningún grupo paramilitar, guerrillero”, aseguró.

Por su parte, el líder de la oposición no negó la veracidad de las fotos y se limitó a decir: “No pedimos antecedentes para tomar una foto”.

ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME

Aunque la existencia de unas fotos no es suficiente para afirmar que hay una relación entre Guaidó y el grupo paramilitar Los Rastrojos, lo que sí parece claro es que el líder político y su equipo recurrieron a los “servicios” o se sometieron a las normas de una de las muchas organizaciones criminales que controlan los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia.

La razón es simple: buena parte del municipio Ayacucho en Táchira, y en particular las trochas que conectan a Guarumito con Colombia, son controladas por Los Rastrojos. Todo lo que cruza la frontera (mercancías de contrabando o personas) por esa localidad de Venezuela debe ser previamente autorizado por el grupo criminal.

Para garantizar el paso por esa zona, las redes del grupo criminal han establecido alianzas con los jefes militares del gobierno de Maduro ubicados en los cuatro puntos de control que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la autopista La Fría-San Félix, que conduce al paso fronterizo.

Corresponsales de InSight Crime en el lugar constataron que en la entrada del sector Mata de Curo (en el camino a la frontera) existe un punto de control del Ejército venezolano. Más adelante hay otro punto del Ejército y de la policía de Táchira, luego una base de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) —organización que ha sido vinculada con Los Rastrojos en actividades criminales—, y más adelante un batallón del Ejército. Esta es además una de las zonas más utilizadas para el contrabando de combustible desde Venezuela.

Además, la zona es vigilada por civiles que recorren la autopista en motos; a estos se les conoce como “Los moscos”, y su función consiste en alertar al grupo criminal sobre la presencia de vehículos sospechosos o desconocidos para garantizar que la mercancía que va a transitar, bien sea de contrabando o de narcotráfico, pueda movilizarse sin contratiempos.

“A través de WhatsApp, Los Rastrojos acuerdan los pagos con los jefes militares de los puntos de control para que permitan el paso de la mercancía o personas. Ellos controlan los pasos ilegales tanto del lado colombiano como del venezolano”, explicó a InSight Crime un funcionario policial de la localidad, que pidió no revelar su identidad.

Los Rastrojos se movilizan libremente por la zona en grandes camionetas —que son conocidas por las autoridades locales—, y en los puntos de control no son detenidos en ningún momento.

En algunas de las trochas, los pobladores de Guarumito pagan mensualidades para pasar con motos y vehículos sobre estructuras de madera sobre el río, que son administradas por el grupo paramilitar.

Del lado colombiano, Puerto Santander ha estado desde hace tiempo bajo el control de Los Rastrojos. Recientemente estos se unieron a una facción narcotraficante del Ejército Popular de Liberación (EPL) asentada allí, y dominan casi 20 kilómetros de esta zona limítrofe con Venezuela, entre el corregimiento de Guaramito hasta la vereda de Vigilancia.

Su presencia responde a la dinámica criminal en esta zona, que gira alrededor del procesamiento de droga. En Puerto Santander, se tiene información de al menos tres laboratorios en donde se procesa la hoja de coca que llega desde el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

En este contexto, parece casi imposible que el paso de Juan Guaidó por la zona no hubiera requerido de la mediación de Los Rastrojos y sus aliados militares (en el caso de Venezuela) a ambos lados de la frontera.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INSIGHTCRIME. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Impunidad y hasta complicidad de autoridades ahondan crisis de desplazados en Chiapas, acusan

lunes, diciembre 11th, 2017

En Chiapas hay grupos paramilitares que, dado que el gobierno estatal no los ha desarmado, operan al margen de la ley con absoluta impunidad, han asegurado centros de derechos humanos locales. A raíz de un conflicto territorial antaño entre Chalchihuitán y Chenalhó que renació en octubre, 5 mil tzotziles vivieron desplazados en las montañas durante casi un mes. El Alcalde de Chalchihuitán reportó que seis personas murieron por hambre y frío.

El miércoles pasado, de acuerdo con el Gobierno estatal, el grupo armado de Chenalhó reabrió la carretera bloqueada que mantenía aislado al municipio rival desde mediados de noviembre, pero al menos mil siguen entre las frías montañas.

“Hay un desastre en el estado de Chiapas, pero hay impunidad y en muchos casos complicidad de las autoridades con grupos que actúan al margen de la ley”, aseguró Federico Ovalle, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, con presencia en la entidad desde 1979.

Tzotziles en Chenalhó, Chiapas. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– Chiapas atraviesa una ola de violencia incluyendo el conflicto territorial entre dos comunidades indígenas que ha mantenido durante un mes a miles de tzotziles desplazados en las montañas, por lo que han muerto seis de hambre y frío. Centros de derechos humanos locales y el pueblo de Chalchihuitán exigen al Gobierno de Manuel Velasco Coello desarmar al grupo paramilitar de Chenalhó que hace más de 20 años participó en la masacre de Acteal y que, dicen, sigue arropado por la Alcaldesa Rosa Pérez Pérez.

“Los conflictos son diversos en la entidad sureña pues van desde los relacionados con la tenencia de la tierra, los religiosos, sociales, entre municipios y entre partidos políticos”, aseguró en entrevista Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), con presencia en la entidad desde 1979. Exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso del asesinato en el último año y medio de seis líderes campesinos de su organización que siguen en la impunidad, ya que han liberado a los culpables.

Dado que en Chiapas “se acostumbra reprimir a los que no se someten al gobierno estatal”, advirtió que el clima de violencia e inseguridad se puede recrudecer en los próximos días ante el interés del Gobernador, Manuel Velasco Coello, de que el presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sea su sucesor en 2018. El legislador del Partido Verde es “una persona indolente que controla ciertos grupos de choque y no goza de buena reputación”. Fue Secretario de Gobierno estatal, pero durante su gestión no resolvió las amenazas y asesinato de uno de los campesinos.

“Hay un desastre en el estado de Chiapas, pero hay impunidad y en muchos casos complicidad de las autoridades con grupos que actúan al margen de la Ley. No hay atención ni respuesta, y no se puede hacer denuncia a través de los medios estatales porque también están controlados”, aseguró Ovalle.

DESPLAZAMIENTO DE UN MES

En octubre, el pánico ante el incendio de viviendas, amenazas y disparos de grupos armados obligó a casi cinco mil indígenas a huir de sus hogares para refugiarse en el bosque montañoso, en el marco de un antaño conflicto de límites territoriales entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán.

El miércoles seis de diciembre los inconformes que mantenían bloqueada la carretera que comunica con el municipio de Chalchihuitán desde el 13 de noviembre decidieron retirarse y entregar la vía a una comisión de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno con lo que se restableció el libre tránsito en la zona, informó el gobierno de Chiapas.

Pero, a días de que entre el invierno, al menos mil indígenas siguen escondidos en chozas improvisadas y fogatas en las montañas entre los que figuran mujeres embarazadas, niños sin clases y adultos mayores. Al menos seis han muerto por hambre y frío, de acuerdo con el Presidente Municipal de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez.

“Siento mucho dolor en mi corazón”, dijo una mujer de Chalchihuitán tras perder sus pertenencias y cosechas. También había enfermos de tos, gripe y fiebre. “Estamos exigiendo al gobierno que nos atienda, que los grupos armados nos liberen los caminos. Que el gobierno nos dé seguridad y que nos garantice el libre tránsito en nuestras comunidades”, declaró Efraín López Gómez, otro de los afectados, a la prensa local.

Aunque el conflicto comenzó desde octubre y se agudizó en noviembre, hasta finales de mes el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó sobre la entrega de víveres, artículos de limpieza personal, cobertores y colchonetas, así como brigadas médicas para la atención oportuna de la población afectada. También se instaló un albergue provisional y la Secretaría de Salud ha otorgado casi dos mil consultas en comunidades de ambos municipios.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reportó que el 17 de octubre hubo un muerto de Chalchihuitán, por lo que llamó al Gobierno de Chiapas a desarmar a los grupos que actúan de manera impune. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, en Chenalhó subsiste el grupo paramilitar que actuó en la masacre de Acteal, pero ahora está más armado y más numeroso.

“El caso es que Chiapas vive una crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos muy grave que ya ha costado vidas y sufrimiento, situación por la que será recordado como Gobernador”, escribió el Centro Ku’untik a Manuel Velasco Coello.

El 29 de noviembre las autoridades municipales, tradicionales y de Bienes Comunales de Chalchihuitán acusaron al gobierno chiapaneco de encubrir a la Alcalde de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a su grupo civil armado. Pérez Pérez estuvo fuera del cargo durante casi un año porque la comunidad la acusó de incumplir sus promesas de campaña.

La organización Serapaz también urgió a que se resuelva este conflicto para que no suceda algo peor que Acteal, la matanza de 45 indígenas –nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños– en ese municipio chiapaneco de Chenalhó, por un conflicto intracomunitario. La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas ha reiterado durante años que la masacre de Acteal es un crimen de Estado, porque el Gobierno pudo detener el conflicto para evitar desplazamientos forzados y robos de pertenencias, justo como sucede ahora.

El Gobierno del Estado llamó a los presidentes municipales de Chalchihuitán y Chenalhó a resolver las diferencias por medio del diálogo, y acordaron respetar las resoluciones judiciales sobre el conflicto de límites. Asimismo las autoridades formaron una Base de Operaciones Mixtas (BOM) con el objetivo de disuadir la portación de armas de fuego.

Además, 117 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 150 elementos de la Policía Estatal arribaron el jueves pasado a la cabecera municipal de Chalchihuitán para brindar ayuda a la población.

“Debieron de haber actuado desde hace mucho tiempo. En un problema muy añejo. Ayer ya quitaron las barricadas, pero hay otros problemas en Chenalhó, Pueblo Nuevo y las Margaritas donde operan una serie de grupos al margen de la ley con absoluta impunidad. El gobierno del estado no ha hecho ninguna acción”, aseguró Federico Ovalle del CIOAC. “El riesgo de que se den otros enfrentamientos está muy latente”.

EL CONFLICTO DE CUATRO DÉCADAS

El conflicto corría el riesgo de escalar al nivel de la matanza de Acteal, ocurrida en 1997. Foto: Cuartoscuro.

La confrontación entre los municipios vecinos de Chalchihuitán y Chenalhó comenzó desde hace 45 años a raíz de que la Secretaría de la Reforma Agraria trazó una línea recta para establecer los límites territoriales de cada región, en vez de basarse en el recorrido natural del río que los separa. A Chalchihuitán autoridades les entregaron tierras que indígenas de Chenalhó reclaman como suyas.

El Gobernador Manuel Velasco Coello promovió en 2015 la firma de convenios de civilidad y respeto a la resolución del Tribunal Unitario Agrario entre ambos municipios, pero no fueron respetados.

El 13 noviembre grupos armados, quienes se identificaron como habitantes de Chenalhó, bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán, por lo que la población quedó incomunicada hasta el 6 de diciembre.

El Centro Frayba alertó que los negocios cerraron y dejó de haber maíz, fruta, tortilla y gasolina.

“No podemos cruzar a pie porque están vigilando el camino y dicen que van a matar a quien pase”, aseguró hace unos días al diario Chiapas Paralelo el párroco Sebastián López López. “Los desplazados están viviendo en las montañas sin ninguna protección”.

Como desapareció la Reforma Agraria, ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) es la responsable de buscar y resolver el conflicto, aseguró el Obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, al diario Chiapas Paralelo.

“Nadie quiere recordar lo que pasó en Acteal, pero el ambiente es muy semejante al que era previo a la matanza. Lamentablemente ya todos andan buscando qué les va a tocar en la siguiente elección”, agregó.

ONG acusa al Partido Verde de apoyar fuerzas paramilitares en cinco municipios de Chiapas

viernes, enero 1st, 2016

Activistas de derechos humanos denuncian el vínculo entre el Partido Verde Ecologista de México y grupos paramilitares de Chiapas. Una problemática que agrava la falta de institucionalidad en el estado, aseguran.

Paz y Justicia ha sido señalada por familiares como responsable de la masacre de Acteal. Foto: Cuartoscuro

Paz y Justicia ha sido señalada por familiares como responsable de la masacre de Acteal. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que el partido Verde Ecologista de México (PVEM) está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en los municipios de Tila y Sabanilla en el norte de Chiapas.

“Nosotros que hemos trabajado la zona desde hace muchísimos años conocemos perfectamente la presencia de este grupo de Paz y Justicia, y su vínculo que tienen con los partidos políticos, sobre todo en este momento con el Partido Verde Ecologista”, dijo Jorge Luis Hernández, coordinador del área de incidencia en la organización.

El partido ganó ambos municipios en las elecciones de junio en coalición con Nueva Alianza. Esta acusación respaldaría la también hecha por parte de ejidatarios de Tila, quienes el 26 de diciembre, acusaron al apoderado legal del ayuntamiento de Tila, Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez de amedrentar a los locales a través del grupo paramilitar Paz y Justicia.

“Digamos que desde la última elección que fue en julio, en donde el Partido Verde Ecologista hace una elección de estado [en referencia al respaldo del Gobierno estatal a los candidatos del PVEM], y se da una situación de violencia y de temor, obligando a la gente a votar por este partido. Pues los ejidatarios en realidad se molestaron mucho”, dijo Hernández.

El centro refirió que desde entonces el cargo de la Presidencia Municipal no se ha podido ejercer desde las oficinas del Ayuntamiento en la cabecera municipal, sino de manera itinerante.

Lo que también obedece, de acuerdo con Hernández, a la disputa que mantienen los ejidatarios de Tila para que las autoridades les devuelvan 130 hectáreas, que de acuerdo con una resolución presidencial de 1934 les pertenecen, y de las cuales la cabecera municipal ocupa 52 hectáreas.

Los ejidatarios, que toman decisiones bajo un gobierno comunitario de asambleas, llevan esperando cinco años la resolución de un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impidió una resolución de un tribunal agrario en el 2008, el cual había fallado a favor de devolver las tierras a los ejidatarios.

Además del apoderado legal del ayuntamiento de Tila, en el comunicado del 26 de diciembre, los ejidatarios señalaron de tener vínculos con los grupos paramilitares a cuatro personas más, de la zona baja de Tila, identificadas como: Mateo Rey, de la comunidad de Cruz Palenque, a Mateo Guzmán, de Agua Fría, a “don Pascual” de el Lima.

“El grupo Paz y Justicia nunca fue desmantelado como tal. Desde la década de los 90 hasta el 2000 fue cuando realizaron sus acciones mucho más ofensivas. Pero a partir de ahí la estructura como tal nunca fue desarmada, ni desmantelada”, detalló Hernández.

Además, descartó que la presencia de este grupo paramilitar se tratase de uno distinto a Paz y Justicia “porque el control territorial lo mantienen ellos, y está bastante focalizado en la zona norte de Chiapas”.

Un informe del Frayba titulado “La paramilitarización en la Zona Norte de Chiapas. El desarrollo de Paz y Justicia, de acuerdo a Paz y Justicia“ del 2004 refirió que dicho grupo paramilitar surgió en 1995 a raíz de la necesidad del Gobierno federal a través del Ejército mexicano de llevar acabo ”estrategias de Guerra Irregular [sic] para lo cual fue necesaria la creación de grupos paramilitares”.

Con especial presencia en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua, para mantener una guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

CAUSAS DE PERMANENCIA

Ejidatarios de Tila protestaron hace tres años por que se les devuelvan sus tierras. Foto: Cuartoscuro

Ejidatarios de Tila protestaron hace tres años por que se les devuelvan sus tierras. Foto: Cuartoscuro

Por su parte el especialista en seguridad, Pablo Monzalvo, refirió que el fenómeno de los grupos paramilitares en la actualidad no está relacionado con la pérdida de protagonismo político del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Esto está relacionado con la debilidad del Estado local, y nada tiene que ver con el EZLN, que es una quimera política social, que efectivamente en los tiempos de Salinas tuvo una preponderancia”.

“Sin embargo, la pobreza y la ignorancia siguen siendo un caldo de cultivo, de los grupos del poder fáctico. Y no sólo en Chiapas sino en Guerrero, y otros, donde vemos que la gente toma la justicia por su mano”, agregó.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) del 2014, en Chiapas el 76 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, de las cuales el 44.4 por ciento se ubica en “moderada” y el 32.2 por ciento en “extrema”.

Además, los datos oficiales reflejan que el 30.7 por ciento de la población padece de rezago educativo, el 82.8 por ciento seguridad social y el 78.7 por ciento vive con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Monzalvo refirió que estos grupos también han surgido en otros estados como Guerrero y Michoacán, donde el Estado es débil y la corrupción hace que las autoridades se confabulen con las fuerzas fácticas.

“Ese es un error jurídico no se puede establecer una diferencia [entre paramilitar y autodefensa]. Y desde el punto de vista social, tampoco, porque los paramilitares siguen una tendencia policiaca. Son grupos que están al margen del derecho”, explicó.

No obstante, diversos líderes de opinión han advertido de las repercusiones que ambos representan.

“El fenómeno de autodefensas es el inicio del paramilitarismo. Así empezaron en Colombia los grupos de civiles en 1990, para defenderse de la guerrilla de las FARC. Los pobladores fueron armados por ganaderos, empresarios, políticos, militares […]. Se convirtió en una organización paramilitar, responsable de miles de asesinatos de civiles y campesinos”, opinó en una columna publicada en SinEmbargo en el 2013, Sanjuana Martínez.

PARAMILITARES DE RETORNO

La estrategia de reclutar a los indígenas jóvenes fue con la finalidad de “justificar” que el caso Acteal era para ir contra insurgentes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Frayba denunció que el retorno de paramilitares exculpados ha hecho que la problemática resurja en el área. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Otra de las razones, de acuerdo con el Frayba, para que aumente la presencia de paramilitares en el norte de Chiapas es el retorno de algunos miembros de Paz y Justicia después de que la SCJN se abstuviera de castigar a los responsables de la masacre de Acteal, municipio chiapaneco de Chenalhó.

El 22 de diciembre se cumplieron 18 años de la masacre de 45 indígenas –nueve hombres, 21 mujeres y 15 niños – en Acteal. Sin embargo, a la fecha las autoridades federales niegan haber tenido algún vínculo con los paramilitares de la zona que los familiares acusan de estar involucrados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a todos las personas involucradas, además de eliminar la sentencia que tenían. En 2009 el máximo tribunal liberó a 20. Y luego, con el pasó de los años todos los demás.

En 2013 los 86 acusados por la matanza habían sido liberados porque la SCJN determinó que no se cumplió el debido proceso, no había pruebas en su contra, además que hubo con inconsistencias en las acusaciones.

“La sociedad civil de Las Abejas aclaramos que los paramilitares se están reactivando porque los que fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen en las comunidades de Chenalhó. En especial el ex Presidente municipal Jacinto Arias Cruz, de la colonia Puebla que ya se encuentra libre y todavía organiza a sus cómplices”, dijeron hace 10 días.

El Frayba advirtió que el papel de la SCJN afectó la seguridad de la percepción de seguridad que tiene la gente en la zona norte de Chiapas,

“Los que estuvieron en otras regiones de Chiapas, en la selva, en realidad tampoco fueron desmantelados porque estaban muy vinculados con los partidos políticos que gobernaban ahí, que era el PRI, ahora se han mimetizado hacia el Verde. En ese sentido yo creo que al menos en los altos del Chiapas tiene que ver con aquellos que Suprema Corte de Justicia liberó. En especial en el municipio de Chenalhó [donde se registró la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997]”.